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La libertad de expresión constituye uno de los derechos fundamentales y piedra angular del sistema democrático estadounidense, consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución bajo el mandato expreso de que «Congress shall make no law […] abridging the freedom of speech»[2]. Esta protección no sólo garantiza la facultad de manifestar ideas, opiniones y creencias, sino que también ampara la autonomía del individuo para no ser obligado a expresar mensajes contrarios a sus convicciones personales o religiosas, fenómeno conocido en la doctrina como compelled speech o discurso obligado. La comprensión y análisis del compelled speech resultan imprescindibles debido a la tensión dinámica entre esta protección y las regulaciones estatales que buscan imponer contenidos o conductas específicas, sobre todo en contextos donde los derechos individuales se cruzan con políticas públicas orientadas a la igualdad y la no discriminación.
El estudio del discurso obligado es fundamental en un marco jurídico en el que la libertad de conciencia y la pluralidad de convicciones coexisten con la necesidad de garantizar igualmente derechos fundamentales de terceros. Los conflictos que emergen en ámbitos comerciales y profesionales, donde los sujetos reclaman el derecho a expresar o abstenerse de expresar determinadas ideas mediante su actividad, demandan un análisis riguroso y una evolución jurisprudencial cuidadosa que preserve el delicado equilibrio entre derechos constitucionales y responsabilidades legales. Este análisis adquiere especial relevancia en sociedades plurales y diversas, y en particular en el constitucionalismo estadounidense, que se enfrenta a debates complejos sobre la extensión y límites constitucionales de la Primera Enmienda.
Los casos 303 Creative LLC v. Elenis[3] y Chiles v. Salazar[4] representan hitos recientes para entender la evolución contemporánea de la protección constitucional contra el compelled speech. En 303 Creative[5], el Tribunal Supremo abordó la cuestión de si una empresa de diseño web podía, basándose en sus convicciones religiosas, rehusar producir contenido gráfico que promoviera matrimonios entre personas del mismo sexo, en un enfrentamiento directo entre la libertad de expresión y las normativas antidiscriminatorias estatales. En contraste, Chiles v. Salazar[6] plantea desafíos semejantes en torno a la prohibición estatal de la denominada «terapia de conversión» para personas LGBTQ+, explorando los límites constitucionales que esta imposición impone sobre la libertad profesional y expresiva de terapeutas y consejeros por motivos éticos o religiosos.
Ambos procesos son esenciales para dimensionar el alcance y los límites del compelled speech en distintos ámbitos –uno centrado en la expresión creativa comercial y otro en el discurso profesional terapéutico–, y para evaluar la capacidad del sistema judicial para armonizar derechos fundamentales en evidente conflicto. La resolución de estos casos tiene implicaciones profundas para el desarrollo doctrinal, la delimitación de estándares jurídicos sobre coerción discursiva, y para la influencia que ejercerán en la política pública, la convivencia social y el respeto al pluralismo moral.
Este artículo se propone, por tanto, efectuar un análisis, partiendo del marco normativo y evolutivo, y articulando una comparación crítica entre 303 Creative y Chiles con el objetivo de ofrecer actualizaciones innovadoras que avancen en la comprensión y tutela constitucional del compelled speech dentro del constitucionalismo estadounidense contemporáneo.
La libertad de expresión, consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución está profundamente conectada con la libertad de convicciones[7]. La doctrina y jurisprudencia han desarrollado a lo largo del tiempo un enfoque evolutivo que reconoce no solo el discurso tradicional (oral o escrito), sino también formas expresivas más variadas y complejas[8].
En efecto, desde los primeros pronunciamientos sobre la materia, el Tribunal Supremo ha entendido que la protección de la Primera Enmienda se extiende más allá del discurso político convencional, alcanzando manifestaciones simbólicas, expresiones artísticas y conductas que, aunque incluyan un elemento no verbal significativo, comunican ideas, mensajes ideológicos o narrativas que merecen protección constitucional, Entre estos supuestos se encuentran las manifestaciones audiovisuales, las protestas simbólicas, el arte performativo, y en general cualquier conducta que, aunque pueda parecer no lingüística en su forma externa, se dirige principalmente a comunicar un mensaje o un significado a una audiencia. Esta amplitud en la conceptualización de lo «expresivo» resultará especialmente relevante cuando analicemos, en secciones posteriores, las actividades de creación de contenido digital y el asesoramiento terapéutico como formas de expresión susceptibles de protección constitucional[9].
Además, el derecho a expresarse libremente, tal y como ha sido desarrollado por la jurisprudencia estadounidense, no se agota en la facultad positiva de comunicar mensajes propios. De igual importancia resulta lo que la doctrina ha denominado la dimensión negativa de la libertad de expresión: el derecho fundamental de todo individuo a no ser obligado por el Estado a expresar mensajes con los cuales no comulga, ni a respaldar ideas, convicciones o narrativas que contradicen sus creencias personales, políticas, religiosas o morales.
Este fenómeno, conocido en la doctrina estadounidense como compelled speech o discurso obligado, representa una categoría especifica de vulneraciones de la Primera Enmienda, que opera de forma independiente y paralela a las restricciones tradicionales sobre la libertad de expresión. En tanto que las restricciones convencionales buscan silenciar ciertos discursos considerados problemáticos o peligrosos, el compelled speech opera en la dirección opuesta: obliga a un individuo o entidad a comunicar un mensaje especifico, muchas veces bajo penas de sanciones legales, a pesar de que esa comunicación violenta profundas convicciones morales o religiosas del sujeto obligado.
La expresión obligada por mandato estatal se presume inconstitucional y está protegida frente a leyes o regulaciones que obliguen a emitir o difundir mensajes contrarios a las convicciones personales o creencias fundamentales. El fundamento de esta protección es profundo: reconoce que la libertad intelectual y moral de cada persona incluye el derecho a mantener la integridad de las propias convicciones frente a tentativas de imposición estatal.
Desde el caso emblemático West Virginia State Board of Education v. Barnette[10] hasta la jurisprudencia contemporánea, la doctrina del compelled speech ha experimentado una evolución significativa en cuanto a los ámbitos en que se aplica. Estos precedentes relevantes marcan la frontera entre la expresión protegida y la prohibición del discurso obligado, estableciendo límites para la acción gubernamental en materia de discurso. En el origen la mayor parte de la jurisprudencia se concentraba en contextos políticos tradicionales[11]. Sin embargo, progresivamente la protección contra el compelled speech se extendió a ámbitos menos convencionales[12] en los que la dimensión expresiva se proyecta sobre estructuras organizativas privadas y relaciones de mercado, anticipando los dilemas que posteriormente emergerán en el terreno estrictamente comercial.
De este modo, cuando el foco se desplaza al contexto de actividades comerciales y profesionales, la complejidad aumenta por la tensión entre el derecho individual a la libertad de expresión y los intereses públicos que buscan la igualdad y la no discriminación. La protección robusta que tienen los discursos políticos o artísticos se modula en el ámbito económico o profesional, donde las regulaciones estatales pueden limitar ciertas expresiones si persiguen fines legítimos y aplican estándares adecuados, pero la problemática del compelled speech persiste cuando tales limitaciones exigen transmitir mensajes contrarios a las convicciones del individuo. Precisamente para resolver estas tensiones entre la protección de la expresión individual y las limitaciones regulatorias legítimas, la doctrina judicial ha configurado una escala de intensidades en el control de constitucionalidad aplicable a tales limitaciones.
El Tribunal Supremo ha desarrollado un esquema de gradación de estándares de escrutinio para evaluar restricciones a la libertad de expresión que opera de manera central en la jurisprudencia de la Primera Enmienda. Este sistema estructura la revisión judicial en tres categorías ordenadas jerárquicamente: el escrutinio estricto, intermedio y racional. La selección del estándar aplicable resulta frecuentemente determinante para la resolución final del litigio, por lo que su correcta identificación es crítica.
El escrutinio estricto es el estándar más riguroso. y se invoca cuando la regulación impugnada afecta directamente al discurso, es decir, establece limitaciones en función del mensaje transmitido o sobre la base del punto de vista ideológico del hablante[13]. Bajo este estándar la carga de la justificación recae en el Estado, que debe demostrar tres elementos: que la restricción persigue un interés gubernamental compelente[14],[15], que es estrictamente necesaria[16] y que el medio empleado es el menos restrictivo disponible[17].
El escrutinio intermedio[18] se aplica a regulaciones sobre contenido del discurso que aún formuladas de manera neutral pueden tener efectos incidentales sobre la libertad de expresión[19]. El Estado debe demostrar: primero, que la regulación persigue un interés estatal importante, menos exigente que compelente, pero más riguroso que simple racionalidad[20]; segundo, que existe una relación sustancial entre la regulación y ese interés, exigencia menos rigurosa que «medio menos restrictivo». El supuesto paradigmático de aplicación del escrutinio intermedio es la regulación del commercial speech o discurso comercial[21], definido como aquella manifestación cuyo propósito principal es promover una transacción comercial, esto es, influir en el consumo de bienes o servicios. El Tribunal Supremo reconoce que el Estado posee en este ámbito mayor capacidad de regulación[22].
Cuando una medida regulatoria afecta a categorías de expresión que carecen de tutela constitucional[23] o cuando la norma restringe conductas no expresivas en lugar de discurso protegido, el Tribunal Supremo estadounidense no somete la legislación al exigente escrutinio estricto o intermedio, sino al rational basis test[24]. Bajo este nivel de análisis, la disposición impugnada se presume constitucionalmente válida y únicamente será invalidada si no guarda relación racional alguna con un objetivo gubernamental legítimo. El peso probatorio recae sobre quien impugna la norma, quien debe demostrar la ausencia absoluta de cualquier fundamento razonable que justifique la clasificación o restricción legislativa.
La jurisprudencia suele aplicar estándares significativamente más rigurosos que en los casos de restricción ordinaria, cuando la regulación obliga a expresar un mensaje específico, el denominado compelled speech –discurso obligado–[25]. Esta protección resulta particularmente relevante en contextos donde la actividad regulada es de carácter predominantemente expresivo, como sucede con actividades creativas comerciales o profesionales donde la comunicación es esencial en el servicio prestado. La tensión central radica en que, en estos contextos, confluyen múltiples bienes constitucionales: libertad individual de expresión y conciencia, por una parte, e igualdad, protección contra discriminación arbitraria y protección de colectivos vulnerables, por otra. Esta tensión no tiene resolución automática y requiere un análisis cuidadoso del nivel de escrutinio apropiado en cada contexto. Así, en casos donde la regulación implica compelled speech, como se estableció en el debate del caso 303 Creative LLC[26], el tribunal aplicó el escrutinio estricto dada la amenaza de coacción directa sobre la libertad de expresión. En contraste, en Chiles v Salazar[27], cuyo fallo aún está pendiente, corresponde al Tribunal Supremo definir el nivel adecuado de escrutinio constitucional ante la presunta coacción discursiva en el ámbito terapéutico. La jurisprudencia emergente refuerza la idea de que el Estado no puede obligar a un individuo a hablar o callar contra su voluntad, reconociendo la libertad de expresión como un derecho profundamente protegido contra invasiones coercitivas. No obstante, esta protección constitucional no opera en el vacío normativo, sino que debe cohonestarse con marcos regulatorios que persiguen fines igualmente legítimos de tutela igualitaria y no discriminación.
El principio de acomodación pública, materializado en leyes antidiscriminatorias emblemáticas como la Civil Rights Act de 1964[28] y la Americans with Disabilities Act de 1990[29], responde a la necesidad constitucional imperiosa de garantizar igualdad y prevenir exclusiones injustificadas en el acceso a bienes, servicios y oportunidades[30]. Estas normativas configuran un marco jurídico que obliga a la no discriminación por motivos de raza, género, discapacidad, creencias religiosas, orientación sexual y otros factores protegidos. De igual manera, las regulaciones que se fundamentan en el establecimiento de estándares de cuidado profesional, como la ley restrictiva de Colorado[31]discutida en Chiles v. Salazar[32], persiguen en el fondo objetivos análogos de protección frente a prácticas consideradas lesivas de derechos y equidad, particularmente en ámbitos profesionales como el de la salud mental.
En este sentido, tanto las leyes de acomodación pública como las regulaciones basadas en estándares de cuidado profesional convergen en un objetivo común: garantizar la igualdad y la protección frente a discriminaciones o daños. No obstante, el sistema jurídico estadounidense trata de manera diferenciada la regulación del discurso en ámbitos comerciales creativos, donde la protección a la expresión suele ser más robusta, frente al ejercicio profesional regulado, donde prevalece el interés estatal en mantener estándares éticos y científicos, incluso a costa de ciertas restricciones expresivas[33].
Esta doble perspectiva da origen a un claro desafío jurídico cuando, por un lado, leyes estatales generales de acomodación y no discriminación, como la Colorado Anti-Discrimination Act[34] impugnada en 303 Creative LLC[35], y, por otro, regulaciones legislativas estatales específicas que norman el ejercicio profesional en salud mental –como la ley de Colorado en Chiles v. Salazar[36]– entran en tensión con libertades individuales fundamentales, tales como la objeción de conciencia o la libertad de expresión.
La complejidad jurídica se intensifica al reconocer que ambos tipos de regulaciones, las leyes de acomodación pública y las regulaciones profesionales, operan en dominios conceptualmente distintos que requieren análisis diferenciados. Aunque ambos tipos de regulación pueden generar tensiones con derechos expresivos, la naturaleza de la actividad regulada, si es predominantemente expresión creativa comercial o práctica profesional sujeta a estándares de cuidado, condiciona el nivel de escrutinio aplicable.
La jurisprudencia reciente, como los casos Masterpiece Cakeshop[37] y la controversia en torno a 303 Creative, reconoce la legitimidad y el peso de las leyes antidiscriminatorias; sin embargo, también subraya la necesidad de equilibrarlas con la protección a la expresión personal, evitando la imposición de mensajes coercitivos que violen el derecho constitucional a no ser obligado a manifestar un discurso ajeno a las convicciones del autor[38].
En contextos profesionales regulados, el Estado posee un mayor margen de regulación para imponer limitaciones a ciertas formas de expresión cuando éstas están justificadas en un interés público legítimo y apremiante, como la protección contra prácticas perjudiciales –como se argumenta en Chiles v. Salazar[39]–. Aunque el ejercicio de estas profesiones implica comunicación, esta se produce dentro de una relación estructurada por obligaciones profesionales que no son simplemente expresión personal, sino prestación de servicios profesionales sujetos a regulación legítima[40].
La cuestión doctrinalmente no resuelta es dónde exactamente reside la línea divisoria entre «discurso profesional»[41] regulable bajo estándares menos rigurosos y «expresión protegida» que requiere escrutinio estricto incluso cuando ocurre en contextos profesionales. En NIFLA[42] el Tribunal Supremo rechazó explícitamente la idea de que exista una categoría de «discurso profesional» (professional speech) que reciba protección constitucional aminorada sólo por el hecho de que quien se pronuncia sea un profesional habilitado mediante la licencia correspondiente. El Tribunal sostuvo que «el discurso no pierde protección simplemente porque es expresado por «profesionales» y que los Estados no pueden menoscabar los derechos inherentes a la Primera Enmienda simplemente imponiendo un requisito de licencia[43]. Reconoció, no obstante, que los Estados mantienen la potestad de regular la conducta profesional, incluso cuando dicha regulación afecte incidentalmente a la expresión. Así, instituciones tradicionales como la responsabilidad por negligencia profesional o los requisitos de consentimiento informado conservan su validez constitucional, pese a que restrinjan el alcance de las comunicaciones que los profesionales pueden dirigir a sus clientes[44].
Esta integración doctrinal, al analizar conjuntamente el caso 303 Creative LLC[45] y la controversia en Chiles v. Salazar[46], proporciona un fundamento teórico y normativo sólido para una actualización jurisprudencial sobre compelled speech y el establecimiento de estándares de revisión constitucional diferenciales, reflejando así las tensiones contemporáneas entre pluralismo moral, políticas públicas antidiscriminatorias y regulación profesional en el sistema jurídico estadounidense.
El caso 303 Creative LLC v. Elenis[47] surge de la pretensión de Lorie Smith, diseñadora web y propietaria de una empresa en Colorado, de orientar su actividad profesional conforme a sus profundas creencias religiosas cristianas. Smith manifestó públicamente su negativa a realizar diseños web para bodas entre personas del mismo sexo, fundamentando esta postura en su concepción de la fe. Ante la existencia de la Colorado Anti-Discrimination Act (CADA)[48], que prohíbe discriminaciones en la oferta de servicios, y el riesgo de investigaciones y sanciones por parte de la Colorado Civil Rights Commission, la diseñadora inició acciones. Interpuso demanda buscando una declaración de inconstitucionalidad preventiva –pre-enforcement challenge– frente a la aplicación de la CADA, por considerar que vulneraba su libertad de expresión y su derecho al debido proceso, amparados por la Primera y Decimocuarta Enmienda[49]. La singularidad del caso reside en el acuerdo procesal de hechos entre las partes[50], que permitió centrar el análisis judicial en si las disposiciones de la CADA suponían una imposición ilegítima sobre el discurso profesional creativo y personal de Smith, forzándola a actuar en contra de sus convicciones morales y religiosas.
Las posiciones jurídicas de las partes ante el Tribunal Supremo reflejan concepciones divergentes sobre la naturaleza de la actividad regulada y el alcance legítimo de las leyes antidiscriminatorias cuando colisionan con derechos expresivos.
Argumentos de la demandante: Smith fundamenta su impugnación constitucional en dos ejes principales. Primero, sostiene que su actividad de diseño web constituye expresión pura –pure speech– y no meramente discurso comercial –commercial speech–, dado que el producto comercializado –sitios web personalizados para bodas– incorpora su propio discurso creativo y expresivo[51]. En consecuencia, la aplicación de la CADA constituiría discurso obligado –compelled speech– prohibido por la Primera Enmienda[52]. Segundo, enfatiza que su objeción no se dirige contra personas por razón de su orientación sexual, sino contra mensajes específico que contradicen sus convicciones religiosas[53]. Este argumento caracteriza su negativa como objeción al contenido del mensaje (constitucionalmente protegida) y no como discriminación por estatus (prohibida). En relación con la libertad religiosa, Smith argumenta que la CADA carece de neutralidad y aplicabilidad general bajo la doctrina de Employment Division v. Smith[54], al contener excepciones que tratan de forma menos favorable a objeciones basadas en convicciones religiosas[55].
Argumentos de Colorado (demandado). El Estado defiende la constitucionalidad de la CADA argumentando que la norma regula conducta comercial discriminatoria, no expresión protegida. Colorado sostiene que toda persona que opera comercialmente en el mercado público adquiere derechos (responsabilidad limitada, beneficios fiscales) y obligaciones correlativas, entre las cuales se encuentra garantizar acceso igualitario a consumidores sin discriminación por características protegidas[56]. Aunque reconoce que la aplicación de leyes antidiscriminatorias puede tener efectos incidentales sobre la expresión, Colorado argumenta que tales efectos son secundarios y no transforman la regulación en una restricción de contenido sujeta a escrutinio estricto[57]. Respecto a la distinción propuesta por Smith entre objeción al mensaje versus discriminación por estatus, Colorado caracteriza esta distinción como artificiosa: negar servicios de boda a parejas del mismo sexo constituye discriminación por orientación sexual independientemente de cómo el proveedor caracterice su motivación, dado que el «mensaje» rechazado (celebración de matrimonio del mismo sexo) es inseparable del estatus protegido (orientación sexual) de los solicitantes[58]. En cuanto a la libertad religiosa[59], Colorado sostiene que la CADA cumple el estándar de neutralidad y aplicabilidad general de la doctrina Smith, y que las excepciones contenidas en la ley no constituyen sistemas de exenciones individualizadas que activen el escrutinio estricto conforme a Fulton v. City of Philadelphia[60].
Aunque ambas partes presentaron argumentos relativos a libertad religiosa en virtud de la cláusula de libre ejercicio, el Tribunal Supremo concedió certiorari únicamente respecto a la cuestión de la libertad de expresión al amparo de la Free Speech Clause de la Primera Enmienda[61]. La dimensión de la libertad religiosa y su tratamiento constitucional se analizan en el epígrafe 4.2 de este artículo.
La cuestión jurídica central que debió resolver el Tribunal Supremo puede formularse así: ¿constituye violación de la cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda la aplicación de una ley antidiscriminatoria estatal que requiere a un proveedor de servicios expresivos personalizados crear contenido comunicativo para un evento cuyo mensaje contraviene sus convicciones personales?
La sentencia del Tribunal Supremo, redactada por el juez Gorsuch, reconoce el carácter predominantemente expresivo y creativo de la actividad profesional desarrollada por Smith[62], y por tanto susceptible de amparo constitucional. Para la mayoría este caso no representa una mera transacción comercial neutral[63]. En aplicación del escrutinio estricto, concluyó que ninguna regulación puede invadir la autonomía moral ni comprometer el derecho a negarse a expresar mensajes no consentidos, aunque la actividad tenga naturaleza comercial y utilice plataformas digitales como Internet[64]. El Supremo determinó que, en este contexto, forzar a la demandante a producir mensajes contrarios a su ideario equivaldría a discurso obligado[65] –compelled speech– prohibido por la Primera Enmienda, incluso frente al interés estatal legítimo en promover la igualdad[66].
El razonamiento distingue entre la protección reforzada del discurso individual y la prohibición de la discriminación arbitraria[67], resaltando que Smith ofrece sus servicios indistintamente a toda persona, restringiendo únicamente aquellos encargos que impliquen un mensaje claramente discordante con su fe[68]. La decisión implica una reafirmación explícita de la doctrina del compelled speech, subrayando su papel central en la defensa del pluralismo y la diversidad ideológica en el marco de los servicios comerciales expresivos[69].
El Tribunal enfatizó los límites de su decisión para prevenir interpretaciones expansivas[70]. La sentencia se circunscribe a contextos donde la actividad es fundamentalmente expresiva, implica la creación de un discurso personalizado, y el contenido requerido contraviene convicciones políticas o religiosas del proveedor[71]. Esta distinción entre discriminación basada en el estatus (prohibida) y la objeción a expresar determinados mensajes específicos (potencialmente protegida) es central en la sentencia[72], aunque, como señala el voto particular, genera dificultades de aplicación práctica en casos futuros[73].
La decisión en 303 Creative subraya una distinción doctrinal fundamental que será determinante para casos futuros: la diferencia entre actividades predominantemente expresivas, que comunican mensajes personales del proveedor, y servicios profesionales regulados, donde la comunicación tiene lugar en el marco de una relación caracterizada por la existencia de deberes profesionales y normas de buena praxis profesional[74]. Smith proporciona servicios creativos donde su voz artística personal es inseparable del producto final. En contraste, los profesionales regulados como médicos, psicoterapeutas o abogados que prestan servicios basados en conocimientos técnicos especializados, en el marco de relaciones fiduciarias, están afectados por regulaciones estatales legítimas que reglan los estándares de competencia técnica, ética profesional y diligencia debida[75]. La línea divisoria no es siempre nítida –el propio Tribunal reconoció en NIFLA que determinar cuándo el Estado regula «discurso» versus «conducta profesional» requiere un análisis contextual cuidadoso[76]. Como se analizará en el epígrafe 3.2, el caso Chiles v. Salazar plantea precisamente esta cuestión en el contexto de la regulación de la terapia de conversión, donde el Tribunal Supremo debe determinar si las leyes estatales que prohíben ciertas modalidades de terapia psicológica con menores constituyen una regulación permisible de la conducta profesional o una restricción inconstitucional del discurso profesional[77].
El caso Chiles v. Salazar[78], actualmente pendiente de fallo ante el Tribunal Supremo, examina la constitucionalidad de la restricción impuesta por la legislación de Colorado a la llamada «terapia de conversión» en menores, consistente en el acompañamiento psicológico para modificar la orientación sexual o identidad de género. Kaley Chiles, terapeuta cristiana habilitada con licencia profesional (licensed professional counselor) únicamente trabaja con clientes voluntarios que solicitan ayuda para alinear su comportamiento y autopercepción conforme a sus valores religiosos, desarrollando procesos de acompañamiento basados en el diálogo y la autonomía del paciente[79]. Conviene apuntar que la modalidad terapéutica de Chiles consiste exclusivamente en terapia verbal –talk therapy– sobre identidad y valores. Durante la vista oral, el letrado de la demandante especificó que Chiles no emplea técnicas aversivas (electroshock, inducción de vómito u otros procedimientos médicos invasivos tradicionalmente asociados con prácticas desacreditadas) sino únicamente asesoramiento psicoterapéutico[80]. Esta distinción resulta determinante: la controversia no versa sobre procedimientos médicos regulables sino sobre la restricción respecto del contenido específicos de los diálogos entre el profesional y su cliente. La impugnación se fundamenta en que la ley[81] no solo prohíbe conductas médicas, sino que veta aquellos diálogos cuya finalidad es cambiar o reducir tendencias no deseadas, aunque el menor mismo lo solicite[82].
Esta normativa define, de manera extensa y específica, la «conversión» como cualquier intento profesional de modificar el comportamiento, la atracción o la identidad[83], lo que, según la demandante, constituye una limitación de contenido y perspectiva ideológica, permitiendo solo el «apoyo y acompañamiento afirmativo» y vetando la intervención contraria[84]. El debate procesal recoge críticas a la base científica de la restricción, así como la referencia a precedentes británicos sobre la debilidad probatoria al respecto del abordaje psicológico de la disforia de género en menores[85].
La parte demandante articula su impugnación constitucional en tres ejes fundamentales, que configuran un análisis progresivo estándar en casos de Primera Enmienda fundamentados en la cláusula de libertad de expresión. A) La regulación se dirige a limitar su libertad de expresión, no a regular la conducta profesional[86], y por tanto se trata de una restricción sujeta a la protección de la Primera Enmienda. B) Restricción de contenido –content based restriction–: sostiene que la ley de Colorado vulnera la Primera Enmienda al imponer al discurso profesional restricciones por razón del contenido, convirtiendo el asesoramiento psicológico en un campo vetado a determinados enfoques de raíz moral y religiosa[87]. Invoca, así, la doctrina de NIFLA[88], según la cual la regulación del professional speech debe someterse a escrutinio estricto cuando regula el contenido o la perspectiva expresada. Sostiene que la obligación que impone la norma estatal de excluir ciertos diálogos, aun cuando el menor solicite este tipo de conversaciones voluntariamente, manipula la libre concurrencia de ideas y priva al paciente del derecho a recibir consejo alineado con su convicción personal[89]. C) View point discrimination: Subraya que la ley penaliza un tipo de acompañamiento mientras permite e incentiva el contrario, incurriendo en discriminación por razón de la orientación ideológica, que constituye presunción de inconstitucionalidad[90].
Por su parte, Colorado defiende la constitucionalidad de la restricción mediante tres líneas argumentales que subrayan la capacidad del Estado para proteger y regular en materia de salud pública. A) Subraya la distinción legítima entre conductas profesionales y discurso protegido[91]. La relación terapéutica entre el profesional habilitado mediante licencia y el paciente menor no es simplemente intercambio de ideas sino prestación de servicio profesional estructurado por la lex artis (standard of care), obligaciones fiduciarias y normas éticas, sobre las que el Estado tiene reconocido un amplio margen de regulación[92]. La prohibición es funcionalmente equivalente a regulaciones que prohíben procedimientos médicos específicos considerados peligrosos–el hecho de que la práctica prohibida involucre conversación es incidental a su naturaleza como tratamiento profesional sujeto a reglamentación[93]. B) La regulación refleja el consenso de la comunidad profesional respecto a prácticas terapéuticas aceptables y seguras. No refleja hostilidad hacia perspectivas religiosas[94] que está orientada a evitar prácticas potencialmente dañinas[95]. C) La protección de menores constituye en todo caso un interés compelente del Estado[96]. La norma, podría sostenerse bajo un estándar de escrutinio racional –rational-basis scrutiny[97]–, argumento que invoca como suficiente, aunque sostiene que la medida cumpliría cualquier nivel de escrutinio constitucional[98], dada su finalidad protectora y la tradición jurídica regulatoria que la respalda[99]. Además, la restricción que contiene la norma está estrictamente ajustada –narrowly tailored– al fin perseguido, porque solo se aplica a tratamientos con menores y, únicamente, en el marco de servicios prestados por profesionales habilitados mediante licencia[100].
El Tribunal Supremo concedió certiorari limitado a la siguiente cuestión presentada: «Whether a law that censors certain conversations between counselors and their clients based on the viewpoints expressed regulates conduct or violates the Free Speech Clause» [traducción propia: «Si una ley que censura ciertas conversaciones entre los consejeros profesionales y sus clientes basándose en los puntos de vista expresados regula conducta o viola la cláusula de libertad de expresión»][101]. El Tribunal debe pronunciarse sobre si este tipo de restricción constituye compelled speech e identificar el nivel de escrutinio constitucional aplicable, cuestión especialmente relevante ya que los distintos circuitos federales han aplicado criterios divergentes –con el undécimo circuito decantándose por el escrutinio estricto[102], mientras otros han optado por aproximaciones menos estrictas. Parece que será determinante la ponderación entre la autonomía expresiva del profesional, el derecho del menor a recibir acompañamiento según sus convicciones, y la función protectora del Estado frente a posibles riesgos derivados de ciertas intervenciones, en un ámbito donde el consenso científico y jurídico continúa en evolución[103].
Esta configuración sitúa actualmente a Chiles v. Salazar[104] en el centro del debate doctrinal sobre el alcance del compelled speech en la relación terapéutica y la definición de los límites constitucionales en una controversia de notable trascendencia social y jurídica.
La naturaleza del discurso protegido en los casos 303 Creative LLC v. Elenis[105] y Chiles v. Salazar[106] emerge de escenarios distintos, aunque convergentes en la cuestión fundamental del compelled speech. En 303 Creative, el foco radica en la expresión creativa comercial que, dada su conexión íntima con el ideario personal y artístico del creador, recibe una protección constitucional reforzada; la actividad de diseño web configura un discurso inseparable de la identidad del profesional, extendiendo la protección de la libertad de expresión más allá del mero acto comercial. En contraste, el caso Chiles se desarrolla en el ámbito profesional terapéutico, regulado con fines de salud pública. El discurso involucrado se configura dentro de una interacción clínica, en la que el terapeuta transmite mensajes orientados a la salud mental y el bienestar del paciente, relacionando el derecho a la libertad expresiva con la protección de colectivos vulnerables, en el marco de prácticas consideradas potencialmente dañinas. Esta diferencia entre los contextos delimita la aplicación y el alcance jurídico del compelled speech y marca los desafíos doctrinales y prácticos que plantea cada caso.
En ambos procesos, se evidencia la tensión clásica entre el interés legítimo del Estado para imponer normas que aseguren igualdad y protección contra la discriminación (en 303 Creative[107]) o para salvaguardar la salud pública y bienestar de grupos vulnerables (en Chiles[108]), frente a la defensa de derechos individuales fundamentales: la libertad de expresión y, en ocasiones, la libertad religiosa. La parte demandante resalta cómo estas regulaciones preventivas se traducen en compelled speech. Fuerzan a emitir mensajes contrarios a sus creencias y convicciones profundas, lo que, en aplicación de la doctrina de la Primera Enmienda determina la aplicación del test de escrutinio estricto[109]. Por su parte, los Estados argumentan que dichas limitaciones son proporcionales y necesarias para fines públicos legítimos, proponiendo el mantenimiento de regulaciones que preserven valores constitucionales superiores[110].
Esta tensión entre la capacidad reguladora del Estado y la integridad expresiva individual se resuelve mediante la doctrina del compelled speech, mecanismo constitucional que bloquea las acciones estatales que compelen a un individuo a comunicar expresiones en discordancia con su voluntad y sus convicciones. En 303 Creative[111], el Tribunal Supremo confirmó que la Primera Enmienda protege con rigor contra la coacción discursiva, reafirmando que ninguna ley puede obligar a un individuo a exponer mensajes inconsistentes con su conciencia, incluso en el contexto comercial. En cambio, en Chiles v. Salazar[112], el Tribunal debe todavía determinar la extensión de esta salvaguarda en contextos profesionales sujetos a regulación profesional. Esta controvertida frontera entre regulación legítima y compelled speech ilegítimo pone a prueba la amplitud pragmática y doctrinal del concepto. En el writ of certiorari, la demandante invoca en repetidas ocasiones el caso 303 Creative para fundamentar sus argumentos[113].
La libertad religiosa constituye un hilo conductor relevante en ambos litigios, aunque con diferencias sustantivas en su tratamiento doctrinal y procesal. En 303 Creative LLC[114], la parte demandante fundamentó su pretensión en el libre ejercicio de la libertad religiosa junto con la libertad de expresión, planteando ante el Tribunal Supremo la cuestión sobre la imposición legal de mensajes contrarios a sus convicciones religiosas dentro del ámbito creativo-profesional[115]. En su análisis sobre libertad religiosa, Smith argumentó que la CADA carece de aplicabilidad general y neutralidad al incorporar un sistema de excepciones a la prestación de servicios que generan un trato desigual entre las motivaciones seculares y religiosas[116]. Esta disparidad desactivaría la aplicación de la doctrina de Employment Division v. Smith[117] sobre leyes neutrales, activando el escrutinio estricto conforme a Fulton v. City of Philadelphia[118]. Adicionalmente, enfatizó la inseguridad jurídica derivada de las divergencias interpretativas entre circuitos federales[119]. Sin embargo, el fallo del Supremo se centró exclusivamente en la libertad de expresión, dejando firme la aplicación de la doctrina Employment Division v. Smith[120] por el Tribunal de Apelaciones, que consideró la ley neutral y de aplicación general sin necesidad de escrutinio estricto[121]. Esta resolución refleja la complejidad de interpretar la neutralidad y aplicabilidad general de la norma en el ámbito del libre ejercicio religioso, en contextos donde se produce tensión entre los derechos individuales y las políticas antidiscriminatorias.
Por otro lado, en Chiles v. Salazar[122] la parte actora fundamentó su pretensión específicamente en la vulneración de la libertad de expresión, sin alegar directamente la cláusula de libre ejercicio. No obstante, durante el procedimiento, se presentaron diversos amicus briefs de organizaciones como el Manhattan Institute, la Jewish Coalition for Religious Liberty y el Islam and Religious Freedom Action Team del Religious Freedom Institute, que argumentaron que la ley de Colorado no es neutral desde el punto de vista religioso[123]. Estos documentos sostienen que la ley interfiere significativamente con la capacidad de las comunidades judías y musulmanas para ejercer sus creencias y prácticas religiosas tradicionales en relación con el tratamiento de la disforia de género, afectando directamente al libre ejercicio de su religión[124]. Esta aportación doctrinal externa evidencia la tensión entre la reglamentación sanitaria enfocada en la protección de menores y el reconocimiento de las libertades religiosas de los grupos afectados, señalando un área crítica de debate en la confluencia entre derechos fundamentales. Así, aunque en Chiles[125] la libertad religiosa no fue alegada por la parte actora en su demanda principal, el caso abrió espacios para la reflexión sobre el impacto indirecto que pueden tener las regulaciones sobre algunas prácticas religiosas en contextos sensibles, marcando quizás un precedente importante para futuros análisis de conflictos entre regulación médica y derechos religiosos. En suma, ambos casos ejemplifican escenarios complejos de equilibrio entre libertad religiosa, libertad de expresión y regulación estatal. Sus desarrollos jurisprudenciales reflejan un terreno legal en dinamismo, que requiere una interpretación atenta y contextualizada para preservar los valores constitucionales, sin sacrificar la protección de colectivos vulnerables ni la diversidad religiosa en una sociedad plural.
La evolución jurisprudencial estadounidense, ejemplificada en 303 Creative LLC v. Elenis[126], permite observar una tendencia significativa a una protección robusta de la libertad de expresión, especialmente en ámbitos de la prestación de servicios creativos. La inminente decisión en Chiles v. Salazar[127], cuya argumentación oral tuvo lugar en octubre de 2025, podría consolidar esta orientación favorable a la libertad de expresión frente a la regulación estatal. El Tribunal Supremo ha consolidado la doctrina del rechazo al compelled speech –la obligación de emitir mensajes contrarios a convicciones profundas– reconociéndolo como una violación grave de derechos constitucionales. Se sostiene que ninguna ley puede compelir a un individuo a comunicar mensajes discordantes con su fe, moral o ideología, entendiendo la libertad de expresión no solo como un derecho a manifestar ideas, sino también como un derecho intrínseco a decidir qué y cómo expresarlas[128]. El caso 303 Creative establece límites claros en la protección del discurso, avalando el derecho de Lorie Smith a declinar encargos contrarios a sus convicciones religiosas en su actividad profesional, reconociendo la naturaleza expresiva de dicha actividad, incluso en el ámbito comercial y digital[129]. Paralelamente, el caso Chiles refleja las complejidades y tensiones que emergen cuando el discurso profesional terapéutico se enfrenta a regulaciones estatales que, según la parte demandante, buscan imponer una visión concreta sobre aspectos morales y conductuales[130], mientras que el Estado defiende dichas normas como medidas destinadas a prevenir daños en grupos vulnerables[131]. La protección de la autonomía expresiva individual y las prerrogativas estatales de protección social configuran un complejo conflicto que el sistema judicial debe resolver.
Estas tendencias jurisprudenciales permiten anticipar líneas de desarrollo doctrinal en la regulación del discurso profesional y comercial, cuyo régimen futuro transita una zona de tensión entre el derecho a la libertad de expresión y los intereses estatales en asegurar igualdad, no discriminación y salud pública. Parece que la tendencia apunta a reforzar la protección contra el compelled speech, aplicando el escrutinio estricto en limitaciones a derechos fundamentales salvo justificación estatal imperiosa y aplicación menos restrictiva. Este enfoque requiere delimitar con precisión los límites entre autonomía expresiva y regulación estatal legítima, con especial atención a ámbitos donde confluyen libertad religiosa, orientación sexual y derechos de minorías, y precisar estándares equilibrados en doctrinas y jurisprudencia.
Estas proyecciones doctrinales adquieren especial relevancia al considerar sus implicaciones para el diseño de políticas públicas en sociedades pluralistas. El cruce ente la protección frente al compelled speech con políticas antidiscriminatorias genera claras complejidades. La salvaguarda del discurso personal y religioso puede entrar en conflicto con políticas que promueven la igualdad y protección de minorías vulnerables. La elaboración de políticas públicas debe respetar los límites constitucionales, fomentar diálogo social inclusivo y armonizar la diversidad moral con igualdad y no discriminación. Es vital consolidar estándares jurídicos que eviten litigios prolongados y garanticen derechos equilibrados en sociedades pluralistas, fortaleciendo el Estado constitucional y democrático en contextos normativos cambiantes.
Desde la perspectiva de la doctrina española, resulta especialmente valioso el análisis que ofrece sobre la objeción de conciencia y su proyección en el ámbito jurídico estadounidense. La evolución del constitucionalismo estadounidense ha extendido la protección de la objeción de conciencia más allá de las creencias estrictamente religiosas, incorporando progresivamente convicciones morales e ideológicas de carácter secular, lo que ha dado lugar a un pluralismo robusto que tutela la diversidad de identidades y creencias en distintos ámbitos sociales y económicos. Este desarrollo encuentra un precedente significativo en Little Sisters of the Poor Saints Peter and Paul Home v. Pennsylvania[132] donde el Tribunal Supremo reconoció la capacidad de organizaciones religiosas y morales para actuar conforme a sus principios en esferas económicas y formativas, incluso cuando dichas prácticas entran en tensión con mandatos regulatorios federales. La doctrina ha señalado críticamente que la neutralidad legal no debe confundirse con neutralidad ética, advirtiendo que los ciudadanos mantienen una legítima expectativa a que la legislación integre la pluralidad de valores morales, evitando la hegemonía de una mayoría moral sobre minorías disidentes[133]. Este planteamiento cuestiona la conceptualización restringida de la neutralidad estatal, subrayando que una sociedad verdaderamente plural debe reconocer y acomodar distintas visiones morales y religiosas, siempre que no vulneren bienes jurídicos prevalentes[134]. En el constitucionalismo estadounidense, esta tensión se manifiesta en el complejo equilibrio entre el principio de no establecimiento religioso (Establishment Clause) y el libre ejercicio de la religión (Free Exercise Clause), que la jurisprudencia ha intentado armonizar mediante doctrinas como la de Employment Division v. Smith[135] y posteriores desarrollos en Fulton v. City of Philadelphia[136] que exigen que las leyes sean neutrales y de aplicación general para no vulnerar el derecho al libre ejercicio religioso. La jurisprudencia contemporánea refleja una orientación favorable a la protección de la libertad religiosa, mediante decisiones que moderan la doctrina Smith, atenuada posteriormente en Fulton y en sucesivos pronunciamientos hasta la más reciente resolución en Mahmoud[137]. En este contexto normativo, la libertad de expresión continúa articulando ese margen de maniobra –«breathing space»[138]– que la Primera Enmienda requiere, consolidándose como instituto jurídico complementario cuando los estándares de protección religiosa resultan insuficientes. Las proyecciones jurisprudenciales en materia de discurso profesional y comercial tienden hacia un reforzamiento de la garantía frente al compelled speech, mediante la aplicación del escrutinio estricto a toda limitación de derechos fundamentales, salvo que concurran un interés estatal imperioso y la utilización de medios menos lesivos.
Esta aproximación impone delimitar con rigor los confines entre autonomía expresiva y potestad regulatoria legítima del Estado, particularmente en aquellos supuestos donde confluyen libertad de convicciones, orientación sexual, identidad de género y derechos de colectivos vulnerables. La consolidación de criterios jurisprudenciales ponderados resulta esencial para evitar que, por una parte, la tutela del discurso personal y religioso menoscabe las políticas antidiscriminatorias destinadas a garantizar igualdad material y protección de minorías, y que, por otra, el interés público en promover igualdad y no discriminación comprime indebidamente espacios legítimos de objeción moral y religiosa inherentes a sociedades plurales.
La regulación futura de esta materia exige, por consiguiente, la edificación de criterios jurídicos que prevengan litigiosidad prolongada y aseguren derechos equilibrados en contextos pluralistas, robusteciendo el Estado constitucional democrático frente a modificaciones normativas. La adopción de políticas públicas debe observar los límites constitucionales establecidos, estimular diálogo social inclusivo, y conciliar la diversidad moral con los principios de igualdad y no discriminación. Ello presupone reconocer que el pluralismo moral no constituye una concesión discrecional del Estado, sino un valor constitucional[139] que demanda respeto institucional permanente y proyección efectiva en sujetos sociales y económicos, en el cruce dialéctico entre derechos fundamentales, pluralismo moral y autonomía de conciencia[140].
En primer lugar, la sentencia 303 Creative LLC v. Elenis permite afirmar que el compelled speech se consolida en el constitucionalismo estadounidense como una dimensión negativa robusta de la libertad de expresión, que no se agota en la prohibición de censura previa ni en la protección del discurso político clásico, sino que opera como barrera estructural frente a la imposición de mensajes estatales o normativamente inducidos, incluso cuando éstos se articulan mediante leyes de acomodación pública. Resta por determinar si el Tribunal Supremo, en su inminente resolución de Chiles v. Salazar (cuya sentencia se espera para junio de 2026), extenderá esta doctrina al ámbito de las regulaciones profesionales, en este caso terapéuticas. De confirmarse esta línea jurisprudencial, el derecho a no hablar –a no crear, no afirmar, no acompañar ni respaldar determinados contenidos– seguiría su avance en la vertebración de la doctrina reciente del Alto Tribunal en materia de libertad de expresión.
En segundo término, la decisión en 303 Creative refuerza una línea jurisprudencial que otorga protección reforzada a las actividades comerciales de carácter expresivo, rechazando su reducción a mera transacción económica neutra. La actividad creativa de diseño, cuando comporta selección de mensajes, narrativas o símbolos, se ve subsumida en el núcleo duro de la Primera Enmienda y activa la aplicación del escrutinio estricto frente a intentos de forzar la producción de contenidos contrarios a la conciencia de su autora. Ello implica una relectura exigente de las leyes antidiscriminatorias de acomodación pública: siguen siendo constitucionalmente valiosas y necesarias, pero no pueden configurarse como instrumentos para imponer adhesiones ideológicas ni relatos normativos predeterminados, so pena de desnaturalizar la libertad de expresión y de conciencia.
En tercer lugar, Chiles v. Salazar sitúa el debate en un plano más problemático: el del discurso profesional terapéutico en un sector regulado por razones de salud pública y protección de menores. La controversia sobre la calificación de la «terapia de conversión» –conducta profesional proscribible o discurso protegido– evidencia la fragilidad de la distinción entre conduct y speech cuando el acto terapéutico se articula casi exclusivamente mediante la palabra. El asunto obliga al Tribunal Supremo a pronunciarse sobre si las categorías de professional speech admiten un régimen propio de escrutinio atenuado, o si, por el contrario, toda restricción sobre el contenido y la perspectiva ideológica que regule la relación clínica debe someterse a estándares cercanos al escrutinio estricto. Es posible que la resolución que finalmente se adopte tenga un efecto de armonización o profundización de la actual fragmentación entre circuitos federales respecto de las prohibiciones de conversion therapy.
En cuarto lugar, el estudio comparado de ambos casos muestra que la doctrina del compelled speech no puede operar de forma uniforme en todos los contextos, sino que exige una lectura diferencial según el tipo de discurso y el marco institucional en que se inserta. En el ámbito creativo-comercial, el margen reconocido para eximir al profesional de producir expresiones incompatibles con su ideario se circunscribe a actividades fundamentalmente expresivas que implican la creación de discurso personalizado; en el ámbito terapéutico dicho margen puede verse constreñido por la existencia de bienes constitucionales concurrentes –la salud de los menores, la lex artis, obligaciones fiduciarias– que reclaman una ponderación más densa. Esta asimetría pone de manifiesto que el compelled speech funciona como cláusula de cierre, pero no como cláusula automática, requiriendo una reconstrucción cuidadosa de los intereses estatales, la salud pública y la configuración institucional del rol profesional.
En quinto lugar, ambos litigios revelan la profunda imbricación entre libertad de expresión, libertad religiosa y pluralismo moral. Aunque en 303 Creative el Tribunal Supremo resuelve sobre la sola base de la libertad de expresión, el trasfondo del caso es claramente religioso; en Chiles, la dimensión religiosa se articula sobre todo a través de amicus curiae que ponen de relieve el impacto de la regulación sobre comunidades de fe concretas. El escenario jurisprudencial reciente, que manifiesta una tendencia garantista respecto de la libertad religiosa, con decisiones que han suavizado la doctrina Smith, delinea también una tendencia del constitucionalismo estadounidense a canalizar conflictos de conciencia –religiosos y seculares– a través de la cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda.
Desde la perspectiva del Derecho eclesiástico y constitucional comparado, puede concluirse que la evolución estadounidense ofrece pautas valiosas, pero también advertencias, para el debate europeo y español sobre objeción de conciencia, límites de las leyes antidiscriminatorias y regulación del discurso profesional. La configuración amplia de la objeción de conciencia en Estados Unidos –incluyendo convicciones morales seculares– muestra las potencialidades de un pluralismo fuerte, pero también el riesgo de tensionar al límite la eficacia de políticas públicas de igualdad y protección de colectivos vulnerables si no se fijan criterios nítidos sobre cuándo la objeción se vincula a un contenido expresivo personal y cuándo supone la negación de prestaciones básicas en mercados regulados.
En suma, los casos 303 Creative LLC v. Elenis y Chiles v. Salazar constituyen un observatorio idóneo para analizar la reconfiguración contemporánea del equilibrio entre libertad de expresión, libertad religiosa, igualdad y regulación profesional, ofreciendo un marco fértil para seguir profundizando, desde el Derecho eclesiástico del Estado y el Derecho constitucional comparado, en el diseño de soluciones normativas respetuosas con el pluralismo moral, sin abdicar de la tutela efectiva de los derechos de terceros y de los colectivos más vulnerables.
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