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Anuncio de la Dirección General de Infraestructura, por la que se notifica a don Francisco Jiménez Ponce y doña Gloria Hernández Robaina, a don José Luis Ravelo Santana y doña Pino Rosa Santana Villegos, a don Francisco Pérez Moseguez, a doña Inmaculada Alonso Hernández y don Antonio Francisco Medina Santana, a don Pedro Juan Santana Ramos y doña Leonor Marta Villegos Santana, a don Francisco Pérez García, y a doña María Auxiliadora Pérez García y don Luis Ferrera Navarro la fecha en que se va a llevar a cabo la ejecución subsidiaria de la resolución dictada por el Excmo. Sr. Director General de Infraestructura del Ministerio de Defensa y se requiere a los citados para que esté desalojada la finca, considerándose abandonados cualesquiera objetos que hubiere en la misma el día que se lleve a cabo la demolición.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al haber resultado negativa la notificación intentada en el domicilio que consta en el expediente, se notifica a D. Francisco Jiménez Ponce con DNI número 52.833.918-C y doña Gloria Hernández Robaina; a don José Luis Ravelo Santana con DNI número 52.849.914-P y doña Pino Rosa Santana Villegos; a don Francisco Pérez Moseguez con DNI número 78.432.152-J; a doña Inmaculada Alonso Hernández con DNI número 52.839.180-S y don Antonio Francisco Medina Santana; a don Pedro Juan Santana Ramos con DNI número 42.689.722-C y doña Leonor Marta Villegos Santana; a don Francisco Pérez García con DNI número 78.500.142-S; y a doña María Auxiliadora Pérez García con DNI número 43.759.343-A y don Luis Ferrera Navarro, que pese al tiempo transcurrido, desde que han sido requeridos para que procediesen a la ejecución de la Resolución de fecha 13 de julio de 2.006, del Excmo. Sr. Director General de Infraestructura del Ministerio de Defensa (por delegación del Excmo. Sr. Ministro de Defensa, según Orden 8/87, de 11 de febrero), dictada en el expediente R-V-01-W-45, en la que se acordó "La demolición de las obras inconsentidas realizadas en el trozo de terreno segregado con fecha 15 de julio de 2.005 por el lindero norte de la finca registral número 21.548 del Registro de la Propiedad número 1 de Telde (Gran Canaria), localizada en el paraje de Montaña de Las Huesas (referencia catastral 35-26-35026AO-0800060), dentro de la zona próxima de seguridad del Destacamento de Las Huesas, en Telde", no consta que hayan efectuado dicha demolición.

Se les ha notificado igualmente que por esta Administración se ha acordado continuar las actuaciones de ejecución forzosa de la indicada Resolución de 13 de julio de 2.006, mediante la ejecución subsidiaria prevista en el artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el artículo 98 de la precitada Ley 30/1992 y a costa de los obligados, así como la liquidación provisional de los gastos, daños y perjuicios que comportaría la citada demolición, que ascienden a la cantidad de veinticuatro mil euros (24.000 €).

Ante el incumplimiento del requerimiento para que efectuasen la demolición, se ha solicitado la pertinente autorización judicial para entrar en la finca donde se efectuaron las obras inconsentidas, recayendo Auto de fecha 17 de diciembre de 2008, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, dictado en el procedimiento de Entrada en domicilio número 371/2008, en el que se autoriza al Ministerio de Defensa para que proceda a la entrada en la finca localizada en el paraje de Montaña de Las Huesas, referencia catastral 35-26-35026AO-0800060, al objeto de poder dar cumplimiento a la resolución de fecha 13 de julio de 2.006, dictada por el Excmo. Sr. Director General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, en el plazo de dos meses. Dicho Auto que fue objeto de recurso de apelación, ha sido confirmado en cuanto a la autorización de entrada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, mediante Auto de fecha 29 de mayo de 2.009, dictado en el Recurso de Apelación número 273/2009, ampliando a seis meses el plazo de dos que para la entrada se concedió a la Administración en el auto recurrido.

En consecuencia con lo anterior, se les notifica que se llevará a cabo la ejecución subsidiaria prevista en el artículo 96 de la citada Ley 30/1992, el próximo día 9 de noviembre de 2009 y sucesivos, a partir de las 8,00 horas, a cuyo efecto se les requiere, como propietarios en pro-indiviso, para que en dicha fecha esté completamente desalojada la finca en la que se va a efectuar la demolición, para proceder a ejecutar la indicada demolición, considerándose por parte de esta Administración como abandonados cualesquiera objetos que hubiere en la misma.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de julio de 2009.- El Teniente Coronel Instructor del Expediente, Jesús Izquierdo Villanueva.