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Con fecha 12 de junio de 2003, el Secretario de Estado de

Organización Territorial del Estado, por delegación del Ministro

de este Departamento, y en el ejercicio de las competencias que

le confiere la Orden APU/3363/2002, de 27 de diciembre, de

delegación de competencias entre órganos de este Ministerio, dictó

Orden por la que se declaró la pérdida de la condición de

funcionario de Administración Local con habilitación de carácter

nacional de D. Juan Ignacio Blanco Rodríguez.

La mencionada Orden establece lo siguiente:

"Vista la sentencia dictada por la Sección Octava de la

Audiencia Provincial de Barcelona el 13 de febrero de 2003, que ha

ganado firmeza, por la que se condena a D. Juan Ignacio Blanco

Rodríguez, funcionario de Administración Local con habilitación

de carácter nacional, Subescala de ``Secretarios de tercera no

integrados'', con número de registro personal 37264923/35/R/3003,

a las penas de doce meses de multa y un año de inhabilitación

especial para empleo o cargo público, como responsable de un

delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos,

tipificado en el art. 439 del Código Penal.

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto por el

art. 138-1.d) del R. Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril,

por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones

Legales vigentes en materia de Régimen Local, la pena de

inhabilitación especial impuesta judicialmente comporta para el

afectado la pérdida definitiva de la condición de funcionario de

Administración Local con habilitación de carácter nacional.

DISPONGO

Declarar la pérdida definitiva de la condición de funcionario

de Administración Local con habilitación de carácter nacional de

D. Juan Ignacio Blanco Rodríguez".

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de

reposición en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al

de la publicación de este anuncio, o directamente recurso

contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar de la

misma manera.

Madrid, 29 de septiembre de 2003.-El Director General, Pablo

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.