Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Examinado el expediente de referencia; una vez

practicada la información pública prevista por los

artículos 18 y siguientes de la vigente Ley de

Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954,

Vistos los documentos que presenta el Perito de

la Administración en el expediente, en los que se

ha tenido en cuenta el resultado de la referida

información pública,

Habida cuenta del informe favorable de la

Asesoría Jurídica del Estado, emitido con fecha 12 de

septiembre de 2002, ya que las alegaciones

formuladas durante la información pública del expediente

contienen peticiones que han de ser desestimadas,

y a propuesta de la Secretaría General de este

Organismo; la Presidencia de esta Confederación, en uso

de las atribuciones que le confiere la vigente

legis

lación, ha resuelto, con esta fecha, declarar la

necesidad de la ocupación de los bienes a que se refiere

el indicado expediente y de los cuales son

propietarios los sujetos y entidades que se relacionan en

los anuncios publicados en el "Boletín Oficial del

Estado" número 115; "Boletín Oficial de la Provincia

de Zaragoza" número 104, ambos de mayo de 2002,

y en el "Diario Heraldo de Aragón de Zaragoza"

de 6 de mayo de 2002. Según certifica la Alcaldía

de Torrellas (Zaragoza), en fecha 30 de mayo de

2002 durante la exposición al público del anuncio

se presentaron alegaciones las cuales han sido

desestimadas.

Lo que se hace público para conocimiento de

los interesados, a quienes se entregará, una

cédula-inventario con la exacta descripción del bien que

se expropia, advirtiendo que contra la presente

resolución que agota la vía administrativa cabe imponer,

con carácter potestativo, recurso de reposición ante

este mismo Órgano, en el plazo de un mes contado

a partir del día siguiente al de la notificación de

la presente resolución, o bien puede optar por la

interposición de un recurso

contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal

Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma

competente por razón del territorio, en el plazo

de dos meses desde la fecha de la notificación, todo

ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo

109 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de

noviem

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero, que la modifica, y en los artículos

14, 25 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio

reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, y en el artículo 20.2 de la Ley 29/1985,

de 2 de agosto, de Aguas.

Zaragoza, 23 de enero de 2003.-El Secretario

general, Carlos de Miguel Domínguez.-3.753.