Content not available in English

You are in

ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO - 2026

Discurso obligado y libertad de expresión: análisis comparativo de 303 Creative LLC v. Elenis y Chiles v. Salazar 

Autores:
Mónica Marina Doreste Leander (Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED))
Resumen:
El presente artículo analiza la evolución doctrinal del compelled speech en el marco de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos mediante un estudio comparado de 303 Creative LLC v. Elenis (2023) y Chiles v. Salazar (pendiente de fallo tras argumentos orales el 7 de octubre de 2025). Se esclarece la tensión entre regulaciones estatales antidiscriminatorias y libertades expresivas en contextos comercial-creativo y terapéutico-profesional, aplicando escrutinio estricto a la expresión obligada y diferenciando la conducta profesional regulada. Se proponen estándares constitucionales diferenciales que robustecen el pluralismo y la objeción de conciencia frente a mandatos de acomodación pública y regulaciones sanitarias, con proyecciones para el derecho eclesiástico del Estado en sociedades plurales.
Palabras Clave:
compelled speech, discurso obligado, Primera Enmienda, 303 Creative, Chiles v. Salazar, libertad de expresión, professional speech, leyes antidiscriminatorias, escrutinio estricto.
Title:
Compelled speech and free speech: comparative analysis of 303 Creative LLC v. Elenis and Chiles v. Salazar
Abstract:
This article examines the doctrinal evolution of compelled speech under the First Amendment of the U.S. Constitution through a comparative analysis of 303 Creative LLC v. Elenis (2023) and Chiles v. Salazar (pending decision post-oral arguments on October 7, 2025). It elucidates the tension between state anti-discrimination regulations and expressive freedoms in commercial-creative and professional-therapeutic contexts, applying strict scrutiny to coerced expression while differentiating regulated professional conduct. The study posits differential constitutional standards, reinforcing pluralism and conscience objections against public accommodation mandates and health regulations, with implications for ecclesiastical law and state-church relations in pluralistic societies.
Keywords:
compelled speech, First Amendment, 303 Creative, Chiles v. Salazar, freedom of expression, free speech, professional speech, anti-discrimination laws, strict scrutiny.
Recibido:
15/01/2026
Aceptado:
06/05/2026
ISSN-L:
0213-8123
e-ISSN:
3127-5613
Licencias:
DOI:
https://doi.org/10.55104/ADEE_00059
Cómo citar:
Doreste Leander, Mónica Marina (2026). Discurso obligado y libertad de expresión: análisis comparativo de 303 Creative LLC v. Elenis y Chiles v. Salazar. ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO. https://doi.org/10.55104/ADEE_00059
Formato:
APA

1. Introducción

La libertad de expresión constituye uno de los derechos fundamentales y piedra angular del sistema democrático estadounidense, consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución bajo el mandato expreso de que «Congress shall make no law […] abridging the freedom of speech»[2]. Esta protección no sólo garantiza la facultad de manifestar ideas, opiniones y creencias, sino que también ampara la autonomía del individuo para no ser obligado a expresar mensajes contrarios a sus convicciones personales o religiosas, fenómeno conocido en la doctrina como compelled speech o discurso obligado. La comprensión y análisis del compelled speech resultan imprescindibles debido a la tensión dinámica entre esta protección y las regulaciones estatales que buscan imponer contenidos o conductas específicas, sobre todo en contextos donde los derechos individuales se cruzan con políticas públicas orientadas a la igualdad y la no discriminación.

El estudio del discurso obligado es fundamental en un marco jurídico en el que la libertad de conciencia y la pluralidad de convicciones coexisten con la necesidad de garantizar igualmente derechos fundamentales de terceros. Los conflictos que emergen en ámbitos comerciales y profesionales, donde los sujetos reclaman el derecho a expresar o abstenerse de expresar determinadas ideas mediante su actividad, demandan un análisis riguroso y una evolución jurisprudencial cuidadosa que preserve el delicado equilibrio entre derechos constitucionales y responsabilidades legales. Este análisis adquiere especial relevancia en sociedades plurales y diversas, y en particular en el constitucionalismo estadounidense, que se enfrenta a debates complejos sobre la extensión y límites constitucionales de la Primera Enmienda.

Los casos 303 Creative LLC v. Elenis[3] y Chiles v. Salazar[4] representan hitos recientes para entender la evolución contemporánea de la protección constitucional contra el compelled speech. En 303 Creative[5], el Tribunal Supremo abordó la cuestión de si una empresa de diseño web podía, basándose en sus convicciones religiosas, rehusar producir contenido gráfico que promoviera matrimonios entre personas del mismo sexo, en un enfrentamiento directo entre la libertad de expresión y las normativas antidiscriminatorias estatales. En contraste, Chiles v. Salazar[6] plantea desafíos semejantes en torno a la prohibición estatal de la denominada «terapia de conversión» para personas LGBTQ+, explorando los límites constitucionales que esta imposición impone sobre la libertad profesional y expresiva de terapeutas y consejeros por motivos éticos o religiosos.

Ambos procesos son esenciales para dimensionar el alcance y los límites del compelled speech en distintos ámbitos –uno centrado en la expresión creativa comercial y otro en el discurso profesional terapéutico–, y para evaluar la capacidad del sistema judicial para armonizar derechos fundamentales en evidente conflicto. La resolución de estos casos tiene implicaciones profundas para el desarrollo doctrinal, la delimitación de estándares jurídicos sobre coerción discursiva, y para la influencia que ejercerán en la política pública, la convivencia social y el respeto al pluralismo moral.

Este artículo se propone, por tanto, efectuar un análisis, partiendo del marco normativo y evolutivo, y articulando una comparación crítica entre 303 Creative y Chiles con el objetivo de ofrecer actualizaciones innovadoras que avancen en la comprensión y tutela constitucional del compelled speech dentro del constitucionalismo estadounidense contemporáneo.

subir

2. Marco normativo y doctrinal

2.1 Libertad de expresión y compelled speech: conceptos básicos y evolución doctrinal

La libertad de expresión, consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución está profundamente conectada con la libertad de convicciones[7]. La doctrina y jurisprudencia han desarrollado a lo largo del tiempo un enfoque evolutivo que reconoce no solo el discurso tradicional (oral o escrito), sino también formas expresivas más variadas y complejas[8].

En efecto, desde los primeros pronunciamientos sobre la materia, el Tribunal Supremo ha entendido que la protección de la Primera Enmienda se extiende más allá del discurso político convencional, alcanzando manifestaciones simbólicas, expresiones artísticas y conductas que, aunque incluyan un elemento no verbal significativo, comunican ideas, mensajes ideológicos o narrativas que merecen protección constitucional, Entre estos supuestos se encuentran las manifestaciones audiovisuales, las protestas simbólicas, el arte performativo, y en general cualquier conducta que, aunque pueda parecer no lingüística en su forma externa, se dirige principalmente a comunicar un mensaje o un significado a una audiencia. Esta amplitud en la conceptualización de lo «expresivo» resultará especialmente relevante cuando analicemos, en secciones posteriores, las actividades de creación de contenido digital y el asesoramiento terapéutico como formas de expresión susceptibles de protección constitucional[9].

Además, el derecho a expresarse libremente, tal y como ha sido desarrollado por la jurisprudencia estadounidense, no se agota en la facultad positiva de comunicar mensajes propios. De igual importancia resulta lo que la doctrina ha denominado la dimensión negativa de la libertad de expresión: el derecho fundamental de todo individuo a no ser obligado por el Estado a expresar mensajes con los cuales no comulga, ni a respaldar ideas, convicciones o narrativas que contradicen sus creencias personales, políticas, religiosas o morales.

Este fenómeno, conocido en la doctrina estadounidense como compelled speech o discurso obligado, representa una categoría especifica de vulneraciones de la Primera Enmienda, que opera de forma independiente y paralela a las restricciones tradicionales sobre la libertad de expresión. En tanto que las restricciones convencionales buscan silenciar ciertos discursos considerados problemáticos o peligrosos, el compelled speech opera en la dirección opuesta: obliga a un individuo o entidad a comunicar un mensaje especifico, muchas veces bajo penas de sanciones legales, a pesar de que esa comunicación violenta profundas convicciones morales o religiosas del sujeto obligado.

La expresión obligada por mandato estatal se presume inconstitucional y está protegida frente a leyes o regulaciones que obliguen a emitir o difundir mensajes contrarios a las convicciones personales o creencias fundamentales. El fundamento de esta protección es profundo: reconoce que la libertad intelectual y moral de cada persona incluye el derecho a mantener la integridad de las propias convicciones frente a tentativas de imposición estatal.

Desde el caso emblemático West Virginia State Board of Education v. Barnette[10] hasta la jurisprudencia contemporánea, la doctrina del compelled speech ha experimentado una evolución significativa en cuanto a los ámbitos en que se aplica. Estos precedentes relevantes marcan la frontera entre la expresión protegida y la prohibición del discurso obligado, estableciendo límites para la acción gubernamental en materia de discurso. En el origen la mayor parte de la jurisprudencia se concentraba en contextos políticos tradicionales[11]. Sin embargo, progresivamente la protección contra el compelled speech se extendió a ámbitos menos convencionales[12] en los que la dimensión expresiva se proyecta sobre estructuras organizativas privadas y relaciones de mercado, anticipando los dilemas que posteriormente emergerán en el terreno estrictamente comercial.

De este modo, cuando el foco se desplaza al contexto de actividades comerciales y profesionales, la complejidad aumenta por la tensión entre el derecho individual a la libertad de expresión y los intereses públicos que buscan la igualdad y la no discriminación. La protección robusta que tienen los discursos políticos o artísticos se modula en el ámbito económico o profesional, donde las regulaciones estatales pueden limitar ciertas expresiones si persiguen fines legítimos y aplican estándares adecuados, pero la problemática del compelled speech persiste cuando tales limitaciones exigen transmitir mensajes contrarios a las convicciones del individuo. Precisamente para resolver estas tensiones entre la protección de la expresión individual y las limitaciones regulatorias legítimas, la doctrina judicial ha configurado una escala de intensidades en el control de constitucionalidad aplicable a tales limitaciones.

2.2 Aplicación de los estándares de escrutinio en restricciones al discurso expresivo

El Tribunal Supremo ha desarrollado un esquema de gradación de estándares de escrutinio para evaluar restricciones a la libertad de expresión que opera de manera central en la jurisprudencia de la Primera Enmienda. Este sistema estructura la revisión judicial en tres categorías ordenadas jerárquicamente: el escrutinio estricto, intermedio y racional. La selección del estándar aplicable resulta frecuentemente determinante para la resolución final del litigio, por lo que su correcta identificación es crítica.

El escrutinio estricto es el estándar más riguroso. y se invoca cuando la regulación impugnada afecta directamente al discurso, es decir, establece limitaciones en función del mensaje transmitido o sobre la base del punto de vista ideológico del hablante[13]. Bajo este estándar la carga de la justificación recae en el Estado, que debe demostrar tres elementos: que la restricción persigue un interés gubernamental compelente[14],[15], que es estrictamente necesaria[16] y que el medio empleado es el menos restrictivo disponible[17].

El escrutinio intermedio[18] se aplica a regulaciones sobre contenido del discurso que aún formuladas de manera neutral pueden tener efectos incidentales sobre la libertad de expresión[19]. El Estado debe demostrar: primero, que la regulación persigue un interés estatal importante, menos exigente que compelente, pero más riguroso que simple racionalidad[20]; segundo, que existe una relación sustancial entre la regulación y ese interés, exigencia menos rigurosa que «medio menos restrictivo». El supuesto paradigmático de aplicación del escrutinio intermedio es la regulación del commercial speech o discurso comercial[21], definido como aquella manifestación cuyo propósito principal es promover una transacción comercial, esto es, influir en el consumo de bienes o servicios. El Tribunal Supremo reconoce que el Estado posee en este ámbito mayor capacidad de regulación[22].

Cuando una medida regulatoria afecta a categorías de expresión que carecen de tutela constitucional[23] o cuando la norma restringe conductas no expresivas en lugar de discurso protegido, el Tribunal Supremo estadounidense no somete la legislación al exigente escrutinio estricto o intermedio, sino al rational basis test[24]. Bajo este nivel de análisis, la disposición impugnada se presume constitucionalmente válida y únicamente será invalidada si no guarda relación racional alguna con un objetivo gubernamental legítimo. El peso probatorio recae sobre quien impugna la norma, quien debe demostrar la ausencia absoluta de cualquier fundamento razonable que justifique la clasificación o restricción legislativa.

La jurisprudencia suele aplicar estándares significativamente más rigurosos que en los casos de restricción ordinaria, cuando la regulación obliga a expresar un mensaje específico, el denominado compelled speech –discurso obligado–[25]. Esta protección resulta particularmente relevante en contextos donde la actividad regulada es de carácter predominantemente expresivo, como sucede con actividades creativas comerciales o profesionales donde la comunicación es esencial en el servicio prestado. La tensión central radica en que, en estos contextos, confluyen múltiples bienes constitucionales: libertad individual de expresión y conciencia, por una parte, e igualdad, protección contra discriminación arbitraria y protección de colectivos vulnerables, por otra. Esta tensión no tiene resolución automática y requiere un análisis cuidadoso del nivel de escrutinio apropiado en cada contexto. Así, en casos donde la regulación implica compelled speech, como se estableció en el debate del caso 303 Creative LLC[26], el tribunal aplicó el escrutinio estricto dada la amenaza de coacción directa sobre la libertad de expresión. En contraste, en Chiles v Salazar[27], cuyo fallo aún está pendiente, corresponde al Tribunal Supremo definir el nivel adecuado de escrutinio constitucional ante la presunta coacción discursiva en el ámbito terapéutico. La jurisprudencia emergente refuerza la idea de que el Estado no puede obligar a un individuo a hablar o callar contra su voluntad, reconociendo la libertad de expresión como un derecho profundamente protegido contra invasiones coercitivas. No obstante, esta protección constitucional no opera en el vacío normativo, sino que debe cohonestarse con marcos regulatorios que persiguen fines igualmente legítimos de tutela igualitaria y no discriminación.

2.3 El principio de acomodación pública y las regulaciones restrictivas en la normación del discurso antidiscriminatorio y profesional

El principio de acomodación pública, materializado en leyes antidiscriminatorias emblemáticas como la Civil Rights Act de 1964[28] y la Americans with Disabilities Act de 1990[29], responde a la necesidad constitucional imperiosa de garantizar igualdad y prevenir exclusiones injustificadas en el acceso a bienes, servicios y oportunidades[30]. Estas normativas configuran un marco jurídico que obliga a la no discriminación por motivos de raza, género, discapacidad, creencias religiosas, orientación sexual y otros factores protegidos. De igual manera, las regulaciones que se fundamentan en el establecimiento de estándares de cuidado profesional, como la ley restrictiva de Colorado[31]discutida en Chiles v. Salazar[32], persiguen en el fondo objetivos análogos de protección frente a prácticas consideradas lesivas de derechos y equidad, particularmente en ámbitos profesionales como el de la salud mental.

En este sentido, tanto las leyes de acomodación pública como las regulaciones basadas en estándares de cuidado profesional convergen en un objetivo común: garantizar la igualdad y la protección frente a discriminaciones o daños. No obstante, el sistema jurídico estadounidense trata de manera diferenciada la regulación del discurso en ámbitos comerciales creativos, donde la protección a la expresión suele ser más robusta, frente al ejercicio profesional regulado, donde prevalece el interés estatal en mantener estándares éticos y científicos, incluso a costa de ciertas restricciones expresivas[33].

Esta doble perspectiva da origen a un claro desafío jurídico cuando, por un lado, leyes estatales generales de acomodación y no discriminación, como la Colorado Anti-Discrimination Act[34] impugnada en 303 Creative LLC[35], y, por otro, regulaciones legislativas estatales específicas que norman el ejercicio profesional en salud mental –como la ley de Colorado en Chiles v. Salazar[36]– entran en tensión con libertades individuales fundamentales, tales como la objeción de conciencia o la libertad de expresión.

La complejidad jurídica se intensifica al reconocer que ambos tipos de regulaciones, las leyes de acomodación pública y las regulaciones profesionales, operan en dominios conceptualmente distintos que requieren análisis diferenciados. Aunque ambos tipos de regulación pueden generar tensiones con derechos expresivos, la naturaleza de la actividad regulada, si es predominantemente expresión creativa comercial o práctica profesional sujeta a estándares de cuidado, condiciona el nivel de escrutinio aplicable.

La jurisprudencia reciente, como los casos Masterpiece Cakeshop[37] y la controversia en torno a 303 Creative, reconoce la legitimidad y el peso de las leyes antidiscriminatorias; sin embargo, también subraya la necesidad de equilibrarlas con la protección a la expresión personal, evitando la imposición de mensajes coercitivos que violen el derecho constitucional a no ser obligado a manifestar un discurso ajeno a las convicciones del autor[38].

En contextos profesionales regulados, el Estado posee un mayor margen de regulación para imponer limitaciones a ciertas formas de expresión cuando éstas están justificadas en un interés público legítimo y apremiante, como la protección contra prácticas perjudiciales –como se argumenta en Chiles v. Salazar[39]–. Aunque el ejercicio de estas profesiones implica comunicación, esta se produce dentro de una relación estructurada por obligaciones profesionales que no son simplemente expresión personal, sino prestación de servicios profesionales sujetos a regulación legítima[40].

La cuestión doctrinalmente no resuelta es dónde exactamente reside la línea divisoria entre «discurso profesional»[41] regulable bajo estándares menos rigurosos y «expresión protegida» que requiere escrutinio estricto incluso cuando ocurre en contextos profesionales. En NIFLA[42] el Tribunal Supremo rechazó explícitamente la idea de que exista una categoría de «discurso profesional» (professional speech) que reciba protección constitucional aminorada sólo por el hecho de que quien se pronuncia sea un profesional habilitado mediante la licencia correspondiente. El Tribunal sostuvo que «el discurso no pierde protección simplemente porque es expresado por «profesionales» y que los Estados no pueden menoscabar los derechos inherentes a la Primera Enmienda simplemente imponiendo un requisito de licencia[43]. Reconoció, no obstante, que los Estados mantienen la potestad de regular la conducta profesional, incluso cuando dicha regulación afecte incidentalmente a la expresión. Así, instituciones tradicionales como la responsabilidad por negligencia profesional o los requisitos de consentimiento informado conservan su validez constitucional, pese a que restrinjan el alcance de las comunicaciones que los profesionales pueden dirigir a sus clientes[44].

Esta integración doctrinal, al analizar conjuntamente el caso 303 Creative LLC[45] y la controversia en Chiles v. Salazar[46], proporciona un fundamento teórico y normativo sólido para una actualización jurisprudencial sobre compelled speech y el establecimiento de estándares de revisión constitucional diferenciales, reflejando así las tensiones contemporáneas entre pluralismo moral, políticas públicas antidiscriminatorias y regulación profesional en el sistema jurídico estadounidense.

subir

3. Análisis de los casos

3.1 Caso 303 Creative LLC v. Elenis: libertad de expresión en la actividad creativa comercial
3.1.1 Hechos y planteamiento jurídico

El caso 303 Creative LLC v. Elenis[47] surge de la pretensión de Lorie Smith, diseñadora web y propietaria de una empresa en Colorado, de orientar su actividad profesional conforme a sus profundas creencias religiosas cristianas. Smith manifestó públicamente su negativa a realizar diseños web para bodas entre personas del mismo sexo, fundamentando esta postura en su concepción de la fe. Ante la existencia de la Colorado Anti-Discrimination Act (CADA)[48], que prohíbe discriminaciones en la oferta de servicios, y el riesgo de investigaciones y sanciones por parte de la Colorado Civil Rights Commission, la diseñadora inició acciones. Interpuso demanda buscando una declaración de inconstitucionalidad preventiva –pre-enforcement challenge– frente a la aplicación de la CADA, por considerar que vulneraba su libertad de expresión y su derecho al debido proceso, amparados por la Primera y Decimocuarta Enmienda[49]. La singularidad del caso reside en el acuerdo procesal de hechos entre las partes[50], que permitió centrar el análisis judicial en si las disposiciones de la CADA suponían una imposición ilegítima sobre el discurso profesional creativo y personal de Smith, forzándola a actuar en contra de sus convicciones morales y religiosas.

Las posiciones jurídicas de las partes ante el Tribunal Supremo reflejan concepciones divergentes sobre la naturaleza de la actividad regulada y el alcance legítimo de las leyes antidiscriminatorias cuando colisionan con derechos expresivos.

Argumentos de la demandante: Smith fundamenta su impugnación constitucional en dos ejes principales. Primero, sostiene que su actividad de diseño web constituye expresión pura –pure speech– y no meramente discurso comercial –commercial speech–, dado que el producto comercializado –sitios web personalizados para bodas– incorpora su propio discurso creativo y expresivo[51]. En consecuencia, la aplicación de la CADA constituiría discurso obligado –compelled speech– prohibido por la Primera Enmienda[52]. Segundo, enfatiza que su objeción no se dirige contra personas por razón de su orientación sexual, sino contra mensajes específico que contradicen sus convicciones religiosas[53]. Este argumento caracteriza su negativa como objeción al contenido del mensaje (constitucionalmente protegida) y no como discriminación por estatus (prohibida). En relación con la libertad religiosa, Smith argumenta que la CADA carece de neutralidad y aplicabilidad general bajo la doctrina de Employment Division v. Smith[54], al contener excepciones que tratan de forma menos favorable a objeciones basadas en convicciones religiosas[55].

Argumentos de Colorado (demandado). El Estado defiende la constitucionalidad de la CADA argumentando que la norma regula conducta comercial discriminatoria, no expresión protegida. Colorado sostiene que toda persona que opera comercialmente en el mercado público adquiere derechos (responsabilidad limitada, beneficios fiscales) y obligaciones correlativas, entre las cuales se encuentra garantizar acceso igualitario a consumidores sin discriminación por características protegidas[56]. Aunque reconoce que la aplicación de leyes antidiscriminatorias puede tener efectos incidentales sobre la expresión, Colorado argumenta que tales efectos son secundarios y no transforman la regulación en una restricción de contenido sujeta a escrutinio estricto[57]. Respecto a la distinción propuesta por Smith entre objeción al mensaje versus discriminación por estatus, Colorado caracteriza esta distinción como artificiosa: negar servicios de boda a parejas del mismo sexo constituye discriminación por orientación sexual independientemente de cómo el proveedor caracterice su motivación, dado que el «mensaje» rechazado (celebración de matrimonio del mismo sexo) es inseparable del estatus protegido (orientación sexual) de los solicitantes[58]. En cuanto a la libertad religiosa[59], Colorado sostiene que la CADA cumple el estándar de neutralidad y aplicabilidad general de la doctrina Smith, y que las excepciones contenidas en la ley no constituyen sistemas de exenciones individualizadas que activen el escrutinio estricto conforme a Fulton v. City of Philadelphia[60].

Aunque ambas partes presentaron argumentos relativos a libertad religiosa en virtud de la cláusula de libre ejercicio, el Tribunal Supremo concedió certiorari únicamente respecto a la cuestión de la libertad de expresión al amparo de la Free Speech Clause de la Primera Enmienda[61]. La dimensión de la libertad religiosa y su tratamiento constitucional se analizan en el epígrafe 4.2 de este artículo.

La cuestión jurídica central que debió resolver el Tribunal Supremo puede formularse así: ¿constituye violación de la cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda la aplicación de una ley antidiscriminatoria estatal que requiere a un proveedor de servicios expresivos personalizados crear contenido comunicativo para un evento cuyo mensaje contraviene sus convicciones personales?

3.1.2 Resolución del Tribunal Supremo y fundamentación en el compelled speech

La sentencia del Tribunal Supremo, redactada por el juez Gorsuch, reconoce el carácter predominantemente expresivo y creativo de la actividad profesional desarrollada por Smith[62], y por tanto susceptible de amparo constitucional. Para la mayoría este caso no representa una mera transacción comercial neutral[63]. En aplicación del escrutinio estricto, concluyó que ninguna regulación puede invadir la autonomía moral ni comprometer el derecho a negarse a expresar mensajes no consentidos, aunque la actividad tenga naturaleza comercial y utilice plataformas digitales como Internet[64]. El Supremo determinó que, en este contexto, forzar a la demandante a producir mensajes contrarios a su ideario equivaldría a discurso obligado[65] –compelled speech– prohibido por la Primera Enmienda, incluso frente al interés estatal legítimo en promover la igualdad[66].

El razonamiento distingue entre la protección reforzada del discurso individual y la prohibición de la discriminación arbitraria[67], resaltando que Smith ofrece sus servicios indistintamente a toda persona, restringiendo únicamente aquellos encargos que impliquen un mensaje claramente discordante con su fe[68]. La decisión implica una reafirmación explícita de la doctrina del compelled speech, subrayando su papel central en la defensa del pluralismo y la diversidad ideológica en el marco de los servicios comerciales expresivos[69].

El Tribunal enfatizó los límites de su decisión para prevenir interpretaciones expansivas[70]. La sentencia se circunscribe a contextos donde la actividad es fundamentalmente expresiva, implica la creación de un discurso personalizado, y el contenido requerido contraviene convicciones políticas o religiosas del proveedor[71]. Esta distinción entre discriminación basada en el estatus (prohibida) y la objeción a expresar determinados mensajes específicos (potencialmente protegida) es central en la sentencia[72], aunque, como señala el voto particular, genera dificultades de aplicación práctica en casos futuros[73].

La decisión en 303 Creative subraya una distinción doctrinal fundamental que será determinante para casos futuros: la diferencia entre actividades predominantemente expresivas, que comunican mensajes personales del proveedor, y servicios profesionales regulados, donde la comunicación tiene lugar en el marco de una relación caracterizada por la existencia de deberes profesionales y normas de buena praxis profesional[74]. Smith proporciona servicios creativos donde su voz artística personal es inseparable del producto final. En contraste, los profesionales regulados como médicos, psicoterapeutas o abogados que prestan servicios basados en conocimientos técnicos especializados, en el marco de relaciones fiduciarias, están afectados por regulaciones estatales legítimas que reglan los estándares de competencia técnica, ética profesional y diligencia debida[75]. La línea divisoria no es siempre nítida –el propio Tribunal reconoció en NIFLA que determinar cuándo el Estado regula «discurso» versus «conducta profesional» requiere un análisis contextual cuidadoso[76]. Como se analizará en el epígrafe 3.2, el caso Chiles v. Salazar plantea precisamente esta cuestión en el contexto de la regulación de la terapia de conversión, donde el Tribunal Supremo debe determinar si las leyes estatales que prohíben ciertas modalidades de terapia psicológica con menores constituyen una regulación permisible de la conducta profesional o una restricción inconstitucional del discurso profesional[77].

3.2 Caso Chiles v. Salazar: discurso obligado en el ámbito terapéutico y regulación estatal
3.2.1 Antecedentes y naturaleza del litigio

El caso Chiles v. Salazar[78], actualmente pendiente de fallo ante el Tribunal Supremo, examina la constitucionalidad de la restricción impuesta por la legislación de Colorado a la llamada «terapia de conversión» en menores, consistente en el acompañamiento psicológico para modificar la orientación sexual o identidad de género. Kaley Chiles, terapeuta cristiana habilitada con licencia profesional (licensed professional counselor) únicamente trabaja con clientes voluntarios que solicitan ayuda para alinear su comportamiento y autopercepción conforme a sus valores religiosos, desarrollando procesos de acompañamiento basados en el diálogo y la autonomía del paciente[79]. Conviene apuntar que la modalidad terapéutica de Chiles consiste exclusivamente en terapia verbal –talk therapy– sobre identidad y valores. Durante la vista oral, el letrado de la demandante especificó que Chiles no emplea técnicas aversivas (electroshock, inducción de vómito u otros procedimientos médicos invasivos tradicionalmente asociados con prácticas desacreditadas) sino únicamente asesoramiento psicoterapéutico[80]. Esta distinción resulta determinante: la controversia no versa sobre procedimientos médicos regulables sino sobre la restricción respecto del contenido específicos de los diálogos entre el profesional y su cliente. La impugnación se fundamenta en que la ley[81] no solo prohíbe conductas médicas, sino que veta aquellos diálogos cuya finalidad es cambiar o reducir tendencias no deseadas, aunque el menor mismo lo solicite[82].

Esta normativa define, de manera extensa y específica, la «conversión» como cualquier intento profesional de modificar el comportamiento, la atracción o la identidad[83], lo que, según la demandante, constituye una limitación de contenido y perspectiva ideológica, permitiendo solo el «apoyo y acompañamiento afirmativo» y vetando la intervención contraria[84]. El debate procesal recoge críticas a la base científica de la restricción, así como la referencia a precedentes británicos sobre la debilidad probatoria al respecto del abordaje psicológico de la disforia de género en menores[85].

3.2.2 Argumentos principales y situación procesal actual

La parte demandante articula su impugnación constitucional en tres ejes fundamentales, que configuran un análisis progresivo estándar en casos de Primera Enmienda fundamentados en la cláusula de libertad de expresión. A) La regulación se dirige a limitar su libertad de expresión, no a regular la conducta profesional[86], y por tanto se trata de una restricción sujeta a la protección de la Primera Enmienda. B) Restricción de contenido –content based restriction–: sostiene que la ley de Colorado vulnera la Primera Enmienda al imponer al discurso profesional restricciones por razón del contenido, convirtiendo el asesoramiento psicológico en un campo vetado a determinados enfoques de raíz moral y religiosa[87]. Invoca, así, la doctrina de NIFLA[88], según la cual la regulación del professional speech debe someterse a escrutinio estricto cuando regula el contenido o la perspectiva expresada. Sostiene que la obligación que impone la norma estatal de excluir ciertos diálogos, aun cuando el menor solicite este tipo de conversaciones voluntariamente, manipula la libre concurrencia de ideas y priva al paciente del derecho a recibir consejo alineado con su convicción personal[89]. C) View point discrimination: Subraya que la ley penaliza un tipo de acompañamiento mientras permite e incentiva el contrario, incurriendo en discriminación por razón de la orientación ideológica, que constituye presunción de inconstitucionalidad[90].

Por su parte, Colorado defiende la constitucionalidad de la restricción mediante tres líneas argumentales que subrayan la capacidad del Estado para proteger y regular en materia de salud pública. A) Subraya la distinción legítima entre conductas profesionales y discurso protegido[91]. La relación terapéutica entre el profesional habilitado mediante licencia y el paciente menor no es simplemente intercambio de ideas sino prestación de servicio profesional estructurado por la lex artis (standard of care), obligaciones fiduciarias y normas éticas, sobre las que el Estado tiene reconocido un amplio margen de regulación[92]. La prohibición es funcionalmente equivalente a regulaciones que prohíben procedimientos médicos específicos considerados peligrosos–el hecho de que la práctica prohibida involucre conversación es incidental a su naturaleza como tratamiento profesional sujeto a reglamentación[93]. B) La regulación refleja el consenso de la comunidad profesional respecto a prácticas terapéuticas aceptables y seguras. No refleja hostilidad hacia perspectivas religiosas[94] que está orientada a evitar prácticas potencialmente dañinas[95]. C) La protección de menores constituye en todo caso un interés compelente del Estado[96]. La norma, podría sostenerse bajo un estándar de escrutinio racional –rational-basis scrutiny[97]–, argumento que invoca como suficiente, aunque sostiene que la medida cumpliría cualquier nivel de escrutinio constitucional[98], dada su finalidad protectora y la tradición jurídica regulatoria que la respalda[99]. Además, la restricción que contiene la norma está estrictamente ajustada –narrowly tailored– al fin perseguido, porque solo se aplica a tratamientos con menores y, únicamente, en el marco de servicios prestados por profesionales habilitados mediante licencia[100].

El Tribunal Supremo concedió certiorari limitado a la siguiente cuestión presentada: «Whether a law that censors certain conversations between counselors and their clients based on the viewpoints expressed regulates conduct or violates the Free Speech Clause» [traducción propia: «Si una ley que censura ciertas conversaciones entre los consejeros profesionales y sus clientes basándose en los puntos de vista expresados regula conducta o viola la cláusula de libertad de expresión»][101]. El Tribunal debe pronunciarse sobre si este tipo de restricción constituye compelled speech e identificar el nivel de escrutinio constitucional aplicable, cuestión especialmente relevante ya que los distintos circuitos federales han aplicado criterios divergentes –con el undécimo circuito decantándose por el escrutinio estricto[102], mientras otros han optado por aproximaciones menos estrictas. Parece que será determinante la ponderación entre la autonomía expresiva del profesional, el derecho del menor a recibir acompañamiento según sus convicciones, y la función protectora del Estado frente a posibles riesgos derivados de ciertas intervenciones, en un ámbito donde el consenso científico y jurídico continúa en evolución[103].

Esta configuración sitúa actualmente a Chiles v. Salazar[104] en el centro del debate doctrinal sobre el alcance del compelled speech en la relación terapéutica y la definición de los límites constitucionales en una controversia de notable trascendencia social y jurídica.

subir

4. Comparativa de los casos

4.1 Naturaleza del discurso protegido: expresión creativa vs. profesional terapéutica. Alcance y límites del compelled speech como barrera frente a regulaciones coercitivas

La naturaleza del discurso protegido en los casos 303 Creative LLC v. Elenis[105] y Chiles v. Salazar[106] emerge de escenarios distintos, aunque convergentes en la cuestión fundamental del compelled speech. En 303 Creative, el foco radica en la expresión creativa comercial que, dada su conexión íntima con el ideario personal y artístico del creador, recibe una protección constitucional reforzada; la actividad de diseño web configura un discurso inseparable de la identidad del profesional, extendiendo la protección de la libertad de expresión más allá del mero acto comercial. En contraste, el caso Chiles se desarrolla en el ámbito profesional terapéutico, regulado con fines de salud pública. El discurso involucrado se configura dentro de una interacción clínica, en la que el terapeuta transmite mensajes orientados a la salud mental y el bienestar del paciente, relacionando el derecho a la libertad expresiva con la protección de colectivos vulnerables, en el marco de prácticas consideradas potencialmente dañinas. Esta diferencia entre los contextos delimita la aplicación y el alcance jurídico del compelled speech y marca los desafíos doctrinales y prácticos que plantea cada caso.

En ambos procesos, se evidencia la tensión clásica entre el interés legítimo del Estado para imponer normas que aseguren igualdad y protección contra la discriminación (en 303 Creative[107]) o para salvaguardar la salud pública y bienestar de grupos vulnerables (en Chiles[108]), frente a la defensa de derechos individuales fundamentales: la libertad de expresión y, en ocasiones, la libertad religiosa. La parte demandante resalta cómo estas regulaciones preventivas se traducen en compelled speech. Fuerzan a emitir mensajes contrarios a sus creencias y convicciones profundas, lo que, en aplicación de la doctrina de la Primera Enmienda determina la aplicación del test de escrutinio estricto[109]. Por su parte, los Estados argumentan que dichas limitaciones son proporcionales y necesarias para fines públicos legítimos, proponiendo el mantenimiento de regulaciones que preserven valores constitucionales superiores[110].

Esta tensión entre la capacidad reguladora del Estado y la integridad expresiva individual se resuelve mediante la doctrina del compelled speech, mecanismo constitucional que bloquea las acciones estatales que compelen a un individuo a comunicar expresiones en discordancia con su voluntad y sus convicciones. En 303 Creative[111], el Tribunal Supremo confirmó que la Primera Enmienda protege con rigor contra la coacción discursiva, reafirmando que ninguna ley puede obligar a un individuo a exponer mensajes inconsistentes con su conciencia, incluso en el contexto comercial. En cambio, en Chiles v. Salazar[112], el Tribunal debe todavía determinar la extensión de esta salvaguarda en contextos profesionales sujetos a regulación profesional. Esta controvertida frontera entre regulación legítima y compelled speech ilegítimo pone a prueba la amplitud pragmática y doctrinal del concepto. En el writ of certiorari, la demandante invoca en repetidas ocasiones el caso 303 Creative para fundamentar sus argumentos[113].

4.2 Perspectiva sobre libertad religiosa y su tratamiento en ambos casos

La libertad religiosa constituye un hilo conductor relevante en ambos litigios, aunque con diferencias sustantivas en su tratamiento doctrinal y procesal. En 303 Creative LLC[114], la parte demandante fundamentó su pretensión en el libre ejercicio de la libertad religiosa junto con la libertad de expresión, planteando ante el Tribunal Supremo la cuestión sobre la imposición legal de mensajes contrarios a sus convicciones religiosas dentro del ámbito creativo-profesional[115]. En su análisis sobre libertad religiosa, Smith argumentó que la CADA carece de aplicabilidad general y neutralidad al incorporar un sistema de excepciones a la prestación de servicios que generan un trato desigual entre las motivaciones seculares y religiosas[116]. Esta disparidad desactivaría la aplicación de la doctrina de Employment Division v. Smith[117] sobre leyes neutrales, activando el escrutinio estricto conforme a Fulton v. City of Philadelphia[118]. Adicionalmente, enfatizó la inseguridad jurídica derivada de las divergencias interpretativas entre circuitos federales[119]. Sin embargo, el fallo del Supremo se centró exclusivamente en la libertad de expresión, dejando firme la aplicación de la doctrina Employment Division v. Smith[120] por el Tribunal de Apelaciones, que consideró la ley neutral y de aplicación general sin necesidad de escrutinio estricto[121]. Esta resolución refleja la complejidad de interpretar la neutralidad y aplicabilidad general de la norma en el ámbito del libre ejercicio religioso, en contextos donde se produce tensión entre los derechos individuales y las políticas antidiscriminatorias.

Por otro lado, en Chiles v. Salazar[122] la parte actora fundamentó su pretensión específicamente en la vulneración de la libertad de expresión, sin alegar directamente la cláusula de libre ejercicio. No obstante, durante el procedimiento, se presentaron diversos amicus briefs de organizaciones como el Manhattan Institute, la Jewish Coalition for Religious Liberty y el Islam and Religious Freedom Action Team del Religious Freedom Institute, que argumentaron que la ley de Colorado no es neutral desde el punto de vista religioso[123]. Estos documentos sostienen que la ley interfiere significativamente con la capacidad de las comunidades judías y musulmanas para ejercer sus creencias y prácticas religiosas tradicionales en relación con el tratamiento de la disforia de género, afectando directamente al libre ejercicio de su religión[124]. Esta aportación doctrinal externa evidencia la tensión entre la reglamentación sanitaria enfocada en la protección de menores y el reconocimiento de las libertades religiosas de los grupos afectados, señalando un área crítica de debate en la confluencia entre derechos fundamentales. Así, aunque en Chiles[125] la libertad religiosa no fue alegada por la parte actora en su demanda principal, el caso abrió espacios para la reflexión sobre el impacto indirecto que pueden tener las regulaciones sobre algunas prácticas religiosas en contextos sensibles, marcando quizás un precedente importante para futuros análisis de conflictos entre regulación médica y derechos religiosos. En suma, ambos casos ejemplifican escenarios complejos de equilibrio entre libertad religiosa, libertad de expresión y regulación estatal. Sus desarrollos jurisprudenciales reflejan un terreno legal en dinamismo, que requiere una interpretación atenta y contextualizada para preservar los valores constitucionales, sin sacrificar la protección de colectivos vulnerables ni la diversidad religiosa en una sociedad plural.

subir

5. Juicio crítico y líneas de proyección futura

La evolución jurisprudencial estadounidense, ejemplificada en 303 Creative LLC v. Elenis[126], permite observar una tendencia significativa a una protección robusta de la libertad de expresión, especialmente en ámbitos de la prestación de servicios creativos. La inminente decisión en Chiles v. Salazar[127], cuya argumentación oral tuvo lugar en octubre de 2025, podría consolidar esta orientación favorable a la libertad de expresión frente a la regulación estatal. El Tribunal Supremo ha consolidado la doctrina del rechazo al compelled speech –la obligación de emitir mensajes contrarios a convicciones profundas– reconociéndolo como una violación grave de derechos constitucionales. Se sostiene que ninguna ley puede compelir a un individuo a comunicar mensajes discordantes con su fe, moral o ideología, entendiendo la libertad de expresión no solo como un derecho a manifestar ideas, sino también como un derecho intrínseco a decidir qué y cómo expresarlas[128]. El caso 303 Creative establece límites claros en la protección del discurso, avalando el derecho de Lorie Smith a declinar encargos contrarios a sus convicciones religiosas en su actividad profesional, reconociendo la naturaleza expresiva de dicha actividad, incluso en el ámbito comercial y digital[129]. Paralelamente, el caso Chiles refleja las complejidades y tensiones que emergen cuando el discurso profesional terapéutico se enfrenta a regulaciones estatales que, según la parte demandante, buscan imponer una visión concreta sobre aspectos morales y conductuales[130], mientras que el Estado defiende dichas normas como medidas destinadas a prevenir daños en grupos vulnerables[131]. La protección de la autonomía expresiva individual y las prerrogativas estatales de protección social configuran un complejo conflicto que el sistema judicial debe resolver.

Estas tendencias jurisprudenciales permiten anticipar líneas de desarrollo doctrinal en la regulación del discurso profesional y comercial, cuyo régimen futuro transita una zona de tensión entre el derecho a la libertad de expresión y los intereses estatales en asegurar igualdad, no discriminación y salud pública. Parece que la tendencia apunta a reforzar la protección contra el compelled speech, aplicando el escrutinio estricto en limitaciones a derechos fundamentales salvo justificación estatal imperiosa y aplicación menos restrictiva. Este enfoque requiere delimitar con precisión los límites entre autonomía expresiva y regulación estatal legítima, con especial atención a ámbitos donde confluyen libertad religiosa, orientación sexual y derechos de minorías, y precisar estándares equilibrados en doctrinas y jurisprudencia.

Estas proyecciones doctrinales adquieren especial relevancia al considerar sus implicaciones para el diseño de políticas públicas en sociedades pluralistas. El cruce ente la protección frente al compelled speech con políticas antidiscriminatorias genera claras complejidades. La salvaguarda del discurso personal y religioso puede entrar en conflicto con políticas que promueven la igualdad y protección de minorías vulnerables. La elaboración de políticas públicas debe respetar los límites constitucionales, fomentar diálogo social inclusivo y armonizar la diversidad moral con igualdad y no discriminación. Es vital consolidar estándares jurídicos que eviten litigios prolongados y garanticen derechos equilibrados en sociedades pluralistas, fortaleciendo el Estado constitucional y democrático en contextos normativos cambiantes.

Desde la perspectiva de la doctrina española, resulta especialmente valioso el análisis que ofrece sobre la objeción de conciencia y su proyección en el ámbito jurídico estadounidense. La evolución del constitucionalismo estadounidense ha extendido la protección de la objeción de conciencia más allá de las creencias estrictamente religiosas, incorporando progresivamente convicciones morales e ideológicas de carácter secular, lo que ha dado lugar a un pluralismo robusto que tutela la diversidad de identidades y creencias en distintos ámbitos sociales y económicos. Este desarrollo encuentra un precedente significativo en Little Sisters of the Poor Saints Peter and Paul Home v. Pennsylvania[132] donde el Tribunal Supremo reconoció la capacidad de organizaciones religiosas y morales para actuar conforme a sus principios en esferas económicas y formativas, incluso cuando dichas prácticas entran en tensión con mandatos regulatorios federales. La doctrina ha señalado críticamente que la neutralidad legal no debe confundirse con neutralidad ética, advirtiendo que los ciudadanos mantienen una legítima expectativa a que la legislación integre la pluralidad de valores morales, evitando la hegemonía de una mayoría moral sobre minorías disidentes[133]. Este planteamiento cuestiona la conceptualización restringida de la neutralidad estatal, subrayando que una sociedad verdaderamente plural debe reconocer y acomodar distintas visiones morales y religiosas, siempre que no vulneren bienes jurídicos prevalentes[134]. En el constitucionalismo estadounidense, esta tensión se manifiesta en el complejo equilibrio entre el principio de no establecimiento religioso (Establishment Clause) y el libre ejercicio de la religión (Free Exercise Clause), que la jurisprudencia ha intentado armonizar mediante doctrinas como la de Employment Division v. Smith[135] y posteriores desarrollos en Fulton v. City of Philadelphia[136] que exigen que las leyes sean neutrales y de aplicación general para no vulnerar el derecho al libre ejercicio religioso. La jurisprudencia contemporánea refleja una orientación favorable a la protección de la libertad religiosa, mediante decisiones que moderan la doctrina Smith, atenuada posteriormente en Fulton y en sucesivos pronunciamientos hasta la más reciente resolución en Mahmoud[137]. En este contexto normativo, la libertad de expresión continúa articulando ese margen de maniobra –«breathing space»[138]– que la Primera Enmienda requiere, consolidándose como instituto jurídico complementario cuando los estándares de protección religiosa resultan insuficientes. Las proyecciones jurisprudenciales en materia de discurso profesional y comercial tienden hacia un reforzamiento de la garantía frente al compelled speech, mediante la aplicación del escrutinio estricto a toda limitación de derechos fundamentales, salvo que concurran un interés estatal imperioso y la utilización de medios menos lesivos.

Esta aproximación impone delimitar con rigor los confines entre autonomía expresiva y potestad regulatoria legítima del Estado, particularmente en aquellos supuestos donde confluyen libertad de convicciones, orientación sexual, identidad de género y derechos de colectivos vulnerables. La consolidación de criterios jurisprudenciales ponderados resulta esencial para evitar que, por una parte, la tutela del discurso personal y religioso menoscabe las políticas antidiscriminatorias destinadas a garantizar igualdad material y protección de minorías, y que, por otra, el interés público en promover igualdad y no discriminación comprime indebidamente espacios legítimos de objeción moral y religiosa inherentes a sociedades plurales.

La regulación futura de esta materia exige, por consiguiente, la edificación de criterios jurídicos que prevengan litigiosidad prolongada y aseguren derechos equilibrados en contextos pluralistas, robusteciendo el Estado constitucional democrático frente a modificaciones normativas. La adopción de políticas públicas debe observar los límites constitucionales establecidos, estimular diálogo social inclusivo, y conciliar la diversidad moral con los principios de igualdad y no discriminación. Ello presupone reconocer que el pluralismo moral no constituye una concesión discrecional del Estado, sino un valor constitucional[139] que demanda respeto institucional permanente y proyección efectiva en sujetos sociales y económicos, en el cruce dialéctico entre derechos fundamentales, pluralismo moral y autonomía de conciencia[140].

subir

6. Conclusiones

En primer lugar, la sentencia 303 Creative LLC v. Elenis permite afirmar que el compelled speech se consolida en el constitucionalismo estadounidense como una dimensión negativa robusta de la libertad de expresión, que no se agota en la prohibición de censura previa ni en la protección del discurso político clásico, sino que opera como barrera estructural frente a la imposición de mensajes estatales o normativamente inducidos, incluso cuando éstos se articulan mediante leyes de acomodación pública. Resta por determinar si el Tribunal Supremo, en su inminente resolución de Chiles v. Salazar (cuya sentencia se espera para junio de 2026), extenderá esta doctrina al ámbito de las regulaciones profesionales, en este caso terapéuticas. De confirmarse esta línea jurisprudencial, el derecho a no hablar –a no crear, no afirmar, no acompañar ni respaldar determinados contenidos– seguiría su avance en la vertebración de la doctrina reciente del Alto Tribunal en materia de libertad de expresión.

En segundo término, la decisión en 303 Creative refuerza una línea jurisprudencial que otorga protección reforzada a las actividades comerciales de carácter expresivo, rechazando su reducción a mera transacción económica neutra. La actividad creativa de diseño, cuando comporta selección de mensajes, narrativas o símbolos, se ve subsumida en el núcleo duro de la Primera Enmienda y activa la aplicación del escrutinio estricto frente a intentos de forzar la producción de contenidos contrarios a la conciencia de su autora. Ello implica una relectura exigente de las leyes antidiscriminatorias de acomodación pública: siguen siendo constitucionalmente valiosas y necesarias, pero no pueden configurarse como instrumentos para imponer adhesiones ideológicas ni relatos normativos predeterminados, so pena de desnaturalizar la libertad de expresión y de conciencia.

En tercer lugar, Chiles v. Salazar sitúa el debate en un plano más problemático: el del discurso profesional terapéutico en un sector regulado por razones de salud pública y protección de menores. La controversia sobre la calificación de la «terapia de conversión» –conducta profesional proscribible o discurso protegido– evidencia la fragilidad de la distinción entre conduct y speech cuando el acto terapéutico se articula casi exclusivamente mediante la palabra. El asunto obliga al Tribunal Supremo a pronunciarse sobre si las categorías de professional speech admiten un régimen propio de escrutinio atenuado, o si, por el contrario, toda restricción sobre el contenido y la perspectiva ideológica que regule la relación clínica debe someterse a estándares cercanos al escrutinio estricto. Es posible que la resolución que finalmente se adopte tenga un efecto de armonización o profundización de la actual fragmentación entre circuitos federales respecto de las prohibiciones de conversion therapy.

En cuarto lugar, el estudio comparado de ambos casos muestra que la doctrina del compelled speech no puede operar de forma uniforme en todos los contextos, sino que exige una lectura diferencial según el tipo de discurso y el marco institucional en que se inserta. En el ámbito creativo-comercial, el margen reconocido para eximir al profesional de producir expresiones incompatibles con su ideario se circunscribe a actividades fundamentalmente expresivas que implican la creación de discurso personalizado; en el ámbito terapéutico dicho margen puede verse constreñido por la existencia de bienes constitucionales concurrentes –la salud de los menores, la lex artis, obligaciones fiduciarias– que reclaman una ponderación más densa. Esta asimetría pone de manifiesto que el compelled speech funciona como cláusula de cierre, pero no como cláusula automática, requiriendo una reconstrucción cuidadosa de los intereses estatales, la salud pública y la configuración institucional del rol profesional.

En quinto lugar, ambos litigios revelan la profunda imbricación entre libertad de expresión, libertad religiosa y pluralismo moral. Aunque en 303 Creative el Tribunal Supremo resuelve sobre la sola base de la libertad de expresión, el trasfondo del caso es claramente religioso; en Chiles, la dimensión religiosa se articula sobre todo a través de amicus curiae que ponen de relieve el impacto de la regulación sobre comunidades de fe concretas. El escenario jurisprudencial reciente, que manifiesta una tendencia garantista respecto de la libertad religiosa, con decisiones que han suavizado la doctrina Smith, delinea también una tendencia del constitucionalismo estadounidense a canalizar conflictos de conciencia –religiosos y seculares– a través de la cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda.

Desde la perspectiva del Derecho eclesiástico y constitucional comparado, puede concluirse que la evolución estadounidense ofrece pautas valiosas, pero también advertencias, para el debate europeo y español sobre objeción de conciencia, límites de las leyes antidiscriminatorias y regulación del discurso profesional. La configuración amplia de la objeción de conciencia en Estados Unidos –incluyendo convicciones morales seculares– muestra las potencialidades de un pluralismo fuerte, pero también el riesgo de tensionar al límite la eficacia de políticas públicas de igualdad y protección de colectivos vulnerables si no se fijan criterios nítidos sobre cuándo la objeción se vincula a un contenido expresivo personal y cuándo supone la negación de prestaciones básicas en mercados regulados.

En suma, los casos 303 Creative LLC v. Elenis y Chiles v. Salazar constituyen un observatorio idóneo para analizar la reconfiguración contemporánea del equilibrio entre libertad de expresión, libertad religiosa, igualdad y regulación profesional, ofreciendo un marco fértil para seguir profundizando, desde el Derecho eclesiástico del Estado y el Derecho constitucional comparado, en el diseño de soluciones normativas respetuosas con el pluralismo moral, sin abdicar de la tutela efectiva de los derechos de terceros y de los colectivos más vulnerables.


Referencias:

  1. ^ Este trabajo ha sido realizado en el marco de un contrato de investigador predoctoral UNED - Santander y del Programa de Ayudas Predoctorales de Becas Santander.
  2. ^ «El Congreso no promulgará ley alguna […] que restrinja la libertad de expresión» (traducción propia), Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos (ratificada el 15 de diciembre de 1791).
  3. ^ 303 Creative LLC v. Elenis, 600 U.S. 570 (2023).
  4. ^ Chiles v. Salazar, No. 24-539, Supreme Court of the United States (pending 2025).
  5. ^ Ut supr.
  6. ^ Cit., n. 4.
  7. ^ Rodríguez Moya, A., «Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, vol. 39, (2023), p. 901. La autora analiza cómo el TJUE equipara «religión» y «convicciones» como un único motivo de discriminación que comprende tanto convicciones religiosas como filosóficas o espirituales.La libertad de expresión entendida también como «libertad de libertades». Rodríguez Moya, A., «Una aproximación al derecho eclesiástico del estado», Estudios eclesiásticos, 2004, vol. 79 (311), p. 597.
  8. ^ Cit., n. 3; Texas v. Johnson, 491 U.S. 397, 404-06 (1989).
  9. ^ La doctrina estadounidense ha desarrollado el concepto de «symbolic speech» o «expressive conduct» para designar conductas que, aunque no son meramente verbales, comunican un mensaje y merecen protección constitucional en virtud de su contenido expresivo. Véase Spence v. Washington, 418 U.S. 405 (1974), donde el Tribunal estableció una prueba bifurcada: una conducta constituye «symbolic speech» si (1) la intención del actor fue comunicar un mensaje en particular, y si (2) la probabilidad de que la audiencia comprendiera el mensaje así transmitido era alta.
  10. ^ 319 U.S. 624, 642 (1943). El tribunal reconoció el derecho de los estudiantes a objetar al saludo a la bandera afirmando que ningún oficial, ni de mayor ni de menor nivel, puede determinar qué se considera ortodoxo en política, nacionalismo, religión o cualquier otro asunto de opinión.
  11. ^ Obligaciones de expresar lemas patrióticos, de afiliarse formalmente a organizaciones políticas o sindicales, o de financiar campañas o expresiones políticas contrarias a las propias convicciones. Los casos emblemáticos sobre compelled speech en el contexto político incluyen: Wooley v. Maynard, 430 U.S. 705 (1977) (el Tribunal Supremo invalida la obligación estatal de llevar en las matrículas de los vehículos un eslogan estatal contrario a las convicciones religiosas del propietario); Abood v. Detroit Board of Education, 431 U.S. 209 (1977) [restricciones en la obligación de los maestros de contribuir a asociaciones sindicales con fines políticos; precedente posteriormente modificado en Janus v. American Federation of State, County, and Municipal Employees, Council 585 U.S. 576 (2018)]; y Riley v. National Federation of the Blind of North Carolina, Inc., 487 U.S. 781 (1988). (controversias sobre compelled speech en el contexto de fondos benéficos para la financiación de entidades político-sociales).
  12. ^ Hurley v. Irish-Am. Gay, Lesbian & Bisexual Grp. of Bos., Inc., 515 U.S. 557, 573 (1995); Boy Scouts of Am. v. Dale, 530 U.S. 640, 653 (2000). Tanto en Hurley como en Dale el tribunal invalidó las leyes de acomodación pública de Masachusets y de New Jersey respectivamente por considerar que excedían los límites de su propósito, el de asegurar el acceso comercial igualitario a los bienes y servicios. En Hurley, el tribunal admitió la prevalencia de la Primera Enmienda para un grupo de veteranos que se negaron a dar cabida a un grupo LGTB en su desfile por el día de San Patricio, en Boston, porque obligarles a admitirlos vulneraba la regla fundamental de la Primera Enmienda de que el individuo tiene la libertad de elegir su propio discurso. En el caso Dale, el tribunal respaldó la decisión de los Boys Scouts de retirar el estatus de scoutmaster al Sr. Dale, porque siendo este individuo homosexual, ello supondría forzar a la organización a hacerse eco de un mensaje contrario a su ideario.
  13. ^ La distinción entre restricciones content-based y content-neutral es fundamental en la jurisprudencia de la Primera Enmienda. Una restricción es content-based cuando discrimina explícitamente por el contenido del mensaje o cuando su aplicación depende de la valoración del contenido. Una restricción es content-neutral cuando se aplica de forma neutral, sin tener en cuenta el contenido del discurso. Véase Ward v. Rock Against Racism, 491 U.S. 781, 791-792 (1989).
  14. ^ Conforme a la Real Academia española «compelente» es «el adjetivo derivado que corresponde para expresar la idea de «que compele», del verbo compeler», https://twitter.com/RAEinforma/status/1244523060545323010.La doctrina española ha traducido este concepto del derecho constitucional estadounidense de formas diversas, reflejando tanto la dificultad de encontrar un equivalente exacto en castellano como los matices con los que este estándar ha sido recibido en nuestra doctrina., por ejemplo: «imperativo» (Celador Angón, Ó., «La objeción de conciencia del empresario a pagar a sus empleados seguros médicos que incluyan medidas anticonceptivas», Laicidad y Libertades, 14, 2014, p. 506); «superior inexcusable» (Polo Sabau, J. R., «Financiación pública de escuelas religiosas en el derecho norteamericano», Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 41, 2025, p. 449); «preponderante» (Cañamares Arribas, S., «La importación y uso de sustancias alucinógenas para el culto en perspectiva comparada. ¿Desfile de los horrores o libre ejercicio de la religión?», Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 25, 2009, p.186; «imperioso» (Martínez-Torrón, J., «Las objeciones de conciencia en las Américas». Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 40, 2024, p. 96).
  15. ^ Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398, 406 (1963): «only the gravest abuses, endangering paramount interests, give occasion for permissible limitation» [traducción propia: «solo los abusos más graves, que pongan en peligro intereses supremos, dan lugar a una limitación permisible»] (citando Thomas v. Collins, 323 U.S. 516, 530, 1945).
  16. ^ Entendida como adaptación precisa (narrow tailoring): la medida debe adaptarse de forma extremadamente precisa al objetivo perseguido. En este sentido, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró en Ashcroft v. Free Speech Coalition, 535 U.S. 234, 265 (2002): «Although a content-based regulation may serve a compelling state interest, and be as narrowly tailored as possible while substantially serving that interest, the regulation may unintentionally ensnare speech that has serious literary, artistic, political, or scientific value or that does not threaten the harms sought to be combated by the Government. If so, litigants may challenge the regulation on its face as overbroad, but in doing so they bear the heavy burden of demonstrating that the regulation forbids a substantial amount of valuable or harmless speech» [traducción propia: «Aunque una regulación basada en el contenido pueda servir a un interés estatal imperioso y estar tan estrictamente ajustada como sea posible para satisfacer sustancialmente dicho interés, la regulación puede involuntariamente atrapar discursos con serio valor literario, artístico, político o científico, o que no amenaza los daños que el Gobierno pretende combatir. En tal caso, los litigantes pueden impugnar la regulación (facial challenge) por excesivamente amplia (overbroad), pero al hacerlo soportan la pesada carga de demostrar que la regulación prohíbe una cantidad sustancial de discurso valioso o inocuo»]. La reciente decisión del Tribunal Supremo en Americans for Prosperity Foundation v. Bonta, 594 U.S. 595, 611 (2021), en el contexto de organizaciones benéficas obligadas a revelar los nombres y direcciones de sus principales donantes, desarrolló el alcance del concepto de narrow tailoring, afirmando que estos regímenes de divulgación obligatoria deben estar estrictamente ajustados al interés gubernamental invocado: «The point is that a reasonable assessment of the burdens imposed by disclosure should begin with an understanding of the extent to which the burdens are unnecessary, and that requires narrow tailoring» [traducción propia: «La cuestión es que una evaluación razonable de las cargas impuestas por la divulgación debe comenzar por comprender en qué medida dichas cargas son innecesarias, y ello requiere una adaptación precisa»].
  17. ^ Reno v. American Civil Liberties Union, 521 U.S. 844, 874 (1997): «That burden on adult speech is unacceptable if less restrictive alternatives would be at least as effective in achieving the legitimate purpose that the statute was enacted to serve» [traducción propia: «Esa carga sobre el discurso de los adultos es inaceptable si existen alternativas menos restrictivas igual de eficaces para lograr el propósito legítimo que la norma pretendía cumplir»].
  18. ^ Una reciente aplicación del escrutinio intermedio se encuentra en Free Speech Coalition, Inc. v. Paxton, 606 U.S. ___, slip op. at 13 (2025), que se enfoca en regulaciones de verificación de edad para contenido sexual en línea.
  19. ^ Este estándar de revisión judicial encuentra sus fundamentos doctrinales en dos líneas jurisprudenciales principales: por una parte, el test establecido en United States v. O'Brien 391 U.S. 367, 376-377 (1968) para regulaciones content-neutral que afectan incidentalmente el discurso expresivo; por otra, el marco analítico desarrollado en Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission 447 U.S. 557 (1980) para la regulación del discurso comercial (commercial speech). El «test de O'Brien» se articula en cuatro elementos: (1) que la regulación se encuentre dentro del poder constitucional del gobierno; (2) que persiga un «interés gubernamental importante o sustancial»; (3) que ese interés «no esté relacionado con la supresión de la libre expresión»; y (4) que la restricción incidental sobre las libertades de la Primera Enmienda «no sea mayor de lo esencial para la consecución de ese interés». Este marco se ha aplicado sistemáticamente a regulaciones content-neutral que establecen restricciones de tiempo, lugar y modo (time, place, and manner restrictions) y a contextos donde la actividad regulada combina elementos expresivos y no expresivos (Ward v. Rock Against Racism, 491 U.S. 781, 789-791 800, (1989), Hill v. Colorado, 530 U.S. 703, 719-720 (2000).
  20. ^ Ejemplos de intereses considerados importantes incluyen: protección de salud pública [Sorrell v. IMS Health Inc., 564 U.S. 552, 566 (2011)]; prevención de fraude y engaño [Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission 447 U.S. 557, 563 (1980)]; y protección de menores [FCC v. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726, 749 (1978)].
  21. ^ En Pittsburgh Press Co. v. Human Rel. Comm'n, 413 U.S. 376 (1973) el Tribunal Supremo define el commercial speech, como toda manifestación cuyo propósito principal es promover una transacción comercial, es decir, influir en el consumo de bienes o servicios.
  22. ^ Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission 447 U.S. 557 (1980); Zauderer v. Office of Disc. Counsel, 471 U.S. 626 (1985). La jurisprudencia reconoce la capacidad del Estado para regular el discurso comercial.
  23. ^ La jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense distingue entre expresión protegida por la Primera Enmienda y categorías históricamente excluidas de dicha protección. Como estableció recientemente el Tribunal Supremo en Free Speech Coalition, Inc. v. Paxton, 606 U.S. ___, slip op. at 7 (2025): «not all speech is protected. From 1791 to the present, certain» historic and traditional categories «of speech –such as “obscenity, defamation, fraud, incitement, and speech integral to criminal conduct”– have been understood to fall outside the scope of the First Amendment». United States v. Stevens, 559 U.S. 460, 468 (2010). States generally may prohibit speech of this kind without «rais[ing] any Constitutional problem». Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U. S. 568, 571–572 (1942). Such prohibitions are subject only to rational-basis review, the minimum constitutional standard that all legislation must satisfy. See District of Columbia v. Heller, 554 U. S. 570, 628, n. 27 (2008). Under that standard, a law will be upheld «if there is any reasonably conceivable state of facts that could provide a rational basis» for its enactment» [Traducción propia: «no toda expresión está protegida. Desde 1791 hasta el presente, ciertas» 'categorías históricas y tradicionales «de expresión –como la» obscenidad, difamación, fraude, incitación y expresión integrante de conducta delictiva»– se han entendido fuera del ámbito de aplicación de la Primera Enmienda [United States v. Stevens, 559 U.S. 460, 468 (2010)] sin plantear problema constitucional alguno [Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568, 571–572 (1942)]. Tales prohibiciones están sujetas únicamente al control de racionalidad, el estándar constitucional mínimo que toda legislación debe satisfacer [Véase District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570, 62 n. 27 (2008)]. Una ley se mantendrá» si existe cualquier conjunto de hechos razonablemente concebibles que pudiera proporcionar una base racional «para su promulgación [FCC v. Beach Communications, Inc., 508 U.S. 307, 313 (1993)]».
  24. ^ En contextos de libertad de expresión, este estándar se ha aplicado principalmente a regulaciones de material obsceno para menores (Ginsberg v. New York, 390 U.S. 629, 1968) y a restricciones de expresión en foros no públicos, donde las limitaciones gubernamentales solo deben ser razonables en relación con el propósito del foro (Perry Education Association v. Perry Local Educators' Association, 460 U.S. 37, 49, 1983; Cornelius v. NAACP Legal Defense and Educational Fund, 473 U.S. 788, 806, 1985; Arkansas Educational Television Commission v. Forbes, 523 U.S. 666, 680, 683, 1998).Sobre la aplicación del rational basis test en el derecho constitucional estadounidense, véase Rubio López, J. I., «Persona es su nombre. El estatuto jurídico del no nacido: el derecho a la vida como su primer derecho», en Palomino, R. (coord.), Dobbs v. Jackson. El cambio de paradigma sobre el aborto, Iustel, Madrid, 2024, pp. 69-70, 78 y 133.
  25. ^ Riley v. National Federation of the Blind of North Carolina, Inc., 487 U.S. 781, 796-797 (1988). En esta sentencia, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo que la equivalencia constitucional entre el discurso obligado (compelled speech) y el silencio obligado (compelled silence) se extiende al contexto de la expresión plenamente protegida, afirmando que la Primera Enmienda garantiza la «libertad de expresión», término que necesariamente comprende tanto la decisión de qué decir como la de qué no decir.
  26. ^ Cit., n.3.
  27. ^ Cit., n.4. En casos donde la regulación implica compelled speech, la aplicación del estándar de escrutinio puede variar significativamente en función del contexto y las argumentaciones jurídicas presentadas. En el caso pendiente de resolución Chiles v. Salazar, la parte demandante solicita la aplicación del escrutinio estricto (Petition for Writ of Certiorari, p. 14, Chiles v. Salazar, No. 24-539 (U.S. Supreme Ct. filed 2024), fundamentándose en que la Primera Enmienda protege el discurso de los profesionales al impedir que el gobierno regule «el contenido del discurso profesional» y, en consecuencia, preserve un mercado de ideas en el que la verdad prevalezca, como se señala en National Institute of Family and Life Advocates v. Becerra (NIFLA), (585 U.S. at 772, 2018). Sin embargo, en respuesta, el Estado de Colorado argumenta que (Brief in Oppossition, p. 10, Chiles v. Salazar, No. 24-539 (U.S. Sup. Ct. filed 2024), como reconoció la misma NIFLA, los Estados tienen la razonable facultad de regular conductas profesionales cuando esas regulaciones tienen como objetivo proteger a los usuarios y garantizar la lex artis (standard of care), aunque incidentalmente puedan afectar el discurso. Dado que en este caso aún no existe una decisión definitiva de la Corte Suprema, no se puede afirmar con certeza si se aplicará el escrutinio estricto, pero la disputa refleja claramente la tensión entre la protección constitucional del contenido del discurso en el ámbito profesional y la facultad del Estado para regular conductas en interés del bienestar público y la protección de terceros.
  28. ^ Civil Rights Act of 1964, Pub. L. No. 88-352, 78 Stat. 241 (codificada en su versión enmendada en 42 U.S.C. §§ 2000a-2000h-6). El título II (title II - Public Accommodations) aborda específicamente la prohibición de discriminación en lugares de acomodación pública por motivos de raza, color, religión u origen nacional.
  29. ^ Americans with Disabilities Act of 1990, Pub. L. No. 101-336, 104 Stat. 327 (codificada en su versión enmendada en 42 U.S.C. §§ 12101-12213), enmendada por la ADA Amendments Act of 2008, Pub. L. No. 110-325, 122 Stat. 3553.
  30. ^ A nivel estatal, múltiples jurisdicciones han adoptado leyes de acomodación pública que amplían las categorías protegidas más allá de las contempladas en la legislación federal. La Colorado Anti-Discrimination Act (CADA) Colo. Rev. Stat. §§ 24-34-301 a 24-34-804 (2023) promulgada en 1957 y enmendada progresivamente, constituye un ejemplo paradigmático. La CADA prohíbe discriminación en lugares de acomodación pública por motivos de raza, color, discapacidad, religión, origen nacional o ascendencia, sexo, estado civil, orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Así, las protecciones antidiscriminatorias en public accommodations basadas en orientación sexual e identidad de género derivan exclusivamente de legislación estatal y local, generando una protección fragmentada que varía significativamente entre jurisdicciones.
  31. ^ Colo. Rev. Stat. §§ 12-240-121, 12-245-202.
  32. ^ Cit., n.4.
  33. ^ National Institute of Family & Life Advocates v. Becerra, 585 U. S. 755, 775 U.S. (2018).
  34. ^ Colo. Rev. Stat. § 24-34-401 et seq.
  35. ^ Cit., n.3.
  36. ^ Cit., n.4.
  37. ^ Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colo. C.R. Comm'n, 584 U. S. (2018) p. 3, (Kagan, J., concurring): «A vendor can choose the products he sells, but not the customers he serves—no matter the reason. Phillips sells weddingcakes. As to that product, he unlawfully discriminates.» [Un vendedor puede elegir los productos que vende, pero no a los clientes a los que atiende, sin importar la razón. Phillips vende pasteles de boda. En cuanto a ese producto, discrimina ilegalmente] (traducción propia). En este caso fue la hostilidad hacia el hecho religioso, que el tribunal apreció por parte de la administración, la que motivó la sentencia favorable al pastelero.
  38. ^ Cit., n. 3, p. 590: «[W]e do not question the vital role public accommodations laws play in realizing the civil rights of all Americans. This Court has recognized that governments in this country have a »compelling interest» in eliminating discrimination in places of public accommodation» [traducción propia: «no cuestionamos el papel vital que desempeñan las leyes de acomodamientos públicos en la realización de los derechos civiles de todos los estadounidenses. Este Tribunal ha reconocido que los gobiernos de este país tienen un interés imperioso en eliminar la discriminación en los establecimientos públicos»].
  39. ^ Office of the Colorado Attorney General, Brief for Respondents, p. 4, Chiles v. Salazar, No. 24-539 (pending 2025).
  40. ^ National Institute of Family and Life Advocates v. Becerra, 585 U.S. 755, 769 (2018): «This Court has upheld regulations of professional conduct that incidentally burden speech. »The First Amendment does not prevent restrictions directed at commerce or conduct from imposing incidental burdens on speech,« (…) and professionals are no exception to this rule» [traducción propia: «este Tribunal ha confirmado la validez de regulaciones de conducta profesional que incidentalmente restringen la expresión.»'La Primera Enmienda no impide que se apliquen restricciones sobre el comercio o a la conducta que impongan cargas incidentales sobre la expresión« (…) y los profesionales no son una excepción a esta regla»].
  41. ^ Ut supr., p. 773.
  42. ^ Cit., n. 40, p.768.
  43. ^ Ut supr.
  44. ^ Ut supr., p. 769.
  45. ^ Cit., n.3.
  46. ^ Cit., n.4.
  47. ^ Cit., n.3.
  48. ^ Cit., n. 34.
  49. ^ El tribunal de distrito negó la legitimidad de la demandante para impugnar la cláusula de acomodación y falló a favor de los demandados respecto a la cláusula de comunicación, declarando que, conforme a la Colorado Anti-Discrimination Act, Smith no puede publicar un anuncio comunicando la negativa a prestar servicios de diseño web para matrimonios del mismo sexo. En apelación, el Décimo Circuito reconoció legitimidad para impugnar ambas cláusulas y clasificó la actividad de diseño web de Smith como discurso puro (pure speech), señalando que la norma conlleva imposición (compelled speech) y restricción basada en contenido (content-based restriction), debiendo aplicarse escrutinio estricto (strict scrutiny). El tribunal resalta la singularidad de los servicios y justifica el interés gubernamental dominante (compelling interest) para garantizar acceso igualitario al mercado (Petition for Certiorari Appendix, 29a). Respecto a la libertad religiosa, el Décimo Circuito aplicó la doctrina Smith, considerando que las disposiciones son neutrales y de aplicación general, no permitiendo escrutinio estricto y declarando constitucional la limitación sobre el ejercicio religioso.
  50. ^ Cit., n.3, pp. 594, 599 (2023); Petition for Certiorari Appendix, p. 184a; Brief for the Petitioners, p. 5. Al inicio de las actuaciones judiciales, las partes formalizaron una declaración conjunta de hechos (joint statement of facts) con el propósito de delimitar el objeto del litigio. La demandante y el Estado demandado reconocieron recíprocamente una serie de hechos no controvertidos que resultaron determinantes para la resolución del caso. Entre ellos destacan los siguientes: Primero, ambas partes reconocieron que la Sra. Smith atiende a cualquier cliente con independencia de su pertenencia a categorías protegidas por la legislación antidiscriminatoria, hecho indiscutido durante todo el proceso. La controversia se centró en si la demandante objetaba características personales de determinados clientes (tesis de Colorado) o tipos específicos de mensajes expresivos (tesis de la demandante,(Pet. Br., 5). Segundo, las partes reconocieron el carácter expresivo de la actividad de diseño web desarrollada por la demandante (Pet. for Cert. App., 181a). No obstante, Colorado argumentó ante el Tribunal Supremo que la prestación comercial de servicios no constituye, per se, expresión constitucionalmente protegida (Brief on the Merits for Respondents, p. 21-22, cit., n.3).
  51. ^ Petitioner's Brief, p.5, 303 Creative LLC v. Elenis, 600 U.S. 570 (2023).
  52. ^ Petition for Certiorari, Appendix, p.7a, 303 Creative LLC v. Elenis, 600 U.S. 570 (2023).
  53. ^ Cit., n. 51. Señala como ejemplo que prestaría sus servicios a clientes LGBTQ+ para múltiples tipos de proyectos, pero no crearía sitios web que celebren matrimonios del mismo sexo, independientemente de la orientación sexual del solicitante.
  54. ^ 494 U.S. 872 (1990).
  55. ^ Cit., n. 52, pp. 6, 9, 27.
  56. ^ Respondent's Brief, pp. 6-7, 303 Creative LLC v. Elenis, 600 U.S. 570 (2023).
  57. ^ Ut supr., p. 28.
  58. ^ Ut supr., pp. 2, 15.
  59. ^ Opposition Brief, p. 31, 303 Creative LLC v. Elenis, 600 U.S. 570 (2023).
  60. ^ 593 U.S. 522 (2021). En este caso, el Tribunal Supremo dictaminó en contra de la ciudad de Filadelfia por retirar el contrato de colaboración para la gestión de servicios de acogida familiar a Catholic Social Services (CSS), organización que declinaba certificar a parejas del mismo sexo como padres de acogida por motivos religiosos. El Tribunal determinó que Filadelfia vulneró la Cláusula de Libre Ejercicio al obligar a CSS a certificar a tales parejas en contra de su ideario religioso. La decisión se fundamentó en que la regulación estatal no era neutral ni de aplicación general bajo el estándar de Employment Division v. Smith, 494 U.S. 872 (1990), porque el contrato contenía una cláusula que permitía excepciones a los requisitos antidiscriminatorios sujetas a la discreción exclusiva del Comisionado de Servicios Humanos. Esta característica –un sistema de excepciones individualizadas sujeto a discrecionalidad administrativa– diferencia Fulton de Smith y desactiva la doctrina para leyes neutrales y generalmente aplicables, activando en su lugar el escrutinio estricto. Bajo este estándar exigente, Filadelfia no logró demostrar un interés imperioso (compelling interest) suficiente para justificar la carga sobre el libre ejercicio religioso de CSS. En resumen, Fulton establece que la existencia de excepciones discrecionales en una norma debilita su carácter de aplicación general y puede desactivar la doctrina Smith, accionando la aplicación del escrutinio estricto.
  61. ^ Cert. granted Feb. 22, 2022, 303 Creative LLC v. Elenis, 600 U.S. 570 (2023). Aunque la peticionaria solicitó certiorari tanto respecto de su pretensión basada en la libertad de expresión como en el libre ejercicio religioso, el Tribunal Supremo concedió el recurso únicamente en relación con la primera, limitando la cuestión presentada a: «Whether applying a public-accommodation law to compel an artist to speak or stay silent violates the Free Speech Clause of the First Amendment» [traducción propia: «Si la aplicación de una ley de acomodación pública que obliga a un artista a hablar o permanecer en silencio vulnera la Cláusula de Libertad de Expresión de la Primera Enmienda»].
  62. ^ Cit., n. 3, pp. 587-588.
  63. ^ En el litigio se planteó un supuesto hipotético de contraste: si la Sra. Smith se limitara a vender productos prediseñados (e.g., camisetas) accesibles al público general, la aplicación de la Colorado Anti-Discrimination Act (CADA) no suscitaría controversia constitucional alguna y la actora estaría obligada a servir a cualquier cliente (Petition for Certiorari Appendix, p. 67a). Sin embargo, la concesión del certiorari se fundamentó precisamente en la naturaleza cualitativamente distinta de la actividad. Como razona el Juez Gorsuch en la sentencia, este no es un caso de aplicación típica de normas sobre establecimientos públicos a negocios ordinarios no expresivos («our case is nothing like a typical application of a public accommodations law requiring an ordinary, non-expressive business to serve all customers»), sino una excepción justificada por el carácter del discurso protegido de los servicios personalizados de la recurrente. Cit., n.3, p. 598.
  64. ^ Cit., n. 62.
  65. ^ Cit., n. 3, p. 596.
  66. ^ Ut supr., p. 590: «This Court has recognized that governments in this country have a «compelling interest» in eliminating discrimination in places of public accommodation». [traducción propia: Este tribunal ha reconocido que en este país los gobiernos tienen un interés compelente en eliminar la discriminación en lugares de acomodación pública].
  67. ^ Cit., n. 3, p. 595 n.3: « […] Colorado itself has, in other contexts, distinguished status-based discrimination (forbidden) from the right of a speaker to control his own message […]». [traducción propia: El propio Colorado, en otros contextos, ha distinguido entre la discriminación basada en el estatus (prohibida) y el derecho del orador a tener el control de su propio mensaje (protegido)].
  68. ^ Ut supr., p. 598: «Colorado itself has stipulated Ms. Smith will (as CADA requires) “work with all people regardless of … sexual orientation”». [traducción propia: «El propio Coloado ha estipulado que la Sr.a. Smith (como requiere la CADA) “trabaja con todas las personas con independencia de … su orientacion sexual”»]. Petitioners’ Brief, p. 5, 303 Creative LLC v. Elenis, 600 U.S. 570 (2023). En dicho escrito se expone que Lorie Smith no objeta prestar servicios a personas concretas, sino a mensajes que contradigan «la verdad de la Biblia», tales como el ateísmo, los juegos de azar, el aborto, la incitación a la violencia o conceptos de matrimonio distintos de la unión entre un hombre y una mujer.
  69. ^ Ut supr., pp. 589-590.
  70. ^ Ut supr., pp. 593-594.
  71. ^ Ut supr., pp. 596-598: «Here, Colorado does not seek to impose an incidental burden on speech. It seeks to force an individual to «utter what is not in [her] mind» about a question of political and religious significance». [traducción propia: «En este caso, Colorado no busca imponer una restricción incidental sobre la expresión. Pretende forzar a un individuo a «expresar lo que no está en su mente» sobre una cuestión de significación política y religiosa»].
  72. ^ Cit., n. 67.
  73. ^ Cit., n. 3, p. 638 (Sotomayor, J., dissenting).
  74. ^ Vid. Volokh, E., «The Law of Compelled Speech», Texas Law Review, vol. 97:355, 2018, pp. 389-390.
  75. ^ Sobre la potestad estatal de regulación profesional, véase, para el ámbito sanitario, Barsky v. Board of Regents, 347 U.S. 442, 449 (1954), donde el Tribunal reconoció el amplio poder estatal para establecer y hacer cumplir estándares de conducta profesional relativos a la salud como parte esencial del potestad reguladora estatal; y para la profesión legal, Ohralik v. Ohio State Bar Association, 436 U.S. 447, 460 (1978), donde se afirmó la responsabilidad del Estado en el mantenimiento de estándares entre miembros de profesiones reguladas, particularmente la abogacía.
  76. ^ Cit. n. 33, p. 769.
  77. ^ Vid. epígrafe 3.2. El caso Chiles v. Salazar presenta una divergencia jurisprudencial entre circuitos (circuit split) respecto a si las leyes que prohíben las terapias de conversión regulan conducta profesional o restringen discurso profesional constitucionalmente protegido. Compárese King v. Governor of New Jersey, 767 F.3d 216, 233 (3d Cir. 2014) (Tercer Circuito: considera que la prohibición constituye regulación de conducta profesional sujeta a escrutinio intermedio), y Pickup v. Brown, 740 F.3d 1208, 1228-29 (9th Cir. 2014) (Noveno Circuito: trata las terapias de conversión como conducta profesional, no discurso, aplicando rational basis test), con Otto v. City of Boca Raton, 981 F.3d 854, 867 (11th Cir. 2020) (Grant, J.) (Undécimo Circuito: caracteriza las terapias de conversión como discurso puro, aplicando escrutinio estricto).
  78. ^ Cit., n. 4.
  79. ^ Petition for a Writ of Certiorari, pp. 5-6, Chiles v. Salazar, No. 24-539, U.S. Supreme Court (pending 2025).
  80. ^ Oral Argument Transcript pp. 9-10, Chiles v. Salazar, No. 24-539 (U.S. argued Oct. 7, 2025) (declaración del Sr. Campbell, letrado de la parte demandante en respuesta a la pregunta de la magistrada Sotomayor sobre si la terapia incluye «aversion therapy, which is encouraging them to vomit, encouraging them to go into electric shock treatment». [traducción propia: terapia aversiva, que implica inducirles el vómito, someterles a tratamiento con electrochoque], el letrado respondió: «No. Ms. Chiles does not do any of that. All she does is speech in her counseling», «She engages in a discussion where her and the clients explore via concepts of identity, behavior» [traducción propia: «No. La Sra. Chiles no hace nada de eso. Todo lo que hace es hablar en sus sesiones de asesoramiento». «Desarrolla un diálogo en el que ella y los clientes exploran cuestiones relacionadas con conceptos de identidad y comportamiento»].
  81. ^ Cit., n. 31.
  82. ^ Cit., n. 79, pp. 10-11.
  83. ^ Cit., n. 31.
  84. ^ Cit. n.79, pp. 10-11.
  85. ^ Ut supr., pp. 8, 28.
  86. ^ Ut supr., p. 15: «A private conversation is speech, not conduct. That does not change just because one participant is a licensed counselor and the other her client.» [traducción propia: «Una conversación privada constituye expresión, no conducta. Esto no cambia simplemente porque uno de los participantes sea un consejero profesional habilitado y el otro su cliente»].
  87. ^ Cit., n. 79, p. 14; Reply Brief of Petitioner, Chiles v. Salazar, p. 6, No. 24-539, U.S. (filed Jan. 15, 2025).
  88. ^ Cit., n. 33.
  89. ^ Cit., n. 79, pp. 5-6.
  90. ^ Cit., n. 79, pp. 10, 26.
  91. ^ Brief in Opposition, pp. 9-10, Chiles v. Salazar, No. 24-539, U.S. Supreme Court (pending 2025).
  92. ^ Ut supr., pp. 7-8.
  93. ^ Ut supr., pp. 32-33.
  94. ^ Cit., n. 39, pp. 2, 9, 54.
  95. ^ Ut supr., pp. 5, 15.
  96. ^ Cit., n. 91, p. 5.
  97. ^ Así lo apreció el tribunal de distrito en primera instancia. Ut supr., p.45: «The district court applied rational-basis review to Colorado's law, concluding that it was rationally related to Colorado's legitimate interests in protecting the health and safety of minor patients and in regulating and maintaining the integrity of the mental health profession» [traducción propia: «El tribunal de distrito aplicó el rational basis review a la ley de Colorado, concluyendo que guardaba relación racional con los intereses legítimos de Colorado en proteger la salud y seguridad de pacientes menores y en regular y mantener la integridad de la profesión de salud mental»].
  98. ^ Ut supr., pp. 44,51.
  99. ^ Ut supr., pp. 17, 45.
  100. ^ Ut supr., p. 52: «The law applies only to licensed professionals and only when they provide treatment to minors. It does not apply to those engaged in religious ministry or any others who do not hold themselves out as healthcare professionals.» [traducción propia: «La ley resulta aplicable exclusivamente a profesionales habilitados, y únicamente en el contexto de la prestación de tratamiento a menores de edad. Quedan excluidos de su ámbito de aplicación quienes desempeñan funciones de ministerio religioso, así como cualquier otra persona que no ostente la condición de profesional sanitario»].
  101. ^ Cert. granted, Oct. 3, 2025, Chiles v. Salazar, No. 24-539, U.S. Supreme Court (pending 2025).
  102. ^ Cit., n. 79, pp. 13, 16-17. Recientemente el Sexto Circuito concedió una medida cautelar preliminar contra la prohibición de terapias de conversión en Michigan basándose en la probabilidad de éxito de los demandantes en su pretensión sobre libertad de expresión, en aplicación del escrutinio estricto.: Notice of Supplemental Authority, Chiles v. Salazar, No. 24-539 (U.S. filed 19/12/ 2025) [notificando decisión del Sexto Circuito en Catholic Charities of Jackson, Lenawee, and Hillsdale Counties v. Whitmer, No. 25-1105 (6th Cir. 17/12/2025)]. En esta notificación, la parte demandante informa al Tribunal Supremo de la decisión del «Sexto Circuito que concedió una medida cautelar preliminar contra una prohibición de terapias de conversión en Michigan "casi idéntica" a la ley de Colorado impugnada en el presente caso. El Sexto Circuito determinó que los demandantes tienen probabilidades de éxito en su pretensión basada en la Primera Enmienda (libertad de expresión), al considerar que la restricción constituye discriminación por contenido y punto de vista (viewpoint and content based), sujeta a escrutinio estricto (strict scrutiny), estándar que la ley no supera, (slip op. at 12-13). El tribunal concluyó que la evidencia pericial de Michigan –que incluía una declaración experta también citada por Colorado ante el Tribunal Supremo (Resp. Br. at 50)– no establecía el nexo causal directo exigido por los precedentes del Tribunal bajo escrutinio estricto (slip op. at 13). Incluso el voto disidente reconoció que la prohibición de Colorado es sustancialmente indistinguible de la ley de Michigan y que la impugnación de Chiles es la misma que la impugnación de los demandantes allí (slip op. at 20)» (traducción propia).
  103. ^ Cit., n. 79, pp. 28, 113a–114; Cit., n. 39, pp. 11-15.
  104. ^ Cit., n. 4.
  105. ^ Cit., n. 3.
  106. ^ Cit., n. 4.
  107. ^ Cit., n. 3.
  108. ^ Cit., n. 4.
  109. ^ Cit., n. 79, pp. 21-27.
  110. ^ Cit., n. 91, pp. 23-42.
  111. ^ Cit., n. 3.
  112. ^ Cit., n.4.
  113. ^ Cit. n. 79, pp. 4, 15, 21, 23.
  114. ^ Cit., n. 3.
  115. ^ Cit., n.52, pp. 10, 23, 27, 28.
  116. ^ Cit., n. 52, pp. 10, 23-24. La estrategia argumentativa buscaba desactivar la doctrina restrictiva de Employment Division v. Smith, 494 U.S. 872 (1990), que sostiene que la cláusula de libre ejercicio no otorga derecho a exenciones de leyes neutrales de aplicabilidad general, aun cuando tales leyes incidentalmente restrinjan prácticas religiosas. En aplicación de Fulton v. City of Philadelphia, 593 U.S. 522 (2021), Smith señaló que la norma impugnada contiene un sistema de excepciones discrecionales que, conforme a esta jurisprudencia, pueden comprometer la neutralidad y aplicabilidad general de la norma, activando escrutinio estricto.
  117. ^ Cit., n. 54. En esta sentencia, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció que la cláusula de libre ejercicio de la Primera Enmienda no exime del cumplimiento de una ley neutral y de aplicabilidad general. El Tribunal denegó la prestación por desempleo a dos miembros de la Native American Church despedidos por consumir peyote –sustancia prohibida en Oregón– en el marco de una ceremonia religiosa.La doctrina Smith introdujo una distinción controvertida entre dos tipos de supuestos. Por un lado, los casos «puros», donde se aplica una prueba de política secular válida (valid secular policy test) que otorga amplio margen de regulación al legislador. Por otro, los casos «híbridos», donde la libertad religiosa concurre con otro derecho fundamental (por ejemplo libertad de expresión o derechos parentales), activándose un escrutinio estricto (strict scrutiny). En estos últimos, el Estado debe demostrar un interés gubernamental imperioso (compelling interest) y el uso del medio menos restrictivo.Esta doctrina ha sido cuestionada tanto por miembros de la judicatura –véase Fulton v. City of Philadelphia, 593 U.S. 522 (2021) (Alito, J., concurring in judgment, p. 57): «It is hard to see the justification for this curious doctrine»– como por la doctrina académica. Véase, por ejemplo: Wren, G., «A continued sign of the court's unwillingness to overrule Smith», Nevada Law Journal Forum, vol. 7 (2023), art. 1; y Laycock, D., «The Supreme Court's assault on free exercise, and the amicus brief that was never filed», Journal of Law and Religion, vol. 8, n.º 1/2 (1990), pp. 99-114.Como reacción legislativa, el Congreso aprobó la Religious Freedom Restoration Act (RFRA) en 1993 para restaurar el escrutinio estricto. Sin embargo, tras la sentencia City of Boerne v. Flores, 521 U.S. 507 (1997), que limitó su aplicación a nivel federal, numerosos estados promulgaron sus propias protecciones (actualmente 30 estados cuentan con State RFRAs). Recientemente, el alcance de Smith fue matizado en Fulton (Cit., n. 60), donde el Tribunal falló a favor de la Catholic Social Services, argumentando que la política de la ciudad no era neutral ni de aplicación general al permitir excepciones discrecionales, lo que obligaba a aplicar un escrutinio estricto que la ciudad no pudo superar.
  118. ^ Cit., n. 52, pp. 6-7, 9-10, 23,28. Smith argumentó que la aplicación administrativa de la CADA revela un patrón discriminatorio implícito: los proveedores que rechazan crear contenido con mensajes políticos específicos de tipo secular, las interpreta como fundamentadas en el mensaje y conforme a derecho (Id. 6), y sin embargo si las motivaciones son de tipo religioso, las considera basadas en el estatus de los clientes y por tanto ilícitas (Id. 9, 27). Además Smith criticó la interpretación del Décimo Circuito, que exigía demostrar que la excepción secular permitida por la CADA fuese «prácticamente idéntica» a la excepción religiosa solicitada para cuestionar la aplicabilidad general de la norma, caracterizando este estándar como exacerbación indebida del test establecido en Fulton v. City of Philadelphia, 593 U.S. 522 (2021).
  119. ^ Cit., n. 52, pp. 30-33. Smith documentó una divergencia profunda entre circuitos federales: los Circuitos Sexto, Noveno y Décimo aplican estándar restrictivo que requiere que la motivación religiosa sea «exactamente igual» a la excepción secular permitida para cuestionar la neutralidad de la norma, aplicando escrutinio racional o intermedio; los Circuitos Segundo, Tercero, Quinto y Séptimo aplican escrutinio estricto cuando el gobierno permite excepciones seculares mientras prohíbe conductas religiosas que afectan a intereses estatales similares; el Cuarto Circuito adoptó una posición intermedia, rechazando que la libertad religiosa deba depender de la «casualidad» de encontrar «dobles seculares» exactos. Smith citó una proliferación de litigios derivados de esta incertidumbre doctrinal, incluyendo Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colorado Civil Rights Commission, 584 U.S. 617 (2018), Scardina v. Masterpiece Cakeshop, Inc., 528 P.3d 926 (Colo. App. 2023) entre otros, argumentando la necesidad de clarificación por parte del Tribunal Supremo sobre el alcance de la protección de la Primera Enmienda frente a la expansión de leyes de acomodación pública que incorporan un creciente número de categorías protegidas (orientación sexual, identidad de género, condición de estudiante, creencias políticas) sin contemplar salvaguardas constitucionales adecuadas. Scardina (actualización 2024): Dado que el Tribunal Supremo de Colorado revocó la decisión del Tribunal de Apelaciones en octubre de 2024 la Decisión vigente (Tribunal Supremo de Colorado, 2024) es In re Masterpiece Cakeshop, Inc., 2024 CO 57 (Colo. Oct. 7, 2024) (revocando Scardina v. Masterpiece Cakeshop, Inc., 528 P.3d 926 [Colo. App. 2023)].
  120. ^ Ut supr.
  121. ^ Cit., n. 52. Appendix 35a-36a. El Décimo Circuito consideró que la Colorado Anti-Discrimination Act (CADA) constituye una ley neutral y de aplicación general que incide solo incidentalmente sobre la libertad religiosa, aplicando la doctrina Smith (cit., n. 54), sin requerir escrutinio estricto, (citando Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah, 508 U.S. 520, 531 (1993)). Aunque la CADA prevé excepciones, el tribunal determinó que no desvirtúan su aplicación general uniforme en aras de la protección de consumidores LGTBI. El juez Tymkovich disintió, argumentando que las excepciones individualizadas permiten aplicación selectiva según motivación secular o religiosa, vulnerando la neutralidad exigida por Smith y requiriendo escrutinio estricto, cit., n.52, pp. 89a, 90a.
  122. ^ Cit., n. 4.
  123. ^ Brief of the Manhattan Institute, Islam and Religious Freedom Action Team, Jewish Coalition for Religious Liberty, and Dr. Dovid Schwartz as Amici Curiae Supporting Petitioners, pp. 5-9, Chiles v. Salazar, No. 24-539, U.S. Supreme Court (pending 2025).
  124. ^ Ut supr., pp. 12-16.
  125. ^ Cit., n. 4.
  126. ^ Cit., n. 3.
  127. ^ Cit., n. 4.
  128. ^ Cit., n. 3, pp. 589-590.
  129. ^ Ut supr., p. 587.
  130. ^ Cit., n. 79, p. 10.
  131. ^ Cit., n. 39, pp. 45-51.
  132. ^ 591 U.S. 657, 691-692 (2020).
  133. ^ Martínez Torrón, J., «Las objeciones de conciencia en las Américas: perspectivas contemporáneas de la libertad de conciencia en sistemas plurales», Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado vol. 40, 2024, p. 97.
  134. ^ Martínez-Torrón, critica la conceptualización restringida de la neutralidad estatal, alertando que la neutralidad legal no equivale a neutralidad ética, y subraya la legítima expectativa ciudadana de una legislación que incorpore la totalidad de valores morales sociales, evitando la hegemonía de la mayoría. En Martínez-Torrón, J., «La objeción de conciencia en la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano», Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 1, 1985, pp. 455-456. Celador Angón, O., «Definición de religión y organización con fines religiosos en el ordenamiento jurídico estadounidense», Ius Canonicum, vol. 61, 2021, p. 620.
  135. ^ Cit., n. 54.
  136. ^ Cit., n. 60.
  137. ^ Por ejemplo en Sisters of the Poor Saints Peter and Paul Home v. Pennsylvania 591 U.S. 657 (2020), 303 Creative LLC v. Elenis, 600 U.S. 570 (2023)., Groff v. DeJoy 600 U.S. 447 (2023), Mahmoud v. Taylor 606 U.S. ___ (2025).
  138. ^ National Association for the Advancement of Colored People v. Button, 371 U.S. 415, 433 (1963); New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 272 (1964).
  139. ^ Vega García, A. S.,» Constitución, pluralismo político y partidos». Revista De Las Cortes Generales, (26), 1992, 69-116. P.78. También el Tribunal Constitucional en España ha aplicado el valor del pluralismo de forma expansiva en su jurisprudencia para garantizar la diversidad de opciones en una sociedad democrática como por ejemplo en las sentencias Tribunal Constitucional. (1990). Sentencia 20/1990, de 15 de febrero. Recurso de amparo 1.503/1987. Boletín Oficial del Estado, núm. 52, 25-28., p. 28: Señala que la libertad ideológica está «indisolublemente unida al pluralismo político» y exige «la máxima amplitud en el ejercicio de aquélla»; Tribunal Constitucional. (1999), Sentencia 116/1999, de 17 de junio. Recurso de inconstitucionalidad 376/1989. Boletín Oficial del Estado, núm. 146, 67-80, p. 76.: Utilizó el pluralismo para justificar que no existe un concepto constitucional único de familia, señalando que «como corresponde a una sociedad plural» pueden existir diversos modelos familiares.
  140. ^ Cit., n. 132, p. 672. El Tribunal permitió que la organización religiosa (Little Sisters on the Poor Saints Peter and Paul Home) se negara a facilitar cobertura de anticonceptivos en sus planes de seguro de salud, reconociendo la capacidad de entidades religiosas para actuar conforme a sus principios morales en contextos económicos. Celador Angón, O., «Definición de religión…», cit., p. 620.

State Agency Official State Gazette

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid