En la presente sección se sistematizan las disposiciones normativas publicadas a lo largo del año 2025 que, de manera directa o indirecta, inciden en el ámbito del Derecho Eclesiástico del Estado. Con el fin de facilitar su análisis, se procede a su exposición, ordenada por materias y siguiendo un criterio cronológico.
| I. | Libertad religiosa. |
| II. | Confesiones religiosas. |
| III. | Régimen económico. |
| IV. | Asistencia religiosa. |
| V. | Enseñanza. |
| VI. | Matrimonio. |
La finalidad de esta ley es prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos por parte de los agentes de la cadena alimentaria. En el artículo 9 se enumeran las obligaciones de «los agentes de la cadena alimentaria que sean empresas y las entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro que se decían a la distribución de alimentos para la donación de alimentos aptos para el consumo humano». Entre estas obligaciones se incluye: «realizar la donación y distribución de alimentos sin discriminación»[1], entre otros motivos, por razón de religión o creencias, así como velar por el respeto de los derechos humanos.
En lo que respecta a esta disposición, debemos destacar la disposición final segunda, en la que se modifica el «Real Decreto 204/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y se modifica el Real Decreto 1012/2022, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Abogacía General del Estado, se regula la inspección de los servicios en su ámbito y se dictan normas sobre su personal»[2].
Se produce un cambio del título, que pasa a denominarse Real Decreto 204/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Asimismo, se modifica el párrafo quinto de la parte expositiva que queda redactado del siguiente modo: «se modifica el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, para incluir, entre los órganos directivos dependientes de la Subsecretaría de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a la Dirección General de Libertad Religiosa, y para adecuar las referencias a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional»[3].
Una vez aprobada la Carta de Servicios de la Dirección General de Libertad religiosa, se procede a publicar esta resolución en el Boletín Oficial del Estado, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación. El texto de la Carta estará accesible en la página web y en la sede electrónica del Departamento, en el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado (https://administracion.gob.es/).
Esta ley tiene por objeto el establecimiento de las condiciones necesarias para que la ciudadanía y las entidades públicas o privadas «puedan disponer de un sistema de movilidad sostenible, justo e inclusivo como herramienta para lograr una mayor cohesión social y territorial, contribuir a un desarrollo económico resiliente y alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes y mejora de la calidad del aire»[4].
En el artículo 81 se determina que «las Administraciones públicas, en sus actuaciones de regulación y promoción de la introducción progresiva de los vehículos automatizados en el sistema de transportes, lo harán conforme» a una serie de principios entre los que se encuentra la «protección de los derechos de las personas en el desarrollo de esta tecnología y de los datos, para asegurar que sea inclusiva, accesible, y no discriminatoria por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»[5].
Por medio de esta instrucción se pretende unificar los criterios de aplicación del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), a fin de establecer pautas interpretativas homogéneas en materia de excusas para participar en las mesas electorales.
En lo referente a las «causas personales que pueden justificar la excusa del miembro designado de una mesa electoral, atendiendo a las circunstancias de cada caso que corresponde valorar a la junta electoral de zona», se incluye «la pertenencia a confesión o comunidad religiosa en las que el ideario o el régimen de clausura resulten contrarios o incompatibles con la participación en una mesa electoral. El interesado deberá acreditar dicha pertenencia y, si no fuera conocido por notoriedad, deberá justificar los motivos de objeción o de incompatibilidad»[6].
Mediante esta disposición se modifican diversos artículos de los Estatutos de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que quedan redactados de la siguiente forma:
Se modifica el artículo 11.1 referente a la composición del Patronato que estará integrado por los siguientes miembros:
«a) Presidencia: la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
b) Vicepresidencia primera: la persona titular de la Subsecretaría de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
c) Vicepresidencia segunda: la persona titular de la Dirección General de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
d) Son patronas y patronos natos las personas titulares de los siguientes órganos:
Dirección General para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Dirección del Gabinete Técnico de la persona titular del Ministerio de Defensa.
Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior.
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Secretaría General Técnica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura.
Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo del Ministerio de Igualdad.
Dirección General de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Dirección General de Casa Árabe.
Dirección General del Centro Sefarad-Israel.
Secretaría General de la Federación Española de Municipios y Provincias.
e) Patronas y patronos electivos: once vocalías nombradas por el Patronato, a propuesta de la persona titular de la Presidencia, en atención a su prestigio, experiencia o contribución a los fines de la Fundación, oídas las confesiones a las que se refiere el artículo 8 de estos estatutos.
En su designación se garantizará el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres»[7].
En relación con el artículo 13, se establece que corresponde a la Presidencia del Patronato, entre otras funciones, la convocatoria y el otorgamiento de subvenciones, a propuesta de la Comisión de Subvenciones, en lugar de la Junta Rectora prevista en la redacción anterior.
También se modifica la letra b del apartado 2 del artículo 16, en el que se contempla la composición de la Junta Rectora, que dada redactada de la siguiente forma: «Tres patronas o patronos natos y la persona que ostenta la vicepresidencia segunda del Patronato; y cuatro patronas o patronos electivos, nombrados todos ellos por el Patronato por un período de cuatro años, renovables, debiendo tres de ellos ser designados de entre los miembros natos del Patronato. En su designación, se atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. La pérdida de la condición de patrona o patrono implicará su sustitución, durante el tiempo que le restase, por quien lo sustituyera en el Patronato, tratándose de patronas o patronos natos; si fuera electivo la patrona o el patrono cesante, será sustituido por quien determine el Patronato»[8].
Otra de las cuestiones que se modifica se refiere a las funciones de la Junta Rectora. En este sentido, se modifica la letra d) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 17, que quedan redactados de la siguiente forma:
«d) Examinar y someter al Patronato, para su posterior elevación a la aprobación por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el plan de actuación.
«2. La Junta Rectora podrá delegar sus competencias en la persona titular de la Dirección de la Fundación, salvo las establecidas en los apartados b), c), y e)»[9].
El artículo 20 también es objeto de modificación, mediante la supresión de su apartado 2 y la una nueva numeración a los apartados restantes. Asimismo, se modifica el apartado 1, que queda redactado del siguiente modo:
«1. El Patronato podrá acordar la creación de un comité asesor de apoyo a la labor del Patronato y la Dirección de la Fundación compuesto por personas en representación de entidades o personalidades que destaquen por su dedicación o experiencia en el ámbito de acción de la Fundación. El número de miembros y su designación corresponde al propio Patronato, a propuesta de la persona que ostente la Presidencia.
En la designación de los miembros del Comité asesor, se atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas»[10].
La finalidad de esta disposición es «regular la concesión directa de una subvención, con carácter excepcional y por razones de interés público y social, en aplicación de lo previstas en el artículo 22.2. c), de la Ley 38/2004, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha ley, a las federaciones de confesiones minoritarias firmantes de Acuerdos de cooperación con el Estado español, con el fin de garantizar la realización de actuaciones de promoción de las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del derecho de la libertad religiosa»[11].
En el artículo 3 se enumeran las entidades beneficiarias de estas subvenciones: la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (en adelante, FEREDE); la Federación de Comunidades Judías de España (en adelante, FCJE); y la Comisión Islámica de España (en adelante, CIE), así como, las actividades subvencionables:
«a) Las actividades estatutarias de representación, interlocución y funcionamiento ordinario de los órganos de gobierno de las entidades, así como aquellas relacionadas con su presencia en órganos consultivos y de negociación vinculadas al ejercicio del derecho de libertad religiosa en cumplimiento de los acuerdos de cooperación.
b) El ejercicio de las funciones vinculadas al cumplimiento de los acuerdos de cooperación, tales como, con carácter enunciativo no exhaustivo: la emisión de certificaciones para ministros de culto y su formación, las relativas a los profesores de religión, la prestación de la asistencia religiosa en centros penitenciarios, hospitalarios y asistenciales públicos y en la Fuerzas Armadas, el asesoramiento jurídico, en particular, el relativo a la actividad registral, la elaboración de informes, el apoyo a actividades de visibilización e inclusión social, o la atención a las propias comunidades distribuidas por toda España, u otras funciones con igual finalidad.
c) La prestación de apoyo, coordinación, asesoría legal, administrativa y de fortalecimiento de capacidades técnicas y organizativas de las entidades religiosas pertenecientes a la confesión.
d) Las actividades de formación de ministros de culto y profesores de enseñanza religiosa.
e) Las actividades de información, comunicación, sensibilización y divulgación que permitan un mejor conocimiento e impulsen el diálogo y el acercamiento de las confesiones entre sí y de estas con la sociedad»[12].
En lo concerniente a la cuantía, se establece que su importe máximo será de:
«a) FEREDE: 540.000 euros.
b) FCJE: 216.000 euros.
c) CIE: 444.000 euros»[13].
Debemos destacar que quedan excluidos de financiación los siguientes gastos:
«a) Las actividades relacionadas con el culto o propagación de la fe de cada confesión.
b) Los intereses deudores y los gastos de mantenimiento de las cuentas bancarias.
c) Las multas y recargos por retraso en cualquier tipo de pagos.
d) Las compras realizadas en el extranjero, salvo que se cuente con la previa autorización de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P.
e) Los viajes internacionales, salvo que se cuente con la previa autorización de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P.
f) Las indemnizaciones por despido distintas de las indemnizaciones por fin de contrato y las percepciones no salariales incluidas en la nómina.
g) Las ayudas directas o donaciones.
h) El pago del alquiler de vivienda tanto a las entidades beneficiarias como al personal vinculado al proyecto»[14].
Este real decreto tiene por «objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional, de subvenciones destinadas a entidades de diversa naturaleza, en determinados ámbitos de actuación del Ministerio del Interior»[15].
En lo que respecta al procedimiento de concesión, debemos señalar que las actividades de colaboración realizadas por las entidades –que posteriormente serán objeto de enumeración– contribuyen al ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado, entre otras materias, se alude a la «penitenciaria respecto de la garantía del ejercicio de la libertad religiosa y de culto»[16].
En lo relativo a las entidades beneficiarias y las actividades subvencionadas, debemos destacar, entre otras, las siguientes: «la Conferencia Episcopal, por garantizar a las personas internas en centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado el ejercicio de la libertad religiosa y de culto, a través de la asistencia religiosa católica»[17]; «la Comisión Islámica de España, por garantizar a las personas internas en centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado el ejercicio de la libertad religiosa y de culto, a través de la asistencia religiosa islámica»[18], y «Cáritas Española, por su colaboración en la aplicación de los programas con personas sentenciadas a penas no privativas de libertad»[19].
Mediante esta orden se pretende establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por la Fundación Pluralismo y Convivencia, destinadas a actividades de fortalecimiento de la convivencia y prevención de la intolerancia y la discriminación por motivos religiosos. Dichas «subvenciones tendrán por finalidad financiar proyectos que visibilicen la diversidad de creencias y convicciones, fomenten actividades que valoren el derecho fundamental de libertad religiosa para todas las personas y contribuyan a prevenir los perjuicios, la intolerancia y la discriminación por motivos religiosos»[20].
En el artículo 3 establece que las ayudas se destinarán a subvencionar proyectos enmarcados en las siguientes líneas de actuación:
«a) Iniciativas de recuperación de la memoria y preservación y difusión del patrimonio histórico y cultural, material e inmaterial, de las confesiones minoritarias. Esto incluye, entre otras actividades, la creación, mantenimiento y digitalización de archivos históricos, el desarrollo de iniciativas de recuperación de la memoria oral, el diseño de exposiciones físicas o virtuales, la creación de rutas o señalización de lugares históricos o emblemáticos, la producción de materiales divulgativos, o la celebración de eventos que den a conocer a la sociedad en general sus tradiciones, festividades y celebraciones.
b) Actividades que fomenten el encuentro y el diálogo entre personas y comunidades de diferentes religiones y convicciones no religiosas, promoviendo el respeto mutuo y el entendimiento. Incluyen, entre otras, actividades de convivencia e intercambio que faciliten el conocimiento mutuo, encuentros y debates sobre temas de interés común, programas de visitas a centros de culto para conocer y comprender las diferentes prácticas y tradiciones religiosas, exposiciones y actividades artísticas que reflejen la diversidad de creencias y promuevan el diálogo interconviccional.
c) Actividades que pongan en valor el derecho de libertad religiosa y la pluralidad de convicciones y/o que ayuden a combatir la discriminación, la intolerancia y el discurso de odio por motivos religiosos: jornadas, talleres, acciones formativas, exposiciones, campañas, materiales y recursos en distintos formatos incluidos digitales, audiovisuales y/o lúdicos y actividades afines»[21].
Quedando excluidas de la convocatoria de forma general:
«a) Las actividades relacionadas con el culto o la propagación de la fe.
b) Las actividades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espiritualistas u otros fines análogos ajenos a los religiosos»[22].
Estas normas serán aplicables al personal militar de las Fuerzas Armadas españolas, así como a los capellanes castrenses del Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas[23].
En lo referente a los uniformes, los capellanes castrenses, cabe destacar lo siguiente: en el ejercicio de sus funciones, utilizarán un uniforme de campaña de la unidad en la que estén destinados o comisionados cuando asistan a operaciones, maniobras o ejercicios; en los buques de la Armada utilizarán los mismos uniformes especiales que los oficiales embarcados; en el ejercicio de funciones hospitalarias o asistenciales, utilizarán la indumentaria propia de la condición sacerdotal, sobre la que podrán utilizar prendas establecidas por la dirección del centro, con su distintivo específico; los que ostenten el oficio de Vicario, en el ejercicio de su cargo, podrán utilizar un fajín con flecos de color morado; finalmente, se establece que no podrán usar un uniforme militar en actividades ajenas al servicio en las Fuerzas Armadas[24].
A lo largo de estas normas también se contempla los emblemas del Arzobispado Castrense[25]; la consideración de empleo y divisas de los capellanes castrenses del Servicio de Asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas[26]; recompensas y distintivos del Servicio de Asistencia Religiosa[27]; prendas de cabeza[28]; así como el uso del distintivo internacional del personal religioso[29].
Esta disposición tiene por objeto delegar una serie de competencias en materia de personal civil, tanto funcionario como laboral, en diversas autoridades. Cabe destacar que corresponde a la persona titular de la Dirección General de Personal, entre otras funciones, «reconocer a los integrantes del Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas los niveles correspondientes por años de servicio a efectos retributivos»[30].
En relación con esta disposición, debemos hacer referencia al anexo I, en el que se determina el baremo de méritos para el desempeñar de puestos en régimen de interinidad en los centros y en los programas de acción educativa española en el exterior. En este sentido dentro de los méritos se dispone que «por cada año escolar de experiencia docente impartiendo la enseñanza de la religión en el mismo nivel educativo que el impartido por el cuerpo al que opta el aspirante, en centros públicos y en régimen de contrato laboral», se le asignará una puntuación de 0,0750, y se exigirá como documento justificativo «certificado expedido por la Administración educativa competente en el que conste la fecha de inicio y cese o, en su caso, que se continua, así como el nivel educativo impartido»[31].
Esta disposición tiene por objeto establecer medidas de seguridad alimentaria y nutrición, que deben adoptarse en el ámbito escolar, con el fin de garantizar una alimentación saludable y sostenible. En el artículo 10 se hace referencia a la disponibilidad de menús especiales, y en este sentido se establece que «los centros educativos deberán disponer de menús especiales para el alumnado que lo requiera, por motivos éticos o religiosos, o, en su caso, se dispondrá de los medios de refrigeración y calentamiento adecuados para que pueda conservarse y consumirse el menú especial proporcionado por el entorno familiar, sin peligro para la salud del alumnado afectado»[32].
Por medio de la disposición final decimoctava se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil[33], en concreto su artículo 58, relativo al procedimiento de autorización matrimonial.
Debemos destacar que el apartado 12 del artículo 58, pasa a ser el 11, quedando redactado de la siguiente forma: «Si los contrayentes hubieran manifestado su propósito de contraer matrimonio en el extranjero, con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración o en forma religiosa y se exigiera la presentación de un certificado de capacidad matrimonial, lo expedirá el letrado o letrada de la Administración de Justicia, notario o notaria, encargado o encargada del Registro civil o personal funcionario consultar o diplomático del lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes, previo expediente instruido o acta que contenga el juicio del autorizante acreditativo de la capacidad matrimonial de los contrayentes»[34].
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid