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REVISTA DE JURISPRUDENCIA LABORAL - Número 6/2022

En este número se comentan, como es habitual, diez resoluciones judiciales sociales de actualidad.

La primera de todas es la STS-CON núm. 445/2022, de 8 abril, analizada por el Director de RJL, que aborda la legalidad de la concesión directa de subvenciones a los agentes sociales en ejecución de las previsiones del Real Decreto 1124/2020, de 15 diciembre, que las prevé únicamente para los “más representativos”. El sindicato impugnante, que carece de dicha condición, impugna la norma al considerar, de un lado, que vulnera su libertad sindical, y de otro, que lo discrimina. La Sala rechaza el recurso, justificando el procedimiento de concesión directa, y descartando la vulneración de derecho a la libertad sindical. La resolución cuenta con un Voto Particular que discrepa de las apreciaciones fundamentales de la resolución.

Susana Rodríguez Escanciano glosa la STS-SOC núm. 351/2022, de 19 de abril, que en un contexto de sucesión de empresas afirma que el cambio de adjudicataria de un servicio público en el marco de la contratación administrativa conlleva la obligatoria subrogación del nuevo contratista o concesionario si efectivamente tiene lugar una traslación patrimonial, o si resulta aplicable una previsión convencional.

El Subdirector de RJL emplea los razonamientos jurídicos de la STS-SOC núm. 356/2022, de 20 de abril, para exponer cuál es el status cuestionis de la indemnización adicional por daño moral en supuestos de despido nulo con transgresión de derechos fundamentales, especialmente en lo que importa a los mecanismos de concreción de los criterios y monetización de la cuantía de la indemnización resarcitoria.

José Luís Monereo da cuenta de la STS-SOC núm. 379/2022, de 27 de abril, en la que se declara el derecho a acceder a la Gran Invalidez desde la situación de jubilación anticipada por razón de discapacidad a la que se ha accedido por aplicación de los coeficientes correctores por discapacidad sin haber cumplido los 65 años de edad, apoyándose en los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

La STS-SOC núm. 387/2022, de 27 de abril, es desmenuzada por Juan Martínez Moya. En ella se estudian las razones legales y la interpretación jurisprudencial que determinan qué Juzgado es el competente, si el Social o el Mercantil, para conocer las demandas de trabajadores frente a la empresa concursada por impago de salarios correspondientes al periodo anterior al concurso, pero que no han sido reconocidos en la lista de acreedores.

Magdalena Nogueira Guastavino da cuenta de la STS-SOC núm. 389/2022, de 27 de abril, que afirma la competencia del orden social patrio para el conocimiento de la demanda de despido interpuesta por una persona trabajadora frente a dos empresas, una de EE.UU., para la que efectivamente desarrolla actividad retribuida, y otra española con la que mantenía viva la relación de Seguridad Social, aunque no realizaba prestación laboral efectiva para ella.

Inmaculada Ballester Pastor disecciona la STS-SOC núm. 394/2022, de 27 de abril, que aborda el alcance temporal de los efectos económicos de la Incapacidad Temporal cuando se deniega la Incapacidad Permanente tras la prosecución del procedimiento de reconocimiento, por parte de la Entidad Gestora, en aquellos casos en los que la duración de la IT excede de los 365 días, afirmando que es hasta el momento de notificación al interesado de la Resolución de la Entidad Gestora.

La STS-SOC núm. 435/2022, de 12 de mayo, comentada por Susana María Molina Gutiérrez, desestima el recurso de casación ordinario intimado por una empresa de seguridad privada frente a la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en procedimiento de conflicto colectivo, que elimina la práctica empresarial consistente en recabar a los trabajadores que ingresan a su plantilla por vía subrogatoria un documento que acredite que carecen de antecedentes penales en los países en donde habían residido en los últimos cinco años.

José Fernando Lousada Arochena estudia la STS-SOC núm. 445/2022, de 17 de mayo, que repasa varias cuestiones procesales: la recurribilidad en suplicación cuando se alega la vulneración de un derecho fundamental, y la aplicabilidad de oficio de la cosa juzgada, disertando también sobre la doctrina de “unos mismos hechos” que impide que pueda afirmarse a la vez que unos mismos hechos ocurrieron y no ocurrieron, o que una misma persona fue su autor y no lo fue, según la STC 158/1985, de 26 de noviembre.

La última resolución del número es la STSJ-SOC Comunidad Valenciana, de 30 de noviembre de 2021 (rec. 2089/2021), escrutada por Belén García Romero, en la que se resuelve la solicitud de un miembro de una de familia monoparental de ampliar su permiso de dieciséis semanas adicionándose las semanas de prestación por nacimiento y cuidado de hijo que le hubieran correspondido al otro progenitor.