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La producción jurisprudencial del año 2025, en línea con los ejercicios anteriores, arroja un saldo de 192 sentencias y 122 autos. Entre las materias abordadas destacan por su abundancia, por un lado y como es costumbre, el catalanismo y las tensiones que genera al Estado y al orden legal; por otro, la gran cantidad de sentencias y de autos relacionados con los derechos de la madre de familia monoparental, ambos problemas escapan del ámbito de conocimiento de nuestra disciplina.
Si bien los modelos de matrimonio y de familia son objeto de estudio del Derecho Eclesiástico, sin embargo, las cuestiones suscitadas en dichos recursos, al margen de las numerosas abstenciones y recusaciones formuladas, se concentran en el derecho –reconocido– a disfrutar de los permisos de trabajo acumulados cuando a dichas familias, por su carácter monoparental, solo se les ha otorgado a la madre, considerando que tal decisión contraría los derechos constitucionales de modo que, por mor de la igualdad de trato, el TC termina reconociendo a la madre, además del suyo propio, el permiso acumulado que le correspondería al progenitor.
Aunque el Derecho matrimonial y las distintas formas de familia no escapan del conocimiento de nuestra disciplina, dado que afectan en numerosas ocasiones al sistema matrimonial español y –cada vez más– a cuestiones de conciencia y autodeterminación, en este caso, al no tener más conexión que la libertad individual en lo que se refiere a la maternidad, sin que ello suponga en absoluto sustrato religioso motivador de tal decisión –tan solo un aspecto personal y familiar que afecta a la esfera más íntima del individuo– y, además, al reducirse al ámbito laboral estrictamente, considero suficiente dar cuenta de la cuestión reiteradamente abordada por numerosas sentencias y autos, eximiéndome de mayores comentarios, máxime porque el amparo que se las ha dispensado ha sido en virtud del derecho a la igualdad de trato y la proscripción de la arbitrariedad[1], esto es, sin conexión estricta con lo que son las materias objeto de estudio de esta revista.
La Sala Primera pronunció el pasado año una sentencia que, sin lugar a dudas, servirá de criterio para futuros casos semejantes[2].
El recurso interpuesto por el progenitor, –en este caso de amparo–, tachaba de inconstitucional un auto de la Audiencia Provincial de Madrid que ratificó el de 27 de mayo de 2022, de un Juzgado de Alcobendas, en un procedimiento de jurisdicción voluntaria. La cuestión suscitada trataba de la formación religiosa del hijo común, menor de edad, que el padre pretendía fuera en la Iglesia Evangélica, a lo que se oponía la madre.
El matrimonio, ya separado, sumó al conflicto conyugal la oposición de la madre a que su hijo fuera educado por el padre a través de distintos mecanismos, entre ellos una tableta con contenidos adoctrinadores, lo que quiso impedir mediante la solicitud del ejercicio exclusivo de la patria potestad, obteniendo una resolución judicial favorable, de modo que, hasta que alcanzara el menor la edad de 12 años, se prohibía al progenitor seguir inculcando al menor contenido doctrinal de la citada Iglesia.
Tanto el Juzgado como en instancias superiores, se estimó la petición de la madre al considerar que, entretanto el menor «no tenga la madurez suficiente», deberán ser los padres quienes, de común acuerdo, elijan su formación religiosa y moral» y, en el supuesto de autos, dado que «el menor no puede decidir y no se alcanza un acuerdo por parte de los progenitores, la resolución debe adoptarse teniendo en cuenta, pues, la preservación de la identidad religiosa del menor»[3].
Conviene señalar que, constante el matrimonio, los esposos habían acordado que el hijo común no recibiera formación religiosa alguna y, por ello, por ejemplo, no fuera bautizado ni recibiera clases de religión de ningún credo, educándole solo en valores. Así las cosas, la actuación del padre –tras la ruptura matrimonial– suponía un cambio radical que afectaba al acuerdo previo constante el matrimonio y, en este sentido, podía considerarse una extralimitación en los derechos inherentes a la patria potestad en tanto que rompía unilateralmente el acuerdo adoptado en su momento; sin duda alguna estos acuerdos previos a la separación determinaron la resolución del conflicto surgido tras ella.
Agotada la vía civil en la Audiencia Provincial de Madrid, el recurrente de amparo invocó básicamente los siguientes motivos:
1.º Vulneración del art. 16.1 de la CE en tanto que se le está impidiendo enseñar a su hijo valores religiosos y compartir su fe.
2.º Considera que es a la madre a la que, a la postre, se le está atribuyendo la competencia en exclusiva sobre esta materia.
3.º Los efectos discriminatorios que sufre el padre respecto de quien fue su esposa y, por consiguiente que,
4.º En el fondo, lo que hizo la Audiencia de Madrid fue consagrar un criterio de continuidad, previo a la ruptura conyugal, sin que las partes hubieran acordado o pactado la imposibilidad de que el menor acompañara a su padre a la Iglesia.
Todo ello, a juicio del recurrente, suponía una vulneración de los artículos 10.2 y 16.1 de la Constitución, así como de los artículos 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 2 del protocolo núm. 1 del mismo y el artículo 2 c) de la LOLR.
5.º Añade asimismo, que el derecho del padre a formar a su hijo en valores religiosos es compatible con que la madre haga lo propio y que lo que no es dable es que sea la madre la que, a la postre, pueda decidir sobre la educación del menor. Además –afirmaba– formarle en una fe concreta no equivale a adscribir al menor en una Iglesia o confesión, de modo que considera una resolución desproporcionada y discriminatoria la que impugna en amparo, invocando en defensa de sus pretensiones, además, la LOPJM y el artículo 2.1 a) y c) de la LOLR, así como las sentencias del TC 141/2000, de 29 de mayo[4], y 154/2002, de 18 de julio[5].
Dichos motivos son rechazados por la madre quien, entre otros argumentos, resaltó el alto grado de significación que tiene el hecho de que un menor de siete años asista a los cultos de la Iglesia evangélica, la lectura de la Biblia como regla fundamental de la fe y de la conducta, etc., lo que considera una forma de «adherir al niño a determinados valores e indicarle caminos ya definidos para orientar su comportamiento».
Por su parte, el Ministerio Público solicitó la desestimación del amparo en base al acuerdo existente entre los progenitores desde antes de su separación, así como al deseo expreso de ambos cónyuges de ofrecer al menor una educación en valores. En este sentido, consideraba ajustada a Derecho la resolución del juez de instancia al otorgar a la madre la patria potestad en lo referente a esta materia, lo que no impide, por otro lado, el ejercicio de acciones judiciales futuras sobre el mismo tema. Añadió, por otro lado, que en esta materia ha prevalecido el llamado «principio de continuidad», establecido por la jurisprudencia menor, es decir, por la emanada de las audiencias provinciales.
El TC, sin voto particular alguno, analizando los principios, valores y normas del ordenamiento jurídico español, así como los preceptos provenientes de los Derechos Internacional, concretamente de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Resolución del Parlamento Europeo relativa a la Carta Europea de los Derechos del Niño (Resolución A3-0172/92), razona acertadamente que el estatuto jurídico del menor forma parte de lo que la doctrina ha convenido en denominar «orden público», esto es, el que está protegido por la ley, de forma que queda excluida todo acuerdo privado que atente contra él, invocando al efecto las SS del TC 215/1994, de 14 de julio; 260/1994, de 3 de octubre; 60/1995, de 17 de marzo; 134/1999, de 15 de julio, así como las SSTEDH de 23 de junio de 1993, caso Hoffmann, y 19 de mayo de 2022, T.C c. Italia).
También el Pleno del TC resolvió por sentencia el conflicto positivo de competencia 497/2024, en este caso planteado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en relación al contrato denominado «Servicio de asistencia técnica para el diseño de un servicio estable de captación, sensibilización, fidelización y formación de familias interesadas en el acogimiento de niños, niñas y adolescentes cuya tutela la tienen las Administraciones públicas», licitado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030[6].
Las cuestiones jurídicas que se planteaban en este caso gravitaban en torno a la competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid sobre protección y tutela de los menores, así como el desarrollo de políticas de promoción integral de la juventud, según reza el artículo 26.1.24 de su estatuto de autonomía.
El TC parte del reconocimiento explícito de la competencia autonómica, lo que no excluye, según él, otras que pueda tener el Estado en esta materia, de modo que lo que constituyó el objeto del recurso –y la cuestión a resolver– fue, en realidad, «el alcance de la misma y su incidencia en el ámbito del fomento del acogimiento familiar»[7].
El conflicto tiene, por otra parte, como sustrato, una cuestión competencial que le enfrenta al Estado por una presunta injerencia sobre la citada Comunidad respecto, especialmente, a lo referente al fomento del acogimiento familiar[8], y es que, según aquel, su competencia no es normativa, lo que le impide legislar en la materia.
Dado que se trata de una materia que solo tangencialmente afecta a nuestra disciplina, basta señalar que el fallo del Pleno estimó parcialmente el recurso, declarando que la celebración del contrato denominado «Servicio de asistencia técnica para el diseño de un servicio estable de captación, sensibilización, fidelización y formación de familias interesadas en el acogimiento de niños, niñas y adolescentes cuya tutela la tienen las administraciones públicas», vulnera las competencias autonómicas en los aspectos relativos al diseño del mencionado servicio, con declaración de nulidad del contrato únicamente en cuanto a tal extremo, en los términos del fundamento jurídico 4 C), desestimando el recurso en todo lo demás[9].
Contra dicha sentencia se formuló un solo voto particular, suscrito por los magistrados don Enrique Arnaldo Alcubilla y doña Concepción Espejel Jorquera. Parten ambos de que, siendo competencia de la comunidad autónoma el fomento del acogimiento familiar, lo único que es discutible es el «alcance de las eventuales competencias estatales para condicionar el ejercicio autonómico de una competencia exclusiva»[10] y, en atención a dicho encuadre, ambos sostienen que la jurisprudencia emanada del propio TC da cobertura bastante para que las comunidades autónomas asuman este tipo de competencias.
Por otro lado argumentan, desde perspectivas estrictamente procedimentales que no vienen al caso, la improcedencia del fallo emitido en tanto el deslinde conceptual de la cuestión nuclear de la litis ha sido utilizado por el Pleno para tachar la norma impugnada de forma artificial e inadecuada, pues la delimitación conceptual realizada, previa a la resolución de fondo, ha dado como resultado un análisis incorrecto habida cuenta de la incompetencia del Estado en la materia, motivo por el cual el recurso, según ellos, debió ser estimado en su totalidad.
Especial interés despierta, a juicio de quien suscribe, la exigencia del adecuado conocimiento de la lengua vernácula para poder acceder a determinados puestos de trabajo, tanto en relaciones laborales como las que están sujetas al régimen estatutario, que es el que regula al personal sanitario al servicio de las comunidades autónomas, puesto que todas ellas tienen transferida la citada competencia.
Si las primeras se planteaban como respuestas a recursos de amparo, en el caso que ahora nos ocupa resuelven un recurso de inconstitucionalidad, en este caso presentado por un grupo de más de cincuenta parlamentarios pertenecientes al PSOE y a Sumar, de ahí que tuviera que ser resuelto por el Pleno el conflicto planteado.
Como es sabido, siendo el español la lengua oficial de nuestro país, la cooficialidad de las lenguas regionales es cuestión que, en principio, escapa de nuestro ámbito del conocimiento, aunque no siempre pues, con frecuencia, terminan generando problemas de conciencia o afectando al régimen jurídico aplicable a las llamadas empresas de tendencia, especialmente en el sector privado, pero extrapolables en numerosas ocasiones al sector público.
Así las cosas, aunque este tipo de conflictos se planteen casi siempre con carácter individual, frecuentemente conectan con otros derechos constitucionales, muchos de ellos fundamentales, en los que entran en conflicto la potestad legislativa, por un lado, la potestad reglamentaria en segundo término, la de gestión de los servicios que se prestan, en tercero (lo que implica y afecta a los derechos y obligaciones de los funcionarios que trabajen para las Administraciones sanitarias) pero, además, afectan al estatuto jurídico del beneficiario del servicio, adquiriendo especial relieve en numerosas ocasiones.
En este caso, los derechos en liza que asisten al profesional de la medicina, sea médico/a o enfermero/a, se conjugan no solo con los derechos del paciente sino, además, con el estatuto jurídico que poseen en virtud del ordenamiento estatal pero, también, del autonómico; dicho con otras palabras, la Constitución de 1978, siendo que, por un lado, reconoce la autonomía de las regiones y la posibilidad de que se constituyan en Comunidades Autónomas, por otro sanciona el derecho a la igualdad de trato, consagrándolo como una garantía de convivencia pacífica que, al menos en teoría, no puede servir de origen a determinadas desigualdades, y este es, precisamente, el núcleo del problema que, insisto, en numerosas ocasiones afecta al profesional pero que, en este caso, involucra a los poderes públicos, de ahí el interés que la sentencia ofrece, máxime porque la norma era extensiva, además, al ámbito educativo.
No hace falta aludir a la frecuente problemática que, pese a lo que dispone el artículo 14 de nuestra Carta Magna, resulta de la exigencia, cada vez mayor, en lo tocante al uso de las lenguas regionales; esto produce una «madeja» de situaciones conflictivas, tanto en el ámbito privado como, sobre todo, en el público, dando lugar a numerosas desigualdades de trato. Hasta tal punto esto es así que una parte de la población, incluso conocedora del idioma autonómico, se resiste a que dicha circunstancia pueda justificar un tratamiento jurídico diferenciado y discriminatorio en materias de tanta importancia como la laboral, funcionarial, escolar, etc., con lo que termina por convertirse en una cuestión de conciencia individual, de ahí el interés de la sentencia citada pues, indudablemente, genera interesantes conexiones con nuestra disciplina.
El recurso de inconstitucionalidad lo plantearon más de cincuenta diputados de los grupos Socialista y Sumar del Congreso y los objetos de impugnación fueron la disposición adicional segunda, por un lado y, por otro, un inciso de la disposición derogatoria única de la Ley 4/2016, de 6 de abril, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública, así como del Decreto-Ley de las Islas Baleares 5/2023, de 28 de agosto, de medidas urgentes en el ámbito educativo y sanitario.
En el procedimiento comparecieron el Congreso, el Senado y el Gobierno de la Nación, siendo ponente el magistrado Enríquez Sancho.
Los citados órganos estatales solicitaban la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados relativos a la acreditación de un determinado nivel de conocimiento del catalán como requisito de acceso a la función pública de los profesionales sanitarios, dado que, a causa de la falta de suficiente personal para atender las necesidades del servicio de salud, la Junta eliminó el requisito del idioma con el fin de poder garantizar la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos; de este modo se reducía la importancia del conocimiento del idioma a un simple mérito, lo que afectaba a diversos aspectos y prescripciones normativas de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de las Islas Baleares; esto permitía facilitar la lengua vehicular a los propios pacientes pero, de forma especial, fomentaba la movilidad del personal sanitario peninsular a las islas y su estabilización en ellas.
En la exposición de motivos del Decreto-Ley se justificaba la medida, precisamente, por el déficit de sanitarios que sufre el sistema autonómico de salud, permitiendo por tanto a todos los profesionales no solo solicitar las plazas sino, además, fidelizarlos, lo que coadyuvaría a una mayor estabilización de la plantilla, de los servicios prestados y, por tanto, también un mejor funcionamiento del sistema y una mejor atención a los pacientes.
Los recurrentes, por tu parte, al margen de otras cuestiones técnicas suscitadas, tachaban la norma en base a cuatro motivos: en primer lugar, por considerar que debía haberse realizado la reforma por el trámite legislativo; en segundo, porque ponía en duda el derecho de los ciudadanos a utilizar la lengua vehicular propia; en tercer término porque, aunque tuviera su razón de ser por la falta de profesionales, la reforma operada «elimina el requisito con carácter general» y, por último, por hacer desaparecer el régimen de cooficialidad en la sanidad balear.
Frente a estas acusaciones, el Gobierno regional, invocando la STC 165/2013, rechazó la tacha de discriminatoria, arbitraria o contraria al estatuto que tiene la medida adoptada.
En este caso no se suscitaron cuestiones relacionadas con la conciencia del individuo o con otros aspectos derivados de la libertad personal o profesional, que son dos materias de forzosa conexión de la materia analizada, no solo con la Constitución sino, además, con nuestra disciplina; sin embargo, en tanto procura resolver los conflictos que en numerosas ocasiones generan las normas contra los derechos fundamentales de los profesionales, de los pacientes, pero también afecta al agere licere de las propias Administraciones públicas, sí ofrecen un interés especial en tanto que puede manifestarse en numerosas materias y situaciones de distintos campos del ordenamiento jurídico, lo que incluye las materias que estudia el Derecho Eclesiástico del Estado.
En este caso, al estar las comunidades autónomas especialmente obligadas a garantizar servicios tan esenciales como la salud pública, «sacralizar» las lenguas vernáculas puede ir en contra de los intereses de los propios pacientes, más aún en temas tan vitales como son la salud y la vida, que fueron, en el fondo, los motivos que justificaron la medida legislativa y que son, por ello, objeto de la impugnación.
El Tribunal, reunido en Pleno[11], analiza el recurso recordando que las normas impugnadas –según los recurrentes– «afectan a un derecho estatutario como es el de los ciudadanos de “dirigirse a la Administración de la comunidad autónoma en cualquier de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada”, garantizado por el artículo 14.3 EAIB», vulnerando de este modo los límites materiales de este tipo de normas previstos en el mismo artículo 49.1, por lo que la cuestión de fondo es si la propia Administración pública tiene derecho a legislar en esta materia pues, a juicio de los recurrentes, vulnera el régimen de cooficialidad lingüística[12].
El Tribunal analiza, por un lado, la posible pérdida sobrevenida del objeto del recurso y, por otro, la alarmante necesidad de profesionales sanitarios, lo que justificaría la medida normativa por el bien general que ello genera para la población enferma; pero el argumento que, en el fondo, utiliza la Sala, a mi juicio con acierto y sin entrar en otras consideraciones, es que «la norma recurrida no lleva a cabo una regulación general del régimen de la cooficialidad lingüística o del derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración en cualquiera de las lenguas oficiales…», sino que lo que hace es una regulación «parcial en materia de personal para un servicio concreto, el de la salud».
En base a estos argumentos, declara la pérdida sobrevenida del objeto del recurso y, en lo demás, lo desestima.
Contra dicha resolución, dictada por el Pleno, no se planteó ningún voto particular.
En esta sección, de las resoluciones que dictó el TC el pasado año, solo merecen ser traídas a colación dos. La primera en el tiempo es el Auto 99/2025, de 6 de octubre, de la Sala Segunda, sobre recurso de amparo, que inadmite la solicitud de ejecución de la STC 132/2024, de 4 de noviembre.
La causa tiene su origen en un incidente de ejecución en el que la demandante solicitó que se requiriese a la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna y al Obispado de Tenerife para que informasen de las actuaciones seguidas para la ejecución de una sentencia firme que restableciera el derecho de la actora a la igualdad y no discriminación por razón de género, en relación a su capacidad de formar parte de una asociación reservada para varones según sus estatutos, con apercibimiento de adopción de medidas coercitivas de no llevarse a efecto.
Este asunto trae causa de la STC 132/2024, de 4 de noviembre, por el que el citado tribunal consideró vulnerado el derecho a la igualdad de trato por razón de sexo de la reclamante y, por tanto, su derecho a asociarse a la citada hermandad. Pese al contenido y fallo de la citada sentencia y –también– pese a haber acudido al Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife (el cual despachó ejecución), la hermandad citada denegó su solicitud de admisión; fue por ello por lo que la recurrente solicitó del TC –por vía incidental[13]– la ejecución de sentencia.
La Sala no satisface las pretensiones de la recurrente pero no por motivos de fondo, sino de forma, porque –recuerda– la actora debió acudir primero a las instancias judiciales para la ejecución efectiva de la sentencia del TC, lo que estaba en trámite a la sazón, de modo que resulta prematuro resolver su petición mientras esté en proceso incidental su solicitud en las instancias ordinarias y no haberse agotado, por tanto, la vía judicial previa[14].
El segundo aborda una cuestión de interés jurídico evidente en tanto que afecta a dos ámbitos constantemente problemáticos en nuestro sistema constitucional: por un lado, la conflictividad a la que está condenado nuestro modelo territorial, lo que incluye constantes tensiones entre el Estado y las Comunidades Autónomas y, por otro, lo que he denominado «dogmatización» del sistema jurídico español, otrora fundamentado en valores religiosos y morales, ahora sustituido por otros laicos, en la mayor parte de las ocasiones con consecuencias diametralmente opuestas.
En este caso, el modelo de Estado, al desmarcarse por completo de lo que fuera el régimen franquista, ha optado por una serie de medidas que van más allá del ámbito jurídico, abarcando lo ideológico, histórico, el sistema de valores y principios, etc., de ahí la conexión con nuestra asignatura en lo que se refiere a principios inspiradores, normas programáticas, agere licere de los individuos, pero –también y forma especial– afectando a los derechos y obligaciones de los poderes públicos, la legalidad y legitimidad de determinadas normas y resoluciones, posibles objeciones de conciencia, etc.
El Auto 103/2025, de 7 de octubre, trató de un conflicto positivo de competencia entre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Estado, en este caso concretado en la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, del que fue ponente doña Concepción Espejel Jorquera.
La cuestión litigiosa surge a partir del acuerdo de 16 de octubre de 2024, adoptado por la Dirección General citada, para la incoación de un procedimiento de declaración de lugar de memoria democrática, siendo el objeto del mismo el edificio que hoy ocupa la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, lo que, a juicio de la parte quejosa, podría alterar el estatuto jurídico que tiene el edificio en cuanto que propiedad pública perteneciente a dicha región uniprovincial. La resolución impugnada, según su letrado, podría crear inseguridad jurídica en cuanto a su uso, destino, etc., alterando –además– la imagen de neutralidad que deben proyectar todos los poderes públicos[15].
Sin necesidad de entrar en cuestiones jurídicas de carácter eminentemente procesal, para el TC el recurso es prematuro –en línea con la tesis defendida por la Abogacía del Estado– en tanto que el procedimiento incoado se encontraba en tramitación, por tanto, sin resolver, de modo que las medidas previsibles que pudieran adoptarse en este sentido son meros futuribles y, por tanto, no objeto susceptible de posible tacha judicial en el momento procesal en el que se interpone el recurso. Así las cosas, el TC deja abierta la vía a que se plantee en el futuro si se producen cambios relevantes en el estatuto jurídico del inmueble citado, que es lo previsible.
Sí pues, esta cuestión muy probablemente generará nuevas resoluciones y, mutatis mutandis, se reproducirá en otras regiones y ámbitos de la acción política con efectos para el estatuto jurídico de entidades, organismos, inmuebles y, por ende, también de los propios funcionarios, trabajadores y usuarios, dado que los efectos que despliegan abarcan potencialmente numerosos aspectos con consecuencias concatenadas en diferentes órdenes, habida cuenta que se materializan en diferentes ámbitos.
Habrá que estar atento para seguir la evolución de los conflictos jurídicos que, sin duda, irán surgiendo ante la previsible y progresiva ideologización de las numerosas normas que puedan promulgarse en años venideros.
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