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ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO - 2026

Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Autores:
José M.ª Martí Sánchez (Universidad de Castilla-La Mancha)
ISSN-L:
0213-8123
e-ISSN:
3127-5613
Licencias:
Cómo citar:
Martí Sánchez, José M.ª (0000-0002-0408-7946) (2026). Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO
Formato:
APA

1. Introducción

Los datos estadísticos del año 2025, en relación con la infracción del artículo 9 del Convenio (libertad de pensamiento, conciencia y religión), arrojan un resultado de 18 casos, destacando mucho Rusia, como principal infractora (14 supuestos)[1], referidas a cuestiones pendientes antes de su expulsión del Consejo de Europa (16 septiembre 2022). Sin embargo, según nuestro cómputo –que sigue una óptica más amplia de lo que afecta a la libertad religiosa y que incluye cualquier tipo de pronunciamiento de amparo o desestimación– se han producido 39 sentencias de las diversas secciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) (por 33, en 2024) y una de la Gran Sala, por ninguna del año pasado. Por otra parte, las decisiones fueron 12 (por 2 en 2024).

Las cifras globales de la actividad del TEDH en 2025, comparadas con las del año anterior, son (subrayado añadido):

(Cifras redondeadas) 2024 2025 Comparación entre ambos años
Recursos pendientes. 60.350 53,450 -11 % ↘
Fuente: Annual report 2025, p. 32. https://www.echr.coe.int/annual-reports.
(Cifras redondeadas) 2024 2025 Comparación entre ambos años
Recursos tramitados. 28.800 31.800 10 % ↗
Recursos comunicados. 9.832 11.587 18 % ↗
Recursos resueltos. 36.819 38.573 5 % ↗
Sentencias. 10.829 7.011 −35 % ↘
Sobreseimiento o decisión de inadmisión. 25.990 31.562 21 % ↗
Fuente: Annual report 2025, p. 32. https://www.echr.coe.int/annual-reports.

En el breve repaso bibliográfico que solemos hacer de las aportaciones realizadas durante el año, en torno a la jurisprudencia del TEDH, destacamos el margen de apreciación de los Estados en la aplicación del Convenio europeo. El asunto ha sido bien estudiado por la Eclesiasticística[2]. El margen se respeta en el caso de los símbolos religiosos (velo)[3], pero no tanto en el derecho de familia y nuevos tipos de unión homosexual.

En líneas generales, la fuerza del TEDH ha crecido (amplitud de materias e incisividad de las decisiones que las abordan), por ello el margen de la soberanía estatal se ha reducido sobre todo en materias de no discriminación (art. 14), particularmente en relación a la orientación sexual (por ejemplo, caso Fedotova y otros c. Rusia, 13 julio 2021. TEDH 2021\83), y al derecho de familia (art. 12) y a su privacidad (art. 8)[4], con repercusiones en la objeción de conciencia y el derecho a la vida (valgan estos ejemplos variados: caso A. R. c. Polonia, 13 noviembre 2025, caso Pindo Mulla c. España, 17 septiembre 2024, y Decisión Grimmark c. Suecia, 11 febrero 2020 y Steen c. Sweden, 11 febrero 2020[5]).

El expansionismo del TEDH ha derivado en la aparición de nuevos derechos o dilatación de su perímetro en la dirección que apuntaba la obra de Puppinck, Mi deseo es la ley. Los derechos del hombre sin naturaleza[6], esto es, hacia el individualismo. De ahí los nuevos derechos de la privacy, asociados al amparo legal de cualquier comportamiento no violento[7], con merma de la moral pública. Tal tendencia tensa la razón de ser de todo Ordenamiento y la posibilidad de una convivencia con reglas que sean lo suficientemente flexibles para que quepan los fines individuales, sin poner en riesgo los colectivos.

Damos el elenco completo de pronunciamientos del TEDH de 2025 y las referencias de tales actuaciones (con la signatura de la Revista General de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico del Estado, cuando exista) y un extracto del contenido, inspirado con frecuencia en los que ofrece el tribunal, o del citado repertorio. Más tarde procederemos a la selección de algunos litigios y profundizaremos en ellos.

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2. Visión de conjunto de las resoluciones emanadas en 2025

2.1 Repertorio de sentencias
A) Gran Sala

1. Caso Ucrania y Países Bajos c. Rusia, 9 julio 2025. Caso clave (según el TEDH) (RI §428732)

Según el comunicado de prensa del tribunal: «El caso abarca cuatro solicitudes interestatales. […]. La solicitud final fue presentada por Ucrania en 2022 y se refiere a presuntos patrones de violaciones de derechos humanos por parte de Rusia en el contexto de las operaciones militares rusas en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022.

Los Estados solicitantes se basan en los artículos 2 (derecho a la vida), 3 (prohibición de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes), 4 § 2 (prohibición del trabajo forzoso), 5 (derecho a la libertad y la seguridad), 8 (derecho al respeto de la vida privada), 9 (libertad de pensamiento, conciencia y religión), 10 (libertad de expresión), 11 (libertad de reunión y asociación), 13 (derecho a un recurso efectivo) y 14 (prohibición de la discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos; los artículos 1 (protección de la propiedad) y 2 (derecho a la educación) del Protocolo n.º 1 del Convenio Europeo; y los artículos 2 (libertad de circulación) y 3 (prohibición de expulsión de nacionales) del Protocolo n.º 4 de la Convención».

En relación con el fondo de la sentencia entre otros asuntos se denuncia: «Art. 9. Práctica administrativa en territorio ocupado de Ucrania de intimidación, acoso y persecución de grupos religiosos distintos de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú (“UOC-MP”). • Secuestro, malos tratos y asesinato de líderes religiosos. • Obligación de los grupos religiosos de registrarse. • Aplicación de las leyes de extremismo contra comunidades religiosas distintas de la UOC-MP para prohibir organizaciones religiosas, confiscar locales y material religioso e impedir el culto religioso».

La Gran Sala condena unánimemente por «una práctica administrativa de intimidación, acoso y persecución de grupos religiosos distintos de la EOU-PM, constitutivos de una violación del artículo 9 de la Convención».

B) Secciones

1. Caso Minasyan y otros c. Armenia, 7 enero 2025

Resumen del TEDH: «Art. 8. • Obligaciones positivas. • Vida privada. • Art. 14 (+ Art. 8). • Discriminación. • Artículo de un periódico en línea dirigido a activistas de los derechos LGBT, tras sus comentarios desafiando la declaración de los miembros del jurado de Eurovisión armenio criticando la victoria de un hombre travesti gay en 2014. • Artículo que se impugna por la hostilidad contra las personas LGBT y atacar a los recurrentes debido a su activismo por los derechos LGBT, incitando expresamente al público a cometer actos discriminatorios perjudiciales contra ellos. • Art. 8 aplicable • Afirmación defendible ante los tribunales nacionales de que la orientación sexual percibida de los recurrentes y su estrecha asociación con la comunidad LGBT desempeñaron un papel en los ataques en línea. • Art. 14 (+ Art. 8) aplicable. • Incumplimiento de los tribunales nacionales en reconocer el tono hostil, las intenciones y el impacto del artículo en los derechos del Art. 8 de los recurrentes. • Incumplimiento en abordar la naturaleza discriminatoria de las declaraciones impugnadas y cumplir con la obligación positiva de responder adecuadamente. • Incumplimiento en llevar a cabo el ejercicio de equilibrio necesario de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal. • Recurso civil capaz en teoría de proporcionar protección efectiva, pero la forma en que se interpretó y aplicó no protegió a los demandantes contra el discurso de odio y discriminación».

2. Caso Sverdlova y Shevchenko c. Ucrania, 23 enero 2025

«Tras una decisión judicial, los solicitantes tuvieron que cambiar la sede de su evento previsto para apoyar los derechos de las personas LGBTI. Denunciaron que esta decisión constituía una violación de sus derechos en virtud de los artículos 10, 11, 13 y 14 del Convenio».

«El 22 de mayo de 2013, la primera demandante informó a la Administración de que el 25 de mayo de 2013 tenía previsto celebrar la “Marcha por la Igualdad” de 11:00 a 14:00 horas desde el centro comercial Arena hasta la estación de metro de León Tolstoi.

El 23 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo de Kiev accedió a la solicitud de la Administración y prohibió todos los eventos públicos en el centro de la ciudad de Kiev, incluidas las calles Velyka Vasylkivska, Bohdana Khmelnytskoho y la plaza de León Tolstoi. El tribunal se basó en el artículo 39 de la Constitución y el artículo 182 del Código de Justicia Administrativa. El tribunal señaló que el 25 de mayo de 2013, la Administración había planeado celebrar varios eventos públicos en el centro de la ciudad como parte de las celebraciones dedicadas al Día de Kiev. Varias otras organizaciones y personas habían informado a la Administración de su intención de realizar manifestaciones en el centro de la ciudad el 25 de mayo de 2013, incluidas organizaciones religiosas católicas y ortodoxas, una organización no gubernamental (ONG) de jóvenes comunistas, el comité organizador del Orgullo de Kiev 2013 y el movimiento civil ucraniano “Amor contra el Homosexualismo”. El tribunal de Kiev concluyó que, en tales circunstancias, la Administración no podría garantizar el orden público en el centro de la ciudad el 25 de mayo de 2013 y, como resultado, podrían surgir conflictos y enfrentamientos entre los participantes en los diferentes eventos. Según los demandantes, la única organización cuya ruta planificada se solapaba con la suya era la Asociación de Creyentes de la Iglesia Ortodoxa Griega-Católica Ucraniana».

El tribunal falló que se había violado: el artículo 11 (libertad de reunión y asociación, concretamente el párr. 1.º, a reunirse pacíficamente); el artículo 13+11-1 (derecho a un remedio efectivo y libertad de reunión y asociación), y el artículo 11.1 (libertad de reunión pacífica).

3. Caso Klimova y otros c. Rusia, 4 febrero 2025

Según comunicado de prensa del tribunal: «Los solicitantes son seis ciudadanos rusos nacidos en distintas fechas entre 1973 y 2000. Son propietarios de un sitio web y administradores de sitios web o grupos y comunidades en redes sociales, como www.gay.ru, uno de los sitios web LGBTI más antiguos y grandes de Rusia, y del proyecto en línea “Niños-404. Adolescentes LGBT” (Дети-404. ЛГБТ-подростки). Los sitios web y las comunidades y grupos de la plataforma de redes sociales VKontakte, propiedad de o administrados por los solicitantes, buscaban fomentar la tolerancia y la aceptación de las personas LGBTI, brindar apoyo a adolescentes LGBTI con problemas, proporcionar información y un foro de debate sobre temas relacionados con las personas LGBTI, o proporcionar un espacio donde las personas LGBTI pudieran reunirse para encontrar amigos o parejas. El caso se refiere a las condenas de los demandantes por una infracción administrativa y/o el bloqueo del acceso a sus sitios web o páginas web en redes sociales por promover la homosexualidad entre menores. La legislación promulgada en Rusia entre 2003 y 2013 tipificó como delito la promoción de relaciones sexuales no tradicionales entre menores, sancionable con multa (véase Bayev y otros c. Rusia, demandas núms. 67667/09, 44092/12 y 56717/12). Los tribunales rusos determinaron, en particular, que las publicaciones de los demandantes en internet eran perjudiciales para los menores.

Invocando el artículo 10 (libertad de expresión), los demandantes denuncian que la prohibición legislativa de promover la homosexualidad, entre menores, tal como se aplicó en sus casos específicos, vulneró su libertad de expresión. Una de las demandantes, Yuliya Vladimirovna Tsvetkova (n.º 39855/20), también denuncia que los servicios de seguridad recopilaron datos de usuarios de VKontakte relacionados con su cuenta personal en la red social y con la comunidad que administraba. [El recurso] se basa en el artículo 8 (derecho al respeto de la privacidad y la vida familiar)».

El tribunal considera entre otras infracciones: «Artículo 8. • La recopilación de grandes cantidades de datos personales, incluidos datos sensibles, durante un período prolongado, hizo que la interferencia fuera intrusiva y pudo tener un efecto disuasorio. • La interferencia no es “necesaria en una sociedad democrática”». También del artículo 10: «Libertad de expresión. • Condenas por una infracción administrativa en relación con el contenido publicado por algunos de los solicitantes (de su autoría o de otros) en grupos o comunidades de redes sociales que administraban y/o el bloqueo de sus sitios web o páginas web por “promover la homosexualidad entre menores”. • Restricciones injustificables basadas únicamente en consideraciones de orientación sexual. • No hay base para considerar que las publicaciones sean inapropiadas o perjudiciales para el crecimiento y desarrollo de los niños. • Medidas impugnadas incompatibles con el artículo 10 en la medida en que buscaban limitar el acceso de los niños a información que describe las relaciones entre personas del mismo sexo como esencialmente equivalentes a las relaciones entre personas de diferente sexo».

4. Caso Bazhenov y otros c. Rusia, 4 febrero 2025

El tribunal resume así el contenido del caso: «Art. 14 (+ Art. 8). • Discriminación por motivos de orientación sexual. • Vida privada • Incumplimiento por parte de las autoridades nacionales de la obligación positiva de responder adecuadamente a la difusión no consentida de datos privados de los recurrentes, incluida información sobre su orientación sexual, por parte de particulares en las redes sociales. • Incumplimiento de la obligación de investigar de manera eficaz si la difusión de datos estuvo motivada por actitudes homofóbicas. • Se desatendió la vulnerabilidad de la comunidad LGBTI en Rusia y su necesidad de protección especial».

5. Caso A.B. y Y.W. c. Malta, 4 febrero 2025

El tribunal resume así el contenido del caso: «Art. 3 (procedimental). • Expulsión. • Falta del Estado demandado de evaluar el riesgo de trato contrario al art. 3 antes de confirmar la expulsión a China de dos musulmanes uigures, seis años después del rechazo de su solicitud de asilo • La expulsión sin una evaluación rigurosa de riesgo ex nunc implicaría una violación. • Art. 35 § 1. • Los solicitantes no están obligados a presentar una solicitud de asilo posterior ya que agotaron el recurso pertinente disponible para ellos en el momento material contra su expulsión, a saber, la Junta de Apelaciones de Inmigración, que no realizó una nueva evaluación de riesgo a pesar de su competencia para hacerlo».

6. Caso Samodurov y otros c. Rusia, 6 febrero 2025

Se declara la violación contra la libertad de expresión artística de los demandantes (que aparecen, con sus circunstancias, en una lista anexa). Estos «denunciaron, en particular, restricciones a su derecho a la libertad de expresión debido a las sanciones impuestas por expresiones presuntamente ofensivas sobre creencias religiosas».

Esta es una materia siempre de actualidad que se comenta más tarde.

7. Caso Bagirov y otros c. Azerbaiyán, 11 febrero 2025

Condena al Estado de Azerbaiyán, por tortura o tratamiento degradante (art. 3) y detención preventiva ilegal (art. 5, derecho a la libertad y a la seguridad) de tres nacionales, a los cuales, el 26 de noviembre de 2015, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General atribuyeron ser cofundadores del movimiento religioso no registrado, Müsəlman Birliyi («HM»), la cual se había creado «con el fin de cambiar por la fuerza la estructura constitucional del Estado y establecer un Estado religioso regido por la sharia».

8. Caso Novaya Gazeta y otros c. Rusia, 11 febrero 2025

Del resumen de las violaciones del caso que hace el tribunal, referidas al artículo 10 (libertad de expresión), artículo 34 (obstaculizar el ejercicio del derecho de amparo judicial), incumplimiento de las medidas provisionales indicadas en la regla 39, artículo 5 § 3 (no proporcionar razones pertinentes y suficientes para la prisión preventiva), artículo 5 § 1 (arresto o detención legal), art 5, § 4, por demoras excesivas en el examen de los recursos de detención, art. 3 (trato degradante), art. 8, por registros injustificados de domicilios de periodistas, destacamos las que se refieren a la libertad de religión (art. 9).

De la libertad de religión, ganada con esfuerzo, «la jurisprudencia del Tribunal ha documentado cómo los miembros y congregaciones de diversas minorías religiosas –Testigos de Jehová, musulmanes, mormones e incluso sectas cristianas ortodoxas no favorecidas por las autoridades religiosas mayoritarias– han sido ampliamente acosados, procesados y, en ocasiones, expulsados del país por completo».

9. Caso P. c. Polonia, 13 febrero 2025

El tribunal resume así el contenido del caso: «Artículo 10. • Libertad de expresión. • Despido de un profesor de secundaria por, entre otras cosas, escribir un blog en internet para adultos con contenido sexual explícito, considerado por las autoridades como una afrenta a las costumbres sociales imperantes en el país. • Falta de motivos pertinentes y suficientes. • La actividad personal de blog del demandante no amenazó la protección de la moral de los menores de forma que justificara la sanción impuesta. • La injerencia no correspondía a una necesidad social apremiante ni era proporcionada».

Se comenta más tarde.

10. Caso Salay c. Eslovaquia, 27 febrero 2025 (RI §427943)

El tribunal resume así el contenido del caso: «Art. 14 (+ Art. 2 P1, derecho a la educación). • Discriminación. • Derecho a la educación. • Trato discriminatorio de un alumno romaní por su colocación en una clase especial para niños con discapacidades intelectuales leves. • Peligro de que las pruebas diagnósticas, utilizadas para determinar la capacidad intelectual del solicitante, estuvieran sesgadas culturalmente. • Matriculación en clases especiales de facto permanente sin nuevas pruebas sistemáticas para supervisar cualquier evolución que pudiera justificar la transferencia de un alumno de nuevo a la educación general. […]. • La colocación en una clase de este tipo, con un currículo más básico que las clases generales, dio lugar a una educación que no ofrecía garantías derivadas de la obligación positiva del Estado de deshacer una historia de segregación racial en la educación especial. • La legislación nacional aplicada en el momento material tuvo un efecto desproporcionadamente perjudicial en la comunidad romaní».

11. Caso Milashina y otros c. Rusia, 4 marzo 2025

El tribunal resume así el contenido del caso: «Art. 10. • Libertad de expresión. • Amenazas verbales de altos funcionarios públicos y líderes religiosos chechenos contra un editor de periódico y periodistas tras informar sobre secuestros masivos, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos de personas LGBTI por parte de las autoridades chechenas. • Las amenazas constituyeron una campaña concertada de intimidación contra los solicitantes y dieron lugar a nuevas amenazas por parte de personas no identificadas capaces de incitar a la gente a acciones violentas. • Los recurrentes temen por su vida y su seguridad personal. • Interferencia ilegal y desproporcionada en su actividad y trabajo periodístico profesional, capaz de tener un grave efecto inhibidor en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. • Falta de realización de una investigación exhaustiva para evaluar las amenazas ampliamente difundidas, tomar medidas preventivas y perseguir penalmente a los principales instigadores. • Art. 34. • Víctima. • La empresa recurrente participó en las quejas ante las autoridades nacionales y las amenazas afectaron a su trabajo».

12. Caso Loginov y otros c. Rusia, 6 marzo 2025 (RI §427940)

Se recurre en amparo por un proceso penal cuyo objeto fue la pertenencia a la organización religiosa Testigos de Jehová. Se recuerda, para uno de los supuestos, la doctrina de Taganrog LRO y otros c. Rusia (núms. 32401/10 y otros 19, §§ 256-73, 7 de junio de 2022), en que el tribunal sostuvo que, dado que las autoridades no habían demostrado que los demandantes hubieran participado en actividades socialmente peligrosas de naturaleza extremista, su procesamiento y condena por practicar pacíficamente la religión de los Testigos de Jehová en comunidad se basaron en la formulación y aplicación inadmisiblemente amplias de la legislación sobre extremismo y no persiguieron ningún objetivo legítimo ni una «necesidad social apremiante». El tribunal concluyó que se ha violado el artículo 9 del Convenio debido al procesamiento penal de los demandantes. En este recurso, el tribunal no ha encontrado ningún hecho ni argumento que lo lleve a una conclusión diferente sobre la admisibilidad y el fondo de estas denuncias. «Por consiguiente, estas denuncias son admisibles y revelan una violación del artículo 9 del Convenio».

13. Caso Lubin e Isakov c. Rusia, 6 marzo 2025 (RI §427941)

Similar al anterior, en su fundamentación y argumentación, pues se inspira en el caso Taganrog LRO y otros c. Rusia, 7 de junio de 2022. Los demandantes denunciaron principalmente su procesamiento por cargos de extremismo, por proseguir las actividades de las organizaciones religiosas locales de los Testigos de Jehová, disueltas, mediante la organización de servicios de culto y la práctica pacífica de su religión en comunidad. Se basaron en el artículo 9 del Convenio. Los antecedentes llevaron al Tribunal a concluir que es aplicable aquella doctrina sobre la admisibilidad y el fondo de esta denuncia. Se ha producido una infracción del artículo 9 del Convenio debido al procesamiento penal de los recurrentes.

14. Caso Kolyasnikov y otros c. Rusia, 6 marzo 2025 (RI §427942)

Se reúnen aquí 15 recursos contra Rusia y se denunciaron restricciones injustificadas a su derecho a la libertad de religión, invocando el artículo 9 del Convenio. En los primeros casos enumerados en la columna «Jurisprudencia pertinente» del cuadro adjunto a la sentencia, el tribunal ya ha constatado una violación en cuestiones similares a las del presente caso. Tras examinar toda la documentación presentada, el tribunal no ha identificado ningún hecho o argumento que lo lleve a una conclusión diferente sobre la admisibilidad y el fondo de estas denuncias. Por lo tanto, estas denuncias son admisibles y revelan una violación del artículo 9 del Convenio.

15. Caso Amirov c. Azerbaiyán, 11 marzo 2025

La sentencia gira en torno al artículo 5 § 1. • Arresto o detención legal. • Detención preventiva en ausencia de una «sospecha razonable» de que el recurrente haya cometido un delito penal.

Tras el intento de golpe de Estado de julio de 2016 en Turquía, el 12 de agosto de 2016, el Fiscal General de la República de Azerbaiyán inició un proceso penal en relación con las actividades de personas afiliadas al movimiento Gülen en Azerbaiyán, en virtud de los artículos 168.1 (vulneración de los derechos ciudadanos con el pretexto de celebrar ritos religiosos) y 283.2.2 (incitación al odio y la hostilidad étnicos, raciales, sociales o religiosos) del Código Penal.

En agosto de 2016, se acusó al recurrente de estas infracciones. En concreto se le imputaba violar los derechos ciudadanos con el pretexto de celebrar ritos religiosos, así como de incitar al odio y la hostilidad étnicos, raciales, sociales o religiosos al pertenecer al movimiento religioso de Fethullah Gülen y difundir su ideología. La base fáctica fue poseer literatura religiosa y ocho CD-ROM en su vehículo con la intención de difundir el material abiertamente, así como en internet, que constituye un medio de comunicación de masas. Se sentencia una vulneración del artículo 5 del convenio.

16. Caso Ali c. Serbia, 25 marzo 2025

Son dos los preceptos aquí infringidos: el artículo 3 (procedimental). • Extradición. • Incumplimiento por parte de las autoridades nacionales de examinar, de manera compatible con los requisitos de la jurisprudencia del Tribunal, la alegación del recurrente de asilo sobre un riesgo de malos tratos, antes de extraditarlo a Bahréin, y el artículo 34. • Obstaculizar el ejercicio del derecho de solicitud. • Incumplimiento de la medida provisional según la Regla 39. Se incumplió así lo previsto en la Ley de Asilo (artículo 6 que dispone, entre otras cosas, que las personas no pueden ser devueltas a un territorio donde su vida o su libertad estén en peligro a causa de su religión, de su pertenencia a determinado grupo social o de sus creencias políticas).

En efecto, el recurrente había sido detenido y se había solicitado su extradición. Pero su representante legal alegó que el recurrente era un preso político y, como tal, tenía derecho a solicitar asilo, y que había sido condenado por los delitos por los que se había solicitado su extradición como medio de «ajuste de cuentas» con la minoría religiosa a la que pertenecía.

17. Caso Comunidad Judía de Tesalónica c. Grecia, 6 mayo 2025 (RI §428407)

Según el comunicado de prensa del tribunal: «La comunidad recurrente es una entidad de derecho público con sede en Tesalónica. [...] El caso se refiere a la desestimación en 2019 de la solicitud de la comunidad demandante de ser reconocida judicialmente como única propietaria de un terreno, alegando que este fue catalogado como “propiedad del enemigo”, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que la propiedad del terreno les había sido transferida en 1934.

La comunidad denuncia que la decisión del Tribunal de Casación violó su derecho a disfrutar pacíficamente de su propiedad, consagrado en el artículo 1 del Protocolo 1 del Convenio Europeo, y también su derecho a un juicio justo, consagrado en el artículo 6, apartado 1, del Convenio». Su recurso fue estimado.

18. Caso Versaci c. Italy, 15 mayo 2025

Los servicios del tribunal resume así el armazón jurídico del caso: «Art. 8. • Vida privada. • Negativa del jefe de policía a conceder al solicitante una “licencia de seguridad pública” para realizar actividades de apuestas en nombre de una empresa extranjera, por no cumplir con el requisito de “buena conducta” de la legislación nacional • Decisión de las autoridades nacionales no basada en una conducta directamente atribuible al recurrente, sino a personas con las que tenía conexiones sociales o familiares. • Razones subyacentes de la medida impugnada vinculadas a la vida privada del recurrente. • Art. 8 aplicable según su enfoque basado en los motivos. • Concepto vago e indefinido de “buena conducta” suficientemente previsible en vista de las aclaraciones proporcionadas en la guía sobre la práctica administrativa y en la jurisprudencia nacional. • Revisión judicial suficiente para garantizar contra la interferencia arbitraria con los derechos fundamentales por parte del jefe de policía, que tenía amplia discreción para otorgar licencias de seguridad. • Medida impugnada “de conformidad con la ley”. • Amplio margen de apreciación otorgado a las autoridades nacionales en vista del contexto regional específico y la necesidad de evitar el riesgo de que se cometan delitos dentro de la empresa de juegos de azar. • Razones relevantes y suficientes dadas por el jefe de policía. • Ausencia de cualquier flagrante incumplimiento o arbitrariedad en la revisión judicial de dichas razones. • Medida impugnada “necesaria en una sociedad democrática”».

19. Caso Kashapov y otros c. Rusia, 15 mayo 2025

Los recurrentes se quejaron de diversas restricciones al derecho a la libertad de expresión. Algunos de ellos (Alsu Albertovna Garapova, Yevgeniy Yefimovich Aronson, etc.) también presentaron otras quejas relacionadas con restricciones por motivo religioso sin prueba de su carácter violento o peligroso. Las violaciones, en torno al artículo 10 (libertad de expresión) del Convenio, fueron constatadas.

20. Caso Klimov c. Rusia, 15 mayo 2025 (RI §428735)

Se reúnen varios recursos, con un enfoque similares a los ya vistos (caso Loginov y otros c. Rusia, 6 marzo 2025, y Lubin e Isakov c. Rusia, 6 marzo 2025). La queja es por el procesamiento penal por cargos de extremismo, por participar de actividades de una organización religiosa local de Testigos de Jehová, disuelta. Se aplica la doctrina del caso Taganrog LRO y otros c. Rusia, 7 de junio de 2022, en que se constata la violación del artículo 9. Las autoridades no habían demostrado que los recurrentes hubieran participado en actividades socialmente peligrosas de naturaleza extremista, por lo que su procesamiento y condena por practicar pacíficamente la religión de los Testigos de Jehová en comunidad, se había basado en la formulación y aplicación inadmisiblemente amplias de la legislación sobre extremismo y tampoco perseguía ningún fin legítimo ni una «necesidad social apremiante». La documentación de este supuesto no lleva a una conclusión diferente sobre la admisibilidad y el fondo de esta demanda. Hubo violación del artículo 9 del Convenio.

21. Caso K.V. Mediterranean Tours Limited c. Turquía, 10 junio 2025

Resumen de los servicios del TEDH: «Art. 6 § 1 (civil). • Participación de una fundación religiosa como tercero en los procedimientos ante la Comisión de Bienes Inmuebles (CPI) iniciados por la empresa demandante con respecto a la propiedad abandonada en el norte de Chipre en 1974. • Equilibrio justo entre los intereses del demandante y la necesidad de garantizar la correcta administración de justicia, incluidos los intereses del tercero. • Participación del tercero necesario para cumplir con el principio de un juicio justo. • Ausencia de arbitrariedad. • Ausencia de injusticia en el procedimiento en su conjunto.

Art. 1 P1. • Disfrute pacífico de las posesiones. • Incumplimiento de la CPI en actuar con coherencia, diligencia y celeridad adecuadas al examinar la reclamación de la empresa demandante.

Art. 46. • Ejecución de la sentencia. • Medidas generales. • El Estado demandado debe continuar sus esfuerzos para acelerar los procedimientos ante la CPI y crear un recurso efectivo que garantice una reparación genuina por las demoras».

22. Caso Sagir y otros c. Grecia, 24 junio 2025

Resumen de los servicios del TEDH: «Artículo 11. • Libertad de asociación. • Denegación de registro por parte de los tribunales nacionales de la “Asociación Cultural de Mujeres Turcas de la Prefectura de Xanthi”. • Razonamiento basado en la necesidad de distinguir entre una minoría musulmana, reconocida por el Tratado de Lausana de 1923, y una minoría turca, no reconocida por los tribunales. • Conclusiones no basadas en ninguna amenaza al orden público. • El nombre propuesto no podría justificar por sí solo la no inscripción. • Razones no pertinentes ni suficientes. • Restricciones que no persiguen una “necesidad social apremiante”.

Artículo 46. • Ejecución de la sentencia. • Medidas individuales. • Reapertura del procedimiento, si se solicita, forma más adecuada de poner fin a la violación y ofrecer reparación».

23. Caso Cimpaka Kapeta c. Bélgica, 26 junio 2025

Resumen de los servicios del TEDH: «Artículo 2 P4. • Libertad para salir de un país. • Denegación de expedir un pasaporte al recurrente en libertad condicional por su condena por terrorismo. • Presencia de una bandera de ISIS en su domicilio y riesgo de regresar a Siria. • Motivos pertinentes y suficientes. • Posibilidad de viajar a países que solo exigen un documento de identidad. • Duración de la restricción a la libertad de movimiento no excesiva a la luz de los motivos de la denegación. • Revisión judicial por parte del Consejo de Estado de la legalidad y proporcionalidad de la medida, habiendo tenido acceso a todo el expediente administrativo, incluidos los documentos confidenciales. • El recurrente ha sido informado del fondo de los motivos de la denegación impugnada. • Falta de acceso a un informe confidencial que no afecta al fondo de sus derechos procesales. • Margen de apreciación. • Medida no desproporcionada con respecto a los fines legítimos perseguidos.

Artículo 13 (+ Artículo 2 P4). • Recurso efectivo para impugnar la denegación del pasaporte. • Incumplimiento por parte del recurrente de hacer uso de todos los medios a su disposición en virtud del derecho interno para impugnar la confidencialidad del informe en cuestión. • Control por parte del Consejo de Estado del uso de todos los documentos del expediente, incluidos los confidenciales».

Se condenó al recurrente, por participación en actividades de un grupo terrorista, pero se suspendió el cumplimiento de la pena por el tiempo que excediera del ya cumplido en prisión preventiva. Concretamente, se le declaró culpable de haber combatido en Siria con el grupo yihadista Jabhat al-Nusra, entre 2013 y 2014. Durante el período de prueba, el demandante estuvo sujeto a varias condiciones individualizadas, que aceptó. Estas incluían no viajar a un país en guerra, recibir orientación psicológica y/o religiosa para inhibir la radicalización islamista o yihadista con un profesional o centro elegido en consulta con el agente de libertad condicional, durante al menos dos años, pero durante el tiempo que este último considerara necesario, y no asociarse con personas o lugares que afirmaran estar afiliados a círculos islamistas o yihadistas radicales.

24. Caso Rafiyev c. Azerbaiyán, 8 julio 2025 (RI §428733)

Resumen de los servicios del TEDH: «Violación del artículo 5 - Derecho a la libertad y la seguridad (Artículo 5-1 - Privación de libertad). Violación del artículo 6 - Derecho a un juicio justo (Artículo 6 - Procedimiento administrativo Artículo 6-1 - Audiencia justa) Violación del artículo 9 - Libertad de pensamiento, conciencia y religión (Artículo 9-1 - Libertad de religión); Daño moral - indemnización (Artículo 41 - Daño moral; Satisfacción justa)».

Comunicado de prensa de los servicios del tribunal: «El recurrente, Vugar Karim oglu Rafiyev, es ciudadano azerbaiyano nacido en 1980 y residente en Sumgayit, Azerbaiyán. Se identifica con el nurjuismo, un movimiento teológico islámico.

En este caso, el recurrente fue arrestado y condenado por organizar una reunión religiosa en un local privado en marzo de 2017. Declarado culpable de una infracción administrativa fue multado por violar las disposiciones legales que rigen la organización y celebración de reuniones religiosas. Invocando los artículos 5 (derecho a la libertad y la seguridad), 6 (derecho a un juicio justo) y 9 (libertad de pensamiento, conciencia y religión) del Convenio Europeo, el recurrente alega, en particular, que su arresto y detención fueron ilegales, que su juicio fue injusto porque los tribunales nacionales no consideraron sus argumentos, y que la injerencia de las autoridades en su libertad de culto fue contraria a la ley. Violación del artículo 5, párrafo 1; Violación del artículo 6, párrafo 1; Violación del artículo 9».

25. Caso Bednarek y otros c. Polonia, 10 julio 2025

Resumen de los servicios del TEDH: «Art 3 (+ Art 14). • Obligaciones positivas. • Discriminación por orientación sexual. • Respuesta insuficiente del Estado a la agresión con connotaciones homofóbicas cometida contra los recurrentes. • El trato al que fueron sometidos los recurrentes alcanzó el umbral de gravedad para caer bajo el Art. 3. • El marco legal interno no incluyó la orientación sexual entre los motivos para la comisión de delitos de odio o delitos de discriminación. • Indicios prima facie de que dos de los solicitantes sufrieron violencia motivada o influida por prejuicios. • A pesar de que las autoridades investigaron y condenaron a los perpetradores con cierta consideración al contexto homofóbico, no se presentaron cargos ni procesamiento por un ataque motivado por el odio. • La demostración de hostilidad de los atacantes hacia los recurrentes, debido a su sexualidad percibida, no se tuvo en cuenta para determinar el castigo. • El incumplimiento del Estado de su deber de garantizar que los ataques violentos motivados por la hostilidad hacia la orientación sexual real o presunta de las víctimas no quedaran sin una respuesta apropiada».

26. Caso Kirov Lro y Dmitriyevykh c. Rusia, 10 julio 2025 (RI §428730)

Es un grupo de recursos cuyos detalles se dan en la tabla adjunta a la sentencia. Aquellos se centran en la prohibición de la organización religiosa Testigos de Jehová y el procesamiento de sus seguidores por cargos de extremismo que violaban sus derechos a la libertad de religión y asociación. Al respecto ya se pronunció con anterioridad el TEDH. Pero, además, el segundo recurrente se quejó principalmente de su procesamiento por la distribución de publicaciones religiosas de los Testigos de Jehová calificadas como material «extremista». Se basó en el artículo 9 del Convenio, en conjunción con el artículo 10 del mismo. Aquí de nuevo el tribunal vuelve a aplicar la doctrina del caso Taganrog LRO y otros de 2022, en que se constató una violación del artículo 9 del Convenio, en conjunción con el artículo 10, en relación con cuestiones similares a las del presente caso. «El tribunal señaló, en particular, que el delito de difusión masiva de material extremista, previsto en el artículo 20.29 del CAO, se tipificaba en el Derecho ruso como un delito formal. […]. Debido a la naturaleza formal del delito, las decisiones judiciales que declaraban responsables a los recurrentes por la difusión de material extremista no incluían ninguna evaluación del contexto de la difusión ni de sus posibles consecuencias perjudiciales. Sin embargo, el tribunal sostuvo que el hecho de que el derecho interno no exigiera prueba de que el delito hubiera tenido efectos concretos no obviaba la necesidad de justificar la injerencia ni de demostrar que era necesaria en las circunstancias específicas. […]. La falta de ponderación llevó al tribunal a la conclusión de que la injerencia no perseguía ninguna «necesidad social apremiante» y, por lo tanto, no era «necesaria en una sociedad democrática».

El supuesto aquí analizado no justifica que se llegue a una conclusión diferente, sobre la admisibilidad y el fondo de esta demanda, y revela una infracción del artículo 9 del Convenio, en relación con el artículo 10 del mismo, debido al procesamiento penal del segundo demandante.

27. Caso I.M. y otros c. Rusia, 10 julio 2025

Se reúnen unos recursos cuyos detalles se recogen en la tabla que acompaña a la sentencia.

Los demandantes denunciaron el riesgo de tortura en caso de ser devueltos al país de destino. Este los reclamaba por cargos relacionados con el extremismo (religioso o político). «El tribunal reitera que previamente ha concluido sistemáticamente que la expulsión de un recurrente acusado de delitos con motivación religiosa y política en Uzbekistán y Tayikistán lo expone a un riesgo real de malos tratos en su país de origen […]. Nada en los casos presentes ni en el material procedente de fuentes internacionales independientes proporciona en este momento una base suficiente para concluir que las personas procesadas por delitos con motivaciones religiosas y políticas ya no corren ese riesgo».

28. Caso Bagirov e Ibishbeyli c. Azerbaiyán, 15 julio 2025

Las presentes demandas se refieren principalmente a los presuntos malos tratos sufridos por los recurrentes durante su arresto, traslado o detención, y a la presunta ausencia de investigaciones efectivas al respecto (art. 3, en su aspecto de detención prolongada y de malos tratos). El primer demandante es líder de un movimiento religioso no registrado, Müsəlman Birliyi («HM»), fundado a principios de 2015. Fue arrestado durante los denominados «sucesos de Nardaran» del 26 de noviembre de 2015. Posteriormente, fue condenado por varios delitos graves (los procedimientos pertinentes son objeto de la demanda n.º 47347/18, pendiente de resolución ante el tribunal). Entonces, agentes de policía armados de la Unidad contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior («UCO») llevaron a cabo una operación que consistió en entrar en una vivienda en Nardaran, un suburbio de Bakú, donde varias personas, incluido el primer demandante, asistían a una reunión religiosa. Se constataron violaciones del artículo 3 del Convenio.

29. Caso Rutkauskas c. Lituania, 26 agosto 2025 (RI §428729)

El recurrente es testigo de Jehová y ministro religioso. Tras ser llamado a prestar el servicio militar obligatorio en Lituania, según la Ley de Reclutamiento, se negó a hacerlo alegando sus creencias religiosas y su conciencia. Su solicitud de realizar el servicio civil no fue atendida por las autoridades militares, que el 7 de septiembre de 2015 también decidieron no eximirlo del servicio militar obligatorio inicial. El solicitante impugnó sus decisiones, ante el Tribunal Administrativo Regional de Vilna, que, el 31 de octubre de 2017, desestimó su recurso. En octubre de 2019, se produjo la decisión final del Tribunal Administrativo Supremo, que no amparó sus demandas. El recurrente se quejó, amparándose en el artículo 9 del Convenio, de que, a pesar de sus genuinas convicciones religiosas y de su conciencia, se le había negado el derecho a rechazar el servicio militar. Si bien nunca había negado sus obligaciones cívicas, la legislación lituana no preveía un servicio civil alternativo.

Se aplica la doctrina del caso Teliatnikov c. Lituania, 7 junio 2022, por su similitud fáctica. El demandante, como miembro de los Testigos de Jehová, solicitó la exención del servicio militar basándose en sus convicciones religiosas, y se refirió a dichas razones en su solicitud a la autoridad militar. Por lo tanto, la denegación de esta solicitud de exención constituyó una injerencia en el derecho del demandante a la libertad de pensamiento y de conciencia, reconocido en el artículo 9 (compárese también el caso Teliatnikov, citado supra, §§ 91-92). Dicha injerencia tenía fundamento jurídico, concretamente en la Ley de Reclutamiento, pero para el tribunal es innecesario determinar si el objetivo de proteger la seguridad pública y los derechos y libertades de los demás era legítimo a los efectos del artículo 9, párrafo 2, ya que, incluso suponiendo que lo fuera, la injerencia era en cualquier caso incompatible con dicha disposición, pues la decisión impugnada se basó en un sistema que no permitía excepciones basadas en la conciencia al servicio militar obligatorio, ni consideró la realización de un servicio civil alternativo. No logró un equilibrio justo entre los intereses de la sociedad y los de las personas con convicciones religiosas genuinas. Por lo tanto, no puede considerarse necesaria en una sociedad democrática.

«A la luz de lo anterior, el Tribunal concluye que se ha violado el artículo 9 del Convenio».

30. Caso Ilareva y otros c. Bulgaria, 9 septiembre 2025

Según comunicado de prensa del tribunal: «Los demandantes, Valeria Ilareva, Lidia Staykova y Krasimir Kanev, son ciudadanos búlgaros nacidos en 1980, 1971 y 1958, respectivamente. La Sra. Ilareva y el Sr. Kanev residen en Sofía, mientras que la Sra. Staykova reside en Haskovo (Bulgaria). Ambos participan en organizaciones no gubernamentales que trabajan para la protección de los derechos de las minorías y los migrantes.

El caso se refiere a la presunta falta de investigación efectiva por parte de las autoridades nacionales sobre las amenazas explícitas recibidas por los demandantes en relación con sus actividades profesionales en Facebook. [Los recurrentes presentaron una denuncia penal, ante la Fiscalía, por presunta vulneración de su derecho al respeto de la vida privada, como consecuencia de las amenazas recibidas, y por la discriminación basada en el origen y religión de las personas cuyos derechos defendían en su trabajo].

Invocando los artículos 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) y 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar), por separado o en conjunción con los artículos 13 (derecho a un recurso efectivo) y 14 (prohibición de discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, los demandantes alegan que las autoridades no investigaron eficazmente sus denuncias. Violación del artículo 8 en relación con el artículo 14».

31. Caso Soberana Orden de los Caballeros de Malta-Gran Priorato Checo c. República Checa, 11 septiembre 2025 (RI §428727)

Resumen de los servicios del TEDH: «Art. 6 (civil). • Audiencia justa. • Se desatiende un desarrollo recientemente establecido de jurisprudencia constitucional, por una sala del Tribunal Constitucional, sin motivos, en procedimientos relacionados con la restitución de propiedad de la iglesia • Falla de la sala pertinente en utilizar el mecanismo de Derecho interno de someter el asunto a una sesión plenaria del Tribunal Constitucional para asegurar la coherencia de la práctica entre las diferentes salas. • Principio de seguridad jurídica violado [artículo 6.1 del Convenio]».

32. Caso Gergely c. Rumanía, 16 septiembre 2025 (RI §428728)

Se declara la violación del artículo 9 del Convenio (libertad de pensamiento, conciencia y religión: artículo 9-1 – libertad de religión), por la denegación a un recluso de menú acorde con su nueva religión islámica.

33. Caso Imanov c. Azerbaiyán, 7 octubre 2025

Según comunicado de prensa de los servicios del tribunal: «El recurrente, Yalchin Jamil oglu Imanov, es ciudadano azerbaiyano nacido en 1973 y residente en Sumgayit (Azerbaiyán). Fue abogado de derechos humanos y miembro del Colegio de Abogados de Azerbaiyán.

El caso se refiere a su inhabilitación para ejercer la abogacía debido a sus declaraciones a la prensa sobre los presuntos malos tratos sufridos por uno de sus clientes en la prisión de Gobustán en 2017.

Invocando los artículos 8 (derecho al respeto de la vida privada), 10 (libertad de expresión) y 18 (limitación del uso de restricciones de derechos) del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 1 del Protocolo n.º 1 (protección de la propiedad) del Convenio Europeo, el solicitante alega que su inhabilitación por tal motivo vulneró sus derechos amparados por el Convenio. Violación del artículo 10. Violación del artículo 8».

Los hechos a los que el abogado se refiere se retrotraen a noviembre de 2015. Entonces la Unidad de Delincuencia Organizada del Ministerio del Interior llevó a cabo una operación que incluyó el allanamiento de una vivienda en Nardaran, un suburbio de Bakú, donde varias personas, entre ellas A.H., asistían a una reunión religiosa. Según los registros policiales, la operación se organizó tras recibir información de que el fundador de un movimiento religioso no registrado llamado Müsəlman Birliyi («Unión Musulmana») y varias otras personas se reunían, entre otras cosas, para preparar una toma violenta del poder, disturbios masivos y actos terroristas, organizar grupos armados y obtener armas. Durante la operación, se produjeron disparos que causaron la muerte de seis personas (cuatro asistentes a la reunión y dos policías) y heridas a muchas otras. Según los registros policiales, entre los objetos encontrados e incautados en el lugar de los hechos se encontraban armas, sustancias explosivas y folletos con llamamientos a la violencia.

El acusado A.H. presentó en su momento recurso al TEDH (sentencia Mustafayev y otros c. Azerbaiyán, 13 June 2024) que fue estimado, por vulneración del artículo 3. Los malos tratos en la prisión que él denunciaba fueron también descritos a los medios de transmisión de masas por Yalchin Jamil oglu Imanov. En consecuencia, el responsable de los servicios penitenciarios dirigió una queja al Colegio de Abogados para que aquel fuese sancionado por estos hechos. Finalmente se le inhabilitó para el ejercicio de la profesión.

34. Caso Comunidad religiosa de la parroquia Svyato-Uspenskyy de la eparquía de Rivne de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana en la aldea de Ptycha del distrito de Dubenskyy c. Ucrania, 9 octubre 2025 (RI §428726)

Según comunicado de prensa de los servicios del tribunal: «La recurrente es una comunidad religiosa perteneciente a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana (IOU) que, cuando presentó la solicitud en 2019, estaba asociada al Patriarcado de Moscú y estaba presidida por el Metropolitano de Kiev y de toda Ucrania, Onufriy.

La comunidad posee y utiliza una iglesia en la localidad de Ptycha, en la región de Rivne. El caso se refiere al uso litúrgico y la posesión pacífica de la iglesia por parte de la comunidad solicitante en el contexto de una disputa sobre dicho edificio con otro grupo religioso.

En 2014 surgieron tensiones entre los feligreses que seguían siendo miembros de la IOU y los que seguían a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Kiev. Se inició un conflicto por el uso de la iglesia, que derivó en enfrentamientos. En enero de 2016, el Tribunal Municipal de Rivne incautó la iglesia y prohibió su uso. Cuando se levantó dicha decisión en abril de 2018, individuos no identificados intentaron ocupar el edificio de la iglesia, causando daños y heridas a uno de sus feligreses. Al día siguiente, el Tribunal Municipal de Rivne volvió a incautar el edificio para evitar nuevos enfrentamientos y prohibió su uso. En 2018, la comunidad recurrente obtuvo la condición de víctima en la investigación de esos hechos, pero perdió sus recursos para que se levantara la prohibición.

La comunidad recurrente alega que las autoridades nacionales incumplieron sus obligaciones en virtud del artículo 9 (libertad de pensamiento, conciencia y religión) y el artículo 1 del Protocolo n.º 1 (protección de la propiedad) con respecto a esos hechos. Violación del artículo 9».

35. Caso Markin y otros c. Rusia, 16 octubre 2025 (RI §429057)

Se han examinado sentencias similares este año. Los solicitantes denunciaron que su procesamiento por cargos de extremismo, por proseguir las actividades de organizaciones religiosas locales de Testigos de Jehová, disueltas, mediante la organización de servicios religiosos y la práctica pacífica de su religión en comunidad, había violado sus derechos a la libertad de religión y asociación. Algunos solicitantes también presentaron otras denuncias al amparo de las disposiciones del Convenio. Se les aplica la doctrina del caso guía Taganrog LRO y otros c. Rusia, 7 June 2022, «Violación del artículo 9 - Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (Artículo 9-1 - Libertad de religión) Violación del artículo 9 - Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (Artículo 9-1 - Libertad de religión)».

36. Caso N.R. c. Turquía, 23 octubre 2025

El recurrente es un ciudadano tayiko que huyó de su país debido a un supuesto temor a ser perseguido por sus creencias religiosas, en particular su afiliación al movimiento Tablighi Jamaat, prohibido en Tayikistán. El caso se refiere a su amenaza de deportación a Tayikistán y a la presunta ausencia de un recurso efectivo para impugnar la decisión de deportación con arreglo a los artículos 3 y 13 del Convenio.

El recurrente entró legalmente en Turquía el 16 de mayo de 2014. El 26 de junio de 2018 se dictaron dos prohibiciones de entrada contra aquel, alegando motivos de seguridad y su presunta participación en las actividades de una organización ilegal. Posteriormente, en diciembre de 2018, se registró el domicilio del solicitante y fue puesto bajo custodia debido a que supuestamente tenía registrada en su domicilio una línea telefónica fija vinculada al ISIS. Posteriormente, se le revocó el permiso de residencia.

En enero de 2019, se ordenó la deportación del recurrente y este solicitó protección internacional. En escrito ante el Tribunal Constitucional turco solicitó la suspensión provisional del procedimiento de deportación. Afirmó que, como musulmán devoto, pertenecía al movimiento Tablighi Jamaat, una organización religiosa islámica no violenta que promueve el proselitismo, proscrita por el gobierno tayiko. Afirmó que su pertenencia a dicho movimiento le había llevado a ser encarcelado en Tayikistán entre 2009 y 2013, período durante el cual fue sometido a diversas formas de tortura. Tras dicho encarcelamiento, huyó a Turquía. Afirmó que seguía participando en las actividades del movimiento en Estambul, declarando que frecuentaba la mezquita «Mescid-î Selâm». El solicitante también alegó que las autoridades consulares tayikas se habían puesto en contacto con él, informándole de que su regreso a Tayikistán conllevaría su encarcelamiento a menos que abandonara su afiliación al movimiento Tablighi Jamaat. Para respaldar sus alegaciones, citó informes de diversas organizaciones internacionales y organismos gubernamentales que detallaban la situación de los derechos humanos en Tayikistán de las personas asociadas con movimientos religiosos. Uno de dichos informes mencionaba específicamente su detención en Tayikistán por tales motivos en el momento pertinente. Se constata violación del artículo 13 conjuntamente con el 3 del Convenio, por la amenaza asociada a la deportación de Turquía.

37. Caso A. R. c. Polonia, 13 noviembre 2025 (RI §429056)

Resumen facilitado por los servicios del tribunal: «Art. 8. • Vida privada. • Incertidumbre prolongada, en cuanto a las leyes aplicables y la permisibilidad del aborto por motivos de anomalía fetal, causada por la publicación tardía y la entrada en vigor de la sentencia del Tribunal Constitucional que introdujo enmiendas, y que dio lugar a que la demandante viajara al extranjero para la interrupción. • Art. 8 aplicable. • Los procedimientos impugnados afectaron los derechos de la demandante en virtud del Art. 8. • Conclusiones en M.L. c. Polonia de que la sentencia pertinente no fue adoptada por un “tribunal establecido por ley” pertinentes. • La restricción impugnada no fue emitida por un órgano compatible con los requisitos del estado de derecho • Falta de previsibilidad requerida debido a la incertidumbre general en cuanto al marco jurídico aplicable. • Interferencia no “conforme a la ley”. Declara una violación del artículo 8 del Convenio por el retraso procesal en determinar si los abortos por motivos médicos seguían siendo legales».

38. Caso Miragayev c. Azerbaiyán, 9 diciembre 2025

«La demanda se refiere a la presunta entrada ilegal y registro del apartamento del demandante, a raíz de una denuncia presentada por un vecino a la policía, y a la incautación de libros religiosos y una suma de dinero, así como a la imparcialidad del proceso. El demandante se refirió a los artículos 6, 8 y 34 del Convenio. Los hechos fueron parcialmente controvertidos por las partes». El tribunal considera que se ha vulnerado el artículo 8 del Convenio debido a la entrada ilegal de agentes de policía en el apartamento del demandante; así como el artículo 6, apartado 1, del Convenio.

39. Caso Z y otros c. Finlandia, 16 diciembre 2025

Comunicado de prensa de los servicios del tribunal: «Los solicitantes, el Sr. Z y sus dos hijos menores, X e Y, son ciudadanos rusos nacidos en 1983, 2011 y 2013, respectivamente. En septiembre de 2022, el Sr. Z se llevó a X e Y de Rusia a Finlandia sin el consentimiento de su madre. El caso se refiere a la decisión de los tribunales finlandeses de ordenar la repatriación a Rusia de X e Y, quienes habían obtenido asilo en Finlandia, en virtud del Convenio de La Haya sobre Sustracción de Menores.

Invocando el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, los recurrentes denuncian que la orden del Tribunal Supremo de repatriación de los menores vulneró su derecho al respeto de su vida familiar. También denuncian, en virtud del artículo 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes), que, de ser devueltos a Rusia, X e Y serían sometidos a malos tratos [La demandante alegó que la madre entregaría a los niños a una secta religiosa, que el Tribunal Supremo interpretó por su nombre como la iglesia local. En su respuesta, la madre declaró que los niños regresarían a casa y que las alegaciones de la primera demandante eran falsas]. No se ha infringido el artículo 8.

Medida provisional (artículo 39 del Reglamento): sigue vigente respecto del segundo y tercer demandantes hasta que la presente sentencia sea firme o hasta nuevo aviso».

La decisión del Servicio de Inmigración concedió asilo a los tres solicitantes (al padre se le concedió porque existían motivos para creer que sería perseguido por sus opiniones políticas en Rusia y a los niños la concesión era automática, por ser menores). Además allí se decía:

«... En cuanto a sus hijos, también ha mencionado la violencia doméstica cometida por la madre y la hermana, la escolarización militar y el lavado de cerebro [por parte del líder de una secta religiosa]. Dado que se ha sostenido anteriormente que se cumplen las condiciones para el asilo en su caso y que a sus hijos se les concede asilo por ser menores de edad en su familia, no es necesario evaluar estos elementos en esta decisión».

2.2 Repertorio de decisiones
1. Decisión A.G. c. Turquía, 21 enero 2025

Se absuelve a varón de mantener relaciones sexuales con varias mujeres, pues estas habían dado su consentimiento. En ese caso, el acusado, quien se había presentado como poseedor de títulos religiosos, había convivido con siete mujeres, una de las cuales era su esposa oficial [matrimonio civil]. Había celebrado matrimonios religiosos con las otras mujeres. La Decimocuarta Sala Penal concluyó que no había indicios de que las cinco denunciantes no hubieran consentido en tener relaciones sexuales con el acusado, ni de que este hubiera empleado violencia o coerción contra ellas. Un miembro de la Decimocuarta Sala Penal disintió, señalando que el acusado había presentado los actos sexuales como requisitos religiosos y como una forma de permitir que sus víctimas elevaran su estatus espiritual. Ese miembro consideró que las acciones del acusado habían constituido engaño y habían invalidado el consentimiento de las víctimas.

El tribunal considera que el hecho de que el fiscal, en su decisión de septiembre de 2015, decidiera no iniciar un proceso penal contra X no puede interpretarse como una falta de investigación efectiva. Los documentos del expediente de la investigación y la decisión del fiscal demuestran que este sí investigó las denuncias de violación de la demandante y, al hacerlo, examinó las circunstancias que supuestamente invalidaron su consentimiento a las relaciones sexuales en cuestión. En vista de lo anterior, el tribunal concluye que no hay indicios de que las autoridades hayan incumplido sus obligaciones positivas en virtud de los artículos 3 y 8 del Convenio. Por consiguiente, la demanda es manifiestamente infundada y debe ser desestimada de conformidad con el artículo 35, apartados 3 (a) y 4, del Convenio.

2. Decisión Asociación de Obediencia Eclesiástica Ortodoxa y otros c. Grecia, 25 febrero 2025

Los recurrentes son padres de una guardería o escuela infantil. «Los casos se refieren a las quejas de los demandantes, sobre el derecho de acceso a un tribunal, debido a que los tribunales nacionales no revisaron a tiempo sus solicitudes de anulación de la prohibición temporal del funcionamiento de iglesias y de la enseñanza presencial, medidas adoptadas por el Gobierno griego para combatir la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). También se refiere a la queja de la asociación demandante, presentada en la solicitud n.º 52104/20, por una violación de la libertad religiosa».

La asociación recurrente invoca los artículos 9, 13 y 15 del Convenio, por la falta de un recurso efectivo para la protección de la libertad de culto colectivo, durante el período de medidas urgentes sin declaración del estado de excepción, debido a que los tribunales nacionales no examinaron a tiempo su solicitud de anulación de las medidas impugnadas.

«El hecho de que el Tribunal Supremo de Apelaciones no examinara el fondo de la solicitud de la asociación demandante para anular las medidas de prohibición de servicios religiosos puede interpretarse como una restricción del derecho a manifestar la propia religión en comunidad con otros, de conformidad con el artículo 9 del Convenio. La injerencia en cuestión estaba prescrita por la ley y perseguía un fin legítimo […]. Por las razones expuestas […], no era desproporcionada con respecto al fin legítimo perseguido. En vista de todas las circunstancias del caso, no constituyó una injerencia injustificada en el derecho de la asociación demandante a practicar la religión. La demanda es manifiestamente infundada y debe ser desestimada de conformidad con el artículo 35, apartados 3 (a) y 4 del Convenio».

3. Decisión Unión de Ateos c. Grecia, 25 febrero 2025

El recurso se refiere a la incapacidad de la asociación recurrente para impedir la inclusión de pasajes que supuestamente ofenden al ateísmo en el capítulo pertinente del manual de educación religiosa, a pesar de que se accedieron a solicitudes similares de la Iglesia Ortodoxa. La reforma normativa dejó sin objeto el recurso que se sobreseyó.

Se comenta después.

4. Decisión Alneel c. Noruega, 11 marzo 2025

Un nacional sudanés (X) obtuvo la residencia temporal en Noruega en 2010 y la ciudadanía en 2016. Durante una visita a Sudán y una estancia más prolongada en 2017, conoció a la recurrente y contrajeron matrimonio en 2018. Esta solicitó, en marzo de 2019, un permiso de residencia en Noruega alegando estar casada con X. Antes de casarse en 2018, solo habían pasado tiempo juntos durante ese mismo mes, cuando ella tenía 20 años y X 28. Pero, en marzo de 2019, la Dirección Noruega de Inmigración desestimó la solicitud alegando que existía un requisito de edad mínima de veinticuatro años para obtener el permiso, ya que el matrimonio no se había celebrado antes de la entrada de X en Noruega ni mientras ambas partes poseían un permiso de residencia en Noruega. La Dirección no encontró fundamento para eximirla del requisito de edad, ya que no consideró evidente que el matrimonio hubiera sido voluntario, condición para la exención.

El 2 de abril de 2019, la recurrente interpuso un recurso ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y proporcionó más detalles sobre su relación con X. Declaró que, mientras X visitaba Sudán en 2017, había alquilado una habitación en casa de su hermano, donde se conocieron. No eran parientes y X le había pedido permiso a su hermano para casarse con ella. Declaró que había accedido a casarse con X, sin ningún tipo de coacción ni presión.

En 2019, la Junta de Apelaciones de Inmigración confirmó la decisión de la Dirección. La Junta señaló que la recurrente y X provenían de una zona donde se practican matrimonios forzados y que, por lo tanto, corrían el riesgo de ser sometidos a matrimonio forzado. Por lo tanto, se aplicaba el requisito de la edad de veinticuatro años y no se le podía conceder un permiso de residencia.

5. Decisión Comunidade Israelita do Porto/Comunidade Judaica do Porto c. Portugal, 18 marzo 2025

El 10 de marzo de 2022, D.L. fue detenido bajo sospecha de corrupción y blanqueo de capitales en relación con las declaraciones que emitió en las que reconocía la ascendencia judía sefardí de las personas que solicitaban la nacionalidad portuguesa, previstas en el Decreto-Ley n.º 30-A/2015. Posteriormente un juez de instrucción del Juzgado Central de Instrucción de Lisboa ordenó la puesta en libertad de D.L., con ciertas cautelas que luego fueron atenuadas.

Invocando los artículos 5, 6 y 13 del Convenio, la asociación demandante denunció la ilegalidad de la detención de D.L., la falta de independencia e imparcialidad del juez de instrucción y la falta de un recurso efectivo para resolver dichas denuncias. Asimismo, invocó los artículos 3, 9 y 14 del Convenio, para denunciar que era objeto de persecución y discriminación en Portugal.

Mas en el expediente no hay nada que demuestre –ni la asociación demandante lo ha alegado– que ella se ha visto directamente afectada por los hechos denunciados. Las denuncias son incompatibles ratione personae con las disposiciones del Convenio en el sentido del artículo 35, apartado 3, letra a), y deben ser desestimadas en virtud del artículo 35, apartado 4.

6. Decisión Asociación religiosa del antiguo Báltico «Romuva» c. Lituania, 24 abril 2025

El tribunal determinó que se habían vulnerado los derechos de la asociación demandante en virtud del artículo 14 del Convenio, en relación con el artículo 9, debido a la negativa del Seimas (Parlamento lituano) a otorgarle la condición de asociación religiosa reconocida por el Estado, así como el artículo 13 del Convenio, debido a que la asociación demandante no disponía de un recurso interno efectivo respecto a la decisión impugnada del Seimas.

En 2025, la asociación demandante informó a la Secretaría que deseaba retirar su demanda ante el tribunal, dado que, el 12 de diciembre de 2024, el Seimas le había concedido el reconocimiento estatal.

7. Decisión Ján Figeľ c. Eslovaquia, 3 julio 2025 (RI §428734)

El recurso recuerda a otro ya mencionado. Esta vez se refiere a las medidas adoptadas por el Gobierno eslovaco en el contexto de la COVID-19 entre febrero y abril de 2021. En particular, la prórroga del estado de emergencia pública, hasta el 28 de abril de 2021, con las medidas de confinamiento, y otras medidas de la Autoridad de Salud Pública que introdujeron restricciones y la prohibición de eventos públicos. En respuesta a esto último, la Conferencia Episcopal Eslovaca suspendió la celebración de servicios religiosos públicos.

El demandante alegó que la prohibición de asistir a servicios religiosos públicos había vulnerado sus derechos en virtud del artículo 9 del Convenio. En particular, sostuvo que la injerencia en cuestión no había sido conforme a la ley, no había perseguido un objetivo legítimo y no había sido necesaria en una sociedad democrática.

El tribunal considera que la demanda constituye una acción popular y la demandante no puede ser considerada víctima a efectos del artículo 34 del Convenio. En consecuencia, el recurso es incompatible ratione personae con las disposiciones del Convenio en el sentido del artículo 35, apartado 3, letra a), y debe ser rechazada de conformidad con el artículo 35, apartado 4.

8. Decisión Elsa Maria Terrinca Marques Ramos c. Portugal, 7 octubre 2025

El recurso se refiere a la condena de la demandante por dos cargos de difamación. Ella invocó los artículos 9 y 10, por la vulneración de su derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como de su derecho a la libertad de expresión. El contexto son las quejas de la recurrente contra A por el ejercicio de la custodia de menor J.

Cuando A tuvo conocimiento, en 2016, de las declaraciones de la demandante, presentó, junto con F., una denuncia penal contra aquella, por difamación.

En 2020 la demandante fue condenada, por los cargos de difamación. El tribunal señaló que las declaraciones de la demandante (basadas en lo que el padre de J. le había contado) eran falsas. El Tribunal de Apelación hizo referencia a la igual ponderación del derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor y a la reputación. Invocando los artículos 9 y 10 del Convenio, la recurrente denunció una violación de su derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como de su derecho a la libertad de expresión.

El TEDH constatató que los tribunales nacionales lograron un equilibrio justo, dentro de su margen de apreciación, entre los intereses en juego, y declaró la demanda manifiestamente infundada y la desestimó, de conformidad con los artículos 35, §§ 3 (a) y 4 del Convenio.

9. Decisión Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión («Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision», SSR) y otros c. Suiza, 9 de octubre 2025

El 22 de enero de 2015, la empresa demandante, la Sociedad Suiza de Radiodifusión (SSR), emitió un reportaje titulado «Affaire [G.], du vin en eaux troubles» («Asunto [G.]: vino en aguas turbulentas»). La investigación se centró en irregularidades en el mercado vitivinícola suizo y en el caso del Sr. D.G. El reportaje también abordaba sus creencias religiosas y su opinión sobre el aborto y la homosexualidad. Ante desavenencia entre ambas partes, la empresa recurrió. El tribunal concluyó que el informe no había proporcionado una visión equilibrada, se había centrado desproporcionadamente en el Sr. D.G. y había ignorado cuestiones regulatorias más amplias. Señaló que el enfoque del informe sobre la vida personal, las creencias religiosas y los juicios morales del Sr. D.G., eran ajenos al propósito de la investigación. En definitiva, se había desacreditado innecesariamente al Sr. D.G., incumpliendo así las normas éticas. La empresa recurrente puso bajo embargo su reportaje.

Una vez llegado el asunto ante el TEDH, este no encuentra pruebas de un efecto disuasorio en el presente caso. Por consiguiente, las decisiones impugnadas no pueden considerarse una «injerencia» en el derecho a la libertad de expresión de los demandantes. La denuncia no cumple los criterios de admisibilidad establecidos en los artículos 34 y 35 del Convenio y no revela indicios de violación de los derechos o libertades consagrados en el Convenio o sus Protocolos. Por los que el recuso debe ser desestimado de conformidad con el artículo 35, apartados 3 (a) y 4, del Convenio.

10. Decisión Rafail Tsiliggros c. Grecia, 4 noviembre 2025 (RI §429055)

El recurrente fue llamado a filas para el servicio militar. En 2015, presentó una solicitud de exención del servicio militar por su condición de monje en la comunidad religiosa de los Verdaderos Cristianos Ortodoxos – Antiguos Calendaristas de Lamia. En 2015, el Servicio de Reclutamiento de Grecia Occidental rechazó su solicitud alegando que, según la legislación nacional, solo los monjes pertenecientes al Monte Athos estaban exentos del servicio militar. El recurso se basa en que, la negativa del Servicio de Reclutamiento a concederle la exención del servicio militar, violó su libertad religiosa, ya que se le impidió permanecer en su comunidad religiosa, acatar sus leyes y tradiciones sagradas y cumplir con sus deberes religiosos, y constituyó un trato discriminatorio contra los funcionarios religiosos, monjes y novicios de su comunidad.

El monje, sin embargo, luego se acogió a un motivo de suspensión de la incorporación a filas, por motivos de salud. Además, la legislación griega establece un sistema de servicio alternativo para los objetores de conciencia al servicio militar, incluso por motivos relacionados con creencias religiosas. Algo que el recurrente no aprovechó.

El tribunal considera que, al denegarle la exención del servicio militar por ser monje de la comunidad religiosa de los Verdaderos Cristianos Ortodoxos-Antiguos Calendaristas, las autoridades nacionales no sobrepasaron su margen de apreciación y lograron un equilibrio justo entre los intereses de la sociedad en su conjunto y los del individuo. La denuncia es manifiestamente infundada y debe ser rechazada de conformidad con el artículo 35, apartados 3 (a) y 4, del Convenio.

11. Decisión Barutçuzade Ahmet Vasif Efendi Vakfi y Hakki c. Chipre, 4 diciembre 2025

Los recurrentes son: un fideicomiso religioso musulmán (vakf) que administra bienes donados en nombre de más de 50 beneficiarios (demanda n.º 19698/24), y la organización que representa un fideicomiso anterior (mutevelli) y que administra actualmente sus bienes (demanda n.º 21245/24).

El caso se refiere a dos terrenos (n.º 252 y 253) propiedad de la organización recurrente y situados en las zonas controladas por el Gobierno de la República de Chipre (las «zonas controladas por el Gobierno»). Tras los sucesos de 1974, la organización recurrente perdió la posesión física de los terrenos en cuestión. Algún tiempo después, las parcelas fueron puestas bajo la custodia del Ministro del Interior, que actuaba como Custodio de las propiedades turcochipriotas en las zonas controladas por el gobierno («Custodio»), de conformidad con la Ley de 1991 sobre la Administración de Propiedades Turcochipriotas en la República y Otros Asuntos Relacionados (Ley n.º 139/1991 – «la Ley»).

Invocando el artículo 1 del Protocolo n.º 1 del Convenio, ambos recursos denuncian una injerencia en sus derechos de propiedad debido a su incapacidad, bajo el régimen de custodia, para usar los bienes en cuestión o beneficiarse de ellos, y a la imposibilidad de recibir una indemnización por la pérdida de sus bienes y su derecho a usarlos. Invocan el artículo 14 del Convenio, junto con el artículo 1 del Protocolo n.º 1 y el artículo 1 del Protocolo n.º 12. Este porque atribuyen a motivos discriminatorio la negativa de las autoridades a restituirles sus bienes. Asimismo, denuncian la falta de un recurso efectivo para resolver sus quejas, en contravención del artículo 13 del Convenio.

Ambos recurrentes presentaron otras denuncias al amparo de diversas disposiciones del Convenio. El tribunal considera, de conformidad con el derecho interno y su propia jurisprudencia que las reclamaciones planteadas por los demandantes deben abordarse mediante una acción civil interpuesta ante los tribunales nacionales contra el Custodio y el Estado, y proseguirse hasta la última instancia jurisdiccional.

Mas puesto que los demandantes no han agotado los recursos de la ley, sus reclamaciones –en virtud del artículo 14 del Convenio, el artículo 1 del Protocolo n.º 1 y el artículo 1 del Protocolo n.º 12– deben desestimarse (artículo 35, apartados 1 y 4, del Convenio). También debe ser rechazada la queja sobre la existencia de un recurso efectivo (art. 13), por ser manifiestamente infundada (art. 35 §§ 3 y 4 del Convenio).

12. Decisión Fundación la Iglesia Armenia Sulumanastir Surp Kevork en Samatya y el Cementerio y Escuela Armenios Sahakyan Nunyan c. Turquía, 16 diciembre 2025

El recurso lo presenta una fundación perteneciente a una minoría religiosa propietaria de terrenos en Fatih, Estambul. Además, aquella posee y gestiona una cafetería en uno de dichos terrenos, con la que afirma financiar sus actividades como fundación.

En 2011, la Municipalidad Metropolitana de Estambul designó algunos de dichos terrenos como zonas verdes en su plan de ordenación. La recurrente se dirigió ante el Tribunal Administrativo solicitando la nulidad del plan de ordenación. El Tribunal Administrativo, tras un informe pericial, rechazó lo argumentado por la fundación. Sin embargo, el informe también señaló que, dado que las parcelas en cuestión eran propiedad de una fundación de una minoría religiosa, las autoridades administrativas podrían haber obtenido un beneficio público multidimensional al optar por una solución diferente que no extinguiera la fuente de ingresos de la fundación solicitante.

En 2016, el Tribunal Supremo Administrativo confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo y mantuvo el planeamiento urbanístico.

En 2017, la fundación presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero fue desestimado. Se contestó que parte de los detalles de la reordenación urbanística debían ser desarrollados más tarde, así como las correspondientes expropiaciones e indemnizaciones. La cafetería de la fundación demandante continuó funcionando, sin cambios durante todo el procedimiento.

Como en el caso no se impuso a la fundación una carga especial o excesiva que alterase el justo equilibrio que debe mantenerse entre, por un lado, las exigencias del interés público y, por otro, la salvaguardia del derecho al disfrute pacífico de los bienes, la demanda es manifiestamente infundada y debe desestimarse en virtud del artículo 35, apartados 3 (a) y 4, del Convenio.

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3. Comentarios

3.1 Panorama de la libertad religiosa en 2025

Se mezclan en el conjunto de resoluciones reunidas asuntos variados, algunos de ellos son tradicionales (reclamaciones por propiedades de entidades religiosas, en países de Europa del Este[8], o Grecia[9], objeción de conciencia al servicio militar[10], extradiciones vinculadas al extremismo religioso que pone en riesgo al solicitante de estatuto de refugiado[11], medidas restrictivas provocadas por la COVID-19, etc.[12]). Hay que destacar que son muy abundantes los casos de condena de diversos Estados y siempre a la cabeza la Federación Rusa (casos Klimova y otros c. Rusia, 4 febrero 2025, y Milashina y otros c. Rusia, 4 marzo 2025), cuando se plantea la discriminación o maltrato ante homosexuales. Por ejemplo, casos Minasyan y otros c. Armenia, 7 enero 2025, y Bednarek y otros c. Polonia, 10 julio 2025, éste con vulneración del art 3 (+ art 14), por respuesta insuficiente del Estado a la agresión con connotaciones homofóbicas cometida contra los recurrentes[13].

También destacan los casos referidos a trabas a las prácticas de los Testigos de Jehová que acaban en condenas, por vulneración del Convenio, como, por ejemplo, casos Loginov y otros c. Rusia, 6 marzo 2025 y Markin y otros c. Rusia, 16 octubre 2025[14].

Las resoluciones anteriores se juntan con materias menos tratadas como la aplicación del requisito de «buena conducta», para autorizar empresa de apuestas en la sentencia Versaci c. Italy, 15 mayo 2025. Asimismo, es menos habitual lo que plantea el caso Gergely c. Rumanía, 16 septiembre 2025, dieta penitenciaria religiosa, o los ataque a los sentimientos religiosos del caso Samodurov y otros c. Rusia, 6 febrero 2025. Por último, nos referimos a la Decisión Alneel c. Noruega, 11 marzo 2025, que involucra la negativa a permiso de residencia de cónyuge de nacional, por no cumplir el requisito de 24 años de edad, en el momento de contraer. No se dispensó de este requisito por el temor de que se tratase de matrimonio forzado (extendidos en países de mayoría islámica, como Sudán, de donde eran originarios los contrayentes).

3.2 Examen particularizado de pronunciamientos más relevantes o novedosos

Empezamos por el caso Samodurov y otros c. Rusia, 6 febrero 2025 que nos evoca el tema de la libertad de expresión en conflicto con la protección de los sentimientos religiosos (aspecto negativo de la libertad religiosa o esfera de inmunidad y pacífico disfrute, contando con el respeto, de las propias opciones en conciencia). Es un asunto en efervescencia, en la actualidad, por el laicismo y la multiculturalidad[15]. El TEDH venía siendo predominantemente protector de la libertad de expresión[16], con la excepción de que la crítica se dirigiera contra las minorías y notoriamente cuando esta era la islámica (aunque ya sus seguidores, en Occidente, hayan aumentado mucho)[17]. Un precedente cercano, además de aquellos a los que se refiere la sentencia comentada, es la sentencia asunto Rabczewska c. Polonia, de 15 de septiembre de 2022, de amparo por condena y multa a la demandante por ofender los sentimientos religiosos de otros, por menospreciar públicamente la Biblia. Se considera vulnerada la libertad de expresión (violación del artículo 10 del Convenio).

En Samodurov y otros c. Rusia, nos encontramos ante una exposición artística (pictórica). El TEDH detecta un exceso en el margen de apreciación del Estado y falta de neutralidad de este, por la influencia ejercida por la Iglesia Ortodoxa. No se explica suficientemente, dadas las circunstancias, la gravedad del taque y cómo este podía alterar la «paz religiosa». Tampoco se sopesan debidamente, a juicio del tribunal, los méritos artísticos de la exposición.

«El Tribunal reitera que, si bien los Estados disponen de un amplio margen de apreciación en materia de sensibilidad religiosa (véanse Rabczewska c. Polonia, n.º 8257/13, § 52, 15 de septiembre de 2022, y Sekmadienis Ltd. c. Lituania, n.º 69317/14, § 73, 30 de enero de 2018), este margen no es ilimitado y las restricciones deben justificarse con razones pertinentes y suficientes» (§ 8). «Tras examinar todo el material presentado en el presente caso, el Tribunal encuentra deficiencias significativas similares en la evaluación de los tribunales nacionales. En el caso “¡Precaución, religión!” (demanda n.º 3007/06), los tribunales se basaron principalmente en declaraciones subjetivas de creyentes ortodoxos y en dictámenes periciales sesgados, al tiempo que desestimaron el testimonio pericial contrario sin la debida justificación. No analizaron cómo las obras de arte específicas, expuestas en un museo, podrían amenazar de forma realista la paz religiosa. De manera similar, en el caso “Arte Prohibido” (solicitud n.º 22081/11), los tribunales aceptaron sin más las alegaciones de que la mera existencia de la exposición ofendió a la gente, sin examinar si el enfoque curatorial –incluida la proyección de obras tras paredes con mirillas– mitigaba cualquier posible ofensa. En el caso del Sr. Loskutov (solicitud n.º 12543/13), los tribunales no contemplaron la posibilidad de que su cartel se exhibiera brevemente en un espacio público como expresión política en relación con el procesamiento de las integrantes de Pussy Riot, ni analizaron cómo esa protesta artística temporal podía amenazar realmente la armonía religiosa. En todos los casos, incluido el del Sr. Savko (solicitud n.º 59476/12), los tribunales equipararon la mera ofensa a los sentimientos religiosos con la incitación al odio religioso, sin establecer ningún riesgo real para la paz religiosa ni pruebas de fomento de la intolerancia. Los tribunales tampoco consideraron los fines artísticos y sociales más amplios de las exposiciones, tratando cualquier uso no religioso de imágenes religiosas como intrínsecamente ofensivo. Este enfoque otorgó a un grupo religioso el poder de veto sobre la expresión artística, como lo demuestra la dependencia casi exclusiva de los tribunales de las perspectivas cristianas ortodoxas, a pesar del laicismo constitucional y la diversidad religiosa de Rusia. Considerando su jurisprudencia sobre el tema antes mencionado, el Tribunal considera que las autoridades nacionales no aportaron motivos pertinentes y suficientes para la injerencia en la libertad de expresión de los solicitantes» (§ 9).

La libertad de expresión y ejemplaridad (moralidad), en el contexto escolar, es lo que, con nuevos matices, se plantea en el caso P. c. Polonia, 13 febrero 2025. Este recuerda a otros anteriormente resueltos, por el órgano jurisdiccional (Gran Sala, Fernández Martínez c. España, 12 junio 2014[18], y Travaš c. Croacia, 4 octubre 2016), pero aquí la relación con la labor docente es más tangencial y por ello se ampara al recurrente (vulneración del artículo 10 del Convenio). En el supuesto, «era irrazonable» «imponerle un deber de lealtad intensificado», como sí se requiere, en Derecho español, en centro docente con «ideario» o «carácter propio» (sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981, 13 febrero), o a la hora de impartir la enseñanza de religión (ver los precedentes mencionados arriba).

«El Tribunal también subraya que el demandante fue contratado en el contexto de una relación jurídica neutral entre una autoridad y un particular. Dicho de otro modo, no trabajaba en una escuela religiosa ni impartía clases de religión ni de ética. Tal estatus podría, de hecho, requerir lealtad hacia una visión singular de la moralidad o crear entre los profesores de educación religiosa y sus estudiantes un vínculo especial de confianza marcado por ciertas características específicas que se extienden a la conducta privada y el estilo de vida de los profesores (contrastar Travaš, citado anteriormente, §§ 97 y 98, y Ţîmpău, citado anteriormente, § 197). Por lo tanto, la condición de profesor del demandante debe distinguirse por requerir únicamente, en virtud del artículo 9 de la Ley de la Carta del Profesorado, que se adhiera a “principios morales básicos” […]. Por lo tanto, era irrazonable en el presente caso imponerle un deber de lealtad intensificado que le impediría expresar su sexualidad en el contexto de un blog de internet para adultos que opera legalmente (contrastar Fernández Martínez, citado anteriormente, § 85). Además, el Tribunal reitera que la actividad del blog del solicitante fue condenada formalmente por las autoridades con arreglo a un criterio diferente, a saber, el deber de formar “actitudes morales” en los estudiantes, en el sentido del artículo 6(5) de la Ley de la Carta del Profesorado (véase el párrafo 75 supra)» (§ 91).

Comentamos la Decisión Unión de Ateos c. Grecia, 25 febrero 2025, por referirse a un tema de permanente interés: la religión en la enseñanza.

El caso no podría plantearse en España, a juzgar por su legislación y jurisprudencia: «En cuanto al párrafo primero del artículo VI [Acuerdo con la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales], que establece que corresponde a la jerarquía eclesiástica señalar los contenidos de la enseñanza y formación católicas y proponer los libros de texto y el material didáctico pertinentes, es similar a las previsiones que sobre el particular se incluyen en los Acuerdos con otras confesiones […]. Por su lado, el párrafo segundo atribuye a la jerarquía católica y a los órganos del Estado, “en el ámbito de sus respectivas competencias”, la facultad de velar por que la enseñanza y formación católicas se impartan adecuadamente, y también se trata de una previsión similar a las contenidas en otros Acuerdos» (sentencia del Tribunal Constitucional 82/2007, de 19 de abril). Esta sentencia se completa con otras del Tribunal Constitucional: 38/2007, cuestión de inconstitucionalidad, de 15 de febrero del 2007, y 31/2018, recurso de inconstitucionalidad, párr. 6.º). También se ha ocupado del tema el Tribunal Supremo: sentencias 6999/2008, 10 de diciembre, y 356/2019, 18 de marzo.

En cuanto a las normas pactadas con confesiones minoritarias, valga la referencia a uno de los acuerdos: «Los contenidos de la enseñanza religiosa evangélica, así como los libros de texto relativos a la misma, serán señalados por las Iglesias respectivas con la conformidad de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España» (art. 10.3 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España).

La asociación recurrente (Unión de Ateos), en la sentencia que comentamos, presentó dos memorandos al Ministro de Educación y Asuntos Religiosos que no se tuvieron en cuenta, pues el capítulo pertinente sobre el ateísmo se mantuvo sin cambios. El 17 de julio de 2017, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo Administrativo (el «TSA») solicitando la anulación de: a) dos decisiones del Ministro de Educación, Investigación y Asuntos Religiosos, de 13 y 16 de junio de 2017, que determinan, respectivamente, el programa de educación religiosa para la educación secundaria y para la educación primaria y secundaria; b) dos decisiones de 29 de mayo de 2017, por las que se aprobó la distribución de «Materiales de educación religiosa» a los estudiantes de primaria y secundaria para el curso escolar 2017-2018; c) cualquier otra acción en el mismo sentido. Impugnó las decisiones del Ministro alegando que no preveían un currículo de educación religiosa objetivo, crítico y pluralista, que el procedimiento de exención no era legal y que la asociación demandante había sido discriminada porque la Iglesia Ortodoxa Griega había participado en la definición del contenido del currículo, mientras que su propia contribución había sido rechazada.

El Tribunal Supremo Administrativo admitió a trámite los recursos de impugnación interpuestos por otras personas, contra las decisiones ministeriales. Aquel anuló las decisiones ministeriales por considerarlas inconstitucionales.

Invocando los artículos 9 y 14 del Convenio, la asociación demandante se quejó de no haber podido impedir la inclusión de pasajes que supuestamente insultaban el ateísmo en el capítulo pertinente del libro de texto de educación religiosa para estudiantes de segundo de bachillerato, en comparación con la concesión de las solicitudes relativas al contenido del curso formuladas por la Iglesia Ortodoxa. Se quejó además de no haber tenido a su disposición un recurso efectivo para resolver sus quejas.

El recurso fue inadmitido por el tribunal. La argumentación fue que, en cuanto a la primera cuestión, el tribunal observa que las decisiones ministeriales que determinan el programa de educación religiosa para la educación primaria y secundaria fueron anuladas. Posteriormente, el Viceministro de Educación y Asuntos Religiosos adoptó nuevas decisiones en marzo de 2020, implementando el nuevo programa escolar de educación religiosa para la educación primaria y secundaria, a partir del curso escolar 2020-2021. De ello se desprende que las circunstancias denunciadas ya no existían.

En cuanto a la segunda cuestión, dado que la asociación de ateos demandante se ha quejado del proceso de adopción de las decisiones ministeriales, el tribunal estima que, la anulación ex tunc de las decisiones que determinaban el programa de educación religiosa, sería suficiente para reparar los posibles efectos de la situación que la asociación demandante denunció ante el Tribunal.

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4. Conclusiones

Por lo visto en el año 2025, la actividad desplegada por el TEDH, en el número y calidad de los pronunciamientos, mantiene su nivel y justifica la permanente atención que se le presta por los países miembros del Consejo de Europa y por quienes estudian sus respectivos Ordenamientos. Ello con independencia de observaciones críticas, o matizaciones en la adopción o comentario de algunos fallos. Como sabemos, el interés por la jurisprudencia del TEDH desborda los límites del ámbito de aplicación del Convenio Europeo, precisamente por la riqueza y dinamismo que la ha ido haciendo crecer con el tiempo.

Tan solo insistir, en este momento, en el riesgo de una expansión excesiva de los derechos humanos, como eco del debilitamiento de la antropología subyacente[19], del individualismo galopante y el transhumanismo[20]. Ello iría en perjuicio, sobre todo y por lo que más nos afecta, de la libertad religiosa institucional –como en España pone de manifiesto la sentencia del Tribunal Constitucional 132/2024, de 4 de noviembre– y de principios éticos o religiosos consolidados de los países miembros del Consejo de Europa (por todas, baste mencionar la sentencia del TEDH, Gran Sala, asunto Lautsi y otros c. Italia, 18 marzo 2011), con riesgo de pérdida de identidad y estabilidad sociopolítica.


Referencias:

  1. ^ Annual Report2025. European Court of Human Rights, p. 36.
  2. ^ Roca Fernández, María José, «Luces y sombras en la argumentación de la jurisprudencia reciente del TEDH sobre el art. 9 del Convenio. Comentario a la ponencia de la Dra. María Elósegui Itxaso», Los principios y la interpretación judicial de los derechos fundamentales. Homenaje a Robert Alexy en su 70 Aniversario, Elósegui Itxaso, María (coord.), Fundación Manuel Giménez Abad y Marcial Pons, 2016. https://www.ucm.es/data/cont/docs/967-2016-04-23-luces_y%20sombras_TEDH.pdf; Martín Sánchez, Isidoro, «Margen de apreciación nacional y libertad religiosa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», Derecho y religión, n.º 9, (2014) (Ejemplar dedicado a: La libertad religiosa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Martín Sánchez, Isidoro y González Sánchez, Marcos, coords.), pp. 11-36, y Cavalcanti Andrew, Patricio, Tesis. La doctrina del margen de apreciación estatal en algunos casos de libertad religiosa del sistema de protección judicial del Consejo de Europa, Martín Sánchez, Isidoro, (dtor.), Universidad Autónoma de Madrid, 2009. https://hdl.handle.net/10486/4174 28364_patricio_cavalcanti_andrew.pdf (2.66 MB).
  3. ^ Van de Graaf, Cathérine, Brems, Eva, y Hennette-Vauchez, Stéphanie, «Third Party Intervention to The ECTHR In F.D. and I.M. and three others (Les Hijabeuses) V. France- Strasbourg Observers. (RI §427696)», Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 67, (2025). «[D]emanda de un grupo denominado “Les Hijabeuses” con la que pretendían anular la decisión de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) que prohíbe el uso de signos o atuendos religiosos a los jugadores de fútbol en virtud del artículo 1 de los estatutos de la FFF. El Consejo de Estado francés (Conseil d'Etat) desestimó su solicitud». «Los funcionarios y agentes públicos, así como los edificios oficiales que encarnaban al Estado, estaban sujetos a estrictas normas de neutralidad religiosa. Los particulares gozaban de libertad de expresión y de culto, limitada únicamente por el orden público. De hecho, el artículo 1 de la Ley de 1905 sobre la separación de las Iglesias y el Estado –la ley que a menudo se considera el origen de la tradición republicana francesa de la laicidad– obliga a la República a “garantizar” la “libertad de culto, limitada únicamente por [las siguientes normas] en interés del orden público”. En este contexto, las recientes prohibiciones y restricciones deben interpretarse como excepciones a una norma liberal y no como la norma en sí misma. El TEDH ha considerado que las restricciones a la expresión de creencias religiosas en nombre de la “laicidad” o la “neutralidad” son compatibles con los requisitos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, debido al necesario margen de maniobra concedido a los responsables nacionales de la toma de decisiones en asuntos relativos a la relación entre el Estado y las religiones, los imperativos de la laicidad en las escuelas y el consiguiente margen de apreciación, así como la preservación de los derechos de los demás. Dos leyes han sido consideradas por el Tribunal compatibles con las exigencias del Convenio: la Ley de 2004, que prohíbe los símbolos religiosos en las escuelas públicas, y la Ley de 2010, conocida como la “prohibición del burka”, que prohíbe cubrirse el rostro en los espacios públicos. Al mismo tiempo, y precisamente porque hasta hace poco estaban prohibidos por las jurisdicciones nacionales, el Tribunal aún no se ha pronunciado sobre ningún requisito de neutralidad individual que no se base en un acto legislativo». «En el presente asunto, la norma de neutralidad impugnada no ha sido autorizada por el legislador. Por lo tanto, constituye el primer y único caso en el que una infracción tan amplia de la libertad religiosa –que se traduce en la prohibición de que los particulares realicen prácticas deportivas como miembros pertenecientes a una federación deportiva oficial– resulta de la norma interna de una organización privada».
  4. ^ Se ha planteado, ante el TEDH, un primer caso de poligamia, ahora sub iudice. «For the first time, the European Court of Human Rights will rule on polygamy. The case was brought before the court by Khaled Al-Anesi, a Yemeni polygamist lawyer who was granted asylum in the Netherlands after the Arab Spring. He initially brought his first wife and their eight children to the Netherlands under family reunification rules. He then decided not to request the arrival of his second and third wives, knowing that polygamy is prohibited in the Netherlands, but requested that the five children he had with them be allowed to join him. The Netherlands refused this new request because of the ban on polygamy, arguing that these children did not need to come to the Netherlands because they already enjoyed good living conditions in Turkey, where they were refugees with their two mothers» (ECLJ, 5 nov. 2025).
  5. ^ García-Antón Palacios, Elena, «Equilibrio entre la autonomía personal y la protección de la vida en contextos médicos de emergencia. STEDH, Lindholm and the Estate after Leif Lindholm V. Denmark [2024] ECHR 835. (RI §427693)», Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 67, (Enero 2025).
  6. ^ Ediciones Encuentro, 2020, pp. 85-262. Además, de Asís Sanz Gandasegui, Francisco, «La creación por parte del Tribunal Constitucional de nuevos derechos fundamentales como consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: especial referencia al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18.1 de la Constitución española), y el derecho a la vida privada y familiar consagrado en el artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales», ARETÉ: Estudios en homenaje al Profesor Javier Paricio Serrano, Baldus, Christian, Iglesias-Redondo, Juan, Ribas Alba, José María, Rodríguez Martín, José-Domingo (eds.), Editorial Comares, 2026, pp. 1967-1986, y Acosta Massó, Andrea, Tesis. La interpretación evolutiva del convenio europeo de derechos humanos, Gómez Montoro, Ángel J. (dtor.), Universidad de Navarra, 2024.
  7. ^ Un caso concreto de emergencia en: Padilla Espinosa, Lucía, «El alcance de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la configuración del derecho a la vida en familia de las personas extranjeras en el ordenamiento jurídico español», Constitucionalismo: diálogos intergeneracionales entre España e Italia, Pérez Miras, Antonio, Teruel Lozano, Germán M., Romboli, Silvia, y Palombino, Giacomo (dtores.), Vol. 2, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2025, pp. 447-467.
  8. ^ Caso Soberana Orden de los Caballeros de Malta - Gran Priorato Checo contra República Checa, 11 septiembre 2025, y, con ciertas particularidades, caso Comunidad religiosa de la parroquia Svyato-Uspenskyy de la eparquía de Rivne de la Iglesia ortodoxa ucraniana en la aldea de Ptycha del distrito de Dubenskyy c. Ucrania, 9 octubre 2025.
  9. ^ Caso Comunidad Judía de Tesalónica c. Grecia, 6 mayo 2025.
  10. ^ Casos Rutkauskas c. Lituania, 26 agosto 2025, y Versaci c. Italy, 15 mayo 2025.
  11. ^ Verbigracia, casos: A.B. y Y.W. c. Malta, 4 febrero 2025; En perspectiva amplia que desborda la del Consejo de Europa: Ortiz Vidal, María Dolores, «La protección internacional frente a la persecución por motivos religiosos en el derecho internacional y de la Unión Europea», Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, n.º 70 (enero 2026).
  12. ^ Decisión Asociación de Obediencia Eclesiástica Ortodoxa y otros c. Grecia, 25 febrero 2025 y Decisión Ján Figeľ c. Eslovaquia, 3 julio 2025. El asunto ha sido objeto de atención por la doctrina: Torres Gutiérrez, Alejandro, «El impacto del COVID-19 sobre la libertad religiosa: reflexiones y estudios al respecto», Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado (2023), pp. 941-990.
  13. ^ Sobre la materia, entre otros: Mut Bosque, Maria, «Política de género y soberanía estatal: tensiones competenciales en la Unión Europea», Género, religión y derechos fundamentales: nuevos desafíos jurídicos, Pérez-Madrid, Francisca (coord.), Editorial Dykinson, 2026, pp. 255-288. https://hdl.handle.net/10016/49290; Gutiérrez del Moral, María Jesús, «Libertad religiosa e igualdad de género en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», Revista catalana de dret públic, n.º 66 (2023) (Ejemplar dedicado a: Les derivades sectorials del dret a l’habitatge), pp. 204-222; Derecho y religión, n.º 18 (2023) (Ejemplar dedicado a: Perspectiva de género y libertad religiosa / coords. por González Sánchez, Marcos, y Pons-Estel Tugores, Catalina).
  14. ^ En general, González Sánchez, Marcos, «TEDH y Testigos de Jehová: avanzando en libertad religiosa», Blog Derecho UAM. Derecho Eclesiástico del Estado, (26 enero, 2026); González Sánchez, Marcos, «El derecho de libertad religiosa de los testigos de Jehová ante el Tribunal de Estrasburgo (similares problemas en España)», Derecho y religión, n.º 13 (2018), pp. 83-105; González Sánchez, Marcos, «Mormones, testigos de jehová, budistas y ortodoxos en Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre libertad religiosa», Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, n.º 37 (2015).
  15. ^ Entre muchos y más recientes: Reinoso Lozano, Almudena, «El delito de escarnio religioso. Consideraciones jurídicas y metajurídicas sobre la conveniencia de derogar el artículo 525 del CP», Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, vol. XLI, (2025), pp. 603 y ss.; Muñoz Lerma, Fátima, «Plan de acción por la democracia, ¿el fin de la protección de los sentimientos religiosos?», Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, n.º 68 (mayo 2025); Libertad de expresión y libertad religiosa: una perspectiva transatlántica, Martínez-Torrón, J., Cañamares Arribas, S., y González Sánchez, M. (coords.), Iustel, 2023; Isaacson, Scott E., «Comentarios y conceptos sobre las tensiones entre libertad de expresión y libertad religiosa en los Estados Unidos », Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, n.º 62 (mayo 2023); Ferrari Puerta, Alberto José, «¿Vox populi, vox dei? Escarnio de los sentimientos religiosos y moral pública», Laicidad y libertades, n.º 23 (2023), pp. 263-294; Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, n.º 60 (octubre 2022). Monográfica: «Libertad religiosa y libertad de expresión: una perspectiva Iberoamericana», Cañamares Arribas, Santiago y González Sánchez, Marcos (coords.); Meléndez Valdés Navas, Marina, «Los sentimientos religiosos desde la perspectiva de los sentimientos en el Derecho», Laicidad y libertades, n.° 21 (2021), pp. 193-218; Bernal del Castillo, Jesús, «Protección penal de los sentimientos religiosos y delito de escarnio», Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, n.º 55 (enero 2021); Salinas Mengual, Jorge, «Evolución de la jurisprudencia española en la relación entre libertad de expresión y libertad religiosa», Anuario de Derecho Eclesiástico (2019).
  16. ^ Patrón que sigue, quizás con más rigidez la jurisprudencia española. El último pronunciamiento que conocemos es: Auto Audiencia Provincial de Soria, 30/2025, de 6 de febrero de 2025 (Sección 1.ª: Recurso 15/2025). Sobreseimiento libre y archivo de las diligencias contra alcalde de Soria por supuesta ofensa a los sentimientos religiosos (RI §427960).
  17. ^ Verbigracia, caso E.S. c. Austria, 25 octubre 2018, y, en la otra dirección, caso Tagiyev y Huseynov c. Azerbaiyán, 5 diciembre 2019.
  18. ^ Valero Estarellas, María José, «Autonomía institucional de las confesiones religiosas y derecho al respeto de la vida privada y familiar en Estrasburgo: la sentencia de la gran sala del TEDH Fernández Martínez c. España», Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, n.º 36 (2014).
  19. ^ Puppinck, Grégor, Mi deseo es la ley. Los derechos del hombre sin naturaleza, Encuentro, 2020, pp. 47-68.
  20. ^ Recordar, entre otras y de nuevo, la citada obra de Puppinck, Mi deseo es la ley…, pp. 191-218.

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