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El Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de febrero de 2017, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de La Rioja el 29 de agosto de 2016.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, se resuelve la publicación del citado Acuerdo, que figura como anexo a la presente resolución.
Madrid, 2 de marzo de 2017.–El Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, Miguel Ángel Riesgo Pablo.
De conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 8, y en la disposición adicional segunda, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y 7, 14 y 15 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades al organismo pagador de la Comunidad Autónoma de La Rioja, como competente en la gestión y control de las ayudas, acorde con la letra a) del apartado 1 de la disposición adicional quinta del citado Real Decreto 515/2013, de 5 de julio. El mismo ha dado lugar a la liquidación realizada sobre la deuda contraída de cuatro millones treinta y seis mil ciento siete euros con cincuenta y nueve céntimos (4.036.107,59 €), de los cuales tres millones novecientos setenta y tres mil cuatrocientos un euros con ochenta céntimos (3.973.401,80 €) son con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y sesenta y dos mil setecientos cinco euros con setenta y nueve céntimos (62.705,79 €) son con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
De acuerdo con la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 13 de julio de 2016, por la que se fija una fecha para la deducción de determinados gastos efectuados por el Reino de España en el marco del FEAGA y del FEADER que han sido excluidos de la financiación de la Unión, la corrección financiera, correspondiente a la exclusión, a nivel nacional, del importe de 270.544.889,65 euros relativo a las ayudas por superficie, será deducida en tres plazos anuales iguales de los pagos mensuales del FEAGA a partir del mes de agosto de 2016 y de los pagos trimestrales relativos al FEADER a partir del pago trimestral correspondiente a los gastos efectuados por España en el segundo semestre de 2016. Por ello, la deuda atribuida al organismo pagador de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que asciende a 3.973.401,80 euros, puede ser abonada en los tres plazos siguientes: 5 de octubre de 2016, 5 de octubre de 2017 y 5 de octubre de 2018, correspondiendo a cada plazo del FEAGA el importe de 1.324.467,27 euros.
Por otra parte, dicho organismo pagador tiene una deuda de 62.705,79 euros con cargo al FEADER, como consecuencia de los errores detectados en la certificación de la cuenta del ejercicio 2014.
Respecto a la deuda relativa al primer plazo atribuida al organismo pagador de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que asciende a 1.387.173,06 euros, de los cuales 1.324.467,27 euros corresponden a cada plazo del FEAGA y 62.705,79 euros son con cargo al FEADER, dicho Organismo ha realizado un abono parcial de 62.705,79 euros. Por lo tanto, la deuda se declarará extinguida cuando éste proceda al abono en la cuenta habilitada del Banco de España del importe pendiente de la misma (1.324.467,27 euros), así como de los intereses compensatorios correspondientes generados durante el periodo de pago voluntario por la cantidad adeudada, De acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1.d), párrafo segundo, del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, en relación con el artículo 15.2, se hubiera admitido el pago anticipado voluntario de la deuda y la no repercusión de los intereses compensatorios de los costes financieros; sin embargo, deberán aplicarse dichos intereses compensatorios al no haberse efectuado el pago en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución, ni haberse indicado la solicitud del sujeto responsable para que se proceda a su compensación, deducción o retención.
Los intereses compensatorios, según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se elevan al 3,00 por ciento para el ejercicio presupuestario 2016. Por tanto, a la deuda pendiente con cargo al FEAGA de 1.324.467,27 euros deberán añadirse 108,86 euros por cada día transcurrido desde el 5 de octubre de 2016, fecha en la que el Estado ha hecho efectiva la cancelación de la deuda con la Comisión para el fondo FEAGA, hasta el día en que la Comunidad Autónoma proceda al pago voluntario, o hasta el vencimiento de los 2 meses desde la notificación del acuerdo de Consejo de Ministros, ambos incluidos.
Si en los dos meses siguientes a la notificación del presente acuerdo de Consejo de Ministros no se hubiera ingresado la deuda contraída y los intereses compensatorios correspondientes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.1, párrafo segundo, del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, se añadirán los intereses de demora que, según el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, ascienden al 3,75 por ciento, para el ejercicio presupuestario 2016, sobre el importe total de la deuda del que forman parte los mencionados intereses compensatorios, por cada día que transcurra desde los dos meses posteriores a la fecha de la notificación del presente acuerdo hasta el día de la cancelación de la deuda.
En cuanto a la deuda contraída correspondiente al segundo y tercer tramo, que asciende a 1.324.467,27 euros correspondientes a cada plazo del FEAGA, si en los dos meses siguientes a las fechas previstas en el primer párrafo no se hubiera ingresado la misma y los intereses compensatorios correspondientes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.1, párrafo segundo, del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, se añadirán los intereses de demora establecidos según el Reglamento General de Recaudación sobre el importe total de la deuda de cada plazo del que forman parte los mencionados intereses compensatorios y por cada día que transcurra desde los dos meses posteriores a la fecha indicada hasta el día de la cancelación de la deuda.
Los intereses compensatorios serán los previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y se aplicarán desde el 5 de octubre del 2017 o 2018, fecha en la que el Estado habrá hecho efectiva la cancelación de la deuda con la Comisión para el fondo FEAGA, hasta el día en que la Comunidad Autónoma proceda al pago voluntario, o hasta el vencimiento de los 2 meses, ambos incluidos.
En todo caso, en virtud del artículo 17.5 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, cuando no se produzca el pago voluntario en el plazo previsto en el artículo 16 del citado real decreto la compensación, deducción o retención se realizará, en primer lugar, con cargo a los libramientos que se realicen por cuenta de los fondos procedentes de la Unión Europea, de acuerdo con la respectiva naturaleza de cada uno de ellos.
El presente acuerdo de Consejo de Ministros será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», dado que pone fin al procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea reconocidas en la Decisión de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/1059, de 20 de junio de 2016, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Asimismo, en su parte expositiva se indica:
La Comisión Europea, mediante su Decisión de Ejecución (UE) 2016/1059, de 20 de junio de 2016, excluye de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). La comunicación de las citadas decisiones por la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, órgano competente para la notificación, se efectuó el 30 de junio, según lo previsto en el artículo 297 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea.
En la citada Decisión se contempla una corrección de los gastos declarados como consecuencia de las deficiencias detectadas por la Comisión Europea en el ámbito de la gestión de los programas operativos y el reconocimiento de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, de las ayudas directas en dos investigaciones realizadas en 2011 y 2013, en materia de condicionalidad, en la gestión de las ayudas al desarrollo rural, en la gestión de las deudas por irregularidades y, por último, en las certificaciones de las cuentas del ejercicio financiero 2014.
En la Comunidad Autónoma de La Rioja las debilidades encontradas han sido en el marco de las ayudas por superficie debido a la inadmisibilidad de los pastos permanentes y a la vinculación con la gestión de los pagos, así como a deficiencias en el procedimiento de recuperación de pagos indebidos como consecuencia de un cambio de la superficie admisible en el SIGPAC, por un importe de 3.973.401,80 euros con cargo al FEAGA. Por otra parte, en la certificación de la cuenta del ejercicio financiero 2014 se detectaron errores materiales en las pruebas sustantivas de la población no SIGC del FEADER, que han supuesto una corrección financiera es de 62.705,79 euros con cargo a FEADER.
El Fondo Español de Garantía Agraria, en adelante FEGA, como organismo de coordinación de todos los pagos procedentes del FEAGA y del FEADER, es el Órgano competente para iniciar e instruir el procedimiento para la determinación y repercusión de responsabilidades. En consecuencia, en base al artículo 8.1 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, y dadas las competencias que le atribuye el Real Decreto 521/2006, de 28 de abril, como organismo de coordinación de todos los pagos procedentes del FEAGA y del FEADER, el FEGA inició de oficio, mediante acuerdo de 29 de agosto de 2016, el procedimiento de determinación de responsabilidades, que fue notificado el día 30 siguiente y recepcionado por el organismo pagador de la Comunidad Autónoma de La Rioja el 6 de septiembre de 2016. De este acuerdo de inicio se remitió copia a los órganos competentes en materia de hacienda pública de la Administración responsable.
De acuerdo con el apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto 327/2003, de 14 de marzo, por el que se regula el régimen de los organismos pagadores y de coordinación con el FEOGA-Garantía, en relación con el artículo 1 del Real Decreto 521/2006, de 28 de abril, por el que se establece el régimen de los organismos pagadores y de coordinación de los fondos europeos agrícolas, son los organismos pagadores de las comunidades autónomas los que tienen competencia en la gestión, control, resolución y pago de los fondos agrícolas y, por tanto, en consonancia con la disposición adicional quinta del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, deben asumir el pago de las correcciones financieras derivadas de las ayudas en las que tienen competencias.
El organismo pagador de la Comunidad Autónoma presentó el 19 de septiembre alegaciones al acuerdo de inicio en defensa de su derecho, con arreglo a lo establecido en el artículo 11 del citado Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, poniendo de manifiesto su disconformidad con el inicio del presente procedimiento de repercusión de la corrección financiera en relación con las ayudas vinculadas a las superficies de pastos y solicitando el archivo de las actuaciones, basándose en los siguientes extremos: La responsabilidad de regular el coeficiente de admisibilidad de pastos y prever su aplicación recae esencialmente en el Estado. La regulación en la materia en la normativa básica y en las circulares de coordinación del FEGA provoca que difícilmente una Comunidad Autónoma aplique el coeficiente de admisibilidad de pastos de manera unilateral.
En la tramitación de este procedimiento se ha incorporado al expediente el informe de la Subdirección General de Ayudas Directas, Unidad del FEGA competente en la materia objeto de investigación para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos necesarios para la resolución del procedimiento. Dicho informe fue emitido el 7 de noviembre de 2016, de acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del artículo 12, del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio.
Conforme al artículo 13 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, antes de formular la propuesta de resolución, el 8 de noviembre de 2016 se puso de manifiesto al organismo pagador de la Comunidad Autónoma de La Rioja el expediente mediante la apertura del trámite de audiencia.
Dicho organismo presentó nuevas alegaciones al citado trámite el 7 de diciembre de 2016, reiterando los siguientes aspectos: La normativa básica y las circulares del FEGA no contemplaban los mecanismos para establecer el coeficiente de admisibilidad de pastos y en las reuniones de coordinación, el FEGA no alentó a la aplicación del citado coeficiente por parte de las Comunidades Autónomas.
El FEGA rechaza las alegaciones del organismo pagador de la Comunidad de La Rioja reiterando los argumentos recogidos en el informe de 8 de noviembre que pueden resumirse en que el organismo pagador incumplió determinados artículos de la normativa comunitaria, en concreto de los Reglamentos (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, y 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, directamente aplicables por las autoridades competentes españolas, es decir por las Comunidades Autónomas. Por otra parte, el FEGA ha desempeñado su papel coordinador de manera reforzada para solventar las deficiencias señaladas por la Comisión siendo competencia de la Comunidad Autónoma, acorde con el Real Decreto 2128/2004, de 29 de octubre, la actualización de la información del sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC) y de la superficie admisible en ella registrada.
El 27 de octubre de 2016 el Banco de España informó de la transferencia realizada por el organismo pagador de La Rioja, por importe de 62.705,79 euros con cargo al FEADER, correspondientes a la corrección financiera relativa a la certificación de la cuenta del ejercicio financiero 2014. No obstante, al no haberse producido el pago voluntario anticipado de la totalidad de la deuda contraída por el organismo pagador, según lo previsto en el artículo 15.2 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, una vez notificado el acuerdo, la Comunidad Autónoma deberá proceder al pago del importe pendiente del primer plazo de la misma y de los intereses compensatorios devengados. De no producirse dicho pago en el periodo de dos meses siguientes a la notificación, y según lo previsto en el apartado 5 del artículo 17 de dicho real decreto, se procederá, en primer lugar, a su compensación, deducción o retención, con cargo a los libramientos que se realicen en el futuro a favor de dicha Comunidad Autónoma por cuenta de estos mismos fondos comunitarios, FEAGA y FEADER. Asimismo, el impago de esta deuda y de los intereses compensatorios generará intereses de demora sobre el importe total de la deuda a partir de los dos meses siguientes a su notificación, según prevé el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Consta en las actuaciones el informe preceptivo de la Abogacía del Estado previsto en el artículo 12.1 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio.
Por otra parte, el 20 de enero de 2017 el organismo pagador ha presentado solicitud de suspensión del procedimiento de repercusión de responsabilidades, iniciado por acuerdo de 29 de agosto de 2016, en tanto no exista un pronunciamiento definitivo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la demanda de anulación interpuesta por el Reino de España contra la Decisión de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/1059, en base al artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De acuerdo con el dictamen de la Abogacía del Estado de 25 de enero, el hecho de que exista un pronunciamiento pendiente por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la demanda presentada por el Reino de España contra la Decisión de la Comisión no constituye fundamento jurídico suficiente para decretar la suspensión de los procedimientos de repercusión de responsabilidades iniciados en aplicación del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio.
Con carácter potestativo se podrá formular al Consejo de Ministros el requerimiento previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Dicho requerimiento deberá producirse en el plazo de dos meses, contados desde que la Administración requirente haya recibido la notificación del acuerdo.
Contra este acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación del mismo. Cuando hubiera precedido el requerimiento previo el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en el que se reciba la comunicación del acuerdo expreso, o se entienda presuntamente rechazado [artículos 12.1.a), 46.6 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio].
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