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El artículo 384 dispone que «el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción».

2. Ley de Enjuiciamiento Criminal

El artículo 794.3 de la LECRIM establece que «En los casos en que se haya impuesto la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, el Secretario judicial procederá a la inmediata retirada del permiso y licencia habilitante, si tal medida no estuviera ya acordada, dejando unido el documento a los autos y remitirá mandamiento a la Jefatura Central de Tráfico para que lo deje sin efecto y no expida otro nuevo hasta la extinción de la condena».

V. Doctrina básica

La STS-PE 118/2016 ha precisado la cuestión de interés casacional planteada (determinar si la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores puede ejecutarse de forma fraccionada, esto es, por tramos, periodos alternos, fines de semana, vacaciones, etc., a petición del penado y por razones predominantemente laborales) y dado una respuesta clara: la posibilidad de fraccionamiento debe desestimarse, debiendo la pena de privación del derecho a conducir ejecutarse en su configuración legal propia, como privación continuada durante el tiempo fijado en la sentencia. Vale la pena desglosar un poco más sus líneas argumentales.

1. El principio de legalidad de la pena

El principio de legalidad en la ejecución penal impide transformar en fase ejecutiva el contenido y modo de cumplimiento de una pena al margen de la previsión normativa  (artículo 3.2 del Código Penal). La ejecución no puede innovar el modo de cumplimiento de una pena y el fraccionamiento no aparece como un detalle accesorio sino como una alteración del modo legal de ejecución. Este mandato impide convertir la fase de ejecución en un espacio de redefinición judicial del contenido de la pena por razones de oportunidad o conveniencia, y obliga a que cualquier modulación que altere su forma esencial encuentre una cobertura normativa expresa que aquí no concurre.

Desde la perspectiva constitucional: el derecho fundamental a la legalidad penal no se agota en la determinación abstracta de la sanción, sino que se extiende a la concreción de sus consecuencias jurídicas, también cuando se ventilan en ejecución^[8].

Desde la perspectiva del CEDH también se subraya que determinadas medidas vinculadas a la ejecución, cuando por su sustancia operan como «pena», quedan sometidas a la garantía de legalidad, que excluye innovaciones sin base legal suficiente y sin previsibilidad para el afectado^[9].

En suma, el juez de la ejecución no puede reconstruir materialmente la sanción -ni su modo esencial de cumplimiento- mediante soluciones no previstas por el legislador.

2. Coherencia del sistema punitivo

El ya transcrito artículo 384 del Código Penal se apoya en la idea de que, declarada judicialmente la privación, el penado queda excluido del derecho de conducir mientras aquella esté vigente, y precisamente por eso tipifica la conducción durante ese tiempo como un nuevo delito. De ahí que resulte incompatible con el diseño legal reconducir la pena a un sistema de «ventanas» o tramos alternos, en el que el propio órgano ejecutor habilitaría espacios de conducción dentro del periodo de privación, pues ello introduciría un escenario no contemplado por el legislador y erosionaría el carácter plenamente excluyente de la decisión judicial durante el tiempo de ejecución.

A lo anterior se añade el diseño procesal de ejecución, que ordena la retirada del permiso y su remisión a la autoridad administrativa; en tal sentido el, ya reproducido, artículo 794.2.ª LECRIM^[10], evidenciando que el legislador concibe una ejecución ininterrumpida de la pena, sin devoluciones periódicas ni activaciones y desactivaciones.

Cuando el Código Penal ha querido permitir formas alternativas de cumplir una pena ya lo ha previsto de forma expresa (multa, localización permanente). En nuestro caso no existe previsión legal que autorice el cumplimiento por tramos. Permitirlo supondría una alteración cualitativa del contenido de la pena, al admitir que el penado condujera durante intervalos insertos en el «tiempo fijado en la sentencia», lo que equivale a transformar una inhabilitación temporal plena, en una habilitación parcial intermitente desconocida por el legislador, chocando frontalmente con el principio de legalidad en la ejecución.

3. Teleología punitiva

Recalca la sentencia que la pena examinada cumple, de manera principal, una finalidad de prevención especial protectora o tendente a inocular el comportamiento de riesgo desarrollado por el sujeto activo. De modo complementario, la pena persigue una finalidad de prevención general, reforzando la vigencia de la norma y el reproche frente a conductas generadoras de riesgo.

Esa doble teleología se realiza con mayor coherencia cuando la pena opera como una privación continuada, clara y verificable durante el tiempo fijado en sentencia; quedaría desdibujada si se permitiera un cumplimiento discontinuo, diluyéndose de este modo el mensaje normativo asociado a una privación temporal íntegra.

4. Perjuicios profesionales

La Sentencia 118/2026 es consciente de las consecuencias laborales que esta singular pena comporta, pero considera que el Derecho Penal no puede detenerse ante consideraciones de tal índole. Ello comprometería la igualdad en la ejecución de las penas y vaciaría parcialmente de contenido la inhabilitación temporal, desplazando el centro de gravedad desde la sentencia hacia un calendario confeccionado en función de la conveniencia particular, con quiebra de las finalidades de prevención especial precisamente en perfiles primordialmente justificados.

VI. Parte dispositiva

Al descartar los argumentos del recurrente, la parte dispositiva se limita a desestimar la casación instada y a imponerle las costas generadas.

VII. Pasajes decisivos

Es en el Fundamento de Derecho Segundo (apartado 2.6.1) donde aparece condensada la doctrina casacional que interesa retener:

La privación del derecho a conducir está concebida como una inhabilitación temporal, pues el artículo 47 del Código Penal dispone que la imposición de esta pena «inhabilitará al penado para el ejercicio de ambos derechos durante el tiempo fijado en la sentencia».  La dicción legal no describe una suma de «días de no conducción» susceptibles de reparto, sino un periodo temporal de privación que se proyecta de forma continua desde un dies a quo hasta un dies ad quem. Fraccionar ese periodo –abriendo intervalos en los que el penado recobraría la posibilidad de conducir– equivaldría a mutar la pena desde una inhabilitación temporal (privación íntegra del derecho durante un tiempo) a un régimen de restricción intermitente (privación solo en ciertos tramos), modalidad que no está prevista en la ley para esta pena y que, por ello, queda vedada por el principio de legalidad en ejecución.

VIII. Comentario

1. Argumentos favorables al fraccionamiento

Las posiciones favorables al fraccionamiento (presentes en diversas sentencias de apelación) han tendido a considerarlo admisible si el plan es estable, fiscalizable con entrega o custodia del permiso y comunicaciones pertinentes a tráfico, sin dilatar en exceso el cumplimiento. Aunque la Sala Segunda las ha descartado, vale la pena recordar sus argumentos.

A) El artículo 47 CP no contiene una prohibición expresa de fraccionar el cumplimiento, por lo que cabría interpretar que lo decisivo es respetar el cómputo total de privación, aun distribuido en periodos. El reproche punitivo no desaparecería, sino que sería más visible incluso, al dilatarse los inconvenientes (en el plano familiar, personal o lúdico) derivados de ello.

B) Si el delincuente es conductor profesional (y no se le ha inhabilitado para desempeñar su profesión) está en juego el derecho del trabajo (art. 35 CE), por lo que la decisión sobre el modo de cumplimiento de la pena en estos supuestos exigiría de una motivación reforzada y una ponderación de los intereses en conflicto, con el fin de buscar su compatibilidad sin frustrar los fines preventivos. Si es posible no agravar las consecuencias de una pena, sino compatibilizarla con los derechos que han quedado al margen de la expresa condena y si, además, ello facilita la reinserción social del delincuente quizá podría admitirse, siempre que no haya fraude o abuso, que prosiguiera desempeñando su trabajo.

C) Si la conducción resulta esencial para el desempeño de una actividad laboral, el cumplimiento continuado puede producir un efecto añadido (pérdida del empleo y deterioro familiar) que excede de la privación del derecho a conducir, de modo que el fraccionamiento permitiría preservar el empleo sin eliminar la privación, manteniendo su carga aflictiva y preventiva. La posibilidad de restringir la pena a la faceta privada de quien conduce, posibilitándole el desarrollo de su profesión podría contemplarse.

D) El artículo 67 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, admitía la posibilidad de que la sanción (suspensión de uno a tres meses) se cumpliera de modo fraccionado, nunca con periodos inferiores a 15 días salvo conductores profesionales que lo solicitaren y siempre que el cumplimiento íntegro se culminara en el plazo máximo de un año^[11]. Luego lo que era posible bajo la aplicación de tal norma también debiera serlo cuando la medida aplicada es la misma.

E) El CP contempla la inhabilitación para ejercer determinadas profesiones o actividades; cuando el penado es conductor profesional y no ha sido inhabilitado para ello, la retirada del permiso de conducir podría interpretarse como una doble sanción.

F) La añeja previsión sobre entrega física del permiso de conducir y las dificultades prácticas de sucesivas entregas y recogidas casan mal con la digitalización actual y la posibilidad de implementar todo eso de manera telemática.

G) Utilizar las garantías sobre cumplimiento de la condena por el penado en sentido desfavorable para el penado quizá no es el mejor modo de interpretar las normas con cánones constitucionales o propios de los Tratados Internacionales aplicables.

2. Suspensión o pérdida del permiso

La Sala Cuarta del TS ha debido ocuparse de la vertiente estrictamente laboral de situaciones derivadas de la pérdida de la licencia para conducir cuando ha ido seguida de una decisión empresarial. Recordemos algunos casos.

A) La STS 4 junio 2013 (rcud 1165/2012) aborda el supuesto de trabajador despedido por utilizar un vehículo de la empresa cuando se le habían retirado todos los puntos del permiso de conducir. Pero la sentencia comparada se pronunciaba sobre problema diverso y la ausencia de contradicción impidió que se pudiera armonizar la doctrina.

B) La STS 276/2017 de 30 marzo (rcud 2155/2015) afrontó la interesante cuestión de si estamos ante un despido tácito cuando la empresa acuerda suspender el contrato de trabajo de su empleado como consecuencia de que había sido privado temporalmente del permiso de conducir, necesario para realizar su actividad. Sin embargo, también aquí surge el mismo imponderable que impide la generación de doctrina. Mientras que la sentencia referencial aborda supuesto en que el trabajador sigue siendo titular del permiso de conducir (retirado o suspendido durante doce meses) la recurrida se enfrenta con supuesto en que el trabajador ha sido privado de su permiso de conducir (y solo pasados doce meses podrá intentar recuperarlo). Mientras que en la sentencia referencial se conoce de antemano la duración del periodo de suspensión, la recurrida advierte que la recuperación de tal permiso constituye un hecho incierto. Mientras que en la sentencia referencial el trabajador recuperará el permiso de manera automática (transcurridos los doce meses), en el caso aquí resuelto es preciso un nuevo examen y superación de cursos.

C) La STS 437/2018 de 24 abril (rcud 2218/2016) aborda la trascendencia disciplinaria de la conducta del trabajador que utiliza el medio de transporte facilitado por la empresa para el desempeño de sus funciones, no obstante haber sido inhabilitado para la conducción de vehículos. Otra vez el tema queda preterido por ausencia de contradicción pues en la sentencia de contraste consta probado que el trabajador no puso en conocimiento de la empresa la retirada del carné de conducir, dato ausente en la recurrida.

D) La STS 735/2017 de 28 septiembre (rcud 3978/2015) estudia si corresponde en exclusiva al INSS, a través de los órganos reglamentariamente establecidos, declarar la situación de incapacidad permanente (IP) para el ejercicio de la profesión habitual, o si la denegación de un permiso o licencia habilitante para el desempeño de la misma (en este caso de conducción) conlleva automáticamente la declaración de la IP. Concluye que la pérdida o revocación administrativa del permiso o licencia habilitante de la profesión de conductor no conlleva el reconocimiento automático de la situación de IPT, pues ha de determinarse, desde la óptica de la Seguridad Social, si las dolencias existentes incapacitan para todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual de taxista propietaria.

E) La STS 177/2022 de 23 febrero (rcud 3259/2020) explica que la noción de ineptitud sobrevenida, a falta de una definición legal expresa, se ha asociado con diversos supuestos como el de la ausencia o disminución de facultades, condiciones, destrezas y otros recursos personales necesarios para el desarrollo del trabajo en términos de normalidad y eficiencia, entendido como imposibilidad de desempeño de todas o al menos las funciones básicas del puesto de trabajo^[12]. Por ejemplo, la pérdida de una autorización o título habilitante para el ejercicio de la actividad, como la privación del permiso de conducir cuando sea exigible conducir para el ejercicio del puesto de trabajo.

F) La STS 149/2023 de 21 febrero (rcud 3723/2021) examina la calificación del despido disciplinario del conductor de autobús que da positivo en consumo de drogas cuando presta su actividad. El convenio colectivo aplicable tipifica la conducción bajo los efectos de drogas como falta muy grave, sin exigir que vaya acompañada de otros datos (conducción temeraria, siniestro, etc.). La conducta tipificada por las normas sectoriales del transporte de viajeros por carretera como «conducción bajo los efectos de drogas, sustancias alucinógenas o estupefacientes» concurre si se acredita, analíticamente, la persistencia de tales sustancias, sin ser necesario que haya habido maniobras extrañas o siniestro circulatorio. Como se observa, la empresa no independiza su conducta de la suerte que corra el permiso de conducir y lleva al debate al puro terreno de la infracción laboral directa.

3. Concordancias

La pérdida del permiso de conducir en profesiones que lo requieren es afrontada por algunos convenios colectivos, sea estableciendo una causa suspensiva del contrato de trabajo, sea disponiendo la recolocación temporal de la persona afectada. Adicionalmente, si el motivo de pérdida o suspensión del permiso deriva de una conducta realizada en ejecución de la prestación laboral cabe la adopción de medidas disciplinarias.

La validez del consentimiento, esto es, su capacidad de crear una relación jurídica, está condicionada a la inexistencia de vicios: violencia, intimidación, dolo, error de la voluntad, reserva mental, error obstativo (o error en la declaración), simulación, declaraciones jocandi causa; temas todos ellos analizados por la doctrina civilista con extremada y repetida atención, incluyendo el caso de quien afirma que posee el permiso de conducir sin que sea cierto^[13].

Con carácter general, el despido «objetivo» por falta de aptitud del trabajador podrá fundarse en razones de incompetencia o in­habilitación profesionales: retirada definitiva del carné de conducir a un chófer (TS/SOC 27.10.1983) o de la licencia federativa a un jugador (TS/SOC 9.7.1983); inhabilitación para ejercer su profesión a un médico o abogado; disminución no intencionada de rendimiento (la intencionada sería causa de despido disciplinario), etc.

A efectos de determinar si concurre imprudencia temeraria que descarta la existencia de accidente de trabajo, suele entenderse que la mera carencia del permiso de conducir no puede excluirse la protección privilegiada que patrocina la consideración laboral del accidente, y la realidad legal que imponen las normas de tráfico de entender que este tipo de circunstancias debe considerarse grave en sí misma porque la conducción de un vehículo de motor, sin estar en posesión de permiso de conducir valido en España, no deja de ser una mera infracción administrativa, en tanto, que no se pruebe que además carecía del suficiente conocimiento o pericia para conducirlo, extremo que debe acreditarse en su caso.

IX. Apunte final^[14]

Aunque no es nueva la atención jurídica al fenómeno del tráfico rodado, durante los últimos años se ha convertido en un tema especialmente visitado desde múltiples ópticas: legislativa, práctica, dogmática, etc. Especial interés viene despertando su examen desde el punto de vista represivo (punición de determinadas conductas relacionadas con la utilización de los vehículos a motor, muy especialmente aquellas que generan intolerables riesgos abstractos para la colectividad), educativo (carné por puntos, obligaciones de vuelta a las autoescuelas, etc.) y tuitivo (atención a las víctimas y a sus familiares).

El nuevo, o renovado, interés por las cuestiones atinentes a esta vieja problemática viene propiciado por el denodado esfuerzo que sobre esta cuestión despliega la política legislativa en la materia. La acción normativa se basa en dos premisas fundamentales, que naturalmente se irradian a la configuración técnica de las soluciones asumidas: 1.º) el control sobre determinados ámbitos de la conducción es necesario para prevenir actitudes peligrosas, o abiertamente fraudulentas; 2.º) han de asumirse conceptos y valores sumamente autónomos.

Durante mucho tiempo, la disciplina normativa del accidente de tráfico (en todos sus aspectos y matices: penales, civiles, también de orden social) ha contado con una especie de fatalismo que ha venido a minimizar el impacto que su producción genera en la comunidad, propiciando su contemplación como algo inevitable, hasta cierto punto incluible en la categoría de caso fortuito o fuerza mayor, en parte por la facilidad con que se accede a las indemnizaciones satisfechas por las compañías aseguradoras.

La comparación con el accidente de trabajo en sentido estricto es tan inevitable como oportuna; en el mundo laboral no parece que haya existido ese fatalismo tan extendido y se ha implementado una fuerte política preventiva, pues se asume que un volumen excesivamente alto de accidentes de trabajo constituye un «síntoma de la explotación» laboral^[15]. En el caso de los siniestros de tráfico, hasta épocas recientes ha existido una cierta desatención a la óptica preventiva, conformándose el sistema jurídico con abordar la protección ex post, reparadora, esencialmente a través de las técnicas del seguro privado. Por fortuna la tendencia ha cambiado, especialmente en esta última década, y los poderes públicos asumen un compromiso muy decidido en este ámbito, abordando la cuestión desde una visión claramente educativa, sin olvidar por ello otros aspectos.

En ese escenario, irrumpe la doctrina de la sentencia comentada, bien que esté construida desde una estricta dogmática penológica.