Este libro, fruto de la colaboración conjunta de los profesores Massimo del Pozzo y Jorge Castro Trapote, es un intento de identificar y describir los elementos esenciales del sistema jurídico de la Iglesia, presentándose a sí mismo –como reza su subtítulo– como un Compendio de derecho constitucional canónico. La obra tiene una intención claramente didáctica y expositiva, ofreciendo a los estudiantes del curso que imparten estos profesores en sus respectivas Facultades de Derecho Canónico (Pontificia Università della Santa Croce y Universidad de Navarra) un resumen de la explicación oral y a los estudiosos de la ciencia canónica una presentación del posible enfoque constitucionalista. Como indican sus autores en la presentación del libro, el texto representa una selección y síntesis de los contenidos de los tres volúmenes ya publicados en la colección Subsidia Canonica de Edizioni Santa Croce: Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico (2015), Lo statuto giuridico fondamentale del fedele (2018), La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico (2020). A la vez, se han añadido algunos temas sobre la parte dinámica del derecho constitucional canónico: la constitucionalidad de las normas y las garantías constitucionales, así como innovaciones doctrinales y normativas directamente relacionadas con el orden constitucional del Pueblo de Dios.
Los autores son firmes promotores del constitucionalismo eclesial y, por lo tanto, de que la Iglesia, como speculum iustitiae, «debería brillar precisamente por la garantía de los derechos y la racionalidad del poder, pilares y valores principales de todo sistema constitucional». Del Pozzo y Castro Trapote afirman la existencia de una constitución real de la Iglesia, aunque esta no se halle explicitada formalmente en un texto normativo escrito:
«La Iglesia no tiene, estrictamente hablando, una constitución formal (un texto normativo fundamental escrito) y probablemente no llegará a tenerla, al menos en un futuro próximo, pero sí tiene normas constitucionales. La ausencia de un texto normativo fundamental, sobre todo distanciándose del reduccionismo positivista dominante en el ámbito secular, no es, sin embargo, un obstáculo o un impedimento para captar el plano basilar y primario de la juridicidad canónica. La existencia de una constitución real o sustancial de la Iglesia, como nos gusta calificarla (evitando la ambigüedad de la simple “materialidad” constitucional), parece un hecho adquirido e incontrovertible. En efecto, la socialidad canónica tiene principios y características no solo autónomos y peculiares (piénsese en la estructura jerárquica y en la vicariedad cristológica), sino muy precisos y específicos. El designio salvífico de Cristo ha configurado los bienes de comunión y un organismo transpersonal permanente vivificado por el Espíritu para garantizarlos. El vínculo existente entre la comunidad cristiana y la trascendente voluntad fundante es, por tanto, intrínseco y esencial. Además, ha tenido lugar una importante formalización de los aspectos sustanciales de la constitución de la Iglesia, que sin embargo se encuentra dispersa en distintos cuerpos normativos y en la experiencia jurídica de la Iglesia. La precariedad de la técnica constitucional es, por tanto, una oportunidad o un estímulo más para elaborar y perfeccionar una fundamentación y una hermenéutica constitucionales adecuadas y productivas para el desarrollo del derecho en la Iglesia. La importancia y el arraigo del ius canonicum para la vitalidad y difusión del mensaje cristiano están acreditados por la experiencia histórica y la especulación racional».
Para los autores, de entre todos los elementos esenciales del sistema jurídico eclesial, el estatuto jurídico del fiel representa la piedra angular de toda la constitución de la Iglesia, ya que los derechos y deberes fundamentales aseguran el disfrute de los bienes espirituales, la participación y la libertad en el Pueblo de Dios y constituyen el núcleo de toda la estructura institucional. Junto a esto, el ejercicio de la autoridad eclesiástica revela la necesidad de respetar la naturaleza universal y particular, primacial y colegial, institucional y carismática de la estructura eclesial y no puede prescindir de la razonabilidad y funcionalidad del gobierno.
La ciencia constitucional canónica pretende, pues, promover la garantía de los derechos de los fieles y la racionalidad del poder en la Iglesia. Pero para que esta nobilísima pretensión de la ciencia constitucional no se vea abocada al fracaso en el ámbito eclesial, se precisa una adquisición consciente del método y del espíritu que informan su conocimiento. Esta es una de las tareas que se imponen Del Pozzo y Castro Trapote en esta obra, conscientes de que el paradigma constitucional puede proporcionar a la Iglesia una buena base para el diálogo con la cultura jurídica contemporánea y para cualquier reforma real de las distintas y múltiples instituciones eclesiales.
El texto se encuentra dividido en cuatro partes y 15 lecciones. La factura de las lecciones I-III y V-X hay que atribuirla al Prof. del Pozzo. La traducción de esas lecciones y las lecciones IV y XI-XV corresponden al Prof. Castro Trapote. La finalidad eminentemente didáctica del texto ha llevado a sus autores a omitir el aparato crítico, pero remitiéndose para suplir tal ausencia a dos amplios capítulos finales de bibliografía constitucionalista.
La primera parte (pp. 29-116) está dedicada a la cuestión epistemológica; se centra en el estatuto científico de la ciencia constitucional canónica, sus fundamentos eclesiológicos, el horizonte histórico-crítico del constitucionalismo canónico y la estructura de la constitución sustancial de la Iglesia. El misterio de la Iglesia –referencia fontal y esencial de toda reflexión sobre la constitución sustancial de la Iglesia– es presentado como sacramentum communionis, en línea con la teología que sintetiza los desarrollos de la eclesiología del Vaticano II y que permiten una comprensión más rica de la Iglesia como Communio, tanto en su dimensión vertical (comunión con la Santísima Trinidad) como en la horizontal (communio fidelium, communio hierarchia y communio ecclesiarum). Especialmente destacable nos parece la presentación que se hace en la segunda lección sobre la relevancia constitucional de la doctrina del Vaticano II sobre la Iglesia (pp. 57-60), ya que refleja muy bien la profunda transformación eclesiológica que el evento conciliar supuso (y sigue suponiendo) para la vida y la concepción jurídica de la Iglesia.
La segunda parte (pp. 117-207) aborda en tres lecciones el estatuto del fiel, identificando la figura de este desde el personalismo cristiano y la consistencia y extensión de los derechos esenciales que le son atribuibles. Estos derechos y deberes esenciales del cristiano, en cuanto conjunto unitario, constituyen el estatuto fundamental del fiel. Los autores insisten a lo largo de esta obra en mostrar el sentido de ese estatuto fundamental no como una mera colección u ordenación de derechos-deberes particulares, sino como tratamiento global debido al fiel: «el ius no es entonces una reivindicación egoísta de atribuciones individuales, sino una contribución positiva al bien común» (p. 139).
La tercera parte (pp. 209-285), sobre el gobierno eclesiástico, aborda en tres lecciones los principios y elementos generales del ejercicio de la autoridad, la dimensión universal (Romano Pontífice y Colegio de los Obispos) y particular (las porciones del Pueblo de Dios) del liderazgo comunitario. Esta parte, junto con la anterior, contienen la dimensión estática del derecho constitucional. Los dos pilares principales de la constitución de la Iglesia (los derechos de los fieles y la organización eclesiástica) se exploran evocando la naturaleza fundamental de la dignidad bautismal, las dimensiones configuradoras del fiel cristiano, la sucesión apostólica, la rationabilitas del gobierno en la Iglesia, la vicariedad cristológica y la interacción entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial.
La cuarta parte (pp. 287-431), la más extensa, expone en cinco lecciones la viabilidad del derecho constitucional canónico mostrando el aspecto dinámico presente en las consecuencias de la constitucionalidad de las normas y en el despliegue de la jurisdicción constitucional. Muchos son los temas de interés tratados en esta cuarta parte: la distinción entre el paradigma codicial y el paradigma constitucional; el constitucionalismo canónico como alternativa superadora del ius publicum ecclesiasticum; la «fundamentalidad» de los derechos de los fieles; los límites legislativos a los derechos fundamentales (el principio de proporcionalidad); aclaraciones conceptuales para la superación de un enfoque positivista del constitucionalismo; las fuentes normativas y el principio constitucional de jerarquía normativa; el garantismo constitucional en el Derecho canónico; el estatuto constitucional del juez; etc.
El libro se cierra con dos interesantes apartados de bibliografía constitucionalista, el primero de ellos dedicado a las publicaciones de ambos autores sobre la materia en cuestión, y el segundo ofrece la bibliografía esencial de referencia seguida en la elaboración de esta publicación.
La multiplicidad de temas tratados y de perspectivas abiertas da pie para seguir profundizando en las cuestiones planteadas. De hecho, el constitucionalismo canónico está llamado a seguir creciendo y comprendiéndose desde un diálogo fecundo con otras ramas del saber canónico y, muy especialmente, con la teología.
Una mención especial hay que hacer, dentro de la parte dinámica del derecho constitucional canónico (parte IV), a la lección XV: la jurisdicción constitucional. En esta lección, se realizan afirmaciones de amplio calado sobre el desarrollo de la función judicial de la Iglesia. Son afirmaciones que, no por conocidas, puede decirse que se hayan integrado con normalidad en el ejercicio de la función judicial de la Iglesia. Su asimilación y realización práctica se impone como algo urgente y necesario si se quiere que el derecho eclesial no derive ni en positivismo judicial ni en relativización de la importancia de las normas. Otro capítulo interesante y bastante logrado de esta lección es el dedicado al garantismo constitucional en el derecho canónico (pp. 410-413). De nuevo, estamos ante una interesante reflexión constitucionalista sobre las garantías primarias y secundarias en el ejercicio del derecho y su relación con los fieles.
En el capítulo de cuestiones que, a nuestro juicio, se podrían haber tratado de una manera más explícita y sistemática, estaría la del «principio eclesiológico de la sinodalidad» y su articulación dentro del orden constitucional de la misma. Es cierto que cuando se menciona la contribución del papa Francisco a la fundamentación eclesiológica de la ciencia constitucional (pp. 71-73), se habla de su determinación por una sana descentralización organizativa de la Iglesia, por una mayor universalidad y corresponsabilidad en las líneas directivas, etc., pero no se va más allá en las posibles incidencias que todo ello debería traer a la configuración y comprensión del orden constitucional del Pueblo de Dios. Es el mismo papa Francisco quien afirmaba que «la sinodalidad, como dimensión constitutiva de la Iglesia, nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo ministerio jerárquico» (Discurso en la Conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, de 17 de octubre de 2015). Quizás, en la lección VIII, dedicada a los principios y los elementos de la institución eclesiástica, podría haberse incluido esta referencia expresa al carácter sinodal constitutivo del Pueblo de Dios.
Como bien recuerda la Comisión Teológica Internacional en su Documento La sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia: «Los frutos de la renovación propiciados por el Vaticano II en la promoción de la comunión eclesial, de la colegialidad episcopal, de la conciencia y del ejercicio sinodal han sido abundantes y preciosos. Pero ciertamente aún queda mucho por hacer en la dirección trazada por el Concilio. El impulso para llevar a cabo una pertinente figura sinodal de Iglesia, aunque sea ampliamente compartido y haya experimentado formas positivas de actuación, requiere principios teológicos claros y orientaciones pastorales incisivas» (n. 8). En este sentido, las aportaciones de los profesores Del Pozzo y Castro Trapote sobre la sinodalidad como un principio constitucional dinámico habrían resultado de gran interés.
En definitiva, estamos ante una obra de enorme interés, necesaria y oportuna en los actuales tiempos eclesiales y que, sin duda, contribuirá a enriquecer el acervo canónico del lector y a una comprensión más profunda y sistemática del derecho constitucional canónico. Invitamos, pues, a acercarse a esta obra, que será de gran provecho y que ayudará a entender que «el constitucionalismo existe en el derecho canónico porque está enraizado en la naturaleza personal del derecho, en la doctrina de la sociedad humana y en la ministerialidad de la autoridad» (p. 293). Felicitamos a los autores por esta gran contribución y deseamos una amplia y fructuosa difusión de su obra.
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