En el presente escrito tiene se acomete un análisis de los procesos de protección y de restauración o reconstrucción del patrimonio cultural y religioso afectado con ocasión de los conflictos armados. Se trata de una cuestión problemática, por cuanto la propia definición de este tipo de patrimonio ya lo es, puesto que se encuentran presentes intereses diversos y de carácter subjetivo, estrechamente vinculados a la noción que de sí misma tiene una colectividad de sujetos, proyectada sobre dichos bienes, lo que les atribuye su especial carácter simbólico. A ello ha de sumarse el incompleto y aún reciente desarrollo normativo y jurisprudencial, en el ámbito del DI, que ha carecido de parámetros estables que permitiesen que la teórica importancia conferida a estos conjuntos de bienes tenga una proyección sobre su cuidado y protección.
La definición de conceptos pasa siempre y necesariamente por la determinación del sujeto que define. En esta operación también se está definiendo a sí mismo, en un plano colectivo en este caso, bajo las etiquetas de la cultura (y sus productos).
«La palabra patrimonio significa lo que se recibe de los padres y que por lo tanto es de uno por derecho propio sin que ello sea discutible. En un sentido más amplio que el particular o familiar, puede referirse a una nación e involucra no sólo los bienes materiales sino también los espirituales e inmateriales que le son propios y que, en conjunto, tipifica, diferencia e individualiza a un grupo humano»[1].
El término y concepto de patrimonio, del latín patrimonium, esto es, lo que se recibe del padre, se halla tradicionalmente ligado al de bien, al mundo de lo material. Por ello inicialmente se puede ya distinguir entre el bien mueble y el inmueble, definidos por oposición entre sí en cuanto a la fijeza o movilidad, respecto de su vínculo con la tierra. A su vez, como se indica en la anterior cita, el bien puede considerarse también material o inmaterial, más estrechamente vinculado con las nociones modernas del patrimonio, puesto que éste se define como un conjunto de bienes (y derechos y obligaciones) unidos, bien por la persona de su titular, bien por compartir un mismo destino.
Dando un paso más, encontramos el patrimonio particular o privado, así como el público[2]. También en esta disyunción pueden ofrecerse numerosas definiciones, partiendo de conceptualizaciones economicistas o excluyentes, o, como nos ha interesado para el presente escrito, atender a la función que un bien cumple, por hallarse intrínsecamente ligado al valor que un colectivo otorga al mismo (qué permite definirlo como cultural y de un modo más restringido, como religioso). Esto es, la calificación, en el presente caso, se hará en función al destino de los bienes y no tanto en cuanto a su titularidad.
Massimo Severo Giannini distinguiría intereses patrimoniales en todo bien cultural, por vincularse a un sujeto al que se atribuyen las facultades de disposición y disfrute inherentes al dominio (se trate ya de un individuo, un grupo o un conjunto potencialmente abierto si es público). Según el autor, existen intereses de naturaleza inmaterial y pública sobre dichos bienes que modificarán el régimen habitual de la propiedad por estar encaminados a la conservación y la exhibición o el conocimiento, esto es, a unos usos determinados que pretenden perpetuarse[3].
En el caso del lugar de culto, entendido como inmueble, y tal y como señala José María Martí:
«En el común de los casos van de la mano el valor cultural y la funcionalidad o significación religiosa del bien. Ambos sufren cuando se expone el patrimonio religioso a la incuria –se aparta de su uso habitual o de quienes le dan su funcionalidad– o se destruye. El desprecio religioso, con frecuencia reflejado en el afán iconoclasta, es una constante en la historia que se agrava en momentos convulsos en lo social y político. La impregnación religiosa del bien es tan consustancial al mismo que «en muchas ocasiones perdería incluso esa cualificación histórica o cultural si lo desprendemos de su sentido religioso»[4].
No puede obviarse que por múltiples razones resulta compleja la definición del patrimonio cultural. De un lado, el patrimonio es un término eminentemente jurídico, mientras la cultura ha de entenderse «en un sentido fluctuante entre la sociología, la antropología o la etnología»[5]. En consecuencia, los textos internacionales actuales, como se ha indicado en el epígrafe tercero, utilizan categorías de clasificación que permiten elaborar catálogos de bienes que, en cualquier caso, remiten a un vínculo con una comunidad, vínculo que expresa (o se considera que manifiesta) una determinada identidad que ha de ser preservada por todos, aunque no pertenezcan a dicho colectivo. Lleva aparejada la posibilidad de transmisión de conocimientos entre sucesivas generaciones[6], erigiéndose como símbolo de la historia de un pueblo y, por tanto, es crucial «la relación entre los objetos y una serie de valores éticos, morales, religiosos o comunitarios»[7]. Dicha relación se puede poner en peligro cuando los bienes se deterioran, a través de cinco fuentes (negligencia, turismo, contaminación, conflictos armados, carencia de recursos económicos), como indica Pablo Avilés Flores[8].
Esto es, aparece un vínculo entre el patrimonio y su/s titular/es, pero también respecto de aquellos que no lo son, a través de la típica obligación de no perturbar o no menoscabar el uso y disfrute al que tienen derecho los primeros, si bien, en este caso estos derechos pueden sobrepasar esa relación y constituir un valor para todos, para un conjunto abierto.
Precisamente por las potenciales ramificaciones del patrimonio:
«No puede ser definido de un modo unívoco y estable. Sólo se puede indicar la dirección en la cual puede ser identificado. La pluralidad social implica una gran diversidad en los conceptos de patrimonio concebidos por la comunidad entera; al mismo tiempo los instrumentos y métodos desarrollados para la preservación correcta deben ser adecuados a la situación cambiante actual, que es sujeto de un proceso de evolución continua»[9].
Visto lo anterior, nos preguntaríamos qué puede coadyuvar a, o permitir, potencialmente, que un bien se cualifique y pase a ser considerado como cultural, puesto que las legislaciones estatales se han inclinado en este ámbito por configurar un régimen jurídico diferenciado para los bienes que integran el patrimonio cultural (o histórico, o histórico-artístico, según el texto), con la intención última de conservarlos[10]. Existe un deber que se asume también con el pasado u origen del bien.
Se puede afirmar así que el patrimonio cultural adquiere este carácter distinguido respecto a otros conjuntos de bienes a través del indisociable vínculo que mantiene con determinadas nociones éticas y/o estéticas y que, pese a su aparente o inicial ambigüedad, nos permiten considerar a este como expresión de determinados bienes jurídicos protegidos (valores). La dificultad se planteará a la hora de precisar cuáles sean estos valores superiores[11] y, en su caso, establecer una jerarquía entre ellos.
En cuanto a la primera cuestión, algunos autores prefieren distinguir (y yuxtaponer) valores metafísicos, socioeconómicos y puramente culturales[12]. Los primeros, en su dimensión grupal, permiten reconocer la identidad de un colectivo, sea en su dimensión política o religiosa. Los segundos inciden en el carácter práctico o de aprovechamiento que un determinado bien puede tener para la comunidad. Los últimos, por su parte, atribuyen al bien una calidad directamente relacionada con su capacidad de simbolizar diversos valores y fomentan o materializan una determinada relación con el pasado (por los materiales, su vínculo con acontecimientos anteriores, sus peculiaridades estéticas, características tecnológicas, etc., esto es, su valor artístico)[13].
Cuando tomamos como relevante el elemento religioso, que no excluye los demás, se superponen diversos bienes intelectuales protegidos por nuestro ordenamiento, algunos de ellos de carácter individual. En otras palabras (y en el ámbito europeo), según José María Martí:
«La jurisprudencia de Estrasburgo ilustra el valor religioso y patrimonial de estos bienes y en qué forma su disponibilidad afecta a derechos fundamentales como la libertad religiosa (art. 9 del Convenio Europeo) y el derecho de propiedad […] sin olvidar cómo el patrimonio inmobiliario es cauce para ejercer el derecho de reunión o de expresión, con fines religiosos. La libertad religiosa se vehiculiza a través de estas actividades y manifestaciones»[14].
Como ya habíamos indicado en el punto anterior, aunque prescindamos del elemento de la titularidad (en sentido estricto, al menos para la definición) nos quedan, de un lado, la libertad religiosa (que en nuestro ordenamiento es un derecho fundamental recogido en el art. 16 de la Constitución), vinculada a otras también fundamentales (señaladas en la cita previa y consagradas en los arts. 20 y 21 de la misma). De otro lado, estos derechos se ejercerán en un espacio acotado y determinado, que puede tener valor artístico en el sentido antes indicado, o adquirir esa estima colectiva con el tiempo. Así, el lugar de culto es en todo caso un inmueble que se cualifica por ser referencia del viraje de lo colectivo a lo individual y a través del tiempo. Es el testigo de una identidad espiritual, religiosa.
Se configuran situaciones de lo más variopintas en las que estos valores pueden lesionarse con las acciones u omisiones que afectan directamente al bien físico. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de la AG de la ONU, en su período de sesiones de febrero a marzo de 2018:
«Expresa profunda preocupación por los nuevos obstáculos al goce del derecho a la libertad de religión o de creencias, así como por los casos de intolerancia, discriminación y violencia por motivos religiosos, entre otros:
f) Los atentados contra lugares de culto, lugares sagrados y santuarios y los actos de vandalismo en cementerios, contrarios al Derecho Internacional y en particular al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario»[15].
Sea cual fuere el esquema que uno escoja, en la práctica se van a encontrar siempre diversos valores combinados. Asimismo, el establecimiento de una jerarquía entre los mismos puede provocar más caos que orden, por supeditarse la conservación de un bien a determinados usos que pudiera dejar de cumplir, al desaparecer el colectivo que se los daba. Encontramos por ello una aparente tensión entre la forma y la función, pudiendo ceder la segunda respecto de la experiencia estética, o la primera respecto de la utilidad y la solidez del inmueble[16].
Los imprecisos contornos de la tensión referida se agravan al no existir una definición unitaria de estos bienes en los ordenamientos nacionales, que suelen acudir a los criterios valorativos antes señalados, combinados con otros de carácter temporal, como su vínculo con una etapa de la Historia o el Arte, o que posean una antigüedad determinada[17]. En este último caso el objeto puede haber perdido el valor de uso religioso frente al estético.
Por su parte, en el plano internacional (y para una concepción mucho más restrictiva), el Comité de Patrimonio Mundial señala dos valores que deben confluir siempre en los bienes que se incluyan en la lista del Patrimonio Mundial: la autenticidad y la originalidad[18].
Cabe concluir, tentativa y provisionalmente, que es al fin y al cabo el significado que se atribuye a un bien aquél que permite definirlo como patrimonio cultural y/o religioso, sea el criterio determinante su originalidad, su belleza, su función social, pero también si ha de tener 100 o 200 años, o si pertenece a éste o aquel período ¿Cuál es entonces el factor diferenciador respecto a todo aquello que no es cultural? ¿Será el componente subjetivo?
Es, en gran parte, ese «nosotros» o «ellos» lo que dictamina qué ha de preservarse (o, en su caso, destruirse), por representar todo aquello que consideramos nuestra esencia (o la de otros que no deberían ser o ser-así). No obstante, hay además un contexto que a su vez es alimentado por ese sujeto colectivo que construye[19].
Esta carga simbólica es la que provocará que, en caso de conflicto entre dos o más grupos, la aniquilación del enemigo se materialice en la destrucción de sus bienes muebles o inmuebles, por quebrar su relación con el pasado (con su memoria y creencias, más cierto en conflictos de tipo interétnico o identitario, los cuales suelen tener un fuerte componente religioso)[20].
«[Los relatos] son una realización de la otredad en dos sentidos: desde el que relata, quien no ha materializado al receptor de su testimonio al momento de elaborarlo, como desde el que lo lee o escucha quien, a su vez, materializa al que relata al mismo tiempo que aprehende el testimonio. La otredad se hace efectiva en el momento en que esta dialéctica tiene lugar y no antes y por ello el acceso a estos testimonios, así como su conservación, es fundamental para hacer cumplir su función»[21].
«El patrimonio religioso de valor cultural ejerce, junto a su efecto retrospectivo, otro de proyección hacia el futuro: «por una parte, es testimonio del pasado de nuestros pueblos, y por otra, una crítica de la sociedad moderna». En cuanto que raíz del pasado, este legado histórico-artístico se integra en nuestro ser, determinando el carácter y los principios rectores de un pueblo»[22].
La mayor parte de los dilemas que surgen en relación con la consideración de un bien como patrimonio cultural brotan, como se ha indicado en el punto anterior y en la práctica, de la misma identidad del grupo. El conjunto de elementos que permiten al colectivo definirse como una nación varía de un periodo a otro, así la identidad colectiva se conforma a partir de marcadores étnicos o religiosos, por ejemplo[23]. El hecho de atribuir ese elemento diferenciador a un rasgo permite reconocerse y reconocer también a otro u otros grupos, cuestión que no es problemática en sí misma, sino cuando, por diversos motivos, se le une un carácter existencial a la diferencia percibida. En estos casos, se crean dinámicas de segregación en el seno de una sociedad, si esta fuera percibida como heterogénea, o bien se incrementarán las tensiones con la sociedad vecina.
En el primer caso las relaciones entre las minorías y las mayorías pueden definirse como «un conflicto en torno a la unificación u homogeneización del pensamiento»[24], que potencialmente incluye los símbolos de la alteridad, ya que «la negación de la experiencia de reconocimiento del Otro –la destrucción de relatos, de memoria histórica, pero sobre todo, de una construcción social y cultural basada en la otredad– como diálogo, identifica al Otro como objeto –figuras, sujetos sin rostro– que debe ser eliminado»[25], pero no solamente a él. Se incluyen sus representaciones materiales y la posibilidad de mantener sus usos y costumbres, de ahí que se confiera «a los ataques contra el patrimonio religioso de interés cultural también el carácter de atentados a libertad religiosa»[26], derecho este último que ha de tener un titular.
Con todo, son los sujetos quienes interpretan el sentido y significado de un bien determinado. Surge así una interpretación mayoritaria o hegemónica que, aunque teórica, busca determinadas finalidades, tiene consecuencias prácticas (se encamina a la conservación, al cambio o a la destrucción).
Yujie Zhu sintetiza en una escala los cinco enfoques principales en la interpretación del patrimonio, en cuanto a las finalidades perseguidas, siguiendo el siguiente orden: consumo y entretenimiento, conocimiento, aprendizaje y comprensión, imaginación e inmersión, reparación y reconciliación, de modo que aparece vinculado en cada enfoque el significado atribuido con el fin perseguido[27]. Sería preciso que distintos actores participaran en este proceso interpretativo, y más deseable cuanto más controvertido sea el lugar (por vincularse a conflictos no resueltos o a comunidades tradicionalmente marginadas, entre otros) y así hacer frente a su inevitable politización e instrumentalización interesada. Según el autor:
«Centrándose en las preguntas de qué, quién, cómo, cuándo y dónde, la verdad se presenta como factual, desprovista de emociones y objetiva, y con frecuencia se convierte en parte del discurso oficial que influye en la comprensión de la historia social por parte de las personas»[28].
Queda con lo anterior introducido el factor tiempo, que ha de desdoblarse a su vez en dos sentidos que ya hemos mencionado. Pero se han de problematizar. Primero, en la relación de una sociedad con su pasado. Segundo, en su relación con aquellos que vendrán en el futuro.
Para la mirada hacia el pasado serán especialmente relevantes la reparación y la reconciliación, ya sea en su dimensión individual[29] o social. Nos interesa la segunda dimensión porque permite abrir un diálogo sobre los lugares vinculados a eventos oscuros (guerra o genocidio, pero en su caso también algún desastre natural) y reducir las divisiones.
Instantáneamente se plantea el segundo sentido. Puede parecer irónico que la necesidad de preservar el patrimonio para el futuro se dé por sentada, teniendo en cuenta que pensamos y actuamos de un modo indisolublemente unido a nuestro tiempo, puesto que no se considera que desconocemos cuáles serán las necesidades de las generaciones futuras[30]. De esta forma, la mirada hacia el futuro se construye a partir de la mirada hacia el pasado: surge de la conclusión sobre qué nos habría gustado saber para evitar lo que ha sucedido, o a la inversa, qué no queremos que otros sepan sobre lo acontecido (y en ambos sentidos el futuro se puede considerar un rechazo del pasado)[31]. Pero sigue anclado en la visión presente y, por tanto, del sujeto que considera[32].
Quienes nos antecedieron también imaginaron un futuro que con poca probabilidad se asemeja al presente que heredamos, y negar nuestra influencia sobre el futuro conduciría a pensar que nuestras huellas –o su ausencia– son irrelevantes[33]. Por esto es precisa cierta idea sobre el futuro a la hora de concebir y tratar el patrimonio. Reiteramos que se trata de un conjunto de prácticas anticipatorias, porque a través de ellas nos dotamos de los recursos que nos permiten seleccionar o descartar un elemento, así como de la capacidad de aceptar el cambio o la pérdida, proyectándose sobre los riesgos del futuro[34].
Parece crucial (aunque indubitadamente costoso), establecer ese diálogo entre la identidad, el tiempo y el objeto (con los cambios que potencial y seguramente se producirán).
Si bien nuestros herederos no están aún presentes para hacerse cargo de los muy variados deberes que establecemos para ellos (relacionados con el cuidado, la responsabilidad o la protección de los bienes)[35], tratar esta relación como no problemática supone asumir que aquellos que vendrán estarán agradecidos por lo que hemos hecho, aunque no sean capaces de comprender el sentido de nuestras decisiones (y que, en consecuencia, seguirán el camino que trazamos para ellos) [36].
Las normas y otros textos producidos por organizaciones internacionales, o bajo sus auspicios, son la mayor prueba de las intenciones de los Estados ante una determinada realidad.
Tras la II Guerra Mundial, los Estados fundadores de las Naciones Unidas se comprometieron, a través del tratado que le dio vida (la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945):
«A preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles,
a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,
a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional,
a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad»[37].
Poco tiempo después, el 16 de noviembre de 1945, nace la UNESCO, «organismo dedicado a conseguir el establecimiento de la paz mediante la cooperación internacional en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación e información»[38], fomentando acuerdos en esta materia entre los Estados para establecer una paz duradera, al «fortalecer la solidaridad intelectual y moral de la humanidad mediante la mutua comprensión y el diálogo entre las distintas culturas»[39]. Es bajo este paraguas donde ha proliferado la mayor parte de la normativa relativa a la protección y cuidado del patrimonio cultural (y religioso)[40].
Debe distinguirse, de un lado, la normativa de Derecho Internacional Humanitario, así la Convención de La Haya para la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado[41] del 14 de mayo de 1954 (y los instrumentos que la complementan y desarrollan), y de otro, los instrumentos que desarrollan esta protección en tiempos de paz o normalidad (pero que también resultan cruciales), como la Convención de París para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural[42], del 16 de noviembre de 1972. Encontramos, de manera paralela, otros textos que se enfocan en el cuidado de los bienes culturales en la práctica. Los encabeza la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de monumentos y sitios o Carta de Venecia, de 1964.
En primer lugar y antes de analizar la Convención de La Haya de 1954, conviene hacer una breve referencia a la normativa de Derecho Internacional Humanitario, principalmente integrada por los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales.
En caso de conflicto armado, los cuatro principios básicos en todo ataque y de carácter consuetudinario son plenamente aplicables a nuestros bienes: en virtud del principio de distinción no se podría atacar un bien cultural, por tratarse de un objetivo no militar[43], deben asimismo contemplarse los principios de necesidad, proporcionalidad y precaución (que fuera necesario ese daño, además proporcionado a las circunstancias y que se minimizasen los posibles efectos nocivos sobre el bien)[44].
No encontramos en los Convenios de Ginebra mención específica al patrimonio cultural, si bien se encuentra la prohibición del pillaje o la consideración como infracción grave de «la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario»[45]. Sin embargo, véase el artículo 53 del Protocolo Adicional I:
«Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y de otros instrumentos internacionales aplicables, queda prohibido:
a) Cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos;
b) utilizar tales bienes en apoyo del esfuerzo militar;
c) hacer objeto de represalias a tales bienes»[46].
Viene a establecer de modo expreso el vínculo entre las normas generales y la Convención de La Haya de 1954, tratado que parte de una definición, en su artículo 1, de los bienes culturales, de la que cabe destacar la irrelevancia del origen y propiedad respecto del bien[47]. La protección establecida incluye la salvaguardia y el respeto de los bienes (art. 2), desarrollando ambos conceptos. Por un lado, el artículo 3 afirma que:
«Las Altas Partes Contratantes se comprometen a preparar en tiempo de paz, la salvaguardia de los bienes culturales situados en su propio territorio contra los efectos previsibles de un conflicto armado, adoptando las medidas que consideren apropiadas».
Por otro, el artículo 4 incide en el compromiso de cada parte a la hora de respetar estos bienes, sea en su territorio o en el de otra de las partes, absteniéndose de realizar actos de hostilidad contra ellos y no exponiéndolos a la destrucción o deterioro. No obstante, se incluye ya en este precepto una excepción, el supuesto en el que exista una necesidad militar que impida imperativamente el cumplimiento del compromiso[48].
Pese a lo anterior, se diseñó un sistema asimétrico de protección, puesto que la Convención perfila una categoría de bienes «bajo protección especial», a través de su inscripción en un registro internacional (art. 9), protección que alcanza sus usos y proximidades y, en todo caso, cuando el Estado que solicite dicha protección «se comprometa a no hacer uso ninguno en caso de conflicto armado del objeto en cuestión» (art. 8.5, respecto de los bienes enumerados en el primer apartado del mismo). En cuanto a la aplicación de la Convención, el artículo 18 dispone que se ha de aplicar en caso de guerra declarada o de cualquier conflicto armado que surja entre dos o más de las partes, en caso de ocupación de la totalidad o parte del territorio de una parte, y que, además, las partes están obligadas por la Convención aun cuando algún Estado que intervenga en el conflicto no sea parte en el instrumento. Además, en el supuesto de un conflicto no internacional, la parte en cuyo seno se produzca debe aplicar al menos las disposiciones relativas al respeto de los bienes culturales (art. 19).
La Convención de La Haya se acompañó de un Reglamento de aplicación[49], así como de un primer Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado[50], completándose el sistema el 26 de marzo de 1999 con un segundo Protocolo, también hecho en La Haya. Respecto de este último se puede destacar la enumeración de medidas de carácter preparatorio que se han de adoptar en tiempos de paz (art. 5):
«La preparación de inventarios, la planificación de medidas de emergencia para la protección contra incendios o el derrumbamiento de estructuras, la preparación del traslado de bienes culturales muebles o el suministro de una protección adecuada in situ de esos bienes, y la designación de autoridades competentes que se responsabilicen de la salvaguardia de los bienes culturales».
En cuanto a lo demás, se siguen las mismas pautas que en la Convención en lo relativo a los supuestos de aplicación, excluyendo situaciones de tensión que no alcanzan el carácter de conflicto armado y recordando que el Protocolo no se puede invocar para menoscabar la soberanía de los Estados (así como su prioridad en el ejercicio de la jurisdicción), ni para intervenir en asuntos internos o externos de aquellas partes en las que ha surgido el conflicto (art. 22).
Como se ha referido al inicio, es fundamental también la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural[51]. Esta Convención es la que goza en la actualidad de mayor aceptación entre los Estados (en la materia que nos ocupa), lo que se debe principalmente a:
«La relativa autonomía financiera otorgada al Fondo del Patrimonio Mundial, a la unión de dos facetas del patrimonio de la humanidad –la cultural y la natural– y a que […] su objeto es «general y atemporal», no tiene límites ni responde a circunstancias precisas, y la materia de protección goza de un gran consenso internacional»[52].
Incluye en su objeto tanto monumentos y conjuntos de construcciones, como lugares, siempre que tengan un «valor universal excepcional», desde diversos enfoques, como el artístico, histórico, etnológico, espiritual o científico, entre otros (artículo 1). No obstante, la determinación de este valor se encomendaría al Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, quien establecería los criterios para que un bien pueda ser incluido en la Lista de Patrimonio Mundial[53]. En la actualidad, 1199 bienes forman parte de esta lista, 933 de ellos de tipo cultural[54].
Para la protección y conservación de dichos bienes, cada Estado Parte «procurará, dentro de lo posible» adoptar políticas, establecer servicios de protección adecuados, investigar y desarrollar estudios para afrontar los peligros que pudieran afectar a este patrimonio, así como adoptar medidas de carácter jurídico, científico-técnico, financiero o administrativo (art. 5). Con todo, es destacable el principio de cooperación referido en el artículo 6, a la hora de conservar, proteger o revalorizar el patrimonio, sin perjuicio de los derechos reales que las legislaciones nacionales reconozcan sobre él, e incluyendo la obligación de no adoptar medidas que puedan causar un daño directo o indirecto en los bienes sitos en el territorio de otro Estado Parte.
Con ocasión del 30 aniversario de la Convención, el Comité de Patrimonio Mundial adoptó la Declaración de Budapest sobre el Patrimonio Mundial[55], en la que se comprometía a continuar en la promoción de los principios de la primera y se incluyeron objetivos estratégicos relativos al fortalecimiento de la credibilidad de la Lista, conservación de bienes, desarrollo de capacidades, comunicación y posteriormente, tras la revisión efectuada en 2007, se sumó el refuerzo del papel de las comunidades a los bienes vinculadas[56].
Más allá de estas dos convenciones, encontramos los instrumentos impulsados en el marco de ICOMOS-UNESCO[57]. Resultan de interés puesto que permiten entender de un modo más completo los conceptos y el alcance de los deberes asumidos por los Estados, dado su carácter más pragmático. Se comentan de forma breve y siguiendo un orden cronológico. Son los siguientes[58]:
– Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de monumentos y sitios o Carta de Venecia (1964).
– Carta de ICOMOS Australia para sitios de significación cultural o Carta de Burra (1979, actualizada en 1981, 1988 y 1999).
– Documento de Nara Sobre Autenticidad (1994).
– Carta de Cracovia sobre principios para la conservación y restauración del patrimonio construido (2000).
– Declaración de la UNESCO relativa a la Destrucción Intencional del Patrimonio Cultural (2003).
– Recomendación de Varsovia sobre la recuperación y reconstrucción del patrimonio cultural (2018).
En la Carta de Venecia[59] se define la conservación como la constancia en el mantenimiento del bien. La restauración, sin embargo, ha de tener, conforme al artículo 9, carácter excepcional y:
«Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. Su límite está allí donde comienza la hipótesis: en el plano de las reconstituciones basadas en conjeturas, todo trabajo de complemento reconocido como indispensable por razones estéticas o técnicas aflora de la composición arquitectónica y llevará la marca de nuestro tiempo».
Se ha de incidir en dos aportaciones más, recogidas, respectivamente, en los artículos 11 y 12. La afirmación de que la unidad de estilo no es una finalidad de la restauración, así como que «los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes deben integrarse armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose claramente de las originales, a fin de que la restauración no falsifique el documento artístico o histórico» (art. 12)[60].
Siguiendo esta línea, la Carta de Burra[61] se centró en la conservación, enmarcada en el llamado principio de cautela (o aproximación cautelosa, como reza el art. 3), y en el mantenimiento de los diversos usos de relevancia cultural que llevan asociados los sitios. La restauración y la reconstrucción, en este instrumento, se conciben como técnicas o procesos de conservación, siendo, por tanto, actividades que tratarán de evitarse, por ser aquellas que se hacen necesarias tras el fracaso en el cuidado ordinario.
En lo que respecta al Documento de Nara sobre autenticidad[62], también hunde sus raíces en la Carta de Venecia. En su punto 4 se afirma que:
«La contribución primordial aportada por la consideración de la autenticidad en la práctica de la conservación es aclarar y comprender los aspectos de la memoria colectiva de la humanidad, […] en un mundo en el que la identidad cultural se busca a veces a través de nacionalismos agresivos o de la supresión de culturas minoritarias»[63].
Lo que se ha de destacar, para las cuestiones que nos ocupan, es el vínculo que en este documento se establece entre el bien cultural y los valores a él atribuidos, incidiendo en que una comprensión adecuada de esta relación pasa necesariamente por la calidad de las fuentes de información. Son ellas las que permitirán valorar la autenticidad como un conjunto de características originales o adquiridas y, por lo tanto, enfocar la conservación como requisito indispensable a la hora de que cada comunidad gestione sus bienes culturales.
Del mismo espíritu bebe, asimismo, la Carta de Cracovia[64], pues nace de la preocupación por distintos proyectos de restauración que se consideraban excesivamente innovadores o «proyectos arquitectónicos libres»[65], en contraposición a lo establecido en 1964 en Venecia, o, como Rivera Blanco indica:
«Una forzada interpretación de lo que allí se prescribe relativo al «signo de nuestra época» lleva a menudo a los proyectistas referidos a superponer en los monumentos expresiones lingüísticas totalmente diferentes de las de los edificios que se deben conservar»[66].
En lo que parece lógica consecuencia, la reconstrucción de un edificio que se hubiera destruido totalmente, ya sea de manera natural o por la acción humana (como en el contexto de un conflicto armado), no se considera deseable, salvo en el caso de que se considere esencial para la comunidad.
Pese a no ser tampoco un tratado, la Declaración de la UNESCO relativa a la Destrucción Intencional del Patrimonio Cultural[67] cobra importancia por aunar el interés de la Comunidad Internacional en cuanto a la conservación y cuidado del patrimonio cultural, incidiendo en la necesidad de que estas tareas se lleven a cabo tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto armado (y de este modo se relaciona con el II Protocolo de la Convención de La Haya). No cabe duda, por tanto, de que se incluye toda situación, así también las zonas grises o situaciones de postconflicto y, asimismo, se señala la responsabilidad de los Estados a la hora de prevenir y no destruir intencionalmente el patrimonio cultural, incluyendo la responsabilidad de los particulares en esta segunda cuestión. Sin duda, de nuevo, la principal aportación es que considera irrelevante que un bien cultural «figure o no en una lista mantenida por la UNESCO u otra organización internacional»[68].
Para concluir con nuestra enumeración, se ha de traer la Recomendación de Varsovia sobre la recuperación y reconstrucción del patrimonio cultural del año 2018, puesto que fue el primer documento que, aunque carezca de valor vinculante[69], se ha preocupado por determinar qué tipo de retos se afrontan cuando el patrimonio es dañado como consecuencia de conflictos armados o desastres naturales[70].
Contiene una lista no exhaustiva de principios que tratan de consolidar una visión de la recuperación de la sociedad que atienda a las necesidades de la memoria e identidad colectivas, como el propio texto señala, lo que puede incluir la reconstrucción de elementos físicos o infraestructuras severamente dañados y que debe considerar las prácticas intangibles asociadas, así como las creencias o tradiciones que son esenciales para el sostenimiento de los valores culturales en la comunidad local. Parece fuera de toda duda que se ha concebido la reconstrucción como un proceso participativo que permita a las personas conectar con su historia[71]. Introduce también, para analizar las necesidades en este ámbito, la idea del «tiempo de reflexión», por tener en cuenta los cambios que se producen tras el trauma y las complejas relaciones que se establecen en estos periodos de transición hacia la estabilidad, en el seno de una comunidad que habrá de reequilibrar sus valores, al sumar los cambios producidos a consecuencia del conflicto[72].
Se puede concluir en este punto que toda la normativa de Derecho Internacional ha seguido un camino de flexibilización del concepto o categoría de lo que puede llegar a ser patrimonio cultural, ora porque las características de los bienes que pueden ser protegidos siguen sistemas de numerus apertus, ora porque es también abierto el conjunto de obligaciones, deberes y acciones que los Estados deberían emprender para conservar sus bienes culturales (lo que debería a su vez entenderse como una consecuencia lógica de lo primero). Sin embargo, y como suele ocurrir en esta rama, encontraremos un sinfín de problemas a la hora de exigir responsabilidades por causar un daño y, más allá, el castigo por el daño no reconstruye nada en su plano físico, no existe restauración, cuestiones que se tratarán en los dos siguientes epígrafes, respectivamente.
Como la misma Comisión Europea señala, el rol de la UE en este ámbito se basa en complementar la acción de los Estados Miembros, prestarles asistencia y promover colaboración entre ellos en aras de la preservación y promoción del patrimonio cultural en toda Europa[73].
Se ha tratado de fomentar una visión común o integrada entre los Estados y las instituciones de la UE a través de los distintos planes de trabajo plurianuales[74], como sucede en otras áreas. El vigente abarca los años 2023 a 2026. En él se han fijado cuatro acciones concretas: la protección del patrimonio cultural contra desastres naturales y provocados por el ser humano, la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, la preservación del patrimonio cultural en Ucrania y la acción contra el cambio climático a través de las artes y el patrimonio cultural[75].
Independientemente de estas actuaciones concretas o de la existencia de políticas de convergencia, la acción de la Unión queda siempre incardinada en el marco de los Derechos Humanos, y si bien ni los tratados fundacionales de la UE ni la Carta de los Derechos Fundamentales hacen referencias extensas a derechos sobre el patrimonio cultural, al fin y al cabo nuestro marco regional está más basado en la actividad convencional del CoE, principalmente en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH)[76] y en, principalmente, dos convenciones, la de Granada y la de Faro[77].
La Convención para la Protección del Patrimonio Arquitectónico de Europa, o Convención de Granada[78], se adoptó el 3 de octubre de 1985 instando a los miembros a adoptar medidas análogas a las ya vistas en el punto anterior (relativas a la identificación, protección o conservación). Es destacable la exigencia de coordinar las políticas de conservación a nivel europeo bajo supervisión de un grupo de expertos (arts. 17 y siguientes).
Tras 20 años, el 27 de octubre de 2005, se adoptaría el Convenio de Faro sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad[79], que promovió un enfoque participativo e inclusivo para la gestión del patrimonio cultural, ya menos centrado en el aspecto material o del bien en su concepción más clásica. Presta una especial atención a la definición y redefinición de este patrimonio por las acciones humanas, esto es a su mutabilidad, dada por el contexto cultural e influencia del ser humano en el espacio físico. Parte así de la idea de que el conocimiento y la praxis del patrimonio cultural son parte de derechos colectivos e individuales, por ello define las «comunidades patrimoniales» (heritage communities, en su art. 2.b) como colectividades que se identifican con un patrimonio cultural dado que desean mantener y transmitir a las generaciones futuras.
Si lo hasta ahora mentado es aplicable a tiempos de paz, o al menos, de normalidad, cabe plantearse, aunque sea de forma somera, qué guarda para nosotros Europa en tiempos de conflicto armado, o excepcionalmente destructivos por algún otro motivo. Lo cierto es que no existe un sistema de protección específico, sino una superposición de niveles o matriz de regulaciones que aúna las obligaciones internacionales de la UE y sus Estados Miembros, los diversos tratados antes mencionados, la normativa de cada Estado, así como las distintas políticas y medidas de la organización. Pero adolece de algunas lagunas[80].
Primero, las medidas de salvaguardia para los efectos previsibles de los conflictos armados deben implementarse en tiempos de paz. Esto no solo requeriría acciones más efectivas por parte de las autoridades nacionales, sino también una mayor cooperación y coordinación internacional y de la UE[81].
En segundo lugar, la UE y sus Estados Miembros deberían desarrollar e implementar una interpretación más sistémica de los diversos marcos normativos nacionales que tome en consideración diferentes formas y dimensiones del patrimonio que puede considerarse común. Es importante hacer más esfuerzos para reconocer las amenazas de los conflictos armados a los aspectos intangibles del patrimonio. No se ha hecho suficiente trabajo para reconocer y evaluar el daño en estos casos, lo que en la práctica ha llevado y puede seguir llevando a una falta de medidas de rendición de cuentas y reparación del daño[82].
Por último, debería reflejar que la protección del patrimonio cultural en conflictos armados no es sólo una cuestión de cumplimiento de obligaciones internacionales emanadas del DIH o supeditadas al cumplimiento de objetivos políticos, sino que se ha de concebir como un verdadero imperativo a nivel interno. Si bien la seguridad interna y externa de la UE y sus ciudadanos son de gran importancia, la protección del patrimonio cultural como un problema de Derechos Humanos debe desempeñar un papel fundamental en todo tiempo[83], esto es, ningún sujeto, ni individual, ni colectivo, queda exento de los deberes de cuidado. En teoría. La realidad es muy distinta y por ello acaba imponiéndose la necesidad de rehacer, recordar y olvidar.
«La salvaguardia del patrimonio cultural, la restauración de la cohesión social y de la paz no sólo se consiguen con la recuperación y protección del patrimonio dañado o destruido. La lucha contra la impunidad de los actos de destrucción deliberada del patrimonio de un pueblo a través del establecimiento de responsabilidad penal individual es también esencial»[84].
Si bien del análisis teórico ya efectuado debería haber quedado patente que el ataque a bienes culturales y religiosos constituye un acto especialmente grave, cabe aún plantearse qué tónica se ha seguido en la práctica jurisprudencial a la hora de enfrentarse a aquellos supuestos en los que se ha producido el daño. Se ha analizar si los tribunales internacionales han considerado que con estos actos solamente se lesiona el bien y los derechos de uso y disfrute asociados, es decir, el valor del bien en cuanto tal, o si también se vinculan a otros derechos de una comunidad.
Hasta la creación de este tribunal el 25 de mayo de 1993, la disciplina de la protección de los bienes culturales estuvo dominada únicamente por el derecho convencional. La jurisprudencia que este tribunal ad hoc desarrolló ha servido de base fundamental al posterior trabajo de la CPI, de ahí su importancia, si bien la postura que ha mantenido el TPIY no ha sido homogénea en el tratamiento de la materia[85]. En primer término, cabe traer a colación el artículo 3 del Estatuto del Tribunal, relativo a la violación de las leyes o usos de la guerra (y así, del derecho convencional y consuetudinario vigente en esta materia):
«El Tribunal Internacional tendrá competencia para enjuiciar a las personas que violen las leyes o usos de la guerra. Dichas violaciones comprenderán lo siguiente, sin que la lista sea exhaustiva:
b) La destrucción arbitraria de ciudades, pueblos o aldeas, o su devastación no justificada por necesidades militares;
c) Los ataques o bombardeos, por cualquier medio, de pueblos, aldeas, viviendas o edificios indefensos;
d) La apropiación o destrucción de instituciones consagradas al culto religioso, la beneficencia y la educación o a las artes y las ciencias, monumentos históricos, u obras de arte y científicas, o los daños deliberados a éstos;
e) El pillaje de bienes públicos o privados»[86].
Con ello, y tal y como indica Marina Lostal Becerril, la principal aportación del TPIY ha sido el establecimiento, a lo largo de los años, de un vínculo indisociable entre el daño producido a bienes culturales y religiosos con la afectación a derechos fundamentales (y, por tanto, de la persona):
«Más concretamente, el TPIY ha dictaminado que la obliteración o menoscabo de un bien cultural o religioso, cuando tenga graves consecuencias para la víctima (el grupo humano) y se haya cometido bajo presupuestos discriminatorios puede equivaler al actus reus del crimen contra la humanidad de persecución. De manera similar, el TPIY ha observado que si esta destrucción se lleva a cabo con la intencionalidad específica de erradicar a tal grupo humano de manera física o biológica, tal acto puede dar lugar al mens rea del crimen de genocidio»[87].
Dado el carácter no exhaustivo de la enumeración contenida en el artículo 3, antes citado, así como de la necesidad de concreción de los elementos de los tipos, es en las sentencias donde este desarrollo necesariamente se produjo.
Condenado en primera instancia a 45 años de prisión, por diversos crímenes contra la humanidad, en apelación se redujo su condena a 9 años. Dentro de las diversas acusaciones, encontramos la referida a la destrucción de mezquitas en Laŝva Valley (Bosnia), incardinada en el artículo 3.b del Estatuto. Se establecieron en sentencia los 2 elementos que debían concurrir:
– Que los lugares dedicados al culto no se estuvieran utilizando para fines militares.
– Que no se encontrasen en la proximidad de objetivos militares.
El primer elemento del tipo no parece ni innovador ni problemático, por las distinciones ya establecidas en el Reglamento de La Haya de 1907, reiteradas en los Convenios de Ginebra de 1949. El segundo elemento es el que se consideraría relativamente regresivo, por cuanto el término «proximidad» o «cercanía» remite a la indeterminación en la distancia, que habría de verse caso por caso para salvar este obstáculo no exento de cierta arbitrariedad, al tiempo que surge la cuestión del respeto a los principios de todo ataque enumerados en el anterior epígrafe, esto es ¿por qué la proximidad permitiría no calibrar de antemano el impacto del ataque?[88]. Con todo, en apelación se señaló que «la destrucción de ciertos bienes, dependiendo en su extensión y naturaleza, puede representar el crimen de persecución»[89], si bien la destrucción de mezquitas recibió el mismo tratamiento que otros objetos seculares destruidos.
Por ello, encontramos una relación directa con el artículo 5.h del Estatuto, que trata los crímenes de lesa humanidad, estipulando lo que sigue:
«El Tribunal Internacional tendrá competencia para enjuiciar a los presuntos responsables de los crímenes que se señalan a continuación, cuando hayan sido cometidos contra la población civil durante un conflicto armado, interno o internacional:
h) Persecución por motivos políticos, raciales o religiosos».
En esta causa, también revisada en apelación, el Tribunal otorgó un tratamiento diferenciado a los bienes culturales y religiosos al establecer el vínculo con la identidad religiosa de un colectivo, como venimos afirmando desde el inicio. Brota ya la concepción de estos ataques como crimen de lesa humanidad, de persecución, al incidir en el elemento de la intencionalidad del daño provocado[90]. No obstante, en primera instancia se incluirían los establecimientos dedicados a la educación musulmana, protección que en apelación se negaría[91].
Posteriormente, siguiendo esta senda, en el asunto contra Milan Milutinović y otros, se afirmaría que «el mens rea requerido es el del que el acusado actuó con la intención de destruir o dañar sensiblemente el bien en cuestión o actuar con temeridad e indiferencia respecto a la destrucción o daño»[92]. Además, se concretaría la acción del siguiente modo, para su encuadre en el artículo 5.h del estatuto:
– La propiedad religiosa o cultural debe estar destruida o intensamente dañada.
– La propiedad religiosa o cultural no debería hacer sido usada con fines militares en el momento de los hechos.
– La destrucción o daño deber resultar consecuencia de un acto dirigido de modo deliberado contra tal bien[93].
Primer condenado por genocidio por el TPIY por la matanza de bosnios musulmanes en Srebrenica en 1995. Este caso es reseñable porque el Tribunal analizó la relación entre la persecución y el genocidio, por estar en ambos delitos los ataques a un grupo motivados por elementos raciales, religiosos, políticos o étnicos, si bien concluyó que el genocidio necesariamente lleva consigo la erradicación física o biológica del grupo[94].
Por tanto, la destrucción de bienes y lugares dedicados al culto religioso no se considera un acto de genocidio. El concepto de «genocidio cultural» que en muchas ocasiones encontramos en los textos, y que ya Rafael Lemkin, promotor de la tipificación del genocidio en 1948, trataría de introducir, sigue fuera de la praxis jurisprudencial y convencional. Es una cuestión de graduación: se considera que el genocidio, por su gravedad, ha de quedar limitado para aquellos casos en los que la voluntad de destruir a un grupo es patente a través de los actos de violencia que se han realizado sobre las personas (en consecuencia, la diferencia resulta de unir ambos elementos, aunque en el caso de la persecución se pueda vislumbrar la misma intención). En este sentido, puede concebirse el genocidio como una forma extrema de persecución que cualifica este crimen contra la humanidad, mutando su naturaleza.
Por su parte, la CIJ consideró, en el caso de Bosnia contra Serbia y Montenegro en relación con la interpretación de la Convención para la Prevención y Castigo del Genocidio, que «cuando hay destrucción biológica o física es habitual encontrar también, de forma simultánea, ataques a la propiedad religiosa y cultural como símbolos de los grupos objeto de ataque, lo que puede ser legítimamente considerado una prueba de la intención de destruir dichos grupos»[95], de lo que se deduce una posición análoga a la ya vista.
En esta sentencia se contiene el fallo condenatorio más conocido, relacionado con la destrucción de patrimonio cultural, por estar los responsables vinculados al bombardeo en 1991 de la ciudad vieja de Dubrovnik, capital croata, que se encontraba ya incluida en la Lista de bienes protegidos por la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, de 1972. Distingue así dos niveles de protección del patrimonio pese a que, en el Estatuto del Tribunal, como sabemos, no se haga esta mención:
«El casco antiguo [de Dubrovnik] es jurídicamente distinto del resto de la ciudad en general porque el casco antiguo en su totalidad, incluyendo las murallas medievales, goza de una inscripción en la Lista del patrimonio mundial y de las protecciones e inmunidades que conlleva tal inscripción»[96].
Adquiere así relevancia práctica esta especial protección y se afirma en sentencia que no todos los bienes culturales tienen la misma importancia, ya que en este caso confluyen toda la serie de valores antes expuestos y, en consecuencia, la responsabilidad por el daño es mayor[97]. Asimismo, vincula la Convención de 1972 con la Convención de La Haya de 1954 por cuanto se entiende que la inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial supone que los bienes tendrán siempre, en estos casos, una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos (como se establece en la segunda para la protección especial).
Comandante serbio considerado responsable de diversas acciones persecutorias, también fue acusado y condenado por la destrucción de lugares de culto. De este asunto se debe destacar la interpretación del TPIY acerca de la protección que corresponde a los bienes culturales, ampliada, pues afirmó que la protección reconocida en el artículo 3.d del Estatuto abarca a todos ellos, siempre que no se utilicen para fines militares[98].
De lo anteriormente expuesto se puede concluir lo siguiente[99]:
– El daño o destrucción de inmuebles o lugares de valor cultural o religioso es una infracción del DI, siempre que los mismos no se utilicen con fines militares ni se ubiquen próximos a ellos.
– Si además los actos se realizan con la intención de dañar a un grupo determinado por los elementos identitarios referidos, estos se cualifican como crimen de lesa humanidad, en la modalidad de persecución.
Por otra parte, en cuanto a la configuración de la protección de los bienes culturales:
– Ha de tratarse siempre de bienes relevantes para el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos.
– La protección será mayor que para el resto de los objetos civiles, por cuanto los últimos pueden ser atacados si se convierten en objetivos militares (art. 52 del Protocolo Adicional I de 1977), mientras que los bienes culturales y religiosos, requieren haberse convertido por la utilización en dichos objetivos y, cumulativamente, que no existan alternativas para obtener una ventaja militar determinada.
Queda, llegados a este punto, planearnos de qué modo se plantearon los crímenes que afectan al patrimonio cultural y religioso en el Estatuto de la CPI[100], así como de qué forma ha respondido a los hechos aquí tratados.
En cuanto a las acciones que pueden ser constitutivas de delito, cabe destacar las siguientes[101]:
«Artículo 8. Crímenes de guerra.
2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por «crímenes de guerra»:
b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
ix) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares.
e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares».
Cabe añadir que la CPI funciona sobre la base del DIH acerca de la responsabilidad penal individual, que abarca tanto a civiles como a militares (e incluye en la responsabilidad aquellos supuestos en que un superior no haya evitado las infracciones cometidas por sus subordinados, pudiendo hacerlo)[102].
Se analiza únicamente el caso de Ahmad Al Faqi Al Mahdi, condenado a 9 años de prisión por el tipo penal del artículo 8.2.e.iv contemplado en el Estatuto, por los actos a través de los cuales se destruyeron diversas mezquitas y mausoleos en Tombuctú (Mali), en el año 2012[103], infracción que se define como un crimen de guerra (en el contexto de un conflicto armado de carácter no internacional).
Se ha convertido en caso paradigmático por tratarse de la primera ocasión en que un tribunal internacional condena a una persona únicamente por este tipo de acciones, sin que concurran con otras infracciones.
En su sentencia, la CPI toma como probado que Al Mahdi era uno de los dirigentes del grupo radical islámico Ansar Dine[104], de base salafista y yihadista. Asimismo, lideraba la policía religiosa o Hesbah[105] y se le encomendó ejecutar la resolución que ordenaba destruir los inmuebles[106].
«Pese a que el fallo incluye como atenuante la resistencia inicial del Sr. Al Mahdi a destruir los mausoleos, con el fin de mantener relaciones tranquilas con la población, la Corte considera probada la autoría del Sr. Al Mahdi, en base a distintas y variadas manifestaciones del condenado que demostraron el necesario elemento intencional del tipo delictivo. Escribió un sermón que fue leído por él mismo en uno de los ataques. Fue el responsable de informar a la prensa sobre la justificación de las actuaciones delictivas. El Sr. Al Mahdi decidió personalmente el orden en que serían destruidos los edificios, participó activamente junto con otros en la destrucción de varios mausoleos. Estando presente en todos los ataques, ofrecía instrucciones precisas y apoyo moral en el momento de la perpetración»[107].
Cabe preguntarse qué elementos tomó en consideración la Corte para calificar los hechos. En sentencia se reconoció que el ataque a los inmuebles fue una afrenta a los valores en ellos presentes[108], de tipo religioso y vinculados por tanto a una determinada identidad colectiva que se quería eliminar. Así las cosas, en la descripción contenida en el artículo 8 del Estatuto parece primar el valor artístico o histórico del bien sobre los valores de tipo espiritual, esto es, una apreciación que recae más sobre el objeto que sobre aquello que representa[109]. En este sentido, 9 de los inmuebles formaban parte de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y la organización, poco antes del desastre, los incluyó en la Lista de Bienes en Peligro, «tras haber constatado el riesgo sobre el terreno a través del envío de varias misiones de evaluación de daños en determinados templos de la zona»[110].
Con ello, la calificación como crimen de guerra parece dejar fuera las consideraciones espirituales, más propias de un crimen de lesa humanidad, como algunos autores entienden, «cuando monumentos, lugares de culto y obras de arte son objeto de ataque, el propósito es el de destruir la identidad del enemigo, su historia, su cultura y su fe, así como el de erradicar todo trazo de presencia y en algunos casos de su existencia»[111].
Nos podríamos cuestionar si los hechos podían haber sido incluidos en este segundo tipo de crimen, enunciado en el Estatuto como sigue:
«Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad.
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por «crimen de lesa humanidad» cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte»[112].
En virtud de lo establecido en el artículo, podría pensarse que el tipo encaja con la persecución, si bien ha de atenderse igualmente a las definiciones del segundo párrafo:
«2. A los efectos del párrafo 1:
a) Por «ataque contra una población civil» se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política;
g) Por «persecución» se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad».
Parece indudable que con la destrucción de estos inmuebles se privó, con la intensidad indicada y con la intención de promover un determinado estado de cosas o modo de vida, que atentaba contra los derechos de un colectivo. Derechos de corte religioso, vinculados estrechamente a sus lugares sagrados, pero la CPI misma establece en sentencia que el acusado lo era por un atentado contra la propiedad y no contra las personas[113], pese a que se considere que los creyentes y habitantes de Tombuctú sean víctimas (así como otros malienses y la comunidad internacional en su conjunto) y que el hecho se cometió por motivos religiosos, cuestiones que agravarían la responsabilidad[114].
La cuestión de las víctimas se tomaría en consideración a la hora de elaborar la Orden de Reparaciones, en 2017, en consonancia con el mandato contenido en el artículo 75 del Estatuto de Roma.
«Las reparaciones en este caso han sido establecidas con el fin de aliviar el sufrimiento causado por las actuaciones criminales del Sr. Al Mahdi, posibilitar la recuperación de la dignidad de las víctimas, así como prevenir y disuadir futuros crímenes similares. Asimismo, la Orden de Reparación tiene como objetivo promover la reconciliación entre las víctimas y el condenado»[115].
Puede entonces pensarse que la reiteración constante de la relevancia que los 10 inmuebles atacados tenían no residía solamente en la protección que les confiere el hecho de formar parte de la Lista de Patrimonio Mundial por su valor histórico-artístico, sino (o más bien, además) por constituir elementos a través de los cuales se proyectan las libertades de pensamiento, conciencia y religión que trataban de aniquilarse. Y así, pese a las contradicciones y problemas de todo tipo que puedan brotar en el tratamiento del patrimonio cultural y religioso, agravados por el hecho de que nos obliga a interpretar el pasado y el presente, es de este pliegue o yuxtaposición de donde se habría de extraer el valor que un bien posee para la comunidad siempre amenazada por la iconoclastia[116].
Esta doble naturaleza del lugar de culto, sin embargo, no parece haber resultado en una condena que pueda considerarse elevada, sino que primó un enfoque menos punitivista que pretendió restaurar aquello de lo que se había privado al colectivo. En todo caso, la especial protección que se había conferido a los bienes no sirvió para evitar su destrucción.
Reconoce la Oficina del Fiscal de la propia institución, en su actual Política de Patrimonio Cultural, del año 2021, que los crímenes de guerra de los artículos 8.2.b.ix y 8.2.e.iv incluyen una definición amplia de lo que sería la propiedad cultural y que, no obstante, reflejan únicamente una parte de la protección por centrarse en los aspectos tangibles de la cultura humana, por ello afirma también que los ataques que lo afectan pueden ser constitutivos de otros crímenes contemplados en el Estatuto[117]. Indica que, asimismo, actuará sobre la base que el TPIY adoptó en este tipo de sucesos, recordando asimismo el asunto de Pavle Strugar por el bombardeo de Dubrovnik, similar al caso Al Mahdi por la reconocida relevancia de los bienes, aunque tampoco olvida que para que el crimen de guerra se cometa no es preciso que los bienes sean de extrema importancia[118]. Lo que sí parece un avance respecto de la sentencia de Al Mahdi es la afirmación de que la Oficina tomará en consideración si los crímenes contra o que afecten al patrimonio cultural llevan consigo motivos discriminatorios, cuestión que se tratará como una circunstancia agravante en la sentencia[119].
En esta política se plantean también otros crímenes bajo los cuales podrían encuadrarse las acciones que venimos analizando. Se debe destacar el punto relativo al delito de persecución (artículo 7.1.h del Estatuto, referido anteriormente), en el cual se señalan diversos actos que pueden afectar y limitar libertades individuales[120], aunque lo relevante es la afirmación de que los ataques a nuestro patrimonio pueden formar parte de estos planes o campañas persecutorios, esto es, se conciben como indicadores en algunos supuestos. En otros, se afirma que «los crímenes contra o que afecten al patrimonio cultural pueden, en sí mismos o cumulativamente con otros actos, privar a las personas de sus derechos fundamentales», tal y como se prevé en el artículo 7.1 h[121].
Por lo tanto, la calificación orbitará en el sentido de la relación del daño y la limitación: parece que se tratará de un crimen de lesa humanidad cuando la destrucción sea un efecto del deseo orquestado y planificado de limitar los derechos de la población afectada, y entonces, encontramos el crimen de guerra en tanto en cuanto la destrucción impida ese disfrute, esto es, cuando sea causa de la limitación.
«La intolerancia es más llamativa y destructiva en otras latitudes donde la violencia es de alta intensidad, sea bajo la forma de terrorismo, o de guerra abierta. Tampoco se puede olvidar que la discriminación y la violencia, contra personas o cosas, puede tener como protagonistas a la sociedad, movida por la xenofobia o el exclusivismo religioso»[122].
Seguidamente se analizan de modo breve tres ejemplos de reconstrucción y conservación del patrimonio cultural y religioso afectado por un conflicto armado. En todos los casos se trata de conflictos que han tenido un marcado componente étnico y/o religioso y permiten ver cuál ha sido la práctica internacional a lo largo del tiempo. Primero, encontramos la reconstrucción de diversos elementos de la ciudad de Varsovia, desolada por la II Guerra Mundial, momento en el que la reconstrucción se efectuó atendiendo únicamente a la iniciativa y parámetros internos. Tras ello, se analizan varios ejemplos del territorio de Kosovo, momento en el que encontramos intervención de diversos actores internacionales (no todos ellos sujetos stricto sensu). Por último, se retoma el supuesto de Tombuctú, ya analizado en el plano de la responsabilidad penal en el epígrafe anterior, por haber tenido la actuación internacional una relevancia determinante.
La ciudad de Varsovia, capital de Polonia, suele utilizarse como ejemplo exitoso de restauración de un área histórica. Prueba de ello fue su inclusión en 1980 en la Lista de Patrimonio Mundial[123]. Ya en septiembre de 1939, con el inicio de la II Guerra Mundial, el 10 % de sus edificios fueron destruidos. Fue también bombardeada por el bando soviético en 1941. La devastación continuó en 1943 como represalia por el Levantamiento del ghetto y la consiguiente liquidación del área que ocupaba, alcanzando el 85 % de los edificios en 1944, tras el conocido como Levantamiento de Varsovia[124].
Al término del conflicto, el nuevo gobierno polaco, junto con la ciudadanía, se enfrentaría al dilema de reconstruir de modo fidedigno el centro histórico de la ciudad, o bien partir de cero y crear algo nuevo y contemporáneo. Se escogió la opción primera, puesto que la intención primordial fue mostrar la fortaleza de los polacos y el resurgimiento de su país tras la ocupación alemana[125]. La ruina fue capaz de hablar en favor de diversos intereses. Se convirtió en símbolo de la resurrección de una nación y su reconstrucción en una muestra de poder del sistema establecido tras la guerra[126].
La reconstrucción fue supervisada por la Oficina de Reconstrucción de Varsovia, a través de un plan que abarcó, en su primera fase de ejecución, los años 1945 a 1951[127]. Este se basaría en dos principios. De un lado, la utilización de fuentes documentales fiables. De otro, la voluntad de recrear la apariencia de la zona a finales del siglo xviii (incluyendo el plan urbano, casas, murallas, el Castillo Real, así como diversas iglesias)[128]. El proceso concluyó en 1984 con la apertura al público del Castillo Real[129].
En 1978, el gobierno polaco presentó la solicitud para que el centro histórico reconstruido formase parte de la Lista de Patrimonio Mundial[130]. Inmediatamente se plantearía un problema para el Comité de Patrimonio Mundial, puesto que entre los elementos que los bienes debían reunir se encontraba la autenticidad[131]. Esta problemática tampoco se solucionaría acudiendo a las premisas de la Carta de Venecia, pues por tratarse de bienes que habían sido totalmente destruidos, si la autenticidad era conditio sine qua non para la inscripción, prácticamente nunca podría cumplirse en supuestos de postconflicto. Se trató de soslayar el dilema con la interpretación del valor histórico, remitiendo a su asociación con un evento de especial trascendencia y significación histórica (la victoria en la II Guerra Mundial y la propia reconstrucción se convierte en su símbolo)[132], lo que finalmente tuvo éxito pero desembocaría en una revisión de las normas operacionales en relación con este criterio, para reducir las solicitudes de inscripción de elementos reconstruidos (reduciéndolos a casos en los que exista una documentación tan completa que elimine todo tipo de conjetura en la ejecución)[133].
No obstante, en lo que al resto de áreas de la ciudad respecta, la arquitectura se convertiría en reflejo de los tiempos soviéticos, cuestión controvertida en el debate público[134], puesto que la ciudad, en el imaginario colectivo, no existe sin el Palacio de la Cultura y la Ciencia (PKiN), regalo construido a imagen de los altos edificios moscovitas y que por su estilo llama la atención[135], aunque hoy día se encuentre rodeado de otros edificios similares en altura. Percibido en sus inicios como un monumento a Stalin y símbolo de la dominación soviética sobre Polonia, aún llama la atención su particular estética y no faltan quienes siguen pidiendo su demolición. Sin embargo, para la mayoría de los ciudadanos el significado del edificio ha mutado y lo han integrado como parte de la historia de la urbe[136].
Junto al patrimonio reconstruido y a lo que se acabaría convirtiendo en patrimonio cultural con el paso del tiempo (en el sentido de la identidad colectiva, a través de la apropiación de su sentido) subsistieron también las huellas, cada vez más residuales, de la violencia. Es el caso de la Iglesia de la Gracia Divina y Santa Faustina, construida en 1872 y seriamente dañada durante el Levantamiento de Varsovia. Fue restaurada en el año 2003, en contra de numerosas voces que pedían un monumento en negativo que permitiera recordar la historia del templo[137].
A lo largo y ancho de toda la ciudad se pueden encontrar pequeños rincones dedicados a la memoria, desde placas conmemorativas y altares, pasando por los dos pequeños restos del muro del ghetto o las placas que en el suelo recuerdan sus fronteras, estatuas y museos que albergan materiales originarios de los edificios que han sido reconstruidos[138].
Son distintos modos de recordar las ausencias, todo lo que ya no existe ni volverá a existir en su lugar y forma originarios, lo que es especialmente intenso en lo que atañe a todas las sinagogas y lugares relacionados con la cultura judía, cuyas trazas físicas son casi inexistentes en la actualidad[139], con la salvedad de algunas iniciativas virtuales[140] y el recientemente inaugurado museo del ghetto de la ciudad[141].
Durante el conflicto de Kosovo[142] tuvo lugar la destrucción voluntaria de patrimonio cultural y religioso, tanto islámico como, posteriormente, cristiano ortodoxo. Respecto del primero, la destrucción estaría doblemente motivada, pues se trataba de evitar el regreso de la población albanokosovar desplazada forzosamente, al tiempo que la destrucción de los inmuebles simbólicos supone la destrucción también del signo visible de la permanencia de un determinado grupo en un lugar[143].
Dependiendo de la fuente a la que uno acuda, los porcentajes de inmuebles de relevancia histórico-artística o religiosa dañados varían[144]. se considera que en torno a 207 de las 609 mezquitas existentes en el territorio contestado se destruyeron o fueron seriamente dañadas, así como aproximadamente 500 de las 700 kullas de la región de Pejë[145] (y escuelas religiosas o antiguos bazares), con carácter deliberado[146]. Con los años, la población serbia de la región se convirtió en minoría objeto de venganza. Prueba de ello fueron los disturbios de marzo de 2004, que se saldaron con 19 muertes y 35 iglesias y monasterios serbios destruidos[147], evento que pilló a la UNMIK y a KFOR por sorpresa.
Con todo, se pueden distinguir varias dinámicas en relación con la restauración y reconstrucción del patrimonio dañado por el conflicto, en las cuales han intervenido diversos actores internacionales, primero, por la falta de poderes capaces de tomar decisiones en este ámbito (y de ejecutarlas de manera cohesionada).
Un supuesto exitoso es el referido a las kullas de Pejë, que se reconstruyeron con la financiación de la Agencia Europea de Desarrollo (EAR) y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (SIDA)[148]. Esta herencia otomana se consideró patrimonio secular, y se pretendía que estas reconstrucciones «ayudasen a moldear una identidad kosovar posterior a la guerra, uniendo a los grupos étnicos y contribuyendo a la reconciliación»[149]. La gestión del proyecto corrió a cargo de la ONG sueca CHwB. La problemática residió en el desconocimiento de los procesos de construcción de las torres por parte de los arquitectos extranjeros, ya que gran parte de la documentación se había perdido ya antes del conflicto, lo que requirió, en consecuencia, del recurso a artesanos locales[150]. Todo ello se ha de insertar en un contexto de tensión, por las presiones de la EAR, cuya intención era la reconstrucción rápida[151], y el deseo de CHwB de utilizar las técnicas tradicionales, así como fomentar estrategias down-top que permitiesen la participación de la población local, así como educar sobre el mantenimiento y conservación de los edificios[152].
Para otros casos, se atribuye a la administración realizada por la UNMIK un fallo:
«Al no comprender plenamente el complejo panorama de la vida religiosa y la identidad en Kosovo, incluyendo las costumbres tradicionales locales y las prácticas idiosincráticas. Los administradores, en la toma de decisiones, utilizaron un cuadro simplificado que dividía a las personas en una matriz de dos grupos de identidad fijos, homogéneos y en colisión. Según esta perspectiva, la mayoría de los albaneses, considerados musulmanes sunitas, se enfrentaban a una minoría de serbios de fe ortodoxa. La aproximación a la identidad religiosa y el patrimonio desde esta dicotomía ha tenido un efecto devastador para los musulmanes de Kosovo»[153].
En este escenario, distintas organizaciones de Arabia Saudí[154] se instalaron en Kosovo para proporcionar servicios sanitarios o alimentos a la población, pero también educación religiosa a través de la apertura de escuelas coránicas, promoviendo la construcción de mezquitas que serían diferentes de las otomanas antes existentes, y en ellas se predicaría asimismo una forma de islam distinta.
Ya con carácter previo a la declaración unilateral de independencia que tuvo lugar el 17 de febrero de 2008, habían proliferado normas a nivel interno, pero aún hoy día persisten los problemas a la hora de obtener recursos financieros y, asimismo, hay escasez de experiencia técnica y de gestión[155]. La normativa comprende, de un lado, el desarrollo correspondiente al anexo V del conocido como Plan Ahtisaari[156], y, de otro, la Ley de Patrimonio Cultural del año 2006.
El señalado anexo se centraba en la protección el patrimonio cultural y religioso serbio. Conllevó la adopción de la Ley de Zonas Especialmente Protegidas, el mismo año 2008, cuya principal aportación es el reconocimiento de la pertenencia del patrimonio ortodoxo a la Iglesia Ortodoxa Serbia, así como la obligación de establecer zonas de protección, esto es, herramientas de planeamiento que permitan un desarrollo controlado del entorno de diversas iglesias y monasterios, incluido el casco histórico de la ciudad de Prizren, que asegurase la conservación de los edificios y de sus usos tradicionales[157].
Por su parte, la Ley de Patrimonio Cultural sería (y es) aplicable al patrimonio de Kosovo de manera genérica, es decir, al patrimonio cultural y religioso no serbio, si bien las medidas que estableció son análogas.
¿Dónde reside la diferencia? En los procesos de toma de decisiones, ya que para el caso primero, a falta de acuerdo con la Iglesia Ortodoxa Serbia, el asunto ha de diferirse a un órgano creado a partir del artículo 5 del anexo V, el Consejo de Aplicación y Supervisión[158], mientras que en el segundo caso la cuestión queda al arbitrio de los actores interesados (en el plano interno).
En el caso de Prizren, por comprender lugares de significación histórica y de carácter ortodoxo, católico, islámico y secular, se incluye en el artículo 4.1.7 del anexo V un sistema de protección que requeriría el acuerdo del gobierno local y el Consejo de Aplicación y Supervisión y la adopción de una ley, que debía incluir la participación de diversos ministerios y consultas con ONGs y organismos dependientes de la ONU[159].
Y así, del caos inicial a la situación actual se ha producido una cierta evolución, en lo que respecta a la voluntad de cuidar el patrimonio de la región. Con el transcurso de los años la realidad circundante también ha cambiado, pero aún prevalecen los enfoques unidireccionales y diferenciados según se trate de bienes de los unos o de los otros. Aunque el gobierno de Kosovo adoptase en 2017 una estrategia específica para el patrimonio cultural nacional, no ha sido todavía capaz de desarrollar un sistema que se alinee con los principios internacionales relativos a la protección y conservación del patrimonio existente en su territorio[160].
Consecuentemente y de forma simultánea al proceso penal incoado y dirigido contra el señor Al Mahdi, la UNESCO dirigió y coordinó los trabajos de reconstrucción de los 10 inmuebles afectados[161], en cooperación con la MINUSMA y el gobierno nacional, en consonancia con dos de los objetivos actuales de la organización, el fortalecimiento de la capacidad de los Estados para «prevenir y mitigar las pérdidas de patrimonio y diversidad culturales derivadas de conflictos y para recuperarse de ellas, e incorporar la protección de la cultura a la acción humanitaria, las estrategias de seguridad y los procesos de paz»[162].
Para este supuesto se ha de llamar la atención sobre las acciones indicadas y sobre el contenido de la Orden de Reparaciones y su Plan de Implementación[163], por cuanto la reconstrucción del dañado patrimonio es indisociable de la reparación del daño causado por el hecho que se condena, integrado además por las pérdidas económicas que se producen como consecuencia del ataque y, como en todo caso, la reparación del daño moral causado a las personas[164]. Tiene, por tanto, una vertiente individual y otra colectiva. Tal y como venimos sosteniendo, el ataque a este tipo de bienes tiene siempre trascendencia para el colectivo que los considera su patrimonio y en algunos casos ello se suma al valor que supone para toda la Comunidad Internacional.
En cuanto a la reconstrucción material, como ya se ha señalado:
«La UNESCO ha llevado a cabo la rehabilitación de los mausoleos destruidos. Los cementerios en los que se encontraban varios de los mausoleos atacados también han sido objeto de restauración parcial bajo el amparo de la UNESCO. Las operaciones de restauración se centraron en la recuperación de las puertas sagradas de los mausoleos destruidos, la reconstrucción de las paredes de los cementerios, replantación de árboles en los enclaves atacados, mejoras en la iluminación de los edificios y creación de programas de mantenimiento de los edificios reconstruidos»[165].
La reconstrucción tuvo lugar gracias a la acción concertada prevista en el Protocolo II del Convenio de La Haya de 1954, con la adopción del Plan de Acción para el patrimonio cultural de Mali[166], posibilitando que en pocos años se hubiera terminado la reconstrucción[167].
La cuestión es si, dado que el factor de discriminación u odio de tipo religioso fue motivación para la comisión del delito y no se tuvo en cuenta a la hora de tipificarlo (aunque sí para la determinación de la gravedad de la pena de este crimen de guerra, según sostuvo la CPI), se valoró en esta otra vertiente de la responsabilidad contraída.
Pues bien, atendiendo a los principios que permiten a la CPI establecer estas consecuencias[168], las reparaciones individuales se otorgaron a aquellos cuyo medio de vida se vinculaba exclusivamente a los edificios dañados, así como a los familiares de las tumbas que sufrieron igual destino[169], entendidos como perjuicios directos en contraposición a los ocasionados a las demás víctimas[170].
Respecto de las reparaciones de tipo colectivo, incluyeron la rehabilitación y vigilancia de los elementos construidos, soporte logístico, talleres que permitiesen adquirir competencias y habilidades para proteger los inmuebles, así como asistencia para el retorno a Tombuctú de aquellos que se habían desplazado por el conflicto[171]. Es la comunidad de Tombuctú la que se incluyó potencialmente en este conjunto de medidas, y definida como «organizaciones o personas que residían en Tombuctú en el momento de la comisión de los crímenes o que estaban tan estrechamente relacionadas con la ciudad que pueden considerarse parte de esta comunidad en el momento del ataque». Se añade que «las reparaciones colectivas constituyen la mayor parte de las establecidas, ya que el daño causado por las acciones del Sr. Al Mahdi es principalmente de carácter colectivo»[172]. No obstante, las reparaciones de este tipo se lanzaron en el verano de 2022, al transcurrir diez años de la destrucción de los bienes, lo que tendría asimismo un componente simbólico[173].
Precisamente, en lo que a la reparación simbólica atañe, y que atraviesa las dos anteriores, se propuso en un inicio la construcción de un memorial, si bien no se realizó finalmente por considerarse que para ello es preciso el transcurso de más tiempo, por representar «la memoria colectiva, la identidad y la resiliencia de las comunidades»[174], lo que a su vez requiere interpretar lo acontecido o las relaciones entre los distintos grupos que coexisten, antes y después del conflicto.
No puede negarse que las medidas adoptadas son variadas y posibilitan la reparación del daño en sus múltiples vertientes, si bien la fortaleza del suceso proviene de la toma de conciencia de la Comunidad Internacional con respecto al verdadero valor que un lugar puede tener para quienes lo rodean, cuestión que lo relaciona directamente con el valor simbólico que puede tener su destrucción para aquél que la perpetra.
La definición del patrimonio cultural, religioso y, en todo caso, colectivo, está siempre acompañada de múltiples matices que nada tienen de inocuos, por desembocar en la noción que de sí misma tiene una comunidad, lo que a su vez tiene su eco en el reflejo que de ella perciben otros colectivos. Debido a lo anterior, las comunidades dotan de un alto valor simbólico a la destrucción de los bienes del percibido como «el otro» y es por ello que, a la hora de valorar qué características ha de reunir un bien determinado para que pueda ser considerado patrimonio (o para haberlo sido) en el sentido estudiado, se deben ponderar, de un lado, los elementos intelectuales relativos a su valor material (juicio estético) y, del otro, los de tipo espiritual, religioso (o moral, en un sentido más amplio).
Asimismo, el desarrollo normativo en el ámbito internacional puede calificarse, en cuanto al cuidado ordinario y para tiempos de paz, de insuficiente, puesto que ha adquirido importancia sólo de manera reciente, pese a los esfuerzos internacionales por poner de manifiesto la importancia del cuidado de este tipo de patrimonio, no sólo para obtener las ventajas que genera su inclusión en las diversas listas de reconocimiento, sino como por ser el principal testigo de la mutable memoria humana mientras que, por contraposición, la normativa destinada a la protección en caso de conflicto armado ha adquirido mayor fortaleza, aunque parece deberse a la amenaza de sanción penal por el incumplimiento, sea activo u omisivo, de las normas de protección del patrimonio cultural y religioso en estos supuestos.
Como consecuencia de lo anterior, el desarrollo jurisprudencial de los tribunales penales internacionales analizados ha ido virando de la consideración accesoria del mal colectivo que suponen los ataques al patrimonio, a la afirmación de su importancia en sí mismo, aunque pueda parecer paradójico por estar dicha importancia supeditada a la interpretación que de él hace un Estado o grupo social (definido en su sentido étnico y/o religioso) y, por extrapolación, la Comunidad Internacional. Se antoja en todo caso esencial la necesidad de examinar los motivos de la destrucción o daño causados sobre los bienes que forman parte del patrimonio del enemigo porque dadas las características de los conflictos armados actuales, no se limitan a la privación del uso y disfrute del bien, sino al borrado de todo aquello que representan para las víctimas, motivación de mayor gravedad que parecía haberse obviado hasta el presente. Es por ello por lo que la actual política de la CPI relativa a los crímenes que afecten al patrimonio cultural resulta certera, por no dejar anclada la calificación a los crímenes de guerra del artículo 8 del Estatuto de Roma y sentar las bases para realizar un análisis exhaustivo que tome en consideración todas las circunstancias del delito.
De otro lado, si la consolidación de la paz y el fortalecimiento del Estado de derecho se proyectan como intereses superiores tras un conflicto armado, las soluciones rápidas y cortoplacistas son la norma. El hecho de rehacer un inmueble, restaurándolo de modo fidedigno o imitando su estado anterior, corre el riesgo de promover el olvido de lo acontecido, lo que ocurre asimismo con la posibilidad de construir algo nuevo, distinto e independiente.
Integrar la ruina en el conjunto nos aboca a un peligro diametralmente opuesto, la posible perpetuación del estatus de víctima y la imposibilidad de hallar la reconciliación o, eventualmente, sembrar las semillas del odio y la venganza. El factor crucial para que, sea cual fuere la opción escogida, resulte adecuada en un futuro no tan inmediato, es realizar un análisis de las circunstancias que rodean al hecho del conflicto, al hecho de la destrucción material, y, no olvidemos, a la situación en la que ha quedado la ciudadanía. A su vez, la intervención de organizaciones internacionales y otros agentes extranjeros no ha seguido un patrón uniforme, como ocurre en los procesos llevados a cabo sin su actuación, puesto que cada agente realiza una doble selección, primero la del qué bien o bienes, luego la relativa al tratamiento. Es preciso articular mecanismos más eficientes para completar el esencial diálogo entre los actores extranjeros y nacionales y la comunidad afectada, salvando el peligro resultante de otorgar siempre primacía al juicio estético.
Sea cual sea la opción escogida, estamos forzados a realizar el mismo camino una y otra vez. El esfuerzo por pensarnos a nosotros mismos a través de la piedra no es inútil si asumimos que tampoco es inocuo, pues sirve de puente entre quienes ya no están y aquellos que posiblemente vendrán. Estos últimos no pueden ser receptores pasivos de la ausencia absoluta de trazas del conflicto, pero tampoco del horror vacui.
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