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Nos encontramos, en lo que rodea a la infancia y juventud, con datos preocupantes: aumento de la violencia de menores[2], a veces dirigida contra ellos o sus formadores[3], y ataques sexuales en auge[4], a pesar de la aparente libertad sexual (sin frenos morales y con estímulos oficiales). Un escenario cuyo resumen sería este:
«Las últimas memorias de la Fiscalía General del Estado evidencian que, año a año, los casos de violencia intrafamiliar y de lesiones, en general, provocadas por menores, aumentan, superando en 2024 los 12.500 casos. También que los delitos archivados en 2023 por ser sus presuntos responsables menores de 14 años, y por lo tanto inimputables, crecieron un 45 % respecto a 2022. En cuanto a violencia de género [… se] constata una mayor tolerancia ante la violencia de género por parte de los jóvenes»[5].
Los problemas crecen: desamparo (menos familia y ésta más inestable), autolesiones y suicidios de adolescentes y jóvenes[6].
En cuanto al contexto legal, desde que se celebró el primer Congreso nacional de Homeschooling (2010), hasta ahora (2025), lo describen dos datos. Aquél se inauguró coincidiendo casi con la sentencia del Tribunal Constitucional 133/2010, de 2 de diciembre, que obstaculizaba el homeschooling, y ahora se alcanza el 4.º Congreso Nacional, en la misma sede que el primero, con otra amenaza, la del artículo 226 del Código Penal (abandono de familia[7]), con las penas accesorias del artículo 56[8] (que a su vez se remite al 48[9]). Así lo explica uno de los que sostienen la aplicabilidad de la medida[10]. Ya existen condenas sobre aquella base de algunos padres[11]. Pero, en algún caso, cuando no se observa descuido o desatención de los padres, se absuelve[12]. Esta misma, la absolución, es la postura de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de 30 de octubre de 1994[13].
Aunque exista la tendencia, por los Servicios Sociales y la Inspección de Educación, de equiparar la desescolarización, por motivo de objeción ideológica o pedagógica, con el absentismo escolar y la desescolarización (forma agravada del primero), causada por la marginalidad social, «son situaciones bien distintas que merecen una diferente regulación»[14], y así se reconoce en otros fallos[15].
Es más, la educación en casa estaría llamada a ser «una herramienta educativa válida que podría estar regulada por el Estado democrático actual, para mejorar la oferta y la calidad de la enseñanza y reducir así el absentismo o el abandono escolar» (testimonio de una homeschooler, doctora en pedagogía y madre de 5 hijos a cuya educación atiende personal y directamente)[16].
A pesar de las circunstancias adversas, el interés por el homeschooling no ha disminuido, ni entre las familias que lo siguen[17], ni entre los especialistas que constatan su valor, quizás por un dato que a veces se escamotea: la insatisfacción de la enseñanza reglada[18], por los malos resultados. Entre ellos se pueden mencionar: el abandono, el absentismo (truancy en inglés), el acoso-violencia[19], etc. Así se ha señalado en países que sufren esta última lacra, como Ecuador[20].
En España, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (dependiente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes), en su: Sistema estatal de indicadores de la educación 2025, da, entre otros, los siguientes resultados: «En el curso 2022-23, el porcentaje de alumnado repetidor se situó en el 1,1 % en Educación Primaria y en el 7,0 % en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), lo que representa un descenso respecto al curso anterior, en el que las tasas fueron del 2,1 % y del 7,6 %, respectivamente» (subrayado añadido). «Los porcentajes de repetición de curso son mayores entre los chicos que entre las chicas durante toda la educación obligatoria, produciéndose la mayor diferencia, de 2,9 puntos porcentuales (p.p.), en primero de la ESO».
«En 2024, el porcentaje de abandono temprano de la educación y la formación en España es del 13,0 %, lo que supone respecto al año anterior (13,7 %) una disminución de 0,7 p.p. Destaca especialmente la evolución de este indicador según el sexo: la tasa de abandono entre las mujeres se reduce en 1,3 p.p., frente a una disminución de 0,3 p.p. en el caso de los hombres. A pesar de esta mejora, el abandono temprano sigue siendo significativamente más elevado entre los hombres (15,8 %) que entre las mujeres (10,0 %)» (subrayado añadido)[21].
Con estos datos, es natural volver la mirada hacia otras alternativas tales como la educación en casa o el flexschooling. Este es una experiencia intermedia, entre la escolarización y la educación en casa, con resultados esperanzadores (vgr., escuelas Hollinsclough y la del East Midlands, ambas en Reino Unido)[22].
No es sólo ensayar, es también apostar por la familia y sus capacidades.
La familia sigue apareciendo como el máximo referente en la formación integral de los hijos (Smith[23], Meeker[24]). Por eso, al tiempo que se lamenta su crisis, se la busca[25]. De hecho, es la institución más valorada en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas[26]. Esto no evita que la familia se mire como la rival a batir, por parte de quienes luchan por el cambio social y político[27]. Ha habido en España, desde las reformas del Código Civil de 1981 y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, de 1996, una gradual disminución de los contenidos de la patria potestad[28]. El componente ideológico influye en la oposición creciente a la familia en «el ejercicio de sus funciones naturales, pasando a ser vista como elemento contrario a la libre determinación de los individuos, a su autonomía»[29].
Sin embargo, quizás, en el tiempo de la hipertecnología, la familia tenga mayor relevancia, para guiar al niño con el testimonio y la cercanía, y contribuya así a humanizar el mundo[30]. La familia sería la máxima garante de lo que se ha dado en llamar el derecho a la identidad personal, esto es derecho neurológico moderador de las nuevas tecnologías. Propuesta que ampliaría el actual artículo 6.2 de la Convención sobre los derechos del niño (1989), para que proteja: «su desarrollo normal, incluyendo el derecho a un desarrollo neurocognitivo saludable»[31].
Muestra de la esperanza que el homeschooling suscita es que, un analista, ante el declive del catolicismo en EE.UU.[32], propone, como primera medida de siete, respecto a cómo educamos a nuestros hijos y otros aspectos de la vida eclesial: «Impulsar el homeschooling entre los católicos»[33]. Efectivamente, hay programas completos de Home school católicos[34] y la jerarquía católica ha mostrado especial sensibilidad hacia esta opción de los padres[35].
También los especialistas miran la educación en casa con esperanza, pues «constituye uno de los más interesantes modelos de enseñanza, en una doble vertiente: en primer lugar, la educativa y pedagógica, por cuanto supone una indudable innovación [con resultados brillantes] respecto a las tradicionales formas y procesos de aprendizaje; y, en segundo lugar, desde una perspectiva jurídico-constitucional, ya que supone la confluencia, [… del]: derecho a la educación y la libertad de enseñanza»[36]. Uno de esos sistemas pedagógicos de éxito es el aprendizaje cooperativo que toma su inspiración del modo en que funciona la familia[37]. Por otro lado, la educación en casa se puede considerar la prueba definitiva del grado de libertad de enseñanza vigente en un Ordenamiento.
Las cualidades de la educación en casa que la hacen destacar, como modelo educativo, son para Delgado Ramos[38]: la flexibilidad, la autonomía y la motivación. A ello añadiría:
– La coherencia de todo el programa formativo, en cuanto que, supervisado por los padres, primeros educadores;
– la integralidad (la enseñanza se acompasa a la vida, en toda su riqueza, y armoniza las facultades del niño: inteligencia, voluntad, afectividad, moralidad, etc.)[39];
– la autonomía, pues, por contradictorio que parezca, en el hogar el niño tiene que autogestionarse, desde pequeño, de acuerdo con la distribución de enseñanzas o tareas de las que sabe que, como ocurre en el ámbito laboral, tendrá que dar cuenta por los resultados[40];
– la experiencialidad, frente a un proceso educativo más abstracto, en su concepción y ejecución[41], y
– la onerosidad: la entrega de los padres al futuro de sus hijos es aquí directa y muy intensa[42]. Pero simultáneamente es para ellos un ejercicio enriquecedor y de mucho aprendizaje[43]. En consecuencia, se ha señalado que la educación en casa no es asumible por todas las familias[44]. La supervisión de los Poderes públicos podría evitar que familias con graves desajustes o carencias la emprendan irresponsablemente[45].
En estos aspectos, principalmente en la integralidad, los currículos o planes de estudio oficiales y la labor de los centros homologados dejan mucho que desear.
No compartimos la opinión de que: «La dicotomía hogar/refugio versus escuela/batalla resulta fundamental para fortalecer el carácter, lo que no resulta posible cuando el hogar es la escuela»[46]. Primero, porque no es inusual que las familias homeschooler convivan con otras o que dejen salir a sus hijos a distintos ambientes (precisamente el calendario escolar no es para ellos un obstáculo). Segundo, porque el conflicto apuntado, puede ser disruptivo para el carácter y la formación de la personalidad del niño (especialmente en fases iniciales). A veces, aquella tensión solo se supera gracias al predominio de la familia que compensa los desgarros del colegio.
La carga ideológica o el neutralismo del régimen de la enseñanza reglada empobrece su oferta: crea lagunas (¿dónde queda la espiritualidad, la sed de trascendencia, la formación estética, etc.?). Parece que hoy priman las consignas y el emotivismo (en torno a: el ecologismo, las relaciones humanas –igualitarismo–[47], la paz, la historia, el consumo, etc.)[48], con merma de la autoridad del profesor[49]. Esta tiene su fuente legítima en «ser una persona que, se mire por donde se mire, sabe más y puede hacer más que sus discípulos»[50]. A ello se suma demostrar interés real por el futuro del educando, sin discursos estereotipados.
La Ley 7/2010, de Educación de Castilla-La Mancha (art. 35[51]), añadió al currículo la competencia «emocional», como novedad.
Asimismo, se ahorman las conciencias en lo «políticamente correcto»[52], denominador común del ciudadano, como constructo[53], u «hombre nuevo»[54]. Tal es la tendencia imperante en los dirigentes de la Unión Europea[55], del Consejo de Europa[56] y de España. La impronta se proyecta también fuera de la enseñanza oficial, en un laicismo emergente, con erosión de la autonomía familiar y educativa, como el que inspira la sentencia del TC 26/2024[57].
En este entorno, la formación de los padres se margina por la misma ley[58]. La sentencia del TC 133/2010 los posterga, en la enseñanza básica, con la escolarización obligatoria. Sus palabras reducen su iniciativa educativa, dentro de la escuela, donde los poderes públicos: «siguen siendo destinatarios del deber de tener en cuenta las convicciones religiosas particulares [sabemos que, según el Protocolo 1.º del Convenio, de 1952, «respetar» es algo más que esto], y también fuera de ella porque los padres continúan siendo libres para educar a sus hijos después del horario escolar y durante los fines de semana» (FJ, 8.ºc, subrayado añadido). La conclusión demuestra un desplazamiento real, pero la sentencia protesta «que el derecho de los padres a educar a sus hijos de conformidad con sus convicciones morales y religiosas no resulta completamente desconocido» (ibidem). Este mismo es el planteamiento de Magro Servet[59].
A favor de la educación en casa están también las nuevas tecnologías que, bajo supervisión paterna, hacen accesibles, hasta el último rincón de nuestra geografía, los materiales didácticos más avanzados, en cualquier rama del saber. Por otro lado, el contacto con el mundo se ha visto notablemente enriquecido, con estos medios, en: Biología, idiomas, cultura, Mecánica, Geografía, Anatomía, Medicina, pluralismo social, etc.
Sin embargo, hay corrientes hostiles a la familia y hacia su función educadora, a pesar de lo prescrito por el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos («Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos»). Entre las trabas, hay que sumar propuestas como:
– «Educación para la ciudadanía», con pocos o malos frutos, a pesar de sus objetivos utópicos[60] y el coste social (tensión introducida en la comunidad académica[61]);
– Restricción de la financiación de los centros concertados (reforma de la LOE de diciembre 2020[62]);
– Control de las Universidades privadas[63] y carga ideológica de las públicas[64].
La hostilidad hacia la familia y la disputa sobre su prevalencia educativa, repercuten en el trato dado al homeschooling porque se desalienta o rodea de desconfianza, algo que se constata en la legislación de diferentes países, con frecuencia creciente.
En el conjunto de los países hay posturas legales de todo tipo, pero se le suele dejar un espacio de actuación. Noruega no exige la escolarización, pero sí que se alcance una educación básica que, en estos casos, es supervisada por el ayuntamiento[65]. Otros países permiten la educación en casa, como Dinamarca[66], Lituania (que desde 2019 incluyó, en su Ley del Derecho a la Educación, la educación en casa, artículo 31), Letonia[67] y, en general, los países del Este[68]. Asimismo, es admitido en Italia[69] y Portugal.
Portugal distingue una escolaridad pública, privada y familiar («la enseñanza doméstica») (art. 3.3 del Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de novembro. Aprova o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo). Se parte de la hegemonía de los padres para escoger el proceso educativo y de enseñanza de sus hijos, «en conformidad con sus convicciones». Lo que se simultánea con la obligación del Estado de asegurar la igualdad de oportunidades en el ejercicio de la libre elección, entre diversas opciones educativas y condiciones de enseñanza. La enseñanza doméstica es «aquele que é leccionado, no domicílio de aluno, por um familiar ou por pessoa que com ele habite». Esta opción se ofrece a las familias, previa notificación de los progenitores a las autoridades correspondientes y evaluación de sus hijos a los cuatro, seis y nueve años [«Portaria (orden) n.º 69/2019, de 26 de fevereiro»[70], arts. 8 y 18].
EE.UU. destaca por acoger la educación en casa en todos los estados, a raíz del caso Yoder, 406 U. S., (1972). El Tribunal Supremo estimó la demanda de unos padres pertenecientes a la Old Order Amish que decidieron no enviar a sus hijos al colegio por motivos religiosos, quebrantando con ello la norma estatal de escolarización obligatoria hasta los 16 años. Mas cada estado tiene su régimen[71]. El patrón de conducta de EE.UU. ha influido en países de la América hispana, como Argentina, donde existe la educación en casa, pero sin una regulación clara[72], o Uruguay, según la nueva redacción que la Ley n.º 19.889 ha dado al art. 7 de la Ley General de Educación n.º 18.437, sin mención a la escolarización institucional obligatoria[73].
Admiten la educación en casa Irlanda, con anclaje constitucional[74], e Inglaterra. En Inglaterra los ayuntamientos gestionan la escolarización, con controles y requisitos[75].
También es posible el homeschooling en Francia, mas con restricciones en aumento[76]. El mismo modelo lo encontramos en Bélgica, donde se admite «l’enseignement à domicile», de acuerdo a la legislación sobre la obligación escolar[77].
En Suecia hay un recurso pendiente, que afecta a una niña de 8 años, ante el TEDH[78]. Hasta 2010 se admitía, pero ahora se reserva a circunstancias especiales[79]. A pesar de la postura favorable al homeschooling en algunos países nórdicos, de hecho, es casi imposible.
En la República Federal de Alemania, donde la escolarización es obligatoria desde 1919 (la regulación depende de los estados federados), siempre se ha rechazado la enseñanza en el hogar. Hay poquísimas excepciones para hijos de diplomáticos, niños con enfermedades muy graves o actores[80].
En una entrada del Blog de María Belén Ros García[81] se afirma que los países en que el homeschooling es legal cuentan con colegios «on-line» homologados, donde los padres pueden escolarizar a distancia a sus hijos en edad escolar. Para esta abogada, al ser legales estos centros en la Unión Europea, los padres que matriculen a sus hijos en ellos, consiguen que sus estudios se homologuen también en España[82]. En su opinión, la admisión de un centro educativo «on-line», para menores en edad escolar, bajo la «libertad de creación de centros escolares» (art. 27.6 CE), se incluye en la fundamentación jurídica de la sentencia del Tribunal Constitucional 133/2010 (FJ, 5.º) y más aún en el Preámbulo y el artículo 122 bis de la Le y Orgánica 8/2013, derogada, para la mejora de la calidad educativa.
Sin embargo, la praxis administrativa impone que la escolarización sea presencial, con apoyo en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor (art. 13.2). La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 25.2.n, entre las competencias de los ayuntamientos, menciona: «Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria…»)[83].
Aunque los tribunales internos mencionan un seguimiento del caso concreto de educación en familia, con acopio de datos y actuaciones, a veces, pesa el apriorismo que no tiene en cuenta ni lo variado del fenómeno, ni los resultados que destacan una formación especialmente tolerante[84]. Dado el carácter minoritario de esta modalidad educativa, siempre está en disposición de legitimarse ante las dudas del entorno.
La prohibición de la educación en casa en Alemania ha condicionado fuertemente la jurisprudencia del TEDH. Sus pronunciamientos responden siempre a denuncias contra este país y lo hacen con la inadmisión o la desestimación del recurso. La sentencia Wunderlich c. Alemania, de 10 de enero de 2019, niega que se haya violado el artículo 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar). Asimismo, se rechaza cualquier vulneración del convenio en las decisiones anteriores sobre este asunto[85].
El razonamiento del TEDH, por el que ve justificada la retirada temporal de la patria potestad sobre los hijos, en favor de los servicios sociales (municipales[86]), se justifica por los objetivos de tolerancia, apertura y pluralismo, que la educación en casa de una familia simbiótica pone en riesgo[87].
«It has found it established that the State, in introducing such a system [de escolarización compulsiva], had aimed at ensuring the integration of children into society with a view to avoiding the emergence of parallel societies, considerations that were in line with the Court’s own case-law on the importance of pluralism for democracy and which fell within the Contracting States’ margin of appreciation in setting up and interpreting rules for their education systems (see Konrad and Others; Dojan and Others; and Leuffen; all cited above)» (§ 50).
El TEDH justificó la escolarización obligatoria para evitar guetos y asegurar que los niños se vayan a integrar socialmente. Argumento al que le da plena validez para retirar parcialmente la autonomía de los padres. Las autoridades alemanas han tenido un temor razonable, dada la información de que disponían, de que los menores corrían peligro por no ser enviados a la escuela y permanecer en el seno de «a “symbiotic” family system» (§ 51).
El TEDH, y cierta jurisprudencia española influida por él[88], se inclinan, en general, por secundar las medidas adoptada por los Poderes públicos y a ellas supedita la autonomía familiar. En tal lógica, más que libertad, para la familia existe el compromiso de colaboración con la política oficial[89].
Se ha mantenido la educación en casa sin protección, algún enfrentamiento con la ley y apoyos asociativos[90]. Recientemente se ha producido un endurecimiento, sobre todo de la inspección educativa y la Fiscalía. El procedimiento sancionador arranca, por iniciativa de la escuela, si el niño la abandona (sin el alta del menor en el registro de otro centro escolar), o a instancia de los servicios sociales, cuando aquel nunca ha sido escolarizado[91].
«Los servicios sociales pueden archivar el caso si comprueban que no es un caso de absentismo o desescolarización; de lo contrario, enviarán el expediente con su informe correspondiente a la Fiscalía de Menores»[92]. El comportamiento de los servicios sociales, que dependen de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, es muy variado. En algunas Comunidades Autónomas[93], ciertos desarrollos normativos han diferenciado desescolarización voluntaria de absentismo[94], siempre asociado este último a abandono y desatención[95]. Opción que nos parece la pauta adecuada, pues la educación en casa nunca se puede relacionar con un absentismo punible, conectado con el desamparo (art. 226 del Código Penal)[96].
Cuando la Fiscalía reciben un asunto, tras las averiguaciones correspondientes (diligencias previas o provisionales), puede archivar el expediente o calificar la conducta de abandono de familia (artículos 170 del Código Civil y 226 del Código Penal) y dar traslado del expediente al tribunal de Instancia que lo reconducirá al orden civil o penal, según la vía elegida. Así viene indicado, en el artículo 172.1 del Código Civil, para la Entidad Pública competente que constate la desatención grave.
El impás de nuestro Derecho se debe a la jurisprudencia del TEDH y al contexto político. Consecuentemente, la sentencia TC 133/2010[97] se decantó por la escolarización forzada. Fue discutible la interpretación que hizo del interés superior del menor, pues ignoró la situación concreta de los niños que seguían la educación en casa, y, frente a ella, contrapuso la obligación de los Poderes públicos en el sistema educativo y en la enseñanza básica. Es decir, a prestar atención «al libre desarrollo de la personalidad individual en el marco de una sociedad democrática y a la formación de ciudadanos respetuosos con los principios democráticos de convivencia y con los derechos y libertades fundamentales» (FJ, 8.ºb, subrayado añadido). Finalidad que veía apriorísticamente mejor satisfecha con el modelo de enseñanza homologada, dado su contacto con la sociedad plural y con los diversos y heterogéneos elementos que la integran. Tal afirmación solo se sostenía en el parecer del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en la Decisión de admisibilidad Konrad c. Alemania, 11 de septiembre de 2006, «hizo suyos los argumentos del Estado alemán de que los objetivos de socialización “no pueden” ser satisfechos en la misma medida por la educación en el propio domicilio, incluso en el caso de que ésta permitiera a los niños la adquisición del mismo nivel de conocimientos que proporciona la educación primaria escolar» (ibidem). Tal posicionamiento se entiende que cae dentro del margen de apreciación que corresponde a los Estados signatarios.
También se desaprovecharon, para la incorporación de la educación en casa, la Ley Orgánica 2/2006, de Ecuación y su reforma, por la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa. Tampoco se aprovechó la Ley Orgánica 3/2020, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. Ésta antepone una socialización discutible[98], a los resultados académicos y al ambiente familiar. El centro del debate es la socialización[99].
Destacamos que el interés superior del menor, en cuanto que bien integral de este[100], debe comprender la adquisición de una identidad y personalidad, en armonía y apertura a los demás. El concepto se ha venido desarrollando con apoyo en instrumentos supranacionales, concretamente en la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1959, y un impulso importante, en nuestro ordenamiento, por el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2015, de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, que modifica la LO 1/1996 de Protección del Menor[101].
Respecto al interés superior del menor hay que destacar que es relativo, en un doble sentido, pues se ve envuelto en la ambigüedad propia de qué se entienda por bien, y porque hay que referirlo a las circunstancias concretas y a la opinión de los beneficiarios (en la medida de lo posible)[102].
La cláusula de «interés superior del niño» aparece en la Declaración de los Derechos del Niño (principio II[103]) y se consolida con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños de 1989 (art. 3) y otros instrumentos internacionales. La ambigüedad y apertura de su configuración lo sumergen en la abstracción propensa a resultados impredecibles[104]. El alcance de este interés viene descrito por la Ley Orgánica 8/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que lo estructura en tres componentes[105], mas, en cualquier caso, no va más allá de establecer «un deber general dirigido a garantizar a los menores una protección especial, por ser personas en desarrollo. Esta protección debe encontrar su adecuada concreción en el Derecho de cada Estado»[106]. En España lo incorpora, como criterio rector en las decisiones que afecten al menor, el artículo 39 de la Constitución. En concreto, para la enseñanza lo prioritario es garantizar la finalidad de una personalidad desarrollada (art. 10.1 CE), equilibrada y completa (art. 27.2 CE y 154 del Código Civil)[107].
El contenido del interés superior del menor va a depender de la antropología aplicada. Por ello, los Poderes públicos deberían huir de cualquier protagonismo[108]. Es más, su determinación compete, en primer término, a los padres que, en ejercicio de su papel dominante en la educación, son quienes conjugan las propuestas de los diversos actores implicados en el proceso formativo, con las inclinación y posibilidades que concurren en sus hijos[109].
En cualquier caso, la vida familiar siempre es fundamental para el desarrollo del niño[110]. La intervención de los servicios sociales y sanitarios, como elementos externos y a veces perturbadores, debe ser un último recurso (ante carencias o abusos flagrantes)[111]. Es la doctrina de la sentencia del TC 260/1994, de 3 de octubre, y la del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de 30 de octubre de 1994, ambas sobre una declaración de desamparo de la Generalidad catalana que los tribunales impugnaron. La interpretación del «interés superior del menor», si se basa en el afán expansionista de los Poderes públicos[112], puede cobijar un colectivismo, antesala de los totalitarismos clásicos[113]. De hecho, la compulsividad de la escolaridad en Alemania, sin resquicios, tiene su origen en el Nacional Socialismo[114].
Como vimos, la constatación de que la educación en casa nada tiene que ver con el desamparo ha inducido a algunas Comunidades Autónomas a adoptar «cierta laxitud práctica para tolerar, en determinados contextos de vulnerabilidad, su existencia y uso»[115].
Es habitual enfrentar homeschooling y socialización[116]. Pero es discutible que exista incompatibilidad. Basta con repasar las notas que antes se han dado de la educación en casa. «El argumento socializador, principal soporte de la fundamentación de fondo del Tribunal Constitucional [sentencia 133/2010, FJ, 8.º], resulta sólo muy parcialmente convincente»[117]. Entre otras cosas, porque los hechos demuestran que estas familiar, gracias a la flexibilidad que les permite la educación en el hogar, suelen tener una vida social intensa y hacen partícipes a sus hijos de actividades que se desarrollan en el exterior. «Por lo general, la vida de ocio de estos jóvenes suele ser muy intensa y participativa porque gozan de mayor tiempo libre y sus energías no quedan tan menguadas por las horas de clases de la escuela. A menudo surgen grupos de familias que se organizan para compartir estos momentos y poder aportar a sus hijos un espacio más amplio de socialización»[118].
Descendiendo al terreno de la técnica jurídica, la duda que emerge de la sentencia Wunderlich v. Germany, 10 enero 2029 es si el recurso de amparo de los padres hubiera sido estimado de haberse apoyado en la libertad religiosa y de pensamiento (art. 9 del Convenio). ¿La opción filosófica o religiosa, a favor de una educación completa en el hogar de los hijos, podría ser considerada como una convicción en el sentido del Convenio[119]? Esto es: «opinión» o «idea» importante, imperativa, seria y coherente[120].
Por el contrario, la sentencia del TC 133/2010, sí se planteó, en hipótesis, este tipo de motivación de la educación en familia, para no tenerla en cuenta y mantener la escolarización obligatoria que afirma «no generar una restricción desproporcionada del derecho controvertido» de libertad de enseñanza de los padres (FJ, 7.º).
«Incluso en el caso de que la decisión de los padres de no escolarizar a sus hijos pretendiera ampararse en el ejercicio del derecho reconocido en el art. 27.3 CE[121], la imposición normativa del deber de escolarización y la garantía jurisdiccional de su efectividad encontrarían justificación constitucional en el mandato dirigido a los poderes públicos por el art. 27.2 CE y en el derecho a la educación que el art. 27.1 CE reconoce a todos, incluidos los hijos de los ahora recurrentes en amparo (STC 260/1994, de 3 de octubre, FJ, 2.º in fine)» (FJ, 7.ºb).
Algo «bastante cuestionable»[122].
Desde la década de los años 60 del pasado siglo, se produjo una mayor preocupación de los padres en la educación de sus hijos. Estos se constituyeron en el centro de la familia. Simultáneamente se ha producido un auge del homeschooling en EE.UU. en las dos últimas décadas. La educación en casa supone una mayor dedicación y responsabilidad de los padres[123].
Dando por hecho que es un fenómeno aplicable al mundo occidental, sorprende la escalada, en la legislación española, hacia la coercitividad de la educación-escolarización. ¿La socialización es necesaria, está prescrita y solo tiene un cauce para realizarse?
Los antecedentes históricos no supusieron la escolarización efectiva, a pesar de su voluntad de imponerla paulatinamente[124].
La Ley 14/1970, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, hace mención expresa de la familia, como titular del derecho a la educación de sus hijos. La obligación de la familia, jurídicamente exigible, es cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en materia de educación obligatoria, y ayudar a los hijos a beneficiarse de las oportunidades que se les brindan[125]. En ese momento se había alcanzado una universalización de la enseñanza básica en España[126].
La Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, mantiene la tónica de mencionar solo la educación obligatoria (de los 6 a los 14 años).
La Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo es la que da el paso definitivo de una enseñanza básica obligatoria a una escolarización obligatoria[127]. La escolarización obligatoria fue un dato que se mantuvo en las sucesivas reformas del sistema de enseñanza[128]. La escolarización obligatoria fue más perfilada en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación[129] y la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa no introdujo ningún cambio. Sí enfatiza la escolarización obligatoria la Ley Orgánica 3/2020, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. En ella se incluye un nuevo objetivo de la «Educación Básica», la socialización[130].
Además de la escolarización, también se impone, de facto, la presencialidad, por la Administración. La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la escolarización obligatoria añade que esta implique, además, asistir «al centro escolar de forma habitual», con aumento de la presión sobre los padres[131].
Ello sorprende, dado que el Ministerio de Educación dispone de cursos a distancia, incluida la educación básica[132], si bien, entre estos cursos y la educación en casa no hay total similitud, pues este último tipo tampoco se atiene a un currículum o método prefijado al margen de los padres.
¿Qué decir de la socialización? ¿Solo se asegura con la escolarización? El homeschooler es un fenómeno muy variado[133], cada familia que lo aplica merece un estudio particularizado[134]. A aquellas preguntas no se deben responder, como lo hace el Magistrado Magro Servet, desde el apriorismo del texto legal, con cita del artículo 4. La enseñanza básica, de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, o el simplismo que puede encerrar esta pretensión: «Si nos planteamos ahora mismo el análisis de cuáles son las razones por las que puede haber una localización de las causas del incremento de la violencia y la pérdida de valores debemos poner el epicentro en la necesidad de la mejora de los valores educacionales a trasladar a los menores para la recuperación de valores tales como la igualdad, el respeto a los demás y desterrando la violencia como forma de interrelación entre los seres humanos»[135].
Precisamente ahora el currículum está saturado de esos contenidos (convivencia, integración, tolerancia, diversidad, etc.), la escolarización es casi universal, pero, como se reconoce, los resultados no son los previstos.
Por eso, porque dudamos del diagnóstico, no podemos ser más benévolos con el tratamiento que aquel autor sugiere: «La educación es obligatoria para frenar y desterrar la violencia que se está apoderando de la sociedad. Se ha destacado, así, que una de las asignaturas pendientes ahora mismo para frenar el incremento de la violencia y fomentar la cultura de esos valores tradicionales es implantar asignaturas en los centros escolares para el no ejercicio de la violencia, e implementar estos valores a los menores para llevar a cabo una especie de “reseteo” que nos permita desterrar la violencia no solamente entre los menores sino también entre los adultos»[136] (subrayado añadido). Quizás la ineficacia de este enfoque radique en que se ha abusado de la educación formalizada en detrimento de la personalista[137].
En la misma dirección, ciertos autores atribuyen al homeschooling «la existencia de grupos cerrados, por naturaleza endogámicos y circunscritos a la unidad familiar, siendo refractarios a cualquier influencia que pueda provenir del exterior, que se estima negativa o potencialmente nociva»[138]. Mas no existe un soporte probatorio, sobre los perjuicios contra el homeschooling. El espectro de matices y diferencias de la educación en casa es enorme (no ya solo como un centro educativo específico, sino también por la pedagogía y el currículo adoptado), pero aun así los datos más sólidos no dejan en mal lugar a los que reciben solo educación en familia. «Los resultados [tanto con los homeschoolers, como con el grupo de control de escolarizados] que se muestran en la exposición oral permiten confirmar las hipótesis de partida, los niños homeschoolers están igual o más socializados que sus compañeros que asisten al colegio»[139]. Esta fue también la conclusión de Albert Cheng en EE.UU. respecto a valores como la tolerancia y solidaridad (ver nota 84).
La mala disposición hacia la educación en familia, como ha ocurrido con el rechazo de la enseñanza de religión en el hogar, ante la disputa entre cónyuges (sentencia TC 119/2025[140]), no se justifica, con independencia de que el fallo nos parezca acertado por otros motivos. Tampoco se justifican los perjuicios contra un centro concertado por obstaculiza la libertad de conciencia del menor (sentencia TC 26/2024).
La práctica del homeschooling se atiene en muchos casos a métodos pedagógicos y materiales didácticos publicados y contrastados[141]. Pero las críticas, contra sus hipotéticos efectos adversos, no lo tienen en cuenta y, por ello, carecen de fundamento.
Al respecto hay que acudir al artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos[142], por su valor paradigmático, y al artículo 27.2 CE: «2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales», donde, fijémonos en el detalle, no se habla de asumir unos valores sociales, en el proceso educativo, sino de respetarlos. Esto es lo que compete exigirse en un texto jurídico.
El optar por las opiniones o creencias es propio de personas, confesiones o comunidades (art. 2, párr. 1 b-d y párr. 2 de la Ley Orgánica 7/1980 de libertad religiosa)[143]. En cuanto a los Poderes públicos, estos no son «sujeto capaz», en el terreno de la orientación de sentido (sentencia TC 31/2018). A pesar de ser este imprescindible en el proceso educativo. Concretamente, el proselitismo (vinculado «a la enseñanza», como cauce del ejercicio de la libertad de pensamiento conciencia y religión), según la sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Kokkinakis contra Grecia, 25 de mayo de 1993, está amparado por el Convenio de derechos humanos[144], con el límite que supone la concurrencia de diversas opciones en una sociedad plural (§ 33).
En cambio, para los Poderes públicos, lo que rige es su contención y espíritu de servicialidad (artículo 103.1 CE: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho»).
Concretamente, la sentencia TEDH, Gran Sala, Lautsi y otros c. Italia, 18 marzo 2011, dice: «los Estados tienen como misión garantizar, permaneciendo neutrales e imparciales, el ejercicio de las distintas religiones, cultos y creencias. Su papel es contribuir a garantizar el orden público, la paz religiosa y la tolerancia en una sociedad democrática, especialmente entre grupos opuestos […]. Ello concierne tanto a las relaciones entre creyentes y no creyentes, como a las relaciones entre partidarios de las distintas religiones, cultos y creencias» (tr. Thomson Reuters Aranzadi) (§ 60 a).
Y continuaba recordando esta exigencia para los Estados en la formación moral de sus ciudadanos: «El verbo “respetar” significa mucho más que “reconocer” o “tener en cuenta”. Además de un compromiso más bien negativo, implica para el Estado cierta obligación positiva. (Sentencia Campbell y Cosans previamente citada, § 37). Así las cosas, las exigencias de la noción de “respeto”, que se encuentra también en el artículo 8 del Convenio, varían mucho de un caso a otro, vista la diversidad de las prácticas que se siguen y de las condiciones existentes en los Estados contratantes. […]. En el contexto del artículo 2 del Protocolo núm. 1, esta noción significa, en particular, que no se puede interpretar que esta disposición permite a los padres exigir del Estado que organice una enseñanza concreta (véase Bulski contra Polonia (dec.), núms. 46254/1999 y 31888/2002)» (§ 61, subrayado añadido).
«Por el contrario, puesto que persigue salvaguardar la posibilidad de un pluralismo educativo, implica que el Estado, al cumplir su función en materia de educación y de enseñanza, vele por que las informaciones o conocimientos que figuran en el programa de estudios sean difundidas de manera objetiva, crítica y pluralista, permitiendo a los alumnos desarrollar un sentido crítico en relación, concretamente, con el hecho religioso en una atmósfera serena, preservada de todo proselitismo. Le prohíbe al Estado perseguir una finalidad de adoctrinamiento que pueda considerarse irrespetuosa con las convicciones religiosas y filosóficas de los padres. Éste es el límite que los Estados no deben sobrepasar (Sentencias mencionadas en este mismo apartado, apdos. 53, 84h y 52 respectivamente)» (§ 62, subrayado añadido).
El problema que subyace, en la enseñanza reglada y la escolarización obligatoria, no sólo se plantea en torno a la socialización, o modelo de relación con los demás, también lo hace respecto a la emergencia de la educación afectiva (emocional y sexual), asociada a la Educación para la ciudadanía[145] y otras iniciativas, como la reciente del sistema de enseñanza francés «EVARS» (Éduquer à la Vie Affective et Relationnelle et à la Sexualité)[146]. Por su parte, la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo impone, en el artículo 5, una educación afectivo-sexual[147]. Aquí, a pesar de la intromisión de los Poderes públicos, queda claro el predominio de la esfera de autodeterminación del individuo, en medio de las opciones plurales, donde rige la libertad[148].
A resultas de todo lo visto, parece que un ejercicio medido de la potestad del Poder público le llevaría a contentarse con exigir, como educación básica (artículo 27.4 CE) cubrir unos contenidos de conocimientos necesarios para el desarrollo de la persona, sin más interferencias en la vida social o familiar, ni en la conciencia de los educandos.
A la vista de la reflexión precedente, sobre la educación en casa, el marco legislativo de la enseñanza y la función educativa paterna, ¿resulta coherente mantener la sospecha y las restricciones al homeschooling? ¿Se puede sostener, de hacerlo así, que es en aplicación de la ley española o de los compromisos internacionales? ¿Qué papel juega aquí el interés superior del menor y la función educativa de los padres (art.27.3 CE y art. 154 del Código Civil), principal garante de tal interés? La interpretación del último precepto es importante por dos motivos[149]. El primero porque se puede exigir su cumplimiento, a través de la Ley 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria[150], en conexión con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil[151]. El segundo motivo es por su relación con el precepto en blanco del artículo 226 del Código Penal (abandono de familia).
La afirmación de que la inasistencia académica: «puede truncar las posibilidades que al menor ofrece el aprovechamiento de la vida en el ámbito educativo, tanto, por la recepción de unos conocimientos, como en los importantes patrones de conducta que puede adquirir de la relación con sus profesores e, incluso, con los compañeros; con una relación lúdica, pero siempre incardinada en un ámbito de formación cultural y ciudadana»[152]. Nos parece pecar de ingenuidad o de idealismo. Los objetivos de las leyes educativas, por su mera enumeración, no están garantizados. Los datos de violencia y abandono escolar que recordábamos al principio reflejan las carencias del sistema de enseñanza reglada (en absoluto y del sistema español, en concreto).
La viabilidad de la educación en casa, en nuestro Derecho, habría que planteársela no solo desde los datos, expuestos en el trabajo, que apuntan a su potencialidad para una formación plena de la persona, sino también de la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, 30 de octubre de 1994[153]. Esta declara no haber lugar a casación por infracción de Ley, interpuesto por el M.º Fiscal, de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que absolvió a los miembros de grupo religioso, considerado secta, de los delitos de estafa, lesiones, fundación de centro de enseñanza ilegal y asociación ilícita.
El Fundamento Jurídico 4.º describe la formación comunitaria de menores, a cargo del grupo religioso[154]. Frente a tales prácticas insatisfactorias no parece adecuado aplicar la contundencia del Ordenamiento penal[155]. «Las previsiones del legislador en materia educativa se mueven entre la libertad de enseñanza y el derecho de los padres para que los hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones y la libertad de creación de centros docentes. En este terreno se crea un amplio marco que permite variadas opciones educativas, si bien hay una frontera que el legislador considera insuperable: toda la tarea educativa se debe desarrollar dentro del respeto a los principios constitucionales. Las técnicas educativas y los modelos pedagógicos pueden ser diversos, pero en ningún caso sobrepasar las líneas, necesariamente inmodificables, de los valores constitucionales».
Concretamente, el paradigma educativo de «pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad» y que «debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales»[156], «no siempre alcanza su plasmación en el panorama docente de un determinado país y en todo momento está abierto a la existencia de diferentes alternativas pedagógicas y al ideario de los centros de enseñanza. No existe un modelo uniforme pero sí barreras que el legislador no debe permitir que se traspasen y así ha incluido en el catálogo delictivo (art. 177 CP [hoy reformado]) la fundación de establecimientos de enseñanza que por su objeto y circunstancias sean contrarios a esas leyes. Esta contradicción tiene que ser grave y encerrar en sí misma una lesión al bien jurídico protegido que no es otro, en términos generales, que la seguridad interior del Estado configurada, en su acepción constitucional, como la salvaguarda de la dignidad de la persona, de los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de su personalidad».
Además, es relevante la sentencia TC. Sala Primera 260/1994, 3 octubre 1994[157].
En ambas resoluciones se evita un pronunciamiento en contra de las familias encausadas y de su ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos. Actuaría el principio de mínima intervención penal (ésta está para casos muy graves), el pluralismo educativo, y, en general, el respeto a la familia y su autonomía.
Precisamente, pensamos que la apuesta tiene que ser a favor de la familia, su autonomía y fortalecimiento, de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 16.3 («La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado»), combinado con artículo 26.3 («Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos»).
Los Poderes públicos, por su misma naturaleza, en este terreno son coadyuvantes, pues carecen, a pesar de sus muchos recursos, de la confianza que une a educador y niño, y, están obligados a la neutralidad, no pueden ofrecer una formación solvente en moral o afectos, sin irrumpir en la libre autodeterminación de la persona (artículos 10.1 y 16 CE)[158]. Pretenderlo es poner en peligro su compromiso de respetar la intimidad personal y familiar (art. 20 CE y art. 8 del Convenio europeo).
Cuando se asuma el papel hegemónico de los padres en la educación, en beneficio de la pluralidad y flexibilidad, se debería reconocer expresamente la posibilidad de la educación en casa, con las garantías y apoyos necesarios (por parte de la Inspección educativa, o de un profesor tutor elegido de común acuerdo entre padres y Administración), para homologar la formación. Las asociaciones de padres homeschooler también juegan su papel. La educación en casa está especialmente indicada para vencer el aislamiento geográfico de algunas familias, gracias a la tecnología, o para protegerse del abuso de esta: «se consideraría una alternativa más que justificada para las familias que no desean una invasión de su libertad para forjar la identidad personal de sus hijos»[159]. La clave es conjugar la personalización, típica de esta figura, con una mínima intervención que inserte el recurso en el marco legal.
Hasta entonces y con su carácter de excepcionalidad, queda abierta la objeción de conciencia a la escolarización obligatoria, objeción de cuya fundamentación no podemos dudar.
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