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El presente artículo tiene por objeto analizar en qué consiste el patrimonio cultural inmaterial, conocer y valorar el régimen jurídico que lo rige, así como las iniciativas que pretenden su salvaguarda. Nos interesa, por lo tanto, conforme al título, establecer también el régimen respecto a la consideración de la Semana Santa como manifestación de ese patrimonio cultural inmaterial, (en adelante PCI), y su definición como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de España. Así, también, analizamos el real decreto de la declaración y su procedimiento administrativo.
La necesaria salvaguarda del patrimonio cultural en general y de los bienes necesitados de amparo, en particular, da sentido a la amplia legislación patrimonial existente. García Canclini concluye que el patrimonio cultural refleja la unión y participación social de quienes construyen conjuntamente, dentro de su ámbito geográfico y social, bienes, elementos materiales, expresiones, costumbres, ideas, como solución a exigencias determinadas de su vida, que se van reuniendo, almacenando y que originan valores e identidades representativas para cada pueblo y por lo general se desenvuelven dentro de un marco educativo no formal[1].
Entendamos, ciertamente, que esa salvaguarda de valores patrimoniales es una responsabilidad social necesaria en la actualidad, aunque no exenta de consideraciones diversas según las percepciones en juego que pueden afectarla. Así, la valoración ideológica está muy presente en la cultura: en ocasiones la política se inmiscuye en la catalogación del patrimonio, «a veces la violencia se ejerce sobre las minorías que distorsionan, a juicio de los rectores de la política, una determinada visión de la nación; otras veces son las grandes mayorías que respaldan al poder político para que se minimicen monumentos del pasado que se consideran poco acordes con “su visión ideal” del presente»[2].
La declaración sobre la Semana Santa que aquí mostramos tiene su base en la realidad identitaria española pero puede ser que algunos no lo contemplen así y pudiera ocurrir (me pongo la venda antes de la herida) lo que ha sucedido recientemente con la tauromaquia, que a pesar de su declaración puede ser posteriormente puesta en tela de juicio: La Ley 18/2013, de 12 noviembre[3], dice en su artículo 3 que en su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la tauromaquia (como PCI) y promoverán su enriquecimiento, y por eso en el artículo 12 se crea la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos[4]. Estando en plena función y habiendo elaborado incluso un denominado Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia (PENTAURO)[5], se admitió a trámite por la mesa del Congreso de los Diputados, el 30 de enero de 2024, una iniciativa legislativa popular[6]: una proposición de ley para su derogación, por lo que se inició el trámite comunicando este acuerdo a la comisión promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado[7]. Esta proposición de Ley (para la derogación de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural)[8] no ha sido tomada en consideración después de una votación en el Congreso[9].
Cuando la ideología asume el protagonismo cultural, Martínez Gil, concluye que: «hay también intentos de crear una especie de novi hominem a partir de unos discursos identitarios que son excluyentes y, para ello, enaltecen unas formas de patrimonio y ayudan a la destrucción de otras. Cuando esto ocurre, hay que dudar de los valores democráticos de la sociedad que fomenta estas actitudes y las sostiene»[10].
Las convenciones internacionales de la UNESCO sobre la cultura se han redactado y aprobado siempre en respuesta a las solicitudes de los Estados miembros que deseaban el establecimiento de normas internacionales susceptibles de servir de base a la formulación de políticas culturales y de reforzar la cooperación entre ellos. En su conjunto, estos instrumentos proporcionan los medios necesarios para ayudar a los Estados miembros a preservar la diversidad cultural del mundo en un contexto internacional en perpetua evolución. Su eficacia descansa en el compromiso de aplicarlos que contraen los Estados cuando los ratifican.
La Conferencia General de la UNESCO aprobó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial[11] en su 32.ª reunión, celebrada en 2003. La aprobación de la convención marcó un hito en la evolución de las políticas internacionales de promoción de la diversidad cultural, ya que por primera vez la comunidad internacional reconocía la necesidad de prestar apoyo a un tipo de manifestaciones y expresiones culturales que hasta entonces había carecido de un marco jurídico y programático de esa envergadura: el patrimonio inmaterial.
Este patrimonio se puede manifestar en ámbitos tan distintos como las tradiciones y expresiones orales, las artes del espectáculo, los usos sociales, los rituales, los actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas artesanales tradicionales. Así lo reconoce su artículo 2: «Se entiende por ‘patrimonio cultural inmaterial’ los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana»[12].
La característica fundamental de esta Convención no es solo el reconocimiento de lo inmaterial como patrimonio cultural sino sobre todo su salvaguarda que a estos efectos se entiende, según el mismo artículo, como las medidas encaminadas a garantizar su viabilidad, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión, básicamente a través de la enseñanza formal y no formal, y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.
Este Convenio está compuesto de nueve títulos: disposiciones generales; órganos de la convención; salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el plano nacional; salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el plano internacional; cooperación y asistencia internacionales; fondo del patrimonio cultural inmaterial; informes; cláusula transitoria y disposiciones finales. Tiene un total de 40 artículos y ha sido ratificado por 190 Estados[13].
Para que un bien material o inmaterial sea reconocido oficialmente por la UNESCO, el Estado nacional debe demostrar que tiene un interés y también los recursos para conservarlo y revitalizarlo. El Estado debe también justificar el peligro de extinción de esta manifestación cultural y asegurar la implicación de la comunidad y de los depositarios de la tradición en el plano de protección, transmisión y valorización. Las manifestaciones elegidas deben también formar parte de la identidad colectiva.
Este Acuerdo internacional fue ratificado por España en el año 2006[14], hecho que marcó su consiguiente incorporación al ordenamiento jurídico español y la adaptación de las leyes del patrimonio estatal y autonómico. La tarea se antojó complicada, puesto que esta convención introdujo una filosofía de tutela y gestión del patrimonio cultural nueva y alejada en puntos cruciales de la tradición patrimonial europea[15].
Su objetivo principal es «impedir que desaparezca, que muera el patrimonio inmaterial de los hombres»[16] y «desde hace al menos varios siglos, personas bienintencionadas han reflexionado sobre cómo salvar, proteger y conservar el patrimonio cultural vivo del mundo»[17], por eso este tratado pretende recoger ese interés manifestado.
Una consideración técnica y posible inconveniente es la congruencia de la convención con otros acuerdos internacionales. La convención tiene lo que se denomina una «cláusula de salvaguardia», que declara que no tendrá efecto sobre cualesquiera derechos u obligaciones que guarden relación con los derechos de propiedad intelectual.
En su artículo 3, b), expresa que ninguna disposición de la convención podrá ser interpretada de tal manera que «afecte a los derechos y obligaciones que tengan los Estados Partes en virtud de otros instrumentos internacionales relativos a los derechos de propiedad intelectual o a la utilización de los recursos biológicos y ecológicos de los que sean partes».
Una vía, de índole técnica y jurídica, es la que se refiere a la titularidad de la propiedad cultural. En la década de 1950 hubo debates multilaterales en torno a la idea del derecho de autor y su aplicación al folclore y la cultura tradicional. «¿Sería posible amparar formas de expresión tradicionales, por ejemplo los cánticos antiguos y los cuentos populares, mediante el derecho de autor? ¿Deberían los países regular y ejercer alguna forma de control legal sobre esas expresiones en su territorio, y sobre su explotación?»[18].
Quede claro que la acción de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual[19] considera, entre otras cosas, el posible reconocimiento de derechos exigibles de propiedad intelectual o similares a los derechos de propiedad intelectual sobre los sistemas de conocimientos y las expresiones artísticas «tradicionales» que desarrollan las comunidades. Y también si se derivan de ellos o están basados en esas tradiciones populares o expresiones del folclore. De hecho uno de los comités intergubernamentales se refiere a la propiedad intelectual y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore[20]. La relación entre la propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales y las expresiones de culturas tradicionales o del folclore se discute desde hace muchas décadas. Cabe señalar en particular que a lo largo de los años la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la UNESCO han colaborado en varios proyectos al respecto, entre los que hay que destacar la convocatoria conjunta de grupos de expertos para estudiar los conflictos y soluciones en esta materia.
Tiene en todo caso que estar claro que «protección» de la propiedad intelectual, es distinta de la idea de «salvaguardia» de la convención de la UNESCO, que, como indica la convención: «se refiere más bien a la identificación, documentación, transmisión, conservación, protección, revitalización y promoción del patrimonio cultural con miras a garantizar su mantenimiento o viabilidad»[21]. En consecuencia, la convención no aborda el tipo de cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual que trata el Comité de la OMPI.
En el marco jurídico actual, la aplicación de derechos de propiedad intelectual al patrimonio cultural inmaterial no da resultados satisfactorios. Las principales dificultades guardan relación con su naturaleza evolutiva y compartida. En efecto, como el patrimonio cultural inmaterial evoluciona a causa de su continua recreación por las comunidades y grupos que son sus depositarios y usuarios, la protección de una expresión determinada como la interpretación de una danza, la grabación de una canción, o el depósito de una patente para el uso de una planta medicinal, puede hacer que se fije este patrimonio y se entorpezca su evolución natural. Además, como son las comunidades las que crean, mantienen y transmiten el patrimonio cultural inmaterial, es difícil determinar quién es el propietario colectivo de este patrimonio[22].
La protección jurídica del patrimonio cultural inmaterial o difuso constituye según Pablo Martínez, «un reto, por su novedad y por su complejidad por lo que se pueden combinar diversos tipos de medidas: las dirigidas a su identificación o inventariado que ya es un modo de proteger porque es sacar del anonimato u olvido un bien que se puede extinguir; su protección pasa también por su documentación en algún tipo de soporte material y sobre todo su promoción, estudio, puesta en práctica y transmisión o enseñanza»[23].
Entre las medidas de salvaguardia nacional o internacional destaca el Inventario o Lista Representativa[24]. La convención establece tres listas: la lista del patrimonio inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia; la lista representativa del patrimonio cultural de la humanidad y el registro de buenas prácticas de salvaguardia. Todo se compendia en una lista, que puede parecer un sistema simple, pero «la lista es asimismo el modo más visible, menos costoso y más convencional de «hacer algo» –algo simbólico– por las comunidades y tradiciones desatendidas. Un gesto simbólico como la lista, confiere valor a lo que en ella se inscribe, conforme al principio de que no puede protegerse lo que no se valora»[25].
La finalidad de la lista representativa, como se ha apuntado, es garantizar una mayor notoriedad del patrimonio cultural inmaterial en general, y más concretamente de los elementos propuestos como representativos de este, y lograr que se tome mayor conciencia de su importancia. El peligro es que la inscripción de un elemento en la lista representativa se considere como un fin en sí misma, y no como un medio[26] y con la limitación del número de manifestaciones que puede proponer cada Estado parte para su incorporación en la lista representativa del PCI de la humanidad.
En resumen, un listado que pretende «potenciar, debido a la natural fragilidad de aquello que no encuentra sustento físico, su protección como factor de proyección de la diversidad cultural frente a una globalización que, desde lo económico y con la ayuda inestimable de las tecnologías de la información y la comunicación, promueve de manera cada vez más agresiva una homogeneización de la sociedad de acuerdo a unos cánones o estándares globales de base eminentemente material»[27].
Además del desarrollo de inventarios de actualización regular, los Estados también deberán establecer otros sistemas de protección: la creación de órganos gestores competentes, el fomento de los estudios científicos y técnicos, la creación o fortalecimiento de la educación (formal e informal) en patrimonio inmaterial, las medidas para garantizar el acceso de la ciudadanía al patrimonio inmaterial, etc.
Con el deseo de cumplir los objetivos de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, en España, se empezó a trabajar en un sistema de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que en 2011 se materializó en el Plan Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial[28].
Desde la entrada en vigor de la convención de 2003, se ha producido el fenómeno de la proliferación de declaraciones de patrimonialización, un riesgo no calculado y en detrimento final de su objetivo de salvaguarda. Es una «fiebre patrimonializadora que abarrotó la capacidad de recepción de expedientes de las candidaturas de la UNESCO»[29].
El problema jurídico más relevante es el derivado de la amplia definición del concepto de PCI. En consecuencia, las críticas más importantes surgen desde la misma institución, así, se piensa que es preciso delimitar la esencia de este tipo de manifestaciones[30], así como también puede ser arduo diferenciar el patrimonio inmaterial del material, lo material y lo inmaterial están íntimamente unidos[31]. Por lo tanto reconocer el PCI en los términos de la convención no es sencillo, y a veces puede resultar bastante complicado, (por ejemplo: Las expresiones verbales de un determinado idioma, las historias, los cuentos y los dichos, se consideran patrimonio cultural intangible, pero no el idioma en su totalidad)[32].
Asimismo, de acuerdo con las disposiciones explícitas de la convención, no todo el PCI se reconoce a los efectos de la misma. Para ser reconocido, el PCI ha de ser congruente con los derechos humanos, manifestar la necesidad del respeto mutuo entre comunidades y ser sostenible[33]. No menos problemática es la cláusula de «respeto mutuo» de la convención. El PCI es, por definición, algo que la comunidad utiliza para autodefinirse. Pero muchas comunidades culturales se definen por oposición o resistencia a otras[34].
Desde la antropología, también se han vertido críticas sobre el concepto de PCI que llega a decir incluso que «resulta realmente llamativo que una institución como la UNESCO maneje conceptos ampliamente superados en el marco del desarrollo disciplinar de la antropología»[35].
Entre ellas destacamos la llamada «falsedad etnográfica de la representación patrimonial, en tanto que construcciones interesadas de discursos acerca de la cultura»[36], en ciertos supuestos lo que se nos presenta como patrimonio es una construcción que no tiene mucho que ver con la cultura influido por aspectos sobre todo mercantilistas[37].
Sevilla considera la opacidad que existe en la definición de patrimonio cultural que brinda la UNESCO y su relación con la indefinición de dos aspectos: el sujeto social y la propiedad de la manifestación cultural transformada en bien patrimonial. Es decir, que cabe la posibilidad, según la autora y con sentido, que la inexistencia de un cauce jurídico concreto del bien inmaterial produzca la indefensión que se pretende soslayar con la salvaguardia porque es posible la posesión ilegitima de elementos sin una clara protección: «el vacío conceptual y práctico que hace la convención encargada de la salvaguarda del PCI respecto al tema de los derechos de propiedad intelectual puede tener una relación directa con la indefinición del sujeto social que, supuestamente, sería el propietario del patrimonio cultural»[38].
Otra crítica al sistema patrimonial estudiado se refiere a los listados, las listas del patrimonio inmaterial, porque «es ante todo un listado y por lo tanto lo que realmente se ha incluido no es la fiesta en sí, sino una descripción textual de los distintos actos que la componen y una justificación escrita de los valores que la hacen merecedora de tal reconocimiento y por lo tanto diversos autores concluyen que los «elementos culturales» descritos en los expedientes de inscripción del PCI no existen. Al menos no existen tal y como son relatados por dichos expedientes. Y aquí viene su conclusión más contundente: el lenguaje patrimonial falsea intencionadamente la realidad etnográfica produciéndose ‘un falseamiento oportunista de la realidad etnográfica, sea en el campo descriptivo, sea en el interpretativo»[39].
El patrimonio intangible, «está “encarnado” en las personas que lo han creado, recrean y transmiten mediante sus actos y sus expresiones orales y gestuales (rituales, digo yo) y se apoya para su expresión en inmuebles y objetos muebles: de ahí el holismo metodológico que inspira la doctrina UNESCO sobre el PCI»[40]. Se puede entender el PCI como exponente del proceso de conversión del ser humano en objeto patrimonial, hecho que caracteriza la evolución reciente del concepto de patrimonio[41]. Así opina también Mejías: «es por ello que la antropología cultural aporta las herramientas y los modelos conceptuales e interpretativo para alcanzar la comprensión de dichos activos patrimoniales»[42]. Llegando a afirmar, en el mismo texto, que el verdadero campo de estudio del patrimonio inmaterial es la antropología.
Como conclusión y para una comprensión equilibrada encontramos la interpretación de Kurin que enuncia sus aspectos positivos de refuerzo, reconocimiento, impulso que «establece un mecanismo en el plano internacional que hará posible activar y mejorar esos esfuerzos para afrontar la tarea. Aunque persisten dudas sobre la maquinaria institucional y la capacidad de la convención para atraer financiación externa proporcionada al grado de necesidad, la convención puede significar una oportunidad importante»[43].
El origen de la ordenación del patrimonio histórico y cultural español se encuentra, como no puede ser de otro modo, en la Constitución de 1978. Ya en su preámbulo habla de proteger «a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones» que se materializa en el uso del concepto de «patrimonio cultural», en los artículos 3.3, 46 y 149.1.2.
El artículo 46 dice que «Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio», está ubicado en el capítulo III de la Constitución lo que supone la inclusión de la materia de conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico entre los denominados principios rectores de la política social y económica que no son derechos subjetivos ni prestacionales como ha señalado el Tribunal Constitucional, señalando que: «impide considerar a tales principios como normas sin contenido y obliga a tenerlos presentes en la interpretación tanto de las restantes normas constitucionales como de las leyes» o, en otros términos, «al margen de su mayor o menor generalidad de contenido, enuncian proposiciones vinculantes en términos que se desprenden inequívocamente de los artículos 9 y 53 CE»[44]. Casi todas las constituciones modernas legislan sobre las directrices de las políticas culturales dirigidas, no solo, a facilitar el acceso de todos a la educación, sino también, a la salvaguarda y disfrute por parte de todos del patrimonio cultural propio.
Así resume Vaquer Caballería la importancia de nuestra Constitución a la hora de introducir este nuevo concepto de bien cultural: «En Derecho interno español, la utilización de la fórmula patrimonio cultural en nuestra Constitución constituye una novedad. Haciendo una lectura integrada de los dos preceptos que la utilizan en la parte dogmática de nuestra Constitución, los artículos 3.3 y 46, entendemos que la acepción constitucional es amplia, pues integra y supera la idea tradicional de patrimonio histórico y artístico. El patrimonio cultural es el conjunto de todos los bienes culturales, tanto si se exteriorizan en forma de uno (cultura material) o muchos soportes corpóreos (obras literarias, etc.) en forma de actividad (folklore, tradiciones y manifestaciones etnográficas en general) o en forma difusa, a través de todos ellos indistintamente (lenguas)»[45].
Existe una larga jurisprudencia constitucional que «configura la cultura como una manera de competencia concurrente entre el Estado y las comunidades autónomas, en el que la competencia estatal alcanza la “preservación del patrimonio cultural común”, así como “lo que precise de tratamientos generales o que no puedan lograrse desde otras instancias”, añadiéndose, en el caso de la política de subvenciones, que el Estado debe evitar duplicidades (normativas y de gestión) respecto de lo que corresponde a las comunidades autónomas»[46].
En España estaba vigente la Ley del Patrimonio Histórico Español (LPHE) de 16/1985, de 25 de junio[47], que ya condujo al reconocimiento legal del patrimonio etnográfico[48], que en su art. 1.2 restringió su aplicación a los de orden tangible, es decir, muebles e inmuebles. A pesar de ello comentan los autores que seguramente el legislador entendió que la tradición etnográfica tiene un carácter vivo e inmaterial y así, el artículo 46, más allá de lo anteriormente expresado, estableció que los “conocimientos” y las “actividades” son parte integrante de los bienes del patrimonio etnográfico español, incorporándolos, por ende, al ordenamiento: «Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales»[49]. Aún así «esa noción adelantada a su tiempo, noción folclorista, resultó ser limitada, por arcaica, ahistórica y esencialista»[50] con relación al sentido amplio de patrimonio inmaterial que propugna la convención de 2003[51].
Será en la normativa de las comunidades autónomas, promulgada entre 1985 y 2007, donde se consagre definitivamente la tutela del patrimonio cultural inmaterial. La primera norma que incorpora los bienes inmateriales a la definición del patrimonio cultural será la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, no de manera sistemática y sin referencia a ningún régimen específico de protección. Después del año 2006 las nuevas leyes de algunas comunidades autónomas recogen ya la tutela específica de los bienes del patrimonio cultural inmaterial, las últimas son las de Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha[52].
Tras un complejo proceso de elaboración[53], la Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial[54] fue aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados el 25 de mayo de 2015, publicada en el BOE y entrando en vigor el día 28 de mayo de 2015[55].
Tras un amplio preámbulo justificativo, la norma se estructura en cuatro títulos: I, disposiciones generales; II, régimen general del patrimonio cultural; III, competencias de la Administración General del Estado (arts. 11, competencias y 12, declaración de manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial), y IV, instrumentos de cooperación (art. 13, plan nacional de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, y 14, inventario general de patrimonio cultural inmaterial). Al mismo tiempo incluye también una disposición transitoria única, y ocho disposiciones finales. En el articulado de la ley se contienen: medidas protectoras, de difusión del patrimonio cultural inmaterial, los instrumentos administrativos que las Administraciones deben desarrollar para proteger este patrimonio y finalmente, lo más novedoso, se incluye el procedimiento para declarar las distintas manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial.
La diferencia con la convención de la UNESCO, en la enumeración de las manifestaciones del patrimonio inmaterial, es la inclusión en la Ley española de: la toponimia tradicional, la gastronomía, los aprovechamientos específicos de los paisajes naturales, las formas de socialización colectiva y organizaciones, y las manifestaciones sonoras, música y danza tradicional.
Por lo tanto son PCI, según Castro López y Ávila Rodríguez un amplísimo listado sugerido desde el enunciado de esta ley[56] y que nos interesa destacar la mención expresa de los «rituales de carácter religioso», los usos sociales, rituales y actos festivos y las formas de socialización colectiva y organizaciones.
En general a esta Ley se le plantean algunas objeciones como por ejemplo: no lograr una participación amplia no solo de comunidades sino de grupos o individuos que sostienen ese patrimonio ya que la ley solo contempla, de modo algo restrictivo, un trámite de audiencia, aunque permita que el inicio del proceso pueda ser motivada por petición de persona física o jurídica, y además «en cuanto al desarrollo de las medidas de salvaguarda, podemos señalar que existe cierto déficit de participación directa de los agentes implicados en el patrimonio inmaterial. El llamado patrimonio vivo, es a veces tratado en los regímenes jurídicos sin esa necesaria subsidiariedad y necesaria participación»[57]. Ciertamente otros autores tampoco vieron oportuna una legislación específica pudiendo añadirse a la vigente Ley del Patrimonio Histórico «de modo que se acogiese en una única norma todas las cuestiones relativas a la conservación y protección del patrimonio cultural, material e inmaterial, evitando así la dispersión normativa»[58]. Y también la problemática que suscita la competencia compartida con las comunidades autónomas[59], en la que no entramos.
Otras críticas suscitadas a la nueva ley plantean si se cubren todas las necesidades normativas que necesita este patrimonio inmaterial en España. Se pretendió reformar la Ley Patrimonio Histórico Español incluyendo un título o aumentando el articulado para dar cabida a esta singularidad pero, decididos por una nueva ley, se recibieron amplias críticas como la de las autoras Castro López Y Ávila Rodríguez: «… cabe apuntar que la Ley podía haber sido más incisiva y creativa en orden a la salvaguardia de este patrimonio, habiendo dejado pasar la oportunidad de fijar medidas más concretas que favorezcan la puesta en valor de los bienes inmateriales, por ejemplo, una mayor presencia de las técnicas de fomento, como subvenciones, premios, nombramientos, o exenciones fiscales para los titulares de bienes inmuebles asociados a las manifestaciones culturales inmateriales»[60]; también Campanales Pérez recoge en su tesis autores que se posicionan en el mismo sentido, como Bermúdez Sánchez, que expresa que la nueva Ley no ha supuesto una gran innovación normativa en el PCI debido a que la encuentra similar a la LPHE y a las leyes autonómicas, y de Guerrero Manso que expresa que “es una norma breve con un amplísimo preámbulo y esto es la característica que más llama la atención de esta norma que regula por primera vez con carácter ambicioso el patrimonio cultural español, aunque el resultado sea claramente insuficiente”»[61].
A nosotros nos interesa una de las novedades más significativas de la ley que ha sido la inclusión de una declaración formal de tutela por parte de la Administración, bajo la denominación de Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial[62]. Las manifestaciones representativas declaradas hasta el momento, desde el año 2016 hasta el año 2024, en España[63] son: el Carnaval; la Semana Santa; la Trashumancia; la fiesta del Sexenni; la Cultura del Esparto; el Toque manual de Campana; el Vidrio soplado; las Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana; el Belenismo; el Nudo español[64]; la Jota aragonesa, las expresiones culturales vinculadas a la cultura sorda y la lengua de Signos española; los Toques Tradicionales de Guitarra en el marco de las Fiestas Participativas; la Zarzuela y la última intervención, que nos conste, es la declaración como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Apicultura en España (año 2025)[65].
Hay otra clase de declaraciones de menor rango denominadas: bienes de interés cultural inmaterial, que en el ámbito que estudiamos, es decir, referido a la Semana Santa, son los siguientes: 1– conjunto de celebraciones que tienen lugar el Jueves y Viernes Santo en Bercianos de Aliste (Zamora, Castilla y León, 2014) que se remonta al siglo xvi; 2– la mañana de Salzillo (Murcia, 2014), del Viernes Santo, durante siglos de generación en generación; 3– Pasión Zamorana: Ritos, esencia y territorio (Castilla y León, 2015) se remonta a 1273, probablemente la más antigua de España. Cofradías de la Santa Vera Cruz y N. Sra. Angustias del siglo xv; 4– el patrimonio cultural de los Disciplinantes de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja, 2015), desde la edad Media hasta nuestros días.
Y otros relacionados como son: 1– Tamborada de Hellín (Castilla-La Mancha, 2011), del siglo xix, en el espacio urbano en los días de Semana Santa; 2– Fiesta de los Tambores o Tamborada de Mula y Moratalla (Murcia, 2011), en Viernes Santo; 3– Tamboradas de Alzira y de la Rompida de la Hora de L’Alcora (Comunidad Valenciana, 2012); 4– Tamborada de Tobarra (Castilla-La Mancha, 2015), se remonta al siglo xvi y está documentada desde 1597. Del siglo xvii hay documentos que demuestran la existencia de imágenes y hermandades del siglo xvii; 5– Ruta del tambor y el bombo (Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, 2018), de origen medieval, cuando los caballeros de las Órdenes Militares trajeron a estas tierras esos dos instrumentos de percusión. En Híjar desde 1519, hace cinco siglos, el duque de Híjar encargó a los franciscanos la organización de la Semana Santa.
Es necesario un procedimiento administrativo para declarar a un bien considerado inmaterial como bien incluido en el listado del patrimonio cultural inmaterial de España y por lo tanto dotarlo de una singular protección mediante su promulgación mediante real decreto como afirma el artículo 2 de la Ley de Salvaguardia.
Este procedimiento puede ser iniciado tanto por la Administración General del Estado como por las propias comunidades autónomas. Analizamos aquí el procedimiento de la primera administración.
Esta solo puede iniciarlo cuando se den una serie de características: la superación del ámbito territorial de una comunidad autónoma y no exista un instrumento jurídico de cooperación entre Comunidades autónomas; cuando tenga por objeto aquellas manifestaciones culturales inmateriales que, en su caso, puedan aparecer asociadas o vinculadas a los servicios públicos de titularidad estatal o a los bienes adscritos al patrimonio nacional o cuando el bien posea una especial relevancia y trascendencia internacional, al ser expresión de la historia compartida con otros países.
La protección y las medidas de salvaguardia respecto de los bienes del PCI se realiza por medio de un real decreto declarando ese «bien» como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial y su declaración genera la obligación de inscripción en el Inventario General de Patrimonio Inmaterial.
El procedimiento administrativo necesario se iniciará de oficio por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (actualmente Ministerio de Cultura), por propia iniciativa, a petición razonada de una o más comunidades autónomas o por petición motivada de persona física o jurídica. Se incluiría una fase de información pública[66]. Se recabará, así mismo, informe del Consejo del Patrimonio Histórico y de las instituciones consultivas especializadas relacionadas con la materia y que se consideren convenientes, así como de los órganos competentes de las comunidades autónomas.
Se establece, además, la obligatoriedad de presentación de una documentación específica en que se incluiría una descripción clara del bien, se enumeren sus usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que comporta, así como los bienes materiales, tanto muebles como inmuebles, en los que tales actividades se sustentan, las comunidades, grupos y ámbitos geográficos en los que se desarrolla o ha desarrollado tradicionalmente, así como, en su caso, las amenazas que sobre el mismo puedan concurrir[67].
En el artículo 12, que hemos arriba resumido, en su añadido e) establece un periodo temporal de resolución de doce meses, y, explicita que el silencio tendrá efectos desestimatorios. Por fin la declaración de manifestación representativa obligará a la inscripción de esta en el Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial (art. 12.5).
En el artículo 13 aparece descrito el llamado Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial[68], instrumento de gestión y de cooperación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, los entes locales, y otras entidades públicas o privadas, que deberá, en primer lugar, facilitar la información y la habilitación en el nivel estatal de acciones que permitan la interrelación entre los distintos agentes, contemplar los criterios y metodologías de actuación más apropiados para el patrimonio cultural inmaterial, así como alertar sobre los riesgos y amenazas a los que se puede ver expuesto[69].
Es así porque, no todas las manifestaciones culturales inmateriales pueden ser catalogadas como patrimonio cultural inmaterial y ser inventariado y protegido. Solo aquellos que cumplan unos criterios o parámetros[70].
Y además el Plan Nacional determina los ámbitos en los que se manifiesta en España que son: conocimientos tradicionales sobre actividades productivas, procesos y técnicas; creencias, rituales festivos y otras prácticas ceremoniales; tradición oral y particularidades lingüísticas; representaciones, escenificaciones, juegos y deportes tradicionales; manifestaciones musicales y sonoras; formas de alimentación, y formas de sociabilidad colectiva y organizaciones[71].
La previsión de la existencia del Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial (art. 14) trae causa de lo dispuesto en el artículo 12 de la convención de la UNESCO.
Dicho Inventario se formará a partir de la información estatal y de la suministrada por las comunidades autónomas y debe proporcionar información actualizada sobre las manifestaciones que integran el PCI, en particular, ha de contener la identificación de los bienes y la información más completa posible sobre los mismos, en los soportes documentales más adecuados.
Pero ¿cuál es la utilidad de una declaración de un bien inmaterial como tal?
Parece que en primer lugar está su protección, también puede ser su publicidad, y su conservación pero puede ocurrir que «a menudo primen otros intereses, como la publicidad alentadora del turismo que podría ocasionar una acción de singularización como la inscripción de un BIC o incluso el mero hecho de la distinción como fin en sí mismo (y su repercusión en los discursos políticos y sociales). En esos casos, la selección que debería tener su origen en los propios agentes protagonistas es impuesta desde fuera (normalmente desde las Administraciones) con unos criterios artificiales y que no responden a las opiniones y necesidades de la comunidad»[72].
En términos generales, puede afirmarse que esta Ley incorpora la mayor parte de las técnicas de salvaguardia del PCI previstas en el Derecho internacional, adecuando el régimen jurídico de los bienes culturales inmateriales a sus necesidades específicas de protección y superando las insuficiencias del marco legal hasta ahora vigente[73].
El 4 de noviembre de 2015 se publica la Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas[74], por la que se incoa expediente de declaración de la Semana Santa como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Como ya se expresó corresponde a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las comunidades autónomas, la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial mediante la Declaración de Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, regula el procedimiento de declaración en el artículo 12. Dicha resolución va precedida de una exposición de motivos que argumenta dicho acto administrativo que nos interesa especialmente porque presenta los hechos para considerar la Semana Santa como sujeto de protección en el marco del patrimonio inmaterial.
Así, la Semana Santa en España, comprende una serie de manifestaciones diversas y extendidas por todo el territorio[75], destacando las procesiones. Todas esas expresiones religiosas están unidas a una serie de valores culturales y sociales que en conjunto hacen recomendable su reconocimiento como tal[76]. Un buen ejemplo, en sentido contrario, fue la tramitación del procedimiento de la «Cría del caballo pura raza española», que no se declaró como manifestación representativa pese a concurrir el interés de la comunidad portadora y haberse realizado el trámite de audiencia pública. En la comunicación de la desestimación por parte de la Dirección General de Bellas Artes, se afirma que no concurren «valoraciones explícitas sobre la relevancia cultural en su concepción inmaterial», objeto final de la solicitud[77]. Guerrero Manso continúa exponiendo otros casos internacionales sobre la lista representativa y concluye «que el patrimonio cultural no es un concepto imparcial, sino que está influenciado por las circunstancias sociales y políticas presentes en un momento y contexto específicos»[78].
La Semana Santa comporta unos valores culturales que, siendo expresión de una religiosidad popular, son a la vez un marcador identitario, vehículo de conocimientos tradicionales y artesanales así como de expresiones artísticas diversas, dice el preámbulo: «los aspectos materiales de las celebraciones de Semana Santa (pasos, imaginería, textiles y objetos relacionados) son en muchos casos de un gran valor simbólico y artístico, por lo que forman parte del patrimonio histórico español. Dado que generalmente están estrechamente vinculados a oficios tradicionales y talleres artesanos, merecen el reconocimiento y valorización social e institucional. Además, forman parte del patrimonio relacionado con la Semana Santa aspectos como el extenso vocabulario, la música y la gastronomía».
Desde época medieval, las celebraciones de Semana Santa han funcionado como formas de expresión de la religiosidad popular y como referentes identitarios[79], no solo para el mundo católico[80], sino también para gran parte del conjunto de la población y para las comunidades implicadas, que han convertido a la Semana Santa en un fenómeno plural en el que participan todos los géneros y capas sociales, incluso al margen de la práctica religiosa.
Hace entonces, la resolución, mención expresa de las cofradías y hermandades, no solo como agentes centrales en las celebraciones de la Semana Santa, sino también como exponentes de la capacidad de estructuración social y de las diversas formas de sociabilidad que se observan en el periodo de Cuaresma, Semana de Pasión e incluso Pascua[81].
Termina esta introducción indicando que hay razones suficientes para disponer la apertura de un periodo de información pública. Dispone también que es una manifestación que requiere para su específica comprensión una consideración unitaria, más allá de la propia que pueda recibir en una o varias comunidades autónomas y que ha informado al Consejo de Patrimonio Histórico Español y solicitado informe a la Universidad de Valladolid. Y concluye que cumplidas las circunstancias previstas en las letras c) y e) de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, resuelve tramitar el correspondiente expediente de declaración de Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Unido a esta resolución se adjunta un anexo que especifica aún más la necesidad de protección de esta realidad social por los riesgos de desvirtuación que podrían derivarse del turismo masivo, así como la necesidad de valorar y proteger adecuadamente los oficios tradicionales asociados a esta manifestación.
El anexo divide las celebraciones de Semana Santa en urbanas y rurales, con características análogas y específicas. Las celebraciones urbanas tienen como peculiar ser una forma de recuperar las calles por parte de la ciudadanía. Esta Semana Santa se está reconstruyendo, recreando de manera constante y en ella participan en concepción y desarrollo tanto el poder religioso como el civil. Por otro lado las rurales son en general más participativas que las urbanas, y es la población en conjunto, y no personas o cofradías individuales, quien lleva a cabo las recreaciones.
Aunque es frecuente oír que existen dos modelos, la Semana Santa andaluza y la castellana, éste es un reduccionismo que no representa la realidad. Además de los varios tipos de Semana Santa que se celebran en Castilla y Andalucía, no se pueden olvidar las que se viven en Murcia y Albacete, las de Valencia, la riqueza y variedad de las catalanas y mallorquinas, lugares donde han pervivido rituales medievales con gran fidelidad a la tradición, así como las de Aragón, Navarra y las del norte peninsular.
El anexo destaca como elementos más característicos los siguientes:
«– Procesiones: la procesión es el elemento más característico de la Semana Santa. En este elemento paralitúrgico se encuentra representada toda la sociedad, que expresa la fe y la tradición de manera pública. La participación es habitualmente masiva, pues implica tanto a cofrades como a habitantes de los municipios o a espectadores ajenos y turistas. La implicación de la ciudadanía en estos actos es a menudo transmitida por educación no formal y por la vía familiar, normalmente de forma oral: son muchas las familias que participan al completo en las procesiones.
– Penitentes: en origen, los penitentes cumplían el castigo impuesto por los pecados cometidos el resto del año. Algunos iniciaban esta penitencia con una peregrinación, mientras que para otros bastaba con realizar un arrepentimiento público que terminó por convertirse en una práctica mucho más generalizada. Según la actividad que realizan en la procesión, se pueden diferenciar varios tipos de nazarenos: de fila, con cruz, o penitente según la tradición andaluza, portador de insignias o enseres, manigueteros, guardamantos… En la Semana Santa existe una gran riqueza de vocabulario que varía de unas regiones a otras, e incluso de unos pueblos a otros, para señalar a los hermanos, los cargos que ocupan o su función en la procesión.
– Pasiones vivientes: son muchas las localidades donde se representan en vivo algunas escenas de la Pasión de Cristo, desde la entrada en Jerusalén hasta su crucifixión. La participación popular en las escenificaciones de la vida y muerte de Cristo es muy elevada en municipios como Oliva de la Frontera (Badajoz) o Morata de Tajuña (Madrid), donde centenares de personas recrean la tarde del Jueves Santo la vida en Jerusalén en esa época, siendo especialmente famosas las representaciones catalanas como la de Sant Hilari Sacalm en Cataluña, y otras en el resto del Estado como las de Jiménez de Jamuz (León), La Molina de Ubierna, Covarrubias, Arauzo de Miel, Villalbilla de Burgos, Lerma (Burgos), Torrecilla del Pinar (Segovia), Balmaseda (Vizcaya), Castro Urdiales (Cantabria), Tarancón (Cuenca), Tortosa (Tarragona), Ador (Almería), Riogordo (Málaga)…
– Vía Crucis: el viacrucis o vía crucis, traducción del latín de “camino de la cruz” es una representación de los episodios vividos por Jesucristo desde la oración en el huerto de los olivos hasta su resurrección, pasando por la traición de Judas, las condenas a muerte o la crucifixión. La práctica del viacrucis sirvió de inspiración para numerosos artistas, y es una actividad muy popular, dado que su realización concede indulgencia plenaria a los y las fieles. En España destacan los viacrucis de Mérida, que traslada la imagen medieval del Cristo desde la Concatedral de Santa María hasta el Anfiteatro Romano y el de Madrid, entre muchos otros a lo largo de toda España. Además, existen numerosos viacrucis celebrados en el ámbito rural: Rabanales de Aliste (Zamora), Santa Cristina de Valmadrigal (León), Cardeñosa (Ávila), Montealegre (Valladolid), Lastras de Cuéllar (Segovia), Villoria (Salamanca)…
– Escenificaciones concretas: es frecuente en España la escenificación de algunas historias bíblicas o de ciertos aspectos parciales de la Pasión, como el viacrucis. Algunas escenas son más recurrentes que otras, siendo especialmente destacadas las siguientes:
La entrada de Cristo en Jerusalén, las populares procesiones de “La borriquita”, como la de San Roque (Badajoz), Salas de los Infantes (Burgos), La Borriquita (Valladolid)…
Las tres caídas del Miércoles Santo, con la famosa procesión del barrio sevillano de Triana y la reciente de Barbastro (Huesca), las Tres Caídas en Almanza (León), los nazarenos de Fuentesaúco el Jueves Santo (Zamora)…
El prendimiento, celebrado el Jueves Santo en municipios como Chinchilla (Albacete) o Málaga, el del Cristo de los Gascones en Riaza (Segovia)… También se representan otras escoltas, como la de los mozos del Bendito Cristo el Jueves Santo en Faramontanos de Tábara (Zamora), y los felipecuartos y los romanos que escoltan en Ágreda (Soria) los estandartes de los apóstoles y el sepulcro de Cristo.
La Última Cena, que se representa en el paso más grande de España el Jueves Santo en Alicante.
El descendimiento, como el famoso acto de Salamanca en que se desenclava una figura articulada de Cristo que posteriormente se introduce en el sepulcro. También en Villavicencio de los Caballeros (Valladolid), Almeida de Sayago (Zamora), Bercianos de Aliste (Zamora)…
El lavatorio del Cristo de la Salud de Alaejos el Miércoles Santo (Valladolid).
La sepultura de Cristo, que en Pamplona sale con la Virgen Dolorosa el Viernes Santo.
– Romerías: a pesar de que las procesiones son, indudablemente, los desplazamientos rituales más importantes de los días de Semana Santa, en algunos lugares cobran relevancia las romerías, fundamentalmente al final de este periodo (Domingo de Resurrección y Lunes de Pascua).
– Paisaje sonoro: si bien en cada manifestación de cada pueblo o ciudad hay unos sonidos que la hacen inconfundible, remitiendo a la memoria colectiva, algunos son especialmente identificativos del periodo de Semana Santa:
Las tamboradas, presentes en multitud de localidades el día de Jueves Santo.
Las matracas o carracas, con las que incluso se realiza un concierto en Alija del Infantado (León).
Los incensarios y otros instrumentos como las bocinas, ambos típicos de dos pueblos murcianos (Loja y Totana). Las campanillas y los cornetines incitan, de igual modo, al recogimiento y la penitencia.
La voz humana, el instrumento más recurrente, es utilizada en época pascual sin acompañamiento, “a capella”. A menudo son las mujeres quienes cantan mientras los hombres permanecen en silencio, o es su timbre el que destaca, lo que según los autores remite al protagonismo femenino en las ceremonias funerarias del primer cristianismo.
La música litúrgica se integra plenamente en el oficio, constituyendo una parte fundamental del mismo. Además, estos días también se tocan himnos y marchas militares.
– Rituales profanos: la combinación del poder celeste y terrenal es constante a lo largo de estos días. Son muy populares los momentos en el periodo de Semana Santa en que, reproduciendo el pasaje evangélico de Barrabás, se concede la libertad a un preso (como en Málaga o en Elche). En otros lugares, como en ciertos municipios de la provincia de Zamora, se reproducen otros rituales más relacionados con la naturaleza: se guardaban cruces hechas con ramas de laurel el Domingo de Ramos, se bendecían las tierras con ramitas o las casas y cuadras con hisopos el Sábado Santo. Existían, además, algunas costumbres agrícolas como la de sembrar las primeras patatas y garbanzos la mañana de Jueves Santo para que fueran mejores, o la de realizar los hombres nueve surcos en el campo ayudado con una pareja de animales.
– Juegos y muñecos. En este periodo de recogimiento y penitencia también hay lugar para los juegos tradicionales, como el ondeo habilidoso de banderas o los juegos de apuestas, chapas y caras y cruces similares a los de los soldados romanos que se repartieron los bienes de Cristo. Un juego ritual muy frecuente en España es el del sacrificio del pelele que representa a Judas. La quema o manteo del Judas es tradicional en algunos municipios como Albudeira o Cartagena (Murcia), Peralejos de las Truchas, Sacecorbo, Palazuelos (Guadalajara), Jarandilla de la Vera (Extremadura), Villadiego (Burgos), Madrid, etcétera. En Trespaderne (Burgos) el Judas se quema después del Encuentro.
– Alimentación: la Semana Santa ha configurado también una gastronomía específica de esta época del año, en la que es llamativa la variedad de platos preparados con legumbres, como el potaje de vigilia. También en el Levante español es tradicional el “pa torrat” y numerosos platos hechos con pescado y cefalópodos. La Pascua se celebraba con hornazos rellenos de carnes magras y huevos, que también se fabricaban de chocolate.
En cuanto a la repostería, reservada para Pascua, destacan las torrijas y otras más circunscritas a algunos territorios, como las monas en Cataluña o los pestiños en el centro y sur de la península. Las rosquillas bañadas, llamadas en muchas zonas “Aleluya”, eran un tradicional obsequio de los padrinos a los ahijados.
Finalmente, las sangrías y limonadas a base de vino, azúcar y frutas que tienen su origen en las bebidas que usaban los cofrades, sobre todo los disciplinantes, para reponerse de la sangre vertida».
Las cofradías merecen también su atención y las cataloga, como hemos dicho ya, «no sólo como agentes centrales en las celebraciones, sino también como exponentes de la capacidad de estructuración social y de las diversas formas de sociabilidad»; «como agentes de transmisión de todos los conocimientos y prácticas relacionadas con la Semana Santa» y concluye manifestando su importancia, «cabe destacar que en la actualidad existen aproximadamente tres millones de cofrades, repartidos entre alrededor de 10.000 cofradías por todo el territorio nacional».
Las cofradías son un movimiento asociativo de fieles, que constituye una de las manifestaciones más importantes de la religiosidad popular. En España, ésta no podría entenderse sin las cofradías, dado su número y diversidad[82].
De los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, será en el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos donde se recoge el reconocimiento de la personalidad jurídica civil de las Hermandades y Cofradías, estableciéndose en el artículo I.4.3 el requisito de la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas (RER), regulado mediante Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, para su adquisición.
La inscripción responde al principio de justicia rogada siendo constitutiva (art. 4) y deberán presentarse para su inscripción una serie de documentos como son: decreto de aprobación de los estatutos, ejemplar de los estatutos, testimonio literal del Decreto de Erección, certificado de la autoridad eclesiástica competente con expresión del representante legal (art. 7.1) Toda esta documentación será remitida a la Conferencia Episcopal Española para que la revise y expida certificado de fines religiosos que a su vez se remitirá a la autoridad eclesiástica competente para proceder a la escritura pública ante Notario para la inscripción automática y digital en el RER (art. 7.2), resolviéndose la inscripción en un plazo no superior a 6 meses (art. 11.2).
También es de nuestro interés en el citado acuerdo internacional, el articulado sobre asuntos económicos que habilita a las hermandades y cofradías a gozar y beneficiarse de las exenciones fiscales como asociaciones sin ánimo de lucro de la Iglesia Católica. Todo ello se concreta en un doble régimen tributario y fiscal para las cofradías y hermandades[83].
El anexo concluye con una serie de medidas, la primera es realizar labores de identificación, descripción, investigación, estudio y documentación con criterios científicos. La segunda es incorporar los testimonios disponibles en soportes materiales como garantía de su protección y preservación. La tercera y última medida que propone es velar por el normal desarrollo y la pervivencia de la manifestación cultural, así como tutelar la conservación de sus valores tradicionales y su transmisión a las generaciones futuras.
La Semana Santa es un importante impulsor económico de una gran parte de las ciudades y pueblos de nuestra geografía. El patrimonio cultural actual de las cofradías es ingente, se puede definir como un «conjunto de bienes materiales e inmateriales de interés artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, etnológico o técnico que conservan las cofradías para el desarrollo de sus fines fundacionales»[84]. Es un conjunto heterogéneo, sagrado y en uso, porque la gran cantidad de obras artísticas y artesanales en la que se integran costumbres, ritos o relaciones con el espacio natural tiene una finalidad religiosa de culto a la divinidad en sus diferentes manifestaciones, según reflejan los estatutos de las hermandades y cofradías[85].
Según la memoria del análisis de impacto normativo del Anteproyecto de Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, de 17 de junio de 2014, la protección del patrimonio cultural reporta indudable beneficios para la sociedad. Aunque una gran parte de ellos no resultan económicamente mensurables, resulta evidente que la gestión y explotación de los elementos que integran el patrimonio cultural, generada por su apertura al público, tiene relevancia económica.
Uno de los primeros testimonios de conservación del patrimonio cultural de las cofradías se conocía con el nombre de «el arca del tesoro o arca del mayordomo». Consistía en «la existencia de un arca para la cofradía que solucionaba dos problemas recurrentes para las hermandades ya que por un lado permitía diferenciar el patrimonio de la hermandad del ajuar y tesoro de la parroquia o convento donde estaba erigida y por otro garantizaba la permanencia del patrimonio dentro de la cofradía, lo que se guardaba en el arca era el legado histórico de la hermandad, protegiéndose con dos o más llaves de los posibles excesos en la administración de los bienes de la cofradía»[86].
Su incidencia en las economías locales es una realidad: «los cofrades convergen con la sociedad por la transcendencia social que hermandades y cofradías tienen y que se manifiesta en la muy elevada participación social que generan en la vida diaria de las hermandades y cofradías en los muy diversos actos sociales, benéficos y otros eventos que aglutinan el tejido social local y a las instituciones y entidades municipales»[87].
Según datos ofrecidos por la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga en el año 2016 se generó un impacto económico directo durante la Semana Santa por parte del público anteriormente descrito de 53,1 mill. euros[88], aclaramos que en la Diócesis de Málaga había, en 2016, un total de 307 hermandades y cofradías, cuyas sedes canónicas radican en los 103 municipios de la provincia agregándose también la Ciudad Autónoma de Melilla. Pero en el último año estudiado, 2023, en base a todos los datos se estima que el impacto económico durante la Semana Santa asciende a 253,7 mill. euros, que en términos de variación interanual acumulada supone hablar de un crecimiento del 372,2 % respecto al último estudio de 2018[89]. Así también ocurre en capitales como Granada[90] o Sevilla[91] y autonomías como Castilla-La Mancha[92] y Castilla y León[93].
Cuenta Satélite de la Cultura en España (CSCE) dice que: «el fomento del conocimiento y preservación de las manifestaciones inmateriales de la cultura contribuirá a incrementar los elementos que integran el patrimonio cultural, lo que previsiblemente tendrá un efecto multiplicador sobre las cifras asociadas a la gestión y explotación del patrimonio cultural»[94].
El turismo generado en torno al patrimonio inmaterial, si éste es planteado a través de instrumentos eficaces de planeamiento que garanticen el respeto y la sostenibilidad de los bienes que lo integran, será no solo un incentivo del sector turístico cultural sino a la par garante de la salvaguarda ejercida en torno a esta tipología patrimonial por las Administraciones públicas y realizada por las comunidades portadoras[95].
El Boletín Oficial del Estado publicó el 11 de abril de 2017 tres reales decreto ley por los que se declaraba a la Semana Santa, el Carnaval y la Trashumancia como Manifestaciones Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial, al ser considerados fenómenos plurales que configuran la identidad de España[96]. Es la primera declaración que se aprueba en aplicación de la Ley de Patrimonio Inmaterial, consecuencia directa del Plan Cultura 2020, donde se incluye el «impulsar a la declaración de distintas manifestaciones culturales como patrimonio cultural inmaterial»[97].
La Semana Santa es una manifestación de religiosidad popular extendida por todo el territorio nacional en la que las prácticas rituales de antaño y las expresiones artísticas y estéticas se unen al espíritu festivo y consumista del que resulta un espacio y un tiempo singular[98] y característico portadores de un fuerte valor identitario. Es el resumen de lo que el real decreto argumenta para declarar así a la Semana Santa.
El carácter patrimonial inmaterial de las procesiones es indudable. Según el artículo 2 del Convenio de la UNESCO, entran de lleno en el objeto de regulación de la misma, al establecer que «tendrán la consideración de bienes del patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural», que incorporan tradición y expresión oral, artes del espectáculo, gastronomía, usos relacionados con el espacio público, formas de socialización, y sobre todo, el elemento sonoro: desde las saetas, bandas de música, civiles y militares[99].
Así, «la Semana Santa permite ilustrar un concepto integral de patrimonio cultural que engloba manifestaciones materiales e inmateriales relacionadas entre sí: bienes muebles (tallas, enseres…), inmuebles y paisajes culturales que sirven de contexto y cobran nuevos sentidos (plazas, calles, tabernas, templos, puentes, montes, ríos, vegas…) y un conjunto de actividades, procesos, saberes, técnicas y conocimientos transmitidos de generación en generación, que producen un sentimiento de identidad y continuidad a gran parte de los andaluces de todas las clases sociales, creyentes y no creyentes»[100]. Su protección pretende «articular los proyectos necesarios para que queden documentadas, así como aquellas acciones relativas a la transmisión, difusión, valorización, etc., que permitan si el colectivo de portadores así lo considera, su perpetuación»[101].
¿Por qué la Semana Santa española no está incluida en la lista representativa de la UNESCO?
El día 16 de marzo de 2015 el Grupo Parlamentario Popular presentó una moción en el Senado para debatir en el pleno de la Cámara su apoyo y defensa de la candidatura de la Semana Santa en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad previa aprobación del Consejo de Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo del patrimonio mundial inmaterial[102]. Se argumenta dicha petición en que dicha festividad nacional reúne todos los requisitos que la UNESCO establece para entrar a formar parte de este inventario mundial. Es así, dice «porque es una de las practicas más relevantes de este patrimonio vivo de todos los españoles…las procesiones de hermandades y cofradías que salpican nuestra geografía desde Andalucía, pasando por Castilla y León, Murcia o la Comunidad Valenciana, más allá de su vertiente de fe y fervor cristiano, de su arraigo histórico, aúnan toda una exhibición de riqueza musical y artística que le han dado un valor reconocido internacionalmente a este evento».
El 24 de marzo de 2015 se presentó una propuesta de modificación a la anterior moción, la presentada por el Partido Popular, firmada por los portavoces de los partidos en el Senado: el propio Partido Popular, el Partido Socialista, el grupo catalán de CIU, el grupo Entesa de Catalunya, el grupo Vasco en el Senado y el grupo Mixto. En ella se modifican algunos términos de la anterior moción pero uniéndose a su interés, se insta al Gobierno para que apoye y defienda en las instancias internacionales oportunas, la inscripción de la candidatura de la cultura de la Semana Santa en la lista representativa de la UNESCO. El día 25 de marzo de 2015 se presentó al Pleno la moción, siendo aprobada la propuesta de modificación y publicada en el Boletín Oficial del Senado el día 27 de marzo de 2015[103]. Dicho expediente se encuentra aún sin finalizar cuando otras Semanas Santas como la de Mendrisio en Suiza o Popayán en Colombia tienen inscrita su Semana Santa en dicha lista de la UNESCO[104].
Como ejemplo de la catalogación como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad recogemos la Decisión del Comité Intergubernamental: 17.COM 7.B.13 del año 2022 reunida en Rabat que declaró así a la Semana Santa de Guatemala que, a la luz de la información contenida en el expediente, la candidatura cumple los criterios para su inscripción en esa lista representativa de la humanidad. Los criterios fundamentales para ello son las mismas que se requirieron en España unida a un conjunto explícito de medidas de salvaguardia, constando además de eso con que el «el expediente proporcionaba información sobre cómo la inscripción mejoraría la visibilidad y el conocimiento del patrimonio cultural inmaterial en general. A nivel local, la inscripción fortalecerá el diálogo social entre las comunidades de los 22 departamentos de Guatemala, aumentando la conciencia sobre la transmisión de la cultura y la necesidad de salvaguardar su patrimonio vivo. A nivel nacional, aumenta la importancia y la conexión entre la diversidad cultural del país y el patrimonio cultural inmaterial como promotor de la creatividad humana. A nivel internacional agrega valor a la diversidad de elementos relacionados con la celebración de la Semana Santa en otros países. El elemento está incluido en el Inventario Nacional y Descriptivo del Patrimonio Cultural Inmaterial, el cual es actualizado cada dos años por la Dirección Técnica de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura y Deportes. El expediente explica que el inventario del elemento está en constante desarrollo»[105]. Ciertamente son elementos que se cumplen en la declaración española de su Semana Santa y únicamente este «felicita al Estado parte por producir un vídeo de buena calidad que proporciona una presentación visual detallada de las prácticas culturales asociadas con el elemento», claramente es una decisión política o de conveniencia de la Organización internacional.
La finalidad o utilidad del decreto se puede resumir en el Plan Nacional de Salvaguarda del PCI[106], en cuyo ámbito de actuación se encuentran las creencias, rituales festivos y otras prácticas ceremoniales y que pretende identificar que los riesgos de su continuidad o sus formas de transformación acaben mediatizadas precisamente por los grandes públicos que las reclaman y que las valoran.
Ese plan tiene como objetivo implementar medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas las acciones de identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización. Es necesaria una política cultural protectora[107] y así la primera tarea es delimitar cuál es el objeto de protección, es decir, identificar las dimensiones culturales dotadas de valor y de interés para la sociedad y discernir sobre su peligro de desaparición o su continuidad para descubrir su potenciales riesgos, su fuerza continuadora, su integridad secular, la protección de sus objetos materiales más relevantes y si fuera preciso deberían articularse una serie de ayudas o subvenciones de todo tipo para evitar el riesgo de desaparición o al menos de vulneración parcial de la Semana Santa.
La dificultad esencial es la salvaguarda de los elementos de los bienes inmateriales solo a través de medidas administrativas como determina la ley: la investigación, el archivo o la documentación que son más bien herramientas para proteger los bienes materiales (catalogación y medidas museísticas), por lo que en la misma índole de la protección está la propia debilidad. Existen riesgos ciertos en su supervivencia, si las políticas culturales de protección y salvaguarda no llegan a buen fin en la Semana Santa, (por ejemplo: la fosilización o paralización de manifestaciones inmateriales motivadas por agentes externos o por políticas desmotivadoras o ideologías contrarias, y también podrían incluirse acciones inadecuadas de publicidad o difusión) que modificaran algunos aspectos de su naturaleza o en menoscabo de su religiosidad o identidad religiosa. Así, Travasos Hernández dice refiriéndose a Europa, pero que podemos aplicarlas al caso, que «no se puede obviar el sentimiento religioso que durante siglos impregnaría toda su geografía y que, más allá de confrontaciones políticas o teológicas, definiría –y en cierta medida uniría– la vida cotidiana y la cultura de la masa popular en la que se insertarían nuestros ancestros, padres del actual continente»[108].
Es por lo tanto un patrimonio vivo, «un patrimonio que no se limita a recoger vestigios del pasado, sino que se ocupa de los valores presentes, vivos y dinámicos» y «si la declaración y protección se realiza sin considerar aspectos clave, como la voluntad de mantenimiento del bien por parte de la comunidad portadora o el estado de los elementos materiales asociados, tanto muebles como inmuebles (espacios, lugares, itinerarios, etc.), no constituirá su acta de defunción, pero será simplemente «papel mojado», sin ningún tipo de utilidad ni eficacia práctica»[109]. Además se pretende «participar de manera activa en las estrategias estatales frente al reto demográfico y al Desarrollo Rural Sostenible en el marco de la Agenda 2030, tanto en el establecimiento de criterios, como en la propuesta y ejecución de planes de salvaguarda para contribuir a la permanencia de la población en los núcleos rurales»[110].
Esta sentencia valora la participación y presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en actos religiosos. Un subinspector del Cuerpo Nacional de Policía solicitó la dispensa de tomar parte en un acto religioso: una procesión de Semana Santa junto a la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús el Rico de Málaga a la que tradicionalmente se acompañaba porque el Cuerpo Nacional de Policía fue nombrado hermano mayor de dicha Hermandad y todos los años una unidad de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana participa en esa procesión.
El fallo otorga parcialmente el amparo solicitado por el policía nacional y, en consecuencia, reconoce el derecho del recurrente a la libertad religiosa (art. 16.1 CE) y por lo tanto a no participar en dicho acto. Es así, porque la orden recibida por sus superiores de participar en ese acto acompañando de gala la imagen «no es un servicio policial ordinario que tenga por objeto cuidar de la seguridad del desfile procesional; servicio que, por otra parte, no se presta con estas características a otras hermandades. Se trata, más bien, de un servicio especial cuyo principal finalidad no es garantizar el orden público, sino contribuir a realzar la solemnidad de un acto religioso de la confesión católica, como es la procesión de la hermandad tantas veces citada». Nos hallamos ante un supuesto similar al que resolvió la STC 177/1996, de 11 de noviembre (FJ 9). También en el litigio que nos ocupa el recurrente pretendía hacer valer la vertiente negativa de la libertad religiosa frente a lo que consideraba un acto ilegítimo de intromisión en su esfera íntima de creencias, y por el que un poder público, incumpliendo el mandato constitucional de no confesionalidad del Estado (art. 16.3 CE), le habría obligado a participar en un acto, que estimaba de culto, en contra de su voluntad y convicciones personales.
No entra a decidir sobre el hecho de que el Cuerpo Nacional de Policía tenga la condición de hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús El Rico de Málaga. Pero asume lo dictado en una sentencia anterior que señala: «En efecto, el artículo 16.3 C.E. no impide a las Fuerzas Armadas la celebración de festividades religiosas o la participación en ceremonias de esa naturaleza. Pero el derecho de libertad religiosa, en su vertiente negativa, garantiza la libertad de cada persona para decidir en conciencia si desea o no tomar parte en actos de esa naturaleza». La dimensión externa de la libertad religiosa se traduce, además, «en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso»[112] tales como las que se relacionan en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de Libertad Religiosa (LOLR), relativas, entre otros particulares, a los actos de culto, enseñanza religiosa, reunión o manifestación pública con fines religiosos, y asociación para el desarrollo comunitario de este tipo de actividades.
Existe un voto particular concurrente que formula el magistrado don Roberto García-Calvo respecto de esta Sentencia en el que uniéndose al fallo de la Sala indica que se hubiera debido analizar, como presupuesto o prius lógico, la cuestión de si la condición de Hermano de esta cofradía que ostenta el Cuerpo Nacional de Policía es respetuosa con el derecho a la libertad religiosa, ex artículo 16.3 CE, como hemos argumentado ya más arriba. El responde que «el artículo 16.3 CE no impide a los poderes públicos la celebración de festividades religiosas o la participación en ceremonias de esa naturaleza por razones de representacional institucional, sin perjuicio de que, vinculados por el mandato de neutralidad en esta materia del artículo 16.3 CE, y respetuosos a su vez del derecho de libertad religiosa de los ciudadanos, deben garantizar siempre y en todo caso el principio de voluntariedad en la asistencia, en tanto que expresión legítima de este derecho».
Así quedó determinado hace tiempo, por ejemplo, en el ATC 551/1985, de 24 de julio, que consideró que la libertad religiosa no quedaba afectada, en aquel caso, con motivo de los actos previstos para celebrar la festividad de la Policía Municipal de la ciudad de Ceuta, en la medida en que sus miembros pudiesen acomodar su conducta a las propias convicciones religiosas y no se les obligase a acudir a la celebración del oficio religioso y procesión; y posteriormente, en la STC 177/1996, de 11 de noviembre (FJ 10) se reiteró que el artículo 16 CE no impide a las Fuerzas Armadas la celebración de festividades religiosas o, más propiamente dicho, la participación en ceremonias de esa naturaleza, siempre que se garantice la libertad de cada miembro para decidir en conciencia si desea o no tomar parte en actos de esa naturaleza.
También la sentencia del Tribunal Constitucional 34/2011, de 28 de marzo, entendía que el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla tenga por patrona a la Santísima Virgen María, en el misterio de su Concepción Inmaculada no afecta a la neutralidad religiosa que a los poderes públicos impone el artículo 16.3 CE, «pues fácilmente se comprende que cuando una tradición religiosa se encuentra integrada en el conjunto del tejido social de un determinado colectivo, no cabe sostener que a través de ella los poderes públicos pretendan transmitir un respaldo o adherencia a postulados religiosos; concluyéndose así que, en el presente caso, el patronazgo de la Santísima Virgen en la advocación o misterio de su Concepción Inmaculada, tradición secular del Colegio de Abogados de Sevilla, no menoscaba su aconfesionalidad».
Desestimación del recurso de apelación interpuesto en la Audiencia Provincial de Málaga[114] contra la sentencia de 10 de noviembre de 2020 del Juzgado de lo Penal n.º 10 de Málaga que condenaba a una mujer (aunque absuelta del delito de provocación a la discriminación, al odio y la violencia del que venía siendo acusada), la única identificada por su participación, por una ofensa a los sentimientos religiosos de una confesión religiosa del artículo 525.1 que formula la trascendencia jurídico penal de la actuación ofensiva llevada a cabo de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, sea pública y eficaz para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, mediante escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias e igualmente vincula a que sea pública.
El hecho es causado por una procesión laica realizada en el 2013, en el Día Internacional de la Mujer y por tanto no coincidente con la Semana Santa, y por ellos denominada como «Gran Procesión del Santo Chumino Rebelde» y cuya hermandad es denominada también por sus participantes como «Hermandad del Coño Insumiso», «que se antoja una imitación de un paso de Semana Santa cuya imagen es una vagina de grandes dimensiones ataviada con un pañuelo grande o manto, con flores en la base, desfilando por algunas de las calles más céntricas de la capital malagueña, exhibiéndose ante infinidad de personas, llegando incluso a detenerse ante la Catedral y el Palacio Episcopal, portando el «paso» en todo momento la acusada quien en compañía de los otros participantes emitía proclamas como: «vamos a quemar, vamos a quemar la Conferencia Episcopal», «viva el santo chumino» o «ni en el nombre del Padre, ni del hijo, sino en el de nuestro santísimo coño» y la condenada leyó, además, una parodia del Credo y de la oración del Ave María católicos».
La Audiencia expresa que las confesiones religiosas inscritas tienen garantizada la libertad religiosa y de culto por la Constitución (art. 16.1) tienen la protección ante ofensas inferidas por el delito tipificado que contemplamos y aunque la libertad de expresión también está contemplada en la Constitución (art. 20.1) hay que ponderar si el ejercicio del derecho a la libertad de expresión usada (que tiene sus límites a su ejercicio por la necesidad de respetar los demás derechos que la propia Constitución reconoce en su título I, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el número 2 de su art. 10) es considerada como escarnio de los sentimientos religiosos, o lo que es lo mismo derivadas de hechos objetivados susceptibles de integrar el delito sancionado en el artículo 525-1 del Código Penal. Es decir si el derecho a expresarse libremente perseguía el ejercicio legítimo de un derecho o en cumplimiento de un deber de interés público y colectivo de crítica o si solo perseguían el referido interés público y colectivo de la crítica, sino que encerraban la intención o propósito del agente de vilipendiar o escarnecer los sentimientos religiosos, por no guardar relación o ser innecesarios para la información o crítica que se pretende ejercitar, pues la libertad de expresión no puede en modo alguno considerarse ilimitada en su esencia y menos en su ejercicio.
La cuestión a determinar era si Victoria en el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de expresión, públicamente y con el propósito de ofender los sentimientos religiosos de los cristianos integrantes de la Iglesia Católica, ha llevado a cabo acciones y proferido expresiones susceptibles de ser tenidas como escarnio de sus creencias, o bien, si en su caso la actuación por su parte llevada a cabo en el ejercicio de dicho derecho debe operar como causa excluyente de la antijuricidad, por estimarse que el mismo radicaba en el interés público y colectivo de la crítica, en relación con hechos de trascendencia o de interés general que entendía debían ser conocidos y valorados por los ciudadanos.
La sentencia termina diciendo que «aunque la condenada ha negado haber actuado guiada con la finalidad de ofender sentimientos religiosos de los cristianos integrantes de la Iglesia Católica haciendo público escarnio de sus creencias, y reconociendo haber llevado a cabo su actuación en defensa del feminismo y con una intención crítica de lo proyectado por el Gobierno respecto de la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, nada indica obrara estrictamente motivada y guiada por un interés público y colectivo de la crítica, en relación con hechos de trascendencia o de interés general que estimaba debían ser conocidos y valorados por los ciudadanos, pues la referencia a partes del cuerpo y efectos placenteros de algunas de ellas, ni la versión ridiculizada de las oraciones del Credo y el Ave María, ni la referencia a la quema de la Conferencia Episcopal tachada de machista y patriarcal, cabe entender persiguieran el interés aludido, ni tuvieran directa relación con la defensa del aborto y el feminismo referidos en algunos momentos de la marcha, cuestiones estas cuya regulación a efectos jurídicos compete al Estado y no a la Iglesia Católica u otras confesiones religiosas, sin perjuicio ello de la opinión favorable o no a las mismas que puedan tener cada individuo, la Iglesia Católica u otras confesiones religiosas y su normativa propia, ni los referidos en la marcha como foro de la familia, los provida, la derechona, la conservaduría, las fuerzas vivas del poder y sus grupos afines, de ahí que no consten objetivados hechos en que sustentar la prevalencia del derecho a la libertad de expresión».
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