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Vista la sentencia firme número 23/2016, dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz, por la que se condena a don Luis Suárez Casado, funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, con destino en el Centro Penitenciario de Badajoz, como autor de un delito continuado de cohecho, a la pena, entre otras, de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cinco años.

Considerando lo dispuesto en los artículos 63.e) y 66 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en los que se establece que la pena principal o accesoria de inhabilitación especial que tuviera carácter firme, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos especificados en la sentencia.

Esta Subsecretaría, en uso de las facultades que tiene conferidas, acuerda:

Declarar la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias de don Luis Suárez Casado, con efectos de 21 de junio de 2016, día siguiente a la fecha de firmeza de la Sentencia, según Auto de la Audiencia Provincial de Badajoz de 20 de junio de 2016, con la anotación correspondiente en el Registro Central de Personal.

De conformidad, con los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, puede el interesado interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante este Ministerio, o contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o el de la circunscripción del domicilio del interesado, a su elección, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en los artículos 10.i) y 46.1) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 3 de agosto de 2016.–El Subsecretario del Interior, Luis Aguilera Ruiz.