La elección del político y jurista Eugenio Montero Ríos en el estudio presente, centrando nuestra atención singularmente en su condición de Catedrático de Derecho Canónico, no es baladí. No obedece, es cierto, a aniversario de nacimiento o deceso, o de la promulgación de alguna de las leyes que él inspiró o redactó. Sin embargo, el interés que en mí suscita la investigación sobre su vida y su obra está alentada por la curiosidad en torno a un personaje de nuestra historia un tanto olvidado; curiosidad movida por lo que apreciaba como una paradoja histórica: ¿cómo un canonista en la época de Pío IX podía haber promovido, o redactado directamente, una Ley como la de Matrimonio Civil, tan criticada por los partidos conservadores? ¿Puede comprenderse que un intelectual que se declara católico, apostólico y romano, milite en partidos de la izquierda de su época –Progresista, Demócrata…–, o justifique medidas del liberalismo jacobino de éstos, como la desamortización, o la disolución de las órdenes religiosas? ¿No es caer en una contradictio in terminis?
Desde luego si contemplamos el magisterio oficial de la Iglesia en esa época, los documentos pontificios, la respuesta ha de ser afirmativa: basta leer la Encíclica Quanta Cura y la adenda del Syllabus de Errores para apreciar la condena del magisterio pontificio a las libertades individuales y la defensa del Estado confesional católico. Sin embargo, Montero defendió que no existe contradicción: es una constante en su pensamiento su concepción eclesiológica de una Iglesia compatible con los derechos humanos, autónoma e independiente del poder temporal, y que rechaza los privilegios que pudieran derivarse del Estado confesional. Esto es, defendiendo las posiciones del catolicismo liberal –de un Lamennais, Lacordaire, Montalembert…, condenadas entonces por la Santa Sede–, se adelantó nada menos que un siglo a lo que después serían los postulados eclesiológicos del Concilio Vaticano II.
Para ello tuvo que navegar por las aguas procelosas de un siglo marcadamente turbulento en política –recuérdense los numerosos pronunciamientos, golpes de Estado, cambios de regímenes… que se sucedieron–, en el que la controvertida cuestión del estatuto de la Iglesia se convirtió en uno de los aspectos del debate político más controvertido. Desde sus postulados Montero contribuyó –o intentó contribuir– al acercamiento entre una derecha católica ultramontana, defensora de los tiempos del Estado confesional excluyente, y una izquierda igualmente dogmática movida por un profundo anticlericalismo inspirado en el partido jacobino francés, que deseaba acabar con la presencia social y política de la Iglesia. La postura de nuestro canonista, equidistante del radicalismo de ambas concepciones, acentuó su moderación a lo largo del siglo –desde su militancia en el Partido Demócrata tras la Revolución de 1868, hasta su adscripción al Partido Liberal de Sagasta en la Restauración borbónica– y contribuyó a apaciguar la confrontación política en el convulso horizonte decimonónico. Peripecia vital la del político Montero que, si bien puede parecer un ejemplo más del «camaleonismo» del que hacen gala muchos servidores públicos, en Montero se produjo, entiendo, no movido por el bien personal, si no asumiendo una carga: poner su experiencia como político y jurista al servicio de la sociedad. Su contribución a la construcción del Estado de Derecho introduciendo instituciones nuevas como el matrimonio o el registro civil, o modernizando la Administración, la justicia, o sectores de nuestro ordenamiento jurídico como el Derecho Civil y Penal, es patente. De tal manera que junto a Alonso Martínez y Gómez de la Serna se sitúa Montero Ríos entre los más destacados juristas españoles del diecinueve.
No solo la modernización del Derecho le preocupó. También la renovación del pensamiento y de la cultura general, en un país con un retraso cultural endémico respecto a otras naciones europeas. Ya en la Restauración, cuando la intransigencia de la derecha conservadora cerró las puertas a un puñado de catedráticos que no comulgaban con las doctrinas oficiales se creó, fuera de la universidad pública, la Institución Libre de Enseñanza. Ahí también encontramos a Montero: renunciando a la Cátedra en solidaridad con sus compañeros; como miembro fundador de la Institución; y, más tarde, como Rector de la entidad. Hechos que prueban el compromiso con las ideas que defendía, la lealtad ante los atropellos del poder y la vocación de una docencia que puso al servicio de la cultura y el enriquecimiento intelectual de la sociedad, siempre desde el respeto de las posiciones divergentes.
Esa fidelidad a sus ideas, el carácter moderado de su pensamiento que, no obstante, llevó al sector clerical a motejarle como «Lutero Ríos», y al sector opuesto de la izquierda parlamentaria a tacharle de clerical, no significa que las tensiones entre su auténtico y confesado catolicismo y la militancia liberal-progresista no le llevaran, sobre todo en sus actuaciones como alto cargo en los diferentes Ejecutivos, a caer en ciertas contradicciones. Por ejemplo, entiendo, su concepción católica del matrimonio como institución natural que inspira la regulación civil del enlace supone imponer el modelo de la Iglesia, defendiendo paralelamente la adecuación de la regulación a la libertad de conciencia de los no creyentes. O, en el otro extremo, justificando, como liberal-progresista, las desamortizaciones eclesiásticas, o la disolución de órdenes religiosas, a la vez que predica a favor de la libertad y la autonomía de la Iglesia en su propio orden.
Volveremos sobre estas cuestiones al tratar los específicos epígrafes que analizan la visión de Montero en torno a las materias de las relaciones Iglesia-Estado, las cuales estructuran el estudio sobre el pensamiento de nuestro ilustre canonista: su concepción general sobre el poder temporal y el poder espiritual en la modernidad; la libertad religiosa en la Constitución de 1869; la vigencia del Concordato isabelino de 1851; el derecho de asociación en la Iglesia y el control del Estado de las órdenes religiosas; el matrimonio civil; y, por último, el privilegio de fuero eclesiástico. Abrirá la exposición una introducción biográfica de Montero Ríos.
Aportaremos en el presente apartado unas breves notas sobre la biografía de Montero Ríos, deteniéndonos con especial atención en su trayectoria como docente de Derecho Canónico y estudioso de las relaciones Iglesia-Estado.
Según las fuentes consultadas[1], nace el 13 de diciembre de 1832 en Santiago de Compostela en el seno de una familia de clase media católica[2]. A muy temprana edad, a los diez años, ingresa en el Seminario conciliar, encaminando sus pasos a la carrera eclesiástica. Cursa hasta 4.º de Teología; cuando se encuentra al filo de recibir las órdenes menores, abandona los estudios al conocer a la joven que luego se convertirá en su mujer. Finaliza el Bachillerato y realiza la Licenciatura de Jurisprudencia, acabándola en 1858 con premio extraordinario. Marcha a Madrid para realizar el Doctorado en Derecho en la Universidad Central, atendiendo al curso de Derecho Internacional, Comparado y Disciplina Eclesiástica.
En ese tiempo, y por influencia del sociólogo y reformador social Ramón de la Sagra, se adscribe a la ideología liberal-progresista y al Partido que la vertebra dirigido por Salustiano Olózaga; influenciado por la doctrina de los socialistas utópicos –Proudhon y Saint Simon–, propugnaban la educación y un drástico cambio de las instituciones patrias tomando como modelo otros países liberales de nuestro entorno: Francia, Alemania, Inglaterra…
En tan solo un año redacta la Tesis de doctorado sobre «El privilegio del fuero eclesiástico». Unos meses después de recibir el título del Doctor, en 1860, se presenta y gana la Cátedra de Disciplina Eclesiástica en la Universidad de Oviedo; Cátedra que en el curso siguiente permutará por la de Santiago. El discurso de ingreso en la Universidad compostelana, sobre «El ultramontanismo y el cismontanismo», causa en el claustro cierto revuelo por defender posiciones cercanas al liberalismo católico que no se esperaban del titular de la asignatura Disciplina Eclesiástica.
Contrae matrimonio en 1862 y dos años después se traslada a Madrid encargado de la Cátedra de Historia y Elementos de Derecho Civil Español, Común y Foral para, más adelante, en 1865, pasar a la Cátedra de Instituciones de Derecho Canónico. Ya en 1881 sería nombrado docente del Doctorado en Derecho de la Universidad Central, impartiendo la asignatura de Estudios Superiores de Derecho Público Eclesiástico.
Siempre se consideró un universitario. Compaginó la docencia con la abogacía. Solo abandonó su trabajo en la academia cuando ocupó cargos públicos, o en protesta por las purgas iniciadas por los Gobiernos moderados contra compañeros de profesión e ideología: durante la denominada segunda cuestión universitaria y ante la expulsión de colegas y amigos tales como Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, Nicolás Salmerón o Emilio Castelar[3], Montero Ríos dimitió en solidaridad con los represaliados. La carta de dimisión da idea cabal de la alta consideración que para nuestro canonista tenía la libertad de cátedra y la docencia objetiva, independiente y responsable: «La cátedra no debe convertirse en tribuna para satisfacer intereses de partido, ni en púlpito para que en él puedan tener desahogo las ardientes pasiones del sectario… El catedrático que llevase la alarma a la conciencia religiosa de sus alumnos o perturbase la tranquilidad de su inteligencia arrojándoles en medio de tempestades de la política militante… se haría por esto indigno del sublime ministerio de la enseñanza y sería merecedor de severísimo castigo»[4]. Palabras iluminadoras que exponen un credo plenamente aplicable para todas las disciplinas y las generaciones venideras.
Las purgas y censuras de la Restauración, su dimisión de la Cátedra de la Universidad Pública, no significó, sin embargo, un paréntesis en su docencia: en 1875 fue elegido Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y participó, como socio fundador –junto con nombres tan ilustres como los de Giner, Azcárate, Figuerola, Salmerón y Moret–, en los comienzos de la Institución Libre de Enseñanza, entidad a la que tanto debe la Historia de España por sus logros a fin de modernizar la vida cultural y científica española, ahogada por los dogmas de un catolicismo rancio y un conservadurismo de miras estrechas. Montero se implicó activamente en la Institución: en 1876 sería Vicerrector y, luego, Rector. En la academia impartiría interesantes discursos –sobre la enseñanza laica, las elecciones pontificias o en torno a la historia de la Iglesia–, a través de cuya lectura se manifiestan sus extensos conocimientos históricos y jurídicos, que el autor expone a la luz de unas arraigadas convicciones como hombre liberal y progresista y, asimismo, de firmes creencias católicas.
Sin restar méritos a su labor como canonista, es cierto que si Montero Ríos ha pasado a la Historia de España ha sido en dos facetas complementarias a la de docente: como político que ocupó las más altas responsabilidades, y como jurista.
Como político adscrito al Partido Progresista y seguidor de Espartero, alentó con sus artículos de prensa la Revolución de 1868 y el cambio de régimen político. Diputado a Cortes al año siguiente por la provincia de Pontevedra, participó activamente en la redacción de la Constitución como miembro de la Comisión Constitucional, destacándose por su defensa de la libertad de cultos. En 1870 es nombrado Ministro de Gracia y Justicia, cargo que ejerce en periodos discontinuos de esa etapa histórica hasta la renuncia de Amadeo I –con quien le unía una estrecha amistad[5]– y la proclamación de la I República en 1873.
Volvería a la política en 1881, con el Partido Democrático. Elegido Diputado en Cortes, en 1884 cambió su militancia al Partido Liberal de Sagasta. En el Gobierno presidido por el líder liberal, Montero Ríos ocupó la cartera de Fomento. Al año siguiente deja el Ejecutivo por desavenencias con Sagasta. En 1892 vuelve al Gobierno como Ministro de Gracia y Justicia. En 1898 es elegido Presidente del Senado con carácter vitalicio. Llega a la Presidencia del Gobierno en dos períodos, 1905 y 1907; ejerció el cargo por breve tiempo dada la inestabilidad política de la época.
Sin duda la comisión más amarga que tuvo que asumir por mandato del presidente Sagasta fue la negociación y firma del Tratado de París suscrito con Estados Unidos, auténtico diktatum por el que una España humillada cedió Cuba y Puerto Rico a esa potencia emergente, además de pagar una indemnización de veinte millones de dólares.
En su faceta de servidor público destacarían dos cualidades de Montero. La primera, su realismo político, capaz de adaptarse a diferentes épocas y regímenes; a modo de un «Fouché español», pero sin deslealtades personales[6] ni traicionando sus ideales. De inclinaciones y personalidad moderada, intentó mantener un difícil equilibrio en una época de marcada inestabilidad política entre los extremos de una derecha católica integrista y la izquierda anticlerical. La segunda cualidad es su faceta de jurista. Unida a los altos cargos ocupados y a su dilatada trayectoria en la función pública, se manifiesta en la aprobación de leyes trascendentales en la modernización del Derecho y de las instituciones jurídicas; bien como principal impulsor, ocupando el cargo de Ministro de Justicia, bien formando parte de organismos consultivos con evidente peso en la actualización del ordenamiento jurídico, como la Comisión General de Codificación –la cual durante una época presidió–. Inspiró y alentó leyes tan trascendentales como la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Penal de 1870,… amén de las de Matrimonio y Registro Civil. Etapa histórica, recordémoslo, en la que también se promulgó el Código Civil. Contribuyó, en definitiva, a la modernización del Derecho patrio, especialmente en la organización jurídica de la Administración del Estado y de los tribunales de justicia[7].
Una última faceta del jurista Montero Ríos habría que mencionar en su poliédrica trayectoria profesional: la de abogado con ejercicio en Santiago y en Madrid, y titular de un bufete de prestigio dedicado al Derecho Civil, que regentaría hasta su muerte en 1913. En la capital del Reino ocuparía el cargo de Decano del Colegio de Abogados a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta del siglo xix.
Abordaremos, a continuación, algunas cuestiones relacionadas con los principios definidores del Estado en las creencias o convicciones filosóficas o religiosas, o de otros temas de fuentes o materias de Derecho Eclesiástico, exponiendo el pensamiento de nuestro canonista manifestado en debates parlamentarios, en los preámbulos de las leyes, o en su actividad como conferenciante en diversos foros. Se intentará, pues, dibujar las líneas maestras de sus posiciones como jurista y político en unos tiempos convulsos de la historia de España.
Encontramos en Montero Ríos dos líneas de pensamiento que, en principio, pueden parecer contradictorias, pero que él intenta compatibilizar en su dualidad, profesional y vital, de docente y político. En la primera faceta, el Catedrático de Disciplina Eclesiástica habría de exponer la doctrina de la Iglesia de la Encíclica Quanta Cura y de su anexo el Syllabus de Errores; esto es, la condena sin paliativos de las libertades individuales y la defensa del Estado confesional católico. No obstante, en su carrera política y en el prolongado ejercicio de las más altas magistraturas públicas siempre se adscribió a la corriente liberal-progresista; en la política pero también en la interpretación personal de la eclesiología católica. Veamos sus concepciones respecto a esta última.
Para Montero Ríos, en la historia de la Iglesia se entrecruzan dos corrientes teóricas: lo que denomina «ultramontanismo», y el «cismontanismo»[8].
La primera teoría defiende la supremacía de la Silla Apostólica en el gobierno, así como la potestad absoluta de la cabeza de la Iglesia universal tanto en los asuntos eclesiásticos como mixtos, esto es, compartidos con el poder temporal. La superioridad de lo espiritual sobre lo terrenal fundamenta el sometimiento de las autoridades civiles a lo dispuesto por el Papa. En el ámbito intraeclesial, el postulado esencial del ultramontanismo de la centralización del poder en la Iglesia en el Pontífice va en detrimento de la autoridad y el gobierno de los obispos. Lo cual, según el autor, tiene explicación al analizar la historia de Occidente. La crisis del Imperio Romano y el caos producido tras las oleadas de invasiones de los pueblos del norte favorecieron el dominio de las teorías ultramontanas en el Derecho Público Eclesiástico; doctrinas lógicas ante la corrupción y la fragmentación del poder derivada del feudalismo, que alcanzaba también a los obispos, los cuales actúan como auténticos señores feudales. Expresión paradigmática de la teoría hierocrática es la famosa bula de Bonifacio VIII Unam Sanctam[9], de 1302, y la afirmación de que la espada temporal debe estar sometida a la dirección y el consentimiento de la potestad de la Iglesia al ser superior lo espiritual sobre lo temporal.
Por contra, el cismontanismo, que, según el autor, dominó los primeros siglos de la Iglesia, se caracteriza por reivindicar las funciones de gobierno del episcopado, aunque subordinadas a la inspección del Papa, y en reconocer la autonomía y la independencia del poder civil en los asuntos temporales. Esta doctrina del Derecho Público Eclesiástico se expone con meridiana claridad en la Carta que el Papa Gelasio dirigió al Emperador Anastasio en el año 494, proclamando el dualismo en las relaciones entre ambos poderes[10].
Sobre la base de la defensa del modelo cismontano, Montero Ríos construye su visión de las relaciones Iglesia-Estado. Estas deben fundamentarse en garantizar la máxima libertad y autonomía a cada orden; es decir, lograr una Iglesia libre en un Estado libre. De ahí que el canonista y político liberal sea muy crítico respecto al sistema de alianza entre Trono y Altar: «en cuanto… no significa opresión de la Iglesia, significa… otra cosa peor: la subordinación del Estado a la Iglesia, el neo-catolicismo en su forma más dura y repugnante»[11]. Bajo este prisma interpreta la evolución histórica de instituciones de rancio abolengo en la Iglesia, como son los sistemas de elección del Romano Pontífice y el mecanismo del cónclave instaurado a principios del siglo xiii[12]. La pérdida del poder temporal en el siglo xix con la supresión de los Estados Pontificios tras la unificación italiana supuso, concluye el autor, un paso decisivo para garantizar la libertad en las elecciones y el fin de las intromisiones del poder secular.
Correlativamente, como veremos a lo largo de los próximos epígrafes, condenó las prácticas del control del Estado a la Iglesia, como el exequatur regio. O un privilegio secular de la institución religiosa, el fuero eclesiástico, que juzga contrario a los principios del Estado democrático y a la libertad de la Iglesia.
Es importante subrayar, pues, cómo la visión eclesiológica de Eugenio Montero Ríos, que comulga con el catolicismo liberal de influyentes minorías culturales en países como Francia, Bélgica o Estados Unidos, se adelantó un siglo a lo que serán los modernos postulados de la Iglesia tras el Concilio Vaticano II. Paradigma de sus planteamientos en sus dos facetas de político y canonista será su posición defensora de la libertad religiosa a lo largo del intenso debate que se desarrolló para la aprobación de la Constitución de 1869, tras la revolución llamada «Gloriosa».
Con ocasión de la discusión parlamentaria del artículo 20 del Proyecto de Constitución –que pasaría a numerarse como 21 en el texto finalmente aprobado–, el cual proclamaba la libertad de culto para los españoles y los extranjeros, Montero Ríos se enfrentó a la oposición de determinados eclesiásticos elegidos diputados en las Cortes Constituyentes[13], que subrayaban la oposición de la libertad de conciencia en materia religiosa –y en otras esferas, como en el pensamiento, la expresión y la divulgación de las opiniones a través de la imprenta…– con la doctrina oficial de la Iglesia. Recordemos que en 1864, bajo el Pontificado de Pío IX, se publicó el Syllabus Errorum como adenda a la Encíclica Quanta Cura. Entre los ochenta puntos o afirmaciones que se declaraban falsas se mencionaban las libertades de culto, pensamiento, conciencia e imprenta, abogando porque el catolicismo, única religión verdadera, fuera la religión del Estado.
Es significativo que Montero Ríos abra sus discursos en defensa del Proyecto con alabanzas al catolicismo, «la religión más ejemplar, la religión más augusta de todas las que hay en la tierra»[14], realizando, a la vez, una sincera confesión de su catolicidad: «… [soy] el ser más humilde, el más leal, el más ardiente hijo de la Iglesia… que pretende legar esas creencias a mis hijos».
Dicho lo cual, discrepa de los argumentos esgrimidos por los Diputados clericales en contra del reconocimiento del derecho a la libertad religiosa y a favor de la proclamación del Estado confesional católico. Fundamentan sus enmiendas en la doctrina pontificia ya señalada, la vigencia del Concordato de 1851[15] y la evitación de posibles desórdenes públicos[16].
Dejamos para su estudio en un próximo epígrafe la opinión de Montero Ríos sobre la aplicación del Concordato isabelino; cuestión jurídica interesante que merece un análisis detallado. Sobre la base de sus convicciones de católico liberal y militante del Partido Progresista[17], Montero defiende la libertad de conciencia en los términos que aparece en el proyecto constitucional, que encuentra enraizado en la eclesiología de los primeros siglos de la Iglesia y en los escritos de la Patrística afirmando la independencia de la Iglesia frente al Imperio. Esa libertad moral, prosigue el Diputado, también ha sido aceptada por el Vaticano en otros países cuyos ordenamientos admiten la libertad de cultos: Francia, Bélgica, Alemania, Inglaterra... Volver a la unidad religiosa del Estado católico sería resucitar la represión de la Inquisición; la protección del Estado para conculcar la conciencia de los ciudadanos. Frente a tal concepción, Montero Ríos reivindica la separación y la autonomía entre la Iglesia y el Estado, principio que también favorece a la primera institución en cuanto evita que la religión se convierta en una cuestión política y manipulable por el orden temporal, así como permite a la Iglesia centrarse en la misión espiritual para la cual fue fundada.
De la lectura de las conferencias impartidas por el canonista y de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, no encontramos una teoría exhaustiva y coherente sobre el instrumento del concordato en las relaciones Iglesia-Estado que pudiera ser aplicada a la vigencia del Concordato isabelino. Tan solo se refiere a él en los debates parlamentarios: en el Dictamen de la Comisión del Proyecto constitucional contestó al Obispo de Jaén, que defendía la modificación de los artículos 20 y 21 del Proyecto utilizando el argumento, entre otros, de que la libertad de conciencia vulnera lo dispuesto en el artículo 1 del Concordato.
De la respuesta oral de Montero Ríos podemos extraer las siguientes conclusiones en torno a su concepción sobre la institución concordataria y el concreto problema de la vigencia o no del Concordato:
1. La naturaleza del concordato es la de mero contrato entre las partes; como tal vincula a los sujetos contratantes –se deduce, implícitamente, que no crea obligaciones en un ordenamiento superior, como podría ser el Derecho Internacional convencional–. En consecuencia, su cumplimiento también depende de la voluntad de estas.
2. Los principios del Estado tras la Revolución de 1868 que acoge la Constitución –en fase de proyecto– son diametralmente contrarios a lo dispuesto en los preceptos del Concordato. Como ya tuvimos ocasión de poner de relieve, la declaración de la catolicidad del Estado con exclusión a cualquier otra religión vulnera la libertad religiosa del artículo 21 constitucional. Además, la atribución de competencias a los obispos de inspección de la enseñanza (art. 2)[18] y en la supervisión de los libros perniciosos según el dogma y la moral católicos (art. 3)[19] es contraria al reconocimiento de las libertades de enseñanza y de divulgación de pensamiento. El Catedrático de Derecho Canónico y Diputado llega a afirmar que «…no hay ni uno solo de los preceptos capitales del Concordato de 1851 que esté en armonía con la Constitución del Estado»[20].
3. Planteado en esos términos, prevalece la manifestación de la soberanía popular expresada en las elecciones y manifestada en la composición del Congreso de los Diputados reunido en asamblea constituyente –Montero les recuerda a los obispos y clérigos elegidos que también son representantes del pueblo por sufragio universal y, por tanto, han de someterse a los principios de la Revolución, entre ellos la soberanía popular–, sobre las posibles obligaciones concordatarias. Es precisamente ese principio, la soberanía popular, el que legitima a la nación a llevar a cabo las reformas de manera unilateral que exige el cambio de régimen político.
Es comprensible que en la época en que se pronuncia Montero Ríos su visión de los concordatos fuera la de instrumentos de naturaleza meramente contractual. Pensemos que todavía quedaban varios decenios para que se desarrollara un auténtico Derecho Internacional, como Derecho externo a la soberanía del Estado por el cual se rigen estos pactos ratificados al máximo nivel en las relaciones Iglesia-Estado. Y existiera una normativa sobre los convenios, lo cual fructificó con la adopción de la Convención de Viena sobre tratados internacionales en 1969.
Sentado lo anterior, creo que, en el fondo, la posición de nuestro canonista es correcta si tenemos en cuenta la doctrina y la jurisprudencia internacional aplicable en los tiempos actuales. Hoy es admitido que los cambios o modificaciones constitucionales de los que deriva una variación del régimen político nacional repercuten en la vigencia de los tratados vinculados a materias íntimamente relacionadas con el sistema político. La Convención de Viena admite en su artículo 62 el cambio fundamental de las circunstancias, o lo que es lo mismo, la aplicación de la cláusula tácita rebus sic stantibus, como causa para suspender o extinguir un tratado internacional, si bien con ciertos límites y previo cumplimiento de determinados requisitos. Con referencia a los cambios constitucionales o de régimen político, la Comisión elaboradora del texto estimó en los comentarios al párrafo primero del artículo 62[21] que la definición de cambio fundamental de circunstancias debe de ser suficiente para excluir las denuncias abusivas, por lo que implícitamente admitió las invocaciones de la cláusula rebus sic stantibus fundadas en cambios radicales del régimen político constitucional, al cual se hallen ligados específicos tratados.
En realidad tal hecho, la aplicación de la rebus sic stantibus ante el cambio de los principios constitucionales adoptado por un nuevo régimen político en relación a los concordatos, ya fue reconocida por la Santa Sede en la Alocución consistorial In hac quidem, pronunciada por Benedicto XV el 21 de noviembre de 1921. En ella el Romano Pontífice afirmaba: «… vemos que la renovación de algunos Estados causada por el cambio de situación ha sido tan radical que la persona moral presente no puede identificarse con aquella con la que convino en otro tiempo la Santa Sede. De lo cual se sigue la consecuencia natural de que los tratados celebrados anteriormente entre la Sede Apostólica y aquellos Estados han perdido por completo toda su fuerza».
Sentada, pues, la legitimidad del recurso al principio rebus sic stantibus ante los cambios constitucionales respecto a la vigencia de los concordatos, según el Derecho Internacional convencional los efectos que despliega tal principio no son ya la extinción automática o la posibilidad de denuncia unilateral de una de las partes, sino el constituir el título justificativo de revisión, o, por lo menos, un pactum de negotiando, cuyo fin sea el adecuar el sistema concordatario a las nuevas circunstancias antes de proceder a la extinción del concordato.
El régimen jurídico sobre la extinción del concordato por cambios constitucionales y los requisitos del funcionamiento de la cláusula mencionada han de ser necesariamente matizados según los siguientes principios:
1. Las variaciones en la estructura constitucional han de afectar profunda y esencialmente al Concordato, de tal manera que una de las partes contratantes no puede identificarse con aquella con la que convino en otro tiempo la Santa Sede.
2. La heterogeneidad en las cláusulas del concordato obliga a distinguir entre las directamente afectadas, las cuales podrá ser suspendidas su ejecución en espera de las negociaciones para la revisión del sistema pacticio, y las que no son repercutidas por la modificación constitucional.
3. Dicho esto, la praxis concordataria nos muestra numerosos instrumentos pacticios entre Iglesia y Estado que se prolongan inmutables en el tiempo a través de los vaivenes de los regímenes políticos. Es el caso del Concordato isabelino de 1851, que no fue denunciado ni durante la vigencia de la Constitución de 1869 ni, más adelante, tras el régimen de la Segunda República Española, cuando los principios de ambos sistemas políticos se hallaban en abierta contradicción con un Concordato confesional y regalista. A mi modo de ver, en ambos casos se dan causas suficientes para aplicar la cláusula rebus sic stantibus que legitimaría la denuncia del pacto. Hecho, por otro lado, que oficialmente no se produjo –la derogación de común acuerdo del Concordato de 1851 se produciría expresamente con la firma del Concordato franquista de 1953–.
He elegido tratar este tema del derecho de asociación en la Iglesia –tan conflictivo a lo largo de los siglos xix y xx, singularmente por la influencia del liberalismo jacobino francés en los partidos españoles– tras la cuestión del Concordato porque, a mi modo de ver, refleja las contradicciones en el pensamiento de Montero Ríos manifestadas a lo largo de sus intervenciones parlamentarias. Si bien hay que decir que no encontramos en los debates una exposición extensa en el tema; tan solo breves alusiones respondiendo a preguntas o interpelaciones de la oposición.
Los principios de libertad del individuo y de la autonomía de la Iglesia en su orden le llevan defender el reconocimiento del derecho de asociación con finalidades religiosas. Es una cuestión de valores, pero también de realismo: «… el Estado no tiene medios para hacer efectiva la prohibición del derecho de asociación en la Iglesia…»[22], aludiendo con ello al fracaso de los Decretos de disolución de las comunidades religiosas –de los jesuitas y demás órdenes masculinas– adoptados por el Gobierno provisional en 1868. Desde tal perspectiva, se muestra partidario de someter a los entes eclesiásticos al Derecho común de asociación, excluyendo posibles privilegios de aquellos, al igual que, en su opinión, se hace en países como Francia, Inglaterra, Alemania o Estados Unidos. Lo cual supone que puedan adquirir personalidad jurídica plena, que incluye el derecho de adquirir propiedades –capacidad también reconocida al resto de asociaciones de Derecho común–.
Los principios de libertad y separación Iglesia-Estado llevan a aseverar a Montero Ríos, respecto a las órdenes religiosas, que los votos que sus miembros emiten solo obligan en el orden propio y bajo la legislación canónica; admite, sin embargo, que, en la salvaguarda de los derechos individuales puedan castigarse, incluso penalmente, las trabas o presiones que pueda eventualmente sufrir un religioso que desee exclaustrarse voluntariamente.
La afirmación de estos principios entra en contradicción, a juicio del que escribe estas líneas, con la defensa que hace Montero Ríos de ciertas limitaciones impuestas a los entes de la Iglesia, que solo pueden sustentarse en el liberalismo dogmático y doctrinario con el que comulgaron los partidos burgueses progresistas y demócratas –ideologías, recordémoslo, que impulsaron el golpe de Estado de «La Gloriosa»–. Por de pronto, defiende que el derecho de propiedad de la Iglesia no otorgue a esta institución la facultad de conservar inmuebles, evitando, así, el incremento de las «manos muertas» –lo cual, indirectamente, posiciona a nuestro canonista a favor de las desamortizaciones de bienes eclesiásticos–. E, incluso, se manifiesta partidario de la reducción de los conventos de monjas –salvando a los dedicados a la enseñanza y la caridad– y a someter a las demás órdenes al control del Estado; si bien, matiza, «… se ha de aflojar la presión para garantizar la libertad de cultos, enseñanza, imprenta y asociación…»[23]. Contrastan tales aseveraciones con las libertades antes revindicadas, constituyendo verdaderas limitaciones a la autonomía de la Iglesia, auténticos «privilegios odiosos». También sorprende el argumento empleado por Montero Ríos para fundamentar las limitaciones: dichas restricciones se incluían en el Concordato de 1851. En esta cuestión nuestro autor sí se sirve del Acuerdo isabelino para justificar la política del liberalismo jacobino, contraria a la libertad de asociación y el derecho de propiedad, cuando, como citamos en anteriores líneas, afirmaba en otra de las sesiones parlamentarias que «… no hay ni uno solo de los preceptos capitales del Concordato de 1851 en armonía con la Constitución del Estado». Vemos, pues, cómo el Montero Ríos político peca de esa actitud tan propia de los parlamentarios de todas las épocas de «llevar el agua a su propio molino» cuando así lo exige la defensa de sus posiciones de partido.
Estas contradicciones en las líneas argumentativas del autor también se perciben en la defensa parlamentaria del proyecto de la Ley más importante que defendió, como Ministro de Justicia, en las Cortes Generales; uno de sus logros más destacados y por el cual pasaría la Historia: la Ley de Matrimonio Civil. Aunque, como veremos, en esta ocasión las posibles incoherencias son más bien producto de la dicotomía de su pensamiento dividido entre su ser político y sus creencias como católico; me refiero a las tensiones entre su fe liberal-progresista y sus fuertes convicciones como creyente y miembro de la Iglesia.
La Ley se encuadra en el proceso de modernización de la Administración española y del ordenamiento jurídico iniciado en la etapa, convulsa, de La Gloriosa, y que se prolongará a lo largo de la Restauración. En ellas se sitúa el jurista Montero Ríos bien impulsando directamente leyes o decretos como Ministro de Gracia y Justicia, bien, indirectamente y durante la Restauración borbónica, como miembro de la Comisión de Codificación que preparó e informó cuerpos legislativos tan importantes como la Ley de Enjuiciamiento Criminal (1882), la Ley de Enjuiciamiento Civil (1883) o el Código Civil (1889). En calidad de miembro del Gobierno de la nación, presentó y defendió ante la Cámara los proyectos de Ley del Código Penal –cuya vigencia se prolongaría hasta la II República–, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la del Registro y del Matrimonio Civil. Centraremos nuestra atención en estas dos últimas normas, en cuanto afectan a competencias tradicionalmente asumidas por la Iglesia.
La Ley de Registro Civil acaba con el monopolio de la Iglesia en la inscripción y certificación de los actos que afectan a la vida civil. Montero ve imperativo que el Estado asuma esta competencia no solo para corregir el sistema caótico de los libros parroquiales. Es una necesidad derivada del fin más amplio de consignar los distintos estados civiles de las personas más allá de la incidencia que estos tengan en el Derecho Canónico: el registro civil ha de recoger el nacimiento de las personas –no de los bautizados–, sus matrimonios –también civiles– o sus defunciones, hayan sido los decesos en comunión o no con la Iglesia[24].
La solvencia del Ministro como jurista se refleja en la manera en que diseña la estructura y dependencia de los registros civiles. A fin de garantizar los principios de inscripción, legalidad, oficialidad, publicidad y fe registral, los incardina en los juzgados. Son, pues, registros jurídicos más que administrativos, sometidos a las garantías de imparcialidad que otorga el poder judicial[25]. Baste decir que tal dependencia de los registros civiles se prolongó hasta la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015.
La Ley de Matrimonio Civil, presentada y defendida en la Cámara por Montero Ríos en su calidad de Ministro de Gracia y Justicia[26], se basa en el proyecto de Código Civil de 1851, y del Libro I del mismo cuerpo legal preparado por el Ministro Romero Ortiz en 1869, que fue retirado antes de la discusión al considerarlo el Gobierno demasiado radical. El Ejecutivo surgido de la Revolución septembrina decidió, entonces, impulsar las reformas que adecuaban el estatuto personal a la Constitución a través de leyes especiales; decisión en la que se inscriben las de Matrimonio y Registro Civil.
Considero que, en aras de la cabal comprensión de la significación histórica de la Ley, ilustra el conocimiento de la regulación del matrimonio civil –o de las competencias del Estado en las uniones con efectos civiles– la exposición del régimen de esta institución en los proyectos de Código Civil anteriores a la promulgación de la Ley.
Como es sabido, el proceso de codificación de las ramas del Derecho, postulado nuclear en la técnica jurídica del movimiento ilustrado, propugna la construcción de cuerpos unitarios que comprendieran, de manera sistematizada, las normas jurídicas expuestas en parágrafos numerados. Se pretendía la claridad, precisión y general conocimiento de las leyes –buscando la mejor aplicación y efectividad–, en contraste con el complejo e intrincado bosque de las recopilaciones legislativas de tiempos pasados[27].
La codificación en España se encuentra presente a lo largo del siglo xix, principalmente en el Derecho Civil y Penal. En la primera rama del Derecho mencionada, ya la Constitución de Cádiz de 1812 prescribía la necesidad de codificar el ordenamiento civil –emulando, así, otros códigos liberales promulgados en distintos países, singularmente el napoleónico de 1804–. Múltiples factores explican la pluralidad de intentos fallidos en tal cometido a lo largo de la centuria y hasta la aprobación del definitivo Código en 1889: la inestabilidad política y social; los recelos de las regiones poseedoras de un Derecho foral propio, que temían perder sus leyes consuetudinarias en aras del centralismo y la unificación legislativa –y, con ello, un aspecto importante de su idiosincrasia–…
También los enfrentamientos ideológicos entre liberales y conservadores, que se polarizan en el tema que tratamos: el matrimonio. Esta, la institución matrimonial, se convierte en uno de los obstáculos que hace descarrilar un proyecto tras otro de los gobiernos liberales.
En realidad, ya de por sí el articulado contenido en los proyectos de Código significaba la ruptura con nuestro pasado histórico: la jurisdicción exclusiva de la Iglesia sobre el matrimonio conforme a la regulación de los Decretos del Concilio de Trento, incorporados al Derecho patrio por Real Cédula de 12 de julio de 1564. La regulación propuesta en la codificación pretendía, en definitiva, la secularización de la institución matrimonial[28], cuyas bases teóricas las encontramos en la ya mencionada influencia de los códigos liberales; en ciertas corrientes doctrinales en el orbe católico, como el jansenismo, que propugnaban la distinción en el matrimonio entre el contrato –cuya regulación correspondería al Estado– y el sacramento –competencia de la Iglesia–; o el regalismo y la afirmación de las atribuciones del poder temporal en materias espirituales. Este último aspecto, que caracteriza la política de los Borbones en España, singularmente se manifiesta, como veremos en los proyectos de Código, en tres aspectos que el Estado pretende regular al margen, o incluso en contra, de la tradición canónica: la exigencia del consentimiento paterno, requisito sine qua non para la validez del enlace, que entronca con la afirmación de las potestades del pater familiae del Derecho Romano; la posibilidad de los poderes públicos de regular y dispensar impedimentos, singularmente los de parentesco –consiguiendo, así, el ahorro del pago de estipendios a la Iglesia–; y la supresión de los esponsales o promesa de matrimonio futuro con efectos obligacionales.
Ni que decir tiene que la construcción de un matrimonio civil distinto del canónico en los países católicos fue condenada sin paliativos por la Iglesia, antes incluso del Syllabus de Errores. El papa Pío VII, en la Bula Auctorem Fidei, decretó como contrarias a la doctrina católica las tesis que sostenían la distinción entre contrato y sacramento, la regulación de un matrimonio civil y la potestad temporal en la declaración de impedimentos. Doctrina pontificia que sustentaba la oposición al régimen matrimonial contenido en los proyectos no solo de la jerarquía eclesiástica, también de los partidos absolutistas y conservadores.
Como ya dijimos, parece necesario referirse, aunque de manera resumida, a los proyectos de Código elaborados por diversas comisiones, algunos de ellos presentados para su discusión en las Cortes, como precedentes de la Ley de Matrimonio Civil de 1870. Nos centraremos en aquellos que alcanzaron una cierta «oficialidad» por ser encargados por los Gobiernos de turno para su estudio y redacción por un cuerpo de juristas ad hoc: los proyectos de Código de 1821 (también denominado proyecto Garelly), de 1836 (proyecto Cambronero), de 1851 (proyecto García Goyena), y, como precedente inmediato, el de 1869 (proyecto Romero Ortiz) –en este último solo se presentó el Libro I, que contenía el régimen matrimonial–. Si bien todos partían de la base de afirmar la competencia del Estado para establecer el régimen de los aspectos contractuales del matrimonio, pueden apreciarse variaciones entre ellos en el alcance de la regulación: los más radicales, los de 1821 y 1869, imponían la forma civil, bien con carácter previo o sustitutivo de la forma canónica. Los más moderados, los de 1836 y 1851, se limitaban a regular algunos requisitos civiles anteriores a la única forma admitida, la de la Iglesia.
El proyecto de 1821 establecía que la celebración canónica del matrimonio era requisito para la validez de este. Sin embargo, también exigía una previa forma civil –una especie de «pre-matrimonio»–: según su articulado, el consentimiento se prestará previamente ante el alcalde del domicilio de la mujer y dos testigos. La autoridad civil –proseguía– levantará acta, que será entregada por las partes al párroco para que se celebre el subsiguiente enlace canónico. El pre-matrimonio es condición sine qua non de la validez civil de la unión en forma religiosa: su ausencia dará lugar a la nulidad del mismo, decretada por los tribunales del Estado. Se prefiguraba, así, una suerte de duplicidad de formas, canónica y civil.
Tal dualidad de competencias –que, como veremos, también conlleva la concurrencia de las jurisdicciones canónica y civil a fin de decretar la validez– pudiera dar lugar a conflictos en la determinación del Derecho aplicable y el tribunal competente en los casos en que se demandara la nulidad. El proyecto de 1869 hace desaparecer, drásticamente, el régimen dual, anunciando la solución de la Ley de 1870. En él se regula una única forma de matrimonio con efectos civiles –que denomina «matrimonio legítimo»–, el contraído ante el oficial público del domicilio de cualquiera de los contrayentes y dos testigos. Con carácter previo el oficial emitiría un certificado de cumplimiento de los requisitos civiles; la celebración deberá realizarse antes de seis meses desde la expedición del certificado. El matrimonio religioso, por consiguiente, carecería de efectos civiles.
Más moderados en cuanto a la regulación civil del matrimonio son los proyectos de 1836 y 1851. En ambos se declara como único enlace válido el regulado por el Derecho Canónico en la forma tridentina. Si bien se regulan algunos trámites previos para garantizar el cumplimiento de determinados requisitos civiles: el juez del domicilio de la mujer –prescriben– expedirá un certificado de su verificación, que habrá de unirse a la copia del acta de celebración eclesiástica y entregarse al secretario del ayuntamiento. La sanción ante la ausencia del trámite civil es, para el proyecto de 1836, que el enlace, válido en sí, no produce efectos civiles –los hijos nacidos se tienen como naturales reconocidos, no genera una comunidad de bienes gananciales, o el derecho a disfrutar de la pensión de viudedad…–. El de 1851 no se refiere a las posibles consecuencias del incumplimiento.
Es un aspecto común de los proyectos de Código Civil anteriores a la Ley de 1870 la regulación de dos aspectos que difieren del tratamiento canónico: los esponsales o promesa de matrimonio; y la licencia paterna como requisito para la validez civil.
En los esponsales, los proyectos suprimen la obligatoriedad del compromiso prematrimonial: de su estipulación no podrá derivarse una acción, civil o canónica, para reclamar su cumplimiento. El proyecto de Código de 1836 coincide en la ineficacia vinculante de los esponsales, si bien procede a regularlo de manera pormenorizada con el efecto exclusivo de las posibles acciones para reclamar los bienes entregados en el caso de incumplimiento de la promesa[29].
Otro aspecto que, como ya dijimos, es común en el régimen civil del matrimonio propuesto en los cuerpos legales es la necesidad de la licencia o autorización del padre o tutor al enlace de los hijos. El denominado «consentimiento ilustrado» reafirma la patria potestad del progenitor. Se requiere con carácter previo a las declaraciones de voluntad de los contrayentes –que, como es bien sabido, representa el único y exclusivo elemento generador del vínculo para el Derecho Canónico–. Los proyectos de 1821 y 1836 lo exigen para los menores de veinticinco años; edad que los siguientes proyectos de 1851 y 1869 bajan a veintiuno.
Además de la licencia parental, cuya inexistencia es tratada como un obstáculo para el matrimonio, los proyectos regulan otros requisitos de capacidad, de impedimentos o referidos al consentimiento. El de 1821 se extiende en el régimen de estos tres aspectos, exigiendo que se cumplan las condiciones de la regulación civil, de manera cumulativa a los requisitos del Derecho Canónico, para la validez del enlace: la inexistencia de unos u otros llevará a la nulidad del matrimonio. Los proyectos de 1836 y 1851 siguen esta regulación, modificando en ocasiones aspectos de lo dispuesto para el enlace tradicional por el Derecho de la Iglesia; por ejemplo, elevan la edad para contraer a 18 años para los varones y 15 en las mujeres; y establecen nuevos impedimentos matrimoniales: la prohibición del matrimonio del tutor con el pupilo tutelado, y de la viuda antes de diez meses de haber fallecido el esposo. Sin embargo, y a diferencia del de 1821, la sanción derivada del incumplimiento de los requisitos civiles no es la nulidad del matrimonio; este es válido, aunque no despliega efectos civiles –lo cual, como ya dijimos, afecta fundamentalmente a los hijos, que son considerados naturales reconocidos–.
El proyecto de Código Civil de 1869, al imponer un régimen de matrimonio civil obligatorio, recibe los impedimentos, requisitos de capacidad y de consentimiento –de manera similar a los anteriores proyectos– como únicas condiciones que hacen el matrimonio válido para el Estado.
Por último, otro elemento de discordia con la regulación canónica es la incorporación en el articulado de los proyectos del régimen de lo que denominan «divorcio» –refiriéndose, en realidad, a la ruptura de la convivencia permaneciendo el vínculo–, tanto de las causas legales admitidas como afirmando la exclusiva jurisdicción de los tribunales civiles en su conocimiento –y, por consiguiente, la ineficacia de las decisiones canónicas–. Aspecto este presente en los Códigos de 1821, 1836 y 1851, y, desde luego, en el de 1869 que imponía, sustancial y formalmente, el matrimonio civil.
Los problemas, en cuanto a la jurisdicción competente, se planteaban en aquellos textos que regulaban con detalle la capacidad, los impedimentos o los requisitos para emitir un consentimiento válido, añadiendo a aquellos de origen y declaración canónica los propios del orden civil; a la vez que reconocían la competencia de los tribunales de la Iglesia para juzgar, según su Derecho, las nulidades. Tal fue el caso del proyecto de 1821. Con razón una de las críticas que levantó el Código fue la dificultad en el deslinde de la competencia para juzgar las causas de nulidad entre la jurisdicción eclesiástica y la civil en los casos en que se diera la duplicidad normativa en la regulación de la causa de nulidad invocada. Sea para evitar estos conflictos jurisdiccionales o la posibilidad de sentencias contradictorias entre la jurisdicción civil y canónica, los Códigos de 1836 y 1851, más prudentemente, atribuyeron la competencia exclusiva para dictaminar la nulidad a los tribunales de la Iglesia, con el auxilio, en la ejecución civil de la sentencia canónica, de los jueces del Estado. El proyecto de 1869, como ya se dijo, obvia el problema afirmando la jurisdicción civil excluyente en las causas de separación y nulidad del único matrimonio reconocido por el Estado.
Nuestro canonista ilustrado comienza la defensa del proyecto de Ley subrayando la importancia social del matrimonio, base de la familia y, por ende, un pilar fundamental que vertebra la sociedad. Sobre esta institución se proyecta el interés de la religión –el matrimonio es para la Iglesia Católica un sacramento–, pero también del Estado: la unión entre los esposos es, asimismo, un contrato con múltiples efectos civiles.
Si bien la absorción del contrato por el sacramento y la exclusiva competencia de la Iglesia para regularlo resulta lógica en las coordenadas del Estado confesional, dentro de los principios axiológicos de la Revolución que inspiraron la Constitución de 1869 se impone que el Estado asuma su competencia de regular un matrimonio civil. Montero es consciente de acabar con una tradición que se remonta al reinado de Felipe II; tres siglos de único matrimonio canónico que el Ministro no duda en calificar de historia de intolerancia e Inquisición, y que nos aparta de los logros de otros países europeos, principalmente protestantes, que introdujeron las uniones civiles reguladas por el Estado. La libertad religiosa proclamada en el artículo 21 de la Constitución y la igualdad de los ciudadanos es incompatible, según nuestro autor, con la imposición de un único matrimonio ante la Iglesia para aquellos ciudadanos con creencias distintas a las católicas. «Se rompe –afirma– con la legislación de los tres últimos siglos, que se apoyaba en el principio de que el sacramento había atraído al contrato»[30].
El Estado, pues, asume la competencia, como en países de nuestro entorno –Alemania, Portugal, Inglaterra, Bélgica…–, de legislar sobre un matrimonio, el civil, que trasciende las creencias de las personas ¿Vulnera con ello –se pregunta el Ministro respondiendo a la oposición de los conservadores– la libertad religiosa de la Iglesia? Esta institución puede seguir celebrando matrimonios regulados por el Derecho Canónico, con efectos en su propio orden y con independencia del Estado. Luego la respuesta a la interrogante ha de ser, según Montero, categóricamente negativa.
No obstante lo expuesto, las convicciones católicas del Ministro afloran al regular el régimen civil de las uniones, que en todo imita al canónico. Comenzando por sus fines y propiedades. La más destacada –y controvertida– la de la indisolubilidad: el matrimonio «… en cuanto que es una institución natural, regulada por los principios eternos de justicia y equidad que constituyen lo que comúnmente se denomina Derecho Natural… en la perpetuidad y en la indisolubilidad del vínculo matrimonial descansa como sobre base necesaria la moral del hogar doméstico…», imprescindible para lograr los fines del matrimonio de educación de la prole y mutua cooperación de los esposos[31]. Por el contrario, prosigue Montero Ríos, el reconocimiento del divorcio en países como Inglaterra, Alemania o Estados Unidos hace que «… el matrimonio ha quedado reducido para muchos individuos a una simple forma de prostitución, o a lo menos de la mancebía, dado el considerabilísimo número de matrimonios que anualmente se disuelven por las más livianas causas»[32]. De ahí que el denominado en la Ley «divorcio» (art. 83) solo suspenda la vida en común, requiriendo, además, que se justifique la separación de los esposos en las causas tasadas que se regulan en el capítulo VII.
En el fondo, como reconociera el ministro, «el proyecto no es otra cosa que la doctrina católica revestida con el ropaje seglar… la forma civil de la legislación matrimonial de la Iglesia»[33], a fin de no provocar graves conflictos de conciencia a la mayoría católica de la nación. Lo cual también se refleja en la incorporación a la Ley de los impedimentos del Derecho de la Iglesia –sumado a tales impedimentos se añade la autorización de los padres o tutores en el matrimonio de los hijos– (capítulos II y III), o las causas de nulidad canónicas (capítulo VII).
Todo ello no obsta para que se afirme la exclusiva competencia del Estado en la regulación de los matrimonios civiles: el artículo 2 niega los efectos en el orden temporal de los matrimonios que se celebren fuera de las disposiciones de la Ley; y se prescribe que los tribunales civiles sean los únicos competentes para conocer las demandas de separación y nulidad de los matrimonios una vez promulgada la norma[34].
Es en el aspecto señalado, la concepción de la Ley como el «revestimiento de la doctrina católica en ropaje seglar» –utilizando palabras de Montero Ríos–, donde radica, a entender de quien escribe, una cierta contradicción en las argumentaciones del Ministro, producto de las tensiones, no bien resueltas, entre su fe liberal y sus hondas creencia religiosas: a los no creyentes se les libera del matrimonio canónico justificándolo en la libertad de conciencia, para someterles al mismo enlace en sustancia –con iguales fines y propiedades– pero regulado por el Estado. Paradoja que resulta palmaria si nos centramos en la propiedad que más diferencia al matrimonio de la Iglesia del de las otras confesiones cristianas, o de otras religiones: la indisolubilidad afirmada de manera absoluta. Se impone en la Ley, pues, la proscripción del divorcio civil a voluntad de uno o de los dos cónyuges en todos los casos, cuando la ruptura del vínculo puede admitirse individualmente como una posibilidad asumida por motivos de conciencia o de creencias religiosas. ¿No vulnera tal planteamiento la libertad individual proclamada en los artículos 21 y 27 de la Constitución de 1869? Realizada tal objeción en las discusiones sobre el Dictamen a la Ley en las Cortes Generales[35], Montero Ríos respondió con una afirmación apodíctica: esta solución –la de la Ley– «nos libra… de los males del divorcio sin violar por eso ninguno de los derechos consagrados en la Constitución»[36]. Es evidente que la intervención del Ministro a la interpelación parlamentaria no ofreció argumentos en contra de una contradicción a mi juicio palmaria que pone en cuestión la arquitectura sobre la que se construye la norma.
Si por lo que se infiere de las lecturas de los debates en Cortes el proyecto de Ley no satisfizo a algunos de los correligionarios de los partidos demócratas y liberal-progresistas, tampoco contentó a los conservadores, que defendían –siguiendo la doctrina de la Iglesia[37]– la exclusiva competencia de esta institución sobre los matrimonios de los católicos. Bien por fidelidad al magisterio pontificio, o por costumbre arraigada, los enlaces religiosos sin efectos civiles fueron muy numerosos, con las evidentes, y graves, repercusiones –en cuanto a los problemas de filiación legítima, derechos sucesorios, pensiones de viudedad…– que suscitaron. De ahí que, unos años más tarde y al comienzo del sistema político de la Restauración, el Decreto de 9 de febrero de 1875 otorgara efectos retroactivos a los matrimonios canónicos celebrados después de la Ley de 1870.
Ahora bien. Si la Ley de 1870 fracasó en la instauración de un sistema de matrimonio civil obligatorio, no lo hizo en la introducción de un matrimonio regulado por el Estado, cuya vigencia se proyecta hasta nuestros días. El propio Decreto de 9 de febrero de 1875 reconoció la no conveniencia de someter al Derecho Canónico y a la jurisdicción de la Iglesia a los no católicos que residan en España, así como la necesidad de proveerles de un medio para que legítimamente puedan celebrar matrimonio con trascendencia para el Derecho del Estado. Para estos acatólicos declaró subsistente el matrimonio civil de la Ley de 1870, no aplicable a los acatólicos.
Recordemos que el denominado privilegium fori es la inmunidad de la que gozan los clérigos y religiosos de la Iglesia católica respecto a los tribunales civiles, por la cual no pueden ser emplazados ante ellos en causa contenciosa, sea de naturaleza civil o criminal, debiendo ser juzgados exclusivamente por los tribunales de la Iglesia.
Montero Ríos realizó la tesis doctoral sobre este tema, el privilegio del fuero eclesiástico[38]. En octubre de 1859, siguiendo los usos académicos, leyó un extracto de la Memoria doctoral ante el Claustro de la Universidad Central en el acto de recibir la insignia de Doctor en Derecho Civil y Canónico[39]. Ya en fecha tan temprana nuestro autor adelantaba su posición, como canonista liberal, respecto al mantenimiento en la época en que escribe de las normas especiales en materia procesal aplicables a ciertas personas de la Iglesia. Resumiremos, a continuación, los principales aspectos de su discurso.
Comienza la disertación elogiando la autonomía de la Iglesia frente al poder civil, subrayando los orígenes evangélicos de la denominada doctrina dualista, sus reflejos en los escritos de la Patrística y su exponente más claro en el magisterio del Romano Pontífice: la Carta del Papa Gelasio al Emperador Anastasio, a la que ya aludimos líneas atrás.
Entrando en materia del privilegium fori de los eclesiásticos, Montero dedica a la cuestión un extenso estudio histórico en el que concluye:
– En los primeros tiempos, por ejemplo en las Cartas de San Pablo, se recomendaba llevar las causas de los fieles cristianos al obispo para no ser juzgados por magistrados paganos; aunque no se eximían totalmente de la jurisdicción civil. Los emperadores reconocieron las competencias de los obispos sobre los negocios de los clérigos, si bien esto no inhabilita el conocimiento de los tribunales civiles; la Iglesia insiste en que es pecado que el clérigo acuda a aquellos, aunque no declara nulas las decisiones de la jurisdicción civil.
– Durante la época justinianea se adoptaron algunos aspectos favorables del privilegio, especialmente respecto a los obispos: estos no podían ser emplazados ante un tribunal secular sin licencia del emperador. Los demás clérigo y religiosos, en las causas contenciosas de naturaleza pecuniaria, se sometían al obispo, y en las demás causas civiles y criminales podían ser emplazados ante un juez secular, aunque el obispo debía intervenir en el proceso; en caso de desacuerdo entre la autoridad secular y religiosa decidía el emperador (Novella 123).
– En la Alta Edad Media los Papas reforzaron su afirmación del privilegio: lo declararon de Derecho divino y nulas las sentencias de los magistrados civiles sobre los clérigos. En Occidente y desde el reinado de Teodorico se toleró que los clérigos se sometieran exclusivamente a los tribunales episcopales, costumbre que fue elevada a norma por el monarca ostrogodo Atalarico. Con Carlomagno se consolidó la exención de los clérigos en las causas penales seculares, no así en las civiles. El privilegio de fuero absoluto fue recogido en el Decreto de Graciano, si bien –según el autor– las Decretales en las que se fundamenta el monje camaldulense eran espurias.
– Llegados a este punto histórico en su disertación, Montero Ríos subraya cómo a partir del siglo xiii en algunas naciones católicas, como por ejemplo en Francia, el poder temporal inicia un proceso de recuperación de sus atribuciones sobre los clérigos, sujetándoles también a la jurisdicción civil en asuntos de competencia temporal, y declarando nulas las decisiones de la Iglesia en estas materias. Proceso que se intensifica con la implantación de las doctrinas galicanas o regalistas y, más tarde, con la irrupción del liberalismo.
En España, el reconocimiento del privilegio del fuero de manera explícita lo encontramos en la época de Alfonso X El Sabio y su Código de las Partidas. Sometiéndose a la disciplina canónica del III Concilio Lateranense y de las Decretales de Gregorio IX, se declaró la inmunidad de los clérigos frente al juez civil tanto en las causas criminales como contenciosas civiles. No obstante –apunta Montero–, era un privilegio temporal. Privilegio que a partir del siglo xiv se empieza a limitar tanto subjetivamente como objetivamente: se excluyen materias civiles como testamentos, diezmos, arrendamientos, etc.; y delitos de extrema gravedad –lesa majestad, asesinato, desacato, herejía, crimen nefando o sodomítico, etc.–. El privilegio del fuero se sanciona en 1812, pero con trabas para los clérigos e incrementando los límites en razón de las materias.
Diez años antes de que fuera derogado tal privilegio a favor de los eclesiásticos, nuestro canonista se pronunciaba en contra de su vigencia, oponiéndose, así, al magisterio pontificio[40]. Para Montero, tanto por aspectos prácticos como axiológicos, el fuero eclesiástico es innecesario y perjudicial. Supone un obstáculo para la rapidez y la simplicidad de los procedimientos civiles, paralizando la acción de la justicia. Y, lo que es más importante en los regímenes liberales, se opone a la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y a la unidad de la jurisdicción del Estado. De ahí que –afirma– haya desaparecido en la mayor parte de las naciones católicas.
Razones que están presentes, diez años después, cuando, por el Decreto-Ley de 6 de diciembre de Unificación de Fueros, se terminó con la condición de aforados de clérigos y religiosos. El artículo 1 prescribía que la jurisdicción civil ordinaria sería la única competente para conocer «de los negocios civiles y causas criminales por delitos comunes de los eclesiásticos, sin perjuicio de que el Gobierno español concuerde en su día con la Santa Sede», reconociendo en su artículo 2 la competencia exclusiva de los tribunales eclesiásticos en las causas sacramentales, beneficiales y de los delitos religiosos. Las razones que dio el Decreto-Ley para la unificación de los fueros, que también suprimía otras jurisdicciones especiales como la de comerciantes, marineros o extranjeros, eran las de las dilaciones causadas a la impartición de la justicia y las distintas interpretaciones de la ley que ocasionaba el funcionamiento de diversas jurisdicciones en un mismo Estado. Ya siendo Ministro de Gracia y Justicia, Montero Ríos confirmaría la extinción de las jurisdicciones privilegiadas, en correspondencia con el principio constitucional de igualdad de los ciudadanos en sus derechos y deberes, presentando a las Cortes el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que sería probado en 1870. En su artículo 2 se afirma la existencia de un único fuero, el civil, y la unidad jurisdiccional.
Como católico, también se adelantó nuestro insigne canonista a los tiempos –nada menos que un siglo– en su defensa de la igualdad. El cambio doctrinal vendría de la mano de los nuevos planteamientos eclesiológicos del Concilio Vaticano II. Los principios afirmados en la Constitución pastoral Gaudeum et Spes de autonomía e independencia del orden temporal y espiritual (n. 76) y de igualdad de derechos de los fieles tanto como miembros de la Iglesia como del Estado (n. 29), justifican que la Iglesia «no pone su esperanza en privilegios dados por el poder civil» y esté dispuesta a renunciar a ellos «tan pronto como su uso puede empañar la pureza de su testimonio» (n. 76). Las palabras de la Gaudeum et Spes fueron unánimemente interpretadas como la voluntad de la Iglesia de desprenderse de un antiguo privilegio, el de fuero eclesiástico, que ya no se consideraba necesario ni útil para el ejercicio del ministerio sagrado, atentaba contra la igualdad de todos los ciudadanos ante la administración de justicia y del que podrían derivarse situaciones injustas ante la ausencia de castigo de hechos criminales sobre los que los tribunales eclesiásticos ni tenían capacidad de juzgar ni de hacer cumplir las eventuales sanciones[41].
En España, la Iglesia reconocería los nuevos principios eclesiológicos referidos al fuero eclesiástico en el Acuerdo que firma la Santa Sede con el Estado español el 28 de julio de 1976. En él la Iglesia renuncia al privilegio y se deroga, en consecuencia, el artículo 16 del Concordato de 1953. La igualdad jurídica de todos los ciudadanos frente a la Administración de justicia es el motivo –según dice el Preámbulo del Acuerdo– de que los clérigos y religiosos queden sometidos a los pleitos civiles y criminales.
Llegamos al final de la exposición. En la visión que da la perspectiva histórica del legado de un personaje público relevante como lo fue Montero Ríos, yo destacaría dos cualidades que, entiendo, se manifiestan en su quehacer como político y como docente. La primera, la fidelidad a unos ideales de los que nunca abjuró, y que, en su concepción existencial, pretendieron compatibilizar su firme y arraigada fe católica, y la defensa de las libertades individuales –singularmente de la libertad de conciencia–, así como de la autonomía e independencia entre el orden espiritual y el temporal, entre la Iglesia y el Estado. La segunda cualidad, que se intensifica a lo largo de su vida, es, a mi modo de ver, la moderación en sus posiciones ideológicas y políticas, equidistantes de la polarización entre clericalismo y anticlericalismo de su época, especialmente acusada tras la Revolución liberal de 1868; que le ocasionaron acervas críticas tanto desde la derecha –especialmente sorprendida por su condición de profesor de Derecho Canónico– como de la izquierda radical.
En todo caso, Montero tuvo a honra no utilizar el magisterio como medio de proselitismo de sus ideas. En la carta de renuncia a la Cátedra solidarizándose con sus compañeros expedientados lo expresó con claridad meridiana: «La cátedra no debe convertirse en tribuna para satisfacer intereses de partido, ni en púlpito para que en él puedan tener desahogo las ardientes pasiones del sectario». Objetividad y rigor en las exposiciones docentes a las que nuestro canonista une una marcada erudición histórica: la lectura de sus trabajos en materia de Eclesiología y Derecho Canónico –«Ultramontanismo y Cismontanismo», «El Privilegio del Fuero», «El Cónclave y las Elecciones Pontificias», o «El Restablecimiento de la Unidad Religiosa»– manifiesta los extensos conocimientos de Montero en Historia y Derecho de la Iglesia.
Sin embargo, y como dijimos en anteriores líneas, la dimensión política del personaje, los altos cargos ocupados en la función pública durante diferentes regímenes fue lo que sitúa a Montero Ríos en los anales de la Historia. Especialmente durante la convulsa época que sigue a la Revolución de 1868. Es aquí donde nuestro canonista, defendiendo los principios constitucionales, tuvo un papel destacado en la aprobación de la libertad religiosa y, más adelante y en aplicación de la norma fundamental, de las Leyes de Matrimonio y Registro Civil. Para Montero es consecuencia lógica del régimen de libertades y de la igualdad de la Constitución el que exista un matrimonio regulado por el Estado al que puedan acudir los ciudadanos, sean cuales sean sus creencias. Si desde la perspectiva actual puede parecer un rasgo de radicalismo el negar efectos civiles al único matrimonio que se admitía hasta entonces, el de la Iglesia Católica, se ha de juzgar como un acierto la regulación estatal de un matrimonio civil, institución que se ha prolongado hasta nuestros días. Igualmente cubrió una necesidad histórica la creación de registros civiles donde se consignaran las vicisitudes, con relevancia civil, del estatuto personal, bajo las garantías jurídicas que ofrece el quedar encomendados a jueces y magistrados. No cabe, pues, dudar de la trascendencia de la obra de Montero, como legislador y como jurista, en el proceso de modernización de nuestras instituciones que se opera en el Derecho y en la organización administrativa y judicial desde mediados hasta finales del siglo xix, acercando a España a la situación de países como Francia, Alemania o Inglaterra.
Claro está que, en ocasiones, el político y canonista no puede evitar caer en ciertas contradicciones entre los principios que defiende y la acción de gobierno que impulsa. A veces, entiendo, motivadas en la servidumbre a los valores dogmáticos del partido en el cual milita. Por ejemplo, cuando en sede parlamentaria reivindica la libertad de la Iglesia y la independencia del Estado, lo cual, en materia de asociación, le lleva a defender el que la complejidad de entes eclesiásticos a través de los cuales actúa la institución religiosa en el tráfico jurídico se encuentren protegidos por un Derecho común basado en los principios de libertad y seguridad jurídica. Pero, a la vez, justifica las medidas «regalistas» –que también inspiran al liberalismo jacobino– que limitan a la Iglesia: como propietario privado en la adquisición de inmuebles; o justificando el control del Estado de las órdenes religiosas, incluso la reducción o extinción de los conventos por decreto gubernativo. En estas cuestiones sí vemos a Montero Ríos invocar el Concordato isabelino, cuando en otros lugares de los debates parlamentarios afirmaba que el Acuerdo de 1851 era incompatible con los preceptos constitucionales.
Las contradicciones en sus posiciones políticas también pueden obedecer a determinadas tensiones entre los dos ejes sobre los cuales vertebra su pensamiento: las creencias católicas y los principios liberales con los cuales comulga. La creación jurídica que más se identifica con Montero, la impulsión y aprobación de la Ley de Matrimonio Civil, representa un buen ejemplo de ello. Se justifica en la libertad religiosa proclamada en la Constitución de 1869, que impide, en buena lógica, imponer el matrimonio de la Iglesia mayoritaria a los ciudadanos no católicos o no creyentes. Si bien al regularlo el Estado en la Ley de 1870 que, en definitiva y en palabras del Ministro, «acoge el matrimonio canónico revestido de ropaje seglar», se les impone a aquellos sustancialmente el enlace religioso –incluyendo la indisolubilidad– bajo la denominación de matrimonios civil –tan solo cambia que este se somete a la jurisdicción del Estado y no a los órganos y tribunales eclesiásticos–. Tal solución, en opinión del entonces Ministro de Gracia y Justicia, se fundamenta en un genérico «bien social» que conlleva la proscripción del divorcio; no se tiene en cuenta la libertad de conciencia de los ciudadanos no católicos.
Observaciones críticas que, ciertamente, no empañan el legado del prestigioso jurista decimonónico al aggiornamento del Derecho español a través del impulso de leyes innovadoras en diferentes ámbitos del ordenamiento.
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