La violencia «justificada por motivos religiosos» o la denominada «discriminación justa» en el acceso a la espiritualidad perpetrada en algunas confesiones, por razón de la orientación sexual y la identidad de género de las personas, resulta algo históricamente recurrente, y presente en las sociedades.
La libertad de religión o creencias, configurada como derecho, encuentra interpretaciones escépticas que no se cohonestan con el derecho al reconocimiento de las personas en su diversidad sexual e identidad de género, provocando un espacio de exclusión. Esa falta de comprensión holística de los derechos humanos implica que, en numerosas ocasiones, el individuo se halle en una disyuntiva, en un dilema vital: elegir entre los diferentes aspectos de su identidad religiosa, afectivo sexual, sexogenérica; y si no se elige, si lo que se pretende es el disfrute de la identidad en su dimensión general y absoluta, en numerosas ocasiones se producen situaciones violentas y de violencia en las que la intersección religión/sexualidad/género queda al margen de la esencia y consustancial protección de los derechos humanos. Esta aseveración se manifiesta en numerosos ejemplos: el 17 de mayo de 2013, un pequeño grupo de miembros de la comunidad LGBT y de simpatizantes fue atacado por una multitud de miles de personas mientras celebraban en Tiflis (Georgia) el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La policía no logró controlar la situación, y el grupo, que se había refugiado en un edificio rodeado posteriormente por la multitud, fue aterrorizado y agredido, lo que les provocó daños físicos y psicológicos. Clérigos de la Iglesia ortodoxa georgiana y miembros de grupos extremistas contribuyeron a alentar los actos violentos; la ley de la Federación de Rusia de 2013 que prohíbe la «propaganda de relaciones sexuales no tradicionales» dirigida a menores que se amplió posteriormente a los adultos fue respaldada por el jefe de la Iglesia ortodoxa rusa que ha descrito la guerra de Rusia frente a Ucrania como una batalla entre quienes apoyan las manifestaciones «prooccidentales del orgullo gay y quienes las rechazan» (sic); en la citada Federación de Rusia se lleva a los niños y niñas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero y de género diverso a la iglesia para que sean golpeados con varas mientras los demás asistentes rezan por ellos; en Egipto desde el año 2003 la provisión de tratamientos médicos a personas transgénero está limitada por edictos religiosos, fatwa, que sólo permitían dichos tratamientos a las personas intersexuales; en el Perú, determinados candidatos al Congreso negaban la existencia de las personas intersexuales con citas bíblicas como fuente de derecho instando las terapias de conversión como parte del programa electoral, en Indonesia, en 2016, varios consejos religiosos como el Consejo Indonesio de Ulemas (MUI), la Conferencia Episcopal Católica de Indonesia (KWI), el Consejo de Comunidades Budistas (Walubi) y el Consejo Supremo Confuciano de Indonesia (Matakin) realizaron una declaración conjunta en la que se reafirmaban en la importancia de no fomentar los valores y comportamientos LGBT precisamente para ayudarles a «volver al buen camino», «a la normalidad», erradicando las llamadas «tendencias sexuales anormales». En Acesh, provincia de Indonesia se aplica la sharía castigando la homosexualidad[2].
Son ejemplos que contextualizan el cómo la discriminación y la violencia perpetradas por líderes religiosos o de creencias y agentes del Estado pueden estar, y a menudo lo están, íntimamente entrelazadas reforzándose mutuamente. Reflejan en su diversidad un nexo común, a saber, el indiscutible y poderoso papel que tiene la religión organizada y estructurada en la dinámica de la inclusión o exclusión social. Las manifestaciones de violencia y discriminación contra las personas LGTBQ+, que se traducen en terapias de «curación» o específicos castigos morales, y por supuesto reproches penales[3] que cuentan con el beneplácito del Estado, normalizan los abusos contra los derechos humanos, y específicamente el derecho a la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad.
Ese papel genera una interseccionalidad entre las concretas categorías de identidad social religión/sexualidad/género que, no se debe olvidar, guarda relación con la propia existencia del ser humano y aúna desde siempre sus vínculos con lo sagrado y lo mundano, provocando en innumerables ocasiones más sistemas de opresión que sistemas de ventajas, generando diferentes conflictos en los que se aprecia un desequilibrio al que habrá de aplicarse las medidas intersectoriales que correspondan[4].
En todas las regiones del mundo se ha podido constatar que muchas leyes promulgadas al amparo del derecho de las personas a manifestar su religión y sus creencias, en su efectiva aplicación práctica de ese acceso a la espiritualidad, han irrogado discriminaciones hacia las personas LGTBIQ+ en dos dimensiones, a saber, en el ejercicio de su derecho a la libertad religiosa y en su derecho a la libre personalidad. Muchos de los gobiernos de las cuatro regiones, incumplen de modo flagrante la obligación de procurar los derechos a la identidad de género y a la orientación sexual; y de protegerlos frente a la discriminación y violencia que en multitud ocasiones sufren por su diversa condición; y no solo de los propios gobiernos, en el ejercicio de su poder ejecutivo, sino también cuando admiten dichos comportamientos en sus particulares y entidades, justificando esas conductas discriminatorias y violentas en defensa de principios y postulados religiosos que entienden están en peligro por las identidades diversas.
El uso indebido que las entidades y los particulares hacen, con cierta permisividad de los Estados, a través de los grupos de presión religiosos, de la libertad de religión o de creencias como elemento para contrarrestar los derechos humanos de las personas LGTBIQ+, es un hecho que se ha convertido en habitual y cuyo efecto más inmediato es crear un estigma por razón de género que se perpetúa, y que genera no sólo discriminación, sino también otras violaciones de los derechos humanos, tanto de los derechos económicos, sociales y culturales como de los civiles y políticos. Junto a ese uso indebido, se obvia el derecho a la identidad individual, sobre la base de la interpretación que hacen algunos Estados de la ley y los valores religiosos, con el objetivo de priorizar determinados derechos religiosos conformando, la denominada «cultura eclesiástica», que se erige como instrumento justificativo de actuaciones abusivas de las entidades no estatales de naturaleza violenta y discriminatoria normalizadas con el beneplácito del Estado.
La búsqueda de un marco creado en el derecho internacional de los derechos humanos para el pleno reconocimiento y desarrollo conjunto, superando esa percepción antagónica será el objeto del presente artículo que, como ya se verá a lo largo del estudio, pone de relieve la necesaria indivisibilidad y comprensión holística de todos los derechos[5].
Para ello, deviene necesario examinar esas «justificaciones religiosas», conocer su origen y sus manifestaciones, y la base en la que se asientan, así como su modo de proyectarse en la sociedad civil, para conocer qué es lo que debe reequilibrarse y desde dónde. A la vez, es necesario examinar el recorrido de la efectiva integración de los derechos de las personas LGTBIQ+, cuyo derecho a la autodeterminación y a la libre afectividad sexual son relativamente recientes.
Así las cosas, la metodología del trabajo lleva en primer lugar a delimitar los conceptos para observar ese desequilibrio, posteriormente describir el marco internacional ad hoc, proponiendo la posible integración de esas tres identidades a través, de un lado la creación de un entorno propicio por quienes están legitimados; y de otro, proponer una nueva interpretación de la cultura eclesiástica que conlleve la erradicación de ese orden natural tradicional a través de los principios de derecho internacional.
El entendimiento y comprensión de esa perspectiva antagónica de los derechos identidad religiosa/sexual/género y los efectos de violencia y discriminación que ese desequilibrio irroga, hace necesario delimitar los conceptos que, integrados profundamente en las confesiones religiosas, son articulados por lideres religiosos, iglesias institucionalizadas, Estados y gobiernos para promover esa discriminación que califican de «justa» con base en esos conceptos.
El informe del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, y los que en él se contienen, constituyen metodológicamente el punto de partida del análisis y desarrollo del epígrafe, pues en ellos se hace una especial referencia al concepto de cultura eclesiástica como base de ese desequilibrio de derechos, lo que obliga a examinar su configuración[6].
Con carácter previo se ha de señalar que la cultura entendida como macro concepto comprende también la religión. La religión constituye un aspecto institucionalizado de la cultura, con sus propias fuentes de autoridad para reglamentar el comportamiento social, que normalmente se asienta en el concepto de autoridad transcendente, con unos sistemas normativos codificados. Cualquier modificación o cambio debe producirse en el seno de la jerarquía religiosa de la comunidad y ser conforme con los dogmas religiosos de las fuentes escritas. Es por ello que las religiones son a menudo un refugio contra el cambio social y cultural. En general, en casi todas las religiones existen movimientos fundamentalistas, aunque sean minoritarios que se resisten a cualquier cambio relacionado con su tradicional estructura y se proyectan sobre todo en el derecho de familia y en la institución binaria/asimétrica del matrimonio, como se verá más adelante[7].
Debe precisarse que, en el marco analizado por el experto en su informe, la cultura eclesiástica no es exclusiva de la Iglesia Católica. El término se identifica con las culturas institucionales y eclesiales propias de todas las religiones[8]. Así contextualizada, esta cultura eclesiástica se articula en torno a dos pilares que serán objeto de estudio y que aquí se avanzan. De un lado, está el factor de la preservación tradicional del orden natural y su involución, que hace pervivir unos patrones de violencia hacia las personas LGTBIQ+, haciendo un uso indebido de las narrativas religiosas que crean una falsa noción, un falso relato de que existe un conflicto inherente entre el derecho a la libertad religiosa y los derechos humanos básicos de las personas que viven su diversidad afectivo sexual y sexogenérica, fuera del universo cis y heterosexual. Sobre ese uso indebido, el experto relata los fundamentalismos que surgen en todas las tradiciones religiosas como modo de pensar o creer basado en la intolerancia respecto al diferente. De otro, se halla presente la idea de que la teoría sobre el género se conformaba como una «ideología peligrosa»[9], al concebir que el comportamiento, la forma de expresión y atributos de hombres y mujeres se construye según los significados sociales que se dan a las características biológicas del sexo. Bajo el miedo a que ese enfoque social del género, haciendo abstracción de lo biológico, termine con el orden natural, ese temor, se instrumentaliza y arrastra a los creyentes que apoyan la discriminación «justa» e incluso la violencia.
El concepto de un orden natural como principio rector de la existencia humana y social tiene una dimensión conservadora que, ya se adelanta, se debe repensar en el marco del derecho internacional humanitario contemporáneo.
La base conceptual de ese orden natural clásico y tradicional:
a) Categoriza y establece diferencias entre los seres humanos en función de las creencias, que desembocan, en ocasiones, en situaciones de desigualdad; y en otras, con la nota del fundamentalismo más arraigado, en exclusión. El efecto inmediato es la distinción entre creyentes de una religión-elegidos por Dios, y no creyentes de otras religiones que se ven excluidos de los privilegios; y la radical distinción entre creyentes y no creyentes, identificando a estos como un error, y por tanto sin derechos[10].
b) Configura la denominada sociedad desigual «justa», que integra rígidas jerarquías entre las autoridades que representan a Dios y reciben el poder de él, y los creyentes que deben acatar las directrices que le transmiten los mediadores, siendo los primeros lo que detentan los derechos y los segundos los deberes. En aquella no caben desviaciones susceptibles de ser corregidas, toda vez que esa desigualdad natural es una desigualdad «justa», que se nutre de narrativas literarias que conforman un relato propio con un ideal de conducta basado en la heteronormatividad[11].
En muchos países se tiende a vincular los valores nacionales y culturales con los religiosos, haciéndolos indistinguibles unos de otros, fomentando ciertos lideres religiosos el conflicto, que trasciende de lo espiritual y se lleva conscientemente al debate social y político, promoviendo la desinformación y la intolerancia hacia las personas LGTBIQ+, exacerbando con sus narrativas esencialistas la exclusión, al sugerir que el ejercicio de la libertad de religión o de creencias podría ser incompatible con el disfrute igualitario de los derechos humanos por parte de las personas LGTBIQ+. En ese escenario y como ya se adelantó en este epígrafe no suelen presentarse como fundamentalistas religiosos, sino como grupos de derechos humanos que trabajan para proteger a la familia[12].
El primer efecto derivado de ese planteamiento falsamente «tuitivo de los derechos humanos» es el de desacreditar la promoción de la libertad de religión o de creencias para todos, ya que sugiere o impone de modo sutil la existencia de una tradición religiosa nacional monolítica, cuya consecuencia inmediata es marginar a las religiones minoritarias. Esas narrativas inventadas, en definitiva, socavan la coexistencia pacífica de religión y derechos humanos erigiendo el derecho a la libertad religiosa, no como un escudo natural, sino como un arma para privilegiar a unos a expensas de los derechos de otros[13]. Las normas y valores de derechos humanos que se apartan de esa única interpretación unilateral de la religión, como la igualdad o el reconocimiento LGTBIQ+, se verán igualmente anulados.
El segundo efecto, es la estigmatización, que se define como un proceso de deshumanización, que implica degradar, desacreditar y desvalorizar a las personas de ciertos grupos de población. Se ejecuta a través programas e idearios con el único objetivo de crear estereotipos negativos sobre personas o colectivos que no son tolerados ni por grupos religiosos ni por los gobiernos. Dicho proceso se ejecuta por quien detenta el poder, que aplica, desde sus instituciones, la desigualdad, con cupos de exclusión, disfrazándola de norma necesaria. Ese poder decide lo que se considera «anormal» a lo largo del tiempo y el espacio, y se categoriza en ese espacio de exclusión a la persona (víctima) estigmatizada que no se ajusta a la «norma social» y a la «normalidad de la mayoría», que casi siempre van cohonestadas. En el estigma, la desvalorización viene anudada a la identidad social de la persona en relación con su género que lo sitúa en una escala inferior, calificando sus actividades de «inmorales», «perjudiciales para la sociedad o sucias». Sería el nosotros en contraposición con los estigmatizados ellos, concebidos como pecadores y ciudadanos de segunda clase a los que hay que despreciar y maltratar[14].
Los movimientos contrarios a la igualdad de género y a los derechos anudados a la identidad sexual y de género y la manifestación de la expresión de género han convertido de modo constante y habitual la expresión ideología de género como aquella que pretende menoscabar el orden social, mediante la alteración de las normas de género. La ideología de género sería por tanto contraria a la naturaleza humana[15]. Conviene recordar que el término, acuñado en la década de 1970 hace referencia precisamente al sistema binario de ideas preconcebidas y asimetrías de poder predeterminadas en función del género que deben ponerse en cuestión si se pretende que toda la humanidad goce plenamente de los derechos humanos[16].
La utilización del término ideología de género (en algunas ocasiones se acuña la expresión enfoque de género por algunas confesiones religiosas) se integraría dentro de un discurso contrario a los derechos LGTBIQ+ por parte de los líderes políticos y religiosos que pretendían restringir los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y de género diverso afirmando que la promoción de los derechos humanos de estas personas constituiría un comportamiento antisocial o contracultural. En esa línea las personas LGTBIQ+ eran falsamente representadas en el discurso religioso como «amenazas» para la supervivencia de una nación o como integrantes de una «conspiración» dirigida a controlar el crecimiento de la población[17].
Los denominados grupos de presión conservadores[18] se movilizaron contra la ideología de género entendida como amenaza a los «valores tradicionales» bajo la aseveración de que la labor en pro de la igualdad de género suponía la imposición de ideas y creencias abocadas a destruir instituciones como la familia, el matrimonio y la libertad religiosa. En Europa, los detractores de la ideología de género calificaban a los defensores de la igualdad de género como personas «anti-familias». En tres Estados de Latinoamérica, los grupos de presión religiosos intentaron cambiar la Constitución para definir el término familia con arreglo a normas de base religiosa y orientación heterosexual. Los grupos de presión de modo expreso hacían un uso indebido de la libertad de religión o de creencias para oponerse a los derechos de libre determinación de las personas de género diverso[19]. En definitiva, la intención de eliminar la presencia de la ideología de género tenía el claro propósito de imponer una visión única y exclusivamente religiosa para regular todas las esferas del orden social, impidiendo a las mujeres y a otras personas de diversidad sexual y de género el disfrute de sus derechos.
Precisamente el discurso contrario a la realidad LGTBIQ+ se presentaba en la mayoría de las ocasiones como un discurso exclusivamente religioso que, como tal, debía ser rigurosamente protegido por el Estado y sus instituciones con base en la libertad de expresión y la libertad de religión o creencias y el respeto a la autonomía religiosa. En ese contexto las leyes promulgadas con el objetivo de imponer normas de conducta exigidas por interpretaciones de dogmas religiosos negaban en la práctica a las personas LGTBIQ+ el derecho a la igualdad y, a menudo, a un reconocimiento de su identidad ante la ley[20]. Bajo ese discurso y en el concreto derecho de acceso a la espiritualidad y con el objetivo de proteger el derecho a la libertad religiosa, se les daba una falsa opción a «marcharse», abandonar la comunidad religiosa o espiritual. Eran dos los argumentos principales en los que apoyaban sus tesis (de discriminación «justa»): las personas LGTBIQ+ no existían dentro de la jurisdicción de determinados Estados ni tampoco en el seno determinadas comunidades religiosas; la identidad sexual y de género solo existen en la conciencia subjetiva de las personas y no tienen dispensada protección del derecho internacional.
Cabe hacer una primera reflexión sobre esas concepciones tradicionales, que, de un lado pugnan contra la promoción de la libertad de religión o de creencias para todos, minando el natural acceso a la espiritualidad de las personas LGTBIQ+, al sugerir la existencia de una tradición religiosa nacional monolítica, que margina a quienes no se ajustan a ese orden natural; de otro, esas concepciones implican que las normas y valores de derechos humanos que expresamente se aparten de su única y justa interpretación, como lo serían la igualdad o el reconocimiento de la diversidad sexo genérica y de la afectivo sexual, se verán igualmente socavados.
En definitiva, ese marco tradicional del orden natural amparará una narrativa sobre la necesaria protección de los valores religiosos desequilibrando la deseada interacción identidad religiosa/sexual y de género. Con estos patrones y dentro de la metodología descrita se debe examinar el marco jurídico internacional para contextualizar la necesidad de intersectorialidad de dichas identidades, combatiendo ese relato establecido.
En principio se ha de partir de que los derechos humanos se hallan sujetos a una interpretación que veda e impide la destrucción de cualquiera de los derechos y las libertades protegidos en los instrumentos jurídicos pertinentes. Esta interpretación presenta un claro objetivo: el derecho a la libertad de religión o de creencias no debe utilizarse con fines incompatibles con el contenido de la Carta de las Naciones Unidas o los instrumentos de derechos humanos pertinentes ya que el derecho a la igualdad es intocable.
Esa interpretación además tiene un claro efecto ya que no otorga a la persona, como titular de un derecho a la libertad religiosa, el poder de marginar o reprimir, bajo pretexto de una cultura eclesiástica, arrogándose una «superioridad moral» a quienes se hallan en una situación de vulnerabilidad, como lo están los miembros de la comunidad LGBTIQ+[21].
En esa línea, tanto el artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), como el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) aclaran en mayor medida que no se puede invocar ningún derecho humano para destruir otro derecho humano. Y esa será la premisa de la que se debe partir, analizando lo que se ha clasificado atendiendo a los textos examinados en normas básicas, accesorias y el marco evolutivo normativo[22].
El derecho al reconocimiento efectivo de la identidad de género está relacionado con el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley enunciado en el artículo 6 de la DUDH, posteriormente establecido en el derecho internacional de los derechos humanos comenzando por el artículo 16 del PIDCP.
La discriminación de género está prohibida por el derecho internacional mediante numerosas disposiciones:
El artículo 26 del PIDCP consigna un derecho autónomo a la igualdad ante la ley proyectado a todas las personas. Con carácter previo, el artículo 2 establece, en una enumeración no taxativa, numerus apertus la prohibición de la discriminación, y proscribe las distinciones de cualquier tipo en el ejercicio de los derechos promulgados por el pacto, lo que incluye la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social[23]. Además, en el artículo 3 se afirma que los hombres y las mujeres tienen igual derecho a disfrutar de todos los derechos consagrados en el pacto.
El derecho a la libertad de creencias, religiosa y de pensamiento se consagra en el artículo 18 del PIDCP que protege la libertad de toda persona «de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza». Dicho derecho tiene una doble vertiente, a saber, una dimensión, de naturaleza absoluta o si se quiere, incluye dos aspectos del derecho interdependientes, que abarca el derecho a mantener o cambiar las propias creencias teístas, no teístas, ateas o no religiosas; que no puede ser restringido por los Estados bajo ninguna circunstancia; y una segunda que hace referencia al derecho a manifestar la propia religión o las propias creencias mediante acciones, realizadas individualmente o en comunidad con otros. que pueden y debe ser limitada por los Estados en determinadas circunstancias, entre las que se encuentran no solo cuando lo prescriba la ley, sino cuando sea necesario para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás, entre los que se encontraría el derecho de las personas a manifestar su diversidad sexogenérica y afectivo sexual. En esa interpretación del precepto, la limitación deberá ser proporcionada al objetivo perseguido y no podrá invocarse como justificación «legítima» de la violencia o discriminación por razón de diversidad de género. Será esa la única interpretación posible al amparo de los criterios del artículo 18. 3 del PIDCP, a fin de proteger los derechos fundamentales de los demás, incluido el derecho a la no discriminación y a la igualdad, principio del que dependen todos los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de religión o de creencias [24].
Sobre la discriminación con base en estereotipos de género, y a los efectos del presente trabajo se hace necesaria la expresa referencia al artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por cuya virtud los Estados están obligados a modificar o derogar las leyes y políticas existentes que constituyen una discriminación contra la mujer, instando en su artículo 5 a tomar medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, rectificando aquellos que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad contiene obligaciones expresas para que los Estados eliminen los citados estereotipos (de género) perjudiciales como parte de sus obligaciones de garantizar la igualdad. Además, la violencia de género, es decir, todo daño físico, sexual psicológico que produce intimidación, sufrimiento, coacción o privación de libertad en el seno de la familia o de la comunidad en general, dirigido contra las mujeres heterosexuales o las mujeres trans (LGTBIQ+) se reconoce como una forma prohibida de discriminación en el derecho internacional.
En ese escenario el derecho internacional ha ido evolucionando de tal suerte que su interpretación se extiende más allá y por encima de concepciones fisiológicas del derecho a la no discriminación por motivos de «sexo». Así las cosas, la discriminación por razón de sexo equivale a la discriminación por razón de género, que se concibe como la discriminación derivada de las funciones, los comportamientos, las actividades y los atributos construidos socialmente que una sociedad determinada considera apropiados para los distintos sexos. El Comité de Derechos Humanos ha reconocido que el término «sexo» a que se refieren los artículos 2.1 y 26 del PIDCP incluye la orientación sexual, y el último precepto abarca la discriminación basada en la identidad de género, incluida la condición de transexual[25]. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en esa línea ha registrado con mayor claridad la discriminación basada en la diversidad afectivo sexual y la que se propicia por causa de la identidad de género, como así lo recoge en sus arts. 2. 2 y 3. La recomendación general núm. 28 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer interpretó que la prohibición de la discriminación por razón de sexo que figuraba en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) abarcaba la discriminación por razón de género, exigiendo acciones inclusivas para promover la interacción de las identidades sociales de las personas[26].
Se avanza otra reflexión acerca de estos instrumentos jurídicos, en los que de un modo diáfano se trasluce que el derecho internacional en su evolución proclama como ineludible postulado la necesaria intersectorialidad entre el derecho a la libertad de religión o de creencias y el derecho a la no discriminación en el contexto del género. El primero se halla estrechamente ligado al derecho a la igualdad, pero ello no debe significar solamente el reconocimiento de la igualdad como principio subyacente del derecho a la libertad religiosa, sino que la libertad religiosa constituye un derecho a la igualdad. Y en esa inteligencia, el de igualdad, resulta la base del derecho al libre desarrollo de la personalidad en su más amplia diversidad, que lleva inherente la dignidad de la persona en toda su identidad. El sistema de derechos humanos debe, por tanto, seguir avanzando y aclarando las intersecciones entre la libertad religiosa y la igualdad entre los géneros, que como se observa, deviene imprescindible para superar posturas antagónicas y excluyentes.
Ese marco analizado, resulta básico para comprender el contexto en el que se encuentra esa triple identidad cruzada y la obligación de los Estados de protegerla cuando se produzca una discriminación directa e indirecta; y a la vez comprender que esa protección se debe dispensar sin que los Estados intervengan en la vida de las comunidades religiosas. Esa difícil armonía de protección/no injerencia será objeto de análisis en este epígrafe para examinar los deberes y recomendaciones de hacer y no hacer de los Estados con el fin para mantener el equilibrio, o en su caso, del reequilibrio si se ha perdido, de esa identidad social. No se debe olvidar que a libertad religiosa o de creencias lleva ínsito el derecho de toda comunidad religiosa a organizar y mantener sus asuntos internos sin que exista intervención estatal alguna.
Las instituciones de las confesiones constituyen una categoría especial, habida cuenta de que su razón de ser es, desde un comienzo, de carácter netamente religioso. La libertad de religión o de creencias incluye también el derecho a establecer una infraestructura necesaria para organizar y mantener aspectos importantes de su vida comunitaria por lo que sin duda la autonomía de sus instituciones religiosas, el hecho de que funcionen de conformidad con su autocomprensión y autodeterminación religiosa, entra en la esfera del citado derecho con los efectos inmediatos que ello conlleva. Esa infraestructura, no es algo externo que se contemple de modo marginal, sino que resulta una de las manifestaciones de la libertad: cuestiones como el nombramiento de sus dirigentes o la elaboración de sus propios ordenamientos que generalmente derivan de sus postulados de fe, con esa nota de inmovilidad inherente, trascienden de los meros aspectos organizativos[27].
La autonomía institucional religiosa, en esos términos planteados implica el derecho de autogestión de sus asuntos de manera independiente a cualquier injerencia, desde la determinación de sus normas ejecutivas y reglamentarias, que definen su estructura jerárquica o el gobierno de la vida monástica, o incluso la autocomprensión de sus propias normas y tradiciones[28].
Y es que, el derecho a la libertad de religión o de creencias pertenece a las personas, no a las religiones, y como tal debe interpretarse fuera de antagonismos que contravienen la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e inalienabilidad de todos los derechos humanos y, en consecuencia:
a) Los Estados tienen prohibido imponer creencias a las personas y a las comunidades; y las entidades religiosas en el ejercicio de su autonomía institucional, se consideran exentos de cumplir las normas gubernamentales cuando al hacerlo no se discrimine «excesivamente» a otros (a terceros) por motivos de género. En la medida que los Estados reconocen e integran en sus normas los derechos de las personas LGTBIQ+ a no sufrir violencia y discriminación se han visto incrementadas las denominadas peticiones de exenciones religiosas respecto de las leyes que garantizan la igualdad de la diversidad[29].
b) Los Estados no pueden pretender controlar la vida en comunidad religiosa o de creencias.
c) Los Estados en general no deberían interferir en las prácticas comunitarias o la organización interna de una comunidad. Y se dice en general por cuanto existen ocasiones en los que se exhorta por ejemplo a los Estados a no discriminar a los empleados no eclesiásticos debido a sus creencias religiosas, orientación sexual o identidad de género[30].
Ahora bien, siendo ésta una norma general de obligatorio cumplimiento de los Estados, las opiniones excluyentes dimanantes de esa autonomía institucional irrogan daños con efectos graves en el acceso a la espiritualidad de las personas LGTBIQ+ y su desarrollo en sus comunidades religiosas de origen. A menudo sufren situaciones de una cierta violencia silenciosa al marginar, estigmatizar y excluirlas de la práctica y culto religioso por ser quienes son, con recomendaciones a dejar la fe bajo la apariencia de elección.
En ese sentido no puede admitirse que, bajo el paraguas de esa autonomía institucional se justifiquen todas sus reivindicaciones, que a su vez avalen una exención en la aplicación de las leyes generales contra la discriminación. Las creencias religiosas no pueden privilegiarse sobre las no religiosas. Y es que, el antedicho principio de autonomía ha dado lugar a que mujeres, personas LGTBIQ+ y miembros de minorías religiosas o de creencias queden excluidos de aspectos de la vida confesional o, en algunos casos limitados, como sucedía en el ámbito laboral, el docente en las escuelas religiosas y de atención sanitaria, cuando les era negada a mujeres, niñas y personas LGTBIQ+ sobre la base de objeciones religiosas[31].
En atención a esta realidad, en puridad, el principio de autonomía institucional no implica indiferencia de los Estados frente a normas religiosas que sean discriminatorias y perjudiciales y atenten contra la diversidad sexual y de género. Los Estados deben tener un margen de intervención en aquellos actos discriminatorios, –cuyo fin sea el de abolir o anular el reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales–, o para prevenir prácticas nocivas que parece tienen inmunidad por traer causa de un «concepto religioso». Los Estados, y su diferente posicionamiento ante el factor religioso, como los que se identifican oficialmente con una religión; los que guardan relaciones particularmente estrechas con una religión o con específicas religiones; los que presentan una posición negativa hacia la religión; o los que adoptan modelos de gobernanza más laicos o neutrales, todos ellos, han de interferir en supuestos de comportamientos institucionales religiosos discriminatorios mediante recomendaciones de hacer, y no hacer. Como se ha dicho, sin ser un asunto de los poderes públicos, lo que sí pueden y deben hacer es ofrecer un marco abierto en el que el pluralismo religioso se desarrolle libremente y en paralelo al pluralismo institucional, que tenga en cuenta las cuestiones de género dentro de las distintas tradiciones religiosas, iniciada por los propios creyentes. Por ello se consigna el deber de crear lo que se denomina un entorno propicio, en el que de modo resumido:
1.º Se creen condiciones para que todos los miembros de la sociedad puedan ejercer su derecho a tener y profesar una religión y se vele para que se pueda manifestar y disfrutar sin obstáculos ni discriminación.
2.º La libertad de religión o de creencias abarque el derecho de los disidentes internos, a presentar nuevas lecturas de las fuentes religiosas. Los defensores de las nuevas interpretaciones religiosas se enfrentan a la coacción de sus comunidades, y el Estado está obligado a proporcionar protección.
3.º Quiénes disientan de los valores tradicionales (opositores, reformistas, progresistas, activistas…) puedan hacer valer su capacidad de actuar y participar en el discurso religioso en condiciones de igualdad. En ese marco estatal seguro las personas LGTBIQ+ resultan legitimadas para ejercer su espiritualidad, y contribuir al contenido de su religión, sin que se contemple la obligación de abandonar su creencia. Y donde se manifiesten autocomprensiones pluralistas y progresistas.
4.º Se actúe con la debida diligencia, incluso cuando la discriminación se justifique en postulados religiosos. Se debe procurar la coexistencia pacífica entre lo secular y lo religioso.
5.º Se procure a las personas LGTBIQ+ la capacidad de actuar y lograr la igualdad de la libertad religiosa dentro de su religión.
6.º Se procure el pluralismo religioso incluido el pluralismo y la diversidad en sus instituciones con base en el principio de ajustes razonables[32].
La pregunta que suscita esa recomendación de un entorno propicio es inmediata ¿cuál será el posicionamiento de los Estados de notoria y arraigada tradición religiosa cuando una disposición de un Tratado proclame la igualdad entre los géneros y favorezca los derechos LGTBIQ+? ¿consigue superar la posición antagónica de esa identidad religiosa/sexual/género ese entorno propicio?
En caso de conflicto entre las leyes nacionales que se basan en las enseñanzas religiosas y las obligaciones dimanantes de un tratado de derechos humanos, hay ejemplos claros en los que prevalecen las normas religiosas legalmente protegidas y así, Estados con una clara adhesión a creencias basadas en la fe interfieren en su capacidad tuitiva de los derechos humanos de la mujer, que se manifiesta en las numerosas reservas de carácter religioso formuladas por los Estados parte en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que configuran un entorno desfavorable para las mujeres, con prácticas notoriamente perjudiciales, como lo serían la prohibición de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, débiles salvaguardas jurídicas y legislativas suficientes para protegerlas contra la violencia doméstica, en particular la violación conyugal o los «delitos de honor»[33]. Numerosos Estados justifican las reservas hechas a los preceptos de diversos tratados de derechos humanos, incluida la citada Convención, en nombre de la preservación de la cultura y la religión. Y es que a pesar de los esfuerzos de los agentes de derecho internacional de reconocer que las culturas y religiones pueden contribuir positivamente a la igualdad de género al promover la dignidad y el respeto mutuo, es lo cierto que esa realidad no se cumple[34].
En la misma línea algunos Estados adoptan leyes y reglamentos nacionales que restringen los derechos, el poder y la movilidad de las personas LGTBIQ+ basándose en postulados esencialistas de una religión determinada, imponiendo modos de organización que se justifican en lo que denominan «buenas costumbres» que limitan los derechos. Incluso en los casos en que la ley es independiente de toda fuente religiosa, se ve fuertemente influenciada por la cultura tradicional, qué representa en numerosas ocasiones ideologías asociadas a la religión, y a normas sociales y se traduce en una legislación excluyente que niega esa identidad y por tanto no existen en su ámbito de aplicación.
A la vista de lo expuesto se puede concluir que un número considerable de esas reservas de naturaleza religiosa son contrarias al objeto y el propósito de los Tratados pertinentes y por tanto inválidas en virtud del derecho internacional. Y a pesar de ello, determinados Estados se presentan junto con las comunidades e instituciones religiosas como protagonistas cruciales que promueven la protección de sus preceptos religiosos a expensas de los derechos humanos de otras personas, tanto si se hallan adscritas, como si fueran ajenas a sus comunidades[35].
Deviene necesario el enfoque inclusivo que fije un marco para el ejercicio equilibrado de los derechos a la igualdad y el de libertad religiosa que se recogen en los textos internacionales. En todas las religiones hay personas y comunidades que aúnan la espiritualidad religiosa, y la igualdad de género y sexual como cuestión de derecho inherente a la institución religiosa.
Diferentes confesiones religiosas y sus representantes, fieles y estudiosos teólogos han abrazado las identidades LGTBIQ+ y consideran la igualdad como parte integrante de sus creencias. El Experto Independiente pone en valor diferentes ejemplos: las comunidades budistas han respetado a las parejas del mismo sexo, mostrando flexibilidad para adaptar el matrimonio a las necesidades locales al haberse extendido durante sus 2 500 años de historia a culturas muy diversas con distintas sensibilidades sobre la vida familiar, la orientación sexual y la identidad de género, volviéndose doctrinalmente diverso. El hinduismo no condena la sexualidad entre personas del mismo sexo si ello no afecta al matrimonio heterosexual, y las personas hijra cumplen importantes funciones espirituales en la tradición[36].
En relación con las iglesias cristianas, ya en el año 2020 se habían descrito a través de 47 indicadores la ponderación de la inclusividad con la diversidad sexual y de género de las confesiones europeas, a saber, la ortodoxa, protestante y católica, siendo las más inclusivas la finlandesa, la sueca y la suiza[37].
Con carácter previo, los primados de Anglican Communion se habían reunido en 2016 para analizar las enseñanzas sobre la sexualidad humana, condenando los prejuicios homófobos y la violencia sobre las personas LGTBIQ+, reafirmando su rechazo a las sanciones penales contra las personas con atracción hacia el mismo sexo; la Iglesia nacional de Islandia autorizó los matrimonios entre personas del mismo sexo. La legislación estatal islandesa permitió a las asociaciones religiosas confirmar la cohabitación de parejas homosexuales. Unos años antes, en el año 2007, la Iglesia estatal aprobó la enmienda legislativa, pero no quiso cambiar la definición tradicional del matrimonio como la unión sagrada entre un hombre y una mujer, al igual que las Iglesias episcopales de los Estados Unidos y de Escocia, si bien esta última merece un análisis específico. La Scottish Episcopal Church, en 2017 votó a favor de celebrar matrimonios homosexuales convirtiéndose en la primera Iglesia Anglicana del Reino Unido en tomar esta decisión. La importancia de esa perspectiva inclusiva y de apoyo se tradujo en la modificación de su normativa interna ya que la Iglesia suprimió una cláusula doctrinal de un precepto de su ordenamiento confesional que especificaba que el matrimonio debía ser entre un hombre y una mujer e introdujo una cláusula de conciencia. Ocho años después, el 7 de junio de 2025, en el Sínodo General se respaldó una moción que afirmaba que las personas transgénero, no binarias, no conformes con su género e intersexuales estaban dentro de la iglesia. La Iglesia de Escocia (fracción «protestante» con orientación reformada y afiliada al presbiterianismo), diferente de la anterior aprobó el matrimonio gay y eliminó las palabras esposo y esposa de la Ley de Reconocimiento de Servicios Matrimoniales de 1997. La Iglesia Evangélica Española, una denominación protestante de las más veteranas en el Estado español, comenzó hace años a trabajar teológicamente sobre la realidad LGTB apoyando la necesidad de inclusión y la aceptación de la diversidad[38].
En relación con la Iglesia Católica, ciertamente en el ranking de RICE de 2020, antes citada tenía una posición antagónica al reconocimiento. El recientemente fallecido papa Francisco criticó la penalización de las relaciones homosexuales por «injusta» y contraria a las enseñanzas de Dios. Se observan atisbos de apertura que si bien no se llevan a la normativa confesional, sí representan un claro reconocimiento de la espiritualidad de las personas LGTBIQ+ Así, el 14 de julio de 2023 se realiza una consulta por el obispo de Santo Amaro, Brasil sobre la participación en los sacramentos del bautismo y del matrimonio de las personas transgénero y homoafectivas, que recogía lo que ya se afirmaba en la nota confidencial acerca de algunas cuestiones canónicas inherentes al transexualismo de fecha 21 de diciembre de 2018, emitida por la Congregación para la Doctrina de la Fe «sub secreto pontificio. Se respondía afirmativamente a que la persona transgénero, incluso con la cirugía de reasignación de sexo (CRS) o tratamiento hormonal pudiera recibir el bautismo; ser madrina/padrino y ser testigo de matrimonio canónico[39].
Tres de las cuatro principales confesiones judías apoyan abiertamente la despenalización de la homosexualidad. El judaísmo reformista fue el primero en adoptar esta postura. En 1965, las Mujeres del Judaísmo Reformista aprobaron una resolución en la que pedían la despenalización de la homosexualidad. En 1977, la Unión para el Judaísmo Reformista y la Conferencia Central de Rabinos Americanos (el consejo rabínico del movimiento reformista) aprobaron resoluciones en las que instaban a los gobiernos a despenalizar la homosexualidad. Según el judaísmo reconstruccionista, la discriminación contra gais y lesbianas constituye una violación de los valores judíos, entre los que se incluyen la justicia, la dignidad humana, la inclusividad y el cuidado de aquellos que necesitan protección. Mientras que el judaísmo conservador o masortí había adoptado tradicionalmente una postura más ambivalente hacia la homosexualidad, en 1990 la Asamblea Rabínica, la principal asamblea internacional de rabinos judíos conservadores, anunció su apoyo a «la plena igualdad civil de gais y lesbianas» y condenó toda violencia y discriminación contra la comunidad LGTBIQ+. Finalmente, aunque la tradición ortodoxa aún no ha adoptado una postura oficial sobre la cuestión, varios líderes ortodoxos sostienen que la penalización de la homosexualidad es incompatible con la Torah[40].
Junto a esa cierta oficialidad de las confesiones, cuando la jerarquía de una comunidad religiosa no integra expresamente la diversidad, existen voces disidentes en el marco de instituciones religiosas, escuelas, consejos, organizaciones no gubernamentales, movimientos espontáneos y redes que son formal o informalmente discrepantes y que buscan la reforma operando de facto como entidades inclusivas y de apoyo a la espiritualidad LGTBIQ+.
Organizaciones islámicas progresistas como la Fundación Al-Fatiha sostienen igualmente que las leyes que penalizan la homosexualidad son incompatibles con los valores de paz y tolerancia adoptados por el profeta Mahoma. Varias organizaciones islámicas progresistas distinguen entre el aparente mandato del Corán contra la homosexualidad y las implicaciones religiosas de las leyes que penalizan la homosexualidad, que señalan son incompatibles con los valores de tolerancia y amor.
Siti Musdah Mulia, erudita islámica y presidenta de la Conferencia Indonesia de Religiones y Paz declaró: La homosexualidad viene de Dios y debería considerarse natural… A los ojos de Dios, las personas son valoradas en función de su piedad. La esencia de la religión (islam)es humanizar a los seres humanos, respetarlos y dignificarlos. En esa línea, el imán Muhsin Hendricks, asesinado en febrero de 2015, abiertamente gay dirigía la Masjidul Ghurbaah, una mezquita de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) que integraba a personas LGTBIQ+. En esa línea, entidades religiosas islámicas como Muslims for Progressive Values, la Global Interfaith Network y Al-Fatah, fundado por Shinta Ratri, mujer transgénero musulmana, en el año 2008, se constituyen como un espacio seguro donde la comunidad LGTBIQ+ musulmana practica su religión sin las reacciones hostiles de otros fieles[41].
En orden a las comunicaciones y movimientos espontáneos se hacía referencia a ciertas iglesias católicas que aceptaban a personas homosexuales y se constituían grupos de oración gais como en Alemania, México, y Estados Unidos; o la Fundación Trinity Church en Colombia que cuenta con el apoyo de la iglesia anglicana; la Fellowship of Christian Councils in Southern y la Cosmopolitan Affirming Community de Kenya, que promueven la inclusión ofreciendo un entorno de aceptación del género en el que los creyentes LGBTIQ+ pueden experimentar su fe y practicar su culto[42].
Por último, la Coalición Religiones, Creencias y Espiritualidades en Diálogo con la Sociedad Civil compuesta por más de 25 organizaciones de la sociedad civil, se han organizado como espacios de diálogo interconfesional. Está constituido organizaciones confesionales y otros movimientos cuyo fin es el de la inclusividad de esa identidad religiosa/sexual/género. En esa línea, en diciembre de 2020, más de 350 líderes religiosos o de creencias de 10 religiones firmaron la Declaración de la Comisión Interreligiosa Global sobre Vidas LGTBIQ+, en la que se proclama la santidad de la vida y la dignidad de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género[43].
Se puede concluir que en ese contexto resulta erróneo afirmar como concepto irrefutable que las creencias religiosas y los derechos LGTBIQ+ no puedan coexistir en paralelo, o que respetar uno represente un retroceso para el otro. Precisamente, se llega a una de las conclusiones que se pretendían con este trabajo: la libertad religiosa y los derechos LGTBIQ+ pueden y deben complementarse, en lugar de entrar en conflicto, porque atienden a una sola identidad social del individuo, en la que se entrecruzan la religiosa, de género y sexual pudiendo superar esas posturas antagónicas.
Ahora bien, también se han visto las dificultades de integrar esa identidad en los ordenamientos confesionales y la tibia actitud de los Estados para coadyuvar a dicha integración respetando la autonomía confesional, eso sí, a la luz de los postulados del derecho internacional. Es por ello que los 150 líderes religiosos de diferentes confesiones de 30 países dando un paso más a ese enfoque inclusivo han propuesto el 22 de marzo de 2022 unos principios que junto con otros que provienen de otras comunicaciones, sirven de base para la perspectiva holística de los derechos a la identidad religiosa/sexual/género.
La legislación internacional sobre derechos humanos protege tanto el derecho a manifestar la religión como los derechos de las personas LGTBIQ+ y debe propiciar un espacio de encuentro entre «personas o líderes religiosos y «personas o líderes LGBTIQ+» como instrumento que no solo limite, sino que erradique las prácticas discriminatorias. En ese desarrollo debe tenerse en cuenta que los dos derechos como todos los derechos de los individuos son universales e interdependientes y su naturaleza no es de exclusión; antes, al contrario, se solapan: todos los creyentes, incluidos los líderes religiosos, tienen una orientación sexual y una identidad de género, y todas las personas LGTBIQ+ tienen creencias, fe o simplemente no quieren tenerlas.
Con base en los principios que se van a describir la libertad de religión o de creencias tiene el potencial de reforzar, en lugar de erosionar, los derechos de las personas LGTBIQ+. De hecho, los seguidores de determinadas confesiones y sistemas de creencias afirman que las manifestaciones anti-LGBT[44] de las religiones (como la criminalización y la discriminación) no solo vulneran el derecho de las personas LGTBIQ+ a vivir libres de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, sino que también violan el derecho de las personas cis y heterosexuales de esas mismas creencias, confesiones y sistemas de creencias a ejercer su libertad religiosa[45].
Promover y visibilizar una mirada alternativa en el campo religioso será la base para que la sociedad civil observe otras perspectivas y posicionamientos, y, en consecuencia, se promuevan agendas alineadas con los derechos humanos, y se produzca el reequilibrio natural de esos derechos.
Ese análisis debe estar presidido por una serie de principios o reglas, que se infieren de una serie de comunicaciones y ponencias celebradas entre confesiones e instituciones religiosas y la sociedad civil que permitirán repensar un nuevo orden natural, que se han estructurado de la siguiente manera[46]:
1.º Igualdad ante Dios, equidad ante la ley, que implica empoderamiento ya que todos los seres humanos de todas las orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género son parte preciosa de la creación y parte del orden natural[47].
2.º Igualdad en las confesiones religiosas, ya que la religión no es una cuestión de todo o nada (o se elige participar en una religión y se aceptan sus desigualdades, o hay que dejar de pertenecer a esa religión). Debe desaparecer esa desigualdad que se manifestaba de modo diáfano en la poca o nula influencia que las personas LGTBIQ+ solían tener en las normas de la comunidad en la que vivían. A veces la discriminación permanecía oculta por normas aparentemente neutrales que, si bien en la superficie se aplican a todos por igual, pueden tener efectos desproporcionadamente negativos sobre algunas personas[48].
3.º El principio de heterogeneidad, anudado a esa igualdad, implica que la libertad de religión o de creencias tiene el potencial de reforzar, y no mermar los derechos de las personas LGTBIQ+. Feligreses e instituciones religiosas de determinadas confesiones y sistemas de creencias aseveran que las manifestaciones anti-LGBT de la religión vulneran el derecho de las personas LGTBIQ+ al acceso a la espiritualidad, pero también el derecho de las personas de esas mismas confesiones y sistemas de creencias, al tener que enfrentarse al victimismo de los defensores anti LGTB, que parecen detentar en el discurso del derecho internacional de los derechos humanos, y es que las religiones no son necesariamente la fuente de la discriminación y la violencia por razón de género, sino sus interpretaciones[49].
4.º Coexistencia pacífica entre lo secular y lo religioso. Las convicciones religiosas no pueden utilizarse como guía interpretativa para determinar los derechos de los seres humanos. El papel de los Estados es reconocer la esfera en la cual cada uno de estos habita, y en ningún caso forzar uno en la esfera de otro[50].
5.º Superposición y concordancia práctica entre la libertad de religión o de creencias y el derecho a la no discriminación por razones de género, rechazando las compensaciones o el sometimiento a un orden jerárquico. La superposición entre la libertad de religión o de creencias y el derecho a la no discriminación debe abordarse no mediante compensaciones o un orden jerárquico, sino logrando la concordancia práctica de todos los derechos humanos en cuestión, en la mayor medida posible, sobre la base de razones accesibles para todos[51].
6.º Principio de ajustes razonables para personas o instituciones religiosas como estrategia jurídica, con el fin de que, los Estados, haciendo uso de dicho instrumento pragmático promuevan el pluralismo, gestionen la diversidad religiosa y superen la intolerancia y la discriminación basadas en la religión o las creencias. Debe precisarse que el propósito de citado principio no consiste en dar prioridad o privilegiar a las confesiones religiosas o creencias a costa del sacrifico del principio de igualdad. La igualdad, en el contexto de los derechos humanos, debe concebirse como una igualdad que tiene en cuenta la diversidad, alejándose de la uniformidad[52].
7.º Proporcionalidad y rendición de cuentas: nadie debe estar por encima de la ley. Debe procurarse la transparencia en todas las áreas de protección, incluidos los feligreses LGTBIQ+ con el objeto de prevenir, detectar y denunciar el abuso espiritual y debe procurarse la provisión de reparaciones efectivas por daños y perjuicios.
Con la aplicación de estos principios, la libertad religiosa puede ser el pilar fundamental para fomentar el respeto a la diversidad sexual, ya que tiene el potencial de reforzar los derechos de las personas LGTBIQI+. El Estado deberá crear un entorno seguro acorde con las normas internacionales, y para ello procederá a desmantelar legislaciones que penalicen la intimidad entre personas del mismo sexo o la identidad de género; promulgando políticas públicas preventivas, incluidos programas educativos que promuevan la no discriminación de las personas LGTBIQ+.
Esas políticas públicas tendrán que garantizar marcos de exención religiosa u objeción de conciencia, siempre y cuando en primer lugar sean compatibles con la normativa humanitaria; y en segundo lugar no implique un veto al acceso de las personas LGTBIQ+ a derechos, servicios y bienes fundamentales, y en concreto, profesar su religión o creencia. Debe asegurar que todos los individuos vivan libremente su diversidad, manifestando su pensamiento en toda su dimensión, y sean conscientes de la distinción entre discurso protegido y discurso de odio.
Bajo ese entorno estatal garantista seguro y propicio, las instituciones religiosas deberán, atendiendo a los principios reseñados, considerar enfoques inclusivos que faciliten la participación y el reconocimiento de las personas LGTBIQ+, delimitando las responsabilidades religiosas en los casos en que promuevan la discriminación en el acceso a la espiritualidad de las personas diversas, propiciando el diálogo entre lideres religiosos y lideres LGBTBIQ+, que habrá de ser fluido. Los lideres religiosos desde sus instituciones y desde su estructura jerárquica, utilizarán su posición moral para prevenir y combatir la violencia manifestando expresamente su oposición a las expresiones de hostilidad y a los estereotipos negativos.
En este escenario y bajo estos principios que llevan aparejadas esas obligaciones de los Estados, los agentes estatales y las confesiones religiosas, se generará ese deseable reequilibrio que supone ejercer en toda su extensión el derecho a la identidad del individuo.
Abrazar la espiritualidad debe ser un camino al alcance de todos los individuos. El acceso a la misma de las personas LGTBIQ+ resulta en muchas ocasiones una lucha de por vida entre tres diversas formas del (único e indivisible) derecho a la identidad, a saber, religiosa, sexual y de género, que son igualmente importantes en el desarrollo de la vida de una persona.
La igualdad en el ejercicio de esos derechos viene cohonestada en la dignidad humana, cualidad intrínseca y universal de las personas. No debe olvidarse que la dignidad es una. Se ha constatado que existen comportamientos con base en las creencias religiosas estigmatizando individuos y grupos por razón de su condición social de identidad sexual y de género, categorizando estereotipos negativos. Ello niega la propia dignidad. Ahora bien, la igualdad en el ámbito de los derechos humanos es una igualdad «compleja» que tiene en cuenta la diversidad, la conocida y la nueva, siempre presente, pero históricamente invisibilizada.
La única manera en que se deben tratar los derechos humanos lo será como universales e indivisibles relacionados entre sí, interdependientes y que se refuerzan mutuamente. Deben tratarse, de manera justa y equitativa dándoles a todos el mismo peso, superando posiciones antagónicas. Los derechos así considerados empoderan al ser humano para que puedan cumplir sus planes personales.
Aun así, la cuestión relativa a la relación entre la libertad de religión o de creencias con las cuestiones de diversidad sexual y de género no encuentra una respuesta uniforme, toda vez que depende de la forma en que se ejercen esos derechos. Se ha observado que el ejercicio del derecho a la libertad religiosa o de creencias difiere ampliamente, según se relacione con posturas liberales o conservadores; feministas y tradicionalistas, que atienden a sus diversas y contradictorias preocupaciones religiosas en los que se incluye intereses y puntos de vista conflictivos en la esfera de las tradiciones religiosas y las cuestiones de género.
La libertad religiosa nunca puede presentarse como un arma afilada para generar conflictos. Para que esto se evite, se debe partir de una serie de premisas entre las que destaca la necesidad de concebir la religión como una parte del diálogo que enseñe y proyecte proporcionalidad en la conducta de los Estados hacia las personas LGTBIQ+. Se debe fomentar la cultura de la comunicación entre los diferentes agentes y operadores religiosos para conseguir los ajustes razonables necesarios.
Esa proporcionalidad debe llevar a una nueva concepción del orden natural, donde las tradiciones deberán integrarse en ese nuevo orden, abandonando narrativas literarias estigmatizadoras. Muchos lideres e instituciones religiosas rechazan ese relato tradicional de la doctrina religiosa. Lo que sucede de manera habitual es que las instituciones religiosas son más lentas que los individuos a la hora de promover cambios que alteren su tradicional percepción de las cuestiones de género.
En ese reequilibrio, en el otro extremo de la ecuación han de estar los Estados, que, con independencia de cuál sea su sistema político, económico y cultural, tienen obligación de promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales, sin que uno tenga prioridad sobre otro.
Ahora bien, en esa ecuación existen algunas variables, y la principal reside en el respeto a la autonomía de las confesiones religiosas que resulta protegido por el derecho internacional y en ocasiones ampara una falsa discriminación «justa» excluyendo a las personas LGTBIQ+ de su derecho a profesar sus creencias o su fe al considerar que la religión atribuye una revelación especial sobre las normas de conducta sexual. En ese escenario y como sostiene Cañamares Arribas se debe atender a la idea de que, siendo la referida autonomía institucional religiosa, uno de los aspectos esenciales de la libertad religiosa colectiva, no debe en ningún caso, constituir un derecho absoluto. En su consecuencia, deberá ser limitada con los instrumentos jurídicos pertinentes para despejar la incertidumbre de esos límites, siendo indispensable la interpretación de los tribunales.
Los principios, reglas u orientaciones recogidos por las diferentes confesiones religiosas en relación con el equilibrio de la identidad religiosa/sexual y de género sirven de base como recomendaciones de hacer y no hacer a Estados e instituciones religiosas en la protección del derecho a la espiritualidad de las personas diversas. Las manifestaciones prácticas de los mismos abarcan desde el uso de la posición moral de los lideres religiosos para prevenir la violencia y discriminación contra las personas LGTBIQ+ a la consideración de sus representantes como responsables, obligándoles a la rendición de cuentas y resarcimiento por daños irrogados.
Los derechos a la libertad religiosa y a la orientación sexual e identidad de género como derechos humanos universales se ejercen en pequeños lugares, en el día a día en los que cada persona en su diversidad religiosa, sexual y de género buscan ser iguales ante la ley, en las oportunidades y en la dignidad. Y resulta notorio que las instituciones son más lentas que los individuos a la hora de fomentar cambios. Esa idea se recoge en nuestro país y es la que ha originado la creación del Enviado en misión especial para los derechos del colectivo LGTBIQ+. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC) ha creado esta figura pionera que centralizará y potenciará la acción internacional de España en defensa de la diversidad sexual y de género, impulsando alianzas con la sociedad civil, dentro de la que se hallan, por virtud del principio de cooperación consignado en el artículo 16 de la CE, las confesiones religiosas con las que España tiene acuerdo en virtud de tratado, acuerdo de cooperación y procedimiento de notorio arraigo. Habrá que examinar en nuestro país a la vista de esos enfoques inclusivos de las principales confesiones y con los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales cómo discurre el acceso a la espiritualidad de las personas LGTBIQ+.
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