El año 2025 no ha presentado particulares novedades en el ámbito aquí tratado respecto de los años anteriores. Se siguen acumulando las resoluciones judiciales, particularmente provenientes de las audiencias provinciales, que deben resolver conflictos suscitados entre los padres en el momento de escoger el centro educativo de sus hijos (apartado 4). Asimismo, han sido varios los recursos presentados frente a normativa sectorial educativa para solicitar la nulidad de los artículos que, o bien postergaban la enseñanza de la religión a prácticamente una actividad extraescolar, cuando no incluso a la imposibilidad de cursarla; o bien ante la posible imposición de ideologías no deseadas por los padres. También ha habido cuestiones relativas a la reclamación de la posibilidad de optar por la enseñanza de religión islámica en los centros educativos (apartado 3).
Se muestra asimismo recurrente el ingente número de sentencias dictadas por la Audiencia Nacional desestimado recursos interpuestos contra la denegación de asilo o protección subsidiaria invocando motivos religiosos (apartado 8). También ha habido algún caso, sustanciado en la misma sede, sobre la denegación de la nacionalidad española sobre la base del extremismo religiosos del solicitante (apartado 9). Y, a su vez, sobre la expulsión del territorio nacional de residentes en el mismo como consecuencia de las actividades gravemente peligrosas para la seguridad nacional perpetradas, nuevamente, como expresión de la radicalización religiosa (apartado 10). Se encuentra, asimismo, algún caso de ratificación de la condena por autoadoctrinamiento terrorista dentro del contexto del extremismo islámico (apartado 7).
Dentro de los demás ámbitos, puede decirse que el espectro se muestra algo más variado. Dentro de las objeciones de conciencia (apartado 5) revive la opuesta por los testigos de Jehová a recibir hemotransfusiones. Se han percibido, por otra parte, conflictos entre el ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa y de expresión; posibles comisiones de un delito de ofensa a los sentimientos religiosos; y un caso de bigamia, todo ello relatado en el apartado 2. También ha habido algún caso en el que los lugares de culto se han visto afectados como consecuencia de la carencia de licencias para el desarrollo de actividades, y otra situación referente a cementerios, si bien su núcleo lo componen más aspectos procesales que materiales, tal como se comenta en el apartado 6.
La Audiencia Provincial de Madrid resuelve en su Sentencia 51/2025, de 10 de febrero de 2025, Rec. 272/2024, un caso referente a una posible intromisión ilegítima al derecho al honor planteado en una demanda presentada por los Testigos Cristianos de Jehová ante un Juzgado de 1.ª instancia de Torrejón de Ardoz. En tal escrito solicitaban la cesación en la divulgación y retirada de comentarios o informaciones difundidos por el demandado de un video alojado en Youtube, así como que se declarase procedente la indemnización de daños y perjuicios por dicha divulgación.
El mencionado juzgado estimó la demanda. Sin embargo, el demandado recurre esa sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid alegando error en la valoración de la prueba respecto de la consideración por el juez de instancia que la expresión «secta», «secta peligrosa», o «la peor de las sectas», que consideró constitutivas de una vulneración del derecho al honor; y ello partiendo de que en la manifestación no define a la asociación religiosa como «la peor de las sectas» puesto que textualmente señala que «yo creía que estaba en la peor de las sectas pero realmente las hay mucho peores».
La Audiencia Provincial estima el recurso de apelación y revoca la sentencia de instancia porque constata que se ha dado ese error en la valoración de la prueba y, por tanto, se ha actuado dentro de los límites del derecho fundamental de libertad de expresión, sin llegar a lesionar el derecho fundamental al honor de los Testigos de Jehová. Tal como indica la Audiencia Provincial, pese a la severidad de las críticas y la crudeza de las expresiones, su contenido está directamente conectado con el debate público en una sociedad democrática y se enmarca en la conducta de la demandada de intervenir activamente en el debate social, cuestión sentada tanto por el TEDH como por el Tribunal Supremo español.
Nos trasladamos ahora a un caso ciertamente distante del anterior, sucedido en una pequeña localidad de la provincia de Soria. Se trata de un caso que llegó a la Audiencia Provincial, la cual observó que no concurrían los elementos necesarios para entender que se había cometido un delito contra los sentimientos religiosos según lo dispuesto en el artículo 525 del Código Penal. Los hechos de los que se debe partir consistían en que el acusado, durante la celebración de las fiestas patronales de un pueblo de esta provincia, inició una «procesión» a bordo de un simulado «papamóvil» impartiendo bendiciones con una escobilla de baño a modo de hisopo que mojaba en el agua de un cubo como si fuera agua bendita. Del desarrollo de los hechos, la Audiencia entendió que no cabía apreciar que hubiera habido ánimo de ofender, perturbar o herir los sentimientos religiosos de las personas presentes en ese momento de celebración de las fiestas patronales. No se discute que los querellantes se pudieran sentir ofendidos, pero tampoco cabía admitir que la conducta fuera objetivamente ofensiva, al menos en el sentido reforzado que exige el tipo penal.
También se ha planteado un litigio en relación con el volumen del sonido de las campanas de un templo católico ubicado en Ponferrada, provincia de León y diócesis de Astorga. Lo ha resuelto el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Astorga (León), sentencia 125/2025, de 12 de mayo. En este caso, el demandante solicitó la cesación de inmisiones y la correspondiente indemnización a la diócesis de Astorga. Según la parte actora, la sonoridad de las campanas había alcanzado unos niveles insoportables en los últimos años, tanto en los toques diarios como, especialmente, en los avisos para la celebración de actos litúrgicos. No había ninguna protesta respecto al simbolismo religioso de las campanadas, sino solamente la derivada de la molestia causada por el volumen. Esto permite entender que la prueba pericial del Laboratorio de Acústica Aplicada de la Universidad de León ha sido fundamental para la resolución del caso. En efecto, el Juzgado primero indica que el tañido de campanas no forma parte del contenido del derecho fundamental de libertad religiosa. Por otra parte, ha bastado cotejar los decibelios alcanzados por el repique de las campanas con el límite máximo permitido en la Ley del Ruido 5/2009 de Castilla y León para comprobar que era notablemente superior al volumen máximo permitido. En consecuencia, la sentencia condena a la demandada al cese de esta actividad por encima del nivel máximo de decibelios permitidos por la mencionada ley, y a adoptar las medidas correctoras necesarias para adaptar el sonido a los límites legalmente admitidos.
Finalmente, se trae a esta sección la comisión de un delito de bigamia sucedido en Ceuta. La Audiencia Provincial de Cádiz se pronunció sobre este caso a través de la Sentencia 57/2025 de 14 de mayo de 2025, Rec. 12/2025, que confirma la condena por este delito tipificado en el artículo 217 del Código Penal. Queda probado que el reo, de nacionalidad marroquí, había contraído un matrimonio en Marruecos y, tres meses después, contrae otro en Ceuta. Según afirmaba, había padecido un error de prohibición que excluía el dolo. Sin embargo, tanto el juzgado de instancia como la Audiencia Provincial consideran que este argumento no es de recibo porque de la prueba documental aportada consta que, en el expediente matrimonial iniciado en España, negó haber contraído matrimonio alguno y ser soltero. Esto mismo lo reiteró tantas veces como fue necesario, conociendo como no podía ser de otra forma, que había ya contraído matrimonio con otra mujer apenas tres meses antes. Se comprueba que había ocultado deliberadamente tanto su estado de casado por el matrimonio contraído en Marruecos, como incluso que antes de la fecha del segundo matrimonio, había solicitado el divorcio de su primer vínculo, contrayendo el segundo enlace sin que ese divorcio se hubiera resulto aún. Queda claro, por tanto, que contrajo las segundas nupcias en España cuando aún no estaba disuelto el anterior contraído en Marruecos.
Se ha presentado un caso de denegación de impartición de clases de religión islámica a petición de la madre de dos menores en un colegio de Baleares. Tal solicitud, dirigida a la Consejería de Educación, nunca obtuvo respuesta. Según el TSJ balear, la solicitante, que tiene a su favor el derecho reconocido constitucionalmente en el artículo 27.3, no ha estado en condiciones de disfrutarlo en la medida en que se ha ignorado su petición impidiéndole satisfacer el derecho que le asiste de que su hija reciba educación religiosa islámica. En consecuencia, tal como ha afirmado la STSJ de las Islas Baleares Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia 445/2025 de 29 de octubre de 2025, Rec. 120/2025, la Administración vulneró con su inactividad el derecho fundamental de la recurrente a que sus hijas recibieran enseñanza de religión islámica, negándole toda información que pudiera hacer efectivo ese derecho. Puede completarse este caso con otra sentencia del mismo Tribunal y Sala que resuelve en el mismo sentido una situación similar, como es la Sentencia 376/2025, de 10 de septiembre de 2025, Rec. 62/2025.
También en Baleares se presentó otro caso parecido que mereció la estimación parcial del TSJ, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia 410/2025, de 16 de octubre de 2025, Rec. 121/2025. Se trató también de una madre que presentó un recurso ante la Consejería de Educación para que se impartiera enseñanza de religión islámica a sus hijas en un centro con ideario católico. El TSJ estima el recurso desde el momento en que entiende que la Administración debería haber respondido al recurso planteado, pero lo desestima en cuanto que su pretensión era incompatible con el ideario del centro donde se solicitaba la impartición. Véase también, en el mismo sentido, la Sentencia del mismo Tribunal y Sala 411/2025, de 16 de octubre de 2025, Rec. 63/2025.
También se impugnan algunos decretos autonómicos en relación con la enseñanza de la religión. Este ha sido el caso del planteado en Cataluña contra el Decreto regional 171/2022, de 20 de septiembre, de ordenación de las enseñanzas de bachillerato. Según los recurrentes, de la referida regulación se deriva una discriminación para los alumnos que escogen la asignatura de religión porque esta se configura como optativa, con los inconvenientes que conlleva, sobre todo si se tiene en cuenta que tampoco tiene alternativa alguna. Por otra parte, tiene menos carga docente que el resto de asignaturas optativas. Además, como suele suceder con este tipo de regulaciones, su calificación no es computable a los efectos de la EBAU o para la obtención de becas. Por otra parte, no aparece garantizada la oferta de esta materia en segundo curso de bachillerato, y se acusa al Decreto de favorecer el adoctrinamiento a través de la imposición de la ideología de género. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5.ª, Sentencia 398/2025 de 6 de febrero de 2025, Rec. 264/2022, desestima el recurso. Entiende que el decreto recurrido se refiere a la perspectiva de género, y no a la ideología de género, por lo que es inocuo. En cuanto a las demás cuestiones planteadas, se ajusta a lo establecido en la LOE y demás normativa nacional, y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y sentencias de otros tribunales.
A conclusiones parecidas ha llegado el TSJ de Baleares, también en relación con la regulación de la enseñanza de religión en el Decreto 32/2022 que establece el currículo de la ESO. El demandante ha sido el Obispado de Mallorca que ha recurrido tal norma por no establecer una asignatura alternativa a la clase de religión, lo que supone una desventaja para los alumnos que cursen aquella. Aduce, además, que el decreto expone que los alumnos no pueden cursar un número mayor de materias del que se establece en este artículo, lo que implica que, al no incluirse la religión entre ellas, no puede cursarse. Todo ello supone, a juicio del recurrente, la expulsión material de la asignatura de religión del currículo de la ESO. El TSJ balear, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia 183/2025 de 16 de abril de 2025, Rec. 684/2022, estima en este aspecto el recurso pues, en efecto, aprecia que la redacción del decreto recurrido no contempla en modo alguno la enseñanza de la religión, ni siquiera dentro del conjunto de las materias optativas, por lo que se incumple la obligatoriedad de ofertarla que establece la legislación nacional.
Puede añadirse que el Obispado de Menorca planteó un recurso contra la misma norma en términos similares, que fue resuelta de un modo paralelo a la antes citada por el mismo Tribunal y Sala en la Sentencia 144/2025 de 2 de abril de 2025, Rec. 690/2022. Lo mismo sucedió con el recurso interpuesto por el Obispado de Ibiza, y la sentencia resultante 184/2025 de 16 de abril de 2025, Rec. 694/2022. También, en el mismo sentido, STSJ de Baleares, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia 160/2025 de 9 de abril de 2025, Rec. 698/2022.
Por otra parte, el Sindicato Católico de Trabajadores de Cataluña y algunos particulares procedieron a la impugnación directa de determinados preceptos del Decreto regional 21/2023, de ordenación de las enseñanzas de la educación infantil. Según los recurrentes, este texto normativo vulnera la neutralidad ideológica en la enseñanza por la inclusión de la teoría de género, y de la llamada perspectiva de género en el currículo lectivo de infantil. Alegan que dicha teoría, articulada en torno a la construcción social del sexo y del género, carece de consenso científico y social, y no puede imponerse en la enseñanza obligatoria a menores de seis años, especialmente vulnerables por su falta de capacidad crítica. Asimismo, se denuncia que el Decreto no contempla fórmulas de objeción de conciencia ni alternativas que permitan a alumnos, familias y docentes eximirse de una formación que pudiera colisionar con sus convicciones. Por otra parte, acusan al mencionado decreto de no incluir en su regulación la oferta de enseñanza religiosa en el segundo ciclo de infantil.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, del TSJ de Cataluña desestima el recurso a través de la Sentencia 3706/2025, de 28 de octubre de 2025, Rec. 620/2023. Entiende, en primer lugar, que las alusiones al género son habituales en los textos internacionales. Por eso resuelve que la seguridad jurídica, la igualdad, la libertad ideológica o el derecho a la educación no se agrietan por las referencias a la igualdad de género en el Decreto impugnado, pues sigue las pautas internacionales desde los años 90, las normas de la Unión Europea, y la propia Ley Orgánica de Educación que presta cobertura a las normas impugnadas. Por eso mismo tampoco supone una lesión de la neutralidad ideológica de sistema educativo. En relación con la falta de previsión de la enseñanza de la religión, entiende que tal omisión no es motivo suficiente como para anular el texto normativo. Véase también, sobre este mismo caso y en el mismo sentido, la sentencia del mismo Tribunal y Sala núm. 3222/2025 de 29 sep. 2025, Rec. 919/2023; Sentencia 3142/2025 de 25 sep. 2025, Rec. 990/2023.
A la misma conclusión ha llegado en los recursos interpuestos por los mismos actores y por motivos coincidentes contra el Decreto 175/2022, de ordenación de las enseñanzas de educación básica (STJ de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, Sentencia 2907/2025 de 28 de julio de 2025, Rec. 3002/2022; también, resolviendo otros recursos interpuestos por otros interesados, STJS del mismo Tribunal y Sala Sección 5.ª, núm. 2904/2025 de 25 de julio de 2025, Rec. 2864/2022; 2871/2025 de 22 de julio de 2025, Rec. 3000/2022); sentencia 2876/2025 de 23 de julio de 2025, Rec. 3001/2022, dictada en resolución a un recurso planteado por la Asociación Musulmanes contra la Islamofobia.
Se da inicio a este apartado exponiendo uno de los casos habituales sobre los litigios entre los padres que proponen –habitualmente tras las correspondientes rupturas matrimoniales– la escolarización en centros educativos distintos. Así lo encontramos en un Auto dictado por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 2.ª, núm. 170/2025, de 23 de julio de 2025. Tal como resuelve este pronunciamiento, el menor de edad puede seguir matriculado en un centro educativo con ideario religioso, tal como desea su madre, y en oposición al criterio de su padre. Según este último, este tipo de colegios no respeta el derecho fundamental de libertad religiosa e ideológica, y condiciona así el futuro de los alumnos. La Audiencia, en cambio, afirma que tanto los centros públicos como los privados concertados mantienen una enseñanza reglada y acorde con los principios contemplados por nuestro sistema educativo.
Casos de este tipo aparecen con reiteración cada año dentro de las sentencias vertidas por las Audiencias Provinciales. La de Lugo ofrece otro ejemplo de discrepancia entre los padres de una menor que cursa sexto de primaria y que debe matricularse al año siguiente en secundaria. El padre prefiere un instituto público aconfesional, mientras que la madre se inclina por un colegio privado concertado provisto de ideario católico. El juzgado de instancia estimó la pretensión del padre por encontrarla más coherente. En efecto, la hija ni estaba bautizada, ni había hecho la primera comunión, y había superado los cursos previos en un colegio público. Por eso mismo parecía más adecuado continuar su escolarización en un centro público que garantizara la neutralidad religiosa.
Sin embargo, la Audiencia Provincial revoca ese auto y estima el recurso de la madre recurrente precisamente porque la elección del centro privado, aun mostrando carácter propio católico, no afecta a las creencias de la menor. La madre optó por ese colegio no por su acuerdo con el ideario, sino por cuestiones de organización familiar. Es más, la propia madre mostró indiferencia hacia el ideario (del cual dijo que no le molestaba), a lo que se añadía que la hora semanal que se imparte de formación religiosa no era obligatoria, como tampoco lo era la participación en manifestaciones o actividades religiosas. Ante estas circunstancias, el Auto 112/2025, de 3 de junio de 2025, Rec. 520/2025 de la Audiencia Provincial de Lugo, estima el recurso porque «el interés superior del menor no le debe impedir recibir la educación obligatoria en un centro concertado cuando en la elección no influye el carácter religioso del centro, no se busca la formación religiosa y las manifestaciones o expresiones de culto presentan un aspecto irrelevante para la apelante permitiéndose a la menor la libertad de participar o no en ellas (libertad que, según lo que se ha dicho, no solo es ofrecida por la madre sino también por el propio centro)». Otra cosa es que un auto como el presente nos lleve a pensar qué tipo de educación se está desarrollando en un centro privado –en este caso concertado– con ideario religioso, cuando se acepta abiertamente que tal ideario no influye siquiera mínimamente en el momento de elegir centro incluso por personas que no quieren recibir una educación religiosa. Es decir, parece que el ideario no sirve para mucho.
Otro tanto puede decirse de lo expuesto en el Auto 212/2025, de 7 de octubre de 2025, de la Audiencia Provincial de Álava, Sección 1.ª, Rec. 934/2025. También aquí se produce una discusión entre los padres divorciados de un menor acerca de la escolarización de su hijo. El padre prefiere un centro público, mientras que la madre opta por otro privado concertado con ideario religioso. Sin embargo, los motivos aducidos por cada uno nada tienen que ver con la orientación religiosa o no de cada centro, sino con otros de tipo familiar. La propia madre –que es quien opta por el centro concertado– afirma expresamente ante las preguntas formuladas por el Ministerio fiscal –único que saca a la luz este tema– «que no ha tenido en cuenta dicho carácter para la elección del centro». Es más, ni siquiera había bautizado al hijo menor que debía ser escolarizado, ni nadie en la familia tenía prácticas religiosas. En cuanto al padre, se oponía no por motivos religiosos, sino económicos. La Audiencia, partiendo del criterio del mayor interés del menor, decide finalmente que el niño se escolarice en el centro privado concertado simplemente porque ya su funcionamiento ya era conocido por la madre y otros motivos de organización familiar.
En otros casos, los conflictos han afectado al régimen alimenticio de los hijos. La Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 4.ª, Sentencia 538/2025 de 17 de julio de 2025, Rec. 386/2025, ha estimado el recurso interpuesto por la madre de tres menores porque la sentencia de instancia concedía que, tal como había solicitado el padre, tuvieran menú halal en el colegio. En primera instancia esta fue una de las cosas debatidas entre los padres divorciados, además del régimen de la patria potestad y de visitas. Por lo que ahora afecta, la Audiencia Provincial estima el recurso y acepta que se les quite la alimentación halal en el colegio. Con buen criterio, observa que estamos ante un conflicto entre la libertad religiosa del padre (que es musulmán) y de la madre (que no lo es), siendo ambas posturas igual de legítimas y respetables. Ante esta situación, la Audiencia ha estimado la pretensión de la madre porque es ella quien tiene desde ese momento la custodia de los hijos (la sentencia de instancia la estableció compartida con el padre), y también en favor del interés de los menores. En este sentido, afirma que oyó a la niña de doce años que no evidenciaba en ese momento interés en temas religiosos, sin perjuicio de que cuando los menores están con el padre se adapten a la alimentación que él realiza dentro del marco de su religión.
Este año se ha presentado un caso de objeción de conciencia a tratamientos sanitarios. Más en concreto, se ha tratado de la aplicación de una hemotransfusión en una situación de urgencia a un paciente testigo de Jehová que posteriormente presentó la correspondiente denuncia por la comisión de un delito de coacciones, delito contra la integridad moral y delito de lesiones. El Juzgado de lo Penal núm. 2 de Lérida absolvió a la médico denunciada por considerar que no había cometido ninguno de esos delitos. El demandante presenta un recurso de apelación contra esa resolución que es desestimado por la Audiencia Provincial de Lérida, Sección 1.ª, Sentencia 64/2025, de 13 de marzo de 2025, Rec. 63/2024, confirmado la decisión del juzgado mencionado.
Por lo que aquí interesa, se comprueba que no ha habido lesión del derecho fundamental de libertad religiosa, pues no quedó acreditado que se pretendiera quebrantar o doblegar la voluntad del paciente. Se debía tener en cuenta que la situación consistía en que un médico del servicio de urgencias, en una situación de emergencia vital, encontró como única alternativa para mantener la vida del paciente la aplicación de una hemotransfusión. Es cierto que el paciente era testigo de Jehová y había manifestado con anterioridad su oposición a dichos tratamientos en un documento de voluntades anticipadas. Constaba también la negativa del interesado a firmar el consentimiento informado, con lo que no autorizó por escrito y expresamente la práctica de la transfusión sanguínea, pero sin rechazarla tampoco. Según el Juzgado y la Audiencia, se buscó cerciorarse de la voluntad del paciente ante la situación de extrema gravedad y de peligro evidente para su vida y se siguió el protocolo establecido, no pudiendo evidenciar una voluntad inequívoca de rechazo del tratamiento por cuanto el mismo estuvo consciente en todo momento e indicó que se siguiera el criterio de sus familiares, con los que se habló. La Audiencia confirma que el Juez a quo debe valorar libremente las pruebas, y que no hay cargos suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del denunciado, por lo que queda absuelto.
Se expondrá en este momento un caso referente a la posible necesidad de licencias destinadas a permitir la actividad dentro de los lugares de culto, y otra situación relativa a cementerios. Comenzado por la primera de ellas, es preciso analizar un recurso planteado por la Iglesia Evangélica de Filadelfia ante el TSJ de Madrid contra el auto denegatorio de medidas cautelares dictado por el Tribunal de instancia. El caso tiene origen en una resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se ordena el inmediato cese del uso implantado en un local por parte de la mencionada Iglesia, y ordena el cese también inminente de la actividad que, de igual manera, se viene ejerciendo en dicho emplazamiento, ello sin el correspondiente título habilitante urbanístico que la ampare.
Según el TSJ, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2.ª, Sentencia 652/2025 de 13 de octubre de 2025, Rec. 781/2025, debe desestimarse el recurso porque la denegación de medidas cautelares estaba justificada desde el momento en que el recurrente no aportó ninguna prueba del carácter irreparable de los perjuicios que derivarían de la ejecución del acto recurrido, si no llegase a suspenderse. En efecto, no hay evidencia alguna de que ese local estuviera destinado a actividades religiosas. Por tanto, no queda probado que la orden de cese de las actividades desarrolladas en el local supusiera una lesión del derecho fundamental de libertad religiosa ni que causara unos efectos irreparables que justificaran la concesión de medidas cautelares.
Vista esta cuestión, nos trasladamos al ámbito de los cementerios, y al sur de España. La comunidad islámica Al-Rahmah de Algeciras solicitó al Ayuntamiento de esta ciudad la reserva de un cierto número de sepulturas en el cementerio municipal, en virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 26/1992, que contiene el acuerdo de cooperación entre la CIE y el Estado español. El Ayuntamiento se negó a ello por entender que esta comunidad no estaba legitimada para realizar tal solicitud, debiéndolo hacer en su lugar la propia CIE. Según el TSJ de Andalucía (Sevilla), Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª, Sentencia 1006/2025 de 29 de octubre de 2025, no se ha producido ninguna vulneración del derecho fundamental de libertad religiosa. Según entiende, la decisión administrativa no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ni tampoco ha negado a las personas que profesen la religión islámica en Algeciras el uso del cementerio para ritos funerarios islámicos, sino que se ha detenido en un estadio procesal anterior para considerar, desde un prisma jurídico, que la Comunidad Islámica Al Ramah carecía de legitimación activa para plantear esa pretensión ante la Administración.
El TSJ reconoce que la sentencia de instancia efectúa una interpretación de la ley favorable al reconocimiento de la legitimación de Al Ramah, pero de ahí no puede derivarse automáticamente la vulneración de un derecho fundamental, porque conduciría al absurdo de apreciar automáticamente la vulneración de esta clase de derechos en decisiones administrativas complejas desde un punto de vista jurídico por el simple hecho de soslayar alguna norma vinculada a derechos fundamentales. Por otra parte, aunque mediara tal legitimación, lo cierto es que, según el TSJ, la pretensión de la actora debería haberse sustanciado por un procedimiento ordinario, en lugar de haber acudido al procedimiento de los derechos fundamentales de la persona.
La Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Apelación, confirma a través de su Sentencia 7/2025, de 29 de enero de 2025, Rec. 2/2025, el fallo condenatorio por un delito de autoadoctrinamiento terrorista pronunciado por la misma Sala, Sección 3.ª, Sentencia 31/2024, de 11 de diciembre. Según queda probado, la condenada venía sufriendo una progresiva radicalización en postulados de carácter yihadista, lo que le había llevado a consumir y difundir material videográfico de esta naturaleza. Este proceso comenzó por la influencia de su hermano, que se integró como combatiente al servicio de DAESH en el Gran Sahara (DGS), o Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS), falleciendo a fines de 2016 en Libia en desarrollo de su actividad terrorista. Tras la muerte de su hermano y siguiendo este proceso de radicalización, la acusada continuó manteniendo contacto con compañeros de su hermano y con personas investigadas por su pertenencia a la organización terrorista en otros países. La acusada aduce, entre otras cuestiones que ahora no se muestran relevantes, que esta acusación ha supuesto una infracción de su derecho fundamental de libertad religiosa, lo que conlleva no solo tener una determinada creencia, sino también adecuar el propio comportamiento a ella, y expresarla públicamente. Sin embargo, como es bien sabido y recuerda la misma Audiencia Nacional, no estamos ante un derecho ilimitado. En el caso presente, resulta evidente que la conducta observada por la recurrente, con alusiones a inmolarse, compromete la seguridad de terceros y constituye un grave atentado contra la pacífica convivencia de la sociedad que precisamente garantiza su libertad religiosa al igual que la del resto de los ciudadanos de cualquier otra confesión, sin que suponga un ataque contra una determinada forma cultural o la práctica del culto en cualquiera de sus pacíficas manifestaciones. Por todo ello, ratifica su condena.
Un caso paralelo al relatado, en el que consta la condena del acusado por la comisión de un delito de autoadoctrinamiento terrorista de orientación yihadista, se encuentra también en la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 3.ª, núm. 16/2025, de 3 de septiembre de 2025, Rec. 2/2025.
Como viene siendo habitual todos los años, también este es posible identificar un notable número de pronunciamientos de la Audiencia Nacional resolviendo –o, más bien, desestimando– recursos presentados contra la denegación de solicitudes de asilo o protección internacional denegadas por el Ministerio del Interior.
Damos comienzo presentado unos casos en los que la Audiencia Nacional confirma la resolución denegatoria de la concesión de asilo o protección subsidiaria, ni tampoco la permanencia por razones humanitarias, a distintos ciudadanos senegaleses por no reunir los requisitos para su obtención. Se alega una persecución por motivos religiosos, pero consta que se ha facilitado la práctica de la libertad religiosa en un país donde el Islam es la religión dominante, pero no radical al ser la mayoría sufíes, existiendo una convivencia pacífica. Destaca el hecho de que en los colegios de educación primaria se ofrece enseñanza religiosa, que los padres pueden solicitar, eligiendo entre islam y cristianismo y que a los colegios cristianos asisten también muchos alumnos musulmanes. Además, el conflicto que plantea es a nivel familiar y no vinculado a un conflicto religioso o étnico de alcance comunitario. Se ha tratado de las sentencias de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de mayo de 2025, Rec. 525/2023; 30 de junio de 2025, Rec. 288/2023; 8 de julio, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3.ª, Sentencia de 30 de junio de 2025, Rec. 288/2023; Sentencia de 10 de octubre 2025, Rec. 492/2022. Asimismo, Sentencia de 28 de mayo de 2025, Rec. 1189/2023, en relación con un ciudadano guineano musulmán al que sus amigos le han insistido en que se convierta al cristianismo porque le irá mejor económicamente y podrá beber alcohol, pero a quien su familia ha amenazado si abandona el Islam.
En relación con esta cuestión –persecución producida por grupos sociales, pero no por las autoridades del país– la Audiencia Nacional ha considerado que tampoco reúnen los requisitos para conceder el asilo otros casos más extremos como son las amenazas proferidas en la India por grupos extremistas religiosos. En este caso concreto se añade que no existe ninguna prueba de los posibles actos de persecución denunciados, siendo una mera alegación del sujeto, correspondiendo en todo caso al Estado indio ofrecer a sus ciudadanos la protección adecuada sobre tales hechos. El precedente invocado de concesión de asilo a un hermano del interesado tampoco tiene relevancia, pues se desconocen las circunstancias fácticas. Así lo ha entendido este Tribunal, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 7.ª, en la Sentencia de 28 de enero de 2025, Rec. 2099/2022.
Otro caso parecido ha sido el de un camerunés que también había solicitado asilo, pero para la Audiencia Nacional no consta que hubiera persecución religiosa en este país, ni que la hubiera sufrido el solicitante, pues más bien lo que relata parece un conflicto familiar derivado de su negativa a convertirse al Islam. El solicitante podría haber eludido la situación trasladándose a otra zona del país o acudiendo a las autoridades para solicitar protección. Así lo ha considerado la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4.ª, en la Sentencia de 3 de abril de 2025, Rec. 901/2022. Argumentos similares ha planteado en el caso de la confirmación de la denegación de asilo de unos ciudadanos colombianos en la Sentencia del mismo Tribunal y Sala, de 22 de enero de 2025, Rec. 365/2023.
La Audiencia Nacional también ha invocado, como razón para justificar la denegación de asilo y de protección internacional la escasa verosimilitud del relato del recurrente. En este sentido, y como ya sucedió en varias sentencias dictadas el año anterior por la Audiencia Nacional, también en 2025 se ha visto llamada a resolver recursos contra resoluciones del Ministerio del Interior denegatorias de la concesión de asilo a ciudadanos chinos pertenecientes a la Iglesia del Dios Todopoderoso. Confirma que los motivos que aducen para solicitar el asilo no coinciden con los previstos por las normas. Por otra parte, percibe la ya mencionada escasa verosimilitud en el relato, pues las actividades religiosas llevadas a cabo por la solicitante tanto en origen como en España no revisten el suficiente nivel de relevancia y exposición como para situar al solicitante en la órbita de preocupación y persecución por parte de las autoridades chinas. No consta la pertenencia del solicitante a la mencionada confesión cuando se encontraba en China, ni la persecución sufrida por parte de la policía. No aporta ningún tipo de documentación que sustenten mínimamente sus alegaciones. Encontramos estas situaciones en sentencias de la Audiencia Nacional como –entre otras– la de 29 de enero de 2025, Rec. 485/2023; 4 de febrero, Rec. 2251/2022; 25 de abril, Rec. 1839/2022; 8 de mayo de 2025, Rec. 543/2023; 21 de mayo, Rec. 553/2023; 10 de julio, Rec. 1642/2023; 27 de junio, Rec. 2048/2022; 29 de julio de 2025, Rec. 1653/2022; 17 de octubre de 2025, Rec. 1837/2022.
En otros casos, no se muestran pruebas suficientes de que el concreto solicitante de asilo o protección subsidiaria fuera víctima de persecución religiosa, a pesar de que el contexto podría invitar a facilitar la aceptación de esta situación. Este ha sido el caso de un ciudadano nigeriano que alegaba este tipo de persecución en un contexto como el de su país, presidido por la lucha y violencia entre diferente s grupos armados, entre ellos el extremista islámico de Boko Haram. Sin embargo, la Audiencia Nacional (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 7.ª, de 4 de febrero de 2025, Rec. 1977/2022l) coincide con el Ministerio del Interior que denegó la solicitud de asilo por entender que no había pruebas de la persecución denunciada, sino una mera alegación genérica e inconcreta.
También se considera en ocasiones que no existen siquiera indicios de persecución religiosa ni por otros motivos. Este ha sido el caso de un líder religioso político y social y opositor al régimen político de su país que se desplazaba por los barrios de Bogotá a explicar a las familias sus ideales. Es cierto que en alguna ocasión fue detenido y su domicilio fue objeto de registro, por lo que decidió trasladarse a Cali, y luego venir a España. Sin embargo, según la Audiencia, la denegación de asilo ha sido procedente porque en Colombia hay derecho a la libertad religiosa, a la vez que se garantiza la libertad de cultos y la libertad de difundirlos, por lo que no existe una persecución por motivos religiosos. Además, el recurrente ni siquiera es un líder social, sino un predicador religioso, pero la persecución en su país no obedece a esas creencias religiosas, ni tan siquiera políticas. Así lo ha entendido la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, en su Sentencia de 26 de febrero de 2025, Rec. 1308/2021. Así lo encontramos también en algunas sentencias de la Audiencia Nacional como de 11 septiembre de 2025, Rec. 1012/2024.
Finalmente, interesa indicar que la denegación de asilo se ha encontrado justificada en que la persecución religiosa la han realizado las autoridades de un país distinto del que es nacional el solicitante. Este ha sido el caso de una ciudadana armenia que invocaba este tipo de persecución, pero no realizada por las autoridades de su país, sino de Rusia. Por tanto, a tenor de la Convención de Ginebra y de la ley de asilo, no existe una persecución en el país de la nacionalidad de la peticionaria, tal como ha entendido la Audiencia Nacional en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3.ª, de 24 de abril de 2025, Rec. 1672/2023.
Durante el año 2025 se ha presentado algún caso de denegación de solicitud de la nacionalidad española por residencia debido al radicalismo religioso del solicitante. Según la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 3.ª, Sentencia de 17 de septiembre de 2025, Rec. 1938/2021), queda probado, sobre la base de un informe del CNI, que el recurrente difunde una ideología islamista radical que promueve la supremacía de la ley islámica. Es asimismo muy activo en redes sociales, destacando el mensaje negativo que transmite de otras religiones, comparándolas y rechazándolas frente al Corán. Además, en varias publicaciones habla de la mujer, calificando como pecado cualquier forma de taparse el cabello que no sea con el nikab o hijab, por lo que existen motivos de orden público o interés nacional para la denegación de la nacionalidad.
La Audiencia Nacional, en su sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, de 16 de julio de 2025, Rec. 1906/2022, ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Secretario de Estado de Seguridad que acuerda la expulsión del territorio nacional de un ciudadano marroquí. Queda probado, según el Tribunal, que esta persona había realizado actos contrarios a la seguridad nacional. La Audiencia Nacional recuerda que la jurisprudencia es constante en sostener que no se exige que se proporcionen detalles exhaustivos sobre las actividades ejecutadas. Basta, simplemente, con ofrecer un mínimo de datos sobre las razones determinantes, pues así se permite al interesado articular su defensa y a la Sala conocer las razones de la decisión y verificar que las mismas se ajustan a la legalidad y a la racionalidad que han de guiar el ejercicio de las potestades administrativas.
Por otra parte, la posible afectación a la situación personal y familiar de la medida debe ceder ante la acreditada incidencia que las actividades del sujeto provocan sobre la seguridad nacional, al haber dedicado su permanencia en nuestro país a la difusión de los postulados radicales propios del ideario salafista, quedando así también garantizada la proporcionalidad de la medida de expulsión, como única posible para salvaguardar los intereses fundamentales de la sociedad afectados por dicha actividad. A conclusiones semejantes, ante un caso también referido a la propagación del ideario salafista por parte de otro ciudadano marroquí, llega el mismo Tribunal y Sala en la Sentencia de 14 de mayo de 2025, Rec. 1903/2022.
Se han presentado más casos de esta índole, igualmente juzgados por la Audiencia Nacional. En aras de completar este apartado, se relata uno más en el que la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, en su Sentencia de 22 de octubre de 2025, Rec. 12/2023, desestima el recurso interpuesto por un ciudadano marroquí contra la orden de expulsión de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior que ordenaba su expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada durante diez años, y ello a pesar del largo tiempo que llevaba viviendo en España. Sin embargo, la comisión de conductas que ponían en grave riesgo la seguridad nacional y la relación de España con otros países tal como viene regulado en la LO 4/2000, justifican las medidas adoptadas.
Se ha comprobado que el sujeto en cuestión mantenía distintas vinculaciones con el terrorismo yihadista. Se ha acreditado también que es un sujeto takfirí, la cual es la corriente yihadista más radical, plenamente inmerso en un proceso de adoctrinamiento a través de internet mediante el consumo de material yihadista, además realizar de labores de adoctrinamiento activo, apología y enaltecimiento yihadista. Entre otros argumentos adoptados en su defensa, el recurrente aducía que esta sanción atentaba contra su derecho fundamental de libertad religiosa. Ante ello, la Audiencia Nacional recuerda que esta libertad encuentra su límite en el mantenimiento del orden público protegido por la ley (art. 16 CE) y en la protección de los derechos o las libertades de los demás (art. 9.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), a la que, como se ha dicho, puede ir dirigida la protección de la seguridad nacional.
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