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ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO - 2026

La financiación pública de las confesiones religiosas y su incidencia en la libertad religiosa: especial referencia a la jurisprudencia del TJUE sobre límites y principios

Autores:
María del Carmen Caparrós Soler (Universidad de Granada)
Resumen:
El texto aborda la financiación pública de las confesiones religiosas en España, diferenciando entre mecanismos directos e indirectos, y su relación con la libertad religiosa y el principio de laicidad. Se analiza cómo estas ayudas se justifican por promover la participación y derechos individuales, respetando la igualdad y neutralidad del Estado. Se resaltan ciertos límites, como la necesidad de distinguir actividades religiosas de las económicas y la importancia de respetar la normativa europea, en particular las decisiones del TJUE. La jurisprudencia señala que las exenciones fiscales deben aplicarse únicamente a actividades propias del culto y no a funciones económicas o comerciales. Además, se destaca la importancia de mantener una cooperación basada en principios de igualdad y evitar privilegios injustificados. En suma, la financiación pública debe compatibilizarse con el marco legal europeo y constitucional, garantizando un equilibrio entre la promoción de la libertad religiosa y la neutralidad del Estado.
Palabras Clave:
financiación pública, confesiones religiosas, libertad religiosa, neutralidad del Estado, ayuda de Estado, cooperación estatal, igualdad fiscal.
Title:
The public funding of religious denominations and its impact on religious freedom: special reference to EU Court Jurisprudence on limits and principles
Abstract:
The text discusses the public financing of religious denominations in Spain, differentiating between direct and indirect mechanisms, and their relation to religious freedom and the principle of secularism. It analyzes how these aids are justified by promoting participation and individual rights, while respecting the principles of equality and state neutrality. Certain limitations are highlighted, such as the need to distinguish religious activities from economic ones and to adhere to European regulations, particularly those outlined by the EU Court of Justice (CJUE). Jurisprudence indicates that tax exemptions should only apply to activities inherent to worship and not to economic or commercial functions. Additionally, the importance of maintaining cooperation based on principles of equality and avoiding unjustified privileges is emphasized. In summary, public financing must be compatible with European and constitutional legal frameworks, ensuring a balance between promoting religious freedom and maintaining state neutrality.
Keywords:
public funding, religious denominations, religious freedom, state neutrality, state aid, state cooperation, fiscal equality.
Recibido:
07/01/2026
Aceptado:
06/05/2026
ISSN-L:
0213-8123
e-ISSN:
3127-5613
Licencias:
DOI:
https://doi.org/10.55104/ADEE_00062
Cómo citar:
Caparrós Soler, María del Carmen (2026). La financiación pública de las confesiones religiosas y su incidencia en la libertad religiosa: especial referencia a la jurisprudencia del TJUE sobre límites y principios. ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO. pp. 1-2. https://doi.org/10.55104/ADEE_00062
Formato:
APA

1. La financiación pública de las confesiones religiosas y su incidencia en la efectividad del derecho fundamental a la libertad religiosa

La intervención del poder público en el ámbito de la financiación pública de las confesiones religiosas plantea interrogantes relevantes en torno a su compatibilidad con los principios de neutralidad y aconfesionalidad del Estado, así como sobre su eventual incidencia en la garantía efectiva del derecho fundamental a la libertad religiosa. Desde esta perspectiva, se hace preciso analizar si los mecanismos de financiación pública pueden considerarse un instrumento que contribuya a la plena realización de dicho derecho, o si, por el contrario, entrañan riesgos de desigualdad, privilegio o interferencia estatal en el ámbito de las creencias y prácticas religiosas.

A modo esquemático, las principales vías a través de las cuales las confesiones religiosas reciben apoyo económico por parte del Estado pueden sistematizarse, de manera general, en dos grandes categorías: la financiación directa y la financiación indirecta. Siguiendo a Motilla, la primera consiste en la asignación de una cantidad con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En el caso de la Iglesia Católica, la dotación obtenida por este concepto se corresponde con el importe resultante de la atribución de un porcentaje del 0,7 % de la cuota del IRPF de los contribuyentes que expresamente opten por destinarlo a colaborar al sostenimiento de la Iglesia. Para las confesiones acatólicas con acuerdo de cooperación o que tengan reconocido el notorio arraigo desde 2005 se prevé una específica dotación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado para la financiación de proyectos que contribuyan a «una mejor integración social y cultural de las minorías religiosas en España», que gestiona y adjudica la Fundación pública Pluralismo y Convivencia. También se incluyen dentro de esta financiación directa la contraprestación por los servicios de asistencia religiosa en los establecimientos públicos o la enseñanza de la religión en las escuelas públicas que realizan las confesiones y que el Estado se ha comprometido a financiar, o por la titularidad de patrimonio histórico-artístico. Y, por último, a las anteriores se añaden las subvenciones que perciben las confesiones por las actividades de asistencia social que realicen en cuanto entidades también sin fin de lucro. Por su parte, la financiación indirecta queda referida a un amplio elenco de ventajas fiscales que se concretan en supuestos de no sujeción y exención en impuestos que gravan las actividades económicas, las ganancias de renta o capital, o la posesión o propiedad de bienes, como el Impuesto sobre sociedades, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre el Valor Añadido o el Impuesto de Bienes Inmuebles, entre otros, así como en una serie de incentivos fiscales de los que se pueden beneficiar los particulares que ayuden económicamente a las confesiones[1].

Pues bien, a la vista de lo anterior, seguidamente conviene que profundicemos un poco más en discernir las auténticas confesiones o grupos religiosos beneficiarios del modelo de régimen económico descrito. En algunos casos ya ha quedado apuntado, así respecto al método de asignación tributaria del 0,7 % del IRFP solo está previsto a favor de la Iglesia Católica. Hay que decir que por esta partida la Iglesia Católica recibió un total de algo más de 429 millones de euros en 2024[2]. Esta cantidad contrasta con la destinada a la Fundación Pluralismo y Convivencia que para 2016 asciende a 1,3 millones de euros[3]. Igualmente, resulta preciso especificar que con esta dotación solo se financian programas y proyectos de carácter cultural, educativo y de integración social, quedando expresamente excluidas las actividades de culto, y que va dirigida exclusivamente a las confesiones no católicas con acuerdo de cooperación con el Estado español o que hayan obtenido la declaración de notorio arraigo en España. Por lo que se refiere a la financiación estatal de los servicios de enseñanza y asistencia religiosa que prestan las confesiones, si nos centramos en la primera solo está prevista para las que tengan firmado acuerdo de cooperación y en la práctica se ha traducido en que el Estado contrata y remunera a los profesores de religión que impartan enseñanza religiosa de los credos católico, islámico y evangélico; respecto a la asistencia religiosa en establecimientos públicos, del mismo modo únicamente cabe respecto de las confesiones con acuerdo[4], con la particularidad de que en este supuesto el sistema de libre acceso previsto en los acuerdos de cooperación conduce a que el auxilio económico estatal se limite a sufragar los gastos derivados de habilitar locales en los que los internos puedan recibir la asistencia espiritual. En cuanto a las subvenciones a las que pueden optar las confesiones en su condición de entidades sin ánimo de lucro por la realización de actividades de asistencia social, hay que decir que no se trata de una vía de financiación exclusiva de las confesiones, sino que concurren en igualdad de condiciones con el resto de organizaciones laicas peticionarias y que el hecho de que finalmente sean o no beneficiarias de ellas dependerá de que cumplan los requisitos que en cada caso se prevean. Por último, en lo tocante a los beneficios fiscales que se engloban dentro de la mencionada financiación indirecta el artículo 7.2 de la LOLR dispone que «en los acuerdos o convenios, y respetando siempre el principio de igualdad, se podrá extender a dichas iglesias, confesiones y Comunidades Religiosas [se refiere a las inscritas en el Registro y que hayan alcanzado notorio arraigo] los beneficios fiscales previstos en el ordenamiento jurídico general para las entidades sin fin de lucro y de carácter benéfico». Según Motilla, la ratio legis de este artículo no fue la de alzar a los acuerdos o convenios de cooperación como el único presupuesto habilitante para que las confesiones pudieran acceder a las ventajas fiscales, sino que el precepto se limita a predeterminar uno de los aspectos que pueden contener aquellos, prueba de ello es que en las leyes tributarias posteriores a la LOLR se concedían exenciones fiscales a las entidades inscritas en el RER, sin embargo esta praxis se interrumpe en la década de los años noventa, de manera que las nuevas leyes tributarias utilizan generalmente el procedimiento de conceder exenciones a las confesiones con acuerdo vigente con el Estado. Por este motivo considera que el tratamiento fiscal diferenciado entre confesiones con acuerdo y sin acuerdo carece de una justificación objetiva razonable desde el punto de vista constitucional, ya que «si de lo que se trata es de favorecer el ejercicio de la libertad religiosa de los ciudadanos, hacer depender la ayuda económica de la presencia social ínsita al requisito del notorio arraigo, o del acto de conveniencia política y, por tanto, de la absoluta discrecionalidad que supone decidir la firma de un acuerdo con la confesión […] incide en el grado de ejercicio de la libertad religiosa de los miembros de unas y otras, sin que pueda justificarse en causa legítima alguna»[5] y, al mismo tiempo, va en contra de la generalidad del mandato de cooperación derivada del principio de igualdad[6]. En efecto, coincidimos con Motilla en que el fundamento de las ventajas tributarias de las confesiones reside en el compromiso del Estado de promover la libertad religiosa de los individuos a través de la cooperación con las entidades en las que se estos se agrupan. En la misma línea, Fernández Coronado sostiene que el sentido de la cooperación del Estado laico es «contribuir, simplemente, al igual desarrollo de los derechos de libertad de creencias de los individuos y, en consonancia con esto, también de los grupos donde los individuos se integran, que tendrán la misión de actuar como cauces de participación que permitan a estos alcanzar una mejor realización de la plenitud de su derecho como persona»[7]. En este sentido, los poderes públicos tienen el deber de abrir vías de comunicación con las confesiones religiosas, de prestarles la colaboración oportuna para que puedan cumplir sus propios fines y de procurarles una normativa –que puede ser pactada o no, según los casos– acorde con sus características y fines propios[8]. Por consiguiente, la financiación estatal de las confesiones –incluida aquí también la directa– «no puede considerarse contraria al principio de laicidad porque no comporta una valoración por el Estado de las doctrinas de la confesión financiada, ni tampoco el mantenimiento del culto y sus ministros en cuanto tales. Simplemente, mediante ella, se trata de llevar a cabo la promoción –sin que ello suponga ninguna identificación entre actividades y fines religiosos y estatales– de unos grupos sociales los cuales son titulares del derecho de libertad religiosa y cuyas actividades son necesarias para hacer factible el ejercicio de este derecho a las personas pertenecientes a los mismos»[9]. Del mismo modo que cuando el Estado financia los partidos políticos no se piensa que está patrocinando las ideologías particulares de cada uno, sino todo lo contrario, esto es, la razón de ser de la financiación radica en la posición basilar que ocupan en nuestro sistema democrático al ser instrumentos de representación política y de formación de la voluntad popular. En consecuencia, tanto en el caso de las confesiones como de los partidos políticos –o de los sindicatos también, si se quiere– el auxilio económico que reciben del Estado está plenamente justificado por los fines de interés general que persiguen, fines que como se ha visto se condensan en la promoción de un derecho fundamental.

Desde esta perspectiva, la cooperación estatal, en general, y de carácter económico, en particular, deben estar abiertas a todas las confesiones, siempre que presenten una estructura y organización adecuada y suficiente para atender las demandas religiosas de sus fieles. Así pues, todas ellas deben poder ser beneficiarias de las exenciones tributarias que comprende la financiación indirecta independientemente de que hayan firmado o no un acuerdo de cooperación[10]. De otro lado, por lo que se refiere a la financiación directa entendemos también que a priori no puede negarse a ninguna confesión que cumpla los requisitos de índole organizativa mencionados, si bien en este contexto de las ayudas económicas directas consideramos apropiado que se repartan atendiendo a criterios de proporcionalidad que, a su vez, descansarían en el arraigo de cada una de ellas. Volviendo de nuevo al símil que establecíamos entre las confesiones y los partidos políticos, merece la pena subrayar que estos últimos de igual modo obtienen las subvenciones públicas en proporción a su representatividad y que esta fórmula viene a constituirse –según reza en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos– «como medio de garantía de la independencia del sistema [en nuestro caso de la neutralidad del Estado ante los diferentes credos], pero también de su suficiencia». De otro lado, en nuestra opinión, no deben excluirse de la financiación directa las actividades de culto. En primer lugar, porque como pone de manifiesto Martín Sánchez, la financiación estatal debe dirigirse a los fines específicos de las confesiones entre los cuales figura el culto. De lo contrario, esto es, si la cooperación tiene por objeto únicamente sufragar actividades culturales, educativas o de asistencia social, resultaría superflua porque la financiación de estos fines de interés general, que las confesiones realizan en concurrencia con otras entidades no religiosas, se encuentra regulada por la normativa específica sobre esta materia. En segundo lugar, porque «la libertad religiosa individual exige para su pleno ejercicio la realización de determinadas actividades –ritos y ceremonias– y la existencia de estructuras –organización, ministros y lugares de culto– propias de las confesiones, las cuales pueden necesitar la cooperación económica del Estado para poder llevarlas a cabo de una forma efectiva»[11].

En síntesis, la función promocional del derecho de libertad religiosa que corresponde al Estado le obliga a entablar relaciones de cooperación con todas las confesiones inscritas en el Registro de Entidades Religiosas que demuestren poseer una entidad estructural y organizativa suficiente para el cumplimiento de sus fines religiosos. Dicha cooperación debe orientarse a establecer las condiciones que hagan posible el ejercicio en plenitud de aquel derecho por sus fieles solventando los conflictos que puedan darse entre el derecho estatal y el derecho confesional ya sea mediante pacto o mediante una norma unilateral del Estado y al mismo tiempo puede y –en función de la capacidad financiera del Estado para costear este y el resto de derechos fundamentales– debe incluir una colaboración económica que, a su vez, podrá materializarse, tal como está previsto actualmente, en un tratamiento fiscal privilegiado que a través de exenciones tributarias se dirija a fomentar sus actividades propias, así como en un sistema de dotación económica directa en proporción a su nivel de arraigo.

Las consideraciones anteriores encuentran un respaldo particularmente ilustrativo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en especial en la sentencia de 27 de junio de 2017, dictada en el asunto Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania c. Ayuntamiento de Getafe (C-74/16). En dicha resolución, el TJUE aborda de forma directa uno de los elementos centrales de la financiación indirecta de las confesiones religiosas: el alcance de las exenciones fiscales y su compatibilidad con el principio de igualdad y con el Derecho de la Unión, concretamente en relación con la normativa sobre ayudas de Estado. El Tribunal analiza si la exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), aplicada a un inmueble perteneciente a una congregación religiosa pero destinado a actividades educativas y no estrictamente cultuales, puede considerarse una ventaja económica selectiva, y, por tanto, una ayuda de Estado prohibida cuando tales actividades se desarrollan en un contexto de naturaleza económica y concurrencial. De este modo, la sentencia pone de relieve que la justificación constitucional de los beneficios fiscales concedidos a las confesiones –basada en la promoción de la libertad religiosa mediante la cooperación estatal– no puede extenderse de manera automática a actividades ajenas al ejercicio del culto o a la dimensión estrictamente religiosa, especialmente cuando estas se equiparan funcionalmente a las realizadas por otros operadores privados. Esta doctrina resulta particularmente relevante para el modelo español de financiación indirecta de las confesiones, basado en un amplio sistema de exenciones y beneficios fiscales. La sentencia no cuestiona en sí misma la legitimidad constitucional de la cooperación económica del Estado con las confesiones, ni niega que dicha cooperación pueda encontrar su fundamento en la promoción del derecho de libertad religiosa. Sin embargo, sí introduce un criterio decisivo: la necesidad de diferenciar entre las actividades estrictamente religiosas –vinculadas al culto y a la organización interna de la confesión– y aquellas otras que, aun siendo desarrolladas por entidades religiosas, se insertan en el ámbito del mercado y compiten con operadores privados.

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2. La financiación indirecta de las confesiones religiosas y sus límites: la sentencia del TJUE en el asunto C-74/16 congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

2.1 Antecedentes fácticos y delimitación del objeto de la cuestión prejudicial

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso «Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania v. Ayuntamiento de Getafe» (C-74/16) fue emitida el 27 de junio de 2017. En este caso, el TJUE se pronunció sobre cuestiones relacionadas con la exención del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para las instituciones religiosas y su aplicación en relación con propiedades que no están destinadas al culto, como es el caso de las escuelas. En particular, el Tribunal examinó la cuestión de si una propiedad de una congregación religiosa y utilizada para fines educativos, pero no directamente para actividades religiosas, podía beneficiarse de la exención del ICIO, que se aplica a los edificios destinados al culto.

Respecto al litigio principal, la Congregación de Escuelas Pías Provincia de Betania (Padres Escolapios) de Getafe solicitó el 4 de marzo de 2011 licencia para la reforma y ampliación del edificio del salón de actos del colegio La Inmaculada, destinado a la celebración de reuniones, cursos y conferencia con la finalidad de dotarlo de cuatrocientos cincuenta asientos. La licencia fue concedida el 28 de abril de 2011, procediendo a abonar la Congregación el importe de 23.730,41 euros en concepto de ICIO. Posteriormente la Congregación presentó una solicitud de devolución de la mencionada cantidad al considerar que estaba exenta del pago del referido impuesto en virtud de lo dispuesto por el artículo IV, apartado 1, letra B) del Acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979. Sin embargo, dicha solicitud fue desestimada mediante resolución de 6 de noviembre de 2013 del órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Getafe, al considerar que el inmueble sobre el que se había realizado la obra se iba a destinar a una actividad no relacionada con los fines religiosos de la Iglesia Católica. La Congregación recurrió dicha resolución, pero esta fue confirmada en reposición mediante resolución de 27 de febrero de 2014. El Ayuntamiento replica que, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 2009, la exención del ICIO se aplica solamente a aquellos inmuebles exentos del impuesto sobre bienes inmuebles por el hecho de estar destinados a los fines religiosos de la Iglesia Católica y que, de no existir tal limitación, dada la trascendencia del ejercicio de actividades económicas por parte de la Iglesia Católica (gestión de colegios, de hospitales, etc.), tal exención podría resultar incompatible con las disposiciones de Derecho de la Unión en materia de ayudas estatales. Agotada la vía administrativa, el 21 de mayo de 2014 la Congregación interpuso el recurso contencioso-administrativo contra la resolución desestimatoria de su solicitud de devolución del ICIO, dirigido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Madrid. En dicho recurso, la Congregación argumentó que la exención fiscal prevista en el Acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979 debía aplicarse también a las obras realizadas en el salón de actos del colegio, al considerar que formaban parte de la actividad de la Iglesia.

El Juzgado, ante la complejidad de la cuestión y la posible afectación de normas de Derecho de la Unión Europea, decidió elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mediante auto de 26 de enero de 2016:

«¿Es contraria al artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea la exención a la Iglesia Católica del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en relación con las realizadas en inmuebles destinados al desarrollo de actividades económicas que no tengan una finalidad estrictamente religiosa?»[12].

La cuestión planteada buscaba clarificar si la exención del ICIO a favor de la Iglesia Católica, prevista en la normativa española y en el Acuerdo con la Santa Sede, podía considerarse compatible con el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Dicho precepto prohíbe las ayudas estatales que falseen o amenacen con falsear la competencia y afecten al comercio entre Estados miembros.

En concreto, el órgano jurisdiccional remitente pidió al TJUE determinar si la exención podía aplicarse a inmuebles que se destinan al desarrollo de actividades económicas de carácter educativo, es decir, aquellas que no persiguen directamente una finalidad estrictamente religiosa. La decisión del Tribunal sería clave para delimitar el alcance de las exenciones fiscales en favor de la Iglesia, especialmente cuando las actividades desarrolladas por sus entidades tengan una dimensión económica o compitan, directa o indirectamente, en un mercado regulado por la normativa de la Unión Europea.

2.2 Las conclusiones de la abogada general y la aplicabilidad del Derecho de la Unión

De acuerdo con el objeto específico del presente trabajo, resulta preciso referirnos, antes de entrar en la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia, a las conclusiones de la abogada general Kokkot presentadas en este asunto, concretamente en el apartado relativo a la aplicabilidad de la normativa de la Unión en materia de ayudas estatales. En especial, se cuestiona la abogada general si la prohibición de las ayudas estatales del artículo 107 TFUE, apartado 1, resulta de aplicación en un asunto como el presente, teniendo en cuenta que el artículo 17 TFUE obliga a la Unión a respetar y a no prejuzgar el estatuto reconocido en los Estados miembros a las iglesias. Su respuesta es muy ilustrativa y, como pone de manifiesto Martín García, va en la línea –presente en prácticamente la totalidad de sentencias en las que la aplicación del artículo 17 TFUE goza de relevancia–, de que «no va a poder invocarse para sustraer, con carácter general, situaciones en las que se presenten elementos que impliquen ámbitos que están bajo el derecho comunitario, al margen de que uno de los sujetos protagonistas sea un ente confesional»[13]. Según expone la abogada general, «(E)l artículo 17 TFUE concreta y completa, en definitiva, el mandato más general de que se respete la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos, recogido en el artículo 4 TUE, apartado 2. No cabe duda de que con el artículo 17 TFUE se pone de relieve, en un lugar destacado, la especial labor social que desempeñan las iglesias en los Estados miembros. No obstante, esta norma no debe entenderse como una excepción sectorial en virtud de la cual la actividad de las iglesias quede, con carácter general, fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. El Derecho de la Unión debe aplicarse, en particular, en aquellos casos en que las iglesias ejerzan una actividad económica, como reconoce también el Tribunal de Justicia en jurisprudencia reiterada por lo que respecta a los clubs deportivos o a las federaciones deportivas y a los centros de enseñanza. Así pues, la particular importancia del artículo 17 TFUE no radica, en un asunto como el presente, en que la actividad de las iglesias esté excluida, con carácter general, del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, sino sobre todo en que, al interpretar y aplicar el Derecho de la Unión, debe respetarse y no puede prejuzgarse el estatuto de las iglesias»[14]. Tal vez esta argumentación sirvió de base a la Gran Sala para omitir cualquier referencia a este artículo en su sentencia. Sin embargo, hay autores, como Neffe, que defienden que las obligaciones tributarias de las iglesias y comunidades religiosas pueden verse como un aspecto de la relación entre el Estado y la Iglesia. Estas relaciones se configuran de manera diferente en toda la Unión Europea dadas las diferentes especificidades nacionales, históricas y religiosas. Según el artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), es la legislación nacional la que regula el estatus de las iglesias y asociaciones o comunidades religiosas, mientras que la legislación de la UE debe respetar y no perjudicar dichos estatus establecidos localmente. Sin embargo, sigue diciendo esta autora, en la sentencia de la Gran Sala Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania contra Ayuntamiento de Getafe (Asunto C-74/16) de 27 de junio de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al sugerir que una congregación religiosa podría calificarse como una empresa a la que se aplica la ley de competencia de la UE, y al concluir que una exención fiscal podría constituir una ayuda estatal ilegal, el TJUE ha incurrido en una interferencia en las relaciones entre el Estado y la Iglesia en los Estados miembros de la UE en abierta contradicción con lo establecido en el artículo 17 TFUE[15]. En contra de este parecer se manifiesta Polo Sabau, para quien «el artículo 17 TFUE, cuyo significado y función en el seno del Derecho de la Unión Europea se antoja, en el mejor de los casos, sumamente conflictivo desde una perspectiva global y sistemática, si es que no sencillamente antinómico e incompatible, por definición, con la preservación de ciertos valores y principios comunes en los que se basa este ordenamiento supranacional y, especialmente, con el principio de la no discriminación en materia religiosa»[16].

2.3 Análisis y pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
2.3.1 Aplicación de los artículos 107 y 108 TFUE a la exención del ICIO

Entrando ya en la sentencia, el Tribunal no se limita a analizar la cuestión sometida a su consideración desde la óptica del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea –ayudas estatales–, sino que recuerda que puede reformular las cuestiones que se le planteen y, en particular, deducir del conjunto de elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional y, especialmente, de la motivación de la resolución de remisión, los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio; por lo que procede responder a la cuestión prejudicial planteada no solo en relación con el artículo 107 TFUE, apartado 1, sino también con el artículo 108 TFUE, apartados 1 y 3, que regulan, respectivamente, las ayudas existentes y las nuevas ayudas.

El artículo 107.1 del TFUE establece que «(S)alvo que los tratados dispongan otra cosa serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

A la luz de esta disposición, la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia ha señalado que, para que una medida pueda ser calificada como ayuda estatal, deben concurrir de manera simultánea los siguientes requisitos: a) que exista una intervención del Estado o mediante fondos estatales, directa o indirectamente; b) que dicha intervención pueda afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros; c) que se confiera una ventaja selectiva al beneficiario, favoreciendo su posición frente a otros operadores en el mercado; y d) que dicha ventaja pueda falsear o amenazar con falsear la competencia dentro del mercado interior.

Cabe subrayar que la prohibición contenida en el artículo 107.1 TFUE se aplica únicamente a actividades que puedan calificarse de económicas, es decir, actividades realizadas por empresas que ofrecen bienes o servicios en un mercado determinado. Por ello, el primer paso del análisis del Tribunal consiste en determinar si la Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania puede ser considerada «empresa» a los efectos del Derecho de la Unión. Este examen es crucial, ya que de la calificación como empresa dependerá la aplicación de las normas sobre ayudas estatales y la posibilidad de considerar que la exención del ICIO constituye una ventaja económica que podría afectar a la competencia en el mercado educativo.

2.3.2 La noción de empresa y de actividad económica y su aplicación al caso concreto: uso mixto del inmueble

Comienza el Tribunal de Justicia el análisis de esta concreta cuestión apuntando que será considerada empresa «cualquier entidad que ejerce una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación». Por tanto, con independencia de su carácter público o privado y de su carácter religioso. No obsta, pues, para la consideración de empresa que esta sea una comunidad religiosa, siempre que ejerza una actividad que pueda calificarse de «económica».

A tal efecto, el Tribunal de Justicia define actividad económica como «toda aquella consistente en ofrecer bienes o servicios en un mercado determinado»; y ello, aunque la oferta de productos y servicios se haga sin ánimo de lucro, siempre y cuando compita con ofertas de otros operadores con ánimo de lucro. Será también una característica determinante de la existencia de actividad económica que la prestación se realice a cambio de una remuneración.

Considerando tales aspectos, el Tribunal de Justicia estima que «los cursos que imparten centros de enseñanza financiados esencialmente con fondos privados que no proceden del propio prestador de servicios constituyen servicios, puesto que el objetivo perseguido por estos operadores consiste en ofrecer un servicio a cambio de una remuneración»; si bien no será necesario que el servicio sea costeado fundamentalmente por los alumnos o sus padres, en la medida en que el carácter económico de una actividad no depende del hecho de que el servicio sea pagado por sus beneficiarios.

Acto seguido, el Tribunal de Justicia descarta que tengan la consideración de actividades económicas, «los cursos impartidos por determinados centros que forman parte de un sistema público de enseñanza y que se financian, total o parcialmente, con cargo a fondos públicos» –refiriéndose a los centros docentes públicos y privados concertados–, pues mediante ellos «el Estado no se propone realizar actividades remuneradas, sino que cumple su misión hacia la población en los ámbitos social, cultural y educativo».

En este contexto, se establece como factible que un mismo centro de enseñanza pueda llevar a cabo tanto actividades económicas como no económicas al mismo tiempo, pero siempre, señala el Tribunal, que mantenga una contabilidad separada por lo que respecta a la diferente financiación recibida, de modo que se excluya todo riesgo de subvención «cruzada» de sus actividades económicas mediante fondos públicos de los que se beneficia en relación con sus actividades no económicas.

Aplicando todo ello al caso de la Congregación en cuestión, se deja constancia de que esta aparentemente desarrolla tres tipos de actividad en el colegio «La Inmaculada»: actividades estrictamente religiosas, enseñanza concertada –subvencionada por el Estado– y enseñanza privada –educación libre sin el apoyo financiero del Estado español–.

La sentencia se pronuncia respecto de las dos últimas en el sentido de si constituyen o no «actividades económicas», presuponiendo que las estrictamente religiosas carecen de esa naturaleza.

Así, respecto a las actividades de enseñanza subvencionadas por el Estado español –enseñanza básica obligatoria– y que, en virtud de ello, se insertan en el sistema público de enseñanza primaria y secundaria de dicho Estado miembro, no pueden calificarse como «actividad económica»; mientras que la enseñanza puramente privada, sin concierto y sin subvención pública, como las actividades de enseñanza preescolar, extraescolar y postobligatoria, señala el Tribunal que parecen reunir todos los requisitos exigidos por la jurisprudencia europea para calificarlas de «actividades económicas», extremo que en todo caso deberá comprobar el órgano jurisdiccional remitente.

Ahora bien, dado que la exención fiscal controvertida en el litigio principal afecta a la reforma y ampliación del salón de actos del colegio «La Inmaculada» y que este se destina a las actividades de enseñanza, procede aclarar a qué actividades de las descritas se destina dicho inmueble; resultando destinarse a las de enseñanza concertada y privada, esto es, se dedica a un uso mixto. De donde se desprende que «la exención fiscal controvertida en el litigio principal solo puede estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107 TFUE, apartado 1, si, por un lado, al menos una parte de las actividades de enseñanza desarrolladas por la Congregación en el colegio “La Inmaculada” ha de calificarse de “actividad económica” en el sentido de la jurisprudencia a la que se ha hecho referencia en los apartados 44 a 49 de la presente sentencia, y si, por otro lado, el salón de actos de dicho colegio se destina, al menos en parte, a tales actividades económicas». Por el contrario, si el uso del salón de actos estuviese reservado únicamente a las actividades de enseñanza subvencionadas por el Estado español, la exención no podría estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107 TFUE, apartado 1.

Sobre este particular, la abogada general en sus conclusiones considera que, para calcular la proporción que guarda la enseñanza voluntaria respecto de la enseñanza obligatoria en el colegio «La Inmaculada», debe utilizarse un parámetro lo más objetivo posible y para ello propone un porcentaje extraído de la Decisión 2000/186/CE del Consejo[17], por debajo del cual la actividad económica de la Congregación sería puramente accesoria y tendría un carácter absolutamente secundario comparándola con los servicios de enseñanza que ofrece por motivos sociales, culturales y educativos y de que tenga, por lo que estaría justificado considerar que la actividad de la Congregación es, en su conjunto, de naturaleza no económica. De modo que, «una actividad económica solo podrá considerarse absolutamente secundaria en relación con la actividad no económica cuando su alcance sea inferior al 10 % de la actividad en cuestión de la entidad afectada en el sector pertinente en cada caso»[18]. Sin embargo, este planteamiento –como se ha visto– es obviado por la Gran Sala en su sentencia.

Si analizamos algunos comentarios doctrinales a la sentencia, por ejemplo, discrepa vehementemente de las apreciaciones del Tribunal de Justicia Aznar García, el cual sostiene una vinculación necesaria entre la prestación del servicio de educación religiosa o confesional –sin negar su faceta económica o mercantilista– y la concreción y desarrollo del derecho fundamental de libertad religiosa. Para este autor es imposible escindir las facetas educativa y religiosa de la labor que se desarrolla en un centro educativo religioso, esto es, «que una actividad pueda tener carácter empresarial o mercantil no excluye, per se, la religiosidad de la misma o, en términos más generales, su idoneidad para dar satisfacción a un derecho fundamental»[19]. Coincidimos con este autor en que «es mediante la elección de centro escolar –por tanto, también de colegios privados– que se puede hacer efectivo (el) derecho de los padres a la educación y enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones»[20]. De otro modo quedaría vacía de contenido la previsión de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, en su artículo 2.1. c), que comprende en el contenido esencial de la libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución el derecho de toda persona a «elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», en desarrollo del artículo 27.3 del texto fundamental.

Respecto a la diferenciación establecida por el Tribunal entre enseñanza concertada y enseñanza sin subvención pública, con el fin de atribuir la condición de actividad económica exclusivamente a la segunda, consideramos que puede objetarse, conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 235/2007, que el derecho a la educación presenta un innegable naturaleza prestacional, reforzada con la proclamación de la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica, pero que se proyecta también sobre la enseñanza no obligatoria, con independencia de que no se imponga constitucionalmente para esta última ni la obligatoriedad ni la gratuidad. Por tanto, si en esas etapas previas y posteriores a la enseñanza obligatoria, también garantizarse el derecho a la educación –por ejemplo, a través de la programación general de la enseñanza que les garantice un puesto escolar en cada una de esas etapas o a través de las ayudas al estudio tales como becas–, sería factible igualmente pensar que, de forma concurrente y complementaria, se estaría también tutelando la libertad religiosa en el caso de centros privados con ideario religioso, pues, como se ha dicho, la libertad de creación de centros docentes, derivada de la libertad de enseñanza y del pluralismo ideológico, es lo que hace posible que los padres puedan escoger un centro para sus hijos acorde con sus convicciones, en este caso, religiosas.

Sobre este tema, cumple traer a colación la controversia sobre el fundamento de la financiación directa o indirecta –siendo esta última la que nos ocupa– de las confesiones religiosas[21] y si adoptamos un concepto más amplio o más restrictivo del concepto fines religiosos. En este sentido, compartimos la reflexión de Aznar García de que la sentencia comentada «refleja una continua tensión entre la consideración de Europa como un mercado común o, superando tal concepción meramente mercantilista, como un espacio de derechos y libertades. Resulta evidente, en relación a la resolución comentada, que la prestación del servicio de educación religiosa o confesional tiene una faceta económica o mercantilista, y otra –preponderante a nuestro criterio– de concreción y desarrollo de un derecho fundamental, cual es la libertad religiosa consagrada en nuestra Constitución»[22]. También resulta particularmente relevante reproducir las consideraciones de la abogada general Kokkot en los apartados 44 y 45 de las conclusiones: «En contra de la opinión del órgano jurisdiccional remitente, la inclusión de los servicios de enseñanza de las iglesias en el ámbito no económico no exige que con la enseñanza en sí –y, en último término, también con los edificios en los que se imparte dicha enseñanza– se persiga una «finalidad estrictamente religiosa». Por el contrario, para considerar que tales servicios de enseñanza tienen carácter no económico basta con que con ellos se persiga un fin genuinamente social, cultural y educativo. Aboga también por esta tesis, entre otras, la obligación que se recoge en el artículo 17 TFUE, apartado 1, de respetar el estatuto especial de las iglesias, puesto que ese estatuto implica que las iglesias no solo desempeñan una labor estrictamente religiosa en la sociedad, sino que, además, contribuyen notablemente al cumplimiento de objetivos sociales, culturales y educativos. Si se quisiese calificar de forma global la actividad de las iglesias en el ámbito social, cultural o educativo de actividad económica normal, no se estaría teniendo debidamente en cuenta el carácter particular de esta actividad y, con ello, en definitiva, tampoco el estatuto especial de las iglesias»[23].

Por otra parte, como es sabido, es un hecho objetivo que la Iglesia Católica y el resto de confesiones con acuerdo de cooperación son beneficiarias del mismo régimen fiscal que las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en virtud de su equiparación a las mismas en la disposición adicional novena de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo[24], en la que nos encontramos con exenciones como la del impuesto sobre sociedades que recaen sobre explotaciones económicas que van desde la acción social al ámbito sanitario, cultural y educativo, entre otros[25]; así como la del impuesto sobre bienes inmuebles que abarca a todos los bienes de los que sean titulares, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del impuesto sobre sociedades (art. 15). Respecto a la exención sobre el impuesto de sociedades, resulta paradigmática en el tema que nos ocupa una contestación de la Dirección General de Tributos (en adelante, DGT) de 20 de noviembre de 2013, consulta núm. V3393-13, a una consulta planteada por un centro docente perteneciente a una congregación religiosa a la que le es de aplicación la disposición adicional novena apartado primero de la Ley 49/2002, que imparte los niveles de enseñanza infantil, primaria y secundaria bajo el régimen de concierto educativo. La actividad principal del centro es la enseñanza reglada. No obstante, el colegio, como complemento a la actividad de enseñanza y únicamente destinado a los alumnos del centro, lleva a cabo, entre otras, las actividades accesorias de venta de batas, chándales y uniformes escolares además de la venta de libros de texto, y en un futuro, puede que la venta de los ordenadores que los alumnos deben utilizar en el aula. En concreto, plantea la cuestión de si las actividades complementarias de venta de batas, uniformes, chándales y eventual venta de ordenadores se encontraría exenta del impuesto sobre sociedades en aplicación del artículo 7.11 de la Ley 49/2002. La DGT considera que la enseñanza está exenta por el artículo 7.7. Adicionalmente, la actividad de venta de libros está contemplada en el apartado 9.º del mismo precepto, por lo que las rentas derivadas de dicha actividad estarán igualmente exentas de tributación en el impuesto sobre sociedades, dado que se desarrolla en cumplimiento de su objeto o finalidad específica (docencia). Paralelamente, la consultante manifiesta que la entidad lleva a cabo las actividades accesorias de venta de batas, chándales y uniformes escolares y que, en un futuro, se dedicará a la venta de los ordenadores que los alumnos deban utilizar en el aula. Se plantea si las rentas derivas de dichas actividades se encontrarían exentas. Dichas actividades no aparecen recogidas entre las actividades exentas en el artículo 7 anteriormente reproducido. No obstante, los ingresos derivados de estas actividades podrán estar exentos, en virtud de lo señalado en los apartados 11.º y 12.º del artículo 7 de la Ley 49/2002, siempre y cuando tengan un carácter meramente auxiliar o complementario de las explotaciones económicas exentas o sean explotaciones económicas de escasa relevancia y se desarrollen en cumplimiento de sus fines, y siempre y cuando no superaren los límites cuantitativos establecidos en dichos apartados. En concreto, el apartado 11.º establece que no se considerará que las explotaciones económicas tienen un carácter meramente auxiliar o complementario cuando el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de todas estas actividades exceda del 20 por ciento de los ingresos totales de la entidad, debiéndose incluir cualquier tipo de ingresos que pudiera recibir la entidad consultante. Por otra parte, el apartado 12.º se refiere a las explotaciones económicas de escasa relevancia. Se consideran tales aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios del ejercicio no supere en su conjunto los 20.000 €. Por tanto, si el conjunto de todas las actividades mencionadas de venta de batas, chándales y ordenadores no excede en su conjunto del 20 % de los ingresos totales de la entidad, se considerarán que dichas actividades tienen un carácter accesorio o complementario, o bien serán de escasa relevancia si el importe neto de la cifra de negocios correspondiente a dichas actividades no supera, en su conjunto, los 20.000 €. En consecuencia, si no se superan los límites establecidos en los apartados 11.º y 12.º de la ley se considerarán exentas las rentas derivadas de dichas actividades.

Sobre dichas exenciones Torres Gutiérrez se muestra bastante crítico, teniendo en cuenta que «las exenciones de la Iglesia Católica en el ICIO que afectan a bienes inmuebles en el que se desarrollan actividades económicas, pueden constituir ayudas de Estado, como ha señalado el TJUE, en su Sentencia de 27 de junio de 2017. Estos argumentos pueden ser trasladados a otros beneficios en el IBI y en el IS, lo que obligaría a repensar el alcance de los mismos en la Ley 49/2002»[26].

2.3.3 La ventaja económica selectiva

Comienza este apartado el Tribunal de Justicia definiendo como ayudas estatales «las intervenciones que, bajo cualquier forma, puedan favorecer directa o indirectamente a las empresas o que deban calificarse de ventaja económica que la empresa beneficiaria no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado»; no tienen que ser subvenciones en sentido estricto, sino que comprende cualquier intervención estatal que contribuya a aliviar las cargas que recaigan de forma habitual sobre el presupuesto de una empresa. Constata acto seguido el Tribunal de Justicia que el ICIO es un impuesto normalmente adeudado por todos los contribuyentes que realicen las obras de construcción o de reforma objeto de dicho impuesto y que, según la Orden de 5 de junio de 2001, resulta que la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las órdenes y congregaciones religiosas y los institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas disfrutan de una exención total y permanente del ICIO. Por consiguiente, es evidente que la exención discutida no es una «medida general aplicable a todos los operadores económicos», sino una medida selectiva que conferiría una ventaja económica a la Congregación. Medida diferenciadora que, no deriva de los principios fundadores o rectores del sistema tributario del Reino de España, ni resulta necesaria para el funcionamiento y eficacia de dicho sistema.

Esta diferencia de trato ha sido denunciada por discriminatoria por buena parte de la doctrina al tratarse de una exención intuitu personae, ya que se reconoce única y exclusivamente a la Iglesia Católica como beneficiaria. En tal sentido, Herrera Ceballos observa que «se hace una excepción a la regla general de tributación por razón del sujeto que no resulta justificable meramente por la actividad benéfico-asistencial que viene realizando porque tal actividad podría predicarse de muchas otras confesiones religiosas, debiéndose extender tal exención –al menos– a las confesiones con Acuerdo de cooperación con el Estado para que el principio de igualdad resultare satisfecho con el objetivo último de amparar una actividad de interés general»[27]. Cebriá García afirma que esta situación discriminatoria carece de fundamento alguno pues ningún otro centro laico o del que sea titular otro grupo religioso no católico puede gozar de esta exención[28]. Aznar García, por su parte, defiende una interpretación bastante generosa de la exención, que incluiría a las confesiones meramente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas[29].

En este contexto de reproches de trato discriminatorio, –a modo de inciso– no queremos soslayar la oportuna tesitura de que la financiación de las confesiones religiosas ha venido constituyendo uno de los escenarios más proclives a la aplicación de la doctrina del margen de apreciación de los Estados en la jurisprudencia de Estrasburgo. Sin embargo, a partir de 2011, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado algunas sentencias en las que se aprecia, como pone de relieve Meseguer Velasco, «un ligero cambio de dirección que permite establecer algunos límites cuando los criterios establecidos inciden negativamente en la prohibición de discriminar contemplada en el artículo 14 del Convenio»[30]. De modo que, esta autora destaca una evolución en su jurisprudencia que, en un primer momento, partía de la premisa de que la libertad de religión no implica que las iglesias o sus miembros reciban un estatus fiscal diferente al de otros contribuyentes. Sin bien, la celebración de acuerdos entre el Estado y una Iglesia particular que establezcan un régimen fiscal especial a favor de esta última no contraviene, en principio, las exigencias de los artículos 9 y 14 del convenio, siempre que exista una justificación objetiva y razonable por la diferencia de trato y que otras iglesias que lo deseen puedan celebrar acuerdos similares. El Tribunal observa que el tratamiento fiscal especial del que goza la Iglesia Católica en España surge de los acuerdos celebrados el 3 de enero de 1979 entre España y la Santa Sede, que imponen obligaciones recíprocas a ambas partes. Así, por ejemplo, la Iglesia Católica se ha comprometido a poner al servicio del conjunto de la sociedad española su patrimonio histórico, artístico y documental (art. XV del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales), al tiempo que se establece una exención del pago de impuestos en favor de sus lugares de culto (en virtud del art. IV del Acuerdo sobre Asuntos Financieros). Asimismo, el Tribunal de Justicia no considera infundada ni desproporcionada la obligación impuesta a las Iglesias de llegar a un acuerdo con el Estado para tener derecho a percibir una parte de los ingresos procedentes del impuesto sobre la renta. Además, teniendo en cuenta el margen de apreciación dejado a los Estados contratantes, particularmente en lo que respecta a la construcción de las frágiles relaciones que existen entre el Estado y las religiones, no puede considerarse que equivalga a una injerencia discriminatoria en el derecho de los solicitantes a la libertad de religión. De hecho, tal margen de apreciación está tanto más justificado cuanto que no existe una norma europea común que rija la financiación de iglesias o religiones, ya que estas cuestiones están estrechamente relacionadas con la historia y las tradiciones de cada país[31].

No obstante, tal y como hemos adelantado, de su jurisprudencia más reciente[32] resulta una tendencia bastante más garantista frente a la discriminación entre los distintos grupos religiosos. Son muy ilustrativos al respecto los apartados 130 a 132 de la sentencia Izzettin Dogan y otros contra Turquía: «la ausencia de un marco jurídico claro que rija a las minorías religiosas no reconocidas, como la fe aleví, provoca numerosos problemas jurídicos, organizativos y financieros. En primer lugar, la capacidad de construir lugares de culto es incierta y está sujeta a la buena voluntad de las autoridades centrales o locales. En segundo lugar, las comunidades en cuestión no pueden recibir oficialmente donaciones de sus miembros ni subvenciones estatales. En tercer lugar, al carecer de personalidad jurídica, estas comunidades no tienen acceso a los tribunales por derecho propio, sino únicamente a través de fundaciones, asociaciones o grupos de seguidores. Además, las comunidades religiosas que intentan funcionar como fundación o asociación se enfrentan a numerosos obstáculos legales. En resumen, el Tribunal no está convencido de que la libertad de practicar su fe que las autoridades dejan a la comunidad aleví permita a esa comunidad ejercer plenamente sus derechos en virtud del artículo 9. En cuanto al margen de apreciación invocado por el Gobierno, el Tribunal reconoce que, de conformidad con su jurisprudencia reiterada, cuando están en juego cuestiones relativas a la relación entre el Estado y los movimientos religiosos, sobre las que las opiniones en una sociedad democrática pueden diferir ampliamente, se debe dar especial importancia al papel del responsable de la formulación de políticas nacionales. Por lo tanto, los Estados demandados tienen cierto margen de apreciación a la hora de elegir las formas de cooperación con las distintas comunidades religiosas. Está claro en el presente caso que el Estado demandado ha excedido su margen de apreciación al elegir las formas de cooperación con las diversas religiones». De donde se deduce que tal margen de apreciación no puede utilizarse para someter a un grupo religioso a criterios de acceso a un estatus o condición jurídica beneficiosa que atenten contra su sostenibilidad, su capacidad para desarrollar sus actividades religiosas, su libertad para expresar la propia religión o creencias o su autonomía[33].

2.3.4 Intervención mediante fondos estatales que afecten a los intercambios comerciales y a la competencia

Una ventaja se considera ayuda otorgada por el Estado cuando se concede directa o indirectamente mediante fondos estatales y es imputable al propio Estado.

En el presente caso, resulta evidente la imputabilidad al Estado, ya que la exención fiscal controvertida deriva directamente de la Orden de 5 de junio de 2001, aprobada por el Ministerio de Hacienda español, y tiene su origen en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos (AAE) de 3 de enero de 1979, firmado y aplicado por el Estado español. Además, la exención implica la supresión de una carga para la Congregación, lo que conlleva una disminución de los ingresos del Ayuntamiento en la cuantía correspondiente. Por tanto, se cumple el requisito de intervención estatal mediante sus propios fondos.

En cuanto a los conceptos de ayudas que afectan a los intercambios comerciales entre Estados miembros y que falsean o amenazan con falsear la competencia, el Tribunal de Justicia establece que el análisis no se limita a la incidencia real de la ayuda, sino también a su capacidad para influir en los intercambios y distorsionar la competencia. Tales riesgos se producen, según el Tribunal, cuando una ayuda estatal refuerza la posición de determinadas empresas frente a otras competidoras en los intercambios comerciales entre Estados miembros. Incluso si las empresas beneficiarias no participan directamente en intercambios comerciales entre Estados miembros, la existencia de la ayuda puede reforzar su actividad en el mercado interior de manera que dificulte la entrada de empresas de otros Estados en dicho mercado.

En relación con la distorsión de la competencia, el Tribunal sostiene que, de manera general, liberar a una empresa de parte de los costes de su actividad normal altera las condiciones de competencia. En este contexto, la exención del ICIO que pudiera beneficiarle a la Congregación podría hacer más atractiva la prestación de sus servicios educativos frente a otros centros que operan en el mismo mercado.

No obstante, el Tribunal matiza que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 TFUE a las ayudas de minimis, se considera que las ayudas que no superen el límite de 200.000 euros en un período de tres años no afectan a los intercambios comerciales entre los Estados miembros, ni falsean ni amenazan con falsear la competencia, de modo que tales medidas no están incluidas en el concepto de ayudas estatales.

Al efecto del cálculo del umbral determinado en el párrafo anterior, aclara el Tribunal de Justicia que tendrán que tomarse en consideración únicamente las ventajas, ayudas o beneficios de que haya disfrutado la Congregación en relación con las actividades que desarrolla y que merezcan ser consideradas como económicas; excluyendo del cálculo las ayudas que pudiera recibir para las actividades no económicas.

En este punto el Tribunal disiente del razonamiento de la abogada general quien considera, tomando como base que solo quedan exceptuadas aquellas ayudas cuyo importe total no exceda de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales, que la controvertida exención fiscal no puede acogerse a la regla de minimis porque en el acuerdo con la Santa Sede no se prevé ningún límite cuantitativo o temporal, sino que, según el artículo IV, apartado 1, letra B) de dicho acuerdo, la exención se aplica con carácter general y de forma ilimitada a todas las construcciones, instalaciones y obras de la Iglesia Católica en España[34].

Sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 fue derogado por el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis. Siguiendo a Cebriá García, no está claro que este último reglamento pueda aplicarse a las exenciones fiscales concedidas a la Iglesia Católica, por las siguientes razones: en primer lugar, el considerando 1 del Reglamento 1407/2013 define las ayudas de minimis como aquellas que se conceden a una única empresa durante un período determinado y que no superan una cantidad fija establecida. Sin embargo, la Orden de 5 de junio de 2001, en relación con el artículo IV.1 B) del Acuerdo sobre Asuntos Económicos (AAE), reconoce la exención a los entes mayores de la Iglesia Católica sin establecer ningún límite temporal ni económico, hablando de una exención «total» y «permanente»; en segundo lugar, el considerando 14 del Reglamento 1407/2013 señala que, para garantizar transparencia, igualdad de trato y eficacia en el control, el reglamento solo se aplica a ayudas de minimis cuyo equivalente de subvención bruta pueda calcularse con precisión de manera previa, sin necesidad de evaluación adicional del riesgo –las llamadas «ayudas transparentes»–. Este cálculo es posible, por ejemplo, en subvenciones, bonificaciones de intereses o exenciones fiscales limitadas, en las que se establece un tope que garantiza que no se supere el importe máximo permitido.

En cambio, las exenciones de la Iglesia Católica no son limitadas. En particular, la exención del ICIO depende de la realización de obras, y su importe se calcula como un porcentaje del coste de ejecución material de cada construcción, instalación u obra. Por ello, resulta imposible determinar con antelación ni el número de hechos imponibles ni el importe total del beneficio fiscal que la Iglesia podría recibir, es decir, no es posible calcular previamente la magnitud de la ayuda conforme a los criterios del reglamento[35].

2.3.5 Ayudas existentes y nuevas ayudas

Por último, el Tribunal de Justicia considera oportuno recordar que, «en el marco del sistema de control de ayudas estatales establecido en los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, el procedimiento difiere según se trate de ayudas existentes o de nuevas ayudas. Mientras que, conforme al apartado 1 del artículo 108 TFUE, las ayudas existentes pueden seguir ejecutándose mientras la Comisión no haya declarado su incompatibilidad, el apartado 3 del mismo artículo 108 TFUE dispone que los proyectos dirigidos a conceder nuevas ayudas o a modificar ayudas existentes deberán notificarse a la Comisión con la suficiente antelación y no podrán ejecutarse antes de que en dicho procedimiento haya recaído una decisión definitiva de ayuda cuya conformidad con el Derecho de la Unión se someta a consideración»[36].

Respecto a la exención fiscal objeto de litigio, de acuerdo con lo anterior, el Tribunal de Justicia concluye que, pese a que el Acuerdo de Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979 establece una exención total de impuestos reales en favor de la Iglesia Católica española, «no es menos verdad que el ICIO no se introdujo en el ordenamiento jurídico español hasta después de la adhesión y que la exención fiscal controvertida en el litigio principal lo fue mediante la Orden de 5 de junio de 2001». Tratándose, pues, de una nueva ayuda.

En contra se pronuncia Aznar García argumentando que «desconoce el TJUE que, con anterioridad a la aprobación y publicación de dicha orden, la exención en el ICIO a favor de la Iglesia católica ya venía aplicándose, teniendo su origen y fundamento en el artículo IV, apartado 1, letra B), del Acuerdo sobre Asuntos Económicos suscrito entre el Estado español y la Santa Sede. Aplicación cuya corrección fue ratificada por nuestro Tribunal Supremo, en sentencias de 19 y 31 de marzo de 2001. Además de fijar el origen de tal exención en el AAE, el Alto Tribunal sugirió en dichas resoluciones la conveniencia de que se reunieran el Estado español y la Santa Sede para esclarecer la cuestión y evitar, de cara al futuro, dudas interpretativas que condujeran a nuevos litigios. Precisamente, de nuevo el Alto Tribunal, en posterior sentencia, de 19 de noviembre de 2014, calificó la referida orden como «acto interpretativo». Resultando manifiesta la diferencia entre un acto constitutivo o declarativo y un acto interpretativo, no podemos menos que discrepar de la conclusión alcanzada en este punto por el TJUE y defender, amparándonos en las consideraciones del Tribunal Supremo, que la exención en el ICIO debe calificarse, a los efectos que nos ocupan, como «ayuda existente», teniendo su origen y fundamento en el precepto anteriormente citado»[37].

Desde nuestro punto de vista, esto último resulta, en realidad, un debate estéril, ya que la sentencia que estamos comentando proporciona un pronunciamiento claro del Tribunal de Justicia. Según dicho pronunciamiento, «una exención fiscal como la controvertida en el litigio principal, de la que se beneficia una congregación de la Iglesia Católica por obras realizadas en un inmueble destinado al ejercicio de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa, puede estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, siempre que tales actividades sean de carácter económico; extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente»[38]. En aplicación de esta interpretación, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Madrid, con fecha 8 de enero de 2018, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Congregación y confirmó, por ser conformes a derecho, las resoluciones administrativas del Ayuntamiento de Getafe que denegaron la devolución de los ingresos pagados indebidamente en concepto de ICIO.

2.3.6 Resolución del litigio y efectos posteriores

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que la exención fiscal controvertida, aplicada a un inmueble de la Iglesia Católica destinado a actividades educativas sin finalidad estrictamente religiosa, puede constituir una ayuda estatal incompatible con el artículo 107.1 del TFUE si dichas actividades tienen carácter económico. El Tribunal precisó que corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar si las actividades de la Congregación revisten efectivamente tal carácter económico, y en función de ello determinar la aplicación de la exención. Con base en esta interpretación, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Madrid desestimó posteriormente el recurso interpuesto por la Congregación y confirmó la legalidad de las resoluciones del Ayuntamiento de Getafe que denegaron la devolución de los pagos realizados en concepto de ICIO.

Desde esta perspectiva, el pronunciamiento del TJUE reforzó la idea de que la financiación pública, especialmente en su vertiente indirecta, no puede operar de manera automática ni incondicionada, sino que debe articularse respetando los principios de igualdad y neutralidad confesional. La cooperación económica solo resulta constitucional y jurídicamente legítima en la medida en que se dirija efectivamente a facilitar el ejercicio de la libertad religiosa de los individuos y no a otorgar ventajas competitivas injustificadas en sectores de actividad económica ajenos al núcleo propio del fenómeno religioso. En consecuencia, la sentencia Escuelas Pías viene a confirmar, desde la óptica del Derecho de la Unión, que el fundamento último de la financiación pública de las confesiones no reside en la protección institucional de determinadas entidades religiosas, sino en la promoción de un derecho fundamental de titularidad individual. Cuando las medidas de apoyo económico se desvinculan de este objetivo y se proyectan sobre actividades económicas en sentido estricto, su compatibilidad tanto con el principio de laicidad del Estado como con el Derecho europeo resulta, cuando menos, cuestionable.

En definitiva, el asunto C-74/16 puso de relieve la tensión existente entre la financiación indirecta de las confesiones religiosas, el principio de neutralidad del Estado y las exigencias del Derecho de la Unión en materia de ayudas estatales, obligando a replantear el alcance y los límites constitucionales y europeos de las exenciones fiscales religiosas. En este sentido, la sentencia del TJUE actuó como catalizador de una revisión del régimen fiscal aplicable a la Iglesia Católica.

A este respecto, Cebriá García afirma que la importancia de la sentencia del Tribunal de Justicia debía trascender al caso concreto para el que se planteó la cuestión prejudicial y constituía una llamada clara, aunque indirecta, a una nueva revisión de la Orden de 5 de junio de 2001 o del Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 1979, en cumplimiento del compromiso de cooperación leal para el cumplimiento del Derecho de la UE y, por tanto, de adaptar su derecho interno al mismo (art. 4 TFUE). Y para ello el Estado español debía ser consciente de que mantener la posibilidad de exenciones, que guardan relación directa con actividades económicas para los entes mayores de la Iglesia Católica, no es acorde con el Derecho de la UE; y responsabilizarse con la obligación inherente a su entrada en la Unión Europea de adecuar su normativa interna a la misma[39]. Con todo, no podía obviarse que la naturaleza de tratado internacional del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado español y la Santa Sede exigía que cualquier revisión del alcance y la extensión de las ventajas fiscales en él previstas se llevara a cabo por las propias partes firmantes y mediante los cauces jurídicamente adecuados. La fórmula escogida para la instrumentación jurídica del acuerdo fue la vía diplomática –a través de un canje de notas–, con fundamento en el artículo VI del acuerdo, que establece que «La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan»; y, adicionalmente, el apartado segundo del Protocolo Adicional del Acuerdo sobre Asuntos Económicos, que prevé que ambas partes, de común acuerdo, señalarán los conceptos tributarios vigentes en los que se concretan las exenciones y los supuestos de no sujeción enumerados en los artículos III a V, puntualizando que «siempre que se modifique sustancialmente el ordenamiento jurídico-tributario español, ambas partes concretarán los beneficios fiscales y los supuestos de no sujeción que resulten aplicables de conformidad con los principios de este acuerdo». En el marco de estas previsiones, por tanto, el 29 de marzo 2023, el Gobierno español y la Conferencia Episcopal Española, con el objeto de armonizar el régimen fiscal de la Iglesia Católica con el régimen fiscal previsto para las entidades sin ánimo de lucro, alcanzaron un acuerdo para la renuncia a las exenciones en el ICIO. Y para hacer efectiva la renuncia a esa exención por parte de la Iglesia era necesario derogar la Orden Ministerial de 2001, derogación que se materializó a través de la Orden HFP/1193/2023, de 31 de octubre[40]. Si bien, parte de la doctrina, a la vista de las implicaciones materiales del acuerdo, se ha mostrado especialmente crítica con el recurso al instrumento del canje de notas, para canalizar la renuncia al ICIO por parte de la Iglesia. En este sentido, Motilla manifiesta que dicha renuncia implica, en última instancia, la eliminación de un beneficio fiscal, lo que supone una derogación parcial del precepto y, por tanto, una modificación del contenido del Acuerdo suscrito en su día entre el Estado y la Santa Sede. Esta situación no puede calificarse como una mera interpretación de la norma –entendida como la acción de esclarecer el sentido de un texto– ni como un supuesto de aplicación de la misma. Asimismo, tampoco parece encajar en la previsión relativa a la determinación de los conceptos tributarios vigentes en los que se concretan las exenciones, contemplada en el párrafo segundo del Protocolo adicional, ya que no se ha producido una modificación sustancial del ordenamiento tributario español que justifique tal actuación. E igualmente, denuncia la sustracción de la autorización del Parlamento, en contra de lo previsto en el artículo 94 de la Constitución, lo que refuerza las dudas sobre la adecuación del procedimiento seguido para llevar a cabo una modificación material de un tratado internacional[41].

Tal como se deduce de lo anterior, la solución adoptada, a través del acuerdo entre el Gobierno español y la Conferencia Episcopal Española, ha sido la supresión de la exención para la Iglesia Católica del ICIO. Sin embargo, antes de la supresión de la exención, parte de la doctrina defendió soluciones intermedias –que, según nuestro parecer, no pueden obviarse y que hubieran permitido conservarla–, como limitar la exención a inmuebles estrictamente destinados al culto o extenderla a otras confesiones y entidades no lucrativas en condiciones de igualdad. Así, teniendo en cuenta que el TJUE no considera como económicas las actividades de enseñanza obligatoria concertada, en la medida que están integradas en el sistema público de enseñanza, los entes mayores de la Iglesia Católica que desarrollen este tipo concreto de actividades educativas podrán estar exentos del ICIO. Ahora bien, dicha exención debería extenderse también a otros centros de enseñanza laicos o que pertenezcan a otro grupo religioso no católico[42]. Por su parte, Herrera Ceballos sostiene que «si el legislador considerase que es oportuno conceder la exención del ICIO, no solo a la Iglesia católica sino a las confesiones religiosas –al menos con acuerdo de cooperación con el Estado– en atención a su contribución al bien social que desempeñan a través de sus actividades, siempre que estas no fueren de tipo empresarial o comercial, sería conveniente, en una eventual reforma de la legislación acordada, incluir una mención expresa a la exención del ICIO o, en su caso, hacerlo en la normativa general, esto es en la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo cuando trata las exenciones tributarias»[43]. Por su parte, Torres Gutiérrez prescribe que la exención se limite a aquellos inmuebles que cumplan el doble requisito de estar directamente vinculados con el ejercicio de actividades religiosas y en los que no se realiza ningún tipo de actividad económica, como por ejemplo un templo; pero matiza que dicha exención debería extenderse a favor de los templos del resto de confesiones inscritas[44].

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3. Conclusiones

Primera. La financiación pública de las confesiones religiosas se presenta como un instrumento orientado a hacer efectivo el derecho fundamental a la libertad religiosa mediante la cooperación con los grupos en que se organizan los creyentes, lo que permite su compatibilidad con los principios de neutralidad y aconfesionalidad del Estado. No obstante, el análisis del modelo vigente revela la existencia de asimetrías relevantes, tanto en la financiación directa como en la indirecta, que plantean dudas desde la perspectiva del principio de igualdad y de la coherencia del sistema de cooperación.

Segunda. En este sentido, la cooperación económica debería configurarse de forma más abierta, objetiva y equitativa, asegurando el acceso de todas las confesiones inscritas en condiciones no discriminatorias. La financiación indirecta debería extenderse con carácter general, mientras que la financiación directa debería articularse atendiendo a criterios de proporcionalidad vinculados al arraigo social y organizativo de cada confesión. En todo caso, se sostiene que la cooperación no debería excluir las actividades de culto, en la medida en que constituyen un elemento esencial para el ejercicio efectivo de la libertad religiosa.

Tercera. En el ámbito del Derecho de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia ha precisado que medidas como la exención del ICIO pueden constituir ayudas de Estado prohibidas conforme al artículo 107.1 TFUE cuando concurren los requisitos de intervención estatal, selectividad, ventaja económica y afectación a la competencia. El elemento determinante no es la naturaleza religiosa del beneficiario, sino la actividad efectivamente desarrollada y su posible inserción en un mercado.

Cuarta. Así, las actividades estrictamente religiosas quedan, en principio, fuera del ámbito de las ayudas de Estado; sin embargo, determinadas actividades desarrolladas por confesiones religiosas –especialmente las educativas privadas no subvencionadas o aquellas realizadas en régimen de competencia– pueden calificarse como actividades económicas, incluso cuando se desarrollan en centros con ideario religioso o en supuestos de uso mixto de inmuebles. En estos casos, la exención fiscal puede traducirse en una ventaja selectiva susceptible de falsear la competencia.

Quinta. En este contexto, el artículo 17 TFUE no opera como una cláusula de exclusión general de las confesiones religiosas respecto del Derecho de la Unión, sino como un mandato de respeto al estatuto jurídico que cada Estado miembro reconoce a las iglesias y organizaciones religiosas en su ordenamiento interno, lo ha generado una intensa controversia doctrinal. Por un lado, una parte de la doctrina entiende que la intervención del Tribunal de Justicia en materias como la financiación o el régimen fiscal de las confesiones puede implicar una cierta injerencia en ámbitos tradicionalmente reservados a la autonomía estatal, especialmente en lo relativo a la definición de las formas de cooperación económica entre Estado y confesiones religiosas. Por otro lado, existe una posición contraria que sostiene que la aplicación del Derecho de la Unión –en particular en materia de ayudas de Estado y competencia– no solo es legítima, sino necesaria para garantizar la igualdad de trato entre operadores y evitar distorsiones competitivas derivadas de privilegios fiscales no justificados.

Sexta. La aplicación de esta doctrina al caso concreto de la Congregación de Escuelas Pías llevó al TJUE a considerar que la exención del ICIO podía estar comprendida en el ámbito del artículo 107 TFUE, correspondiendo al órgano jurisdiccional nacional determinar la naturaleza económica de las actividades. Ello condujo finalmente a la denegación de la devolución del impuesto y a la confirmación de la legalidad de las resoluciones administrativas impugnadas.

Séptima. Como consecuencia indirecta de este pronunciamiento, el sistema español de financiación indirecta de la Iglesia Católica ha experimentado una revisión significativa, materializada en la derogación de la Orden de 2001 y en la renuncia a la exención del ICIO mediante acuerdo entre el Estado y la Conferencia Episcopal Española. No obstante, la respuesta normativa no ha estado exenta de debate doctrinal, habiéndose propuesto alternativas intermedias menos restrictivas. Entre ellas destacan la limitación de la exención a inmuebles estrictamente destinados al culto, la extensión de beneficios fiscales en condiciones de igualdad a otras confesiones, o la incorporación de criterios objetivos en la legislación tributaria que permitan diferenciar entre actividades religiosas y actividades económicas sin generar discriminaciones.

Octava. En definitiva, el asunto ha puesto de relieve la necesidad de replantear el alcance de la financiación indirecta de las confesiones religiosas, con el fin de compatibilizar la cooperación estatal con la libertad religiosa, el principio de igualdad y las exigencias del Derecho de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado.


Referencias:

  1. ^ Cfr. Motilla, Agustín, «Confesiones religiosas y entidades sin fin de lucro (comparación de su régimen económico)», en Álvarez Cortina, A. C., y Rodríguez Blanco, M. (coords.), Aspectos del régimen económico y patrimonial de las confesiones religiosas, Comares, Granada, 2008, pp. 14 y ss.
  2. ^ Fuente: Portal de Transparencia de la Conferencia Episcopal (http://transparenciaconferenciaepiscopal.es/procedimiento.html).
  3. ^ Ha de llamarse además la atención respecto a la evolución seguida por este fondo que comenzó siendo de 3 millones de euros en 2005, pasó a 4 en 2006, a 4,5 en 2007, a 5 en 2008 y 2009; pero que desde 2010 se ha reducido ostensiblemente quedándose en los 1,980 millones de euros en 2025. Fuente: Pluralismo y Convivencia (https://www.pluralismoyconvivencia.es/wp-content/uploads/2025/03/Plan-Actuacion-2025.pdf).
  4. ^ Si bien, en la legislación estatal de ámbito penitenciario y militar pueden encontrarse algunas previsiones que han extendido la posibilidad de recibir asistencia religiosa a aquellas personas sometidas a regímenes de especial sujeción, que están adscritos a confesiones que no cuentan con un acuerdo de cooperación con el Estado, aunque con una nula incidencia práctica por falta de desarrollo normativo. Vid., en este sentido, Cañamares Arribas, Santiago, «Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Oportunidad y fundamento de una reforma», Ius Canonicum, volumen 50, n.º extra 100, 2010, pp. 489-492.
  5. ^ Motilla, Agustín, «Confesiones religiosas y…», cit., p. 20.
  6. ^ Martín Sánchez, Isidoro, «Laicidad e igualdad religiosa: algunas cuestiones debatidas», Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 13, 2009, p. 204.
  7. ^ Fernández-Coronado, Ana, «Sentido de la cooperación del Estado laico en una sociedad multirreligiosa», Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 19, 2009, p. 18.
  8. ^ Cfr. Souto Paz, José Antonio, «La Comisión Asesora de Libertad Religiosa», Revista de Derecho Político, 14, 1982, p. 43.
  9. ^ Martín Sánchez, Isidoro, «Laicidad e igualdad…», cit., p. 202.
  10. ^ En la misma línea puede verse Cañamares Arribas, Santiago, «Ley Orgánica de…», cit., p. 506.
  11. ^ Martín Sánchez, Isidoro, «Laicidad e igualdad…», cit., pp. 202-203. En este sentido se pronuncia también Cebriá, María, «Sistemas de financiación de las entidades religiosas en el ordenamiento español», en Martín, M.ª del Mar (ed.), Entidades eclesiásticas y Derecho de los Estados, Comares, Granada, 2006, pp. 336-37.
  12. ^ Sentencia TJUE Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania v. Ayuntamiento de Getafe (C-74/16), 27 de junio de 2017, § 21.
  13. ^ Martín García, M.ª del M., «Una aproximación a la interpretación del artículo 17 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea por parte del Tribunal de Luxemburgo», en Salido López, Mercedes (coord.), Derecho, religión y política en la sociedad digital, Comares, Granada, 2023, p. 115.
  14. ^ Conclusiones de la abogado general Sra. Juliane Kokkot, presentadas el 16 de febrero de 2017, en el asunto C-74/16, Congregación de Escuelas Pías Provincia de Betania v. Ayuntamiento de Getafe, § 31, 32 y 33.
  15. ^ Cfr. Neffe, Alice, «Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania v Ayuntamiento de Getafe (Case C-74/16): Tax Exemption for Church Non-religious Activity as Unlawful State Aid», Oxford Journal of Law and Religion, n.º 7, 2018, p. 143. En la misma línea, Aznar García cuestiona que no se haya «tomado en consideración para la resolución de la cuestión prejudicial planteada –y ni siquiera para apuntar por qué se descarta– lo dispuesto en el artículo 17 del TFUE, en la parte en que el mismo establece que «La Unión respetará y no prejuzgará el estatuto reconocido en los Estados miembros, en virtud del Derecho interno, a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas»; pues lo cierto es que la exención que está en el fondo de la cuestión litigiosa suscitada tiene su origen, […], en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, por mucho que el establecimiento del ICIO lo fuera con posterioridad, de manera que los Acuerdos con la Santa Sede han de tenerse como parte de ese «estatuto» que en las relaciones jurídicas entre el Estado español y la Iglesia católica el Derecho de la Unión Europea viene obligado a respetar». Aznar García, Salvador, «La compatibilidad de la exención del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras de la Iglesia Católica con el derecho comunitario: comentario a la Sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de junio de 2017», Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 45, 2017, p. 14.
  16. ^ Polo Sabau, José Ramón, «La sentencia del TJUE de 22 de enero de 2019 en el asunto Cresco Investigation GmbH y Markus Achatzi», Revista General de Derecho Europeo, n.º 50, 2020, p. 261.
  17. ^ Decisión 2000/186/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2000; DO 2000, L 59, p. 12.
  18. ^ § 58.
  19. ^ Aznar García, Salvador, «La compatibilidad de…», cit., pp. 9-11.
  20. ^ Idem, p. 12.
  21. ^ A este respecto, puede citarse a Rodríguez Blanco cuando señala que «(E)n el caso de las exenciones tributarias ya no cabe acudir, como argumento que las explique, a la antigua inmunidad real de la que gozaban los bienes de la Iglesia, en virtud de la cual quedaban exonerados de toda carga fiscal. Tampoco puede elevarse a fundamento principal de la financiación de las confesiones religiosas la labor de las Iglesias en el campo social o educativo, pues ello obligaría a someterlas al régimen común previsto para las entidades que intervienen en esos sectores, con la única exigencia de respetar la autonomía confesional. Insistimos, en nuestra opinión, es la protección y garantía del derecho fundamental de libertad religiosa lo que justifica la aportación de fondos públicos a los grupos religiosos. La colaboración económica del Estado con las confesiones religiosas se enmarca, pues, dentro de la concepción funcional de la Hacienda Pública, que propicia el recurso a diferentes instrumentos financieros, como las subvenciones y las exenciones, para satisfacer las necesidades sociales y cumplir los fines públicos, esto es, las funciones y objetivos asignados por el ordenamiento a los poderes públicos, entre los que se encuentra la tutela de los derechos fundamentales y, por consiguiente, de la libertad religiosa». Rodríguez Blanco, Miguel, «La financiación de las confesiones religiosas», en Álvarez García, Santiago; García Sánchez, Justo, y Herrero de la Escosura, Patricia (coords.), Amici, amico. Estudios en homenaje al profesor Antonio Aparicio Pérez, Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2019, p. 276. Comparte este mismo parecer Cebriá García, que entiende que el fundamento de la colaboración económica directa e indirecta, –a través de beneficios fiscales–, del Estado español con las confesiones religiosas es la promoción de libertad religiosa en un marco de igualdad. Atendiendo a este fundamento, solo cuando la actividad es religiosa y permite la promoción y garantía de la libertad religiosa cabe una ayuda o colaboración estatal, directa o indirecta. Cebriá García, María, «La exención en el ICIO de la Iglesia católica en el Estado español y la prohibición de ayudas de estado del Derecho de la Unión Europea», Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, núm. 45, octubre (2017), p. 20.
  22. ^ Aznar García, Salvador, «La compatibilidad de…», cit., p. 9.
  23. ^ Conclusiones de la abogado general Sra. Juliane Kokkot, presentadas el 16 de febrero de 2017, en el asunto C-74/16, Congregación de Escuelas Pías Provincia de Betania v. Ayuntamiento de Getafe.
  24. ^ «Contemplar estos beneficios puede, en su caso, responder a la consecución de objetivos extrafiscales, que como en el caso de las entidades religiosas así como de las entidades sin fin de lucro, podrían situarse en el ámbito del fomento de la participación de los ciudadanos en la vida social y cultural; dando por supuesto que con el hecho de establecer exenciones tributaras a las confesiones religiosas, ratione materiae, el Estado contribuye a remover los obstáculos que pueden impedir el ejercicio del derecho de libertad religiosa en plenitud, cumpliendo así el mandato constitucional del artículo 9.2, aunque en este ámbito el argumento excede la materia tributaria para incardinarse directamente en el ámbito del Derecho eclesiástico. En suma, las exenciones tributarias a las confesiones cumplirían un doble fin: uno extrafiscal y otro propio del derecho de libertad religiosa». Herrera Ceballos, Enrique, «La exención del “ICIO” a la Iglesia Católica como “ayuda de Estado” contraria al Derecho Comunitario», Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 46, 2018, pp. 25-6.
  25. ^ «Artículo 7. Explotaciones económicas exentas.Están exentas del impuesto sobre sociedades las rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos que procedan de las siguientes explotaciones económicas, siempre y cuando sean desarrolladas en cumplimiento de su objeto o finalidad específica:1.° Las explotaciones económicas de prestación de servicios de promoción y gestión de la acción social, así como los de asistencia social e inclusión social que se indican a continuación, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias de aquellos, como son los servicios accesorios de alimentación, alojamiento o transporte:a) Protección de la infancia y de la juventud.b) Asistencia a la tercera edad.c) Asistencia a personas en riesgo de exclusión o dificultad social o víctimas de malos tratos.d) Asistencia a personas con discapacidad, incluida la formación ocupacional, la inserción laboral y la explotación de granjas, talleres y centros especiales en los que desarrollen su trabajo.e) Asistencia a minorías étnicas.f) Asistencia a refugiados y asilados.g) Asistencia a emigrantes, inmigrantes y transeúntes.h) Asistencia a personas con cargas familiares no compartidas.i) Acción social comunitaria y familiar.j) Asistencia a exreclusos.k) Reinserción social y prevención de la delincuencia.l) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos.m) Cooperación para el desarrollo.n) Inclusión social de las personas a que se refieren los párrafos anteriores.ñ) Acciones de inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social.2.° Las explotaciones económicas de prestación de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias de los mismos, como son la entrega de medicamentos o los servicios accesorios de alimentación, alojamiento y transporte.3.° Las explotaciones económicas de investigación, desarrollo e innovación, siempre y cuando se trate de actividades definidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.4.° Las explotaciones económicas de los bienes declarados de interés cultural conforme a la normativa del Patrimonio Histórico del Estado y de las comunidades autónomas, así como de museos, bibliotecas, archivos y centros de documentación, siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa, en particular respecto de los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes.5.° Las explotaciones económicas consistentes en la organización de representaciones musicales, coreográficas, teatrales, cinematográficas o circenses.6.° Las explotaciones económicas de parques y otros espacios naturales protegidos de características similares.7.° Las explotaciones económicas de enseñanza y de formación profesional, en todos los niveles y grados del sistema educativo, así como las de educación de altas capacidades, las de educación infantil hasta los tres años, incluida la guarda y custodia de niños hasta esa edad, las de educación especial, las de educación compensatoria y las de educación permanente y de adultos, cuando estén exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como las explotaciones económicas de alimentación, alojamiento o transporte realizadas por centros docentes y colegios mayores pertenecientes a entidades sin fines lucrativos.8.° Las explotaciones económicas consistentes en la organización de exposiciones, conferencias, coloquios, cursos o seminarios.9.° Las explotaciones económicas de elaboración, edición, publicación y venta de libros, revistas, folletos, material audiovisual y material multimedia.10.° Las explotaciones económicas de prestación de servicios de carácter deportivo a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física, siempre que tales servicios estén directamente relacionados con dichas prácticas y con excepción de los servicios relacionados con espectáculos deportivos y de los prestados a deportistas profesionales.11.° Las explotaciones económicas que tengan un carácter meramente auxiliar o complementario de las explotaciones económicas exentas o de las actividades encaminadas a cumplir los fines estatutarios o el objeto de la entidad sin fines lucrativos.No se considerará que las explotaciones económicas tienen un carácter meramente auxiliar o complementario cuando el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de ellas exceda del 20 % de los ingresos totales de la entidad.12.° Las explotaciones económicas de escasa relevancia. Se consideran como tales aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios del ejercicio no supere en conjunto 20.000 euros».
  26. ^ Torres Gutiérrez, Alejandro, «Las exenciones en el ICIO de la Iglesia Católica y su posible incompatibilidad con la normativa europea sobre ayudas de Estado, a raíz de la Sentencia del TJUE de 27 de junio de 2017», Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, n.º 21, julio (2017), p. 8.
  27. ^ Herrera Ceballos, Enrique, «La exención del…», cit., p. 27.
  28. ^ Cebriá García, María, «La exención en…», cit., p. 20.
  29. ^ Particularmente, considera «que tal diferencia de trato no está justificada en modo alguno, debiendo corregirse la misma dentro de una reforma más profunda, muy necesaria, del sistema tributario de las confesiones religiosas; una reforma en la que debería valorarse seriamente la conveniencia de introducir en la “ecuación” de los beneficios fiscales a aquellas confesiones religiosas que hayan superado el filtro de la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, siempre que se respete la función calificadora de tal Registro. Y una reforma, en definitiva, en que se evite esa tentación tan extendida de, ante cualquier diferencia de trato a favor de la Iglesia católica, actuar de forma restrictiva; actuando, más bien, con la pretensión de ampliar los espacios de libertad y de facilitar, dentro de la misión promocional del Estado, el disfrute de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos». Aznar García, Salvador, «La compatibilidad de…», cit., p. 13.
  30. ^ Meseguer Velasco, Silvia, «La financiación de las confesiones religiosas: Algunas claves en la jurisprudencia de Estrasburgo», Derecho y Religión, n.º 13, 2018, pp. 115-6.
  31. ^ Asunto Iglesia Bautista «El Salvador» y José Aquilino Ortega Moratilla v. España. Decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos, 11 de enero de 1992. Asunto Alujer Fernández y Caballero García v. España, Declaración de inadmisión TEDH, 14 de junio de 2001. Un comentario doctrinal de estas sentencias puede verse en Evans, citado por Polo Sabau, del que extraemos las siguientes palabras: «la sentencia no entró expresamente a valorar si las restantes confesiones tenían o no reconocido el derecho –que no la mera posibilidad– de suscribir un acuerdo con el Estado aunque implícitamente en el razonamiento judicial se asumió que en efecto carecían de ese derecho en el ordenamiento español, lo que es un síntoma inequívoco de la fragilidad de la argumentación utilizada para fundamentar le fallo y permite legítimamente hacer pensar que en esta decisión influyó un cierto temor al hecho de que, de haberse decretado la vulneración del artículo 14 ante esa palmaria desigualdad, se estaría dando pie a la generalización de ese criterio judicial también en aquellos países confesionales dentro del Consejo de Europa bajo la premisa de que todas las confesiones deben recibir los mismos privilegios que la religión oficial, con la que la propia noción de Iglesia oficial o de Iglesia de Estado presente en esos países se vería puesta seriamente en entredicho. Cfr. Evans, Carolyn, Freedom of Religion Under the European Convention of Human Rights, Oxford University Press, 2001, pp. 83-4; citado por Polo Sabau, José Ramón, Matrimonio, derecho y factor religioso, Dykinson, 2016, p. 59.
  32. ^ Association Les Témoins de Jéhovah v. France, STEDH de 30 de junio de 2011; Magyar Keresztény Mennonita Egyház and Others v. Hungary, STEDH de 8 de abril de 2014; e Izzettin Dogan y otros contra Turquía, STEDH de 26 de abril de 2016,
  33. ^ Meseguer Velasco, Silvia, «La financiación de…», cit., p. 124.
  34. ^ Conclusiones de la abogado general Sra. Juliane Kokkot, presentadas el 16 de febrero de 2017, en el asunto C-74/16, Congregación de Escuelas Pías Provincia de Betania v. Ayuntamiento de Getafe, § 86. «(L)a abogado rechaza la aplicación del concepto “ayudas de minimis” al no circunscribir la exención al caso concreto cuyo importe no superaba los 24.000 €, sino al cómputo total de las exenciones del ICIO del que resultare beneficiaria la Iglesia católica en su conjunto por la titularidad de todos los inmuebles que generasen el hecho imponible por virtud del acuerdo (pfos. 85-86)». Herrera Ceballos, Enrique, «La exención del…», cit., p. 21.
  35. ^ Cebriá García, María, «La exención en…», cit., pp. 19-20.
  36. ^ § 86.
  37. ^ Aznar García, Salvador, «La compatibilidad de…», cit., p. 14. En el mismo sentido, se manifiesta Pérez Bernabeu: «En realidad, la Orden de 2001 no introduce ningún beneficio fiscal nuevo en el ordenamiento jurídico español, sino que se limita a reconocer el carácter de impuesto real o de producto del ICIO, de lo que se sigue la consecuencia de incluir el ICIO dentro del ámbito objetivo de aplicación de letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979. El texto de la Orden de 2001 reconoce su propia falta de carácter innovador respecto del ordenamiento tributario español, pues expresa que, al declarar al ICIO incluido entre los impuestos reales o de producto a que hace referencia la letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, lo que lleva a cabo es una concreción de los beneficios fiscales (exenciones y supuestos de no sujeción) enumerados en sus artículos III a V, de conformidad con los principios del Acuerdo». Pérez Bernabeu, Begoña, «La exención en el ICIO a favor de la Iglesia Católica como ayuda de Estado. La cuestionable base jurídica utilizada por el TJUE en su pronunciamiento», Crónica Tributaria, n.º 165, 2017, p. 123.
  38. ^ § 90.
  39. ^ Cebriá García, María, «La exención en…», cit., pp. 18-9. En el mismo sentido, Iglesias Casais, José Manuel, «De nuevo sobre la posible calificación como ayuda de Estado de la exención en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras a favor de la Iglesia Católica. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 2017, Asunto C-74/16: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania», La Ley Unión Europea, n.º 53, noviembre de 2017, p. 10.
  40. ^ Orden HFP/1193/2023, de 31 de octubre, por la que se deroga la Orden de 5 de junio de 2001, por la que se aclara la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en la letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979 (BOE n.º 263, de 3 de noviembre de 2023).
  41. ^ Motilla de la Calle, Agustín, «La supresión del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, y de las contribuciones especiales a través del intercambio de notas de 29 de marzo de 2023», Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, Iustel, n. 62, Mayo de 2023, pp. 8-13. En la misma línea Torres Gutiérrez, Alejandro., «Estado de las autonomías y promoción del factor religioso en el caso español: La financiación estatal de las confesiones religiosas», Giuseppe, D´Angelo, (A cura di), Libertà religiosa e collaborazione nei processi di differenziazione regionale, Edisud, Salerno, 2024, pp. 330-331 y 338-339. Este autor también censura que, al hacerse la renuncia de modo ilimitado, la misma afecta a la pérdida de la exención en relación con la construcción de los templos y lugares de culto, pese a que los mismos están destinados al ejercicio de un derecho fundamental y en ellos no se realiza actividad económica alguna. Esto perjudica muy especialmente a las confesiones minoritarias, que son las que en mayor medida tienen que construir sus templos, especialmente en el caso de las recientemente establecidas en España, y que pierden toda esperanza de conseguir dicha exención.
  42. ^ Cfr. Cebriá García, María, «La exención en…», cit., p. 20.
  43. ^ Herrera Ceballos, Enrique, «La exención del…», cit., p. 33.
  44. ^ Torres Gutiérrez, Alejandro, «Las exenciones en…», cit., pp. 7-8.

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