¿Qué es una minoría? La respuesta a esta cuestión constituye la hipótesis de partida ineludible del estudio del estatuto jurídico de las minorías en un ordenamiento jurídico dado. Lo primero que debe ser tenido en consideración a este respecto es que esta noción dista mucho de ser univoca[1]. Tradicionalmente la doctrina identifica el nacimiento de las minorías con el surgimiento del Estado moderno en los siglos xv y xvi, como consecuencia del triunfo de la Reforma Protestante en algunas naciones europeas que puso fin a la institucionalización de la comunidad política y cultural, en base a criterios sociales de homogeneidad y uniformidad[2]. Un Estado –entendido en el sentido de una comunidad cultural uniforme– donde también convivían ciudadanos con otros que no ostentaban este estatus jurídico de pleno derecho o que tenían señas de identidad diferenciadas a las que caracterizan a la mayoría de la población, como sucedía en aquel entonces con las mujeres, los disidentes por motivos religiosos y los nacionales de otros estados que no pertenecen a la comunidad de pleno derecho al no tener la condición jurídica de ciudadanos[3]. Y ya desde el período revolucionario de finales del siglo xviii han sido son muchos los pensadores liberales que han apoyado la causa de la liberación de los grupos que han sido oprimidos por las clases social, económica o políticamente dominantes[4].
Aunque si lo analizamos desde esta perspectiva sociopolítica[5], cabe advertir que se puede afirmar que ya existían este tipo de colectividades en la Antigua Grecia, donde solo los varones mayores de edad tenían la consideración de ciudadanos de pleno derecho que convivían con esclavos, extranjeros que no ostentaban dicho estatus[6], incluidas las mujeres salvo aquellas que pertenecían a los más altos estratos sociales[7]. Todos ellos formaban parte de grupos numéricamente inferiores y sociológica, política y culturalmente que recibían un tratamiento jurídico desventajoso en las polis donde residían[8], ostentando la categoría convencional de minoría, tal y como la entendemos hoy en día[9]. A lo largo de la historia, quien ostentaba el poder material ha discriminado jurídicamente a miembros de la respectiva comunidad por motivos étnicos, religiosos o de género mucho antes de que emergiera el Estado Moderno.
En efecto, el concepto moderno de minoría fue acuñado por el sociólogo estadounidense Louis Wirth que la definió refiriéndose a las personas de color como «cualquier grupo de personas que, a causa de sus características físicas o culturales, se encuentra sometido a una discriminación respecto de los demás miembros de la sociedad en la que vive, recibiendo de esta un trato diferente e injusto»[10]. Esta definición pone de relieve las dos notas que caracterizan esencialmente a estas colectividades. La primera es la escasa relevancia social, económica, política o convencional que tienen sus miembros en la comunidad donde residen independientemente de que sean mayoría numéricamente hablando[11]. Y la segunda lo que De Lucas califica como «victimización» del grupo, al estar compuesto por personas que padecen cualquier tipo de persecución discriminación, marginación o explotación en el territorio donde residen. Si bien, no cabe hablar de minoría sin el carácter cuantitativamente reducido del grupo y sin la referencia a rasgos identitarios diferenciales frente a los de la población dominante cualitativa y cuantitativamente hablando, pero lo decisivo en su delimitación conceptual es la existencia de un contexto social o convencional más amplio que define los cánones de normalidad y que minusvalora esos rasgos diferenciales minorizando al grupo en cuestión[12]. La existencia de esta relación de especial sujeción del grupo con respeto a la comunidad –a la que también pertenecen sus miembros – es la nota que caracteriza en esencia a las minorías[13].
Otro rasgo identificativo de este tipo de colectivos consiste en que deben estar formados por personas que se encuentran social y/o convencionalmente marginadas o discriminadas debido precisamente por sus rasgos diferenciados. La percepción consciente del individuo de todos ellos como elementos de pertenencia al grupo minoritario sirve para reforzar los vínculos que se establecen entre el sujeto y el colectivo debido a que lo percibe como el medio más idóneo para que pueda tener lugar su autodeterminación personal[14], y más si está siendo víctima de cualquier tipo de discriminación o marginación en estratos sociales tan complejos como los actuales. Este tipo de sociedades se describen en base a un complejo entramado de relaciones sociales, centros de poder y la fragmentación de códigos, valores e intereses individuales y colectivos; tienen lugar procesos de fragmentación de identidades por la vía de las diferencias, lo que genera la necesidad de pertenencia a algún grupo y, consecuentemente, la multiplicación de las minorías de toda índole[15]. Así ha sucedido a lo largo de la historia y así sucede en la actualidad. Siempre han existido colectivos minoritarios, si bien han tenido un menor o mayor grado de visualización social lo que, a su vez, siempre ha sido un factor esencial para que pudieran ser reconocidos como tales en el plano jurídico o convencional.
El auge de los mass media en las últimas décadas del pasado siglo –fundamentalmente la prensa, la radio y la televisión– ha permitido «escuchar» las reivindicaciones identitarias de las personas pertenecientes a otras agrupaciones humanas que también estaban padeciendo alguna forma de marginación o discriminación en silencio por parte del resto de la población. Su participación cada vez más frecuente en estos medios de comunicación social no solo les permitió visualizar su existencia ante los demás agentes sociales y, lo que es lo más importante, antes los centros de poder facilitando de este modo su paulatino reconocimiento convencional como minorías por parte de las instancias públicas[16]. En plena Era Digital, los vertiginosos avances que se están produciendo en relación las tecnologías de sociedad de la información y del conocimiento propias del ciberespacio han favorecido, aún más, el proceso de visualización de los sujetos pertenecientes a colectivos con rasgos diferenciales[17] que, en muchas ocasiones, los ocultaban a los demás miembros de la sociedad donde residen por miedo a las repercusiones sociales y convencionales a que se pudieran dar lugar por o a causa de las mismas[18].
Pero ¿cuáles son esos rasgos identitarios diferenciales que pueden provocar que un individuo sea discriminado o marginado por parte de los demás miembros de la sociedad? Louise Wirth hablaba en su definición de «características físicas o culturales». La cultura es un término difícil de concretar, al ser un concepto polisémico evolutivo y dinámico, un «mito» como lo ha definido Pannikar «englobante de cada cosmovisión [del mundo] en un tiempo y espacio determinados»[19]; esto es, un concepto amplio comprensivo de la lengua, las creencias, valores, costumbres y tradiciones de un grupo de personas unidos por esa cultura propia[20]. Así entendida, toda cultura tiene una doble dimensión que se encuentra íntimamente relacionada entre sí. Una individual que se identifica con la identidad personal que se refiere al conjunto de rasgos específicos de cada uno de nosotros y que percibimos o apreciamos a través de nuestra propia conciencia o facultad para percibir los rasgos que conforman nuestra identidad como atributos espirituales similares, pero, al mismo, tiempo, diferentes a los de los demás[21]. Y otra colectiva que se identifica con los conceptos de etnia o de nación, entendiendo como tales el conjunto de personas que comparten un mismo idioma y que tienen un sistema de convicciones, costumbres y valores en común. ya que no existe ninguna cultura –tal y como la hemos definido– que no se vincule a una sociedad dada en un momento histórico dado[22].
La dimensión social o grupal de la cultura da lugar, a su vez, a una identidad colectiva que se encuentra situada en un plano paralelo con cada una de las identidades individuales de quienes la comparten existiendo, por tanto, un juego reciproco entre ellas. En términos de Charles Taylor: «la pertenencia al grupo proporciona retazos importantes de la identidad de los individuos y, al mismo tiempo, cuando hay suficientes individuos que se identifican de modo muy solido con un grupo, este adquiere una identidad colectiva»[23] que es la que identifica y permite singularizar y reconocer a cada colectivo cultural frente a las demás que convergen en una misma sociedad[24]. Las anteriores consideraciones nos permiten definir a las minorías culturales a las agrupaciones de personas, ya sean nacionales o no, que poseen una etnia y/o unas creencias y/o una lengua y/o unas tradiciones o costumbres comunes que los diferencian de la mayoría dominante, que perciben esos rasgos como parte de su identidad individual y colectiva y que están decididos a conservarlas y a fomentarlas en condiciones de igualdad, reales y efectivas, con el resto de la sociedad sin separarse de ella. Cada una de las características culturales sirven como uno o varios nexos de unión entre la identidad colectiva del grupo y las identidades personales de los miembros que lo componen reforzándose, de este modo, el sentido de pertenencia al colectivo minoritario[25].
En un espacio geográfico determinado pueden existir multitud de minorías culturales, más si tenemos en cuenta que la cultura es un concepto evolutivo y dinámico como dije anteriormente. Por ello precisamente, vamos a centrar nuestro estudio en el análisis de los presupuestos constitucionales comunes al reconocimiento jurídico en España de cuatro clases de minorías culturales: las minorías lingüísticas, las minorías étnicas y las minorías de convicciones que son las que han recibido un mayor de foco de atención en el marco convencional internacional[26]. Todas ellas han sido objeto de especial interés por parte de Naciones Unidas (en adelante la ONU) en base a lo dispuesto en el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966[27] (en adelante PIDCP) que se refiere expresamente a las «minorías étnicas, religiosas o lingüísticas». Este precepto fue desarrollado por la Asamblea Nacional que el 19 de diciembre de 1992 aprobó por obra de la Resolución 47/135 la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. Desde su adopción, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha encomendado a sucesivos Relatores Especiales la elaboración de Informes de seguimiento del cumplimiento de la Declaración por parte de los Estados miembros. El último de ellos –cuando se escriben estas líneas– ha sido redactado el 16 de julio de 2021 en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030: Informe sobre Minorías, igualdad de participación, desarrollo social y económico y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible[28].
Ahora bien, las minorías culturales no agotan la categoría convencional de minoría. En la conceptualización que hemos adoptado como hipótesis de partida, Louise Wirth también se refería a agrupaciones humanas con otras características físicas que también podían ser causa de discriminación o marginación social. En base a esta conceptualización, también debe considerarse como tal a otros grupos sociales relativamente carentes de poder que comparten una identidad colectiva y que, a causa de la misma, se encuentran sin embargo de alguna forma discriminados o marginados en las sociedades donde residen. Siempre que, además, sus miembros se sientan parte del grupo para reforzar sus características diferenciales, y que estén decididos a consérvales y fomentarlas en condiciones de igualdad, reales y efectivas, con el resto de la sociedad sin separarse de ella. La eclosión de los mass media y muy especialmente de las tecnologías de la información propias del ciberespacio es lo que ha favorecido la visualización y, lo que en mi opinión es más importante, la necesidad de atender institucionalmente los rasgos identitarios diferenciales que reivindican los miembros de estos colectivos minoritarios socialmente desfavorecidos[29]. Las minorías encuentran en este entorno virtual un espacio de autorrealización para el pleno disfrute de sus derechos civiles, sociales y/o culturales que les son sesgados en el mundo físico, en la sociedad donde son discriminados y donde no todos sus derechos como ciudadanos les son garantizados[30].
Los diferentes medios de comunicación han servido de cauce para visualizar a las minorías formadas por quienes comparten una misma identidad sexual o de género que se encuentran actualmente integradas en el movimiento convencional LGBTIQ+[31]: los colectivos bisexuales, homosexuales, transexuales, intersexuales o de genero no definido –queer– que hoy en día aún siguen estando marginados en muchas estructuras sociales contemporáneas[32]. El género, al igual que el sexo. constituye una de las características biológicas constitutivas de la identidad personal[33] y ya en los años 90 del pasado siglo Judith Butler –a quien se considera como la madre intelectual del género queer– advirtió que existían personas con género «incoherente» o «discontinuo», cuyo sexo no se corresponden con aquellas normas de género convencionales y culturalmente aceptadas como masculino y femenino[34]. Así lo ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional (en adelante TC) al considerar que «dentro de la diversidad de identificaciones personales que engloba la noción de identidad de género, se acude, en esta resolución, a la expresión trans como denominación omnicomprensiva de todas aquellas identidades de género que ponen de manifiesto una discrepancia entre esta y el sexo de la persona. Esta denominación genérica engloba las situaciones en que se produce una modificación del aspecto del cuerpo o de funciones fisiológicas por medios médicos o quirúrgicos; las situaciones en que se produce una modificación registral o un reconocimiento público de esa identidad; e incluso las situaciones en que, sin que exista transición física o jurídica en sentido estricto, se manifiesten otras expresiones de género como una adopción de vestimenta, habla, gestos o comportamiento propios del género con el que se identifica la persona, independientemente del sexo biológico identificado en esa persona. Acudir al término trans asume un cierto riesgo de imprecisión técnica, porque puede incluir una amplia diversidad de situaciones (transexuales hombres y mujeres, personas no binarias, travestis, queer, personas de género fluido, asexuales, polysexuales, quienes definen su género como “otro”)»[35]. Por ello precisamente, los poderes públicos deben reconocer a cada minoría sexual o de género un estatuto jurídico propio y diferenciado que garantice el pleno disfrute de sus derechos y libertades en base a sus señas de identidad diferenciadas, en condiciones de igualdad reales y efectivas con respecto al resto de los ciudadanos[36], por imperativo del debido respeto a sus derechos de la personalidad inherentes a su dignidad humana[37].
El marco convencional internacional tampoco ha sido ajeno a esta necesidad. A instancias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 17 de noviembre de 2011 el Alto Comisionado emitió el Informe sobre Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género[38] donde insta a los Estados miembros, entre otras medidas, a que promulguen leyes para prevenir la discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad de género. Actualmente, la promoción de los derechos de esta clase de minorías constituye uno de los objetivos prioritarios de la Agenda 2030 de la ONU. A tal fin, el 10 de diciembre de 2015, el organismo internacional anunció su compromiso de desarrollar un Índice de inclusión con la finalidad de avanzar en la inclusión y en la promoción convencional de las características identitarias diferenciadas de este tipo de colectivos minoritarios en los respectivos Estados miembros. Este documento técnico ha visto la luz en 2018 bajo la rúbrica de Conjunto de indicadores propuestos para el Índice de inclusión LGTBI[39] y que, actualmente, se denomina LGTBIG+ para incluir a todas las identidades de género y orientaciones sexuales con que se identifica el símbolo «+».
Sobre la base de estos presupuestos, el objetivo primordial que persigue este trabajo es analizar los presupuestos constitucionales que informan el reconocimiento jurídico de las minorías culturales, las sexuales y las constituidas por razones de género en el Derecho español en plena Era Digital.
En el ordenamiento constitucional instaurado en 1978 no existe ningún reconocimiento especifico de los derechos de ningún tipo de minorías ni desde la perspectiva de los derechos fundamentales ni desde la perspectiva más específica de los mecanismos de protección de las mismas. Ahora bien, ello no quiere decir que la Constitución[40] española en vigor no contenga ningún mecanismo de protección de este tipo de colectividades[41]. Nada más lejos de la realidad. Su articulado contiene un conjunto de disposiciones que informan el reconocimiento del conjunto de derechos individuales y colectivos que conforman el estatuto legal de las minorías en el ordenamiento jurídico español. Ya de entrada, el preámbulo proclama la necesidad de proteger a todos los «pueblos de España» noción que, según el Diccionario de la Real Academia Española puede ser definida entre otras acepciones a «conjunto de personas de un lugar, región o país; y a sus «culturas y tradiciones, lenguas», entre las que se encuentran los diferentes tipos de minorías culturales[42] a que me he referido con anterioridad: las lingüísticas, las étnicas y las de convicciones.
Así lo ha reconocido el TC al afirmar que ese inciso del preámbulo de la Constitución «encuentra una proyección inmediata en el articulado de nuestro texto constitucional» para referirse a continuación a las «distintas modalidades lingüísticas de España» que deben ser objeto de especial respeto y protección como consecuencia del «reconocimiento del pluralismo lingüístico característico de nuestra Nación»[43]. Y que el termino cultura a que se refiere el texto constitucional comprende, sin ningún tipo de dudas, todas «las peculiaridades culturales presentes en el Estado»[44]. El respeto a estas singularidades es una exigencia del pluralismo político que se encuentra consagrado en el artículo 1.1 CE como uno de los principios superiores de nuestro ordenamiento jurídico y que, actualmente, ha sido interpretado de manera evolutiva por parte del TC como un valor comprensivo del pluralismo cultural[45] y, más recientemente, de la diversidad afectivo-sexual[46] y de la diversidad de género[47] latentes en la sociedad española contemporánea. Junto al principio del pluralismo, existen otros principios constitucionales que informan el régimen jurídico de las minorías en España y que derivan, precisamente, de su conceptualización como agrupaciones humanas que, a causa de sus características físicas o culturales, reciben un trato discriminatorio e injusto por parte del resto de la población.
La referencia a esta situación jurídica discriminatoria de partida de las minorías es la que nos remite al primer referente constitucional básico en esta materia. Me refiero al principio de igualdad ante la ley[48] que se encuentra consagrado en el artículo 1.1 CE como uno de los valores superiores de nuestro orden constitucional y como derecho fundamental de todos en el artículo 14 junto a la interdicción de cualquier tipo de discriminaciones «por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». El principio de igualdad es un valor que subyace a toda la estructura constitucional y, a través de ella, a todo el ordenamiento jurídico que se encuentra plasmado en un conjunto de enunciados positivos dispersos en multitud de disposiciones legislativas[49]. Ahora bien, en el marco de un Estado Social y de Derecho, la igualdad no se reduce a un simple límite al creador del Derecho a quien se le impide establecer limitaciones de trato entre los individuos[50]. Como advierte Suárez Pertierra, la igualdad afecta por tanto al contenido de la ley, es decir, a la acción del poder legislativo[51] que debe aprobar todas las medidas que sean necesarias para que «la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas», y remover cuando sea necesario todos «los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud» en cumplimiento con el mandato consagrado en el artículo 9.2 CE.
La adopción de este tipo de acciones diferenciales a las que nos referiremos a continuación requiere que exista lo que el TC califica como tertium comparationis, esto es, una situación jurídica concreta que afecte a un ciudadano o a un grupo de ciudadanos y que sea causa de su situación de discriminación o de desigualdad[52], criterio que siempre concurre en relación con las al tratarse de grupos discriminados y marginados en base a sus características culturales y/o físicas. Los términos de la comparación pueden estar basados en uno o en algunos de los rasgos identitarios diferenciales a que se refiere el artículo 14 como la nacionalidad, la raza, el sexo o la religión, así como en cualquier otra condición o circunstancia personal lo que permite dar cabida a la adopción de este tipo de medidas en base a otros motivos de discriminación según la doctrina del TC[53] como pueden ser, por ejemplo, las creencias no religiosas o la orientación sexual. También es necesario que el contenido de la disposición legislativa que recoge la acción positiva se adecúe al test de proporcionalidad diseñado por el propio Tribunal, esto es, debe tratarse de «una medida adecuada para la consecución de un fin constitucionalmente legítimo»[54] como lo es, en el caso que ocupa nuestra atención en estos momentos, garantizar y remover los obstáculos que dificultan el pleno disfrute de los derechos individuales y colectivos de los miembros de los grupos minoritarios. El reconocimiento de este estatuto jurídico propio de cada tipo de minoría no debe entenderse como el reconocimiento de un régimen jurídico especial a su favor. Más bien todo lo contrario. La finalidad que persigue el mismo en el marco constitucional en vigor consiste en garantizar el pleno disfrute de los mismos derechos y libertades en condiciones de igualdad reales y efectivas que el resto de la población en base, eso sí, a sus características culturales o físicas identitarias diferenciales[55].
El derecho a vivir conforme a esos rasgos constituye el segundo de los referentes constitucionales que informa el estatuto jurídico de este tipo de agrupaciones humanas en el ordenamiento jurídico español, esto es, el derecho a la diferencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del PIDCP podemos definirlo como el derecho que corresponde a los miembros de las minorías «a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma». Este precepto se refiere en sentido estricto al derecho a la diferencia de las minorías culturales y ha sido desarrollado en el marco de Naciones Unidas en estrecha relación con los derechos de los pueblos indígenas allá donde existieran[56]. Pero sirve de base legal para que podemos definirlo en sentido amplio en relación con todo tipo de minorías como «el derecho a vivir, a profesar y a practicar sus propias señas y/o rasgos identitarios o a no hacerlo en base a su autonomía personal». Así entendido, ya en la década de los años 70 del pasado siglo Stuart Mill había configurado el derecho a la diferencia como una manifestación especifica del más amplio sentido de libertad de los individuos comprensiva de la libertad de conciencia y/o pensamiento sobre todas las materias y la libertad para actuar en nuestra vida conforme a nuestras propias características[57], siendo además necesario reconocer a las personas diferentes sus derechos diferenciales para que pueda tener su pleno desenvolvimiento espiritual.
La autodeterminación consciente y responsable del individuo comprende su libertad para vivir conforme a las características culturales y/o físicas diferenciales que son percibidas por quien las posee como una parte esencial de su identidad personal a través de la propia conciencia[58]. La conciencia es uno de los 5 grandes factores o atributos esenciales de la personalidad del ser humano según el modelo teórico de Tupes y Christal[59] y que forma parte integrante de la más genérica ideológica o cosmovisión del mundo de cada individuo y se encuentra tutelada jurídicamente hablando, como veremos con mayor profundidad a continuación, por la libertad de conciencia. Bajo esta perspectiva, el reconocimiento positivo de los derechos diferenciales encuentra su amparo en nuestro ordenamiento constitucional como una manifestación específica de esta libertad[60] que es, a su vez, una de las concreciones de la libertad ideológica y religiosa reconocida en el artículo 16 CE según la doctrina del TC[61].
Finalmente, en plena Era Digital el desarrollo de las tecnologías de la sociedad de la información y del conocimiento que dan soporte al ciberespacio ha servido de cauce para visibilizar a algunas clases de minorías latentes en las sociedades contemporáneas como tanto culturales como sexuales o de género. Desde su eclosión a nivel global a finales del pasado siglo, algunos de sus miembros utilizaron las comunidades virtuales como un espacio de libertad donde, a escala mundial, se podían construir formas alternativas de vida. Se trata de la tercera capa del que Castells denominó en su momento la dimensión cultural de internet[62] o Cibercultura en la nomenclatura que emplea Levy para referirse a la cultura propia del ciberespacio[63]. Los entornos virtuales estimulan la capacidad cognitiva del ser humano de relacionarse con los demás, de conocer mejor a los otros y de que los otros nos conozcan mejor reforzando, al mismo tiempo, las capacidades individuales de comunicación social con los demás[64], de participación activa y creativa en la vida política, económica, social y cultural[65] y de formación de sus propias ideas, opiniones y creencias acerca los demás y el mundo que le rodea gracias al acceso a un número casi ilimitado de informaciones, conocimientos y experiencias, tanto propias como ajenas[66]. También permiten crear identidades digitales generadas, entre otros aspectos, los rasgos identitarios diferenciales propios de estos colectivos minoritarios latentes en la web, cuya imagen creada por ellos mismos en base a sus características culturales o de género es lo que les permite, a su vez, que pueden ser reconocidos por los demás –tanto online como en el mundo real– como miembros de la minoría de que se trate[67].
La utilización de las tecnologías propias del ciberespacio para visualizar y promover la defensa de las señas de identidad diferenciadas por parte de estos colectivos desfavorecidos se encuentra supeditada a que puedan disfrutar con plenitud de su derecho de acceso a este tipo de entornos virtuales. Aunque la Constitución no lo reconoce expresamente como un derecho fundamental, hace años que vengo defendiendo que su ejercicio puede quedar amparado como una manifestación específica de sus libertades de expresión y de conciencia[68] como veremos a continuación más detalladamente. Junto a este derecho, el Preámbulo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales[69] (en adelante LOPD), pone de manifiesto que los constituyentes de 1978 ya intuyeron el enorme impacto que iban a tener los avances tecnológicos ya no solo en nuestro modelo de sociedad, sino sobre todo en el ejercicio de los derechos fundamentales.
Por este motivo, decidieron incluir en el artículo 18.4 CE el mandato impuesto al legislador de limitar el uso de las tecnologías informáticas para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y, en general, el pleno ejercicio de los demás derechos fundamentales y libertades públicas. Según la doctrina del TC, este precepto consagra un derecho fundamental que excede del ámbito de la intimidad, la libertad informática que define como el derecho a disponer de los mismos datos insertos en un programa informático[70] y que comprende «la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular»[71]. Por influencia del Derecho de la Unión Europea –más concretamente de la Directiva 95/46/CE[72] que fue derogada por obra del Reglamento (UE) 2016/679[73]– el TC configuró esta libertad como un derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal que habían sido mecanizados mediante programas informáticos[74], elevándolo muy tempranamente a la categoría dogmática de garantía constitucional del pleno disfrute de los derechos fundamentales frente a los usos ilegítimos que pudieran padecer a corto o medio plazo las personas a través de las tecnologías informáticas[75]. Cuestión de suma importancia, para poder reglamentar un marco jurídico adecuado de protección a los miembros de las minorías por sus rasgos identitarios culturales o de género, ante los ataques xenófobos que pueden padecer y que, desgraciadamente, están sufriendo en el ciberespacio por estos motivos en plena Era Digital[76].
La transformación social que se ha producido en España como consecuencia de la proliferación de nuevos y viejos colectivos minoritarios en nuestro territorio ha dado lugar a una ampliación del concepto de pluralismo que, como he afirmado, actualmente debe ser interpretado en sentido inclusivo de todo tipo de minorías tanto culturales como sexuales o de género. Me refiero, en suma, a un modelo de organización social basado en la convivencia pacífica de grupos o comunidades culturalmente diferentes en un espacio geopolítico con la singularidad añadida de que ningún colectivo tiene porqué perder sus propias señas de identidad. Jurídicamente hablando, aunque la Constitución no contempla esta idea de pluralismo como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico en vigor, en la medida en que es una manifestación de la voluntad política y social por la homogenización de los derechos de los ciudadanos, por encima de sus diferencias culturales o de género, podemos afirmar que se trata de la formulación en clave moderna del pluralismo político que se encuentra reconocido en el artículo 1.1 CE como uno de los valores superiores del Estado social y democrático de Derecho[77].
Según la doctrina del TC la realización efectiva de este principio –y en general de todos los enunciados en este precepto– hunde sus raíces en la libertad de conciencia que como ya he enunciado ampara, entre otras manifestaciones, el derecho a la diferencia en tanto en cuanto expresión del libre desarrollo de la personalidad de los miembros de las minorías. En términos del propio Tribunal: «hay que tener presente que sin la libertad ideológica consagrada en el artículo 16.1 de la Constitución, no serían posibles los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico que se propugnan en el artículo 1.1 de la misma para constituir el Estado social y democrático de derecho que en dicho precepto se instaura. Para que la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político sean una realidad efectiva y no la enunciación teórica de unos principios ideales, es preciso que a la hora de regular conductas y, por tanto, de enjuiciarlas, se respeten aquellos valores superiores sin los cuales no se puede desarrollar el régimen democrático que nos hemos dado en la Constitución de 1978»[78].
El respeto a este principio comporta que el Estado debe ser neutral ante el crisol de identidades diferenciadas que conforma la realidad social española contemporánea. La acción legislativa no pueden ser expresión de una identidad cultural y/o una ideología de genero concretas que puedan imponerse sobre las demás que coexisten en el territorio nacional por el mero hecho de ser la mayoritaria, sino que debe ser expresión de una cultura global y universal, como forma de vida individual y comunitariamente valiosa. La acción de las instancias públicas debe ser fruto de un contrato social que proteja y defienda de toda fuerza común y discriminatoria a cada ciudadano gracias al cual cada uno pueda desarrollarse con plenitud en base a sus rasgos identidad personal, en unión con todos los demás que forman parte del mismo grupo minoritario[79]. El pacto social debe informar el sentido de estas decisiones para que su contenido sirva para ofrecer una respuesta lícita y legítima a las demandas culturales o de género de los miembros de las minorías y servir, al mismo tiempo, como criterio hermenéutico que permita enjuiciar la legitimidad de las prácticas diferenciadas de estos colectivos dentro de los límites impuestos por la legalidad constitucional vigente[80].
Ahora bien, el hecho de que el Estado deba ser neutral ante el crisol de culturas e ideologías de género que coexisten en la sociedad no significa que sea indiferente ante las situaciones de discriminación a las que pueden verse sometidas estas minorías frente a la cultura predominante o mayoritaria. Todas las medidas y acciones legislativas que se adopten en relación con las características culturales o de género de los ciudadanos en el marco de un Estado Social y de Derecho implican inevitablemente el reconocimiento y la promoción de las necesidades singulares propias de estos grupos, rompiéndose de este modo esta neutralidad[81]. Cuando un colectivo minoritario se encuentre inmerso en una situación de exclusión social, la realización efectiva del principio de pluralismo comporta que los poderes públicos deberán poner fin a la misma mediante la adopción políticas de signo positivo o favorable, cuya finalidad esencial consista en garantizar el pleno disfrute de los derechos fundamentales de los miembros de estos grupos[82]. Todo ello por imperativo del artículo 9.2 CE que impone a las instancias públicas «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». El cumplimiento de este mandato por parte de las mismas en relación con el conjunto de los derechos individuales y colectivos en que se concreta el estatuto jurídico de las minorías es una exigencia derivada del debido respeto al valor superior del pluralismo como enunciado constitucional jurídicamente vinculante[83] en un sustrato social cada vez más rica en términos de diversidad cultural y sexual o de género.
El principio de igualdad se encuentra enunciado en el artículo 1 CE como uno de los valores superiores del orden constitucional en vigor y en el artículo 14 como principio que informa el pleno disfrute de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. En relación con el estatuto jurídico de las minorías en nuestro orden constitucional, este principio exige el tratamiento común e igualitario de todos los ciudadanos independientemente de sus características físicas o culturales, en todos los ámbitos donde se proyecta desde el punto de vista material aquella libertad[84]. Todas ellas constituyen rasgos inherentes a la esencia de la dignidad humana como cualidades del ser humano que lo individualizan para diferenciarse de los demás y que, por ello precisamente, deben ser tratados por la ley de un modo igual sin que deban producirse discriminaciones por motivos de «raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» como predica expresamente el artículo 14 CE[85]. En este sentido, cuando afirmamos «que dos sujetos merecen el mismo trato supone valorar una característica en común como relevante a efectos de cierta regulación haciendo abstracción tanto de los rasgos diferenciadores como de los demás ámbitos de la regulación» [86].
La posesión de unas señas de identidad de género o culturales diferenciadas no pueden dar lugar a discriminaciones ante la ley entre quienes se hallan en la misma situación de hecho[87]. En este sentido, el TC ha afirmado que no es posible establecer ningún tipo de discriminación para los ciudadanos por estos motivos y que, además, las actitudes religiosas de los sujetos de derecho no pueden justificar diferencias de trato jurídico[88]. Más bien todo lo contrario. «El derecho de igualdad ante la ley significa que situaciones o supuestos de hecho iguales los ciudadanos tienen derecho a ser tratados por la ley de un modo igual, lo que entraña la interdicción de establecer diferenciaciones que sean arbitrarias, que estén faltas de justificación o que sean desproporcionadas en los supuestos de hecho o en las consecuencias jurídicas»[89]. Pues, en estos casos, no existe una justificación objetiva, razonable y proporcionada al fin perseguido que legitime un tratamiento jurídico diferenciado a supuestos de hecho en los que exista una identidad sustancial en los términos de la comparación[90]. «A lo que cabe agregar que también es necesario… para que la diferencia de trato sea constitucionalmente lícita, que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal diferenciación sean proporcionadas a la finalidad perseguida por el legislador, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos. Exigiendo el principio de igualdad, por tanto, no solo que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada»[91], «sino también que supere un juicio de proporcionalidad en sede constitucional sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad perseguida por el legislador»[92].
El juicio de proporcionalidad es un concepto jurídico indeterminado. cuyo análisis permite un amplio margen de apreciación que debe ser llevado a cabo desde la perspectiva del «derecho fundamental y del bien jurídico que ha venido a limitar su ejercicio, por ser las medidas adoptadas desproporcionadas para la defensa del bien que da origen a la restricción»[93]. En el caso concreto de las minorías, el derecho fundamental afectado sería el de igualdad en y ante la aplicación de la ley, cuyo ejercicio quedaría restringido en aras a garantizar el pleno disfrute de los derechos diferenciales de los miembros de estos colectivos que sería el bien jurídico protegido por todas las medidas limitativas de aquel derecho adoptadas para el cumplimiento de este fin[94]. Este «test de proporcionalidad»[95] debe ser ponderado por las instancias públicas «a la luz de las circunstancias concurrentes en el momento de su adopción»[96], en base a tres subprincipios que se encuentran íntimamente relacionados entre sí: la idoneidad de la medida, su necesidad y el debido equilibrio entre el sacrificio sufrido por el derecho fundamental limitado y la ventaja que se obtendrá del mismo[97] o juicio de proporcionalidad en sentido estricto[98].
– El principio de idoneidad excluye la adopción de todas aquellas acciones o medidas que no se adecuen al cumplimiento del fin para el que han sido adoptadas[99], en nuestro caso garantizar y en su caso promover los derechos diferenciales de las miembros de las minorías que se encuentran de facto o de iure discriminados como ha confirmado el TC[100]. Desde la perspectiva del fundamental a la igualdad no serían idóneas todas aquellas medidas adoptadas a favor de colectividades culturales o de género que ostentan una situación de poder o dominante[101].
– El principio de necesidad requiere según el Tribunal que la medida que vaya a ser adoptada a favor de una minoría determinada «resulte necesaria o imprescindible»[102] para el cumplimiento de aquel fin. En nuestro caso, la necesidad de adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar y, en su caso, promover el pleno disfrute de los derechos y de las libertades diferenciales de los miembros de estos grupos[103] que se encuentran discriminados por razón de sus características culturales o de género diferenciadas[104]. Como advierte Llamazares Fernández, la consecución de este bien de interés general por parte de las instancias públicas exigirá tensionar el principio de igualdad o, incluso, forzar la acomodación razonable de la norma[105] a las exigencias derivadas del debido respeto de los derechos diferenciales específicos de estas clases de minorías[106].
– Y el juicio de ponderación en sentido estricto que consiste en que el fin perseguido no pueda ser realizado mediante «otras medidas menos gravosas que, sin imponer sacrificio alguno de derechos fundamentales o con un sacrificio menor, sean igualmente aptas para dicho fin»[107] y de la «que se deriven de su aplicación más beneficios o ventajas para el interés general» [108]. La evaluación requiere también ponderar «el grado de eficacia de la medida alternativa en punto a la satisfacción del fin perseguido por la disposición impugnada, que debe ser al menos semejante al que se deriva de esta última. Solo en tal caso la adopción de la medida menos restrictiva vendría constitucionalmente exigida por los principios constitucionales que resultan afectados»[109] como es, en nuestro caso, garantizar el pleno disfrute de los derechos diferenciales de los miembros de las minorías en tanto en cuanto manifestación especifica del derecho fundamental de la libertad de conciencia[110].
La concurrencia de todos los elementos constitutivos del test de proporcionalidad dota de legitimidad constitucional a todas las acciones diferenciadas o de discriminación positiva[111] que adopten los poderes públicos a favor de los miembros de las minorías en cumplimiento de esta exigencia derivada del valor superior del pluralismo que hunde sus raíces en el mandato consagrado en el artículo 9.2 CE según la doctrina del TC[112]. Las anteriores consideraciones son de suma importancia como señala Suárez Pertierra para el margen de apreciación de que dispone el legislador estatal para hacer frente a la gestión pública de la diversidad sexual o de género y cultural latente en la sociedad española contemporánea a la vista del principio de igualdad[113]. Igualdad que también alcanza a los sujetos colectivos que, como veremos a continuación, también son titulares de la libertad de conciencia entre los que se encuentran las minorías sexuales o de género y las minorías culturales. Por presión del principio de igualdad material, todas ellas deben ser reguladas en nuestro orden constitucional en base a un estatuto jurídico común de carácter especial constituido por todos sus derechos individuales y colectivos diferenciales en una sociedad plural desde las perspectivas culturales y de género[114]. El contenido esencial de dicho estatuto común a todas las clases de minorías derivado de este principio constitucional ha sido concretado por el legislador estatal en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación[115] (en adelante Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación) que, como ha puesto de manifiesto el TC, e es una proyección del carácter transversal del principio de igualdad de trato y de oportunidades como un principio informador de nuestro ordenamiento jurídico[116]. Y por este motivo va a ser analizada a continuación en este estudio dentro de los presupuestos constitucionales del régimen jurídico de las minorías culturales y de género que conforman la diversidad de la sociedad española de nuestros días.
El preámbulo de la ley parte del presupuesto de que la evolución que ha tenido lugar en nuestra sociedad desde el punto de vista de la diversidad cultural ha exigido la necesidad de articular una herramienta legal que brinde una respuesta eficaz para abordar los retos que tiene por delante en materia de inclusión, ciudadanía y disfrute de derechos fundamentales por parte de todos los ciudadanos, sin ningún tipo de discriminaciones por de raza, el sexo, la religión u opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. La diversidad cultural y de género que caracteriza a nuestra sociedad contemporánea ha sido consecuencia directa del reconocimiento de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad en la Constitución española de 1978 y, paralelamente, a la eclosión del fenómeno migratorio que ha tenido lugar en España desde finales del pasado siglo[117] lo que ha favorecido el asentamiento y la consolidación de diferentes clases de minorías culturales y de género en nuestro país. Desde la perspectiva de los derechos propios de los miembros de estos colectivos, la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación tiene la vocación de convertirse como se indica expresamente en su Preámbulo en el mínimo común normativo de los miembros de estos colectivos en la medida en que fija las bases fundamentales del derecho antidiscriminatorio del Derecho español y que, como viene advirtiendo la doctrina especializada en la materia desde hace ya algunas años, constituye el sistema básico de protección de las colectividades minoritarias en el orden constitucional en vigor[118].
De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, esta norma persigue como finalidad primordial garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación y respetar la igual dignidad de todas las personas que deben ser garantizado por los poderes públicos mediante un conjunto de medidas destinadas a prevenir, eliminar y, en su caso, corregir toda forma de discriminación que puedan padecer los ciudadanos por cualquier condición o circunstancia social como son las características culturales o de género diferenciadas propias de las colectividades minoritarias. Entre este conjunto de medidas caben destacar las «de acción positiva» que podrán ser adoptadas por las causas contempladas en la propia ley según lo dispuesto en su artículo 33.1. El artículo 7.6 las define como «las diferencias de trato orientadas a prevenir, eliminar y, en su caso, compensar cualquier forma de discriminación o desventaja en su dimensión colectiva o social… razonables y proporcionadas en relación con los medios para su desarrollo y los objetivos que persigan», cuya adopción hunde sus raíces en el artículo 9.2 CE de conformidad con la doctrina del TC a que me he referido con anterioridad. Dentro de los límites impuestos por el debido respeto al test de proporcionalidad, los poderes públicos deben adoptar estas medidas cuando sea razonable y necesario en los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social definidos por la ley, entre los que cabe destacar en relación con la defensa y promoción de los derechos propios de los miembros de las minorías culturales o de género los siguientes[119]:
– En el ámbito de las relaciones laborales por cuenta ajena, el artículo 9 de la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación garantiza que los miembros de los colectivos minoritarios no podrán ser objeto de limitaciones, segregaciones o exclusiones por razón de características culturales o de genero diferenciadas para el acceso al empleo de que se trate ni tampoco en relación con la promoción profesional, la retribución salarial y demás condiciones de trabajo, así como en la suspensión, el despido u otras causas de extinción del contrato de trabajo. Pese a que este precepto fue impugnado ante el TC bajo la consideración que limitaba de forma irracional y desproporcionada a la libertad de contratación de los miembros de estos colectivos por parte de los empleadores por cuenta ajena consagrada en el artículo 38.2 CE, el ha dejado claro que en las relaciones entre particulares, entre las que cabe incluir las relaciones laborales si bien con ciertas matizaciones, no quedan excluidas del ámbito de aplicación del principio de igualdad debiendo las partes respetar tanto el principio constitucional de no discriminación como aquellas normas de las que se derive la necesidad de igualdad de trato como es el caso que ocupa nuestra atención en estos momentos[120]. En aplicación de esta doctrina, el Tribunal defiende que en las relaciones laborales por cuenta ajena, pueda haber diferencias de trato a favor de los miembros de estos colectivos. siempre que obedezcan a criterios razonables y objetivos y se persiga un propósito legítimo respecto del que la diferenciación sea un medio adecuado, necesario y proporcionado que, en el caso concreto, no encubra o permita encubrir una discriminación contraria al artículo 14 CE[121].
– En el ámbito educativo, el artículo 13 de la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación ordena a las autoridades competentes adoptar todas las medidas que sean necesarias para la supresión de estereotipos y garantizarán la ausencia de cualquier forma de discriminación admisión y permanencia en el uso y disfrute de los servicios educativos en base a las señas de identidad propias de los alumnos pertenecientes a las minorías culturales o de género, con absoluta independencia de que la titularidad del centro sea pública o privada. Asimismo, las instancias competentes adoptaran todas las medidas de acción positivas necesarias para prestar la debida atención al alumnado perteneciente a esos colectivos que, por encontrarse en situación desfavorable debido a sus rasgos culturales o de género, presenten necesidades específicas de apoyo educativo o se desvele que el grupo al que pertenecen padece elevados porcentajes más elevados de absentismo o abandono escolar. Y fomentarán la inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas relativas al conocimiento y al respeto de otras culturas e identidades de género minoritarias, contribuyendo a la valoración de sus señas de identidad diferenciadas diferencias culturales, para promover su conocimiento y reducir los estereotipos sociales sobre estos colectivos minoritarios. En estas enseñanzas también incluirán de manera transversal la perspectiva de género que como ha apreciado el TC consiste en «un enfoque metodológico y un criterio hermenéutico transversal» que persigue como finalidad esencial promover la igualdad entre todos independientemente de su identidad de género, como parte esencial de una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos. La integración de esta metodología en el ámbito educativo significa tener en cuenta las singularidades propias de los diferentes géneros en todos los ámbitos de su vida, con el objetivo último de garantizar la igualdad real y efectiva de todos los ciudadanos independientemente de su género. La incorporación de esa perspectiva en el ámbito educativo deriva de la caracterización de España como un Estado Social y Democrático de Derecho y que dicha caracterización, con los valores superiores que lo configuran, representa el fundamento axiológico del orden constitucional en vigor[122].
Los centros educativos que los excluyan del ingreso en los mismos, discriminándolos por razón de sus señas de identidad culturales o de género diferenciadas, no podrán acogerse a ninguna forma de financiación pública. Como ha adscrito el TC, este precepto afecta muy especialmente a los centros educativos que apliquen la educación diferenciada por razón de sexos[123]. Hecha esta precisión, el Tribunal entiende que si bien la Constitución acoge un modelo educativo pluralista, que no prohíbe la educación diferenciada por razón de género, ello no implica que todos los modelos educativos puedan recibir ayudas públicas. La diferencia de trato entre los centros educativos que separen al alumnado por razón de su género, a efectos de poder ser financiados total o parcialmente con fondos públicos, responde a una concepción del sistema educativo que está inspirada en valores constitucionales, en concreto, la promoción por parte de los poderes públicos de las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad de todos los destinatarios de las enseñanzas sean reales y efectivas, y muy especialmente la igualdad efectiva entre hombres y mujeres[124].
– En el ámbito de la sanidad, el artículo 15 de la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación establece que las instancias públicas competentes garantizarán la ausencia de cualquier forma de discriminación en base a las características culturales o de género propias de los colectivos minoritarios en el acceso a los servicios o a las prestaciones sanitarias. Los miembros de estos colectivos no podrán ser excluido de un tratamiento o de un protocolo de actuación sanitaria por encontrarse en situación de sinhogarismo, por razón de su identidad cultural o sexual o por razones de género, salvo que en el caso concreto existan razones médicas debidamente acreditadas así lo justifiquen. Junto a estas medidas, el citado precepto ordena a las administraciones sanitarias competentes la adopción de medidas de acción positiva destinadas a aquellas minorías culturales o de género que presenten necesidades sanitarias específicas a favor de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI, a las minorías étnicas entre otros y, en general, de los miembros de los grupos en riesgo de exclusión social, en orden a asegurar el acceso efectivo a los servicios sanitarios de acuerdo con sus necesidades específicas.
Igualmente, estas medidas pondrán especial énfasis en relación con las necesidades específicas de las mujeres en materia de salud como sucede, entre otras, con su salud sexual y reproductiva. En relación con este particular, el TC ha reconocido que las mujeres tienen pleno derecho a decidir sobre su propia salud sexual y reproductiva teniendo derecho, a tal efecto, recibir servicios de atención médica de calidad en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto que, además, deberán ser prestados garantizando el pleno disfrute de sus derechos humanos, inclusive sus derechos a la autonomía, intimidad, confidencialidad, consentimiento y a la libre elección de las opciones clínicas disponibles en base s sus propias necesidades asistenciales[125]. Y por lo que se refiere a las decisiones que adopten en relación con su salud reproductiva, el Tribunal ha dejado fuera de dudas que constituyen una manifestación especifica de su derecho a decidir de manera libre y responsable sobre su propio cuerpo y proyecto de vida que configura como parte del contenido esencial del su derecho fundamental a la integridad física y moral consagrado en el artículo 15 CE, en estrecha conexión con su dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad como principios rectores del orden político y la paz social[126].
– En el ámbito de la comunicación y de acceso a las tecnologías propias del ciberespacio, el artículo 22 de la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación prevé que los medios de comunicación social evitaran toda forma de discriminación de los miembros de las minorías culturales, de las sexuales y de las constituidas por razones de género; en el tratamiento y en el acceso a la información, en sus contenidos y en su programación. Asimismo, los poderes públicos competentes promoverán la adopción de acuerdos de autorregulación de los medios de comunicación social y de los servicios que se prestan a través de las tecnologías propias del ciberespacio, para promover la difusión de una imagen no estereotipada de los miembros de estas colectividades desfavorecidas instándolas, además, a que eviten difundir contenidos y mensajes que atenten contra el derecho a la igualdad en este ámbito. Junto a estas medidas, el artículo 23 de la ley se refiere específicamente a las medidas que deben ser adoptadas por los poderes públicos para prevenir cualquier forma de discriminación de los miembros de estas colectividades en relación con el uso de la tecnología de la Inteligencia Artificial (en adelante IA). En concreto, las administraciones públicas promoverán el uso de una Inteligencia Artificial ética, confiable y respetuosa con los derechos fundamentales en general, y con los propios de los miembros de este tipo de colectividades en particular. También garantizaran que los algoritmos utilizados en los sistemas de IA tengan en cuenta criterios de minimización de sesgos que sean potencialmente discriminatorios, siempre que sea posible técnicamente.
La adopción de estas medidas de acción positiva contempladas en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación a favor de los miembros de las diferentes clases de minorías culturales, sexuales y las constituidas por razones de género, persiguen como fin primordial garantizar y, en su caso, promover el pleno por todos sus derechos individuales y colectivos diferenciales como manifestaciones específicas de aquella libertad en una sociedad plural desde las perspectivas culturales y de género[127]. en tanto en cuanto manifestaciones específicas de su libertad de conciencia consagrada implícitamente en el artículo 16 CE.
La conciencia humana es uno de los cinco atributos esenciales de la personalidad del ser humano[128] y puede ser definida como la «capacidad o facultad para percibir la propia identidad personal como radical libertad, en lo que cada uno es similar y distinto de «lo otro» y de «los otros» (vivencia de lo común y de lo singular), de sus posibilidades y de sus límites, sintiéndose sujeto único al que han de referirse todos los cambios, trasformaciones y acciones, dando así unidad a la propia historia (de lo que hace, de lo que le hacen y de lo que le acontece)»[129]. Así entendida, este atributo espiritual es la fuente de criterios para valorar las conductas del sujeto, tanto de cara a sí mismo como en relación con «lo otro» y con «los otros», viene necesariamente predeterminada por la percepción de la propia identidad como de la propia historia personal, de lo que puede ser y de lo que debe ser. Es esa percepción lo que le dicta al sujeto lo que debe hacer o no hacer, lo que es correcto y lo que no lo es para que cada persona pueda desarrollar con plenitud su personalidad dentro de sus propios límites[130].
La conciencia es expresión de las convicciones, creencias, ideas, opiniones, rasgos culturales o físicas que constituyen el núcleo duro de la identidad personal[131] que también está integrada por aquellas creencias o características diferenciales compartidas por todos los miembros de un determinado colectivo –en nuestro caso las minorías– y que constituyen además factores de cohesión del grupo[132]. Los individuos unidos por vínculos de convicciones, étnicos, naciones, lingüísticos o de cualquier otra índole[133] son quienes han creado un aspecto físico unitario, una comunidad de sangre que se denomina raza secundaria o cultural[134]. Una agrupación humana que es producto de la historia y que se ha ido forjando en base a sus mitos y memorias, a sus valores y símbolos representativos de la identidad cultural de la colectividad que dota de legitimidad política al propio Estado[135].
La conciencia de pertenecer a la colectividad constituye lo que Contreras Mazarío califica como voluntad consciente del individuo de su pertenencia a una minoría determinada[136] que es el factor determinante de que el colectivo minoritario sea percibida por el sujeto se erija como el contexto idóneo para que pueda desarrollarse libremente en base a sus características culturales o de genero diferenciados[137]. La minoría aparece dotada de una identidad propia que comprende los rasgos comunes a todos sus miembros y que es la que la identifica como tal minoría frente a las demás colectividades que coexisten en la sociedad convirtiéndose de este modo en una «nación» para el individuo como consecuencia de su sentimiento de pertenencia al grupo[138]. Identidad colectiva que actualmente no solo sirve para individualizar a los colectivos social o jurídicamente desfavorecidos por motivos de sus rasgos culturales diferenciados[139]; sino que actualmente también es predicable de las agrupaciones formadas por quienes están unidos por otros rasgos identitarios como el género[140]. Dentro de esta categoría debemos incluir a los colectivos minoritarios feministas, homosexuales, transexuales, transgéneros o de genero indeterminado[141] siempre que sus miembros mantengan un sentido de solidaridad, aunque sea implícito, de mantener y de preservar sus señas de identidad diferenciadas[142].
La autodeterminación personal conforme a los rasgos identitarios culturales o de genero hunde sus raíces en la dignidad humana[143] conceptualizada como el atributo inherente a la persona que se manifiesta principalmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida[144]. Constituye un valor espiritual, incondicional y absoluto inherente a la propia condición racional de la persona, lo que implica que lo poseen todas las personas con independencia de su condición social, que no es cuantificable ni cualitativa ni cuantitativamente[145]. Esta doble caracterización da lugar a lo que ha sido calificado por la doctrina como la «autonomía» de la dignidad que implica que la persona es digna de respeto en todo momento, incluso en aquellos supuestos en los que ha decaído en su vida moral[146].
La dignidad humana se apoya en dos pilares fundamentales la conciencia y la libertad como máximas inexorables del libre desarrollo de la personalidad. La conciencia y la dignidad son, en consecuencia, auténticos legisladores morales de las pautas de comportamiento de la persona en base a sus características culturales o de genero diferenciadas[147] y esta idea de coherencia es la que, a su vez, determina que la dignidad y la conciencia personales se comuniquen mutuamente en la pretensión de cada persona en particular de respetarse a sí mismo y de ser respetado por los demás[148]. En sentido similar, el TC ha afirmado en la que «la dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás»[149]. Esa percepción por el sujeto de sí mismo como yo referencial de cuanto hace, de cuento le hacen y de cuanto acontece es un fenómeno interno no controlable por el Derecho, pero deja de ser en el preciso instante en que se exterioriza, voluntaria o involuntariamente, que es jurídicamente relevante, así como la coherencia o incoherencia entre convicción interna y conducta externa a través de la norma de conciencia[150] que son las pautas de conducta adoptadas en ejercicio de la libertad personal según la doctrina del TC[151].
La conciencia se convierte así ya no solo en el imperativo moral que preside nuestra forma de actuar en base a nuestras propias convicciones y/o señas de identidad culturalmente o de genero diferenciadas, sino que trasciende, a su vez, de este plano moral para pasar a convertirse en una norma convencional reguladora de la convivencia en una sociedad plural desde las perspectivas cultural y de género[152] para lo cual es necesario que los ciudadanos desarrollen unos estándares mínimos de inteligencia cultural, sexual o de género. Consiste en la capacidad individual para entenderse eficazmente con personas de culturas diferentes[153], para suspender o cambiar algunas modalidades culturales adquiridas y para aprender y acomodar algunas de las nuevas modalidades culturales o de género, encontrando creativamente maneras de gestionar las dinámicas relativas a los papeles Inter grupos diferentes[154]. Este tipo de inteligencia es una más de las inteligencias múltiples que conforman el raciocinio de quienes residen en sociedades plurales según las tesis de Gardner[155] que se va desarrollando a lo largo del devenir vital como uno de los atributos cognitivos de la personalidad[156], a través la propia conciencia[157]. En este sentido, la conciencia constituye el vehículo que permite desarrollar e incorporar la inteligencia intercultural al raciocino humano y el paradigma, por tanto, del dialogo intercultural como fuente de enriquecimiento personal, mutuo y recíproco [158], en todos los entornos de socialización donde tiene lugar el encuentro entre individuos con características culturales o de género diferenciadas.
Ya he dicho anteriormente que pese a que la CE no hace ningún tipo de referencia al derecho a la diferencia como un derecho fundamental de los miembros de las minorías, al ser expresión de su autodeterminación personal conforme a las características culturales o de género en base a los imperativos morales de su propia ciencia, como ya he dicho este derecho se encuentra protegido como una manifestación especial de la libertad de conciencia consagrada implícitamente en el artículo 16.1 CE. La libertad de conciencia puede ser definida siguiendo a Llamazares Fernández como «el derecho que protege las siguientes facultades: 1) a disponer de un espacio de privacidad totalmente sustraído de la invasión de la inoperatividad del derecho, que entraña la libre formación de la conciencia y el libre mantenimiento, abandono, sustitución o modificación de unas u otras convicciones o creencias, unas u otras ideas [y/o unas u otras señas de identidad cultural], en la medida en que estas últimas estén estrechamente unidas a las convicciones, 2) a expresarlas o a silenciarlas, a comportarse de acuerdo con ellas y a no ser obligado a comportarse en contradicción con ellas, así como a compartirlas y a ejercerlas con otros»[159]. En el ordenamiento constitucional en vigor, esta libertad es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que implica que posee una fuerza jurídica indiscutible que posee eficacia jurídica directa de modo que, como afirma Contreras Mazarío, «cualquier disposición, clausula, pacto o decisión» que sea contraria a su contenido esencial «deberá reputarse nula e inexistente»[160].
Los titulares del derecho fundamental de la libertad de conciencia son todos los individuos sin distinción alguna[161], por presión del personalismo y la referencia expresa a la persona humana como fundamento del orden político y la paz social en el artículo 10 CE[162]. Junto a ellos, la dimensión social de la conciencia como atributo esencialidad de la personalidad determina que el ordenamiento también reconozca el disfrute de esta libertad a las colectividades en que se integren los ciudadanos que comparten una misma cosmovisión global del mundo, en la medida en que lo requiera la plena realización de la misma. El sujeto colectivo incorpora, como aprecia Fernández-Coronado, una dimensión institucional de relación con todas las agrupaciones humanas que lleven a cabo actividades que son expresión del fenómeno religioso[163], ideológico y cultural entre los que se encuentran las minorías. El reconocimiento de derechos fundamentales a estos colectivos es instrumental, esto es, solo tiene sentido en tanto en cuanto es necesario para el mejor desarrollo de la persona individual y la plena realización de su derecho de igualdad en la libertad[164].
Cualquiera que sea su vínculo de unión y solidaridad, las minorías tanto culturales como de género son titulares de pleno derecho de la libertad de conciencia, al tener una serie de pretensiones que se concretan en sus derechos diferenciales que arrancan de su derecho a la propia identidad[165] que son expresión de la propia conciencia personal. Insisto, uno de estos atributos integrantes de esta dimensión espiritual de la identidad consiste la voluntad consciente del individuo de su pertenencia a una minoría determinada. Este sentimiento es el que determina que el colectivo minoritario se erija como el contexto idóneo para que pueda tener lugar el libre desarrollo de la personalidad de cada uno de los miembros que lo integran y, por este motivo, la dignidad humana adquiere una dimensión social o colectiva que se proyecta sobre la propia minoría como tal. Así, la minoría aparece dotada de una identidad propia que comprende los rasgos comunes a todos sus miembros, y que es la que la identifica como tal colectivo frente a las demás colectividades que coexisten en una sociedad plural desde el punto de vista cultural o de género. Esta dimensión social o colectiva de la dignidad humana implica que el debido respeto a la identidad personal de los miembros de una minoría requiere, con carácter instrumental, la salvaguarda de los elementos constitutivos de la identidad colectiva del grupo al que pertenecen mediante el reconocimiento de sus derechos diferenciales como ciudadanos[166].
En el ordenamiento jurídico español, aunque la Constitución no contenga ningún precepto que recoja los elementos mínimos e indispensables de un futuro y potencial estatuto jurídico de las diversas clases de minorías culturales, sexuales y las constituidas por razones de género; esto no debe traducirse como una falta de sensibilidad implícita hacia los fenómenos de pluralismo y diversidad en cualquiera de los ámbitos antes señalados. El reconocimiento formal de estos grupos hunde sus raíces en el propio Texto constitucional, cuya lectura transversal nos permite afirmar que ha articulado un modelo de acomodación de la diversidad cultural y de género, como exigencia derivada del debido respeto de la libertad de conciencia de los sujetos que los integran e, instrumentalmente, de los propios colectivos minoritarios[167]. Línea argumentativa que ha sido confirmada en la jurisprudencia del TC que ha reconocido expresamente que en nuestra sociedad contemporánea existen minorías culturales y de género, refiriéndose expresamente como tal a las lingüísticas[168], a la étnica gitana[169], a los homosexuales[170] y a los transexuales[171]. El Tribunal considera que todos estos colectivos se caracterizan por encontrarse en una «posición de desventaja social y, en esencia, de desigualdad y marginación sustancial» y ante esta situación impone a los poderes públicos el mandato de adoptar todas las medidas que sean necesarias para poner fin a la misma en orden a garantizar el pleno disfrute de sus derechos específicos en condiciones de igualdad reales y efectivas[172]. Entre otras acciones, las instancias públicas deben promover el pleno disfrute de la libertad de conciencia de los miembros de las minorías culturales y de género, en tanto en cuanto garante de su derecho a la salvaguarda de su identidad personal[173], mediante el reconocimiento de un estatuto jurídico común de carácter especial comprensivo de todos aquellos derechos que permitan a sus miembros que puedan desarrollarse con plenitud en la sociedad conforme a sus propias señas de identidad diferenciadas[174]. De este modo, la libertad de conciencia incorpora, como proponen Fernández-Coronado y Suárez Pertierra, «la diversidad como un valor superior y principio conformador de la convivencia»[175].
En la Era Digital, otro de los presupuestos constitucionales del reconocimiento del estatuto jurídico de las minorías es el derecho de acceso al ciberespacio que lo utilizan para defender, promover y visualizar sus características culturales o de género frente a los demás miembros de la sociedad tanto nacional como internacional. Los entornos virtuales se han convertido en un entorno básico de relación social y de conformación de la identidad personal de los ciudadanos en general, y de los miembros de las minorías en particular, forman parte de un solo mundo, de una misma realidad, complementaria a los diferentes contextos físicos donde tiene lugar la autodeterminación conforme a sus rasgos identitarios diferenciados[176]. En este sentido, el Consejo de Estado Francés publicó el Informe «Internet et les réseaux numériques» donde constataba que «Internet et les réseaux numériques, c’est avant tout un nouvel espace d’expression humaine, un espace international qui transcende les frontières, un espace décentralisé qu’aucun opérateur ni aucun État ne maîtrise entièrement, un espace hétérogène où chacun peut agir, s’exprimer et travailler, un espace épris de liberté»[177].
El legislador español de finales del pasado siglo también se hizo eco de esta realidad. En diciembre de 1999 el Senado aprobó el Informe elaborado por la Comisión Especial sobre Redes Informáticas que ponía de manifiesto que «la Red es un espacio de encuentro e intercambio en libertad, sin fronteras ni límites, abierto y universal, en el que se va a desarrollar la sociedad del siglo xxi. Es la plaza pública –el ágora– de la comunidad global»[178]. Los profundos cambios que ha generado internet en las estructuras sociales contemporáneas de nuestros días[179] han dado lugar a «un reforzamiento de los valores cívicos y nuevas formas de ejercicio de los derechos y pueden contribuir a un reforzamiento del tejido participativo de las sociedades democráticas»[180]. Por ello precisamente, ya por aquel entonces la comisión fue pionera al configurar el derecho de acceso al ciberespacio como uno de los derechos básicos de los ciudadanos por esta comisión[181]. Aunque este derecho de nueva generación no se encuentra consagrado expresamente entre el elenco de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos consagrados en la CE, la doctrina española defiende que el derecho de acceso a las Red es una manifestación nueva de las libertades de expresión y el derecho a la información consagrados en el artículo 20.1 del TC[182]. Y, en este sentido, resulta indudable que actualmente el acceso a internet es una exigencia básica para que los ciudadanos puedan emitir juicios de valor sobre una determinada cuestión y recibir información sobre hechos de transcendencia pública a tiempo real[183] integrándose, por ello precisamente, en el objeto material de protección de ambos derechos fundamentales respectivamente[184]. Ahora bien, no se puede olvidar que los entornos virtuales también son medios de comunicación social que permiten a los miembros de las minorías difundir sus características culturales o de género diferenciadas, transmitir sus ideas, opiniones y creencias o recibir información acerca hechos sensibles para la conciencia de los ciudadanos[185]. Bajo esta perspectiva, la configuración del derecho de acceso al ciberespacio como derecho fundamental también hunde sus raíces en la libertad de conciencia y más cuando constituye, junto a la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, el fundamento del reconocimiento constitucional de la libertad de expresión y del derecho a la información según la doctrina del TC[186].
El acceso y la utilización de los servicios que ofrece actualmente el ciberespacio estimulan la capacidad de relacionarnos con los demás, de conocer mejor a los otros y de que los otros nos conozcan mejor. La utilización de las tecnologías de la sociedad web refuerza las capacidades individuales de comunicación social con los demás, de participación activa y creativa en la vida política, económica, social y cultural[187] y de formación de sus propias ideas, opiniones y creencias acerca los demás y el mundo que le rodea gracias al acceso a un número casi ilimitado de informaciones, conocimientos y experiencias, tanto propias como ajenas[188]. «Facilita, en último extremo, la existencia del pluralismo democrático en cuanto concreto imprescindible para la efectiva realización de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad»[189].
La configuración del derecho de acceso al ciberespacio como una manifestación especifica de la libertad de conciencia implica, en primer orden de ideas, que los poderes públicos competentes deberían remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en general, y de los miembros de las minorías culturales o de género en particular, en la vida política, económica, cultural y social del país[190] a través de su libre acceso al ciberespacio. Más cuando, como ha puesto de manifiesto el TC, la libertad ideológica o de conciencia posee «una dimensión externa… que se traduce en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción… de aquellas actividades que constituyan manifestaciones o expresiones del fenómeno [cultural o LGTBIQ+]… de las que se exige a los poderes públicos una actitud positiva»[191]. También comporta, en segundo lugar, como ya había constatado la Comisión Especial sobre Redes Informáticas que «todas las personas tienen el derecho fundamental de acceder libremente a la Red, sin discriminación de sexo, condición, características físico-psíquicas, edad o lugar de residencia[192]. Y en el caso concreto de aquellos colectivos minoritarios que aún hoy en día se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad –como acontece muy especialmente con algunas minorías sexuales y con las constituidas por razones de género– el ciberespacio proporciona la base material que les permite movilizarse con plena libertad en y para la construcción de un nuevo sustrato social incluso de este tipo de diferencias[193]. Si se impusieran restricciones injustificadas a este entorno, en detrimento de algunos ciudadanos o de uno o algunos colectivos determinados como son los miembros de las minorías culturales o de género que navegan en el ciberespacio para defender y promover sus rasgos identitarios diferenciales, se produciría un menoscabo de su derecho a participar activamente conforme en la vida social, política y cultural del país[194].
Junto al derecho de acceso al ciberespacio, otro de los presupuestos constitucionales de la protección jurídica de los miembros de las minorías culturales o de género en la Era Digital es su derecho a la protección de datos de carácter personal. Según el tribunal, cuando un usuario navega por internet, «participa en foros de conversación o redes sociales, descarga archivos o documentos, realiza operaciones de comercio electrónico, forma parte de grupos de noticias, entre otras posibilidades, está revelando datos acerca de su personalidad, que pueden afectar al núcleo más profundo de su intimidad por referirse a ideologías, creencias religiosas, aficiones personales, información sobre la salud, orientaciones sexuales, etc»[195]. Y por este motivo, el tribunal ha configurado el derecho a la protección de datos como un derecho fundamental y autónomo con respecto a los demás derechos consagrados en el artículo 18 CE[196], «frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona proveniente de un uso ilegitimo del tratamiento mecanizado de datos»[197]. Ahora bien, el objeto de este derecho no se reduce solo a proteger «los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto no es solo la intimidad individual… los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo»[198].
Cuando se trata del tratamiento de datos en el ciberespacio, el TC identifica este derecho con la libertad informática[199], cuyo contenido esencial no se agota solo en un derecho de defensa –de signo negativo– frente a las intromisiones ilegitimas que afecten a este ámbito de la esfera privada de los miembros de las minorías culturales o de género, sino que también comprende un derecho de disposición –de signo positivo– sobre el flujo de informaciones que afecten a los rasgos identitarios diferenciales de cada uno de ellos[200]. En palabras del propio Tribunal, esta faceta positiva del derecho se concreta en los poderes de disposición y de control sobre estos datos personales «que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y uso»[201].
Como una manifestación especifica del poder de control sobre los datos personales, el contenido esencial de este derecho fundamental también comprende el denominado «derecho al olvido» que se encuentra regulado en el artículo 15 de la LOPD, y que según la doctrina del TC –basándose a su vez en lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679– se concreta en el derecho de los miembros de las minorías a obtener la supresión de los datos relativos a sus características culturales o de género diferenciadas que han sido tratadas por terceros cuando: 1) Ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados; 2) Se retire el consentimiento en que se basó el tratamiento; 3) La persona interesada se oponga al tratamiento; 4) Los datos hayan sido tratados de forma ilícita; 5) Se deba dar cumplimiento a una obligación legal de conformidad con lo dispuesto en el Derecho español vigente; y 6) Los datos se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios propios del ciberespacio[202]. Si bien, el ejercicio efectivo de este derecho podrá ser limitado por medio de la ley, siempre que exista un fin de interés general, y los requisitos y el alcance de la restricción del ejercicio de este derecho fundamental por parte de los miembros de las minorías culturales o de género estén definidos por la ley y cumplan con los tres niveles del test de proporcionalidad[203].
Aunque la Constitución de 1978 no mencione expresamente a las minorías, su espíritu –basado en la dignidad de la persona, la igualdad, el pluralismo y la libertad de conciencia– garantiza un marco jurídico y ético que permite su plena protección. Su reconocimiento jurídico en el ordenamiento jurídico español no es una concesión política, sino una exigencia constitucional y democrática, derivada directamente de los valores superiores del Estado social y de derecho. La igualdad no se agota en su dimensión formal, sino que debe realizarse mediante medidas de acción positiva, destinadas a eliminar las desigualdades reales que aún persisten en la sociedad. Por su parte, la libertad de conciencia constituye el fundamento del derecho a la diferencia, entendido como la facultad de cada persona o colectivo para vivir conforme a su identidad cultural, religiosa, lingüística, sexual o de género. Este derecho, ligado intrínsecamente a la dignidad humana, exige que el Estado no solo tolere la diversidad, sino que la promueva activamente. Todo ello en plena Era Digital, donde el pleno disfrute de los llamados derechos digitales –como el derecho de acceso a internet, la protección de datos personales y el derecho al olvido– por parte de los miembros de las minorías es lo que ha convertido al ciberespacio en un nuevo escenario de convivencia, expresión y construcción identitaria. Todo ello nos permite concluir que el reconocimiento jurídico de las minorías constituye un pilar esencial del constitucionalismo español contemporáneo, que busca armonizar la libertad individual con la cohesión social, garantizando una convivencia plural, justa y respetuosa con la diversidad humana. El Derecho español, en consecuencia, debe continuar avanzando hacia un modelo de Estado verdaderamente inclusivo, donde el pluralismo y la igualdad real sean principios efectivos y no meras declaraciones formales.
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