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El Profesor Ferrer Ortiz coordina la séptima edición del manual de Derecho eclesiástico del Estado español, publicada a finales del 2025 por EUNSA, bajo los auspicios del Instituto Martín de Azpilicueta de la Universidad de Navarra.
La Presentación descubre la intra-historia del primer libro de texto de Derecho eclesiástico del Estado español: Autores que acompañaron al Profesor Lombardía en el diseño y elaboración de lo que él consideraba «germen de un manual»; relevos en la lista de colaboradores; circunstancias que justificaron la adaptación de los contenidos; razones de los cambios en la estructura sistemática.
El texto original –redactado en plena Transición política, cuando la disciplina no tenía cabida en los planes de estudios universitarios– ha experimentado, en efecto, una evolución constante al ritmo de los cambios normativos, jurisprudenciales y doctrinales que han acompañado el proceso de configuración del modelo español de relaciones entre el Estado y el fenómeno religioso. Al igual que las anteriores, esta nueva puesta al día mantiene el espíritu y las opciones conceptuales y metodológicas que inspiraron la primera edición.
El punto de partida es la constatación de que el fenómeno religioso no puede reducirse a la esfera puramente privada o íntima, porque conlleva una innegable proyección social, colectiva e institucional. Religión y Derecho no son dos universos paralelos. Salvo en sus versiones más extremas, hasta el positivismo estatalista reconoce la existencia de zonas de intersección. Puesto que no se trata, es verdad, de una versión renovada de los conflictos de jurisdicción, el Derecho de las democracias liberales gestiona las confluencias desde la dignidad del ser humano, fundamento de sus derechos inviolables, y con herramientas técnico-jurídicas no confesionales, neutras, si se prefiere, que aplica homogéneamente a todo «lo religioso».
Desde sus comienzos, el decano de los manuales españoles ha propuesto una explicación equilibrada del papel del Derecho estatal en la ordenación del hecho religioso, evitando tanto las posiciones cercanas a la confesionalidad como los reduccionismos que pretenden expulsar la religión del espacio público. Una concepción sobria y rigurosa del Derecho eclesiástico del Estado que confía en la potencialidad de sus principios informadores como fuerza unificadora de su heterogéneo sistema de fuentes. La opción por el justo medio ha beneficiado a la doctrina española –indirectamente, a la legislación y a la jurisprudencia– desde finales del siglo xx hasta nuestros días. El libro que se pensó para la escuela ha terminado por hacer Escuela.
El capítulo I (pp. 21-48), elaborado por los Profesores Lombardía y Fornés, aborda la noción de El Derecho eclesiástico con el fin de construir una definición cerrada y coherente, que comprenda la perspectiva formal (fuentes de conocimiento) y material (objeto). Estas páginas iniciales establecen el marco histórico de las relaciones entre el poder temporal y el poder espiritual mediante el repaso de sus sucesivas concreciones en la teoría y en la práctica políticas occidentales: monismo, dualismo, cesaropapismo, hierocratismo, regalismo, separación, laicidad.
Tras clasificar los sistemas constitucionales contemporáneos en cinco tipos principales –desde los regímenes coordinacionistas, hasta los que se basan en el reconocimiento de la libertad religiosa como derecho humano, sin olvidar los fundamentalismos–, los Autores presentan, como elemento de contraste, el cambio radical de perspectiva que supuso la asunción de la noción de libertad religiosa por parte de la Iglesia católica a partir de la Declaración Dignitatis humanae del Concilio Vaticano II (7-XII-1965). Si algo pone de manifiesto el argumento es que la dignidad de la persona humana es un valor universal, y también que la confesionalidad dificulta la protección y el fomento de la libertad religiosa.
En el capítulo II, Lombardía y Fornés ofrecen una visión de conjunto de las Fuentes del Derecho eclesiástico español (pp. 49-77), que comienza con la descripción de sus antecedentes históricos inmediatos, desde el siglo xvi a la actualidad. El relato culmina con la clasificación del actual sistema de fuentes. El origen de las normas –fuente material– permite distinguir las fuentes pacticias (convenios internacionales de protección de derechos humanos, derecho europeo y acuerdos con las confesiones, pp. 58-69) y las fuentes unilaterales (desde la Constitución a la legislación ordinaria, pp. 70-74), una clasificación inserta plenamente en el ordenamiento jurídico español, coherente con el artículo 1 del Código Civil, y que, como es natural, se articula según los principios de jerarquía y competencia.
La singularidad del Derecho eclesiástico del Estado radica en que numerosas normas sobre el factor religioso no dependen exclusivamente de la voluntad del legislador, porque las opciones constitucionales en la materia modulan el ejercicio de la soberanía: valoración de la religión como manifestación de libertad, incompetencia política en asuntos religiosos, no discriminación y colaboración con las instituciones que pueden satisfacer las aspiraciones religiosas de los individuos. Por esta razón, los Autores dedican especial atención a los Concordatos, regidos por el principio de derecho de gentes pacta sunt servanda (pp. 61-66), así como a los Acuerdos con otras confesiones, basados en el art. 7 LOLR (pp. 66-70).
La separación entre soberanía política y soberanía religiosa cristaliza en la separación de ordenamientos y permite el recurso a los mecanismos de remisión –recepticia o material, formal o no recepticia y presupuesto de hecho– característicos del Derecho internacional privado. La norma de conflicto se ha aplicado pacíficamente a las relaciones entre el Derecho estatal y el Derecho canónico, y es también la perspectiva elegida por los Autores (p. 76). ¿Es la «plena autonomía» de las confesiones inscritas (art. 6.1 LOLR) fundamento suficiente para trasponer estos postulados a las relaciones del ordenamiento estatal con los demás ordenamientos confesionales? ¿Son las confesiones no católicas sujetos originarios?
Los Profesores Villadrich y Ferrer Ortiz consideran en el Capítulo III los Principios informadores del Derecho eclesiástico español (pp. 79-103): libertad religiosa, igualdad, no confesionalidad y cooperación (pp. 84-103). La explicación de las funciones integradora y hermenéutica de estos principios y la «brevedad y sencillez» en su desarrollo facilitan el estudio de esta materia dogmático-jurídica en la academia (pp. 80-84). El lector quedará convencido de que estos principios –doctrinales, sí, pero en ningún caso alegales, por quiméricos– robustecen la unidad formal del sistema, fundamento de la autonomía científica del Derecho eclesiástico del Estado.
Noción, fuentes, principios. Los tres primeros capítulos cumplen las funciones propias de las partes generales de cualquier rama de los saberes jurídicos. Los restantes capítulos, la parte especial, han sido objeto de sucesivas reordenaciones a lo largo de los años, a la búsqueda de una mayor coherencia sistemática. La sucesión que aporta el hilo argumental de la séptima edición clarifica la relación entre instituciones: mientras que los capítulos IV a VI se centran en la dimensión individual de la libertad religiosa, sus vivencias colectiva e institucionales dominan las materias de los capítulos VII a XI. ¿Valdría la pena adelantar, en próximas (re)ediciones, el actual capítulo VIII y situarlo después del V dedicado a las objeciones de conciencia? Los capítulos sobre la enseñanza y el matrimonio dan por conocido el régimen jurídico de las Confesiones religiosas en nuestro país.
El análisis de El derecho de libertad religiosa corre a cargo de la Profesora Blanco. A partir de los textos internacionales básicos, el Capítulo IV (pp. 105-133) caracteriza este derecho como derecho humano, cuyo fundamento es la dignidad de la persona humana. El análisis de su contenido y manifestaciones ayuda a comprender su tipicidad –este derecho no es una especie de la libertad de pensamiento–, lo que justifica su tratamiento singular (pp. 105-110). Esta fue la opción del legislador español cuando aprobó una ley sobre libertad religiosa que, después de cuarenta años, la Autora considera ha cumplido eficazmente sus objetivos: crear un marco de libertad y garantizar el desarrollo de las Confesiones (p. 114).
En el ordenamiento español, la protección de la libertad religiosa abarca numerosos ámbitos con un amplio catálogo de garantías jurídicas: desde el principio del interés superior del menor, cuyas decisiones deben equilibrarse con las de sus padres o tutores (pp. 115-116); hasta la tutela penal atenta a las peculiaridades de los bienes protegidos, y con pleno respeto del principio de no confesionalidad (pp. 117-124); pasando por las responsabilidades de los titulares del poder ejecutivo, en todos los niveles, en materias como el respeto de los días festivos, la alimentación y la simbología religiosa (pp. 124-129). Unas mínimas referencias a los mecanismos de protección jurisdiccional, nacionales e internacionales, y a las garantías dispensadas a este derecho –humano sí, pero también constitucional y fundamental– en las situaciones de alarma, excepción y sitio hubieran completado la relación de garantías. El capítulo concluye con un apartado sobre los derechos de expresión e información en materia religiosa y la posibilidad de expresar las propias convicciones con respecto a los derechos a los demás (pp. 124-133). Su mérito principal es no abordar la materia como una mera cuestión de límites y conflictos, añadiendo la perspectiva, más enriquecedora, de las sinergias entre derechos. Obrar de otra manera conduce irremediablemente a la jerarquización de los derechos humanos.
Las creencias religiosas, cuya profesión o confesión queda garantizada por el artículo 2.1 LOLR, constituyen el marco axiológico desde el que el individuo elabora juicios de valor acerca de su propia conducta y determina su comportamiento conforme a los dictados de su conciencia. Esto explica el interés del Derecho eclesiástico del Estado por Las objeciones de conciencia, la materia del Capítulo V (pp. 135-164). Tras proponer una noción amplia, los Profesores Navarro – Valls y Valero Estarellas se interesan por la regulación de los conflictos provocados por «la negativa de un individuo, por razones de conciencia, a sujetarse a una conducta que, en principio, sería jurídicamente exigible, tanto si la obligación procede de una norma como de un contrato» (p. 137), en múltiples supuestos: objeción al servicio militar, aborto, tratamientos médicos, eutanasia, así como en los ámbitos laboral, fiscal, educativo y judicial. Más que la elaboración de reglas generales, los Autores remiten la decisión última al juez, dentro de los límites fijados por el legislador y el orden público democrático. Su ámbito propio es la prudencia jurídica, cuya educación mejora con el conocimiento de los orígenes históricos de cada situación, los precedentes jurisprudenciales y el Derecho comparado.
Como señala el Profesor Ferrer Ortiz, en el marco de La enseñanza (Capítulo VI, pp. 165-190) aparecen algunas de las manifestaciones más relevantes del derecho de libertad religiosa: el derecho a recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole; y el derecho a elegir para sí y para los menores no emancipados a su cargo, la educación religiosa y moral conforme a las propias convicciones (art. 2.1.c LOLR). Conciliar la libertad de enseñanza con el hecho de que la enseñanza básica, obligatoria y gratuita, haya sido asumida por los poderes públicos es posible siempre que se tengan en cuenta dos aspectos: el «derecho a enviar a los niños a escuelas distintas de las creadas por el Estado y [el] derecho a que esos niños no sufran discriminación económica por tal motivo» (pp. 166-167). La financiación de la enseñanza, la enseñanza religiosa y el estatuto de la asignatura de religión –en sus dimensiones curricular y de selección del profesorado (pp. 183-185)– son, por tanto, las claves del sistema educativo no universitario. Por lo demás, los criterios ideológicos y religiosos que inspiran el ideario de los centros docentes pueden entrar en colisión con la libertad ideológica y religiosa del profesorado, englobadas dentro de la libertad de cátedra (pp. 169-172). La creación de centros de estudios superiores por parte de la Iglesia católica y el resto de Confesiones, y el reconocimiento de sus títulos se expone a la luz de los recientes cambios legislativos operados en España (pp. 185-189).
El sistema matrimonial ha sido una de las cuestiones más ampliamente estudiadas por la literatura jurídica española. El Capítulo VIII, titulado El matrimonio religioso (pp. 191-221), aprovecha las aportaciones doctrinales con el objeto de clarificar el complicado juego de intereses político - jurídicos que supone la coexistencia de los matrimonios religiosos con el matrimonio civil: ius connubii, soberanía política y autonomía de las Confesiones. Los Profesores Navarro-Valls y Ferrer Ortiz descubren al lector la problemática que se encuentra detrás del conflicto entre ordenamientos y explican los instrumentos jurídicos que se han utilizado y se utilizan para su solución. El sistema matrimonial español vigente es plural y de formación progresiva (p. 195). La eficacia civil del matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico exige la remisión a las normas canónicas constitutivas –los Autores optan por la figura del reenvío mediato, pues la remisión inmediata es a la libertad religiosa de la persona–, así como, la forma de celebración en consonancia con el Acuerdo sobre asuntos jurídicos de 1979 (pp. 196-203).
Esta norma internacional también prevé la eficacia civil de las sentencias y resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos en materia matrimonial, cuyo estudio comprende los procesos de separación, nulidad y disolución del matrimonio canónico, así como el reconocimiento de matrimonios en la Unión Europea (pp. 203-213). Los Autores analizan a continuación la eficacia civil de los matrimonios de las minorías religiosas, reservado a aquellas que han concluido un Acuerdo de cooperación –o se han adherido a una Federación con Acuerdo–, o bien han obtenido la declaración de notorio arraigo en España (pp. 213-221). Las próximas ediciones de la obra podrían enriquecerse con unas palabras sobre esta cuestión: los controles efectuados por las autoridades competentes a la hora de registrar los matrimonios religiosos o conceder el exequatur de las decisiones canónicas, que han devenido en praxis administrativa o jurisprudencia, ¿tienen un respaldo en el marco legal español, tan pulcramente descrito?
Las Confesiones Religiosas son la materia del Capítulo VIII (pp. 223-246). Como explica la Profesora Garcimartín, el derecho de libertad religiosa tiene una dimensión colectiva e institucional, cuyo reconocimiento es necesario para su ejercicio individual: algunas manifestaciones de la libertad religiosa solo se desarrollan plenamente en el ámbito comunitario. Esta dimensión «entronca directamente con el art. 9.2 CE, que atribuye a los poderes públicos la promoción de la libertad e igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran» (p. 223)
Ante la ausencia de una definición legal de Confesión, y ante la falta de acuerdo doctrinal en la determinación de sus elementos constitutivos, la Autora opta por un realista punto medio: el ordenamiento –español e internacional– reconoce como sujetos de derecho –y les concede un estatuto singular, distinto a las asociaciones– a los grupos que persiguen fines religiosos. La nota más destacable del régimen jurídico de las Confesiones religiosas es la autonomía, garantizada también en el ámbito supranacional, en cuatro dimensiones: institucional, organizativa, régimen interno y régimen de personal (pp. 225-230). El sistema español, se nos dice, es asimétrico, especialmente favorable a la Iglesia católica, por razones históricas y concordatarias. La afirmación, cabría matizar, tiene este contrapunto: en su afán por salvaguardar la igualdad, el legislador español ha intentado conceder a las confesiones lo que se concede a la Iglesia católica, sin violar la no confesionalidad. La asimetría es consecuencia de las singularidades de cada vivencia comunitaria del fenómeno religioso, pues igualar no es homologar.
Garcimartín despieza minuciosamente los mecanismos de reconocimiento e inscripción (pp. 230-235), y el régimen jurídico de las confesiones: la Iglesia católica, las Confesiones con Acuerdo y las Confesiones con notorio arraigo (pp. 235-242). Las entidades que las confesiones constituyen en desarrollo de su autonomía son clasificadas en dos grupos, según pertenezcan o no a su organización. ¿Valdría la pena recuperar la terminología «entidades mayores y menores»? El último apartado explica la actitud del Derecho ante las sectas y los nuevos movimientos religiosos.
La cooperación económica es un tipo de colaboración compatible con la neutralidad y la igualdad religiosas, de gran relevancia para la libertad religiosa, pero que también reconoce la labor social desinteresada que desarrollan las entidades religiosas. Se articula a través del Régimen económico y la protección del patrimonio de las confesiones, materias del Capítulo X (pp. 247-266), en el que la Profesora Garcimartín ordena en primer lugar el enjambre de cauces de colaboración previstos por el ordenamiento español. El cuadro destaca por su sencillez y claridad: de un lado, la financiación directa, donde se distingue la situación de la Iglesia católica y la de las restantes Confesiones; de otro, las diversas vías de financiación indirecta, mediante los mecanismos tributarios de la no sujeción, exención o deducción por donativos, o bien a través del patronazgo de actividades o eventos singulares. En cuanto al patrimonio de las confesiones religiosas, dos son los temas que interesan a los eclesiasticistas: el régimen jurídico de los lugares de culto, los cementerios y de los bienes de interés cultural; y el acceso de esos bienes al Registro de la Propiedad. En este último punto la Autora sintetiza con desapasionamiento el proceso que llevó a las inmatriculaciones de inmuebles de la Iglesia católica.
Como explica el Profesor Ferrer, solo desde una noción amplia de los Ministros de culto –un concepto estatal– es posible sistematizar los supuestos en los que la condición de miembro cualificado de una confesión religiosa tiene relevancia en el Derecho español, por lo general a través de la técnica del presupuesto de hecho. El Capítulo X (pp. 267-287) delimita cinco ámbitos: el secreto de oficio o ministerial, el fuero eclesiástico, los nombramientos eclesiásticos, las prestaciones de servicios –a la propia confesión, a entidades estatales y a otras instituciones–, y la Seguridad Social. Estas páginas también consideran tres dimensiones de un fenómeno patrimonial particular, el estado de vida religiosa en la Iglesia católica: las cesiones y renuncias patrimoniales vinculadas a la emisión del voto de pobreza y sus consecuencias en caso de abandono de la vida religiosa; la reclamación de los servicios prestados por el religioso a su Instituto o a un tercero; y, por último, los modos de su integración en la Seguridad Social.
La obra finaliza con el estudio de la Asistencia religiosa (Capítulo XI, pp. 289-311), es decir la acción del Estado dirigida a que las confesiones puedan atender espiritualmente a los ciudadanos que se encuentran en circunstancias de especial sujeción. La Profesora Blanco explica el fundamento –promoción de la libertad y la igualdad religiosas–, el contenido –ejercicio de los derechos que garantiza el art. 2 LOLR– y los modelos –integración, concertación, libre acceso y libre salida–, y analiza las opciones adoptadas por el legislador español al regular la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, en instituciones penitenciarias, centros hospitalarios, centros benéficos y de asistencia social. Los casos de las concentraciones más o menos estables, y la prestación de atención religiosa vinculada a la enseñanza religiosa en los centros docentes no universitarios se consideran asistencia impropia.
En definitiva, la aparición de la séptima edición del «germen de manual» de Derecho eclesiástico del Estado español en un momento de consolidación y reconocimiento de la disciplina en cuyo alumbramiento participó es una buena noticia: aquella semilla es hoy un árbol frondoso. La adaptación y puesta al día de los contenidos y los cambios en la sistemática mantienen las presentes valoraciones dentro de los límites del principio «non uindicabit/iudicabit Dominus bis in idipsum». De la reseña de la sexta edición efectuada hace dos décadas se rescata esta sugerencia conclusiva: un índice de materias facilitaría el trabajo de estudiantes y profesionales del Derecho.
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