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El Decreto 176/2002, de 18 de junio, constituyó y reguló el

Instituto de Medicina Legal de Córdoba, recogiéndose en la

Disposición Transitoria primera 3, la obligación de convocar

concurso, mediante convocatoria pública, entre los médicos forenses

de la provincia para cubrir los puestos de médico forense del citado

Instituto, incluidos los de Jefe de Servicio. El mencionado concurso

se convocó por Resolución de 6 de septiembre de 2002, de esta

Secretaría General Técnica.

Ultimados los trabajos de la Comisión de Valoración, se elevó

por ésta la propuesta de nombramiento, por cada puesto de

trabajo, al titular de la Secretaría General Técnica para que, a la

vista de la misma, adoptase la Resolución que procediese conforme

a la Base Octava 3 de la mencionada Resolución.

Con fecha 25 de febrero de 2003 se dictó Resolución por la

Secretaría General Técnica por la que se adjudicaban los destinos

en los puestos convocados. Habiendo quedado puestos de trabajo

sin adjudicar en el referido concurso de méritos y conforme a

la Base Novena.3 de la Resolución de 6 de Septiembre de 2002

en relación con lo dispuesto en la disposición transitoria primera

del Decreto 176/2002, de 18 de junio, vengo a nombrar al

funcionario que ha participado en el presente concurso y no ha

obtenido destino en el puesto de trabajo de médico forense que

quedado vacante en la Sede Central de Córdoba.

En la Resolución de 6 de septiembre de 2002, en su Base

Segunda.1 establecía que los médicos forenses, provenientes del

Cuerpo de Médicos de Registro Civil que se encontraban ocupando

plazas dentro de la oficina de Registro Civil, seguirán ocupando

las mismas y quedarían integrados en el Instituto de Medicina

Legal en los puestos que figuran en los mismos sin necesidad

de participar en el concurso.

Esta Secretaría General Técnica, en virtud de las competencias

establecidas en el artículo 7.2.p) del Texto integrado del

Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por que se establece la estructura

orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,

publicada por Orden de 27 de mayo de 2002, resuelve:

Primero.-Nombrar al funcionario médico forense, D. Manuel

Obispo Muñoz, con D.N.I. n.o 30.432.353 en el puesto de trabajo

de médico forense vacante en la Sede Central de Córdoba.

Nombrar a D.a Clara Losada Velázquez, con D.N.I.

n.o 11.703.883 y a D. Miguel Mingorance Sánchez, con D.N.I.

n.o 22.347.339, en los dos puestos de trabajo de médico de

Registro Civil del Instituto de Medicina Legal de Córdoba.

Segundo.-Los funcionarios interinos que ocupen puestos de

trabajo en las Agrupaciones de Forensías de los Juzgados de

Primera Instancia e Instrucción de la provincia de Córdoba, cesarán

en la fecha que señale la Resolución de la Viceconsejería de Justicia

y Administración Pública, procediéndose a sus nombramientos

como funcionarios interinos en el puestos que ha quedado vacantes

en el Área Comarcal Sur.

Tercero.-En la fecha que se determine mediante Resolución

de la Viceconsejería de Justicia y Administración Pública quedarán

sin efecto las autorizaciones concedidas a los médicos forenses

en régimen de dedicación normal para el desempeño de otro puesto

en el sector público, al amparo de lo establecido en la disposición

transitoria tercera del Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero,

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de

Médicos Forenses. Debiendo optar por uno de ellos en el momento

de la toma de posesión del puesto adjudicado en la presente

Resolución. A falta de opción se estará a las previsiones contenidas

en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades

del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Aquéllos

funcionarios que en la actualidad tengan reconocida la

compatibilidad con actividad privada deberán solicitar un nuevo

reconocimiento con carácter previo a la toma de posesión en el nuevo

puesto.

Cuarto.-A efectos de plazo de toma de posesión y cese se

estará a lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 296/1996,

de 23 de febrero, con efectividad a partir de la fecha que se indique

por Resolución de la Viceconsejería de Justicia y Administración

Pública.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía

administrativa podrá interponerse recurso contencioso administrativo,

ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo competentes,

en el plazo de dos meses contados a partir de su publicación

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo

dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Insértese en el

Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 25 de febrero de 2003.-El Secretario general técnico,

Carlos Toscano Sánchez.