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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, con fecha 27 de febrero de 1995, en el recurso de casación número 2.640/1993, en el que son partes, de una, como demandante, la Administración del Estado, y de otra, como demandado, don Manuel Carlos Castiñeiras Guerra, representado y defendido por don Argimiro Vázquez Guillén.

El citado recurso se promovió contra la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 1 de diciembre de 1992, sobre separación del servicio.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado y en consecuencia casamos la sentencia de instancia de 1 de diciembre de 1992 y declaramos conforme a derecho las resoluciones de 30 de julio y de 4 de octubre de 1990, dictadas por el Ministerio para las Administraciones Públicas. No se hace expresa imposición de costas en la instancia, estándose en cuanto a las costas del recurso a lo dispuesto en el artículo 100.2 de la Ley de esta jurisdicción.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid 26 de julio de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.