La expansión de arquitecturas de vigilancia impulsadas por inteligencia artificial (IA) ha reconfigurado las condiciones materiales del ejercicio de la libertad de religión o de creencias (LROC). El culto, la enseñanza y las comunicaciones pastorales han pasado a ser dimensiones legibles y accionables por sistemas de identificación biométrica, fusión masiva de datos y analítica predictiva. Cuando estas tecnologías se implementan sin salvaguardas estrictas –fenómeno especialmente agudo en contextos de autoritarismo digital–, el resultado es una erosión sistémica de la confidencialidad pastoral y una degradación de la autonomía de las confesiones, generando efectos disuasorios que alcanzan el núcleo mismo de la LROC[1].
A pesar de que la literatura académica reciente ha analizado con detalle el auge del control tecnológico y sus efectos lesivos para los derechos humanos desde una perspectiva transversal[2], persiste una brecha doctrinal respecto al impacto específico de los sistemas de IA sobre la vida religiosa. Esta insuficiencia analítica es especialmente evidente respecto de prácticas ya verificadas en la praxis gubernamental: la vigilancia biométrica en perímetros de culto, el perfilado de conductas religiosas mediante analítica avanzada y la implementación de regímenes de censura algorítmica y autorización previa para contenidos confesionales en línea[3].
Este escenario de vulnerabilidad contrasta con la firmeza del parámetro de protección internacional. El artículo 18 de la DUDH y los artículos 17 a 22 del PIDCP, bajo la exégesis del Comité de Derechos Humanos, configuran un marco de salvaguardas que protege de forma absoluta e inderogable el forum internum de la LROC (art. 4.2 PIDCP) y somete toda injerencia en sus manifestaciones externas y derechos conexos a un examen acumulativo de legalidad, finalidad legítima, necesidad estricta y no discriminación[4]. En esta línea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha advertido que el debilitamiento del cifrado y la monitorización indiscriminada rara vez superan el canon de proporcionalidad, agravando los riesgos para grupos vulnerables como son las comunidades religiosas[5]. De igual modo, la guía de la OSCE/ODIHR confirma que la vigilancia en lugares de culto constituye una medida de último recurso que exige inexcusablemente el empleo del medio menos intrusivo[6].
El presente trabajo parte de este estándar para sostener que determinadas categorías de vigilancia y control –como la biometría en tiempo real en espacios de culto o la «inspección profunda de paquetes» (Deep Packet Inspection, DPI)[7]– resultan, por regla general, incompatibles con el mencionado canon acumulativo de protección de los derechos humanos. La tesis central del artículo es doble: primero, se traduce el estándar universal en un test jurídico replicable de seis etapas específicamente diseñado para la intersección entre IA y LROC; segundo, este canon se proyecta en una propuesta de gobernanza exigible que articula zonas de inadmisibilidad absoluta, protocolos de diligencia debida y mecanismos de supervisión independiente[8].
A través de un método que combina el análisis doctrinal con la interpretación sistemática del PIDCP y la orientación técnica del ACNUDH, en esta investigación se emplea un enfoque comparado. A partir del estudio de los entornos regulatorios de China y Rusia[9], se extraen reglas funcionales que permiten identificar medidas per se inadmisibles y fijar condiciones estrictas para cualquier intervención residual[10]. La pertinencia del referido marco normativo internacional es incuestionable para los casos analizados. La Federación de Rusia mantiene, como Estado continuador de la URSS, la vigencia de las obligaciones del PIDCP[11]. Por su parte, la República Popular China, aunque no ha ratificado dicho pacto, está obligada –como signataria y parte en el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT)– a abstenerse de actos que frustren el objeto y fin del instrumento (art. 18 CVDT)[12]. Asimismo, el escrutinio internacional de estos estándares se fundamenta en la DUDH, en tanto que referente universal cuyos núcleos se han cristalizado en gran medida como Derecho consuetudinario, y en las obligaciones de la Carta de la ONU de promover el respeto de los derechos humanos (arts. 1.3, 55 y 56). La participación de China en la génesis de la DUDH –a través de la delegación de la República de China y de Peng Chun Chang en el Comité Redactor– refuerza el encuadre de sus sistemas de vigilancia en los estándares universales de protección de la LROC y la privacidad, sin perjuicio de que el fundamento consuetudinario del derecho a la privacidad resulte más controvertido desde una perspectiva doctrinal[13].
En última instancia, el artículo ofrece una hoja de ruta trasladable que vincula el Derecho interno con la fiscalización internacional –controles de exportación y sanciones selectivas–, con el propósito de establecer un canon operativo que preserve la inviolabilidad de la conciencia en la era de la IA.
En la última década, la represión digital ha transitado desde esquemas basados en la observación humana intensiva hacia arquitecturas de vigilancia escalables impulsadas por IA. En la actualidad, la combinación de identificación biométrica (del rostro, de la marcha o de la voz), fusión masiva de datos, DPI, escaneo del contenido en el propio dispositivo del usuario antes del cifrado o «escaneo del lado del cliente» (Client‑Side Scanning, CSS) y modelos predictivos de riesgo permite identificar, clasificar y anticipar comportamientos vinculados con la vida religiosa a gran escala[14]. En contextos autoritarios, estas capacidades tecnológicas suelen insertarse en marcos jurídico-administrativos que priorizan la «seguridad» o la lucha contra el «extremismo»[15], con riesgos elevados de arbitrariedad, discriminación y efectos inhibidores sobre la libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 18 PIDCP) y derechos afines[16]. A continuación, se identifican las modalidades técnicas más relevantes para la LROC, se explica cómo los mecanismos de identificación y categorización afectan tanto al forum externum como al forum internum, y se analiza de qué modo el escaneo del lado del cliente y las vulnerabilidades del cifrado comprometen la confidencialidad pastoral y derechos asociados.
Los relatos clásicos sobre vigilancia describen cómo la posibilidad de ser observado induce autodisciplina anticipatoria y conformidad (panoptismo), generando efectos inhibidores sobre la expresión y la asociación[17]. En los entornos digitales contemporáneos, la mera percepción de la vigilancia de los datos –esto es, la monitorización sistemática de la actividad en línea y la recogida continua de huellas de comportamiento– amplifica estas dinámicas, induciendo autocensura incluso sin coacción directa (chilling effect)[18]. Este contexto afecta de forma sensible al ejercicio de la LROC: la percepción de vigilancia o reidentificación inhibe la participación en el culto y la formación, y desplaza el acompañamiento pastoral a entornos menos visibles o semiclandestinos[19]. En el plano conceptual, el debate ha evolucionado de «quién observa» a «cómo el código clasifica y perfila»: los sistemas algorítmicos, cada vez más basados en IA, traducen identidades y prácticas en categorías legibles por máquina e integran flujos procedentes de cámaras, dispositivos y plataformas para producir inferencias analíticas y valoraciones de riesgo «accionables»[20].
El alcance de estos procesos es estructural. La vigilancia biométrica de espacios públicos y la intensificación del control de las comunicaciones –incluida la erosión del cifrado de alta seguridad– debilitan las expectativas de reserva en la práctica y el acompañamiento religiosos, también en entornos digitales, convirtiendo reuniones y servicios confesionales en vectores de extracción de datos y asignación de puntuaciones de riesgo. La identificación en tiempo real de los asistentes y el perfilado predictivo tienen un efecto disuasorio sobre la participación en el culto, la enseñanza religiosa y la orientación pastoral. La documentación del ACNUDH y USCIRF muestra que la combinación de biometría, analítica predictiva, interceptación masiva o acceso directo a flujos de datos y control de plataformas altera las condiciones materiales del forum externum de la LROC, y presiona indirectamente el forum internum cuando visibilidad y riesgo de sanción gobiernan la práctica y la enseñanza de la fe[21].
Los sistemas de vigilancia basados en IA con incidencia en la LROC suelen combinar tres modalidades nucleares:
a) Identificación y clasificación biométrica. El reconocimiento facial, el análisis de la marcha y la biometría de voz se emplean para identificar personas dentro y en las inmediaciones de lugares de culto, registrar patrones de asistencia e inferir su posible adscripción religiosa. Estos sistemas suelen integrarse en redes de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) –v. gr., Skynet y Xueliang/Sharp Eyes, en China– y vincularse a plataformas policiales de datos, como Police Cloud[22]. En regiones críticas, se han documentado configuraciones de reconocimiento facial que generan alertas por detección étnica –como las denominadas «alarmas uigures»–, y que facilitan un perfilado discriminatorio[23].
b) Fusión de datos multisensor y multifuente. Los sistemas de vigilancia combinan cada vez más flujos de CCTV, metadatos y contenidos de dispositivos móviles, actividad en plataformas de redes sociales y registros administrativos para correlacionar identidades, vínculos y pautas de conducta –incluidas prácticas y comunicaciones de carácter religioso– y elevar señales de riesgo. En Xinjiang, la Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas (Integrated Joint Operations Platform, IJOP) integra fuentes heterogéneas y señaliza como sospechosas conductas ordinarias e inofensivas, convirtiendo la observación en control preventivo y generando efectos disuasorios sobre el culto, la enseñanza y la asociación con fines religiosos[24].
c) Analítica predictiva y puntuación de riesgo. Diversas técnicas de análisis predictivo aplicadas a grandes volúmenes de datos generan puntuaciones de riesgo y la clasificación de individuos como posibles amenazas, incluidas personas cuya actividad se relaciona con prácticas y comunicaciones de carácter religioso. Estos sistemas no se limitan a registrar la actividad, sino que infieren y anticipan conductas futuras y, cuando se implementan de manera general, indiscriminada o se combinan con otras formas de vigilancia, pueden catalogar como sospechosas a personas y actividades protegidas y producir efectos disuasorios sobre el culto, la enseñanza y la asociación[25].
Estas modalidades posibilitan la identificación de fieles, clero y prácticas rituales, transformando la vida religiosa en un conjunto de datos clasificables y accionables. Se ha documentado que, en ciertas jurisdicciones, estos sistemas se utilizan para suprimir la expresión religiosa en internet, bloquear el acceso a materiales religiosos y penalizar la acción pastoral en entornos digitales. El resultado es un régimen de control previo en el que el comportamiento religioso no solo se observa, sino que se interpreta algorítmicamente y se sanciona de manera preventiva[26].
Las implicaciones jurídicas de la vigilancia impulsada por sistemas de IA no solo dependen de qué datos se recogen, sino también de cómo y cuándo se procesan. La identificación alude al reconocimiento de personas determinadas (v. gr., correspondencia de un rostro con una identidad en una base de datos), mientras que la clasificación consiste en asignar individuos a grupos o niveles de riesgo a partir de rasgos observados o inferidos (p. ej., señalizar a alguien «en riesgo de extremismo» por sus patrones de asistencia al culto o el uso de determinadas aplicaciones informáticas). Ambos procedimientos inciden en el forum externum, esto es, en la libertad de manifestar la religión o las creencias mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza. Asimismo, la clasificación algorítmica trasciende la mera injerencia externa para alcanzar al forum internum cuando su empleo implica efectos coactivos. Al incentivar el abandono de la práctica religiosa para eludir el señalamiento y la subsiguiente respuesta sancionadora preventiva, el sistema incurre en una coerción prohibida que menoscaba la libertad de mantener o adoptar creencias, vulneración que resulta absoluta dado el carácter inderogable de esta dimensión de la LROC[27].
El análisis en tiempo real –en particular, la identificación biométrica en accesos o inmediaciones de lugares de culto– facilita el seguimiento y la intervención inmediata, con efectos disuasorios sobre la asistencia y el culto comunitario[28]. Aun cuando el análisis post hoc pueda presentarse como menos intrusivo, también resulta problemático cuando se emplea para construir perfiles o justificar restricciones futuras a partir de conductas religiosas protegidas[29].
Conforme al art. 18 del PIDCP, el forum internum es absoluto, mientras que toda restricción del forum externum exige legalidad, finalidad legítima y un examen estricto de necesidad y proporcionalidad. El Comité de Derechos Humanos ha precisado que toda coerción que fuerce la renuncia de creencias o que, por sus efectos, disuada sistemáticamente su manifestación vulnera el derecho[30]. Así, cuando la identificación en tiempo real y la señalización predictiva de conductas religiosas protegidas generan sospecha o activan mecanismos de control o sancionadores comprometen, a priori, ambas dimensiones de la LROC y únicamente pueden considerarse compatibles con las previsiones del pacto si superan un escrutinio estricto y demuestran que no inciden en el forum internum, esto es, que no interfieren en la esfera de las creencias, las convicciones y la conciencia[31].
La vigilancia impulsada por sistemas de IA compromete la confidencialidad de las comunicaciones pastorales, núcleo del ejercicio colectivo de la LROC y de la vida religiosa asociativa[32]. Esta erosión se manifiesta, primero, mediante el escaneo del lado del cliente para detectar material presuntamente «perjudicial» o «extremista», exponiendo mensajes religiosos, homilías o sermones e interacciones propias del acompañamiento pastoral, desvirtuando la expectativa de reserva que protege estos ámbitos[33]. Segundo, la implantación de accesos excepcionales al cifrado o el depósito de claves por las plataformas facilita el acceso estatal a comunicaciones sensibles, vulnera el artículo 17 del PIDCP y desalienta la atención pastoral al trasladar a ministros y fieles la carga del riesgo[34]. Por último, aun con el contenido cifrado, la retención de datos y el análisis de metadatos –quién se comunica con quién, cuándo y con qué frecuencia– permiten inferir la afiliación religiosa y la estructura comunitaria, habilitando una represión indirecta mediante la cartografía de las relaciones y la monitorización de los patrones de comunicación[35].
ACNUDH advierte que la vigilancia indiscriminada y el debilitamiento del cifrado son, por regla general, incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y la protección de la vida privada cuando afectan a comunicaciones sensibles, como las pastorales[36]. En la misma línea, Freedom Online Coalition (FOC, en adelante) subraya que el cifrado es esencial para proteger a comunidades vulnerables, incluidas las minorías religiosas[37].
La erosión de la confidencialidad pastoral incide simultáneamente en la LROC y en la libertad de asociación, al disuadir la participación y debilitar la confianza en las interacciones entre clero y fieles. Con arreglo a los estándares internacionales, el escaneo generalizado, los accesos excepcionales al cifrado y la retención indiscriminada de datos vulneran la vida privada y, en muchos casos, no superan los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En contextos religiosos, estas prácticas deben considerarse a priori inadmisibles[38].
A continuación, se expone el marco normativo y el canon analítico para evaluar las prácticas de identificación, vigilancia y control de la LROC mediante sistemas basados en IA. Bajo el anclaje de la DUDH y el PIDCP, según la interpretación autorizada del Comité de Derechos Humanos, y en consonancia con la doctrina del ACNUDH, se propone un test estructurado en seis estadios: legalidad, fin legítimo, idoneidad, necesidad estricta (y medio menos intrusivo), proporcionalidad y no discriminación. Este examen integra la ya avanzada distinción entre forum internum y forum externum, la distribución adecuada de las cargas de justificación y las obligaciones estatales positivas de prevenir y sancionar lesiones de derechos derivadas de la actuación de proveedores privados[39].
El corpus iuris internacional en la materia –integrado por la DUDH (art. 18) y el PIDCP (arts. 17 a 22)– reconoce la LROC como un eje sustantivo en permanente diálogo con los demás derechos civiles. Bajo una lógica de interdependencia y complementariedad, este marco asegura la protección de la vida privada y las comunicaciones (art. 17), la libertad de opinión y su dimensión expresiva (art. 19), así como las vertientes comunitarias de reunión pacífica y asociación (arts. 21 y 22), configurando un estándar integrado indispensable para la realización plena de la LROC en la esfera pública y digital[40].
Para este análisis, la distinción entre forum internum y forum externum resulta fundamental. El primero –que protege la libertad de tener, adoptar o cambiar de religión o creencias– es de naturaleza absoluta e inderogable (art. 4.2 PIDCP). Al respecto, el Comité de Derechos Humanos subraya que el art. 18.2 prohíbe toda coacción que, por su propósito o efecto, fuerce la renuncia a las convicciones o impida el acceso a fuentes doctrinales[41], prohibición que adquiere una dimensión crítica frente a la capacidad de los sistemas de IA para monitorizar e inferir convicciones íntimas o perfilar la conciencia a partir del análisis masivo de datos. Por su parte, el forum externum –referido a la proyección pública de la fe mediante el culto, la práctica y la enseñanza– constituye una dimensión del derecho sujeta a limitaciones legítimas, que solo son admisibles si cumplen los requisitos taxativos de legalidad, necesidad y fin legítimo (art. 18.3 PIDCP), y cuya verificación exige un juicio de proporcionalidad reforzado[42].
Esta estructura dogmática se ve especialmente amenazada por la vigilancia de la actividad religiosa mediante sistemas basados en IA. Al instaurar una vigilancia estructural, tecnologías de monitorización persistente o señalización predictiva que califican actos religiosos pacíficos e inofensivos como «riesgos para la seguridad» erosionan el núcleo del derecho incluso antes de cualquier examen de necesidad[43]. Asimismo, la identificación biométrica en tiempo real en accesos a templos vacía de contenido el forum externum hasta lesionar el forum internum, al coaccionar la renuncia al ejercicio del derecho mediante un efecto disuasorio absoluto. En tales supuestos, la medida incurre en un vicio de inadmisibilidad sustantiva previo al test de compatibilidad. Además, el mandato de no discriminación (arts. 2.1 y 26 PIDCP) proscribe taxativamente la creación de perfiles basados en la inferencia automatizada de la filiación religiosa. El estándar internacional exige salvaguardas que impidan que técnicas intrusivas, como el escaneo en el lado del cliente, erosionen la integridad del cifrado y comprometan de forma irreversible la confidencialidad pastoral[44].
La evaluación de las prácticas de monitorización y control basadas en sistemas de IA que incidan en la vida religiosa se articula en un juicio de escrutinio estricto compuesto por seis etapas concurrentes y acumulativas:
1) Legalidad y calidad de la ley. La injerencia debe estar amparada por una norma accesible, precisa y previsible. Son inadmisibles las cláusulas abiertas o la invocación genérica de la «seguridad nacional» sin definiciones delimitadas ni garantías de supervisión independiente[45].
2) Fin legítimo. El Estado debe acreditar un propósito genuino y taxativo (seguridad, orden público, salud o derechos de terceros). Los pretextos orientados al control de convicciones o a la supresión del culto de minorías invalidan la medida en origen[46].
3) Idoneidad. Exige una conexión racional y contrastada entre la tecnología empleada y el fin perseguido. La mera disponibilidad técnica o la eficacia no verificada no justifican la injerencia[47].
4) Necesidad estricta y medio menos intrusivo. La medida debe ser indispensable, demostrando el Estado la inexistencia de alternativas menos lesivas, como la vigilancia individualizada frente a la monitorización predictiva o indiscriminada[48].
5) Proporcionalidad en sentido estricto. El balance entre la gravedad de la injerencia y el beneficio perseguido debe ser positivo. Los efectos inhibidores sobre la práctica religiosa y los riesgos de reidentificación pesan decisivamente en contra de la medida[49].
6) No discriminación. Si el sistema de IA utiliza proxies (por ejemplo, geoperímetros de templos o atributos inferidos) para identificar a colectivos religiosos, surge una presunción prima facie de discriminación. Corresponde al Estado refutar la existencia de sesgos y acreditar controles de equidad[50].
En este canon, la carga de la prueba recae plenamente sobre la Administración, que debe justificar la injerencia con prueba concreta e individualizada. Además, de este estándar se derivan tres presunciones iuris tantum de inadmisibilidad que afectan a: (i) la vigilancia predictiva del culto y la enseñanza, por erosionar el núcleo del art. 18 PIDCP; (ii) la identificación biométrica en accesos a lugares de culto, por su efecto disuasorio y facilitación del perfilado de minorías; y (iii) la censura previa del discurso religioso en internet o la penalización del acceso a materiales doctrinales en línea[51]. Solo en supuestos de amenaza grave e inminente, y previa autorización judicial ex ante, con medidas estrictamente limitadas en el tiempo, podrían desvirtuarse estas presunciones, siempre que se acredite la no injerencia en el forum internum y la inexistencia de medidas menos restrictivas e igualmente idóneas[52].
El PIDCP no se agota en un deber de abstención ante injerencias injustificadas, sino que también impone obligaciones positivas de diligencia debida para proteger frente a prácticas lesivas ejecutadas por actores privados –incluidos proveedores tecnológicos y plataformas–, especialmente cuando el Estado adquiere, autoriza o tolera tales actividades[53]. En el entorno de la IA, ACNUDH traduce este compromiso en exigencias operativas de diligencia debida ex ante, transparencia proactiva sobre la arquitectura de los algoritmos y la provisión de recursos efectivos para los colectivos y grupos afectados[54]. Estas obligaciones se proyectan, en primer lugar, sobre el plano de la contratación y la práctica administrativa, donde la adquisición de sistemas de vigilancia –v. gr., sensores y cámaras biométricas en accesos y perímetros de templos que posibilitan la identificación de los asistentes– debe ir precedida de evaluaciones de impacto específicas sobre la LROC. Tales evaluaciones han de incorporar auditorías de no discriminación y límites funcionales estrictos que imposibiliten la reidentificación a través de atributos étnico-religiosos o la señalización predictiva de conductas protegidas[55].
En segundo lugar, la vertiente prestacional del Estado exige el establecimiento de órganos de supervisión independientes con facultades de autorización previa para despliegues de alto riesgo, dotados de capacidad de inspección técnica, potestad de cese de sistemas lesivos y canales accesibles de reparación para el clero, los fieles y las entidades confesionales[56]. Esta gobernanza se extiende asimismo al plano transnacional, donde la exportación de capacidades de cibervigilancia susceptibles de facilitar la represión religiosa debe activar los controles de productos de doble uso de la Unión Europea y los estándares de debida diligencia empresarial conforme a los Principios Rectores de la ONU[57]. El Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial (RIA, en lo sucesivo), vinculante para los Estados miembros de la UE, ofrece herramientas operativas de referencia comparada –especialmente mediante su enfoque de riesgo y las evaluaciones de impacto sobre los derechos fundamentales– que permiten delimitar con precisión las prácticas inadmisibles sobre la LROC en el espacio europeo[58]. Finalmente, aunque instrumentos de soft law como las directrices de FOC o la Recomendación de UNESCO sobre la ética de la IA no operan como fuentes interpretativas del pacto, aportan metodologías de evaluación esenciales para su implementación[59]. En suma, el modelo de escrutinio estricto aquí expuesto exige que ley y tecnología converjan en la salvaguarda de la LROC, garantizando que la vigilancia no erosione la esencia de un derecho cuyo forum internum debe permanecer inviolable.
La arquitectura de vigilancia en China se ha consolidado como un ecosistema híbrido que integra redes de sensores físicos con plataformas de fusión de datos y un régimen de control administrativo sobre la virtualidad. Programas nacionales como Skynet y Sharp Eyes interconectan volúmenes masivos de videovigilancia con centros de mando policiales, extendiendo una visibilidad estatal continua sobre los flujos de movilidad[60]. Este despliegue alcanza su máxima expresión en la región de Xinjiang a través de la ya mencionada Plataforma de Operaciones Conjuntas Integradas (IJOP, en adelante). Investigaciones de ingeniería inversa sobre la herramienta móvil de la IJOP han demostrado que el sistema utiliza analítica predictiva para señalizar como «sospechosas» conductas inocuas de la vida cotidiana y religiosa, tales como la recaudación de fondos para mezquitas o la predicación sin autorización oficial, activando protocolos de detención que erosionan el núcleo de la LROC antes de cualquier juicio de necesidad[61].
Esta superestructura se complementa con un marco normativo digital orientado a la «sinización» de la religión y al desplazamiento de la LROC al ámbito de la autorización previa. Las Medidas para la Administración de los Servicios de Información Religiosa en Internet (2022) prohíben taxativamente la retransmisión en directo o la grabación de ceremonias religiosas, así como la predicación en línea, a menos que se cuente con un permiso específico de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos[62]. Este sistema de licencias se sustenta sobre la Ley de Ciberseguridad (2017) y la Ley de Protección de la Información Personal (2021), que imponen la localización de datos y obligan a los operadores de red a colaborar con las autoridades en aras de la seguridad nacional y el interés público[63]. La reciente aprobación del Reglamento de Gestión del Sistema de Información de Imágenes de Videovigilancia de Seguridad Pública (2025) culmina este proceso al formalizar la integración de la captación de imágenes bajo el liderazgo del Partido, reforzando la trazabilidad de los fieles y el efecto disuasorio sobre el ejercicio de las conductas religiosas protegidas por el pacto en el espacio público[64].
Desde la óptica del PIDCP, este esquema supone una quiebra sistémica de la legalidad internacional. El empleo de categorías indeterminadas para justificar la vigilancia contraviene las exigencias de precisión y previsibilidad establecidas por el Comité de Derechos Humanos[65]. El régimen de licencias y la monitorización predictiva invierten la lógica del pacto: el Estado sustituye la protección del derecho por un control ex ante de manifestaciones protegidas. Esta arquitectura, que expone la asistencia pastoral y el culto a una vigilancia indiscriminada, resulta incompatible con el principio del medio menos intrusivo, provocando un enfriamiento estructural de la vida religiosa pública, con especial incidencia en comunidades no registradas y minorías étnico-religiosas[66].
Una nota distintiva del sistema chino es la legibilidad biométrica de la vida religiosa mediante redes de sensores integradas con reconocimiento facial y plataformas de fusión de datos. Este despliegue permite no solo la identificación de fieles en los accesos a los templos, sino también el seguimiento automatizado de ministros de culto y la cartografía de vínculos asociativos mediante sistemas de señalización en tiempo real[67]. En regiones de especial control, como Xinjiang, la plataforma IJOP acopla la biometría con registros administrativos y datos de movilidad, utilizando como indicadores de «sospecha» conductas ordinarias y pacíficas tales como la oración diaria, el ayuno o el mantenimiento de comunicaciones con familiares en el extranjero[68]. Este modelo responde a una transición estratégica hacia la «represión preventiva», donde el Estado utiliza la tecnología para identificar y gestionar «amenazas ideológicas» antes de que se manifiesten, situando la identidad religiosa en el centro de los algoritmos de control[69].
Desde una perspectiva jurídica internacional, estas prácticas constituyen una quiebra de los principios de no discriminación y proporcionalidad. El Comité de Derechos Humanos exige que toda restricción de la LROC sea necesaria y no discriminatoria, mientras que ACNUDH alerta de que los sistemas biométricos en espacios públicos pueden amplificar sesgos sistémicos y estigmatizar a las minorías, creando incentivos negativos persistentes que, de manera estructural, restringen el ejercicio de derechos fundamentales[70]. La identificación biométrica en tiempo real en el perímetro de los lugares de culto resulta prima facie desproporcionada al carecer de una base legal previsible y funcionar como un mecanismo de control preventivo que vacía de contenido el núcleo de la LROC[71]. Asimismo, la política de sinización instrumentaliza esta tecnología para forzar la subordinación ideológica de la religión al Partido, calificando la autonomía doctrinal como una forma de «infiltración extranjera»[72]. En este contexto, la tecnología deja de ser un instrumento de seguridad neutral para convertirse en un mecanismo de gobernanza ideológica incompatible con el test estricto del artículo 18.3 del PIDCP[73].
En Xinjiang, y particularmente en sus pasos fronterizos, se ha reportado que las autoridades realizan inspecciones sistemáticas de terminales móviles y, en determinados supuestos, imponen la instalación de aplicaciones de control (Jingwang Weishi para residentes y Fengcai/BXAQ para viajeros)[74], lo que convierte de facto a los teléfonos en instrumentos de inspección y extracción de datos a gran escala[75]. El análisis de ingeniería inversa de la aplicación vinculada a la plataforma IJOP demuestra que el sistema clasifica como «sospechosas» conductas religiosas pacíficas (como el estudio del Corán o la predicación no autorizada) y hábitos cotidianos (variaciones en el consumo eléctrico o la tenencia de un vehículo), activando una cadena de controles policiales que desalientan el culto y la enseñanza[76]. En el ámbito de las plataformas digitales, se ha constatado el filtrado sistemático en WeChat y la retirada de materiales religiosos bajo el amparo de las Medidas de 2022, con una incidencia directa en la catequesis y la atención pastoral virtual[77].
Desde la perspectiva del PIDCP, la inspección indiscriminada de dispositivos y el bloqueo de aplicaciones equivalen a registros masivos sin evidencia de sospecha individualizada, vulnerando el derecho a la vida privada (art. 17). Estas medidas no superan el estándar de calidad de la ley, al carecer de una norma precisa y previsible que limite la discrecionalidad administrativa[78]. Además, la señalización predictiva de conductas religiosas protegidas subvierte el núcleo del artículo 18, pues al transformar el culto en un indicador prima facie de riesgo, se ejerce una coacción que no solo limita el forum externum, sino que también amenaza el forum internum presionando a los individuos a la renuncia íntima de sus creencias para evitar el castigo algorítmico[79]. Esta lesión se agrava con el debilitamiento del cifrado y la localización de datos habilitada por la Ley china de Ciberseguridad, lo que anula la confidencialidad necesaria para la comunicación entre ministros de culto y sus fieles, resultando en una medida desproporcionada que inhibe el desarrollo de la vida religiosa en la era digital[80].
El análisis del modelo chino revela una arquitectura de vigilancia que, al proyectarse sobre la LROC, opera una mutación sistémica en la naturaleza del derecho. No se trata simplemente de una acumulación de injerencias técnicas, sino de una reconfiguración del culto como objeto de gestión policial. En primer lugar, la identificación biométrica y el perfilado étnico-religioso en tiempo real vulneran el principio de no discriminación al transformar atributos protegidos en factores de riesgo. Esta vigilancia en los perímetros de lugares de culto impone una suerte de transparencia forzada sobre la comunidad de fieles que anula la autonomía de las confesiones y disuade la asistencia, operando como una restricción prima facie desproporcionada que el estándar internacional no permite bajo cláusulas generales de orden público.
En segundo lugar, la señalización predictiva de prácticas ordinarias y pacíficas –tales como donaciones, estudio de textos religiosos o rutinas de oración– invierte la lógica protectora del artículo 18 del PIDCP. Al codificar manifestaciones legítimas del forum externum como indicadores de sospecha, el sistema traslada la carga de la prueba al ciudadano y genera un efecto inhibitorio estructural. Este control predictivo no solo lesiona la libre manifestación de las creencias, sino que alcanza una dimensión de coacción que amenaza al forum internum: la presión algorítmica constante induce a la renuncia íntima de la creencia para evitar la segregación social o la detención, lo que constituye una interferencia ilegítima en la conciencia del individuo.
Finalmente, el régimen de licencias previas y el filtrado algorítmico en el entorno digital consolidan una censura proactiva que sustituye el castigo ex post de daños concretos por un control ex ante de la expresión religiosa. Este entramado técnico-normativo, que combina la opacidad del código con la indeterminación de la ley, vacía de contenido el test de necesidad estricta. En conclusión, el caso chino demuestra que cuando la IA se integra en una política coercitiva, la tecnología deja de ser una herramienta de seguridad para convertirse en un instrumento de ingeniería social que resulta incompatible con la esencia misma de la LROC y los estándares de una sociedad abierta y plural.
Rusia articula su sistema de vigilancia mediante dos capas tecnológicas convergentes que aseguran la trazabilidad de la conducta religiosa. En la capa troncal, el Sistema de Actividades de Investigación Operativa (System for Operative Investigative Activities o SORM, por sus siglas en ruso) impone a los operadores la obligación de instalar equipos que permiten al Servicio Federal de Seguridad (FSB) un acceso directo y no mediado a contenidos y metadatos. Este diseño técnico permite la interceptación en tiempo real sin que el operador pueda verificar la existencia de una orden judicial, consolidando un modelo de vigilancia opaco que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha calificado de incompatible con los estándares de una sociedad democrática[81].
En la capa de red, la Ley de «Internet Soberano» (Ley Federal n.º 90-FZ) ha transformado la arquitectura de RuNet mediante la instalación obligatoria de «Medios Técnicos para Contrarrestar Amenazas» (TSPU). Estos dispositivos, basados en tecnología de DPI, permiten al Roskomnadzor centralizar el control del tráfico, facultando el bloqueo o la degradación de servicios de forma automática y sin intervención de los proveedores[82]. Sobre el territorio, el programa Safe City integra el reconocimiento facial a gran escala. Solo en Moscú, el procesamiento de flujos de más de 125.000 cámaras permite la identificación y el seguimiento de individuos en tiempo real, habiéndose documentado su uso para la monitorización de reuniones y la detención de disidentes[83]. La designación de entidades como NtechLab en regímenes de sanciones internacionales subraya la gravedad de este entramado de identificación biométrica[84].
La convergencia de la interceptación de comunicaciones y el reconocimiento facial masivo genera un entorno de identificabilidad continua que produce un enfriamiento sistémico de la LROC. El despliegue de estas tecnologías bajo conceptos jurídicos indeterminados de «amenaza» o «extremismo» incumple el estándar de calidad de la ley del PIDCP, al carecer de previsibilidad y salvaguardas independientes. En suma, esta arquitectura de control preventivo resulta desproporcionada, pues inhibe la asistencia al culto y la vida asociativa religiosa al transformar el ejercicio de derechos fundamentales en una actividad permanentemente trazable por el aparato de seguridad[85].
El concepto ruso de «extremismo», caracterizado por su indeterminación[86], se ve reforzado por la Ley Federal n.º 281-FZ, de 31 de julio de 2025. Esta reforma del «Código de Infracciones Administrativas» (KoAP RF) no solo eleva de forma significativa las sanciones por la falta de cooperación técnica con los servicios de seguridad, sino que estrecha el cerco sobre el anonimato digital. Al penalizar la gestión irregular de identificadores de red y reforzar las obligaciones de trazabilidad bajo los nuevos artículos 13.29.1 a 13.29.3 del KoAP RF, la norma genera un efecto disuasorio que, en la práctica, dificulta y desincentiva el acceso a contenidos calificados como extremistas, al asociarlo con responsabilidades y sancionar la publicidad de herramientas de elusión (p. ej., VPN, proxies o Tor)[87].
La vaguedad de estas previsiones no solo compromete el acceso a la información, sino que difumina la línea entre la mera consulta y la apología, permitiendo una aplicación arbitraria que afecta de manera desproporcionada a las minorías religiosas, cuyos materiales doctrinales son frecuentemente etiquetados como «extremistas» por la administración[88]. El uso expansivo de este marco se ha dirigido de forma sistemática contra confesiones como los Testigos de Jehová, cuya declaración como organización «extremista» por el Tribunal Supremo en 2017 ha fundamentado procesamientos por actividades religiosas pacíficas, a lo que hoy se suma el riesgo de sanción administrativa por el mero acceso o búsqueda de sus materiales en internet[89].
Desde la perspectiva del PIDCP, este esquema no satisface el estándar de calidad de la ley: el carácter elástico de los conceptos de «extremismo» y «búsqueda deliberada» impide a los usuarios valorar ex ante si una consulta generará responsabilidad[90]. Tampoco satisface el requisito de necesidad estricta, pues penalizar la búsqueda de información excede lo indispensable frente a daños concretos que deberían abordarse con medidas contra la incitación real a la violencia. El balance de proporcionalidad resulta negativo al producir un efecto inhibitorio sobre el estudio de las Escrituras y la formación catequética –núcleo del forum externum (art. 18)– [91], incurriendo en un impacto desigual sobre las minorías que ACNUDH identifica como una vulneración de los estándares internacionales de privacidad y libertad de conciencia en la era digital[92].
Un tercer vector de control incide directamente en la actividad misionera y la autonomía de las comunidades religiosas en el entorno digital. El marco establecido por las leyes «Yarovaya» (leyes federales 374‑FZ y 375‑FZ de 2016) ha institucionalizado límites severos a las manifestaciones de la LROC, prohibiendo la evangelización fuera de inmuebles registrados y extendiendo las obligaciones de retención de metadatos y descifrado para los proveedores de servicios. La aplicación de estas normas ha sido especialmente gravosa para las comunidades protestantes y evangélicas, penalizando reuniones en domicilios privados o la mera difusión de horarios de culto[93].
Desde 2022, este control se ha visto potenciado por la capacidad del Roskomnadzor para ejecutar bloqueos centralizados y la ralentización selectiva (throttling) del tráfico mediante los equipos TSPU instalados bajo la Ley de Internet Soberano (2019). Este despliegue técnico permite la retirada inmediata de contenido religioso bajo categorías ambiguas como el «descrédito» de las instituciones o la «seguridad nacional», induciendo una autocensura estructural en las comunidades religiosas[94]. Este régimen de intervención técnica y autorización previa incumple los estándares de calidad de la ley y de necesidad estricta del PIDCP, al suprimir la predicación y la enseñanza digital de forma categórica y sin que medie una amenaza concreta acreditada[95]. En definitiva, la criminalización del proselitismo en espacios no registrados y el control algorítmico del discurso digital desfavorecen sistemáticamente a las minorías religiosas, vulnerando las garantías de no discriminación y libertad de asociación consagradas en el pacto[96].
El modelo ruso de control digital revela una arquitectura de vigilancia que trasciende la mera seguridad para constituirse en un mecanismo de homogeneización ideológica y religiosa. A diferencia de otros sistemas de fusión de datos, el entramado ruso descansa sobre una vigilancia delegada y una interceptación directa (SORM) que anulan la expectativa de privacidad en la comunicación pastoral y el consejo espiritual. Esta ubicuidad técnica, reforzada por el reconocimiento facial masivo, impone un coste de visibilidad inasumible para el ejercicio del forum externum. La asistencia al culto y la reunión comunitaria dejan de ser actos libres para convertirse en eventos trazables, operando una restricción de facto que no logra justificarse bajo los cánones de necesidad y proporcionalidad del PIDCP.
Por otro lado, la reciente deriva punitiva hacia el receptor de información –mediante la penalización de la búsqueda y el acceso deliberado a contenidos– representa una injerencia inédita en la autonomía de la conciencia. Al transformar el interés legítimo por el estudio de las Escrituras o la formación catequética en un riesgo administrativo, el Estado ruso inobserva el estándar de calidad de la ley y desnaturaliza el artículo 18 del pacto. No se persigue un daño concreto, sino que se castiga la curiosidad intelectual y el pluralismo, forzando una asfixia del forum internum mediante el temor a la sanción algorítmica.
En definitiva, la aplicación selectiva de este arsenal técnico-normativo (DPI, bloqueos centralizados y «Ley Yarovaya») contra las minorías religiosas confirma una quiebra estructural del principio de no discriminación. La tecnología, bajo el pretexto de la «soberanía digital», se instrumentaliza para blindar una concepción tradicionalista de la identidad nacional, relegando a las confesiones no mayoritarias a una clandestinidad digital y física incompatible con el estándar internacional de una sociedad plural. El caso ruso demuestra, así, que la centralización técnica de la red se revela, en última instancia, como una herramienta de fragmentación de la LROC.
El examen contrastado de las arquitecturas de vigilancia en China y Rusia permite extraer reglas operativas de alcance general frente a la aparición de la gobernanza algorítmica. Al cotejar estas prácticas con el PIDCP y la exégesis del Comité de Derechos Humanos, se colige que los sistemas de monitorización de la LROC basados en IA suelen colisionar con el estándar internacional al no superar los controles concurrentes de legalidad, necesidad estricta –con empleo del medio menos intrusivo–, proporcionalidad stricto sensu y no discriminación[97]. Sobre esta base, la presente sección sistematiza un canon de escrutinio articulado en tres ejes: primero, la identificación de prohibiciones categóricas para usos de la IA intrínsecamente incompatibles con el núcleo del pacto; segundo, la definición de las condiciones excepcionales y garantías reforzadas bajo las cuales una intervención limitada podría ser legítima; y, tercero, una cláusula transversal de igualdad que invalida cualquier práctica con impacto dispar o basada en el perfilado de atributos étnico-religiosos. Este canon aspira a ofrecer pautas claras y reproducibles para el juicio de compatibilidad internacional de estas tecnologías en cualquier jurisdicción.
Del análisis comparado de las arquitecturas de control en China y Rusia se desprenden cinco categorías de medidas que, por su diseño y efectos, resultan intrínsecamente incompatibles con los estándares del PIDCP aplicados a la LROC:
El despliegue de sistemas de reconocimiento facial, de la marcha o de la voz en los accesos y perímetros de lugares de culto desnaturaliza la libertad de reunión religiosa. Estas tecnologías no solo disuaden la asistencia, sino que operan una cartografía asociativa forzada que facilita el perfilado de minorías. Tanto en la red de CCTV china vinculada a plataformas de datos centrales, como en el sistema Safe City moscovita, se documenta una vigilancia que no satisface el juicio de necesidad estricta, al no existir una amenaza individualizada que justifique la captura masiva de datos biométricos. Al anular el anonimato necesario para el ejercicio del culto sin temor a represalias, la medida resulta desproporcionada frente a la intensidad de la injerencia en el forum externum[98]. Los sesgos algorítmicos inherentes a estas tecnologías refuerzan, además, su carácter discriminatorio[99].
Los sistemas de aprendizaje automático que codifican conductas ordinarias –asistencia, donaciones, enseñanza o posesión de literatura religiosa– como «indicadores de sospecha» invierten la lógica del artículo 18 del PIDCP. En lugar de proteger la manifestación de la fe, el sistema la trata como un vector de riesgo. El modelo IJOP en Xinjiang es el exponente paradigmático de esta represión preventiva, donde la analítica del comportamiento traslada la carga de la prueba al creyente[100]. Dado que el forum internum es absoluto, cualquier tecnología que induzca a la renuncia íntima de la creencia para evitar una calificación de riesgo lesiona el núcleo esencial del derecho, resultando radicalmente incompatible con el juicio de proporcionalidad[101].
Los marcos administrativos que imponen una autorización previa para el discurso religioso en internet –como las Medidas chinas de 2022 sobre servicios de información religiosa– sustituyen la respuesta ante daños concretos por un control ex ante. Este modelo de licencia del discurso quiebra el estándar de calidad de la ley, al carecer de la precisión y previsibilidad exigidas por el Comité de Derechos Humanos. En el caso ruso, el ecosistema de bloqueos centralizados mediante equipos TSPU opera una censura de hecho que suprime la predicación y la catequesis digital sin las garantías de un proceso judicial independiente, incumpliendo el requisito del medio menos intrusivo[102].
La reciente reforma rusa (Ley Federal n.º 281-FZ de 2025) que sanciona la búsqueda o acceso deliberado a contenidos «extremistas» –incluso mediante el uso de VPN– constituye una criminalización del acto de búsqueda de información. Esta medida carece de legalidad por su palmaria vaguedad y vulnera la proporcionalidad al generar un efecto inhibitorio sobre el estudio y la formación pastoral. Las restricciones generalizadas de acceso, especialmente cuando implican la vigilancia de tráfico cifrado para detectar patrones de consumo religioso, son prima facie incompatibles con los artículos 18 y 19 del PIDCP[103].
Las arquitecturas de interceptación directa en la red troncal (como SORM) y DPI para detectar protocolos cifrados –según se observa en el denominado «Gran Cortafuegos chino»– habilitan una vigilancia masiva que destruye la confidencialidad de las comunicaciones clero-fieles. De acuerdo con la Observación General n.º 16, la injerencia en la privacidad debe ser razonable y proporcionada. La captura indiscriminada de comunicaciones religiosas, que revelan atributos sensibles de la personalidad, no supera el test de necesidad estricta y constituye una injerencia arbitraria en la autonomía de las confesiones[104].
En conclusión, ninguna de las arquitecturas de vigilancia y control analizadas logra superar el juicio de compatibilidad con el estándar universal derivado del pacto. Aun cuando se asuma la existencia de un fin legítimo vinculado a la seguridad o al orden público, estas medidas fracasan al no satisfacer de forma concurrente los requisitos de legalidad (calidad de la ley), necesidad estricta en una sociedad democrática y proporcionalidad stricto sensu. Su despliegue masivo y la evidencia de un impacto dispar en las minorías religiosas confirman, asimismo, una quiebra sistémica del principio de no discriminación, invalidando su conformidad con el corpus iuris internacional de protección de la LROC.
El Derecho internacional no establece una prohibición absoluta sobre toda medida estatal que incida en el forum externum, pero su compatibilidad con el PIDCP queda sujeta a un umbral justificativo excepcionalmente alto. Para que una intervención tecnológica sobre la LROC sea admisible, debe articularse, en primer lugar, sobre una base probatoria individualizada y creíble de amenaza concreta, lo que excluye radicalmente las injerencias fundamentadas en perfiles predictivos o atributos inferidos del ejercicio legítimo de la LROC. Se requiere, por tanto, un estándar de motivos razonables que vincule la medida a una persona determinada[105]. Esta exigencia de individualización debe complementarse con una autorización independiente y previa, preferentemente judicial, que emane de una exposición detallada del alcance subjetivo, objetivo y espacial de la vigilancia, verificando de forma estricta el fundamento jurídico que la sustenta[106].
La legitimidad de la medida depende, asimismo, de su sujeción a límites temporales, espaciales y funcionales estrictos, de modo que la intervención sea técnica y jurídicamente trazable a través de registros inalterables que permitan una supervisión ex post efectiva[107]. En este sentido, la carga de la prueba recae sobre el Estado, que debe demostrar la inexistencia de medios menos intrusivos e igualmente eficaces para el fin perseguido. Por ello, la monitorización algorítmica generalizada y los regímenes de autorización previa se consideran, por su propia naturaleza, medidas excesivamente restrictivas que vulneran el principio de subsidiariedad[108].
Finalmente, la intervención debe respetar salvaguardas específicas de la LROC que protejan la confidencialidad de la comunicación entre clero y fieles y la inviolabilidad del forum internum. Ello implica la interdicción de técnicas de escaneo del lado del cliente y la preservación del cifrado de extremo a extremo (E2EE) frente a comunicaciones de acompañamiento espiritual o sacramental, evitando cualquier erosión de la confidencialidad pastoral[109]. No obstante, aún bajo este estricto cumplimiento, subsisten zonas vedadas donde la identificación biométrica en tiempo real en perímetros de culto y la señalización predictiva de riesgo sobre conductas protegidas quedan categóricamente excluidas, dado que su efecto disuasorio sistémico y su potencial de discriminación estructural resultan irreparables mediante cualquier mecanismo de supervisión o limitación temporal[110].
Una constante en las jurisdicciones estudiadas es la instrumentalización de atributos étnico-religiosos, ya sea de forma explícita o mediante indicadores indirectos (proxies), en el despliegue de sistemas biométricos y predictivos. La utilización de datos de entrenamiento que codifican la sobrevigilancia histórica, la geografía de enclaves minoritarios o marcadores de vestimenta y ritualidad, vicia cualquier finalidad de orden público invocada por el Estado[111]. Según la exégesis del Comité de Derechos Humanos, la prohibición de discriminación (arts. 2 y 26 del PIDCP) no solo proscribe el trato desigual directo, sino también la discriminación indirecta: medidas aparentemente neutrales, pero con efectos adversos desproporcionados sobre grupos protegidos que carecen de una justificación objetiva y razonable[112].
En el ámbito de la LROC, la discriminación algorítmica se articula en tres estratos concurrentes. En el diseño, la arquitectura de los sistemas incorpora asociaciones entre identidad religiosa y riesgo, elevando las tasas de falsos positivos y la señalización de minorías bajo una falsa pátina de objetividad técnica[113]. En la fase de implementación, la ubicación estratégica de la infraestructura de vigilancia (CCTV) y la gestión territorial por cuadrículas concentran el escrutinio en torno a lugares de culto, convirtiendo el espacio religioso en un entorno de alta sospecha[114]. Finalmente, en el plano de las garantías, la opacidad inherente a los algoritmos de «caja negra» (black box) y la ausencia de mecanismos efectivos de impugnación perpetúan una desventaja estructural que impide a los creyentes corregir errores o impactos dispares, reforzando el efecto inhibitorio sobre el culto y la asociación[115].
Por consiguiente, cuando los sistemas de IA explotan atributos étnico-religiosos inferidos, los Estados afrontan una carga justificativa prácticamente insuperable. Ni siquiera la persecución de fines apremiantes de seguridad nacional logra validar herramientas cuya operación ordinaria selecciona a minorías para un control intensificado. La regla operativa es definitiva: cualquier medida tecnológica que en su diseño, aplicación o ausencia de remedios produzca un impacto dispar sobre el ejercicio de la LROC, incumple los estándares acumulativos del pacto y debe ser declarada incompatible con el estándar internacional de derechos humanos[116].
La traducción de los hallazgos previos en un marco operativo exige la articulación de un modelo de gobernanza que trascienda la mera autorregulación técnica. En esta sección se sistematiza una propuesta normativa estructurada en cuatro ejes cardinales: la definición de prohibiciones categóricas frente a usos de IA intrínsecamente lesivos para el núcleo de la LROC; el establecimiento de protocolos de diligencia debida y cláusulas de contratación pública diseñadas para mitigar la arbitrariedad de autoridades y proveedores; el diseño de un ecosistema de supervisión multinivel escalable en atención al riesgo; y, finalmente, la formulación de compromisos exigibles a las plataformas digitales para salvaguardar el pluralismo religioso en red. Este canon se fundamenta en la arquitectura de protección del PIDCP y la interpretación del Comité de Derechos Humanos, integrando la doctrina más reciente del ACNUDH sobre privacidad y los estándares de FOC[117]. El marco propuesto converge, asimismo, con los principios de la Recomendación de UNESCO sobre la Ética de la IA y el enfoque de seguridad jurídica basado en el riesgo del RIA, ofreciendo una respuesta integral a la erosión algorítmica de la LROC.
La gobernanza internacional de la IA debe partir de la fijación de un umbral de inadmisibilidad que excluya de forma perentoria aquellas técnicas que, por su diseño o efectos sistémicos, resultan intrínsecamente incompatibles con el núcleo esencial de la LROC. La legitimidad de cualquier regulación nacional depende de su ajuste a los controles concurrentes de legalidad, necesidad estricta y proporcionalidad stricto sensu, excluyendo las siguientes prácticas:
Se propone la prohibición absoluta de los sistemas de identificación y clasificación biométrica en tiempo real –incluyendo el reconocimiento facial, de la marcha o de la voz– en el interior, accesos o perímetros de los lugares de culto. Estas tecnologías no solo disuaden la asistencia y cartografían vínculos asociativos, sino que operan una injerencia desproporcionada que anula el anonimato necesario para el ejercicio del culto comunitario. Al existir alternativas menos intrusivas y basadas en un control judicial individualizado, su implementación masiva o continuada carece de justificación bajo los estándares del PIDCP[118].
Debe prohibirse el uso de algoritmos de aprendizaje automático destinados a catalogar prácticas religiosas pacíficas –tales como la asistencia a ceremonias, la realización de donaciones o la posesión de literatura religiosa– como indicadores de riesgo o señales de sospecha. Esta represión preventiva invierte la presunción de licitud de la libertad de conciencia y traslada la carga de la prueba al creyente, forzando una renuncia íntima a la creencia que lesiona el forum internum de manera irreparable[119].
Resulta imperativa la prohibición de medidas que debiliten el cifrado de extremo a extremo, tales como la implementación de técnicas de escaneo del lado del cliente o la creación de «puertas traseras» de acceso estatal. Estas intervenciones enervan la confidencialidad de la comunicación entre clero y fieles, degradando la asistencia pastoral a un entorno de vulnerabilidad técnica incompatible con el derecho a la vida privada y la libertad de manifestar las propias convicciones[120].
Se aconseja la inadmisibilidad de cualquier sanción penal o administrativa dirigida al mero acto de buscar, acceder o leer materiales religiosos en internet. La criminalización de la búsqueda de información constituye una vulneración directa del artículo 19.2 del PIDCP y carece de la previsibilidad exigida por el estándar de calidad de la ley. Las restricciones legítimas deben dirigirse exclusivamente a contenidos ilícitos concretos, mediante mandatos judiciales específicos y nunca mediante la monitorización masiva del tráfico o la penalización del usuario[121].
Estas prohibiciones se anclan en la doctrina del Comité de Derechos Humanos sobre la protección absoluta del forum internum y en las directrices del ACNUDH sobre la protección de la privacidad en la era digital, configurando el umbral mínimo irrenunciable para una gobernanza de la IA conforme a la LROC[122].
La contratación pública debe operar como un mecanismo de garantía preventiva, integrando evaluaciones de impacto obligatorias y auditorías de no discriminación que condicionen la adquisición de sistemas de IA. En consonancia con la Recomendación de UNESCO y el marco del RIA, los pliegos de condiciones deben incorporar salvaguardas que impidan el despliegue de tecnologías en situaciones de riesgo no mitigable para la LROC, exigiendo a los proveedores estándares de transparencia y rendición de cuentas desde la fase de diseño[123].
Antes de cualquier despliegue, la entidad contratante debe realizar una evaluación de impacto que identifique específicamente la posible incidencia del sistema en espacios sensibles –como lugares de culto, seminarios o centros pastorales– y evalúe el riesgo de generar efectos inhibidores en la práctica religiosa. Esta evaluación debe validar el cumplimiento del principio de necesidad estricta y determinar medidas de mitigación técnica, tales como zonas de exclusión geográfica o límites funcionales a la captura de datos. Para los sistemas calificados como de «alto riesgo», se integrará la evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales prevista en el artículo 27 del RIA[124].
Los proveedores deben aportar evaluaciones independientes que descarten la presencia de sesgos algorítmicos vinculados a atributos étnico-religiosos, ya sean directos o inferidos. La entidad contratante excluirá aquellos sistemas que no acrediten métricas de equidad aceptables o que presenten tasas erróneas de falsos positivos en grupos minoritarios. El cumplimiento de los requisitos de gobernanza de datos y supervisión humana, conforme a los artículos 10 y 14 del RIA, constituye una condición esencial para la validez del contrato[125].
Los instrumentos contractuales deben imponer limitaciones funcionales taxativas que inhabiliten la identificación biométrica en tiempo real en los perímetros de lugares de culto, la analítica predictiva de conductas protegidas y cualquier técnica de escaneo que vulnere el cifrado de extremo a extremo. El incumplimiento de estas limitaciones, o la reactivación de funcionalidades prohibidas, debe ser calificado como un incumplimiento esencial del contrato, aparejando la resolución inmediata y la retirada del sistema, bajo un régimen de auditoría técnica continua[126].
Se exige a los proveedores un compromiso explícito de diligencia debida que incluya la abstención de operar en contextos donde se documenten vulneraciones sistemáticas de la LROC por organismos de referencia como ACNUDH o USCIRF. Asimismo, el proveedor debe garantizar el cumplimiento de los regímenes de control de exportación y el Régimen Global de Sanciones de la UE, declarando la integridad de su cadena de suministro y la procedencia de los conjuntos de datos utilizados en el entrenamiento de los modelos[127].
Un régimen de supervisión compatible con la LROC no puede limitarse a una fiscalización administrativa genérica, sino que exige una arquitectura de control multinivel que asegure que toda intervención algorítmica se mantenga dentro de los límites de la legalidad y la estricta necesidad. Esta estructura se fundamenta en cuatro pilares: autorización previa por una autoridad independiente, transparencia técnica auditable, recursos efectivos y revisión periódica de impacto[128].
Toda medida de alto riesgo con potencial de afectar al culto, la asociación o la enseñanza religiosa debe quedar supeditada a una autorización judicial previa o, en su defecto, de una autoridad con plena autonomía funcional. El mandato de autorización debe basarse en una solicitud motivada que acredite la concurrencia de evidencia determinada de amenaza y la inexistencia de medios menos intrusivos. En particular, la autorización deberá fijar zonas digitales de exclusión en torno a lugares de culto donde la identificación biométrica o la analítica de comportamiento queden desactivadas por defecto[129].
La gobernanza de estos sistemas exige la conservación de registros técnicos inalterables que incluyan las activaciones de sensores, las tasas de coincidencia y las versiones de los modelos utilizados. La autoridad de supervisión tendrá acceso irrestricto a estos registros para realizar auditorías ex post y publicará informes de transparencia agregados. Estos informes deben detallar el alcance geográfico de la vigilancia y las tasas de error detectadas, permitiendo un escrutinio público sobre el uso de la IA sin comprometer detalles operativos sensibles de seguridad[130].
De conformidad con el artículo 2 del PIDCP, se deben habilitar canales de reclamación específicos para el clero, los fieles y las entidades confesionales. El sistema de garantías debe incluir la facultad de promover medidas cautelares para suspender usos ilícitos de la IA que generen un efecto disuasorio acreditado sobre la asistencia al culto. En caso de daños comunitarios –como la erosión de la confidencialidad pastoral o la estigmatización de una minoría–, la autoridad competente ordenará medidas de reparación integral que incluyan la supresión de los datos captados indebidamente y la rectificación pública de los sesgos detectados[131].
Toda autorización de vigilancia tendrá una duración temporal estrictamente acotada. La renovación de cualquier medida quedará condicionada a una nueva evaluación de impacto sobre la LROC y a una auditoría de sesgos actualizada que confirme la ausencia de discriminación indirecta. Las actuaciones de emergencia, si las hubiera, requerirán una ratificación judicial en un plazo máximo de 24 a 48 horas, bajo pena de nulidad y destrucción inmediata de la información obtenida[132].
Las plataformas de servicios digitales, en su condición de arquitectos del espacio público contemporáneo, deben implementar sistemas de moderación y transparencia que garanticen la vigencia de la LROC. Su responsabilidad trasciende la mera gestión de contenidos e implica el deber de rechazar injerencias estatales que pretendan suprimir de forma generalizada la expresión religiosa protegida o degradar la privacidad de los entornos pastorales. Este régimen se articula bajo los principios de diligencia debida y rendición de cuentas, anclándose en la interpretación de los artículos 17, 18 y 19 del PIDCP[133].
Las plataformas deben publicar reglas de moderación claras que protejan la expresión religiosa –catequesis, coordinación del culto y acompañamiento espiritual–. Cualquier restricción o retirada de contenido por supuesta incitación al odio debe aplicarse con carácter restrictivo, limitándose exclusivamente a los supuestos del artículo 20.2 del PIDCP. Para ello, resulta imperativo adoptar el test de los seis factores del Plan de Acción de Rabat (contexto, estatus del emisor, intención, contenido/forma, extensión del discurso e inminencia del daño), garantizando siempre una revisión humana y el derecho a un recurso efectivo. Asimismo, se propone el reconocimiento de entidades especializadas en LROC como «alertadores fiables» para identificar y corregir errores sistémicos en la retirada de contenidos confesionales[134].
Las plataformas deben actuar como filtros críticos frente a mandatos estatales que carezcan de fundamento en los estándares internacionales de legalidad y necesidad. Ante solicitudes que persigan la censura selectiva de minorías o la supresión de materiales protegidos bajo etiquetas genéricas como «extremismo», las empresas deben exigir una autorización judicial previa y motivada. Todo rechazo o cumplimiento de estas órdenes debe ser registrado y comunicado al afectado, preservando la integridad del cifrado y ofreciendo mecanismos de impugnación[135].
Los informes de transparencia deben incluir una métrica específica sobre LROC que desglose: (i) el volumen de solicitudes estatales que afecten a contenidos religiosos; (ii) el fundamento jurídico invocado por la autoridad requirente; y (iii) el resultado de los recursos interpuestos. De conformidad con el espíritu del artículo 40 del Reglamento de Servicios Digitales, se debe facilitar el acceso a datos anonimizados para investigadores acreditados, permitiendo el estudio de los sesgos algorítmicos que puedan estar operando una discriminación indirecta contra comunidades religiosas[136].
La protección de la LROC en la era digital es indisociable de la integridad del cifrado de extremo a extremo. Las plataformas deben rechazar cualquier implementación de técnicas de escaneo del lado del cliente o excepciones de descifrado que vulneren la confidencialidad pastoral y la privacidad de las comunicaciones comunitarias. Para grupos en contextos de persecución o riesgo elevado, se deben ofrecer protocolos de mensajería efímera y minimización de metadatos como salvaguardas de necesidad estricta[137].
En definitiva, el marco de gobernanza aquí propuesto –prohibiciones perentorias, protocolos de diligencia debida en la contratación pública, arquitecturas de supervisión independiente y compromisos de transparencia para las plataformas– constituye un sistema integral de garantías diseñado para blindar la LROC frente a la opacidad algorítmica. Este canon no pretende una regulación exhaustiva de la tecnología, sino la fijación de límites infranqueables derivados de los principios de necesidad estricta, proporcionalidad y no discriminación. Al proporcionar criterios verificables para reguladores, juzgadores y actores privados, este modelo de gobernanza asegura que el despliegue de la IA no degrade el núcleo esencial de la LROC ni erosione la confidencialidad pastoral, estableciendo así el umbral mínimo de cumplimiento necesario para cualquier Estado comprometido con los estándares del PIDCP.
La evidencia comparada analizada en este estudio no solo revela una quiebra de los estándares nacionales, sino que justifica la activación urgente de mecanismos de gobernanza global para contener la exportación de la represión tecnológica. La respuesta internacional debe articularse de forma tridimensional para neutralizar la asimetría entre la capacidad de vigilancia de los Estados y la vulnerabilidad de las comunidades religiosas. Esta propuesta se estructura en tres ejes de actuación: el endurecimiento de los controles de exportación y la exigencia de diligencia debida en la cadena de suministro de tecnologías de doble uso; la aplicación de sanciones selectivas frente a la impunidad de actores estatales y privados; y la codificación de instrumentos de soft law que definan estándares de seguimiento específicos para la IA con impacto en la esfera religiosa. Este marco se ancla en la arquitectura del PIDCP y en la doctrina del ACNUDH sobre privacidad, integrando operativamente los regímenes sancionadores y de control de exportaciones de la Unión Europea y Estados Unidos[138].
La transferencia transfronteriza de sistemas de identificación biométrica, analítica predictiva e interceptación de comunicaciones hacia jurisdicciones con vulneraciones documentadas de la LROC entraña riesgos sistémicos de injerencia en los artículos 17, 18 y 19 del PIDCP. En este contexto, los controles de exportación no deben operar como meros instrumentos de política comercial, sino como filtros de derechos humanos destinados a impedir que el comercio tecnológico facilite la represión religiosa masiva. El Reglamento (UE) 2021/821 ofrece el anclaje normativo idóneo para este fin, al facultar la restricción de productos de cibervigilancia cuando exista un riesgo acreditado de que estos se utilicen para la represión interna o la violación grave de los derechos fundamentales[139].
La efectividad de este régimen depende de una especialización operativa que identifique los sistemas con mayor potencial lesivo para la LROC, tales como los clasificadores de atributos religiosos inferidos, la biometría facial optimizada para los perímetros de lugares de culto o las tecnologías de DPI diseñadas para degradar la confidencialidad mediante el debilitamiento del cifrado[140]. Por ello, se hace necesario establecer una presunción de denegación de licencia cuando el usuario final sea un organismo de seguridad en jurisdicciones identificadas por ACNUDH o USCIRF como países de especial preocupación por la persecución sistemática de minorías religiosas[141].
Este control debe proyectarse sobre la integridad de la cadena de suministro mediante la exigencia de declaraciones de uso final que prohíban expresamente la monitorización de conductas religiosas protegidas, amparadas por derechos de auditoría técnica y cláusulas de suspensión automática ante evidencias de uso indebido. Siguiendo los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, los exportadores han de implementar una diligencia debida reforzada que incluya el seguimiento de indicadores de alerta y la transparencia sectorial. Al alinear la política comercial con los estándares universales de derechos humanos, se evita que el desarrollo tecnológico se convierta en una ventaja competitiva para los regímenes que instrumentalizan la IA contra la autonomía de las confesiones y la libertad de conciencia[142].
A diferencia de los controles de exportación, cuya eficacia es de naturaleza preventiva, los regímenes sancionadores constituyen una respuesta ex post indispensable para fiscalizar a los actores, tanto públicos como privados, que instrumentalizan la IA en procesos de represión religiosa. En el marco europeo, el Régimen Global de Sanciones en materia de Derechos Humanos habilita la inmovilización de activos y la restricción de tránsito ante vulneraciones graves de la LROC, un instrumento que converge con la Orden Ejecutiva 13818 de los Estados Unidos. Ambos marcos jurídicos, fundamentados en la doctrina Global Magnitsky, han evolucionado para alcanzar no solo a responsables políticos, sino también a entidades tecnológicas implicadas en el desarrollo de sistemas de vigilancia biométrica y reconocimiento facial destinados a la detención arbitraria de minorías[143].
La efectividad de estas medidas requiere que los criterios de designación se vinculen directamente a modalidades de IA con impacto lesivo en la LROC. Resultan sujetos de sanción preferente los órganos de seguridad que desplieguen biometría en los perímetros de lugares de culto, las agencias que operen sistemas de calificación de riesgo sobre conductas religiosas protegidas –como las arquitecturas de datos tipo IJOP–, y los proveedores que suministren o mantengan dicha infraestructura a sabiendas de su finalidad represiva[144]. Para sostener estas designaciones, la evidencia probatoria debe trascender el informe político e integrar hallazgos técnicos fidedignos, tales como especificaciones de modelos, diagramas de integración y registros de contratación pública, apoyándose en la documentación del ACNUDH, USCIRF y organismos de supervisión independientes como Human Rights Watch o Amnistía Internacional[145].
Más allá de la disuasión, el régimen de sanciones debe articular vías de reparación para las víctimas y las comunidades confesionales afectadas. Ello implica el diseño de licencias generales que permitan destinar fondos congelados a indemnizaciones ordenadas judicialmente, el apoyo a litigios estratégicos ante los procedimientos especiales de la ONU y la facilitación de visados para el clero en situación de riesgo. Asimismo, la coordinación multilateral entre la Unión Europea, el G7 y socios estratégicos resulta esencial para evitar la elusión de sanciones por parte de proveedores de vigilancia globales. En este sentido, el refuerzo de los marcos específicos, como el adoptado frente a la situación en Rusia, complementa el régimen global y asegura que el mantenimiento de sistemas de IA contrarios a la LROC conlleve un coste reputacional y financiero inasumible, cerrando así el ciclo de prevención y rendición de cuentas internacional[146].
La gobernanza internacional de la IA requiere de instrumentos no vinculantes (soft law) capaces de cerrar la actual brecha de medición y documentación técnica. Mientras que los informes de derechos humanos suelen registrar resultados observables –como detenciones o clausuras de templos–, con frecuencia omiten los insumos tecnológicos que las posibilitan, tales como la analítica predictiva, los controles en el dispositivo o la interceptación en la red troncal (DPI). Ampliar el seguimiento temático de organismos como ACNUDH y USCIRF mediante indicadores específicos sobre IA y LROC permitiría codificar la base legal, la geografía de los despliegues y el impacto real de los algoritmos, transformando datos dispersos en evidencia comparable sobre los efectos inhibidores en la vida religiosa[147].
Sobre esta base de transparencia, resulta imperativo promover la inclusión de cláusulas tipo en memorandos de entendimiento y convenios internacionales que definan «líneas rojas» infranqueables. Estas cláusulas deben abordar de forma sistémica la prohibición de la biometría en tiempo real en los perímetros de lugares de culto, la prohibición de la puntuación de riesgo sobre conductas religiosas pacíficas y la preservación absoluta de la integridad del cifrado en comunicaciones pastorales. Este marco de estandarización debe extenderse a las plataformas digitales, exigiéndoles el etiquetado por país de las solicitudes estatales de censura religiosa y la apertura de datos a consorcios de verificación compuestos por la academia y la sociedad civil. Este escrutinio independiente es vital para validar, con evidencia replicable, la precisión del reconocimiento facial y el uso de escaneos en el dispositivo en entornos hostiles[148].
En última instancia, la estandarización resultante moldea las expectativas del mercado y facilita la adopción de evaluaciones de impacto en derechos fundamentales para sistemas de alto riesgo. Al convertir los hallazgos técnicos en anotaciones para el control de exportaciones y en reglas para la contratación pública, se asegura que las prohibiciones doctrinales se traduzcan en límites operativos exigibles. En definitiva, mientras los controles de exportación restringen la oferta tecnológica y las sanciones selectivas encarecen la complicidad de los perpetradores, el seguimiento especializado hace visibles y accionables los daños tecnológicos, alineando los incentivos comerciales con la protección de la LROC[149].
El examen sistemático desarrollado en esta investigación permite concluir que la arquitectura de vigilancia habilitada por la IA, en sus configuraciones actuales, opera una mutación cualitativa en la naturaleza de la injerencia estatal sobre la vida religiosa. La convergencia de la identificación biométrica en tiempo real, la analítica predictiva de ritos y el debilitamiento del cifrado en espacios pastorales no constituye una mera optimización de la seguridad, sino que configura un modelo de represión preventiva intrínsecamente incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos. Bajo el prisma del PIDCP, estas prácticas no superan el test de necesidad estricta y proporcionalidad, al anular el anonimato y la privacidad que el ejercicio comunitario de la fe requiere para su subsistencia.
La contribución primordial de este estudio radica en la traducción del estándar universal en un canon operativo de gobernanza. Frente a la opacidad del algoritmo, el trabajo aporta tres pilares doctrinales:
1) Se establece que el impacto de la IA sobre la LROC trasciende el forum externum. La evidencia recogida demuestra que la vigilancia masiva provoca efectos disuasorios tan profundos que fuerzan renuncias íntimas en el creyente para eludir el escrutinio, operando así una injerencia indirecta en el forum internum, ámbito de protección absoluta e inderogable. Esta delimitación redefine la carga de la prueba, que debe recaer íntegramente en el Estado bajo un estándar de justificación agravada cuando la tecnología procesa atributos sensibles étnico-religiosos.
2) La investigación sistematiza un catálogo de zonas de inadmisibilidad absoluta. Se postula que la identificación biométrica en los perímetros de lugares de culto y la puntuación de riesgo sobre conductas religiosas protegidas deben ser consideradas violaciones per se del Derecho internacional. Esta categorización permite a reguladores y juzgadores superar la ambigüedad técnica y aplicar prohibiciones categóricas que no admitan ponderaciones de conveniencia administrativa o seguridad genérica.
3) El trabajo articula una gobernanza multinivel que integra el Derecho interno con el comercio transfronterizo. La propuesta de trasladar los límites doctrinales al código fuente, a los contratos de compra pública y a los regímenes de exportación de doble uso ofrece una vía realista para «domesticar» la tecnología. La responsabilidad ya no se diluye en la cadena de suministro, sino que se fija mediante auditorías de sesgo, transparencia en la moderación de plataformas y sanciones selectivas frente a la complicidad corporativa en la represión religiosa.
En suma, la agenda de investigación aquí perfilada abre un campo de trabajo urgente para la doctrina jurídica: la consolidación de un contraste interregional que armonice la protección del cifrado y la confidencialidad pastoral como garantías de la autonomía de las confesiones. La tarea pendiente es asegurar que la IA sea gobernada bajo parámetros de dignidad y libertad; que el desarrollo tecnológico, en lugar de subvertir la vida religiosa, se mantenga dentro de los límites de un Estado de Derecho que reconoce en la libertad de conciencia un baluarte frente a la pretensión de control total de la era algorítmica.
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