Recogemos en esta sección las sentencias del TJUE relativas al Derecho Eclesiástico del Estado emanadas de cualquiera de los órganos que componen el TJUE, el Tribunal de Justicia y el Tribunal General. Garante de la correcta aplicación del Derecho de la Unión, originario y derivado, se encarga de controlar el del ordenamiento jurídico por parte de las instituciones de la UE y de los Estados miembros[1]. Fruto de pronunciamientos recaídos en cuestiones prejudiciales, acciones directas y recursos, la doctrina del TJUE se configura como un elemento determinante del proceso de integración europea[2].
La presente recopilación jurisprudencial contiene las principales sentencias del TJUE en materia religiosa de 2025.
El análisis de la jurisprudencia del TJUE de 2025 se articula en torno a la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 25 de noviembre de 2025 (asunto C-713/23), dictada en respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Polonia-NSA) con arreglo al artículo 267 TFUE. El litigio enfrenta a dos ciudadanos polacos del mismo sexo, J. C.T. (quien tiene, además, nacionalidad alemana) y M. T., con las autoridades de su Estado de origen, a raíz de la negativa a reconocer e inscribir en el Registro Civil polaco el certificado de matrimonio que ambos habían contraído válidamente en Alemania.
El asunto se centra en una de las cuestiones más candentes de los últimos años: el relativo a los efectos transfronterizos del estado civil y, en particular, a las consecuencias que las diferencias entre los ordenamientos, en materia de Derecho de familia, proyectan sobre el ejercicio efectivo de la ciudadanía. El supuesto muestra los efectos que la ausencia de reconocimiento del estado civil produce en el ámbito de la libre circulación, al dar lugar a situaciones en las que una misma persona es considerada casada en un Estado miembro y soltera en otro. Lejos de ser una cuestión meramente formal, esta circunstancia afecta de manera directa a la vida cotidiana y al ejercicio efectivo del derecho de libre circulación reconocido en el artículo 21 TFUE.
El TJUE explicará que dicho precepto no se limita a garantizar el desplazamiento físico de los ciudadanos dentro del territorio de la Unión, sino que ampara también la posibilidad de desarrollar y mantener una vida familiar normal cuando el ciudadano se desplaza de un Estado miembro a otro, o regresa a su Estado de origen. El Tribunal señala que la regulación del matrimonio pertenece a la competencia de los Estados miembros, pero señala que dicha competencia no puede ejercerse de forma que vacíe de contenido los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los ciudadanos europeos. En este sentido, la negativa a reconocer un matrimonio válidamente celebrado en otro Estado miembro puede constituir una restricción incompatible con el artículo 21 TFUE cuando genera inconvenientes graves –de orden administrativo, profesional o personal– susceptibles de constituir un obstáculo para el ejercicio de la libre circulación.
Al mismo tiempo, la sentencia insiste en que el reconocimiento exigido por el Derecho de la Unión tiene un alcance limitado y funcional. No se impone al Estado miembro de origen el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en su ordenamiento interno, pero sí se le obliga a reconocer, a efectos de la ciudadanía de la Unión, un matrimonio válidamente celebrado en otro Estado miembro cuando ese reconocimiento es necesario para que los derechos derivados de los artículos 20 y 21 TFUE puedan ejercerse de manera efectiva. Este planteamiento se ve reforzado por la conexión expresa con los artículos 7 y 21.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
En esta ocasión, el apartado titulado Miscelánea recoge dos sentencias en las que el factor religioso aparece con distinto grado de protagonismo. La primera, la sentencia de la Gran Sala de 18 de diciembre de 2025 (asunto C-417/23), resulta relevante por la forma en que el Tribunal perfila el concepto de «origen étnico» a efectos de la Directiva 2000/43, recordando que la identificación de determinados grupos sociales puede venir determinada, entre otros elementos, por la pertenencia a una comunidad de fe religiosa. La segunda, la sentencia de la Sala Cuarta de 4 de septiembre de 2025 (asunto C-543/23), menciona la religión de manera incidental al describir el marco normativo aplicable a los centros de enseñanza equiparados (scuola paritaria), sin que el Tribunal construya una doctrina autónoma sobre el factor religioso, al resolverse el litigio desde una perspectiva estrictamente laboral.
La sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 25 de noviembre de 2025 (asunto C-713/23) tiene su origen en una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Polonia), en el marco de un litigio entre dos ciudadanos polacos del mismo sexo, J. C.T. (también con nacionalidad alemana) y M. T., y las autoridades de su Estado de origen, a raíz de la negativa a reconocer y transcribir en el Registro Civil polaco el certificado de matrimonio que ambos habían contraído válidamente en Alemania.
El asunto se enmarca en el debate europeo sobre los efectos transfronterizos del estado civil y, en particular, sobre las consecuencias que las diferencias entre los ordenamientos nacionales en materia de Derecho de familia pueden tener para el ejercicio efectivo de la ciudadanía de la Unión. Los demandantes, válidamente casados en Alemania, manifestaron su intención de fijar su residencia en Polonia como pareja casada. Sin embargo, las autoridades polacas denegaron la inscripción del matrimonio al considerar que el Derecho nacional solo reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer, lo que dio lugar a la situación de que fueran considerados casados en un Estado miembro y solteros en otro.
El TJUE parte de una idea ya asentada en su jurisprudencia: aunque la regulación del matrimonio corresponde a los Estados miembros, dicha competencia debe ejercerse de conformidad con el Derecho de la Unión. En este sentido, recuerda que el artículo 21 TFUE no se limita a garantizar la libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión, sino que protege también la posibilidad de llevar una vida familiar normal, tanto en el Estado miembro de acogida como en el de origen. Desde esta perspectiva, la negativa a reconocer un matrimonio celebrado en otro Estado miembro puede constituir un obstáculo al ejercicio de este derecho cuando provoca dificultades graves –administrativas, profesionales o personales– que pueden desalentar el ejercicio de la libertad de circulación.
Así, el Tribunal considera que esta exigencia no vulnera ni la identidad nacional ni el orden público del Estado que ha de reconocer el matrimonio. Y añade que debe aplicarse de forma coherente con los derechos fundamentales de la Carta, en particular con el respeto de la vida privada y familiar (artículo 7) y con la prohibición de discriminación por razón de orientación sexual (artículo 21.1). En realidad, el TJUE entiende que no se obliga al Estado a cambiar su normativa ni a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se pide que no se impida el ejercicio efectivo de la ciudadanía europea cuando una persona regresa a su país.
Un elemento especialmente importante para el TJUE es que, en el Derecho polaco, la inscripción en el Registro Civil constituye el único medio para lograr el reconocimiento de un matrimonio celebrado en el extranjero. Al estar dicho mecanismo disponible para los matrimonios heterosexuales y negarse a inscribir los matrimonios entre personas del mismo sexo, se produce una diferencia de trato que resulta incompatible con el Derecho de la Unión. Sobre esta base, el Tribunal declara que los artículos 20 y 21 TFUE, en relación con los artículos 7 y 21.1 de la Carta, no son compatibles con la normativa de un Estado que impide reconocer e inscribir el matrimonio entre dos nacionales del mismo sexo válidamente contraído en otro Estado miembro cuando dicha inscripción constituye el único medio para permitir su reconocimiento. En definitiva, el hecho de que el estado civil no sea reconocido de la misma manera no puede atentar contra la libre circulación y la ciudadanía de la UE.
El litigio tiene su origen en el matrimonio de dos ciudadanos de la Unión. J. C. T., con doble nacionalidad polaca y alemana, y M. T., de nacionalidad polaca, contrajeron matrimonio en Berlín el 6 de junio de 2018, donde residían. Tras la celebración del matrimonio, J. C. T. incorporó el apellido de su cónyuge como segundo elemento de su propio apellido. Esta modificación fue reconocida por las autoridades polacas a efectos registrales.
Con posterioridad, J. C. T. solicitó ante el Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy (encargado del Registro Civil de la ciudad de Varsovia) la inscripción en el Registro Civil polaco del certificado de matrimonio expedido en Alemania. Mediante resolución de 8 de agosto de 2019, la solicitud fue denegada ya que el Derecho polaco no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, de modo que la inscripción del certificado matrimonial vulneraría los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la República de Polonia. Esta decisión fue confirmada por el gobernador de la región –voivodato– de Mazovia quien añadió que la inscripción resultaría incompatible con el modelo polaco de matrimonio.
Los interesados impugnaron la denegación ante el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Varsovia), alegando, entre otros motivos, que la protección constitucional del matrimonio como unión entre un hombre y una mujer no impedía el reconocimiento registral de un matrimonio válidamente celebrado en el extranjero. No obstante, mediante sentencia de 1 de julio de 2020, dicho órgano jurisdiccional desestimó el recurso, al entender que la inscripción equivaldría a introducir en el ordenamiento polaco una forma de matrimonio no prevista por el Derecho nacional y que esa negativa no vulneraba ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos ni el derecho a la libre circulación.
Los demandantes interpusieron recurso de casación ante el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), el cual examinó las consecuencias prácticas derivadas de la negativa a inscribir en Polonia un matrimonio válidamente celebrado en otro Estado miembro. El Tribunal subrayó que dicha negativa genera inseguridad jurídica, ya que el certificado extranjero puede ser aceptado por unas autoridades y rechazado por otras, dando lugar a respuestas distintas ante situaciones iguales. Junto a ello, puso de relieve las dificultades concretas que esta situación plantea para el ejercicio de derechos estrechamente vinculados al estado civil, que en la práctica condicionan diversos aspectos de la vida cotidiana de los interesados.
Ante esta situación, el órgano jurisdiccional manifestó dudas sobre la compatibilidad de la normativa nacional con el Derecho de la Unión y decidió plantear una cuestión prejudicial al TJUE. En esencia, preguntó si los artículos 20 y 21 TFUE, en relación con los artículos 7 y 21.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se oponen a una normativa nacional que deniega el reconocimiento y la inscripción de un matrimonio entre personas del mismo sexo válidamente celebrado en otro Estado miembro cuando dicha negativa impide a los interesados residir en el Estado miembro de origen con ese estado civil y con el mismo apellido.
«¿Deben interpretarse los artículos 20 TFUE, apartado 2, letra a), y 21 TFUE, apartado 1, en relación con los artículos 7 y 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38/CE, en el sentido de que no permiten a las autoridades competentes de un Estado miembro denegar el reconocimiento y la inscripción en el registro nacional del estado civil del certificado de un matrimonio contraído entre un nacional de ese Estado y otro ciudadano de la Unión, del mismo sexo, en otro Estado miembro con arreglo a la legislación de este último, impidiendo así que estas dos personas puedan residir en el primer Estado miembro con dicho estado civil y con el mismo apellido, debido a que el Derecho del Estado de acogida no reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo?»
La cuestión prejudicial planteada obliga al Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre el alcance de los artículos 20 y 21 TFUE, en relación con los artículos 7 y 21.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea respecto del reconocimiento y la inscripción, en su Estado miembro de origen, de un matrimonio válidamente celebrado en otro Estado miembro en el ejercicio de la libre circulación.
El Tribunal comienza delimitando el marco jurídico aplicable. Así, aclara que no es aplicable al caso la Directiva 2004/38/CE, ya que no se discuten las condiciones de entrada o residencia de un ciudadano de la Unión en un Estado miembro distinto del suyo. Lo que está en cuestión no es el derecho a residir en otro Estado, sino el reconocimiento del estado civil en el propio Estado miembro de nacionalidad. Por esa razón, el Tribunal establece que el análisis debe realizarse directamente a la luz de los artículos 20 y 21 TFUE, relativos a la ciudadanía de la Unión y a la libertad de circulación y residencia, en relación con los derechos fundamentales garantizados por la Carta.
A continuación, el Tribunal pasa a analizar si la negativa de las autoridades polacas constituye un obstáculo al derecho de libre circulación y residencia (art. 21 TFUE). Invocando su jurisprudencia, ya consolidada, un ciudadano de la Unión que ha ejercido su libertad de circulación puede invocar este derecho no solo frente al Estado miembro de acogida, sino también frente a su propio Estado cuando regresa a él. En este contexto, el Tribunal insiste en la necesidad de preservar el «efecto útil» del artículo 21 TFUE, lo que implica que la vida familiar creada o consolidada en el Estado miembro de acogida pueda continuar en el Estado miembro de origen. La negativa a reconocer el matrimonio obliga a la pareja a ser tratada como soltera en su propio país, a pesar de estar legalmente casada en otro Estado miembro, y genera dificultades relevantes de carácter administrativo, profesional y personal. Estos efectos pueden disuadir tanto del ejercicio inicial de la libre circulación como del retorno al Estado de origen, por lo que son incompatibles con el artículo 21 TFUE.
El Tribunal afronta también la competencia de los Estados miembros en materia de matrimonio y los límites que se derivan del Derecho de la Unión. Explica que corresponde a cada Estado decidir si regula el matrimonio entre personas del mismo sexo, en el marco de su autonomía constitucional. No obstante, subraya que el ejercicio de esta competencia no puede vaciar de contenido los derechos que el Derecho de la Unión reconoce a los ciudadanos europeos. En definitiva, el Estado miembro de origen está obligado a reconocer, a efectos del Derecho de la Unión, un estado civil válidamente constituido en otro Estado miembro, ya que dicho reconocimiento resulta necesario para garantizar el ejercicio efectivo del artículo 21 TFUE. El TJUE recuerda que este reconocimiento no obliga a modificar el Derecho interno ni a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que tiene un alcance dirigido únicamente a permitir la continuidad de la vida familiar y el ejercicio de los derechos vinculados a la ciudadanía de la Unión.
El Tribunal no evita examinar las justificaciones invocadas por el Estado polaco, en particular las relativas a la identidad nacional y al orden público. A este respecto, aplica un control estricto de la cláusula de orden público y recuerda que solo puede invocarse cuando exista una amenaza real y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad. Concluye diciendo que el reconocimiento del matrimonio solicitado, limitado a los efectos exigidos por el Derecho de la Unión, no altera la definición nacional del matrimonio ni compromete la identidad constitucional del Estado miembro, ni supone una vulneración del orden público. Por todo ello, las justificaciones esgrimidas no pueden servir para legitimar la restricción del derecho de libre circulación.
El Tribunal procede a analizar la negativa de las autoridades polacas a la inscripción, y lo hace a la luz de los artículos 7 y 21.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Dado que esta negativa supone una restricción a una libertad fundamental garantizada por los Tratados, el TJUE recuerda que dicha restricción debe ser compatible con los derechos consagrados en la Carta. En este marco, se vincula el artículo 7 de la Carta, relativo al respeto de la vida privada y familiar, con el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y subraya que la noción de vida privada y familiar comprende también a las parejas del mismo sexo. Además, alude al artículo 21.1 de la Carta, que prohíbe toda discriminación por razón de orientación sexual.
Como señala el TJUE, en el ordenamiento polaco, la inscripción en el Registro Civil es el único medio para que un matrimonio celebrado en el extranjero sea reconocido de forma efectiva por las autoridades administrativas. La negativa a permitir dicha inscripción sitúa, en este caso, a las parejas del mismo sexo en una situación de inseguridad jurídica, pues su estado civil ya no queda claramente definido su estado civil y puede dar lugar a respuestas distintas por parte de diferentes autoridades. Esta situación contrasta con la de las parejas heterosexuales, que sí pueden acceder a la inscripción registral y, con ello, al reconocimiento pleno de su matrimonio. El Tribunal concluye que esta diferencia de trato, que entiende basada directamente en la orientación sexual, resulta incompatible con el Derecho de la Unión y vulnera la prohibición de discriminación consagrada en la Carta. Por último, se señala que, si el juez nacional no puede interpretar el Derecho interno conforme al Derecho de la Unión, está obligado a dejar sin aplicación la norma nacional contraria, garantizando así la plena eficacia de las disposiciones europeas.
A la luz de las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia deja claro que un Estado miembro no puede ampararse en su Derecho interno para vaciar de contenido los derechos que el Derecho de la Unión reconoce a los ciudadanos europeos, en particular los derivados del estatuto de ciudadanía de la Unión (art. 20 TFUE) y del derecho de libre circulación y residencia (art. 21 TFUE). Estos artículos, en relación con los artículos 7 y 21.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se oponen a una normativa nacional que impide reconocer y transcribir el matrimonio entre dos nacionales del mismo sexo válidamente contraído en otro Estado miembro cuando esa inscripción constituye el único medio para permitir un reconocimiento efectivo del vínculo matrimonial.
Así, aunque un Estado sea libre de decidir que en su Derecho interno no existe el matrimonio entre personas del mismo sexo, esa decisión no le autoriza a ignorar un matrimonio celebrado válidamente en otro Estado miembro, ya que esa negativa impide, en la práctica, que los ciudadanos ejerzan su derecho a vivir y desplazarse libremente dentro de la Unión.
Por ello, el Tribunal concluye que el Derecho de la Unión no permite una actuación por parte de un Estado que impida reconocer e inscribir un matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado legalmente en otro Estado miembro cuando esa inscripción es imprescindible para que el matrimonio tenga efectos reales. Con esta decisión, el Tribunal reafirma una idea básica: la ciudadanía europea exige que el estado civil de una persona no cese al pasar de un Estado a otro, al menos en lo necesario para que los derechos que reconoce la Unión puedan ejercerse de forma efectiva.
Las conclusiones más relevantes, a nuestro juicio, son las siguientes:
1. La sentencia confirma que el derecho a la libre circulación y residencia no se limita a la posibilidad de entrar y vivir en otro Estado miembro. Este derecho comprende también la posibilidad de mantener la vida familiar que se ha creado o consolidado en ese Estado cuando el ciudadano se desplaza o regresa a su país de origen. Por ello, la negativa a reconocer un matrimonio celebrado válidamente en otro Estado miembro puede constituir una vulneración del artículo 21 TFUE cuando provoca dificultades importantes que, en la práctica, desincentivan el ejercicio de la libre circulación.
2. El Tribunal consolida la noción de un reconocimiento funcional del estado civil en el Derecho de la Unión. El Estado miembro de origen conserva su competencia para definir la institución matrimonial en su ordenamiento interno, pero no puede negar todo efecto jurídico a un vínculo válidamente constituido en otro Estado miembro cuando ello frustra el ejercicio de los derechos derivados de la ciudadanía de la Unión. Este reconocimiento no implica una armonización del Derecho de familia ni la imposición de un determinado modelo matrimonial, sino una exigencia limitada e instrumental vinculada a la efectividad del Derecho de la Unión.
3. La sentencia refuerza los límites a la invocación de la identidad nacional y del orden público como justificación de restricciones a las libertades fundamentales. El Tribunal exige la existencia de una amenaza real y suficientemente grave y descarta que el reconocimiento solicitado del matrimonio, limitado a los efectos exigidos por el Derecho de la Unión, pueda alterar la definición nacional de la institución o vulnerar la identidad de un Estado miembro.
4. La decisión se apoya de forma expresa en la Carta de los Derechos Fundamentales, en particular en el artículo 7, relativo al respeto de la vida privada y familiar, y en el artículo 21.1, que prohíbe toda discriminación por razón de orientación sexual. La negativa a permitir la inscripción del matrimonio en un contexto en el que dicho mecanismo constituye el único medio de reconocimiento efectivo sitúa a las parejas del mismo sexo en una posición de desventaja respecto de las parejas heterosexuales, lo que resulta incompatible con el Derecho de la Unión.
5. En definitiva, el Derecho de la Unión debe prevalecer sobre el Derecho nacional. En el supuesto de que una norma interna no pueda interpretarse de acuerdo con el Derecho de la Unión, el juez debe dejar de aplicarla. De esta forma se garantiza que los derechos reconocidos por los Tratados y por la Carta puedan ejercerse de manera efectiva. Esto también es aplicable al estado civil y a la ciudadanía europea.
En nuestra opinión, los argumentos que utiliza el TJUE acaban vaciando de contenido la afirmación de que la regulación del matrimonio corresponde a los Estados miembros. Es cierto que el Tribunal insiste en que no impone una modificación del Derecho interno ni obliga a introducir el matrimonio entre personas del mismo sexo en aquellos ordenamientos que no lo contemplan. Sin embargo, cuando se exige reconocer un matrimonio celebrado en otro Estado miembro, aun siendo contrario al propio modelo nacional, esa competencia deja de ser plena. Así, el Estado se ve obligado a aceptar efectos jurídicos de una institución que su legislación no reconoce. Aunque formalmente no exista una armonización del Derecho de familia, el resultado es que todos los Estados deben dar algún tipo de reconocimiento a ese matrimonio. Por eso puede afirmarse que se produce una armonización indirecta o de hecho, ya que el margen de decisión estatal queda limitado por la necesidad de garantizar los derechos derivados de la ciudadanía de la Unión.
ECLI: EU:C:2025:1017.
Órgano judicial: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala).
Fecha: 18 diciembre 2025.
Asunto: C-417/23.
Objeto: El asunto C-417/23 tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Østre Landsret (Tribunal Superior del Este, Dinamarca), en un procedimiento entre Slagelse Almennyttige Boligselskab Afdeling Schackenborgvænge (Sociedad de Vivienda sin Ánimo de Lucro de Slagelse, departamento Schackenborgvænge) y otros, y M.V. y otros, y versa sobre la interpretación de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, en particular por lo que respecta al concepto de «origen étnico», así como a su aplicación en el contexto de una normativa nacional en materia de vivienda.
Cita: En esta sentencia interesa destacar que, al perfilar el contenido del concepto de «origen étnico» en el sentido de la Directiva 2000/43/CE, el TJUE recuerda que dicho concepto «proviene de la idea de que los grupos sociales se identifican en especial por una comunidad de nacionalidad, de fe religiosa, de lengua, de origen cultural y tradicional y de entorno de vida», remitiéndose expresamente a su jurisprudencia anterior (sentencias CHEZ Razpredelenie Bulgaria (CHEZ Distribución Bulgaria), ap. 46, y Jyske Finans, C-668/15 (Jyske Finans), EU:C:2017:278, ap. 17).
Órgano judicial: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta).
Fecha: 4 septiembre 2025.
Asunto: C-543/23.
Objeto: El asunto C-543/23 tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale di Padova (Tribunal de Padua, Italia), mediante resolución de 14 de agosto de 2023, en un procedimiento entre AR y el Ministero dell’Istruzione e del Merito (Ministerio de Educación y del Mérito, Italia), con intervención de Anief – Associazione Professionale e Sindacale, y versa sobre la interpretación de la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE, así como, en lo que se planteaba, de los artículos 20 y 21 de la Carta, en relación con el cómputo de la antigüedad a efectos retributivos de profesores que habían prestado servicios en centros de enseñanza equiparados (scuola paritaria).
Cita: En esta sentencia la referencia a la religión aparece de forma incidental, al describirse el régimen jurídico nacional de los centros de enseñanza equiparados (scuola paritaria), en el que se prevé que el «concepto educativo» del centro «podrá determinar la orientación cultural o religiosa», precisándose, no obstante, que las actividades extraescolares que presupongan o exijan la adhesión a una ideología o confesión religiosa determinada no serán obligatorias para el alumnado (Ley italiana n.º 62/2000, art. 1.3). La controversia, sin embargo, se resuelve desde la perspectiva laboral (cláusula 4 del Acuerdo Marco), sin desarrollo autónomo del factor religioso. La normativa italiana sobre scuola paritaria prevé que el «proyecto educativo» pueda tener orientación cultural o religiosa y que ciertas actividades que presuponen adhesión religiosa no sean obligatorias. Eso es relevante como contexto normativo, pero el TJUE no construye doctrina sobre ello.
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