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ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO - 2026

Análisis crítico del sistema matrimonial español

Autores:
Santiago Catalá (Universidad de Castilla-La Mancha)
Resumen:
El sistema matrimonial español es, sin duda, una de las parcelas jurídicas que más se han visto transformadas por el nuevo modelo constitucional. Las sucesivas –y trascendentes– reformas operadas en materia de matrimonio civil, el nuevo estatuto otorgado a las confesiones religiosas minoritarias, los efectos de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y otras normas colaterales han alterado el tratamiento que reciben las uniones de las distintas confesiones religiosas pero, de forma especial, el matrimonio canónico. Ello ha afectado al contenido del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos celebrado entre la Santa Sede y el Estado español por un lado, al tratamiento que reciben los matrimonios religiosos no católicos, por otro, pero, de forma especial, ha impuesto un modelo de matrimonio civil único, sólo que con libertad de formas de celebración, en el que se terminan desconociendo los ordenamientos confesionales y privando a los particulares de la libertad de contratación, lo que afecta especialmente a su libertad religiosa y de conciencia.
Palabras Clave:
matrimonio civil, matrimonios religiosos, libertad religiosa, sistema matrimonial.
Title:
Critical analysis of the spanish marriage system
Abstract:
The Spanish matrimonial system is undoubtedly one of the areas of law that has undergone the most significant changes under new constitutional model. The successive -and far-reaching- reforms in the area of civil marriage, the new status granted to minority religious denominations, the effects of the Voluntary Jurisdiction Law, and other related regulations have altered the treatment of unions of different religious denominations, but especially canonical marriage. This has affected the content of the Agreement on Legal Matters between the Holy See and the Spanish State, on the one hand, and the treatment of non-Catholic religious marriages, on the other, but, in particular, it has imposed a single model of civil marriage, albeit with freedom of form of celebration, in which religious laws are ultimately disregarded and individuals are deprived of freedom of contract, which particularly affects their freedom of religion and conscience.
Keywords:
civil marriage, religious marriages, religious freedom, marriage system.
Recibido:
26/03/2026
Aceptado:
07/05/2026
ISSN-L:
0213-8123
e-ISSN:
3127-5613
Licencias:
DOI:
https://doi.org/10.55104/ADEE_00068
Cómo citar:
Catalá, Santiago (0000-0001-9055-9075) (2026). Análisis crítico del sistema matrimonial español. ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO. https://doi.org/10.55104/ADEE_00068
Formato:
APA

1. Introducción

El –a mi juicio– inadecuado desarrollo legislativo que se ha hecho de la Constitución, pese a su calidad (especialmente en algunas materias), ha dado lugar a profundas transformaciones que afectan a numerosos ámbitos, algunos de ellos vinculados al Derecho privado y, de forma especial, a los modelos de matrimonio y de familia, los cuales han sido víctimas de ese espíritu reformista realizado de forma unilateral, fragmentaria y progresiva, hasta alcanzar el estadio en el que nos encontramos.

Al margen de cualquier consideración de tipo filosófico, social, religioso o moral, las modificaciones introducidas –superpuestas las unas con las otras– han generado un novedoso escenario legislativo del todo preocupante para los juristas porque, más allá de las que han afectado al matrimonio y a la familia, el Estado ha introducido en el sistema matrimonial profundos cambios que están alterando –aunque sea de forma indirecta– los ordenamientos propios de las organizaciones confesionales, de tal manera que el orden civil está invadiendo, más allá de sus propias competencias, no sólo el ámbito de actuación propio de las Iglesias y Confesiones religiosas sino, además, la autonomía de los propios individuos, lo que afecta a derechos tan esenciales como los de libertad religiosa y de conciencia, intimidad personal y familiar, etc., esto, a la postre, constituye una ilegítima invasión que se ha ido ejerciendo sobre el sancta sanctorum de la societas coniugalis y de quienes la conforman.

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2. Definición de sistema matrimonial

2.1 Consideraciones generales

Antes de adentrarme en el intento de lograr una definición aceptable de lo que es un sistema matrimonial[1], quiero manifestarme en contra de lo que algunos autores han entendido como presupuesto jurídico para abordar la materia.

En primer lugar, no es el Estado –a mi juicio– el único competente para definirlo ni para regularlo, entre otras razones porque ello atentaría de modo objetivo y directo contra la libertad de sus ciudadanos pero, además, porque igualmente lo haría contra la libertad de las propias confesiones religiosas, de tal manera que, en una materia como ésta, el Estado no tiene la capacidad reguladora plena, ni con respecto a todas las religiones (con o sin Acuerdo), ni en relación con todas las personas (españoles o extranjeros), ni puede vincular a todos los ciudadanos, especialmente si pertenecen a terceros países, entre otros motivos porque, además de poder regirse por sus normas nacionales, hay preceptos supranacionales que el Estado español, como cualquier otro Estado, ha de cumplir, dado que se trata de normas de ius cogens.

Soy consciente de que esta perspectiva puede no ser compartida por muchos autores para quienes la regulación de esta materia depende en exclusiva del Estado; sin embargo, no debemos olvidar, por un lado, que el individuo, el matrimonio y la familia gozan de especial protección normativa tanto a nivel estatal como internacional, vinculando a todos los ordenamientos de los países que han firmado o ratificado las diversas declaraciones de derechos; por otro, que el derecho a contraer matrimonio y a formar una familia es un derecho considerado «humano» por el Derecho internacional, lo que le otorga un estatuto especial y un mayor –y mejor– nivel de protección jurídica a nivel europeo y comunitario[2]; en tercer lugar, que ambas instituciones están estrechamente vinculadas con el derecho de libertad religiosa y de conciencia de los individuos, lo que les dispensa un tratamiento específico que, en principio y potencialmente al menos, puede condicionar o limitar la capacitas legislatoris del Estado, etc.

Un ejemplo puede servirnos para identificar, prima facie, la problemática jurídica que la materia ofrece: si el matrimonio entre un español católico y una musulmana marroquí se celebra en sede eclesial, el ordenamiento canónico dispondrá acerca de la capacidad, edad, impedimentos, consentimiento, necesidad de dispensa, etc., desde su propia perspectiva jurídico-confesional, pero lo mismo hará el Derecho islámico, tanto si se celebran dichas nupcias en sede eclesial como en sede islámica, con respuestas que pueden ser completamente divergentes (de hecho lo son) o, dicho con otras palabras: las situaciones jurídicas en las que confluyan elementos personales con normas confesionales dan lugar a situaciones extraordinariamente complejas con resultados diametralmente opuestos; pues bien, a ellas hay que añadir las que cada ordenamiento dé a cada enlace en función de su estatuto personal, esto es, en el supuesto anunciado habría que preguntar a los tres ordenamientos jurídicos con competencia en la materia todo lo concerniente a validez del vínculo, obligaciones para las partes, forma de celebración, prestación del consentimiento, separación, disolución y sus efectos, etc., lo que acreditaría que cada sistema matrimonial ofrece sus propias respuestas que, por lo general, serán diametralmente opuestas.

En este escenario no se puede partir de la premisa de que sólo el ordenamiento secular es el que dirime los posibles conflictos, es más, cuando concurre el elemento extranjero habrá que preguntar al Estado del que es nacional una de las partes (o las dos), cuál es el resultado que cada régimen legal aplica para cada efecto que se derive del enlace, así como de las posibles circunstancias que puedan producirse en el futuro.

Así pues, sólo comparando los ordenamientos jurídicos confesionales y, además, confrontando las respuestas que puedan dar España, Marruecos o un tercer país en el que se celebren las nupcias, podrían esbozarse respuestas jurídicas a las situaciones creadas a las que cabe añadir las de terceros países con competencia en la materia, pudiendo dar como resultado respuestas completamente diferentes.

Además, dado que confluyen no sólo normas estatales de carácter unilateral con normas confesionales, sino, además, otras de carácter internacional –público y privado–, a las que hay que añadir las pactadas –en su caso– la complejidad que la materia ofrece no permite fácilmente realizar reformas normativas unilaterales, menos aun cuando se pretende imponer, a la postre, un modelo único de matrimonio, como tendremos ocasión de demostrar en las páginas que siguen.

Por mor de lo anterior –y de otros elementos que han de ser tenidos en cuenta, como el orden público protegido por la ley, las normas de ius cogens o las consecuencias jurídicas que pueden derivarse incluso para terceros–, pueden producirse potencialmente un sinfín de situaciones no previstas por las normas estatales y, lo que no es menos importante, respuestas en las que la justicia de uno u otro país resulte dispar, se declare incompetente, resuelva el conflicto de forma contraria a la respuesta que de otro Estado, etc.

En este sentido creo que no es inútil recordar que todo ordenamiento jurídico, también los confesionales, poseen sus propios sistemas matrimoniales y, de la misma manera en que cada nación puede aplicar sus normas de forma obligatoria, cada Iglesia o Confesión religiosa puede hacer lo propio en temas de su exclusiva competencia, así acontece en todos los negocios jurídicos celebrados en sede confesional, donde no puede haber injerencia alguna del Estado en el que se celebre o de los países de donde sean nacionales los propios contrayentes, entre otras razones por la autonomía de la que gozan en nuestro ordenamiento aquéllas y es, precisamente, dicha autonomía la que debe servir de límite a la teóricamente ilimitada capacidad legislativa de un Estado.

Bien es verdad que las interferencias entre ordenamientos pueden ser múltiples y, en este sentido, no es fácil a veces determinar con exactitud las respuestas legales adecuadas para resolver determinadas situaciones; un ejemplo puede valer para aclarar lo que pretendo exponer: el matrimonio canónico de dos personas bautizadas por la Iglesia católica celebrado en España tiene efectos civiles en nuestro país porque los tiene también en el ordenamiento eclesial, ahora bien, si una de ellas es completamente atea, dicho matrimonio es nulo en aplicación del Derecho canónico y dicha nulidad, declarada por los tribunales de la Iglesia católica, tendrá efectos civiles en España, dado que nuestro país ha acordado con la Santa Sede el reconocimiento de efectos civiles a las sentencias firmes de nulidad matrimonial canónica sin necesidad de que la causa de nulidad tenga equivalente en el ordenamiento patrio.

Con este ejemplo queda claro que la autonomía estatal no es total porque toda norma tiene efectos vinculantes –también, al menos, para la propia nación que la promulga– y, por ello, dicho sistema no sólo lo crea el Estado con su regulación unilateral, lo crean también las confesiones religiosas, sobre todo en cuanto pactan con él. Resulta evidente que los problemas entre ordenamientos no son de fácil solución y, en esta materia, en el que confluyen normas de origen confesional (en las que pueden ser competentes dos Iglesias o Confesiones distintas) con normas de origen estatal, en el que no sólo la nacionalidad de los cónyuges puede ser diferente, sino que, además, el lugar de celebración de las nupcias puede producirse en un tercer Estado, es preciso actuar con todo el máximo rigor posible.

En el caso español, nuestro sistema no puede sustraerse de los Acuerdos suscritos con la Sede Apostólica, precisamente porque son tratados de Derecho internacional, de lo que se deriva que no es válida cualquier opción jurídica que parta, como premisa, de la exclusión del ordenamiento canónico.

Esto es de especial importancia en el caso de la Iglesia Católica, entre otras razones, no sólo por la necesidad de proteger el derecho de los individuos a regular la esfera privada de sus vidas con arreglo a su propia conciencia, religión o creencias sino, además, por el deber de cumplir con lo acordado.

La primera consecuencia que se deriva de lo anterior es que debe quedar excluida, por definición, toda concepción unilateral de lo que pueda ser –o sea– un sistema matrimonial fruto exclusivo de la voluntad del Estado, dado que ello afecta al alcance y contenido de los derechos en liza; pues bien, son precisamente esos derechos los que limitan –o, a menos, pueden limitar– tanto las potestades legislativas como las judiciales.

A esto hay que añadir que el derecho a contraer matrimonio, al estar recogido en numerosas declaraciones internacionales de derechos que ha suscrito España en términos más amplios de lo que hace nuestra Carta Magna[3] –gozando, además, de una jurisprudencia vinculante que, con frecuencia, se aparta de los postulados patrios– ni el Estado español ni ningún otro es completamente soberano para regular esta materia en todos sus aspectos.

Con respecto a las confesiones minoritarias, aunque es el Estado español el que otorga efectos civiles a los matrimonios religiosos de muchos credos, no podemos descartar la posibilidad de que los propios cónyuges –o sus Iglesias y confesiones religiosas– deseen realizar contratos matrimoniales en el ámbito estrictamente religioso, excluyendo expresamente –o pretendiendo excluir– los efectos civiles del mismo y hacerlo, además, al amparo del respeto que merece la libertad de la que gozan en nuestro ordenamiento.

Esta reflexión alcanza mayor solidez en función de la libertad y la voluntariedad, que son genuinamente personales y que enraízan en lo más esencial de los principios generales del Derecho en tanto que éste reconoce la autonomía de las confesiones religiosas y de las personas físicas y jurídicas, máxime en una materia que, por ser de Derecho civil, ha de regirse por la libertad de pactos[4]. Esto reduce o, al menos, puede e –incluso– debe, constreñir la capacidad intervencionista del Estado; de ahí que se pueda derivar no sólo en el plano teórico, sino, incluso, además, en el práctico, la ausencia de un total automatismo a la hora de asociar forzosamente consecuencias jurídicas civiles a determinados actos realizados en el seno de las confesiones.

Así pues, del mismo modo que es imposible regular jurídicamente la amistad o el amor (ámbitos por completo ajenos a la capacidad legislativa de los Estados), todo sistema jurídico estatal –en realidad, todo ordenamiento– tiene sus límites materiales y funcionales. En esta materia, en tanto en cuanto ha de respetarse los derechos y libertades esenciales de las personas físicas y –también– de las jurídicas –al menos cuando éstas actúen en el ámbito competencial que les sea propio– cabe preguntarse si el sistema normativo civil puede imponer siempre y en todo caso criterios o soluciones concretas, más aún si van en contra de la voluntad de los propios contrayentes o en contra de las confesiones religiosas en cuyo seno se hayan celebrado las nupcias; todo ello al margen de lo que dispongan –como se ha apuntado más arriba– otros ordenamientos estatales cuando pueden confluir, por razones derivadas de la nacionalidad de los contrayentes, determinadas normas de Derecho Internacional Privado.

Con estas reflexiones sólo pretendo «desdogmatizar» planteamientos excesivamente iuspositivistas que pretenden convertir la razón de Estado en el criterio único de regulación de las relaciones humanas, máxime si son personales y familiares, pues éstas constituyen sin duda –y siempre constituirán– el sancta sanctorum de los individuos, las familias y de los grupos confesionales en los que se integran.

Imponer una regulación jurídica civil de lo que constituye la esfera más íntima y personal del ser humano, además de oponerse frontalmente contra la libertad de los individuos, lo que revela es el peligro de ese crecimiento exponencial que genera la intromisión de los poderes públicos en la vida privada de las personas.

En suma, se podría afirmar que hay, potencialmente, tantos sistemas matrimoniales como Estados existen en el mundo pero, por lo mismo, también hay un «sistema matrimonial» en cada confesión religiosa –al menos las que poseen sus propios ordenamientos jurídicos, como son las abrahámicas– y todos ellos se relacionan recíprocamente; en este sentido, igual da que el Estado otorgue, o no, efectos civiles a un matrimonio religioso a que cualquier confesión religiosa tenga en consideración u otorgue efectos a unas nupcias celebradas en sede civil –o en sede religiosa– con persona perteneciente a una confesión distinta; son sistemas diferentes, pero tan íntimamente interrelacionados, que las propias normas religiosas pueden ignorar e, incluso, excluir la aplicación de ciertas consecuencias jurídicas civiles; dicho con otras palabras, la unilateralidad en estos casos no existe –o son casos de laboratorio–, y no puede ni podrá existir jamás porque el Estado en esta materia, si es plenamente soberano ni puede ignorar la existencia de las confesiones religiosas ni sus ordenamientos en tanto que todas ellas tienen personalidad jurídica y poseen, con correlación, suficiente capacidad de obrar; además, conviene recordar que para todos los credos monoteístas el matrimonio es un contrato, por tanto, objeto regulación jurídica.

Por otro lado, como señaló en su día la Comisión Europea de Derechos Humanos, «el art. 9.1 del Convenio no llega a imponer a los Estados contratantes la obligación de reconocer los matrimonios religiosos con el mismo estatus y consecuencias jurídicas que el matrimonio civil»[5], doctrina ésta corroborada por el Tribunal de Estrasburgo[6].

2.2 Análisis doctrinal

Para aproximarse a una propuesta mínimamente aceptable de lo que sea un sistema matrimonial, entendiendo por ello el modelo que adopten en cada caso los Estados y sin perjuicio de las consideraciones previas realizadas en cuanto que limitan en hipótesis una total autonomía, conviene repasar las acertadas reflexiones de juristas que me han precedido en el estudio de esta materia, pues, sin duda alguna, esa revisión de parte de la bibliografía existente habrá de servir para sentar bases mínimamente sólidas a partir de las cuales desarrollar cualquier estudio que se precie.

Inicio este apartado con una acertada observación que realizan Molina Meliá y Olmos Ortega en la monografía titulada Derecho matrimonial canónico sustantivo y procesal al afirmar que «los sistemas matrimoniales surgen como consecuencia del enfrentamiento de dos potestades jurídicas sobre la regulación del matrimonio; es decir, desde que el matrimonio, cuya competencia estaba reservada a la Iglesia, se va secularizando a partir de la Edad Moderna»[7], añadiendo a continuación que «este proceso de secularización se inicia con el protestantismo, que niega el carácter sacramental del matrimonio, así como con las teorías regalistas, dado que separan el contrato matrimonial del sacramento, reservando al Estado el contenido del matrimonio salvo el aspecto puramente sacramental que correspondería a la Iglesia» para, al final, ofrecernos una propuesta de definición: «sistema matrimonial es el criterio con que cada ordenamiento estatal armoniza los modos o legislaciones existentes respecto a la celebración del matrimonio, tanto el Derecho sustantivo como el procesal, así como su eficacia civil»[8].

Por su parte, Navarro Valls lo define como el «criterio con que cada ordenamiento civil regula la institución matrimonial, es decir, compatibiliza la doble exigencia que nace del derecho del Estado para regular el matrimonio civil y el deber de respetar las convicciones religiosas de sus ciudadanos»[9].

Pero tal vez lo importante no sea, en realidad, la definición de lo que sea un sistema matrimonial, sino saber en realidad qué es lo que realmente lo constituye y caracteriza. No es esta sede en la que abordar la materia pero sí debemos advertir que, frecuentemente, se obvian en estas definiciones el contenido de los derechos recogidos en las declaraciones internacionales de derechos suscritas por España –pese a que se incorporan al ordenamiento interno–, como tampoco el contenido doctrinal de la jurisprudencia emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, como apunté páginas atrás, ponen el «foco» de la cuestión precisamente en la autonomía y capacidad de los poderes estatales, pero no se tiene adecuadamente en cuenta –a mi modesto juicio– que los grandes credos son religiones milenarias provistas de sus propios ordenamientos jurídicos, ya que las tres grandes religiones abrahámicas están juridificadas; por tanto, no sólo poseen un sistema de dogmas, valores, principios y creencias, sino –además– sus propias normas de organización y funcionamiento; y todas ellas –al menos las principales– incluyen sus propios Derechos matrimoniales los cuales, además, actúan de forma trasnacional.

Estas reflexiones me eximen de referirme, siquiera sea sucintamente, a los sistemas monistas, los dualistas, los pluralistas, divorcistas…, así como a cualquier clasificación que se haga de los mismos, de la competencia de los tribunales civiles en esta materia, de la eficacia civil de las resoluciones canónicas, etc.

Frente a una materia que se encuentra –y se encontrará– en constante cambio, no merece la pena realizar esfuerzo alguno de catalogación; la llamada legislación «motorizada» así lo ha demostrado.

Al margen de esto, el pluralismo étnico, religioso y sociológico que existe actualmente en el mundo, obliga a reflexionar en torno a los derechos en liza y las formas de resolver los problemas que surjan, sin perder de vista en absoluto lo que derive de la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado, esto es, tanto de modo aislado como en conexión con los demás ordenamientos.

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3. El sistema matrimonial español

3.1 Antecedentes históricos

Carece de sentido en un trabajo como el presente realizar un repaso detallado de la evolución histórica experimentada por nuestro sistema matrimonial, entre otras razones, porque autores de mucha mayor autoridad que la mía ya han estudiado la materia[10], siendo así, las reflexiones que se recogen a continuación no pretenden sino hacer un breve repaso de los hitos jurídicos más importantes experimentados en los últimos decenios en cuanto nos sirvan de punto de partida para poder realizar una valoración crítica de la situación actual.

España, nación católica por antonomasia hasta hace pocas décadas, ha seguido en esta materia la tradición de matrimonio canónico único, hasta el punto de no regularse esta institución por leyes civiles en un gesto casi expreso de reconocimiento de la arraigada catolicidad de la sociedad hispana.

Ciertamente, en el período medieval, a partir del cual surge el Estado moderno, muy posiblemente haya interesado poco como consecuencia de dos factores históricos especialmente interesantes, a saber: por un lado, el reconocimiento del pluralismo religioso, existente durante siglos en nuestro país como realidad social y fenomenológica; por otro, el implícito reconocimiento de la autonomía de las religiones para regular una materia que siempre les ha sido propia[11].

Así pues y sin necesidad de retrotraernos a épocas pretéritas, desde que Felipe II –por Real Cédula de 12 de julio de 1564– fijase el sistema matrimonial, identificando el mismo con el matrimonio canónico como único reconocido –y con el paréntesis de la Segunda República–, nuestro país se ha regido en esta materia por las normas del citado ordenamiento confesional que, por lo dicho, el Estado español hizo suyas. Éste fue el signo de los tiempos a través de los siglos, incluyendo los períodos constitucionales instaurados por las Cartas magnas de 1812, 1837, 1845 y –también– con el Concordato de 1851.

Es la Constitución de 1869 a partir de la cual, con el reconocimiento de la libertad de culto, se modifica el modelo, pero lo hace dando un giro copernicano al sistema, hasta el punto de eliminar todo efecto civil a las nupcias canónicas, por un lado, e instaurando un modelo de matrimonio civil único por otro[12], llegando hasta el extremo de considerar ilegítimo todo hijo nacido del matrimonio canónico[13].

Fruto de los potentes «golpes de timón» característicos de la Historia de España en los dos últimos siglos, un Decreto de 9 de febrero de 1875 derogó la Ley de 1870 y creó un modelo alternativo en el que, por un lado, se reconocieron efectos civiles al matrimonio canónico y, por otro, se permitió a quienes profesasen otras religiones celebrar sus nupcias con arreglo a su credo, hasta que, con la Constitución monárquica de 1876 se estableció un sistema en el que se opta por una confesionalidad tolerante con las minorías religiosas, otorgando, en lo que a nosotros interesa, efectos retroactivos a los matrimonios celebrados bajo la citada ley de 1870.

Por su parte, el primer Código civil español[14] creó un modelo de matrimonio civil subsidiario para los no católicos, siendo que los que pertenecían a dicha confesión debían casarse in facie ecclesiae. Esta situación se mantendrá hasta la promulgación de la Constitución republicana de 1931 y la ley posterior reguladora de la materia, de 28 de junio de 1932, que estableció un sistema de matrimonio civil obligatorio.

Terminada la Guerra Civil española y firmado el Concordato de 1953, se promulgó la ley de 24 de abril de 1958 a través de la cual, asumiendo el Estado, como propio, el Derecho canónico, dispuso que los católicos debían seguir la forma canónica, aceptando una forma subsidiaria para quienes no lo fueran. De este modo, la canónica se aplicó cuando al menos uno de los cónyuges fuera católico, permitiendo la forma civil cuando ninguno de los dos profesara dicha religión; esto facilitó en parte la libertad de cultos; sin embargo, en estos casos, la forma de celebración para obtener el reconocimiento del Estado habría de ser la civil, es decir, no se otorgaba efectos a las uniones religiosas celebradas por credos o iglesias distintas a la católica y, además, era preciso demostrar la no catolicidad de los contrayentes[15].

En este contexto, llama la atención que el art. 80 del Código civil de la época delegara exclusivamente en la jurisdicción eclesiástica los procesos judiciales existentes entre cónyuges, muestra inequívoca del alto grado de confesionalidad del régimen franquista y de su afinidad identitaria con el credo católico y su Iglesia[16].

Es, sin embargo, a partir del impulso generado por el Concilio Vaticano II –y precisamente a causa de la marcada confesionalidad del Estado español– el que de algún modo obligara a nuestras autoridades a modificar el Fuero de los Españoles, lo que se materializó a través de la Ley de 28 de junio de 1967[17], que permitía a los cónyuges optar, y así quedó corroborado por el Decreto de 22 de mayo de 1969 y la Instrucción de 22 de marzo de 1974, de la Dirección General de los Registros y Notariado; pero la radical transformación de nuestro sistema matrimonial comienza a partir de la Constitución de 6 de diciembre de 1978.

La conjunción del catálogo de derechos fundamentales y libertades públicas con otros derechos constitucionales no fundamentales, como es el de contraer matrimonio, generó una pluralidad de situaciones que era preciso regular. A dicha dificultad contribuyeron una serie de factores entre los que cabría destacar –a mi juicio– los siguientes:

– Una legislación «motorizada» pro libertatis, que acabaría con la regla de que el católico estaba obligado a guardar la forma canónica.

– La asunción de una normativa internacional que comienza a ser aplicable en nuestro país y que altera la regulación de la materia, no sólo en función de criterios objetivos como es el de la nacionalidad, sino, además, atendiendo a otros –ya personales o subjetivos– como la libertad religiosa de cada contrayente.

– El incremento de la población extranjera y, muy especialmente, la expansión sociológica de los cristianismos no católicos, siendo posteriormente la población islámica la que obligaría a dar respuestas a los distintos problemas que genera el derecho a contraer matrimonio con arreglo al propio credo. En el plano confesional, opciones como el ateísmo, el agnosticismo o el indiferentismo también obligaban al legislador a regular la materia y hacerlo –además– atendiendo al principio pro libertatis.

– En el plano normativo, los Acuerdos de 1992[18] con las confesiones no católicas y las respectivas reformas operadas en el Código civil modificaron de manera esencial el sistema matrimonial español.

– A esta relación hay que añadir la nueva redacción del artículo 60 de dicho cuerpo legal, en virtud del cual el Estado reconoce efectos civiles a los matrimonios celebrados por las iglesias, Confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, haya obtenido el reconocimiento del notorio arraigo en España[19]», lo que afecta a la Iglesia Ortodoxa, la de las Iglesias de los Santos de los Últimos días, la de los Testigos de Jehová, así como los enlaces budistas y, actualmente, también a los Bahá´i.

Hasta aquí –podría decirse– nuestro sistema matrimonial ha experimentado importantes vicisitudes como consecuencia de un marcado pasado católico desde el punto de vista sociológico e institucional, así como de una Iglesia provista de bastante poder de influencia sobre el Estado español, estructuras éstas sobre las que operaron transformaciones radicales.

3.2 Situación actual

Como veremos a lo largo de este trabajo, la evolución del ordenamiento jurídico español a partir de la Constitución de 1978 no ha sido otra que la de caer en una suerte de hiperinflación normativa que, entre otros errores y excesos, ha querido asfixiar el ámbito de actuación de las confesiones religiosas, hasta el punto de desvirtuar sus propios ordenamientos e instituciones que, simplemente, no se respetan, como más adelante tendremos ocasión de analizar.

Sucede esto en el Derecho matrimonial de todas y cada una de las Iglesias y Confesiones que han suscrito acuerdos con el Estado –lo mismo que las que han obtenido el reconocimiento del notorio arraigo– y es, precisamente, esta problemática la que termina cercenando la libertad de credo de las personas físicas, por un lado, y «descafeinando», cuando no derogando de facto, los ordenamientos confesionales, hasta convertirlos en verdadero «papel mojado».

Tal vez, si preguntamos al modelo actual cuáles son los resultados de las sucesivas reformas operadas por nuestro ordenamiento, podamos advertir el potencial alcance y la profundidad –así como la complejidad– que la materia ofrece:

– ¿Puede una pareja celebrar un matrimonio canónico y no otorgarle efectos civiles en España?

– ¿Podría optar por una demora o condicionar dichos efectos?

– ¿Y establecer capitulaciones matrimoniales sobre esta materia?

– ¿Y regular las consecuencias jurídicas, económicas y de otro tipo que generaría a cada contrayente el incumplimiento de ciertas obligaciones conyugales, de tal modo que esta cuestión quedara resuelta por pacto y no sometida a las decisiones de nuestros jueces y tribunales?

– ¿Podrían someterse para la resolución de cualquier conflicto a la jurisdicción de los tribunales de su propia confesión o, en otro caso, a las resoluciones de los Consejos de Familia, excluyendo así la jurisdicción civil?, ¿serían ejecutables civilmente aquéllas?

– ¿Cabría un pacto de indisolubilidad entre las partes o la renuncia expresa del derecho al divorcio o condicionarlo al incumplimiento de determinadas obligaciones matrimoniales por parte del cónyuge infractor?

– ¿Y restringir el derecho a separarse en aplicación de las normas confesionales a las que se someten?[20].

Como puede verse, el resultado actual, fruto de la acumulación de las distintas reformas operadas en el ordenamiento jurídico español en los últimos años, no sólo termina atentado contra la libertad religiosa de los contrayentes y, además, contra la libertad religiosa de las propias Confesiones, en cuanto que el ordenamiento estatal se impone –derogando las normas confesionales a las que se sometieron los esposos–, sino que llega más allá, imponiendo un modelo de divorcio libre sin relación alguna con causas objetivas, ni –tampoco– con ilícitos civiles que haya podido cometer alguno de los cónyuges, sometiendo a las partes a la jurisdicción civil en todo caso.

El modelo español actual, por tanto, en realidad rechaza de plano los ordenamientos confesionales así como la libertad de pactos de las partes contratantes, es decir, regula la materia excluyendo de forma absoluta la libertad de los individuos en un ámbito que es, precisamente, el más íntimo de todos cuantos existen e imponiendo sus normas con mayor «dogmatismo» con que lo hace cualquier ordenamiento confesional.

Otro hito clave en este rapidísimo proceso de privación al matrimonio canónico de todos sus elementos esenciales –y hasta de su propia naturaleza, en la medida que puede hacerlo– lo representa la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio.

El reconocimiento del derecho a «celebrar sus ritos matrimoniales»[21] es un precepto que, al emplear el término «rito» –con toda la carga jurídica que se le puede asociar–, desmorona por completo el multisecular «edificio» legislativo, doctrinal y jurisprudencial que los canonistas construyeron durante siglos pues, con dicho vocablo termina «reduciendo a cenizas» todo el Derecho matrimonial –tanto el canónico como del resto de los ordenamientos confesionales que regulan la materia–, convirtiéndolos en simples formas de celebración de matrimonio civil, sin recepción alguna de los preceptos religiosos, lo que vale para el matrimonio canónico y para el resto, con la excepción de las sentencias de nulidad matrimonial canónica y los rescriptos pontificios de matrimonios ratos y no consumados[22] que, por mor de los Acuerdos firmados con la Santa Sede, no pueden ser modificados de forma unilateral.

Así lo entienden Molina Meliá y Olmos Ortega al señalar que lo expuesto «hace suponer un notable empeño de reconducir todos los matrimonios a un único supuesto y de aplicarles a todos la normativa civil o estatal»[23], opinión no estrictamente compartida por Peña y Bernaldo de Quirós, para quien el Estado sólo está vinculado a reconocer los efectos civiles del matrimonio canónico, reduciendo, por tanto, el mismo, a una forma de celebración de matrimonio civil[24].

En mi opinión es esto justo lo que ha hecho el Estado español, pero –también– lo que no podía hacer, primero en defensa de la autonomía de las partes, la libertad de pactos y la protección dispensable a la libertad de credo, lo que incluye la celebración de los ritos matrimoniales; en segundo lugar porque la palabra «rito», aunque mal empleada, no puede servir para reducir los matrimonios confesionales a una simple forma de celebración de matrimonio civil, pues ello destruiría de raíz todo atisbo de libertad religiosa y de conciencia del individuo y, en el fondo, supone un ataque a la libertad de credo en cuanto que, a la postre, sustrae a las Iglesias y confesiones religiosas el derecho a regular de forma autónoma sus propias instituciones.

Así pues, con el planteamiento que Peña realiza, a mi modesto juicio, tanto el individuo como la pareja, lejos de ser auténticas personas dotadas de capacidad plena para autogobernarse, quedan convertidos en súbditos de un Estado que no respeta el ámbito más íntimo, privado y personal del individuo.

Lo mismo cabría decir de los demás matrimonios religiosos a los que el Estado otorga efectos civiles: en función de la aplicación de la propia normativa, rechaza de plano todo precepto confesional que se le oponga.

Sin ánimo exhaustivo, ello alcanza al menos las siguientes:

– La edad para contraer.

– La capacidad para consentir.

– Los impedimentos.

– Los derechos y obligaciones de las partes, derivados de las nupcias.

– Una jurisdicción exclusiva para la resolución de todo tipo de conflictos surgidos que puedan tener efectos civiles.

En suma, lo que ha hecho el ordenamiento patrio no ha sido otra cosa que declararse única autoridad competente para conocer de todo lo relativo al matrimonio hasta hacer desaparecer por completo cualquier atisbo de los ordenamientos confesionales de cada matrimonio cuyos efectos civiles se otorguen y, lo que es casi más grave, sin que sea esperable que los pactos privados que se suscriban en las capitulaciones matrimoniales o en contratos previos –o posteriores– que los contrayentes pacten puedan albergar demasiada esperanza de ser aplicados por nuestros tribunales de justicia.

El escenario legislativo descrito –más propio de otras esferas e instituciones jurídicas que, por razones obvias, escapan del principio de libertad de contratación– sin embargo, lo impone el Estado español pese a que la materia no afecta en puridad al orden público protegido por la Ley, es decir, sin causa alguna que lo justifique[25].

Así pues, la legislación española ha ido mucho más allá de lo inicialmente previsto por los constituyentes al desembocar en un modelo de matrimonio civil único, sólo que con «libertad» de celebración en cuanto a formas y entrecomillo la palabra «libertad» porque, al tiempo que rechaza la sacramentalidad del matrimonio canónico, de la que deriva su absoluta indisolubilidad, rechaza igualmente de plano cualquier forma de poligamia ni aun cuando fuera pactada, consentida o condicionada por las partes.

De este modo, a la persona física sólo le queda, en realidad, la libertad de casarse, con quién lo hace, la fecha y el rito religioso o civil elegido por ambos pues, una vez otorgados los efectos civiles (e incluso antes, como luego veremos) es el ordenamiento estatal el que lo regula en todos sus aspectos: separación, nulidad, divorcio, uso de la vivienda habitual, régimen jurídico de los hijos menores de edad, guardia y custodia de los mismos (así como de los animales de compañía), régimen de visitas, escolarización, lugar de residencia, cargas económicas que puedan existir hacia los hijos o entre las partes, etc., pues, en caso de discrepancia, todo es sometido al dictamen de los tribunales del Estado que son los que, a la postre, resuelven los conflictos, sea en temas tan cotidianos como los citados o se trate de cuestiones mucho más importantes, como pueda ser la autorización para operaciones de cambio de sexo de la descendencia compartida.

En estos casos, al margen de que puedan no respetarse los pactos que hayan podido suscribir los esposos, todo queda al albur de la actuación de los tribunales de justicia, y es aquí donde el elemento extranjero puede añadir mayor conflictividad todavía.

Un simple ejemplo puede servir para comprender mejor el alcance de las cuestiones debatidas. Pensemos en dos personas en la que uno de los futuros contrayentes es especialmente acaudalado, e imaginemos que sospecha que su relación amorosa podría estar animada por cierto interés económico, es decir, que sus relaciones de pareja, lejos de estar movidas por el amor, lo estuviera por el deseo de riqueza, mejora de su estatus social de quien carece de fortuna, fama, etc. Pues bien, con el fin de asegurarse en la medida de lo posible que no es lo crematístico lo que le une a su amante, se le ocurre proponer al futuro consorte la firma de unas capitulaciones matrimoniales en las que, regulando el derecho de participación, el régimen matrimonial y otros aspectos, dispongan de común acuerdo que, en caso de separación y/o divorcio, la parte no acaudalada no reciba nada de compensación económica, especialmente respecto de los bienes poseídos antes de celebrar las nupcias, y en cuanto a una posible pensión, se reduzca a una cierta cantidad, suficiente para atender las necesidades básicas de la misma y, en su caso, otras previstas por cada hijo que pueda nacer o adoptarse en el futuro, pero que carezcan de correlación con la fortuna que posee.

Y la cuestión que el jurista ha de plantearse es si es posible que, sospechando ese posible interés crematístico por parte de su futuro consorte y/o previendo una posible separación o divorcio que hiciera rico o rica a quien no lo es ni lo sería sino a través de esas nupcias, formalizaran ambos unas capitulaciones matrimoniales estableciendo las consecuencia económicas o de otro tipo que pacten y que el juez en cuestión en todo caso haya de respetar y aplicar salvo casos de coacción, engaño u otros supuestos que vicien el consentimiento y que hayan sido acreditados.

Pues bien, la pregunta que debemos hacernos es si cabría asimismo pactar el derecho a separarse –o divorciarse– condicionado a determinados actos cometidos por el consorte (tales como atentar contra su propia vida o la de los hijos, ser infiel, etc.), de tal manera que, en otro supuesto, no fuera ni siquiera admitida a trámite una demanda de separación o de divorcio. ¿Los jueces aceptarían este tipo de cláusulas y estipulaciones entre las partes?

Y a estos interrogantes, que no sólo afectan al sistema matrimonial sino a la libertad de pactos inherente a nuestro orden democrático, cabrían añadir otros muchos relativos a hijos de vínculo simple, a otros miembros de la familia, al sometimiento expreso –en caso de conflictos conyugales– a arbitraje de Derecho privado o al dictamen de un Consejo de Familia, típico, por cierto, de otras tradiciones religiosas.

Debemos tener en cuenta que nos encontramos en materia de Derecho privado, donde rige el principio de libertad de pactos y por ello, salvo en los casos de engaño, dolo, abuso de derecho o de cualquier actuación contraria a la ley o al orden público, los contrayentes/contratantes pueden –al menos en teoría– establecer esos acuerdos por los que regir sus relaciones, excluyendo la intervención de los órganos estatales el Estado para alterar o no aplicar el clausulado inherente a unas capitulaciones previamente consensuadas, salvo las excepciones señaladas o en situaciones donde entren en juego razones de orden público: intereses de menores e incapaces, etc.

No es ésta, sede en la que abordar los diferentes sistemas matrimoniales desde la perspectiva estatal, ni cuando aplica a cada enlace las reglas que establece ni, tampoco, cuando suscribe acuerdos con una Iglesia o confesión religiosa[26], lo mismo cabe decir atendiendo a ordenamientos confesionales como el islámico, en el que la concurrencia de normas confesionales con las nacionales de cada país musulmán puede ofrecer, con algunos matices, modelos específicos a veces muy distintos.

Aunque éstos no puedan servirnos de ejemplo porque, en la mayoría de los casos, los ordenamientos de dichos países son confesionales y, por tanto, aplican el Derecho islámico en materia matrimonial –es decir, normas a un tiempo confesional y estatal que normalmente coinciden en lo esencial–, el enfoque desde el que se redactan estas líneas es el puramente eclesiástico, esto es, el que regula el matrimonio como institución estatal, pero –no debemos olvidarlo– también como institución confesional, de tal modo que el Estado se ve obligado a dar respuesta al régimen aplicable a los enlaces celebrados según las diferentes tradiciones religiosas, especialmente los de la Iglesia católica y éstas son, precisamente, las que más interesan por dos obvias razones: por un lado, son las mayoritarias en España; por otro, como consecuencia de la existencia de unos Acuerdos que tienen naturaleza de Derecho Internacional, lo que impide –al menos en teoría– que el Estado legisle unilateralmente en cuestiones que afectan al contenido de los mismos.

Pues bien, la realidad es que cada día existe más desafección y, por lo tanto, mayor grado de incumplimiento, atendiendo a la evolución legislativa –absolutamente unilateral– que nuestro país ha ido promulgando, ignorando el contenido de los ordenamientos confesionales y dejando vacío de contenido la libertad de las personas para organizar en lo jurídico, económico, etc. dos de los aspectos más esenciales del individuo.

Así pues, tras las sucesivas reformas de las leyes sustantivas y procesales operadas en nuestro Derecho, a costa de los matrimonios religiosos en general y del canónico en particular, así como a costa de la libertad de los propios contrayentes –lo que, mutatis mutandis, afecta también al resto de matrimonios religiosos–, la «motorizada» evolución del modelo matrimonial español sólo ha servido para agrandar la crisis de la citada institución y, por ende, de la misma familia; además, se ha hecho de forma tan rápida y progresiva, casi silente, que ha dejado vacío de contenido el derecho de las personas físicas a la libertad religiosa en cuanto conecta con el derecho a contraer matrimonio y a establecer de mutuo acuerdo el modelo de familia que deseen constituir.

Con razón Aznar Gil señaló, tras el análisis pormenorizado de las leyes que se han ido solapando –mezclándose, además, con numerosas Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado–, que «este conjunto de normas yuxtapuestas, redactadas con criterios más políticos que jurídicos, ha creado un sistema matrimonial confuso»[27].

Sobre esta materia García Pardo ha incorporado al estudio de esta materia –con acierto– la existencia de otros aspectos relacionados con lo anterior en los que las legislaciones española, canónica y de otras confesiones religiosas pueden generar importantes incompatibilidades en materias tales como el impedimento de edad, el de parentesco o la adopción, añadiendo además la no menos importante regulación de las dispensas, que funcionan de una u otra forma en ambos ordenamientos, tanto a nivel sustantivo como procedimental[28].

En todo caso, lo que importa a los efectos que se exponen es que son el Estado español y sus órganos los que, a la postre, terminan decidiendo sobre la problemática que genera el sistema, tanto respecto del matrimonio canónico como respecto de los demás matrimonios confesionales reconocidos, y esto es lo que potencialmente conforma un complejo «mosaico» de problemas jurídicos que habrán de ser resueltos por los órganos jurisdiccionales estatales (o internacionales), con el riesgo añadido de que no sean siempre y en todo caso contestes pese a que la seguridad jurídica debe constituir un fin primordial de todo ordenamiento.

No es posible en esta sede realizar una prueba de contraste entre los ordenamientos estatal y confesionales de las religiones con las que ha suscrito Acuerdos el Estado español y, mucho menos, con el resto de Iglesias a cuyos enlaces matrimoniales España otorga efectos civiles; sí lo es, sin embargo –aunque haya de ser forzosamente de forma sucinta– confrontar los elementos básicos en los que se basa el Derecho matrimonial canónico para comprender el desajuste existente entre ambos modelos, lo que hace complejísimo y, a mi juicio, también negativa la valoración que merece el modelo actual adoptado, máxime porque ha sido reformado de forma unilateral por el propio Estado, a esto dedicaré el epígrafe siguiente, pero, antes de ello, debemos recordar que muchas naciones de nuestro entorno no otorgan eficacia civil alguna a los matrimonios religiosos, como sucede en Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica[29] –en el contexto europeo–, hasta el punto de exigir a los contrayentes la celebración de las nupcias en sede civil antes de las confesionales, lo mismo que acontece en otras naciones como en Méjico.

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4. Elementos sustanciales del matrimonio canónico

Expondré sucintamente los caracteres definitorios del matrimonio canónico sin necesidad de realizar prueba alguna de contraste con el Derecho matrimonial civil español, pues el lector conoce sobradamente el altísimo grado de incompatibilidad existente entre ambas instituciones.

Lo que pretendo con ello es poner de relieve las importantes diferencias existentes entre ambas instituciones (la canónica respecto de la civil), en tanto que esas sustantivas diferencias vienen a «abonar» mi tesis de que, tanto a la Iglesia católica como al resto de las confesiones religiosas, así como a los propios contrayentes, interesa el no otorgamiento de efectos civiles a los matrimonios religiosos; para ello pondré como ejemplo el matrimonio canónico, por ser el más conocido y el más articulado –además de complejo– de cuantos enlaces confesionales existen.

4.1 Capacidad

A) Para consentir:

– Insuficiencia de uso de razón: amencia habitual, trastorno mental transitorio, debilidad mental, con unos caracteres y requisitos que no tienen por qué coincidir entre las legislaciones canónica y española, como acontece con el resto de requisitos para consentir, asumir, obligarse, etc.

– Grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes conyugales que necesariamente se han de dar y aceptar[30].

– Implica asimismo que no se produzca ignorancia o error en ninguno de los contrayentes.

B) Por razón de impedimentos:

– Edad para contraer (de hombre y mujer).

– Existencia de ligamen previo.

– Inexistencia de impedimentos tales como el orden sagrado o el voto público de castidad, disparidad de cultos, rapto, crimen, parentesco por consanguinidad, afinidad, pública honestidad y parentesco legal.

C) Incapacidad para cumplir las obligaciones esenciales del matrimonio, tales como son la integración en el consortium totius vitae o hacer posible la eficacia sacramental, lo que supone, entre otros elementos, la entrega propia y la aceptación del otro, así como la asunción de la prole, y que haga posibles, al menos en potencia, la unidad, la fidelidad y la indisolubilidad, así como la inexistencia de ciertas enfermedades, trastornos y anomalías de personalidad[31], incluyendo las desviaciones sexuales[32], la inmadurez psíquica[33], etc.

4.2 Consentimiento

Lo que comporta una serie de elementos que exige el Derecho canónico y que van más allá de las exigencias civiles, tanto en el fondo (requisitos, función, irrevocabilidad y perseverancia, patologías, inexistencia de simulación, etc.), como en la forma (manifestación, mandato, poder, intervención de un intérprete, etc.).

Además, dicho consentimiento exige no excluir por un acto positivo de la voluntad ni el bien de la prole, ni el bien de la fidelidad, así como tampoco la unidad o la sacramentalidad, el derecho a la comunión de vida y amor[34], etc.

Además, no puede existir un consentimiento eficaz en situaciones de violencia o miedo, por ejemplo, teniendo el consentimiento condicionado una regulación distinta a la que el Código civil dispensa en esta misma materia.

4.3 Efectos

Distintos, como es lógico, y más exigentes que los que establece el Derecho español, tanto en cuanto a los derechos y obligaciones que surgen para las partes –y que mutuamente se han de dar y aceptar– como los que se refieren a los hijos.

También hay que citar en este subepígrafe lo relativo al matrimonio putativo, a la convalidación de las nupcias, la sanación en la raíz, etc.

4.4 Respuestas jurídicas a las situaciones de crisis conyugal[35]

Como es bien sabido, la separación matrimonial se rige por normas específicas en el Derecho canónico, siempre asociadas al incumplimiento de determinadas obligaciones esenciales; estas causas pueden tramitarse ante los tribunales eclesiásticos con independencia de que carezcan sus resoluciones de efectos civiles.

En cuanto a la nulidad, el catálogo de capítulos que la producen es inmensamente más amplio en el ordenamiento confesional citado que en el Derecho civil, precisamente derivado del mucho mayor cúmulo de requisitos que exige la Iglesia católica; además, sobra decir que no coinciden en la mayor parte de los supuestos.

Lo mismo acontece con la inconsumación del matrimonio, la disolución en favor de la fe, así como con los privilegios paulino y petrino, que son excepciones al principio de indisolubilidad y que carecen por completo de encaje en el ordenamiento español, aunque en algunos casos se le otorguen efectos civiles.

En torno a su indisolubilidad, en tanto que constituye el «núcleo duro» del matrimonio canónico en contraste con la institución civil, cabe preguntarse –como he apuntado más arriba– si le es posible a las partes establecer un pacto de indisolubilidad.

Sobre este tema se ha detenido Mercedes Salido[36], preguntándose si cabe el pacto de indisolubilidad, o, al menos, la posibilidad de acordar causas tasadas, es decir, el llamado divorcio-sanción, invocando incluso para ello la propia Constitución española en cuanto que dispensa un trato protector a la familia[37], en coherencia con la libertad de pactos que establece nuestro ordenamiento; dicho con otras palabras, asociándolo, por ejemplo, al incumplimiento de obligaciones conyugales o familiares[38], por tanto, aplicable incluso a los enlaces civiles[39]; en este sentido se pregunta –y con razón– si, como señala el Profesor Ollero, no estamos ante una supuesta «falsa neutralidad» del ordenamiento jurídico del Estado español[40].

La citada autora, al hilo de esto, defiende su postura como consecuencia del reconocimiento constitucional del pluralismo[41], quedar al margen de la órbita del orden público protegido por la ley (como pueda ser el impedimento de edad el deber de cumplimiento de ciertas obligaciones esenciales del matrimonio), ser lo más coherente con el reconocimiento del pluralismo y el deber de tener en consideración las creencias religiosas de los ciudadanos y, en el fondo, por ser contrario a la neutralidad del Estado[42].

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5. Reflexiones de iure condendo

Cuando el art. 2.1 de la LOLR dispone que «La libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a –entre otros– celebrar sus ritos matrimoniales», lo que en realidad ha hecho el legislador ha sido reconocer dicho derecho en su aspecto puramente contractual, despreciando –o rechazando, en el fondo– todo el contenido normativo y, por supuesto, espiritual, derivado de los ordenamientos confesionales dado que, bien mirado, impone sus normas civiles y procesales a toda persona casada, con independencia de la forma de celebración.

Esta conclusión, realizada desde el Derecho Eclesiástico del Estado, se ve corroborada por las consideraciones realizadas desde las perspectivas del Derecho civil y procesal; en función de éstas, para el Estado español no hay más que un matrimonio: el civil y, por tanto, una regulación única: la del Estado, sin perjuicio de la libertad que otorga a los contrayentes para poder casarse ante un funcionario o autoridad civil o en sede religiosa.

Ahora bien, es preciso destacar que dicha libertad es meramente formal porque no se respetan unos contenidos mínimos de carácter jurídico en lo que se refiere a la aplicación de los ordenamientos confesionales, ni –tampoco– a la capacidad de contratación, por ejemplo, en un negocio que es puramente civil y que, por tanto, debería regirse por el principio de libertad de pactos.

Así pues, lo que hizo en su día el legislador orgánico con la redacción del art. 2. 1 b) de la LOLR fue confinar el matrimonio canónico al reducto de un acto sacramental realizado in facie ecclesiae, es decir, reduciéndolo y enclaustrándolo exclusivamente al ámbito confesional –además de calificarlo de simple «rito»–, lo que implica tácitamente (aunque no se diga expresamente), despojarlo de su propia identidad, esto es, convirtiéndolo en una mera forma de celebración de matrimonio civil.

De este modo, la libertad reconocida por nuestro ordenamiento es meramente una libertad formal, no sustancial que, pareciendo no romper del todo con el régimen preconstitucional al otorgarle efectos civiles, sin embargo, lo que hace en realidad es vaciarla de contenido.

Como consecuencia de ello –y en esa misma línea de apartarse de todo referente ético o religioso– el legislador civil ha posibilitado la separación y el divorcio libre, es decir, sin necesidad de justa causa», como derecho ejercitable por cualquiera de las partes en función de su exclusiva voluntad.

Las consecuencias de este giro copernicano en la legislación española hicieron que, a través de una norma unilateral del Estado, quedara de algún modo derogado el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos o, al menos, sobre él hubiera una especie de interpretación auténtica a los efectos de rechazar todo lo que el matrimonio canónico comporta, «convirtiendo» tan importante sacramento en un mero contrato de carácter civil, puesto que también las nupcias sacramentales se pueden disolver civilmente.

Esta operación, claramente calculada, sirvió para «civilizar» todos los matrimonios religiosos –especialmente el canónico, que es el único de naturaleza sacramental existente–, convirtiéndolos en simples uniones civiles y despojándolos de su genuina y específica naturaleza a todos los efectos.

Prueba de ello ha sido la última reforma operada al permitir que el matrimonio pueda ser celebrado por personas del mismo sexo[43] –algo radicalmente rechazado por los milenarios modelos confesionales–, lo que evidencia una ruptura total del sistema matrimonial español, pues queda a merced de la autonomía legislativa del Estado.

No es ésta sede en la que hablar de las características del matrimonio islámico ni de las reglas por las que se rige, pero de la forma en que se ha legislado ha quedado claro –y así ha sido confirmado con las sucesivas reformas del Código civil, Ley de Enjuiciamiento Civil, etc.–, que los matrimonios religiosos no se respetan en lo esencial ni la legislación estatal se adapta lo más mínimo al contenido jurídico que aquéllos les atribuyen, como tampoco se respeta –a la postre– la voluntad de los contrayentes quienes, al margen de lo religioso, potencialmente podrían pactar una poligamia consentida[44], por ejemplo, tanto para esposas como para esposos o, incluso, el matrimonio llamado «comunista», que es el que se contrae entre varios hombres y varias mujeres, en aplicación de las libertades de conciencia y contratación.

De todo ello se deriva que la noción de «orden público» protegido por la ley termina siendo la ratio de lo que es o no legal según los criterios del Estado.

Así pues, lo cierto es que nuestro ordenamiento, a través de las sucesivas reformas unilaterales referidas, ha «derogado» en esencia el contenido del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos suscrito con la Santa Sede y, lo que es peor, ha reducido el matrimonio canónico –lejos de respetar su autonomía y su idiosincrasia– a una forma más de celebración de matrimonio civil, con muy pocas especialidades o particularidades, produciendo el efecto perverso de suprimir lo más característico y esencial del negocio sacramental celebrado por los contrayentes ante la Iglesia.

Es más, instaurado el divorcio libre, el otorgamiento de efectos civiles a las sentencias de nulidad matrimonial canónica –cuando los esposos que acuden a la jurisdicción eclesiástica normalmente llevan años divorciados– es un recurso que queda vacío de contenido en numerosas ocasiones.

De este modo, el legislador orgánico –primero– y el ordinario –después–, perfilaron el contenido del artículo 32 de nuestra Carta Magna, desposeyendo a las uniones matrimoniales religiosas de su carácter propio, esto es, reduciéndolos a meras formas de unión civil, sometidas en todo a la legislación estatal, tanto sustantiva como procesal.

Fruto de esta importante modificación «por la puerta de atrás», el matrimonio canónico, a la postre y en lo que afecta al Estado, es una forma más de celebración de matrimonio civil dado que aquél ha sido despojado de sus elementos esenciales, especialmente el de la indisolubilidad, que es una característica intrínseca del mismo cuando se celebra válidamente entre dos partes bautizadas en la Iglesia católica in facie Ecclesiae, si ha sido consumado después de la celebración.

Ni que decir tiene que, una vez despreciada por el Estado español de su auténtica naturaleza, nada de lo que disponga el Derecho canónico ha de servir a aquél, ni en cuanto a los derechos y deberes de los cónyuges, ni en cuanto al resto del contenido obligacional que conlleva y, mucho menos, para cualquier aspecto espiritual, sacramental, místico o santificador; y la pregunta que cabe hacerse, ante esta nueva situación es si, en realidad, a la Iglesia le interesa el otorgamiento de meros efectos civiles a las nupcias canónicas o si, por el contrario, le conviene a la dignidad de tan importante institución denunciar el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos en este extremo, de tal modo que sirva para distinguir claramente ambos ámbitos con el fin de intentar preservar los valores sacramentales, espirituales, humanos –y de otro tipo– que el matrimonio canónico conlleva.

También desde el punto de vista procesal se ha desprovisto al matrimonio canónico y a la Iglesia católica, en el fondo, de toda competencia real porque, aunque su Derecho matrimonial –sustantivo y procesal– contemplen causas y procedimientos no sólo para la declaración de nulidad de vínculo, sino también de separación e, incluso, de disolución (en los pocos casos contemplados), la realidad es que ha quedado vacía de contenido la actuación de los tribunales eclesiásticos en dos de las citadas materias, pues actualmente sólo atienden en la práctica causas de nulidad cuando, normalmente, uno de los contrayentes desea contraer nuevas nupcias en sede canónica.

Por otro lado, el hecho de ser necesario acudir al ex equatur para otorgar efectos civiles a las sentencias de nulidad canónica, siendo que, normalmente, dichos cónyuges previamente se han divorciado –para lo cual no necesitan causa alguna– vacía asimismo de contenido lo que otrora pudo considerarse un privilegio.

Debemos tener en cuenta, además que, para que se produjeran efectos civiles, habrán de cumplirse una serie de requisitos legales y utilizarse un procedimiento mucho más complejo que el del simple divorcio o separación por cuanto el art. 954 de la LEC exigía que no se hubiera dictado en rebeldía, lo que ha sido y será frecuente en muchos casos, dejando una situación perjudicial para el actor, a quien le será más fácil y sencillo ejercitar la acción de divorcio, dado que ésta ya no está vinculada a causa alguna.

En todo caso, como acertadamente señala García-Pardo, la exigencia actual que recoge el art. 46.1 b) de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Internacional en Materia Civil respecto a que «no se haya dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes, aclarando que, en el caso de que la resolución se hubiera dictado en rebeldía, únicamente cabe entender que se incurre en semejante infracción cuando no se hubiera entregado al demandado la cédula de emplazamiento o un documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera ejercer su defensa»[45], en línea con lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo en sentencia de 8 de marzo de 2001 –entre otras–[46], no deja de ser cuestión conflictiva que queda a expensas del criterio de los jueces.

Téngase en cuenta además que, al asumir los órganos jurisdiccionales del Estado la competencia sobre el reconocimiento de los efectos civiles a las sentencias de nulidad matrimonial canónica, y dado que no es automática –pues son sometidas al procedimiento de exequatur de sentencia extranjera–, al final será también la potestad civil la encargada de analizar y juzgar lo relativo a esta materia, con toda la problemática que genera la conjunción de los artículos 80 del Código civil con la Disposición Adicional 2.ª, 2, de la Ley 20/1981, de 7 de julio y el derogado art. 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en conjunción con el art. VI. 2 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, a lo que se suma, como hemos dicho, la capacidad de someter a valoración la cláusula de «ajuste al Derecho del Estado», en el que la Iglesia estará, por definición, completamente ausente e indefensa.

Ese juicio –que queda a la apreciación del juez competente– implica el reconocimiento de su «autenticidad» al ajuste al Derecho del Estado[47], así como el requisito de que no se haya producido indefensión, exigiendo, además, que no se haya dictado en rebeldía, lo que permite a la parte disidente la posibilidad de intentar perjudicar a la actora bloqueando el ejercicio de su acción y, por tanto, logrando evitar –en caso de éxito– la generación de efectos civiles; así pues, el resultado de la norma no es otro que el de reducir drásticamente las garantías procesales y sustantivas del actor al depositar en la parte demandada la capacidad de veto; esto dejaría sin efecto lo acordado[48].

En todo caso, como ya ha declarado nuestro Tribunal Constitucional, es el juez el que debe entrar a examinar si la resolución eclesiástica es o no lícita en nuestro país, lo cual oscurece aún más el sistema regulatorio[49].

Una visión meramente formalista podría dar lugar a considerar que todas ellas se ajustan al Derecho del Estado, pero no se puede obviar la posibilidad de que el resultado sea justamente el opuesto. Ejemplo de ello sería una sentencia de nulidad por impotencia de uno de los cónyuges; esta circunstancia resulta discriminatoria y, además, no figura como impedimento en el orden civil; es más, nuestro T. Supremo ha declarado sin ambages que «las actuaciones practicadas ante los tribunales canónicos carecen de especial virtud probatoria ante los Tribunales del Estado»[50], lo que oscurece y puede obstaculizar asimismo el contenido y alcance del Acuerdo.

En cuanto a los efectos de los Rescriptos pontificios de disolución del vínculo por inconsumación, también quedan relegados hasta el punto de sufrir un proceso de «fosilización»; dado que la Disposición Adicional Segunda de la Ley de 7 de julio de 1981 obliga a la parte a acudir a los tribunales, lo normal será que antes de obtener dicho Rescripto haya mediado una demanda de divorcio, mucho más ágil y operativa cara a las cuestiones que deben resolverse (uso de la vivienda habitual, guarda y custodia de los hijos, régimen de visitas, contribuciones para el levantamiento de las cargas familiares, etc.), de manera que, al final, haya quedado casi completamente carente de interés acudir al Santo Padre para obtener una dispensa, sirviendo sólo la misma a los efectos canónicos y de conciencia.

Se podrían introducir otros muchos aspectos potencialmente problemáticos, resultantes de una diametralmente opuesta regulación jurídica del matrimonio canónico respecto del civil y, todavía más, de otros modelos que aceptan la poligamia y que no se reducen exclusivamente al Derecho islámico, o que tienen que ver con el impedimento de edad, de parentesco, referidos a la capacidad conyugal, como acontece con la impotencia, etc., pero ello excede con mucho de los márgenes espaciales a los que ha de ajustarse este trabajo.

Sirva de ejemplo la pregunta de si pueden las mujeres aceptar la poligamia mediante capitulaciones matrimoniales o con contratos posteriores, aunque sea condicionando la misma a un consentimiento expreso de todas las esposas, y si dicho consentimiento fuera revocable en el futuro…; pues bien, todo apunta a que cualquier acuerdo o pacto sobre este tema sería contrario al orden público español por atentar contra la dignidad de la mujer. Sin embargo, adviértase que también atenta contra la dignidad de la mujer las relaciones extramatrimoniales y, sin embargo, no tienen consecuencias jurídicas de ningún orden, ni civil, ni penal ni económico, como tampoco tienen porqué tenerlas a la hora de establecer la custodia de los hijos o el régimen de visitas; dicho con otras palabras, el ordenamiento jurídico español no sanciona –ni penal ni civilmente– la infidelidad, ni aun cuando ésta sea permanente; sin embargo, al mismo tiempo, prohíbe la poligamia, aun cuando ésta fuera consentida, como acontece en la vecina Marruecos y en España cada vez que, a través de la inmigración, un hombre entra en nuestro país acompañado de sus esposas.

A la cuestión de la poligamia habría que añadir otras muchas instituciones jurídicamente incompatibles con nuestro Derecho que, además, pueden afectar al orden público, como acontece con la edad para contraer, los derechos y deberes de los cónyuges, la prestación del consentimiento uxorio de la esposa –manifestado en el Islam a través de su representante, de modo que puede no coincidir con su verdadera voluntad–, el repudio y sus efectos, la conversión de ella, por ejemplo, a otra religión, o cuestiones tan aparentemente irrelevantes como la forma de vestir, el uso del pañuelo, el cumplimiento de determinados deberes conyugales provenientes de la Ley islámica, etc.

Por lo mismo, si mutatis mutandis, llama la atención el hecho que no se pueda rescindir unilateralmente un contrato de alquiler, de tal modo que no se pueda lanzar al inquilino si no es por causa legal o contractual y, sin embargo, a través del divorcio, sin necesidad de justa causa, una parte pueda lanzar a la otra de la vivienda conyugal, sea el titular del inmueble o no. Esta evidente falta de coherencia interna de nuestro sistema normativo pone de manifiesto la ligereza de nuestros legisladores a la hora de elaborar y promulgar leyes en todo punto desconectadas de los más básicos principios de nuestro ordenamiento: legalidad, igualdad, justicia, libertad de contratación e, incluso, seguridad jurídica.

En suma y como señala M. Salido, «no hay motivos de orden público ni limitaciones de la autonomía de la voluntad que puedan oponerse al pacto libre y responsable de indisolubilidad…, como no existe posibilidad de imponer un régimen de indisolubilidad a aquellos que conciban el matrimonio como unión expuesta a las contingencias temporales, sin vulnerar su libertad»[51], reflexiones que comparto.

Por último, como ya apunté páginas atrás, también resulta lo más coherente con el propio Código civil, pues en su art. 1255 lo que permite –al menos en el plano teórico– es, además de poder pactar su indisolubilidad, permite establecer causas que den derecho a la otra parte a regular efectos relativos al uso de la vivienda conyugal, prestaciones económicas, cuidado de hijos, pensiones para ellos y efectos económicos para el contrayente inocente que no se quiere divorciar…, de tal modo que cabría, incluso, la constitución de matrimonios civiles indisolubles o, sólo disolubles por causas previamente tasadas y con efectos previamente pactados por las partes; esto daría seguridad jurídica al contrato celebrado, lo que es en este punto extraordinariamente transcendente porque los derechos y obligaciones que surgen del negocio matrimonial son todos de tracto sucesivo.

En suma, las sucesivas reformas del legislador español ha dado lugar a un sistema matrimonial que, además de caótico, ha supuesto una grave alteración unilateral del modelo acordado con la Santa Sede pero que, asimismo, afecta al resto de enlaces religiosos, afectando a numerosas materias como el incumplimiento de determinados requisitos exigibles en los enlaces religiosos no católicos, los problemas de la inscripción civil de los enlaces confesionales reconocidos con todo lo que ello conlleva: legitimación para inscribir, título bastante, calificación registral, matrimonio inscribible pero no inscrito o de inscripción tardía, el no inscribible, etc.

Estas cuestiones son de mayor complejidad que la deseable y, dado que sobre las cuales es imposible tratar con un mínimo desarrollo en esta sede, imposible además de innecesario, pues recientemente han sido abordados por la Dra. Pineda Marcos[52], basten de ejemplo los problemas expuestos para acreditar la complejidad del tema y los numerosos problemas jurídicos que plantea.

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6. Consideraciones finales

Expuesto lo anterior –podríamos afirmar– que, por un lado, la legislación unilateral del Estado español ha logrado reducir el matrimonio canónico a una forma más de matrimonio civil, casi parangonable con el resto de matrimonios religiosos reconocidos, imponiendo su propia legislación sin que admita excepciones a la misma; esto supone, en el fondo, una restricción –a mi juicio inconstitucional– de la libertad religiosa y de conciencia de las partes.

En lo que respecta al Derecho internacional, ha reducido casi a «cenizas» el matrimonio canónico en tanto en cuanto sólo le otorga efectos civiles (lo que ya hace para la mayor parte de matrimonios religiosos que se celebran en nuestro país) con la excepción del ex equatur de la sentencia extranjera para las sentencias de nulidad, excepción que pierde, por otro lado, casi todo su interés porque el nuevo matrimonio canónico que se celebre tendrá igualmente efectos civiles, se casen los nuevos cónyuges ante la Iglesia o lo hagan en sede civil una vez divorciados, para lo cual no necesitan causa.

Además, como es sabido, la poligamia se ha terminado aceptando como presupuesto de hecho –y de derecho– en las pensiones de viudedad cuando el musulmán polígamo ha fallecido y todas las esposas reclaman sus derechos, lo mismo que acontece con las pensiones en favor de los hijos huérfanos[53].

El problema se agrava porque, a la postre, la propia libertad del individuo queda comprometida hasta el punto de no permitirle celebrar nupcias en sede religiosa que carezcan de efectos civiles, o que se les otorgue dichos efectos cuando los esposos lo decidan, o queden condicionados a pactos y estipulaciones que quieran establecer, o prevean mecanismos de resolución de conflictos en el ámbito doméstico o familiar, excluyendo la intervención de los órganos estatales (algo que, por ejemplo, en ausencia de menores e incapaces, no debería generar reservas); dicho con otras palabras, considero que el Estado español ha incumplido de forma flagrante el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos en esta materia, imponiendo un modelo del que no pueden «escapar» ni españoles ni extranjeros en función de sus creencias, intereses, costumbres o, simplemente, en base a los principios de autonomía y libertad de la pareja que, en otro caso, por ejemplo, podría someter sus futuros y eventuales conflictos conyugales a los acuerdos adoptados por los Consejos de Familia[54].

Esta intromisión del Estado español en tema de tanta importancia, alcance y transcendencia es, a mi modesto entender, además de ilegal, completamente injusta y arbitraria, impropia de un Estado laico y más típica de un Estado laicista, entendiendo con este término aquel ente territorial soberano que hace de su legislación un sistema que impone a todo ciudadano e institución, restringiendo su agere licere y confinando a las confesiones religiosas y a las propias personas físicas –en lo que se refiere a sus conciencias y a sus sistemas de creencias– a su propias reglas, que termina imponiendo.

El resultado de todo el proceso legislativo seguido en las últimas décadas es que, bajo la apariencia de un modelo de libertades, lo que ha resultado ha sido justo lo contrario: el sistema español es de matrimonio civil único, sólo que con pluralidad de formas de celebración, de tal modo que, por un lado, los jueces y tribunales estatales son siempre los únicos competentes para resolver las cuestiones jurídicas que planteen las crisis conyugales (separación, divorcio, medidas a adoptar respecto de los hijos, régimen de visitas, ídem con respeto a los animales de compañía, uso de la vivienda conyugal, pensiones, disolución de la comunidad de bienes en caso de que se hayan regido por el régimen de gananciales, etc.), quedando reducidos los ordenamientos confesionales o bien al otorgamiento de efectos civiles de los matrimonios religiosos celebrados o, todo lo más, a la eficacia civil de las sentencias de nulidad canónica y de los rescriptos pontificios por inconsumación lo que, a la postre, a los contrayentes no evita acudir a los tribunales de justicia del Estado para resolver las cuestiones jurídicas, económicas y familiares para las que la Iglesia no tiene competencia pues, aunque la tuviera, sus resoluciones carecerían de fuerza ejecutiva.

Hay otras muchas cuestiones que han generado –y generan– problemas de interpretación y que afectan a los matrimonios confesionales en general como son:

– «El pleno reconocimiento de los efectos civiles».

– Las posibles antinomias que puedan derivarse de la inscripción de los enlaces de las distintas confesiones en el Registro civil y en quién recae la obligación de comunicar la celebración de las nupcias, sobre todo si se celebran en sede religiosa.

– Los matrimonios confesionales celebrados por quienes contraen antes en el extranjero[55].

– La posibilidad de celebrar la misma pareja matrimonio religioso y matrimonio civil[56].

– Las nupcias religiosas de quienes están ligados maritalmente con otra persona en sede civil y que, por lo tanto, contraen inválidamente en España (con posibilidad de comisión del delito de bigamia).

– Lo mismo cabe decir de las celebradas en sede evangélica antes del Acuerdo suscrito entre el Estado español y la FEREDE, la CIE y la FCJE[57].

– El matrimonio canónico secreto.

– El que los cónyuges no deseen inscribir (piénsese en la celebración de las nupcias celebradas fuera de España, por ejemplo).

– La disolución de los matrimonios canónicos in favor fidei, que carecen de efectos jurídicos en España pero que permite a los contrayentes celebrar nuevas nupcias canónicas, lo mismo que los privilegios paulino y petrino.

– Los problemas que puede generar la forma extraordinaria de las nupcias canónicas.

– Las causas de separación conyugal tramitadas en sede canónica que, aun careciendo de efectos civiles en nuestro país, son acciones que un católico puede instar en ejercicio de su libertad de credo.

– La edad de los testigos que pueden intervenir en las nupcias religiosas.

– La cláusula de ajuste al Derecho del Estado, la cual sigue generando problemas hermenéuticos.

– El breve plazo existente para comunicar al Registro Civil la celebración de los enlaces matrimoniales, así como la obligación de remitir el certificado o acta, etc.

Con razón Navarro Valls afirmaba, ya en los años 80, que la legislación española se caracterizó por su precipitación y por las ambigüedades que contenían las normas reguladoras de nuestro sistema matrimonial[58], entre ellas el propio artículo 32.2 de la Constitución que, al decir que la Ley regulará las «formas de matrimonio» y no las «clases de matrimonio», de algún modo estaba reduciendo el matrimonio canónico a una forma de celebración estatal y, al hilo de ello, afirmaba que «lo que no puede pretender el legislador civil es, además, regular el fondo del matrimonio canónico»[59], haciéndose eco de la intervención en el Senado de Navarro Estevan en la Sesión Plenaria de la Cámara Alta[60].

Añade, además, el citado autor, al hilo de ello, que «la coherencia jurídica exige que, si se concede efecto civil a la simple forma de matrimonio canónico, también se la dé al Derecho material que sigue a esa forma», pues «lo contrario es separar el momento sustancial del momento procesal, lo que jurídicamente es ilógico»[61].

Ello demuestra que, desde el principio, la Constitución española mostró indicios claros de secularización de esta institución, lo que podría ser plausible en el ámbito de lo público, pero no en el privado así como tampoco en el de lo religioso o de lo sacramental, como es el matrimonio canónico, máxime porque, en el fondo, de forma unilateral se estaba alterando el contenido del Concordato de 1953 y, a la postre, también el del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos de 1979, que ya nació minado a los efectos estudiados.

Resulta, por lo demás, evidente, que las causas de nulidad matrimonial, lo mismo que las incapacidades para contraer, consentir o asumir las obligaciones esenciales, por poner tan sólo unos pocos ejemplos, despliegan una infinidad de situaciones jurídicas en las que es imposible armonizar ambos ordenamientos, de modo que todo lo referente al exequatur de sentencia extranjera resulta potencialmente conflictivo.

Además de los problemas señalados –como resumen de lo expuesto más arriba– el sistema matrimonial español «peca» a mi juicio de los siguientes errores que afectan a los derechos individuales de los contrayentes e incumplen de algún modo el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos –o lo desvirtúa– a los efectos de minimizar el valor jurídico de las nupcias canónicas y, por lo tanto, también de la voluntad y libertad de los esposos:

1.º Atenta contra la autonomía de la voluntad de los propios contrayentes que, optando por las nupcias canónicas, en realidad celebran matrimonio civil, sometido plenamente al Derecho del Estado a todos los efectos.

2.º Reduce la libertad religiosa en materia matrimonial a una cuestión de forma pues ni respeta la esencia de los matrimonios confesionales, ni su legislación, jurisdicción o determinados pactos que puedan suscribir antes o después de celebradas las nupcias, imponiendo en todo caso las normas civiles y las resoluciones judiciales que provengan de los tribunales de justicia españoles.

3.º Deroga, de iure, el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos porque el matrimonio canónicamente celebrado, lejos de ser respetado en su propia idiosincrasia, queda reducido en casi todos los aspectos a una mera forma de celebración de matrimonio civil.

4.º Limita por razones de orden público –incluso en situaciones en las que no esté plenamente justificadas– la libertad de los contrayentes, su derecho a someterse a reglas propias o las de sus confesiones religiosas, tanto en el ámbito del Derecho sustantivo como en el procesal.

5.º Genera, potencialmente, numerosos problemas relacionados con:

– La inscripción –o no– en el Registro Civil del enlace canónico, pues del art. 63, apartado segundo, del Código civil se deriva el control de fondo –y forma– del matrimonio canónicamente celebrado a los efectos de homologarlo a los requisitos exigidos por nuestro ordenamiento, de manera que no se puede negar la posibilidad de que existan uniones católicas carentes de eficacia civil, siendo no pocos los supuestos en los que cabe este resultado[62].

– El doble título inscribible y la posibilidad de que existan datos distintos en ellos[63], especialmente cuando el matrimonio se celebra en terceros países.

– Las posibles uniones matrimoniales, civilmente válidas, de uno o de ambos contrayentes con terceras personas, especialmente de bautizados, previamente casados exclusivamente en sede estatal.

– La falta real de autonomía de la voluntad para que los esposos se rijan por las normas confesionales que se correspondan con sus creencias.

– Por lo mismo, la desconsideración casi absoluta de los órganos estatales sobre esos pactos y sobre las características propias de la religión en cuyo seno se hayan celebrado las nupcias, imponiéndose la justicia civil en todo caso.

– El establecimiento universal de los derechos de separación y divorcio, así como de nulidad civil –aunque esto último genere menos problemas– a todo tipo de matrimonios religiosos.

– Por lo mismo, casi con seguridad absoluta, los tribunales españoles no aplicarán las normas de Derecho canónico en las causas civiles, aunque los esposos se hayan casado ante la Iglesia.

– La posibilidad de que matrimonios religiosos carezcan de efectos civiles por no tramitarse el expediente previo de capacidad o, realizado éste, al final no contraigan matrimonio.

– La propia indefinición del procedimiento de exequatur y las dudas que genera el mismo en las distintas fases del proceso, recursos, acciones que asisten a las partes, etc., a lo que no ayuda una jurisprudencia constitucional marcada casi siempre, de un lado, por el análisis incompleto de los problemas teóricos y prácticos que suscita la cuestión[64] y, por otro, los frecuentes giros a los que nos tiene acostumbrados.

– Otros problemas que potencialmente puede generar dicho procedimiento, entre ellos, los derivados de la cláusula de ajuste al Derecho del Estado[65], especialmente en casos como el de la rebeldía, que depende exclusivamente de uno de los contrayentes y que puede ser una manifestación de mala fe.

– Lo mismo cabe decir de la cláusula de orden público en este tipo de procedimientos.

– La falta de validez civil de las disoluciones matrimoniales canónicas en casos de matrimonios dispares.

– Posibilidad de que matrimonios religiosos nulos desplieguen, sin embargo, efectos civiles.

Hay otras cuestiones, aparentemente de menor importancia, como puede ser, por ejemplo, la ya apuntada ausencia de verdadero amor conyugal y lo que cabe entender que es a los efectos jurídico-canónicos. Frente al matrimonio civil, que sólo requiere del consentimiento, sin amor –a mi juicio– no sería válido a los efectos de generar un verdadero consorcio de vida conyugal y, por tanto, dicho consentimiento sería insuficiente desde la perspectiva de la Iglesia –en este sentido ya me manifesté junto a Rocío López[66], en línea con otros muchos autores, aunque la doctrina no es unánime al respecto–.

Lo importante a los efectos que se persiguen en este trabajo es que todo ello genera en la conciencia de los contrayentes la convicción de que el matrimonio canónico que celebran es tan disoluble como cualquier otro enlace civil, quedando sometido para todos los efectos –sustantivos y procesales– al ordenamiento estatal, esto hace que la mentalidad divorcista se termine universalizando, minando de forma irreparable la propia institución canónica en tanto que no se admite, ni de forma expresa ni tácita, un pacto de indisolubilidad.

Esta consecuencia, por un lado, puede ser ilegal en cuanto que deroga en la práctica el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, pero, por otro, altera las condiciones psicológicas y jurídicas en la que los esposos acuden a la Iglesia para casarse, laminando la propia institución y el consentimiento que prestan los esposos ante el altar.

Por último, quiero recordar –sin que el elenco expuesto tenga pretensión alguna de ser completo, ni mucho menos– el canon 1643 del CDC al sancionar, con razón, que las causas de nulidad no adquieren fuerza de cosa juzgada, por tanto, este efecto no se produce ni aunque hayan alcanzado firmeza sus resoluciones judiciales.

No es ésta sede en la que distinguir la cosa juzgada formal de la cosa juzgada material, pero es evidente que el precepto posee todo su sentido en el Derecho matrimonial canónico y de él se derivan –o pueden derivarse– consecuencias jurídicas en el orden concordatario; pues bien, esta regla, que es general cuando versa sobre el estado civil de las personas, alcanza especial singularidad en las causas de nulidad matrimonial canónica sin que sea equiparable a la regulación que, sobre el mismo tema, realice el Derecho español.

Por otro lado, conviene destacar que del propio Derecho canónico se pueden derivar efectos negativos para la propia Iglesia católica, que parece sentar un precedente peligroso. Aunque sea una norma puramente confesional, al establecer el canon 1071.3 que, «excepto en caso de necesidad, nadie debe asistir sin licencia del Ordinario del lugar… al matrimonio que no puede ser reconocido o celebrado según la ley civil», ella misma restringe en cierto modo los derechos de los cónyuges en determinadas situaciones y restringe, incluso, su propia capacidad en ámbitos contractuales, pero también, incluso, sacramentales.

Ciertamente resulta plausible el intento de armonizar ambos ordenamientos jurídicos, el canónico, por un lado y el del Estado en cuestión donde se celebren las nupcias, por otro; ahora bien, con ello la Iglesia de algún modo está sometiéndose –aunque sólo sea potencialmente– a los ordenamientos seculares, lo que no deja de ser cuestionable.

Sirva de ejemplo el matrimonio dispar entre católico y musulmana. Este tipo de enlaces están expresamente prohibidos por el Derecho islámico y, por tanto, también, en general, por los países árabes; esto atenta directamente contra el derecho de la mujer, pero de forma correlativa, a la postre, puede resultar también restrictivo respecto de la capacidad nupcial que tiene el novio de casarse con ella.

Dichas nupcias podrían celebrarse válidamente en España porque la ley civil no contempla el impedimento de disparidad de cultos, pero en el caso expuesto, sí afecta al novio en aplicación del Derecho canónico pues sólo en caso de haber obtenido la dispensa correspondiente, podría contraer matrimonio canónicamente válido, aunque no sea sacramental.

Ferrer Ortiz[67] considera que «este precepto debe servir para apreciar el interés de la Iglesia en evitar en lo posible las situaciones conflictuales y para mover al Estado a que adopte una postura más conciliadora», pero ello no resuelve el problema teórico que el supuesto plantea.

La Iglesia católica, a diferencia de cualquier realidad nacional, es universal y, por ende, tanto su organización como su Derecho, su estructura orgánica, funcional, su acción, etc., también lo es, de ello se deriva que su ordenamiento jurídico sea completamente transfronterizo. Pero, además, cumple una función salvífica y el matrimonio es, precisamente, un instrumento de santificación y de conversión, por lo que, en atención a la doctrina contenida en las Sagradas Escrituras, adviértase que la Iglesia admite tanto la celebración de matrimonios mixtos[68] como dispares[69].

Esto implica que la potestad de la Iglesia en un país musulmán, por ejemplo, incluye celebrar matrimonios dispares, previamente dispensados o, por el contrario, pueda disolver en favor de la fe ciertos enlaces que no son sacramentales, en teoría siempre por el bien de las almas; ello no implica, por supuesto, interés alguno en violentar los ordenamientos jurídicos de los Estados en los que se puedan celebrar este tipo de uniones; ahora bien, pienso que no se debe interpretar esta norma canónica como un acercamiento al ordenamiento estatal español (o a cualquier otro) pues me parece una conclusión excesiva: una cosa es no tener interés alguno en buscar enfrentamientos innecesarios con los ordenamientos seculares y otra muy distinta acomodarse a ellos en contra de su propia doctrina y Derecho, pues bien, éste es un tema que, por su dimensión sacramental, a mi juicio es de orden público canónico.

A lo expuesto hay que añadir lo que –creo– ha sido ahondar en el error: otorgar efectos civiles a las nupcias celebradas en sede confesional de todas las religiones que han obtenido el reconocimiento del notorio arraigo en España. Sin perjuicio de la –a mi juicio– errática técnica legislativa, cada vez más dispersa, innecesaria, sorpresiva e incoherente con el resto del ordenamiento, lo que ha hecho el legislador ha sido añadir complejidad al sistema matrimonial incrementando los problemas que genera.

De lo expuesto se deriva que, como acertadamente señaló en su día Llamazares[70]: «el ordenamiento canónico se reserva la competencia para determinar el total haz de relaciones jurídico constitucionales del matrimonio con el fin de asegurar su capacidad significativa y presencializadora del amor ideal», concluyendo que «esa configuración queda así totalmente sustraída a la voluntad conformadora de los contrayentes: éstos gozan de plena libertad para entrar o no en ese entramado de relaciones, pero no para modificarlo ni sustituirlo por otro».

Y es, justamente, el sistema creado por el ordenamiento jurídico español un cúmulo de normas que desvirtúan el matrimonio canónico hasta convertirlo en una forma más de celebración de matrimonio civil, de modo que –al tiempo que le otorga efectos– lo «civiliza» y esto constituye una forma –muy eficaz, por cierto– de eliminar su propia naturaleza e idiosincrasia.

Ha sido el Estado español el que ha ido modificando progresivamente de forma unilateral lo que dispone el AAJ, especialmente a través de la reforma del Código civil –aunque de un modo implícito lo hiciera también con la LOLR– hasta el punto de convertir nuestro sistema matrimonial en un modelo denominado por la doctrina con los términos «anglosajón» o «protestante», caracterizado por ser de matrimonio civil obligatorio con opción de celebración en forma civil o en religiosa, bien canónica, bien propia de otra confesión religiosa con Acuerdo o declarada de notorio arraigo[71].

Dicho con otras palabras, para el ordenamiento jurídico español sólo hay un tipo de matrimonio: el civil, y la libertad que tienen los individuos se reduce única y exclusivamente a la posibilidad de contraer en sede religiosa, eso sí, de las confesiones que él tiene reconocidas o quiera reconocer a estos efectos[72], de tal modo que, en el fondo, la libertad de credo en esta materia queda reducida exclusivamente a la posibilidad de elegir la forma de celebración, sin recepción alguna de su ordenamiento, salvo las pequeñas salvedades previstas para la Iglesia católica.

Con ello lo que el Estado ha conseguido ha sido degradar desde el punto de vista jurídico todos los matrimonios confesionales reconocidos hasta convertirlos en meras formas de celebración civil; esto, a mi juicio, bajo la apariencia de legitimidad, pluralismo, etc., en realidad constituye –en lo individual– un serio atentado contra la libertad de credo, por un lado y, por otro, una vulneración del sistema de libertades inherentes a la persona física que tienen relación con su derecho a la autodeterminación; en lo jurídico-institucional, la «derogación» de una parte importante del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos.

En este sentido, cuando López Alarcón analizó estas cuestiones en el año 1983, constató «el alejamiento de la ley civil de los Acuerdos celebrados con la Santa Sede en el tema matrimonial», añadiendo que «induce a confusión a los que contraen matrimonio canónico ignorando que están contribuyendo a poner la forma de otro matrimonio diferente y disoluble», por eso afirmó que la «grave desarmonía entre el texto acordado y la ley civil… tendría que resolver(se) en favor de la prevalencia del texto pactado con la Santa Sede», pero –añade– «ello arrastraría tan profundas modificaciones en el sistema construido por el Código Civil reformado…», realizando un certero análisis de la deriva normativa unilateral que termina minando –hasta casi destruir por completo– la institución matrimonial canónica en cuanto a su esencia[73].

Ante esta situación creo que lo más acertado hubiera sido, al tiempo que permitir a cada cual que contraiga matrimonio con arreglo a su propio credo, no otorgar efectos civiles a ningún enlace, ni siquiera al católico, de tal modo que el que desee casarse en sede civil lo haga directamente; es más, serviría para preservar su propia autonomía y los caracteres específicos (naturaleza, capacidad, derechos y obligaciones de los cónyuges, causas de nulidad, separación, divorcio en su caso, etc.), entre otras razones porque, una vez el Estado ha asumido la competencia exclusiva en esta materia a los efectos que le son propios (civiles) y, teniendo en cuenta, además, la desafección de nuestro sistema legal respecto de los principios, valores, dogmas y reglas jurídicas de la Iglesia católica, tanto el otorgamiento de efectos civiles a los matrimonios religiosos en general –y los católicos en particular–, como los efectos que se reconozcan de las sentencias de nulidad y de los rescriptos pontificios por inconsumación, lejos de ser un privilegio para la Iglesia o para los católicos, constituye una fuente inagotable de problemas que, a la postre, habrán de resolver las autoridades judiciales patrias, lo que harán al margen por completo de cualquier consideración canónica. Todo ello, además de generar inseguridad jurídica para los propios contrayentes, terceros interesados y para la propia Iglesia, termina –como he procurado defender a lo largo del trabajo–, «minando» la institución matrimonial, lo que, mutatis mutandis, es extensivo al resto de credos a cuyos enlaces matrimoniales se otorgan efectos civiles.

En este sentido debemos recordar las palabras de Ibán al señalar que «si se admite el divorcio de un matrimonio canónico, es evidente que no existe una remisión plena al ordenamiento jurídico canónico, y, consecuentemente, le será aplicable el civil y será, pues, un matrimonio civil»[74].

En resumen, el Estado español, a través de sucesivas normas unilaterales, no ha hecho otra cosa que vaciar de contenido el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos y, de este modo, ha alterado progresivamente de tal manera lo pactado que ha reducido las nupcias in facie ecclesiae hasta el punto de igualarlo en su entidad ontológica a cualquier otro matrimonio, se celebre en forma civil o religiosa (de los nueve grupos confesionales que tienen Acuerdos suscritos con el Estado español o cuyo notorio arraigo ha sido reconocido).

Con ello, además de incumplir el pactado con la Santa Sede, ha atacado la esencia misma de las nupcias canónicas y –por extensión– también las del resto de confesiones, atentando contra la verdadera libertad religiosa de los contrayentes así como de las propias Iglesias a las que pertenecen y, lo que es igual de negativo: eliminando todo vestigio de autodeterminación a las partes, imposibilitadas por completo de someter su matrimonio a las reglas religiosas, morales, jurídicas, económicas o familiares que tengan por conveniente[75].

Por otro lado, desde la perspectiva del Estado, resulta completamente innecesario el otorgamiento de efectos civiles a los matrimonios religiosos; innecesario y problemático, entre otras, cosas porque ni puede conocer, ni puede gestionar las profundas y ontológicas diferencias de los modelos matrimoniales de las distintas confesiones.

Ni al ordenamiento jurídico patrio ni a los propios credos les conviene el otorgamiento de efectos civiles, es más, la incomodidad que pudiera suponer para los contrayentes de cualesquiera confesiones el no otorgamiento de dichos efectos (en el caso de que quieran generarlos), se podría resolver mediante un simple poder notarial; esto sí serviría para delimitar con mayor claridad los diferentes tipos de matrimonios, sus peculiaridades y diferencias, sus regímenes jurídicos confesionales, etc., dando verdadera dimensión jurídica a la libertad de credo de todos y cada uno de los ciudadanos que viven en España.

Además, esta solución sería más coherente –y consecuente– con el reconocimiento constitucional del pluralismo, contenido en el art. 9.2 de nuestra Constitución pues, como acertadamente indica Mercedes Salido –entre otros muchos autores–, en realidad constituye una violación de la laicidad[76].

En lo tocante a la técnica legislativa, es también lo más adecuado pues, de otra forma, podría resultar la existencia de matrimonios civilmente válidos para el Estado que, sin embargo, han sido declarados nulos en sus respectivos ordenamientos confesionales, lo que genera dos cuestiones ontológicas de muy difícil solución: por un lado, ¿cómo puede producir efectos civiles un negocio realizado en el seno de una confesión cuando en base al ordenamiento de ésta es nulo?; por otro, ¿qué legitima la potestad del Estado para regular a la postre las dimensiones jurídicas de determinados actos, contratos y sacramentos celebrados en sede confesional?

Evidentemente, el modelo actual desvirtúa la autonomía de las Iglesias, dado que, aunque por un lado se reconoce, por otro se desconoce determinadas dimensiones de dicha autonomía, en cuanto que se rechaza de plano todo aspecto jurídico que contradiga una mera norma de Derecho civil –que es legislación ordinaria, ni constitucional ni orgánica, no debemos olvidarlo–.

En suma, nuestro país ha evolucionado en pocos años desde un modelo confesional de matrimonio canónico único a otro completamente aconfesional, de corte laicista; un sistema de matrimonio civil único con libertad de formas de celebración, siendo que la palabra «formas» en este caso alcanza un significado pleno. Pues bien, cabría preguntarse si, en realidad, no sería más ventajoso y sencillo para el ordenamiento patrio –además de ser más respetuoso con las personas y las confesiones religiosas– optar por no otorgar efecto alguno a los matrimonios celebrados en el seno de éstas.

Por otro lado, ante este conjunto de reflexiones que demuestran el incumplimiento –constante y progresivo– por parte del Estado del contenido esencial del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos en materia matrimonial, la otra gran pregunta que cabe hacerse es si la Iglesia católica debería instar una reforma del mismo con el fin de desvincular por completo las nupcias canónicas del ordenamiento secular.

Ello sería, a mi modesto juicio, positivo para la propia Iglesia, para los futuros contrayentes y, de forma especial, para salvaguardar la extraordinaria dignidad de los matrimonios religiosos en general y del canónico en particular, sirviendo, además, para marcar las debidas distancias entre lo que puede considerarse poderes del Estado y la necesaria autonomía que tienen reconocida la Iglesia católica, el resto de confesiones religiosas, con o sin Acuerdo y, de forma singular, los propios contrayentes.

En suma, el derecho de libertad religiosa en esta materia ha quedado reducido a la forma de celebración de matrimonio con arreglo al propio rito lo que, en ningún caso, supone una recepción sustantiva de los ordenamientos confesionales.

Dicho rechazo del Derecho canónico, islámico, etc., puede tener sentido desde el plano de la aconfesionalidad del Estado, pero no desde el reconocimiento profundo y verdadero de la libertad religiosa y el alcance que ésta tiene con respecto al matrimonio.

Podría declararse contrario al orden público protegido por la ley el impedimento de edad fuera de lo que dispone el Código civil, o la poligamia, por ejemplo, pero lo que ha hecho de forma unilateral el Estado español en realidad ha sido imponer un modelo no sólo monogámico, sino, además, disoluble y, en el fondo, exclusivamente civil.

De este modo, se rechaza la aplicación de la normativa religiosa que regula la materia de cualquier confesión en tanto se contraponga con las normas imperativas que de forma unilateral establece nuestro país; ahora bien, con ella se generan a mi juicio dos graves problemas desde el punto de vista jurídico, a saber: por un lado, la libertad religiosa queda reducida en este punto casi exclusivamente a lo que dispone el Código civil y normas complementarias (con la excepción del reconocimiento de efectos civiles a las sentencias de nulidad matrimonial canónica y de los rescriptos pontificios de disolución por inconsumación), es decir, en realidad se limita la libertad religiosa de las personas, en tanto que se ven sometidas al Derecho del Estado, lo mismo que sus Iglesias y Comunidades; por otro, limita la autonomía de las mismas, dado que, aunque en principio se las reconoce, por otro se desconoce determinadas dimensiones de dicha autonomía en cuanto que se rechaza de plano todo aspecto jurídico que contradiga una norma civil –que es legislación ordinaria, ni constitucional ni orgánica, no debemos olvidarlo–, de manera que lo que posibilita o puede posibilitar nuestra Carta Magna, el legislador ordinario lo ha deconstruido por completo.

Pero la materia no sólo afecta a la libertad religiosa –como derecho fundamental– que asiste a las personas físicas y a las organizaciones confesionales, sino que, yendo mucho más allá, lo que hace es imponer un modelo que priva de libertad a la persona física en una materia que, por civil y, además, entroncar en lo más íntimo del individuo y de la pareja, debería tener amplísimos márgenes de libertad, no sólo de contraer, sino, además, también de contratar.

En suma, nuestro país ha evolucionado en pocos años desde un modelo confesional de matrimonio canónico único a un modelo completamente aconfesional, de corte laicista, de matrimonio civil único con libertad de formas de celebración y lo que cabe preguntarse es si el resultado de dichas reformas es verdaderamente constitucional, si respeta lo pactado con la Iglesia católica, si garantiza los derechos fundamentales (y civiles) de los propios contrayentes y, por último, si proporciona al propio Estado algún tipo de ventaja o, dicho con otras palabras, si no hubiera sido preferible no otorgar efectos a ningún enlace que no se haya realizado con arreglo a las normas civiles.

En este caso –considero– una marcada separación Iglesia-Estado hubiera sido más coherente con el modelo constitucional y, por supuesto, mucho más respetuosa con los derechos y libertades de los ciudadanos, los de las propias entidades religiosas, así como con las reglas que sobre la materia componen el orden jurídico comunitario e internacional.


Referencias:

  1. ^ Tema del que traté en el trabajo titulado «Sistemas matrimoniales y derecho a contraer matrimonio», en Sociedad, Derecho y factor religioso. Estudios en honor del Profesor Isidoro Martín Sánchez, ed. Comares, Granada, 2017, pp. 137-156.
  2. ^ Art. 16 de la DUDH; art. 23 del PIDCyP; art. 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Convenio de la Haya principalmente, a los que hay que sumar los arts. 7; 9; 22-26 y 33 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
  3. ^ Sirvan a título ejemplificativo el art. 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce dicho derecho «a partir de la edad núbil» o el art. 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
  4. ^ Art. 1255 del Código civil.
  5. ^ X. c. Alemania, Decisión de 18 de diciembre de 1974, entre otras muchas.
  6. ^ S. de 14.XII.1999.
  7. ^ 1.ª ed., ed. Civitas, 1985, p. 353.
  8. ^ Op. cit., p. 353.
  9. ^ El matrimonio, en Derecho Eclesiástico del Estado, ed. EUNSA, Pamplona, 1980, p. 409.
  10. ^ Es interesante, en este sentido, el resumen de la historia del sistema matrimonial español que realiza Aznar Gil en su obra Derecho matrimonial canónico, vol. I: Cánones 1055-1094, ed. Univ. Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2001, pp. 184-192 y en la que se puede apreciar cómo el respeto a la libertad religiosa ha sido una constante en esta materia, permitiendo las uniones matrimoniales de todos los habitantes de la península con arreglo a su propio credo sin injerencia alguna del Estado.
  11. ^ A tal fin conviene recordar cómo los Fueros medievales regulaban el matrimonio, remitiéndose a las normas confesionales para las nupcias de cada contrayente con arreglo a sus propios credos.
  12. ^ Ley de 18 de junio de 1870.
  13. ^ Real Orden de 11 de enero de 1872.
  14. ^ De 24 de julio de 1889.
  15. ^ Art. 42, párrafo tercero.
  16. ^ Ello no sólo afectaba a la declaración de nulidad sino, además, a las causas de separación matrimonial canónica, dispensa por inconsumación, así como al Privilegio Paulino.
  17. ^ Art. 6, párrafo primero, previsto para quienes, por no ser católicos, no tuvieran obligación de casarse in facie Ecclesiae.
  18. ^ Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre.
  19. ^ Tras la modificación operada por la Disposición Final 1.12 de la Ley 15/2015, de 2 de julio.
  20. ^ Recuérdese que el Real Decreto-Ley 22/1979, de 29 de diciembre, primero, y la Ley 79/1980, de 26 de diciembre, después, hicieron de la jurisdicción civil la única competente para conocer y resolver las demandas de separación conyugal, pese a que en el Derecho canónico esta materia está regulada, si bien en términos diametralmente diferentes.
  21. ^ Art. 2.1.
  22. ^ Art. VI. 2.
  23. ^ Op. cit., p. 373.
  24. ^ Peña Bernaldo de Quirós, M., «El sistema matrimonial según la Constitución y los Acuerdos con la Santa Sede», Anuario de Derecho Civil (1980), p. 580.
  25. ^ Cosa distinta es que hubiera menores o incapaces o cuando, tras las nupcias, uno de los contrayentes, o ambos, hayan perdido sus facultades mentales.
  26. ^ Sobre esta materia, Aznar Gil, op. cit., pp. 192-215.
  27. ^ Op. cit., p. 200.
  28. ^ «Eficacia civil de los matrimonios religiosos en España», en Martí Sánchez, José María, y Moreno Mozos, Mar, Matrimonio religioso y Derecho español concordado, ed. Comares, Granada, 2016, p. 62.
  29. ^ En donde se exige la celebración de matrimonio civil antes de las nupcias en sede confesional, por ejemplo.
  30. ^ Y aquí nos encontramos con problemas relacionados con todo lo que afecte al conocimiento crítico, la autodeterminación, la libertad de elección, así como la madurez de conocimiento, siendo enfermedades y anomalías invalidantes todas aquellas que afecten a la capacidad cognoscitiva y/o crítica, a la voluntad, así como a la armonía entre las diversas facultades, lo que incluye enfermedades tan variadas como la esquizofrenia, las psicopatías, las neurosis, etc. También a estados que producen inmadurez y dependencia afectivas, egocentrismo, inseguridad, incapacidad para hacerse juicios correctos de la realidad o para superar las dificultades de la vida o, en otro ámbito, las insuficiencias psicológicas o ciertas situaciones de perturbación del ánimo producidas por un embarazo accidental, el temor a quedarse solo/a, necesidad de abandonar la casa paterna/materna, deficiencias en la facultad estimativa, indiferencia ética, irreflexión, superficialidad, condicionamientos familiares o sociales, etc.
  31. ^ Como son las psicosis, neurosis, los trastornos postraumáticos, la hipertimia, la depresión, el fanatismo, la explosividad, la bulimia, la astenia, la ansiedad o quienes padecen de ánimo frío (desalmados, etc.) el alcoholismo crónico o la drogadicción.
  32. ^ Ninfomanía, homosexualidad, bisexualidad, sadismo, masoquismo, fetichismo, pedofilia, zoofilia, transexualismo, travestismo, etc.
  33. ^ Lo que incluye la inestabilidad o la dependencia afectiva, el egoísmo, la inseguridad o la incapacidad para hacerse juicios correctos de la realidad.
  34. ^ Sobre la necesidad de existencia de amor conyugal recíproco para que se entienda que hay verdadero consentimiento uxorio, la doctrina está dividida. Entre los que excluyen dicha necesidad cabría citar a López Alarcón, Mariano, y a Navarro-Valls, Rafael (Curso de Derecho matrimonial canónico y concordado, ed. Tecnos, Madrid, 1984 (p. 70); entre los que defendemos la necesidad de que exista, por ser inherente a la naturaleza misma del consortium totius vitae y la opción más coherente con la sacramentalidad del matrimonio en función de la cual interviene Dios mismo, que es quien une a los esposos, están Fumagalli, O., Inteletto e voluntà nel consenso matrimoniale in Diritto canonico, Milano, 1974, pp. 2214-216, así como O Giacchi, La simulazione nel matrimonio, en Quaderni romani di Diritto Canonico, Roma, 1977, p. 21, entre otros muchos.
  35. ^ Estrictamente no debe establecerse un paralelismo total de las causas de nulidad y disolución con las situaciones de crisis conyugal puesto que son órdenes independientes, si bien es verdad que quien solicita la nulidad, la separación o la disolución de las nupcias canónicas casi con seguridad lo hace como consecuencia de una crisis conyugal previsiblemente irreversible.
  36. ^ «La renuncia a la acción de divorcio», en ADEE, vol. XXXV (2019), pp. 417-458.
  37. ^ Art. 30.
  38. ^ Op. cit., p. 421.
  39. ^ Op. cit., p. 430.
  40. ^ Op. cit., p. 432, haciéndose eco de lo expuesto en la obra «La engañosa neutralidad del laicismo», en Los retos del multicuralismo: En el origen de la diversidad, coord. por Prades, Javier y Oriol, Manuel, 2009, pp. 77-88.
  41. ^ Art. 9.2 de la C.E.
  42. ^ Op. cit., p. 432.
  43. ^ Art. 44 del Código civil tras la reforma operada por la Disposición Final 1.1 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para las garantías de los derechos de las personas LGTBI.
  44. ^ Prevista, por ejemplo, sólo para determinadas situaciones.
  45. ^ García-Pardo, David, «Eficacia civil de los matrimonios religiosos en España», en Martí Sánchez, J. M.ª, y Moreno Mozos, Mar (coords.), Matrimonio religioso y Derecho español concordado, ed. Comares, Granada, 2016, p. 65.
  46. ^ Sobre este tema véase también el artículo de Rodríguez Vacelar, Miguel Ángel, «Eficacia civil de las resoluciones canónicas de nulidad matrimonial», en Revista de Derecho Privado, n.º 3 (20024), pp. 3-20.
  47. ^ Pero el ajuste al Derecho del Estado debe ser necesariamente algo formal (salvo que se desnaturalice la norma).
  48. ^ Sobre este tema puede verse el trabajo de Motilla, A., «Matrimonio», en Manual de Derecho Eclesiástico, Ibán, I. C., Prieto, L. y Motilla, A. , ed. Trotta, Madrid, 2016, pp. 311-341, en las que aborda la problemática que genera la legislación unilateral del Estado español en relación con el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos en materia matrimonial, entre ellos la consecuencia de la rebeldía en el procedimiento de ex equatur y los problemas que puede suponer para la parte que solicita la eficacia civil (pp. 330 y ss.).
  49. ^ En esta línea ya se ha manifestado en la sentencia 1/81, de 26 de enero (FJ 6.º), en la que se dice que el juez civil no queda en absoluto vinculado por la sentencia canónica, sino que, por el contrario, debe aplicar el ordenamiento patrio.
  50. ^ S. de 8 de enero de 1992.
  51. ^ Op. cit., p. 446.
  52. ^ La nueva configuración del sistema matrimonial español, ed. Colex, La Coruña, 2024.
  53. ^ Sobre esta materia, véase la obra de Rojo Álvarez-Manzaneda, M.ª Leticia, Los efectos de los matrimonios polígamos en el ordenamiento español, ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2021, en la que analiza el contenido de los Reales Decretos 1/1994, de 20 de junio, y 8/2015, de 30 de octubre, por los que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como los Convenios existentes entre España y Marruecos y entre España y Túnez, la jurisprudencia existente sobre esta materia, etc. (pp. 83-198).
  54. ^ Quienes, por razones obvias, pueden resolver los conflictos y adoptar medidas más acordes con la realidad de la familia a la que conocen que la capacidad que tienen los jueces de enjuiciar la situación de cada caso, sin conocer de nada a los consortes.
  55. ^ Al hilo de ello recordar el Auto del T. Supremo, de 10 de julio de 2019, Sala de lo Social, respecto de unas nupcias celebradas en Kiev por el rito ortodoxo, pero no inscritas ni en su país ni en España, motivo por el cual el INSS denegó la pensión al carecer de constancia las nupcias religiosas. Pese a la no inscripción de las mismas en el Registro Civil, se le reconoció la pensión de viudedad dado a que la inscripción carece de efectos constitutivos. En este caso está justificada la resolución dictada, pero evidencia la problemática que la materia ofrece.
  56. ^ Sobre esta cuestión véase la Circular de 16 de julio de 1984, de la Dirección de los Registros y Notariado, sobre duplicidad de matrimonios, resolviendo que no deben inscribirse los matrimonios religiosos de personas que se casaron previamente en sede civil, es más, se manifiesta en contra de que se incluyan, como nota marginal, las nupcias canónicas posteriores, lo que no deja de ser cuestionable.
  57. ^ Sobre el particular, puede verse el comentario de Motilla, A. al Auto del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2019 (Sala de lo Social) sobre el derecho a cobrar la pensión de viudedad para la esposa casada por la Iglesia del Patriarcado de Kiev, por matrimonio no inscrito ni en el Registro Civil ucraniano ni en el español. El T. Supremo otorga la pensión de viudedad porque consta por otras pruebas la existencia de las citadas nupcias y porque, entiende, lo que da lugar al derecho a la pensión es el matrimonio mismo, no su inscripción, de modo que, acreditado aquél, nace el derecho reclamado por la esposa, pese a que se celebraron las nupcias en fechas previas al Acuerdo suscrito entre el Estado español y la FEREDE-ADEE, vol. XXXVI (2020), pp. 628-629.
  58. ^ El matrimonio religioso ante el Derecho español, ed. Universidad Complutense, Madrid, 1984, pp. 15-20.
  59. ^ El matrimonio religioso ante el Derecho español, op. cit., p. 28.
  60. ^ Diario de Sesiones. Núm. 61, 1978, p. 3053.
  61. ^ Op. cit., pp. 31-32.
  62. ^ Sobre este tema puede verse la obra de Ferrer Ortiz, J. , El matrimonio canónico en el ordenamiento español, ed. EUNSA, Pamplona, 1986, pp. 65-95.
  63. ^ Protocolo final del Acuerdo Jurídico.
  64. ^ Dado que, como es lógico, sólo analiza y resuelve los problemas que se plantean y deben dirimirse en cada causa, no otros.
  65. ^ En este sentido Llamazares, op. cit., p. 284, quien afirma que «si la técnica de adquisición de eficacia civil de las resoluciones canónicas fuese la de “reconocimiento” de efectos, de tal manera que el juez civil se limitara a ejecutar la resolución canónica. Pero no es ese el caso, ya que el juez, al comprobar el “ajuste de la resolución al derecho del Estado”, juzga en plenitud de jurisdicción aplicando el Derecho del Estado», añadiendo, «En sentido estricto no es la resolución canónica la que produce efectos civiles, sino apreciando la resolución del juez civil que hace suya la canónica, dando la conformidad de ésta con el Derecho del Estado».Personalmente no estoy de acuerdo ni con la conclusión ni con el argumentario empleado, entre otras razones porque el juez civil no puede aplicar el Derecho canónico, ni entrar en valoración alguna de las pruebas ni, tampoco, de las causas de nulidad canónica que hayan motivado la sentencia estimatoria, entre otras cosas porque, de ser así, quedaría vacío de contenido lo acordado, interpretación que, por definición, ha de ser descartada.
  66. ^ Amor conyugal y nulidad de matrimonio canónico, ed. Dykinson, Madrid, 2019.
  67. ^ Op. cit., p. 170.
  68. ^ C. 1124.
  69. ^ C. 1086.1.
  70. ^ Op. cit., p. 48.
  71. ^ Competencia que, a su vez, es competencia exclusiva del Estado.
  72. ^ En este mismo sentido se manifestó con meridiana claridad López Alarcón ya en el año 1983, op. cit., p. 34.
  73. ^ Op. cit., p. 37.
  74. ^ «El matrimonio en la Constitución», en Obras Completas, vol. III, p. 145.
  75. ^ En este sentido, como acertadamente concluye Cubillas Recio, L. M., «se establece, pues, la competencia legislativa con carácter exclusivo a favor del Estado sobre las relaciones jurídico civiles relativas a las formas del matrimonio incluyendo todas las relaciones jurídicas que afecten a dichas formas»… añadiendo «Todo esto es indicativo de la específica intención del legislador por recuperar la competencia total sobre el matrimonio», El sistema matrimonial español y la cláusula de ajuste al Derecho del Estado, ed. Univ. de Valladolid, Valladolid, 1985, p. 305.
  76. ^ Op. cit., p. 432.

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