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Por Orden INT/3453/2002, de 19 de diciembre, "Boletín

Oficial del Estado" de 17 de enero, se publicó concurso para la

provisión de puestos de trabajo vacantes en los Servicios Periféricos

de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias

correspondiente al Sector de Sanidad Penitenciaria, en el que se incluía

la plaza de Jefe de Servicios Médicos en el Centro Penitenciario

de Alcalá de Gudaira, vacante como consecuencia de Resolución

del Director general de Instituciones Penitenciarias de 31 de julio

de 2002, que imponía suspensión firme de funciones a don José

Francisco Guzmán Pérez, titular de la misma.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la citada

Resolución ante el Juzgado Central de lo

Contencioso-Administrativo número 5, por el mismo se dicta auto de fecha 31 de enero

de 2003 acordando la suspensión de la antedicha Resolución,

resultando la de 5 de enero de 2003 del Director general de

Instituciones Penitenciarias que ordena la incorporación inmediata

al mencionado puesto de trabajo del citado funcionario.

En consecuencia, esta Dirección General de Instituciones

Penitenciarias procede a retirar del anexo I-A) del concurso al principio

referido la plaza de Jefe de Servicios Médicos en el Centro

Penitenciario de Alcalá de Guadaira, incluyéndola como parte de las

resultas convocadas en el anexo I-B).

Al no suponer una modificación esencial en la convocatoria

no procede un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, de

conformidad con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, podrá ser recurrida

potestativamente ante esta Dirección General, mediante la

interposición de recurso de reposición en el plazo de un mes, contado

a partir del día siguiente a su notificación, o ser impugnada

directamente ante los Juzgados Centrales de lo

Contencioso-Administrativo, mediante la interposición de recurso

contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente

al de su notificación.

Madrid, 24 de febrero de 2003.-P. D. (Orden INT/2992/2002,

de 21 de noviembre), el Director general de Instituciones

Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo.