Está Vd. en

ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO - 2026

Garcimartín Montero, María del Carmen, Patrimonio cultural eclesiástico. Antiguos conflictos y nuevos retos, Comares, Granada, 2025, 128 pp.

ISSN-L:
0213-8123
e-ISSN:
3127-5613
Licencias:
Cómo citar:
Herrera Ceballos, Enrique (2026). GARCIMARTÍN MONTERO, María del Carmen, Patrimonio cultural eclesiástico. Antiguos conflictos y nuevos retos, Comares, Granada, 2025, 128 pp. ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO
Formato:
APA

Esta nueva monografía de la profesora Garcimartín, catedrática de Derecho eclesiástico del Estado de la Universidad de La Coruña, aborda uno de los temas, tal vez, menos trabajados por la doctrina eclesiasticista y que, sin embargo, resultan de gran interés no solo teórico sino práctico en la medida en que, no hay que olvidar que aproximadamente el 80 % del patrimonio cultural español es de naturaleza religiosa –está fundamentalmente en manos de la Iglesia católica– y que, a su vez, forma parte del «acervo cultural español». No hay que olvidar que la Carta Magna consagra como principios rectores de la política social y económica tanto el derecho –del ciudadano– de acceso a la cultura como la garantía institucional de conservación y enriquecimiento de los bienes que integran dicho patrimonio.

Nos encontramos ante una monografía relativamente breve que, en cuatro capítulos, aborda sintética y genéricamente el tema del patrimonio cultural religioso perteneciente a la Iglesia católica. El lector no encontrará un trabajo altamente especializado pero sí una visión general del tema que aborda.

Al título se ha añadido el subtítulo «Antiguos conflictos y nuevos retos» y es cierto que cuando se lee detenidamente la monografía se advierte que la profesora Garcimartín se ha detenido en el análisis –también breve pero no por ello menos certero– de varios conflictos que se han dado históricamente tanto en el plano teórico como en el eminentemente práctico en torno a la protección del patrimonio cultural eclesiástico. A continuación me referiré a este tema. La cuestión de los «nuevos retos» se aborda principalmente en el capítulo tercero como consecuencia, esencialmente, del abandono y/o desatención de bienes muebles o inmuebles de la Iglesia a causa de la reducción del número de fieles y consagrados en los últimos decenios que llevan a la clausura de monasterios, abadías e iglesias y de los bienes que en ellos se alojan. Al ser o contener bienes del patrimonio cultural español esta circunstancia de la propiedad no puede llevar al deterioro o destrucción de los mismos al contravenir el mandato constitucional por lo que habrá que articular soluciones de común acuerdo entre la Iglesia y las Administraciones públicas en aras al mantenimiento y conservación de este patrimonio; es ahí donde surge la idea del «nuevo uso».

Pasando al análisis del contenido de forma más concreta y sistemática, como antes dijimos, el trabajo se estructura en cuatro capítulos. La sistemática interna resulta lógica y apropiada comenzando por el análisis de la normativa, continuando por el del concepto y los usos que pueden darse al patrimonio cultural eclesiástico y terminando –capítulo IV– por la cuestión relativa a los llamados patrimonios especiales; básicamente el patrimonio inmaterial y el documental.

En relación con la normativa, la autora repasa normas tanto unilaterales como pacticias, ya de ámbito internacional, comunitario como interno español en materia de patrimonio cultural. No me detengo en detallarlas sino en hacer hincapié en el tratamiento de algunos problemas que se han derivado de la interpretación de la normativa. Se detiene la profesora Garcimartín en la crítica doctrinal del tenor literal del artículo XV del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 1979, haciéndose eco de las dos posturas habidas: la de quienes defienden que resulta un texto insuficiente para la óptima protección del patrimonio perteneciente a la Iglesia por no incorporar referencias al derecho de propiedad de la Iglesia y a la obligación de respeto a este derecho que debe recaer sobre los Poderes públicos y la de quienes, en contra, sostienen que resulta una protección más que idónea. Sin embargo, la autora no se decanta por ningún criterio en concreto. Por otro lado, también hace oportuna referencia al problema de la ausencia de noticias sobre la existencia (o inexistencia) de la Comisión Mixta que creó el propio Acuerdo.

En el «marco normativo constitucional» Garcimartín apunta varios problemas. Problemas como el de la distribución competencial del artículo 148 CE en relación con lo previsto en la LPHE que cristalizó en la doctrina de las «competencias concurrentes»; como el de la noción de expolio; como el de la atribución de competencias de gestión de bienes adscritos a servicios gestionados por la administración estatal o de declaración de bienes de particular interés cultural, considerados por alguna Comunidad inconstitucionales por invasión de competencias o sobre la previsión (LHPE) de autorización previa para el desplazamiento o remoción de un bien.

Finalmente en el ámbito de las leyes autonómicas el trabajo se detiene en los casos de extralimitación de competencias (invadiendo las estatales) en las restricciones a las posibilidades de disposición de los bienes eclesiásticos cuando se trata de proteger el doble valor cultural y religioso de estos (pp. 38 y 39).

En el capítulo segundo, en el que se analiza el concepto de bienes del patrimonio cultural, lo más relevante a nuestro entender son tres aspectos sobre los que reflexiona la autora. El primero es la aproximación al concepto en tanto las leyes de las CC. AA. resultan más detalladas que la propia LPHE lo que, según parte de la doctrina, ha conllevado la proliferación de categorías de bienes no previstas en la norma de rango superior y que, consecuentemente, llevan a una quiebra en el reparto competencial, resultado a la postre una técnica legislativa inadecuada. El segundo es la cuestión de la titularidad dominical de los bienes de la Iglesia católica, o mejor, la ausencia de toda referencia en la LPHE de ella, máxime cuando en muchos casos no existe título material por resultar inmemorial. Una referencia al mecanismo de la usucapión, apunta la autora, no sería inapropiado en esta materia. Y finalmente el tercer problema que apunta el trabajo en este ámbito es una diferencia de trato considerada discriminatoria entre unas y otras confesiones cuando la LPHE establece las limitaciones a la transmisión de bienes muebles de la Iglesia; al contemplar solo a las «entidades eclesiásticas» se excluye de tales límites –en aras a la conservación de los bienes del común acervo– al resto de confesiones.

El capítulo tercero trata del uso de los bienes y la cuestión primordial que atraviesa todo el capítulo es la armonización de la doble función de los bienes del patrimonio cultural eclesiástico: cultural y a la vez, religiosa. Lo capital para el operador jurídico será como armonizar ambos aspectos. Como paradigma de armonización (y priorización) la autora menciona la Ley valenciana.

Otra cuestión que trata Garcimartín es, desde la perspectiva del derecho de acceso del ciudadano y, en concreción del mismo, de las visitas, el traslado de bienes muebles (depósito en lugar seguro) cuando no puede satisfacerse adecuadamente la visita de los mismos. Es aquí donde la armonización de derechos plantea más problemas por el alto riesgo de desnaturalización del mismo; de desaparición de la finalidad para con la que se concibió en el lugar donde fue originalmente ubicado. Sobre este problema y en lo que a bienes muebles se refiere, la autora también contempla supuesto de armonización exitosa como el de la Cartuja de Aula Dei cuyo presupuesto es el acceso limitado a sujetos de sexo opuesto al previsto por la regla monacal.

La última cuestión que se aborda es el problema de la conservación y en concreto se hace referencia al caso de las obras de rehabilitación de la Catedral de Ávila y los pronunciamientos jurisprudenciales que restringieron la «libertad» de la Iglesia cuando limitaban sustancialmente el acceso de los visitantes a unas lápidas declaradas Bien de Interés Cultural, cuestión ésta tratada profusamente por la doctrina eclesiasticista.

Al final de este tercer capítulo es donde la referencia en el subtítulo del libro «nuevos retos» se hace presente; en concreto con la necesidad de adaptación a nuevos usos de bienes de la Iglesia que quedan abandonados o faltos de la necesaria custodia y conservación. La autora hace referencia a la necesidad de contemplación de estos nuevos usos (Plan Nacional de Abadías) que armonice los mismos con los religiosos y, en el caso de las abadías, con el respeto al desenvolvimiento de la vida monástica que se siga desarrollando.

A nuestro juicio el aspecto más relevante del capítulo es el problema del destino de los altares cuando se produce la execración del templo donde se alojan en cuanto estos –según el derecho canónico– conservan su sacralidad. La cuestión que apunta la autora es el conflicto entre la normativa canónica y la civil puesto que aquella prevé incluso la destrucción cuando no pueda evitarse un uso indebido, mientras que, resultando un bien del patrimonio cultural español, esta lo prohíbe taxativamente.

El capítulo cuarto trata la cuestión de los «patrimonios especiales», en concreto la tutela del patrimonio inmaterial y el documental.

Lo más relevante en relación con el primero sería la crítica que se ha vertido sobre la existencia misma de la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2015; ley criticada por el mismísimo Consejo de Estado al considerar que quebraba el principio de protección unitaria del patrimonio y, por otro lado, la posible descoordinación interinstitucional a la hora de la tutela de dicho patrimonio. Un ejemplo sería la inexistencia de representantes religiosos en el Plan Especial de Salvaguarda de Patrimonio Cultural Inmaterial de 2015.

En cuanto al patrimonio documental lo primordial sería la armonización de la normativa canónica y la civil en materia de declaración de patrimonio cultural de determinados documentos.

Tras este breve análisis del trabajo de la profesora Garcimartín Montero podemos adelantar al futuro lector que nos encontramos ante una monografía muy adecuada para acercarse al conocimiento de los principales problemas que plantea el patrimonio cultural de la Iglesia católica y de las tensiones que se suscitan entre ordenamientos sin adentrase demasiado en cada uno de ellos. Resulta una panoplia general sobre un tema clásico del derecho eclesiástico, tradicionalmente poco tratado, y que puede resultar ideal para una primera aproximación al tema que trata. Desde luego que quedan asuntos en el tintero que necesitan mayor reflexión y quizás propuestas de lege ferenda, pero es casi seguro que no ha sido éste el propósito de la autora que se ha caracterizado en su trayectoria académica por abordar profunda y certeramente en todos y cada uno de los problemas que ha tratado.

Sin lugar a dudas recomendamos esta obra como parte del planteamiento general del problema de la protección de los bienes del patrimonio eclesiástico por su fácil lectura, su carácter sintético pero certero en la exposición de las principales problemáticas y como excelente material para la preparación del tema en las clases teóricas de la asignatura de Derecho eclesiástico del Estado en tanto los alumnos tendrán una visión aproximativa muy adecuada.

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid