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REVISTA DE JURISPRUDENCIA LABORAL - Número 8/2026

I. Introducción

En la STJUE (Gran Sala) de 8 de septiembre de 2026 (Asunto C-293/24), se plantea, por una lado, la petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad (DO 1977, L 61, p. 26; EE 05/02, p. 122), del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO 2001, L 82, p. 16), y del artículo 267 TFUE, párrafo tercero.

Esta petición, por otro lado, se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Sr. João Filipe Ferreira da Silva e Brito y otros antiguos trabajadores de la compañía aérea Air Atlantis S. A. (en lo sucesivo, «AIA») y el Estado português (Estado portugués) con el fin de obtener el resarcimiento del perjuicio que afirman haber sufrido como consecuencia de la violación del Derecho de la Unión cometida por el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo, Portugal) en su sentencia de 25 de febrero de 2009.  La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 8 de septiembre de 2026 en el Asunto C-293/24 (Ferreira da Silva e Brito y otros) aborda, pues, una temática de enorme relevancia en el espacio geopolítico y jurídico de la Unión Europea como es la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial cometido por sus tribunales de última instancia.

II. Identificación de la resolución judicial comentada

Tipo de resolución judicial: Sentencia.

Órgano judicial: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala).

Número de resolución judicial y fecha: 8 de septiembre de 2026.

Tipo y número recurso o procedimiento: Procedimiento Prejudicial. Asunto C-293/94.

ECLI:EU:C:2026:723

Fuente: EUR-Lex. Access to European Union law.

Ponente: M. Gavalec.

Votos Particulares: carece.

III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes

El caso se remonta a un conflicto laboral en Portugal. Un grupo de trabajadores de la aerolínea Air Atlantis fue despedido tras la disolución de la empresa. Los empleados alegaban que otra compañía (Transportes Aéreos Portugueses) había asumido sus actividades, dándose los requisitos de una transmisión de empresa regulada por el Derecho de la Unión Europea (Directiva 2001/23/CE).

El Supremo Tribunal de Justiça de Portugal desestimó las pretensiones de los trabajadores sin plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE, a pesar de ser un órgano de última instancia obligado a hacerlo ante dudas razonables de interpretación. Años más tarde, el propio TJUE confirmó que en ese escenario sí existía una transmisión empresarial y que el tribunal portugués debió haber consultado al tribunal de justicia comunitario. A raíz de la vulneración de sus derechos, los trabajadores iniciaron un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra el Estado portugués por los perjuicios causados por la negligencia de su máximo tribunal. El litigio derivó al TJUE por vía prejudicial para esclarecer los límites de dicha responsabilidad y, a la vez, que precisar aspectos relevantes sobre la existencia de una transmisión de empresa o «centro de actividad» a efectos de la Directiva 2001/23/CE.

IV. Posición de las partes

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad (DO 1977, L 61, p. 26; EE 05/02, p. 122), del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO 2001, L 82, p. 16), y del artículo 267 TFUE, párrafo tercero.

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Sr. João Filipe Ferreira da Silva e Brito y otros antiguos trabajadores de la compañía aérea Air Atlantis S. A. (en lo sucesivo, «AIA») y el Estado português (Estado portugués) con el fin de obtener el resarcimiento del perjuicio que afirman haber sufrido como consecuencia de la violación del Derecho de la Unión cometida por el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo, Portugal) en su sentencia de 25 de febrero de 2009 (en lo sucesivo, «sentencia de 25 de febrero de 2009»).

V. Normativa aplicable al caso

- Artículo 267 TFUE. 

- Directiva 77/187/CEE: artículo 1 de dicha Directiva disponía lo siguiente en su apartado 1; artículo 3 de esta Directiva establecía, en su apartado 1; artículo 4, apartado 1, párrafo primero.  

 - La Directiva 2001/23 codificó, con efectos a partir del 11 de abril de 2001, la Directiva 77/187, en su versión modificada por la Directiva 98/50/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998 (DO 1998, L 201, p. 88): artículo 1, apartado 1, letras a) y b); artículo 3, apartado 1, párrafo primero; artículo 4, apartado 1, párrafo primero.  

- Artículo 23, apartado 3, del Régimen jurídico da cessação do contrato individual de trabalho (Régimen jurídico de la extinción de los contratos individuales de trabajo), aprobado por el Decreto-Lei n.º 64-A/89 (Decreto‑ley n.º 64-A/89), de 27 de febrero de 1989 (Diário da República, serie I, n.º 48, 2.º suplemento, de 27 de febrero de 1989; en lo sucesivo, «LCCT»).

VI. Doctrina básica

El principio de responsabilidad del Estado es también aplicable cuando la violación en cuestión se deriva de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia. En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el poder judicial desempeña una función esencial en la protección de los derechos que para los particulares se derivan de las normas del Derecho de la Unión y que un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia constituye, por definición, el último órgano ante el cual estos pueden alegar los derechos que estas normas les reconocen. El Tribunal de Justicia ha llegado a la conclusión de que se mermaría la plena eficacia de las normas del Derecho de la Unión y se debilitaría la protección de estos derechos si los particulares no pudieran obtener una indemnización, en determinadas condiciones, por los perjuicios que les ha causado una violación del Derecho de la Unión imputable a una resolución de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que se pronuncia en última instancia (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, apartados 32 a 36 y 59; de 13 de junio de 2006, Traghetti del Mediterraneo, C‑173/03, EU:C:2006:391, apartado 31, y de 28 de julio de 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, apartado 20).

En cuanto a los requisitos para que se genere esta responsabilidad, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que los particulares perjudicados tienen derecho a obtener una reparación cuando se cumplan tres requisitos cumulativos: que la norma de Derecho de la Unión infringida tenga por objeto conferirles derechos, que la infracción de esta norma pueda calificarse de suficientemente caracterizada y que exista una relación de causalidad directa entre tal infracción y el daño sufrido por estos particulares [véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, C‑46/93 y C‑48/93, EU:C:1996:79, apartado 51; de 22 de diciembre de 2022, Ministre de la Transition écologique y Premier ministre (Responsabilidad del Estado por la contaminación del aire), C‑61/21, EU:C:2022:1015, apartado 44, y de 18 de diciembre de 2025, Hamoudi/Frontex, C‑136/24 P, EU:C:2025:977, apartado 68].

Estos tres requisitos son necesarios y suficientes para generar la responsabilidad de un Estado miembro por violación del Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, C‑46/93 y C‑48/93, EU:C:1996:79, apartado 66, y de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, apartado 57). Por consiguiente, el Derecho de la Unión se opone a que el Derecho nacional imponga requisitos adicionales o más estrictos que los mencionados en el apartado 44 de la presente sentencia. En cambio, no excluye en absoluto que el Estado pueda incurrir en responsabilidad por violación del Derecho de la Unión en virtud de requisitos menos restrictivos establecidos con arreglo al Derecho nacional^[1].

 Sobre los errores de interpretación del Derecho de la Unión a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo) debía tener en cuenta al dictar la sentencia de 25 de febrero de 2009:

En cambio, en un sector en el que los elementos materiales contribuyen de forma significativa al ejercicio de la actividad, como el transporte público regular por autobús, el hecho de que no se transmitan del antiguo al nuevo concesionario en una medida significativa dichos elementos, que son indispensables para el buen funcionamiento de la entidad, debe conducir a considerar que esta no mantiene su identidad (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de enero de 2001, Liikenne, C‑172/99, EU:C:2001:59, apartado 42).

Varios años antes de que se dictara la sentencia de 25 de febrero de 2009, el Tribunal de Justicia había precisado, en este sentido, que, cuando la actividad no se basa esencialmente en la mano de obra, en la medida en que exige unos equipos importantes, el hecho de hacerse cargo de los elementos materiales indispensables para el ejercicio de la actividad puede resultar decisivo para caracterizar la transmisión de una entidad económica (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2003, Abler y otros, C‑340/01, EU:C:2003:629, apartado 36), aun cuando dicha transmisión no vaya acompañada de la transmisión de la propiedad de esos elementos materiales (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de diciembre de 1999, Allen y otros, C‑234/98, EU:C:1999:594, apartado 30 y jurisprudencia citada).

A contrario sensu, en un sector de actividad de este tipo, el hecho de que el nuevo empresario no se haga cargo de una parte esencial, en términos de número y de competencias, del personal que su antecesor dedicaba al desarrollo de esta actividad no basta para excluir la existencia de una transmisión de una entidad que mantenga su identidad en el sentido de las Directivas 77/187 y 2001/23. Un razonamiento distinto iría en contra del objetivo principal de estas Directivas, que es mantener los contratos de trabajo de los trabajadores del cedente, aun en contra de la voluntad del cesionario (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2003, Abler y otros, C‑340/01, EU:C:2003:629, apartado 37). (Apartados 73 a 77).

Sobre el incumplimiento por el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo) de la obligación de remisión prejudicial establecida en el artículo 267 TFUE, párrafo tercero:  

Como se ha recordado en el apartado 57 de la presente sentencia, los órganos jurisdiccionales nacionales, a fortiori aquellos cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso, y el Tribunal de Justicia están llamados, en el marco de la cooperación jurisdiccional establecida por el artículo 267 TFUE, que implica una responsabilidad común, y dentro del respeto de sus competencias respectivas, a contribuir directa y recíprocamente a la elaboración de una decisión con el fin de garantizar la aplicación uniforme del Derecho de la Unión en el conjunto de los Estados miembros.

En circunstancias como las del litigio principal, en las que el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo) ha interpretado el concepto de «transmisión de empresa o de centro de actividad» apartándose de la metodología seguida en la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia en la materia, la decisión adoptada de manera unilateral por dicho órgano jurisdiccional nacional incide así significativamente en la apreciación de la existencia de una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión.

VII. Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

1) Contribuyen a demostrar que el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo, Portugal), en su sentencia de 25 de febrero de 2009, infringió de manera suficientemente caracterizada el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad, en primer lugar, el hecho de que dicha sentencia adolezca de una conjunción de errores de interpretación del Derecho de la Unión, apreciados a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuya toma en consideración por parte de aquel órgano jurisdiccional cabía razonablemente esperar cuando dictó la referida sentencia; en segundo lugar, el hecho de que la citada sentencia de 25 de febrero de 2009 se dictara incumpliendo la obligación de remisión prejudicial que incumbía al mismo órgano jurisdiccional en virtud del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, y, en tercer lugar, la circunstancia de que el Supremo Tribunal de Justicia (Tribunal Supremo) no podía ignorar que la conformidad con el Derecho de la Unión del enfoque metodológico adoptado en dicha sentencia era específicamente objeto de una petición de decisión prejudicial pendiente ante el Tribunal de Justicia.

2) El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 77/187 y el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece que el cobro por un trabajador de la indemnización legal debida a raíz de un despido colectivo equivale a la aceptación por este de su despido, de modo que pierde la posibilidad de impugnarlo y de reclamar el mantenimiento de sus derechos en virtud de las citadas Directivas.

VIII. Pasajes decisivos

El principio de responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares es también aplicable cuando la violación en cuestión se deriva de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia. En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el poder judicial desempeña una función esencial en la protección de los derechos que para los particulares se derivan de las normas del Derecho de la Unión y que un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia constituye, por definición, el último órgano ante el cual estos pueden alegar los derechos que estas normas les reconocen. El Tribunal de Justicia ha llegado a la conclusión de que se mermaría la plena eficacia de las normas del Derecho de la Unión y se debilitaría la protección de estos derechos si los particulares no pudieran obtener una indemnización, en determinadas condiciones, por los perjuicios que les ha causado una violación del Derecho de la Unión imputable a una resolución de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que se pronuncia en última instancia (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, apartados 32 a 36 y 59; de 13 de junio de 2006, Traghetti del Mediterraneo, C‑173/03, EU:C:2006:391, apartado 31, y de 28 de julio de 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, apartado 20). (Aparrado 43).

IX. Comentario

En el sistema de la Directiva 2001/23/CE, de 12 de marzo, el supuesto de hecho normativo (lo que se denomina, algo inexactamente, «ámbito de aplicación») queda delimitado en forma amplia e «intermedia» (esto es, entre el sistema de cláusula general y el sistema de enunciado de supuestos) del modo siguiente: se aplica «a los traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o centros de actividad a otro empresario como resultado de una cesión contractual o de una fusión» (art.1.1.a) Directiva). Esta referencia ha sido objeto de una interpretación finalista, amplia y extensiva a los diversos supuestos que actúan la transmisión de la empresa o unidad productiva autónoma. Los actos o negocios jurídicos que pueden producir la transmisión son amplios (con peculiaridades, como se verá respecto en las transmisiones coactivas en el marco de los procedimientos concursales); y el objeto de la transmisión se formula con textura abierta como organización de actividad o centro de actividades económicas, sin necesidad de transmisión de infraestructura patrimonial. El objeto de la transmisión ha de ser una entidad económica (en sentido amplio) que conserve su identidad. La entidad económica organizada remite a un conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio^[2].

El objeto de la transmisión es una entidad económica organizada; es decir, una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios y personas organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria (cfr. art.1.1.b) Directiva)^[3]. Pero la conservación de la identidad del objeto transmisivo no se puede entender en el sentido de que exige el mantenimiento de la organización específica impuesta por el empresario a los diversos factores de producción transmitidos, sino en el sentido más flexible de que comporta el mantenimiento del vínculo funcional de interdependencia y de complementariedad entre esos factores. El mantenimiento del referido vínculo funcional entre los distintos factores transmitidos permite al cesionario utilizar estos últimos para desarrollar una actividad económica idéntica o análoga aun cuando, después de la transmisión, estén integrados en una nueva estructura organizativa diferente^[4]. En esa perspectiva la empresa o unidad productiva permite reconocer a los trabajadores como copartícipes de la organización no como elementos externos o extraños a la misma, a pesar de que tras el cambio de titularidad de la empresa o unidad productiva no se mantenga su autonomía, al disgregarse e integrarse en una estructura organizativa diversa a la del momento inicial en que aquél se produjo. Lo realmente relevante es que en el momento genético u originario de la transmisión se transfiera una organización de actividades susceptible de tener vida propia y, por tanto, de explotación autónoma y diferenciada del posible complejo empresarial en que se integraron, sin perjuicio de que en el momento funcional posterior a la transmisión los factores productivos se integren por el cesionario en una nueva estructura organizativa empresarial distinta para realizar una actividad económica idéntica o análoga a la precedente.

La entidad económica configurada como «objeto» de la transmisión (esto es como objeto de actos o negocios jurídico-económicos dentro del tráfico jurídico) se entiende en sentido amplio y flexible, atendiendo a las características de la «forma empresa» en los sectores y subsectores del sistema económico. Ello se resuelve en una concepción iuslaboral de «entidad económica». La entidad económica se configura como tipo normativo flexible capaz de modularse atendiendo a las distintas formas de empresa contemporánea. En el fondo, la noción legal de «entidad económica» da cuenta del paradigma específico de empresa en el Derecho del Trabajo, donde la empresa es una categoría jurídico-laboral dotada de autonomía respecto a su conceptualización en otros sectores del ordenamiento jurídico, y se componen de una organización de elementos personales, patrimoniales, relaciones y situaciones jurídicas múltiples encaminadas a la realización de un fin productivo prefijado (cfr. art.1.2 ET). En el Estatuto de los Trabajadores la empresa se concibe, ante todo, como el marco organizativo de la relación de trabajo; no otra cosa significa el ámbito de organización y dirección a que alude el artículo 1 ET, más allá del carácter general de la empresa como unidad socioeconómica de producción. Esta idea integra el paradigma iuslaboral de empresa. La normativa comunitaria y el mismo artículo 44.2 ET expresa ese paradigma iuslaboral al aportar el concepto jurídico-laboral de «entidad económica», de manera que «se considerará que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecta a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria» (véase al respecto, la STJCE de 12 de febrero de 2009^[5], precisando la exigencia de «identidad» y admitiendo la sucesión laboral también en el caso de que lo transmitido no mantenga su autonomía organizativa, al disgregarse en otras estructuras empresariales ya existentes bajo el poder organizativo y directivo del cesionario o adquirente). Es así que este concepto jurídico es capaz de abarcar tanto el modelo clásico e industrial –materializado– como el modelo postindustrial –desmaterializado– de empresa transmisible. En todo caso, lo que caracteriza a la empresa y a sus diversas partes autónomas (a título de centro de trabajo o de unidad productiva autónoma ex artículo 44 ET) no son tanto los elementos materiales o patrimoniales (los cuales no son elementos constitutivos necesarios que hayan de concurrir y estar presentes siempre en toda realidad jurídico-económica de empresa) como la existencia de una actividad organizada soporte de una organización laboral, de manera que cabe la existencia de una empresa que carezca de elementos materiales significativos (tanto desde el punto de vista económico como desde el prisma estrictamente jurídico) y tenga solamente organización de los recursos humanos y de las actividades o servicios desplegados objeto de la empresa. Por ello mismo la noción comunitaria e interna de «entidad económica» permite acoger de modo coherente y sin grandes dificultades técnicas a las entidades económicas «industriales» y a las entidades económicas de «servicios».

El objeto de la transmisión puede no serlo en un sentido mercantil, pero sí en una perspectiva iuslaboral (al servicio de los fines propios del Derecho Social del Trabajo). En esta línea de afirmar una noción iuslaboral funcional de empresa (basada en una realidad empírica de la empresa en cuanto que ésta presenta una señas de identidad y regularidades diferenciadas) e instrumental a efectos de la aplicación de la normativa laboral sucesoria en las transmisiones empresariales, destaca el asunto Temco^[6], donde se toma en consideración la sucesión en la organización de la actividad y la continuidad de las plantillas de personal por el nuevo titular organizador de las actividades: a pesar de que no existe transmisión de activos en «una empresa de limpieza un conjunto organizado de trabajadores que se hallan específicamente destinados de forma duradera a una actividad común puede constituir una unidad económica cuando no existen otros factores de producción». De este modo, la transmisión se refiere a una «entidad económica» en el sentido de la Directiva. En tal caso se integra el objeto de la transmisión: no se trata sólo de una transmisión de actividad sino de una transmisión de entidad económica, sin que sea estrictamente necesario que se transmita un conjunto de medios materiales organizados de forma autónoma en una empresa de servicios desmaterializada (apartado 23). Así el concepto de entidad económica hace referencia a un conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio^[7]. Para determinar si se reúnen los requisitos necesarios para la transmisión de una entidad, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho características de la operación de que se trata, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el que se haya transmitido o no elementos materiales como los edificios y los bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercitadas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades. Sin embargo, estos elementos son únicamente aspectos parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, por tanto, apreciarse aisladamente. Se han de tomar en consideración todas las circunstancias de hecho características de la operación examinada, en particular atendiendo al tipo de empresa y sin poder ir más allá de la consideración de los elementos materiales en el momento de la transmisión como un elemento más que puede no ser condicionante para la aplicación de la normativa sucesoria en determinados casos; siendo así que el conjunto de factores o elementos a tener en cuenta se trata tan sólo de aspectos parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, por consiguiente, apreciarse aisladamente y de manera rígida e indiferenciada para todos los tipos de empresa y características del caso examinado^[8].

En la medida en que sea posible que una entidad económica funcione, en determinados sectores (v.gr., sector de limpieza), sin elementos significativos de activo material o inmaterial, el mantenimiento de la identidad de dicha entidad independientemente de la operación de que es objeto no puede, por definición, depender de la cesión de tales elementos^[9]. De manera que «en determinados sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común puede constituir una entidad económica». Se trata de la transmisión de una organización de actividad (no de las personas de los trabajadores afectos a la misma), que en sí incorpora o se hace acompañar de la transmisión de los elementos esenciales para el desarrollo y organización de la actividad empresarial (en la perspectiva iuslaboral la entidad económica remite, ciertamente, a un conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio efectivo de una actividad económica que persigue un objetivo propio^[10]). Por consiguiente, dicha entidad puede mantener su identidad aun después de su transmisión cuando el nuevo empresario no se limita a continuar con la actividad de que se trata, sino que además se hace cargo de una parte esencial, en términos de número y de competencias, del personal que su antecesor destinaba especialmente a dicha tarea^[11].

Por lo que se refiere a una empresa de limpieza, un conjunto organizado de trabajadores que se hallan específicamente destinados de forma duradera a una actividad común puede constituir una entidad económica cuando no existen otros factores de producción^[12]. Adviértase que aquí el personal (los trabajadores) es considerado como «factor de producción». Declara el TJUE que si, en caso de asumir una parte esencial de la plantilla, la existencia de una transmisión en el sentido de la Directiva 2001/23/CE se supeditara a que tal asunción tenga un origen puramente contractual, la protección de los trabajadores que constituye el objeto de esta Directiva quedaría en manos del empresario, el cual, absteniéndose de celebrar tal contrato, podría eludir la aplicación de dicha Directiva, sin perjuicio de los derechos de los trabajadores cedidos que, sin embargo, están garantizados por el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE. Ahora bien, la mera circunstancia de que la actividad ejercida por la empresa anterior y la nueva sean similares o incluso idénticas no es suficiente para afirmar que se ha mantenido la identidad de una entidad económica. En efecto, tal entidad no puede reducirse a la actividad que se le ha encomendado. Su identidad resulta también de otros elementos, como el personal que la integra, sus directivos, la organización de su trabajo, sus métodos de explotación o, en su caso, los medios de explotación de que dispone. En particular, la identidad de una entidad económica como la controvertida en el asunto principal, que descansa esencialmente en la mano de obra, no puede mantenerse si el supuesto cesionario no se hace cargo de la de la mayor parte de su plantilla. De ello se desprende que, sin perjuicio de la eventual aplicación de normas de protección nacionales, la mera asunción, en el procedimiento principal, por el Ayuntamiento, de la actividad de limpieza encargada anterior a la empresa adjudicataria del servicio, no basta, por sí sola, para poner de manifiesto la existencia de una transmisión en el sentido de la Directiva 2001/23^[13].

Por lo demás, el artículo 1, apartado 1, de la Directiva prevé expresamente que la transmisión puede referirse únicamente a una parte de un centro de actividad. De este modo, no afecta a la calificación de la transmisión respecto de la Directiva el hecho de que la empresa cedente continúe existiendo después de que otra empresa se haya hecho cargo de una de sus actividades y que haya conservado una parte del personal dedicado a dicha actividad, puesto que la actividad de la que se ha separado la cedente constituye, por sí misma, una entidad económica^[14]. El artículo 1 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que ésta se aplica a una situación en la que un arrendatario de servicios, que había confiado contractualmente la limpieza de sus locales a un primer empresario, el cual hacía ejecutar dicho contrato por un contratista, resuelve dicho contrato y celebra, con vistas a la ejecución de los mismos trabajos, un nuevo contrato con un segundo empresario, cuando la operación no va acompañada de ninguna cesión de elementos del activo, materiales o inmateriales, entre el primer empresario o el subcontratista y el nuevo empresario, pero el nuevo empresario se hace cargo, en virtud de un convenio colectivo de trabajo, de una parte del personal del subcontratista, siempre que el mantenimiento del personal se refiera a una parte esencial, en términos de número y de competencia, del personal que el subcontratista destinada a la ejecución del subcontrato^[15].

Con todo, la empresa es una organización de actividades para el mercado, con predisposición de personas y medios materiales y/o inmateriales. Esta interpretación iuslaboral y funcional del objeto de la transmisión no está exenta de serios problemas en su aplicación práctica, pero se ha mostrado útil, porque puede permitir la adaptación de la normativa (a través de la flexibilidad del objeto de la transmisión) a la conformación de las «empresas desmaterializadas» (especialmente, aunque no exclusivamente, en el sector servicios en alza dentro del conjunto global del sistema de empresas contemporáneas). En cualquier caso, la interpretación ha de actuar ante un escenario más complejo, de manera que el intérprete ha de tomar en consideración todas las circunstancias de hecho individualizadoras de la operación en su conjunto, sin limitarse reductivamente a una verificación de un solo elemento indiciario supuestamente determinante de la existencia de una transmisión de empresa^[16].

La idea básica de «entidad económica» (noción jurídica comunitaria, y por tanto «comunitarizada» en su sentido y alcance jurídico) como un conjunto organizado de trabajadores entorno a ciertas actividades empresariales, capaz de proporcionar los elementos necesarios para la continuidad de las actividades empresariales de que se trate, ha sido determinante en el giro hermenéutico operado en la doctrina del Tribunal Supremo. Con todo, el Tribunal Supremo ha expresado su autovinculación a la jurisprudencia del TJUE, pues, innegablemente los jueces y tribunales españoles están sujetos a la dicha jurisprudencia, la cual se impone con fuerza vinculante. El principio de primacía del Derecho comunitario se expresa en los dos momentos jurídicamente relevantes de decisión jurídica, a saber: el momento de la producción normativa y el momento dinámico de la aplicación e interpretación de las normas comunitarias para resolver los diversos conflictos jurídicos que se plantean. Es éste el único modo de garantizar igualmente una unificación en la interpretación jurisdiccional del Derecho vigente en la materia, aunque dentro de un cierto margen de flexibilidad y racionalidad en la observancia de ese carácter vinculante de la jurisprudencia comunitaria. El Derecho requiere ser interpretado y no puede eludir la complejidad social. Las soluciones jurídicas se hacen más complejas, pero es que la misma realidad jurídica de las formas de empresa en el sector terciario es en sí misma –y cada vez más– compleja y diferenciada.

Esta construcción es sin duda todavía incompleta, deficiente y, en gran medida aporética. Pero la gran virtualidad jurídico-práctica de la jurisprudencia del TJUE ha residido en el esfuerzo innovador (más allá de la deficitaria corrección técnica de algunas de sus construcciones) y el haber realzado que la transmisión de elementos de activo empresarial (infraestructura económica, bienes materiales e inmateriales, etcétera) no constituye una condición sine qua non para la aplicación del fenómeno sucesorio en empresas típicamente desmaterializadas (es decir, las propias del sector de servicios en un contexto de terciarización de la economía). Y es aquí donde se localiza un giro definitivo, un punto de inflexión o de no retorno, respecto a la revisión de la concepción tradicional de la empresa «materializada» (que acaba por confundir la empresa con el complejo de bienes patrimoniales que puede implicar) y permite atender a la especificidad económica y jurídica de las «empresas desmaterializadas» en expansión por el creciente proceso de terciarización de la economía. En todo caso, queda mucho por hacer y parece necesaria la regulación legal específica de los cambios de titularidad en contratas y concesiones administrativas.

Por último, es de señalar que en nuestro ordenamiento interno –a diferencia del Derecho social comunitario general– se incluye dentro del supuesto de hecho normativo ex artículo 44 ET determinados supuestos de traspaso o transferencia de funciones o servicios administrativos entre Administraciones públicas^[17]. Asimismo, la jurisprudencia europea realiza una interpretación extensiva y finalista de la fórmula legal («cesión contractual»), aceptando su aplicación a todos los supuestos de cambio de titularidad.

En definitiva, autodelimitando su objeto, indica la propia Directiva que se considerará que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria. Importa hacer notar entre los requisitos de la transmisión: primero, que los conceptos de empresa y centro de trabajo («centro de actividad» en la terminología de la Directiva) integran típicamente una noción comunitaria. En segundo lugar, la integración del objeto de la transmisión ha de concurrir en el momento en que ésta se lleva a cabo. Después puede producirse una disgregación interna de la unidad productiva en el marco de la división técnica de la actividad. Así, respecto al factor relativo a la organización, la normativa sucesoria debe aplicarse a una situación en la que el nuevo empresario no mantiene la autonomía organizativa de la parte de la empresa o del centro de actividad cedido (a resultas de una modificación de la estructura organizativa de la entidad objeto de cesión). Para no privar a la normativa sucesoria de una parte de su eficacia real, no procede interpretar el requisito del objeto de la transmisión en el sentido de que exige el mantenimiento de la organización específica impuesta por el empresario a los diversos factores de producción transmitidos, sino en el sentido distinto de que supone el mantenimiento del vínculo funcional de interdependencia y de complementariedad entre esos factores. De este modo, el mantenimiento de dicho vínculo funcional entre los diversos factores transmitidos permite al cesionario utilizar estos últimos para desarrollar una actividad económica idéntica o análoga aun cuando, después de la transmisión, estén integrados en una nueva estructura organizativa diferente. La misma redacción del artículo 6, apartado 1, párrafos primero y cuarto, de la Directiva 2001/23/CE confirma que la intención del legislador comunitario es que esta Directiva se aplique a toda transmisión que cumpla los requisitos establecidos en su artículo 1.1, con independencia de que la entidad económica transmitida conserve o no su autonomía en la estructura organizativa empresarial del empresario cesionario. Por ello el TJUE ha declarado que «el artículo 1, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001…, debe interpretarse en el sentido de que esta también se aplica a una situación en la que la parte de empresa o del centro de actividad cedido no mantiene su autonomía organizativa, siempre que se mantenga el vínculo funcional entre los diferentes factores de producción transmitidos y que éste permita [es la actitud del complejo organizativo transmitido para conseguir ese objetivo lo realmente relevante a efecto de integrar el supuesto de hecho normativo] al cesionario utilizarlos para desarrollar una actividad económica idéntica o análoga, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente»^[18].

Entre otras garantías jurídicas, en la Directiva 2001/23 se establecen dos tipos de garantías sustantivas. Se impone la continuidad de las relaciones laborales mediante la técnica jurídica de la sucesión legal o cesión ex lege (cesión legal del contrato) en las relaciones laborales (teniendo en cuenta que el contrato de trabajo es un «contrato normativo» y, como tal, intensamente heterorregulado por vía legal y de negociación colectiva), por un lado, y por otro, un posible sistema de responsabilidad conjunta entre los empresarios intervinientes en la operación transmisiva (esta responsabilidad conjunto es en la Directiva 2001/23/CE de carácter opcional para los Estados miembros). La Directiva ha de interpretarse bajo una doble perspectiva informadora: por un lado, el respeto a la estabilidad en el empleo (impidiendo la extinción de las relaciones laborales por el solo hecho de la transmisión y garantizando la conservación inicial del régimen laboral anterior), y por otro la determinación del empleador responsable garantizando la satisfacción de los créditos sociolaborales.

a) Se sienta el principio general de que el cambio de titularidad de la empresa no es justa causa para la terminación de la relación laboral subsistente al tiempo de la transmisión tanto del lado del trabajador como de los titulares sucesivos de la empresa (el nuevo titular y su predecesor). El cambio de titularidad no extinguirá por sí mismo la relación laboral; por lo que no impide el juego de otras causas adicionales de extinción contractual. Conforme a la Directiva, «el traspaso de una empresa, de un centro de actividad o de una parte de centro de actividad no constituye en sí mismo un motivo de despido para el cedente o para el cesionario», aunque inmediatamente puntualiza que «esta disposición no impedirá los despidos que puedan producirse por razones económicas, técnicas o de organización, que impliquen cambios en el plano del empleo» (art. 4.º1)^[19]. Dejando a salvo la concurrencia del fraude de Ley, será válida la extinción ex ante a la fecha del cambio de titularidad a través de un expediente de regulación de empleo^[20]. Pero no son admisibles los despidos producidos tan sólo por el hecho de la transmisión^[21]. El nuevo empresario se coloca en la misma posición jurídica que el precedente ostentando los mismos poderes de modificación de condiciones de trabajo y de extinción y, en particular, de despido^[22].

Sin embargo, es de hacer notar, que el TJUE acepta un derecho de oposición individual del trabajador a la cesión legal del contrato (sucesión ope legis a título particular), de conformidad con las legislaciones nacionales^[23]. Ahora bien, los Estados miembros pueden establecer una sucesión legal obligatoria bilateral tanto para los trabajadores originarios como para los empleadores cesionarios que «subingresan» en la posición laboral contractual del empresario cedente.

b) Se impone la continuidad ipso iure y de carácter automático de las relaciones laborales en curso y el subsiguiente «subingreso» ex lege (sucesión legal laboral) del nuevo titular en la entera posición, activa y pasiva, del precedente titular en cada una de las relaciones laborales en que este era parte o sujeto obligado, permaneciendo ope legis objetivamente inalterada la relación de trabajo que se constituyó en virtud del contrato de trabajo que continúa en su identidad^[24]. Esta subsistencia de las relaciones duraderas o en devengo se instrumenta jurídicamente mediante el instituto de la sucesión legal en la relación jurídica o cesión legal del contrato. Con ello se configura el cambio de titularidad de la empresa como una vicisitud modificativo-subjetiva y no extintiva de la relación de trabajo. De tal manera que «todos los contratos de trabajo o relaciones laborales existentes, en la fecha de la transmisión en una empresa, entre el transmitente y los trabajadores afectados a la empresa transmitida, se transfieren de pleno derecho al sucesor por el mero hecho de la transmisión» (art. 3.1 Directiva)^[25]; siendo así que el nuevo empresario ha de respetar las condiciones laborales preexistentes. La Directiva 2001/23/CE tiene la finalidad de garantizar el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de cambio de empresario, permitiéndoles permanecer al servicio del nuevo empresario en las mismas condiciones acordadas con el cedente. El efecto sucesorio laboral comprende el mantenimiento de los derechos subsistentes en la fecha de la transmisión.

Pero también cabe señalar que el efecto sucesorio ex lege previsto en la Directiva comporta que queda investido el nuevo empresario con todas las titularidades activas y pasivas de su predecesor, y, entre ellas, con las facultades disciplinarias inherentes a su posición jurídica, en cuanto no afecte respecto a ellas la prescripción. En efecto, es posible tanto la modificación de condiciones de trabajo como la extinción contractual por hecho sobrevenido después de producirse la transmisión. Conforme al artículo 4.1 «el traspaso de una empresa, de un centro de actividad o de una parte de éstos no constituirá en sí mismo un motivo de despido para el cedente o para el cesionario. Esta disposición no impedirá los despidos que puedan producirse por razones económicas, técnicas o de organización que impliquen cambios en el plano del empleo». Por otra parte, se establece que «si el contrato de trabajo o la relación laboral se rescinde como consecuencia de que el traspaso ocasiona una modificación substancial de las condiciones de trabajo en perjuicio del trabajador, la rescisión del contrato de trabajo o de la relación laboral se considerará imputable al empresario» (artículo 4.2 de la Directiva). De este modo es posible que se introduzcan legítimas modificaciones (sustanciales y no sustanciales) de las condiciones de trabajo después de producirse el cambio de titularidad de la empresa a través de los procedimientos previstos en el Derecho interno^[26]. La jurisprudencia comunitaria ha realzado respecto a este último apartado que la finalidad de la Directiva 2001/23/CE sólo persigue una armonización parcial de la materia de que se trata, haciendo extensible, en lo esencial a la hipótesis de una transmisión de empresa la protección garantizada a los trabajadores de forma autónoma por el Derecho de los distintos Estados miembros. La Directiva no pretende instaurar un nivel de protección uniforme para toda la Comunidad en función de criterios comunes. Por tanto, dicha Directiva sólo puede invocarse para garantizar que el trabajador interesado quede protegido en sus relaciones con el cesionario tal como lo estaba con el cedente, en virtud de la normativa del Estado miembro de que se trate. Es así que no puede considerarse que el artículo 4.2 de la Directiva 2001/23/CE haya fijado un nivel uniforme de protección de los trabajadores que vaya más allá de la norma de imputación de la responsabilidad que contempla. De ello se desprende, en particular, que esta disposición no determina las consecuencias económicas de la imputabilidad al empresario en las citadas circunstancias. Por consiguiente, tales consecuencias han de ser fijadas por cada Estado miembro, en función de las normas nacionales aplicables en la materia, y siempre que se alcance el resultado previsto por la Directiva. Aparte de la conservación de los derechos preexistentes, la Directiva persigue este objetivo en la medida en que considera al cesionario responsable de la rescisión del contrato de trabajo o de la relación de trabajo en caso de modificación sustancial de las condiciones de trabajo relacionada con la transmisión de la empresa, siendo así que las consecuencias de esta responsabilidad se regulan por el Derecho nacional aplicable. Por ello el artículo 4.2, de la Directiva 2001/23 en el sentido de que, en el caso de rescisión del contrato de trabajo o de la relación de trabajo, impuesta por la concurrencia de los requisitos de aplicación de esta disposición e independiente de que el cesionario incumpla alguna de las obligaciones que le incumben con arreglo a esta Directiva, dicho artículo no obliga a los Estados miembros a garantizar al trabajador el derecho a una indemnización económica a cargo de dicho cesionario en condiciones idénticas al derecho que el trabajador pueden invocar cuando el empresario pone fin, de manera improcedente, a su contrato de trabajo o a su relación de trabajo. No obstante, el órgano jurisdiccional nacional, en el marco de sus competencias, debe garantizar al menos que, en tal supuesto, el cesionario soporte las consecuencias que el Derecho nacional aplicable asigna a la rescisión del contrato de trabajo o de la relación de trabajo imputables al empresario, como el pago del salario y de otras ventajas correspondientes, en virtud de ese Derecho, al período de preaviso que dicho empresario debe respetar. Atendiendo a todo ello, el Tribunal de Justicia comunitario declara que el artículo 4.2 de la Directiva 2001/23/CE «debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de rescisión del contrato de trabajo o de la relación de trabajo, impuesta por la concurrencia de los requisitos de aplicación de esta disposición e independiente de que el cesionario incumpla alguna de las obligaciones que le incumben con arreglo a esta Directiva, dicho artículo no obliga a los Estados miembros a garantizar al trabajador el derecho a una indemnización económica a cargo de dicho cesionario en condiciones idénticas al derecho que el trabajador puede invocar cuando el empresario pone fin, de manera improcedente, a su contrato de trabajo o a su relación de trabajo. No obstante, el órgano jurisdiccional nacional, en el marco de sus competencias, debe garantizar al menos que, en tal supuesto, el cesionario soporte las consecuencias que el Derecho nacional aplicable asigna a la rescisión del contrato de trabajo o de la relación de trabajo imputables al empresario, como el pago del salario y de otras ventajas correspondientes, en virtud de ese Derecho, al período de preaviso que dicho empresario debe respetar»^[27]. Pero en los Estados miembros recae la obligación de adoptar en su ordenamiento jurídico nacional todas aquellas medidas necesarias para garantizar la plena eficacia de la Directiva, atendiendo a las finalidades perseguidas^[28]. Esta interpretación, a pesar de todo, sigue siendo insuficiente para garantizar una tutela efectiva de los derechos de resarcimiento de los trabajadores, siendo deseable que el mismo texto de la Directiva estableciera una garantía directa de responsabilidad para tales supuestos lesivos (daños o perjuicios derivados de las modificaciones sustanciales realizadas a instancia del nuevo empleador).

La Directiva garantiza la conservación de los contratos de trabajo –que pertenecen al tipo categorial de los contratos normados–, produciéndose así ope legis una modificación subjetiva en la posición jurídica del empleador. El principio sucesorio laboral impide los despidos «tan sólo por el hecho de la transmisión»^[29].

Respecto al alcance material del fenómeno sucesorio o subrogatorio en la normativa comunitaria es oportuno precisar que se declara la permanencia de la relación laboral, y con ello la subsistencia de las fuentes reguladoras de las relaciones laborales afectadas por la transmisión. De tal forma que, en principio, subsisten en sus propios términos, no sólo los contratos de trabajo sino también los convenios colectivos y los instrumentos jurídicos internos aplicables a la empresa que ha sido objeto de transmisión. Lo que continua ope legis es la relación de trabajo en su complejo, esto es, del estatuto profesional de los trabajadores de la empresa o unidad de producción que ha sido transferida. En realidad, en virtud de la sucesión legal se constituye un nuevo centro de imputación subjetiva del complejo de fuentes reguladoras de la relación laboral en curso, imputándose al nuevo empresario los derechos y obligaciones concernientes a la relación de trabajo. Las condiciones de trabajo preexistentes se mantienen subsistentes como elemento de la relación de trabajo sobre la que actúa la sucesión legal. Es por tanto, nítidamente comprensible que, en sintonía con ello, se pueda afirmar sin más que el nuevo empresario queda subrogado en los derechos y obligaciones laborales del anterior, con independencia de la fuente base de reconocimiento e imposición de tales derechos y obligaciones; mecanismo de sucesión legal que permite garantizar, con carácter automático e ipso iure, la continuidad de las relaciones laborales en curso mediante la imputación de la idéntica posición laboral ocupada por su predecesor al nuevo empresario o a la sociedad resultante de la operación transmisiva. Por tanto, se mantienen las condiciones de trabajo originarias, sin perjuicio de posibles modificaciones posteriores legítimas a través del ejercicio de los poderes de modificación detentados por el nuevo empleador.

De lo que se ha señalado es posible observar que estamos en una materia intensamente comunitarización teniendo en cuenta la existencia de una potente Directiva 2001/23 y la penetrante intervención interpretativa y creativa del TJUE. Una doctrina jurisprudencial, por lo demás, abundante.

En el caso analizado en la STJUE (Gran Sala) de 8 de septiembre de 2026 (Asunto C-293/24), el TJUE examina las cuestiones prejudiciales pronunciándose sobre cada una de ellas, atendiendo también en sus conexiones.

I. En las cuestiones prejudiciales primera a tercera, que tienen una especial centralidad en la controversia jurídica, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si puede generarse la responsabilidad de un Estado miembro por una infracción suficientemente caracterizada del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 77/187 o del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23 llevada a cabo por uno de sus órganos jurisdiccionales cuyas resoluciones no son susceptibles de recurso, como la interpretación adoptada por el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo) en su sentencia de 25 de febrero de 2009, debido a la conjunción de errores de interpretación de la disposición pertinente y al incumplimiento, por parte de dicho órgano jurisdiccional, de su obligación de remisión prejudicial en virtud del artículo 267 TFUE, párrafo tercero.

Por lo pronto, del Tribunal de Justicia subraya la relevancia, con carácter general, del principio de responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares como consecuencia de violaciones del Derecho de la Unión que le son imputables, entendiendo que este principio es inherente al sistema de los Tratados en los que esta se funda^[30]. Dicho principio rige en cualquier supuesto de violación del Derecho de la Unión por parte de un Estado miembro, independientemente de cuál sea la autoridad pública responsable de esta violación^[31]. Siendo un principio general consagrado en el sistema de los Tratados, resulta también aplicable cuando la violación en cuestión se deriva de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia. En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el poder judicial desempeña una función esencial en la protección de los derechos que para los particulares se derivan de las normas del Derecho de la Unión y que un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia constituye, por definición, el último órgano ante el cual estos pueden alegar los derechos que estas normas les reconocen. El Tribunal de Justicia ha llegado a la conclusión de que se mermaría la plena eficacia de las normas del Derecho de la Unión y se debilitaría la protección de estos derechos si los particulares no pudieran obtener una indemnización, en determinadas condiciones, por los perjuicios que les ha causado una violación del Derecho de la Unión imputable a una resolución de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que se pronuncia en última instancia^[32].

Sin embargo, esta responsabilidad del Estado está sometida a un conjunto de requisitos condicionantes de orden público comunitario: los particulares perjudicados tienen derecho a obtener una reparación solo cuando se cumplan tres requisitos cumulativos: que la norma de Derecho de la Unión infringida tenga por objeto conferirles derechos, que la infracción de esta norma pueda calificarse de suficientemente caracterizada y que exista una relación de causalidad directa entre tal infracción y el daño sufrido por estos particulares^[33]. Estos tres requisitos son necesarios y suficientes para generar la responsabilidad de un Estado miembro por violación del Derecho de la Unión^[34]. Consecuentemente, el Derecho de la Unión se opone a que el Derecho nacional imponga requisitos adicionales o más estrictos que los mencionados. En cambio, no excluye en absoluto que el Estado pueda incurrir en responsabilidad por violación del Derecho de la Unión en virtud de requisitos menos restrictivos establecidos con arreglo al Derecho nacional, pues se trataría de una norma más favorable respecto de la norma mínima establecida por el ordenamiento jurídico comunitario^[35].

Con este marco de referencia, el Tribunal de Justicia aborda concretamente la problemática de la responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados por la resolución de un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso y que infringe una norma del Derecho de la Unión, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Se desprende que lógicamente esta responsabilidad se rige por los tres requisitos mencionados^[36]. En el asunto controvertido se cumple el primer requisito para que se genere la responsabilidad de un Estado miembro por violación del Derecho de la Unión, puesto que es evidente que el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 77/187 y el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23 tienen por objeto conferir derechos sociales a los trabajadores anudados a la existencia de una transmisión de empresas, unidad productiva o «centro de actividad» en la que prestan servicios. Efectivamente, la Directiva 2001 (como también en su primera versión, Directiva 77/187), tiene por objetivo fundamental el de proteger a los trabajadores en caso de cambio de empresario, en particular para garantizar el mantenimiento de sus derechos, como es jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia^[37]. En este sentido los artículos 3.1, párrafo primero, y 4.1, párrafo primero, de estas Directivas sociales tienen como finalidad garantizar, en interés de los trabajadores, el mantenimiento de los derechos de estos en caso de cambio de empresario, permitiéndoles permanecer al servicio del cesionario en las mismas condiciones acordadas con el cedente. Se pretende garantizar, en la medida de lo posible, la continuación de la relación laboral con el cesionario, sin modificaciones, en particular obligando a este a mantener las condiciones de trabajo pactadas mediante convenio colectivo y protegiendo a los trabajadores contra los despidos motivados únicamente por la transmisión^[38]. Bien es cierto, que esa estabilidad del empleo no es definitiva, porque el empleador, por causas justificadas distintas al hecho mismo de la transmisión, podrá llevar a cabo a través del ejercicio legítimo de sus poderes directivos y organizativos modificaciones –sustanciales y no sustanciales, o incluso despidos colectivos o individuales por causas de funcionamiento de la empresa^[39]. Ya el propio artículo 4.1, establece que «el traspaso de una empresa, de un centro de actividad o de una parte de éstos no constituirá en sí mismo un motivo de despido para el cedente o para el cesionario. «Esta disposición no impedirá los despidos que puedan producirse por razones económicas, técnicas o de organización que impliquen cambios». Estableciendo, a renglón seguido (apartado 2), que «si el contrato de trabajo o la relación laboral se rescinde como consecuencia de que el traspaso ocasiona una modificación substancial de las condiciones de trabajo en perjuicio del trabajador, la rescisión del contrato de trabajo o de la relación laboral se considerará imputable al empresario». Es manifiesto que en el caso objeto de controversia concurría los elementos tipificadores de una transmisión de empresa o «centro de actividad». Las circunstancias del litigio principal permiten considerar que se había producido una «transmisión de centro de actividad», en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23. Por otra parte, ha quedado acreditado que los trabajadores aceptaron recibir la indemnización por el despido colectivo con el convencimiento de que la extinción de la empresa [AIA], su empleador, era inevitable, y desconociendo que, tras la extinción de sus contratos de trabajo, la demandada TAP efectuaría al menos una parte de las operaciones de vuelos chárter que hasta entonces efectuaba [AIA] y que se entregaría a TAP una parte del equipamiento de esta, incluidos los aviones—. Como se abundará en ello el cobro la indemnización por despido no puede suponer la aceptación del despido porque ello resulta ilegítimo al oponerse frontalmente a la Directiva comunitaria. Porque de ser así admitirse supondría una violación del principio de irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores afectados y, con ello, se frustraría la misma finalidad de la Directiva como normativa de orden público comunitario.  El no entenderlo así constituyó en origen un manifiesto «error» en aplicación del Derecho de la Unión.

Por lo que se refiere al segundo requisito para que se genere la responsabilidad de un Estado miembro por violación del Derecho de la Unión, es decir, la exigencia de una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión se ha de tener en cuenta la especificidad de la función jurisdiccional y las exigencias legítimas de seguridad jurídica. Así, la responsabilidad del Estado derivada de una violación del Derecho de la Unión debida a una resolución de un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso solamente puede exigirse en el caso excepcional de que el juez haya infringido de manera manifiesta el Derecho aplicable^[40]. Para determinar si se cumple dicho requisito, el juez nacional que conozca de una demanda de indemnización por daños y perjuicios:

- deberá tener en cuenta todos los elementos que caractericen la situación que se le haya sometido;

- y, en particular, ad exemplum, el grado de claridad y de precisión de la norma vulnerada, la amplitud del margen de apreciación que la norma infringida deja a las autoridades nacionales o de la Unión, el carácter intencional o involuntario de la infracción cometida o del perjuicio causado, el carácter excusable o inexcusable de un posible error de Derecho, el hecho de que las actitudes adoptadas por una institución de la Unión hayan podido contribuir a la omisión, a la adopción o al mantenimiento de medidas o prácticas nacionales contrarias al Derecho de la Unión, así como el incumplimiento por parte del órgano jurisdiccional de que se trate de su obligación de remisión prejudicial en virtud del artículo 267 TFUE, párrafo tercero^[41];

- se ha de precisar que no es necesario que se cumplan todos los criterios antes mencionados para que pueda generarse la responsabilidad de un Estado miembro;

-  además, dado que, en el marco de los litigios en materia de responsabilidad de los Estados miembros por violación del Derecho de la Unión, la «violación suficientemente caracterizada» de dicho Derecho debe apreciarse en el momento de la adopción de la decisión ilegal de que se trate^[42], la jurisprudencia pertinente a estos efectos es la existente en el momento en que el órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso adoptó la resolución que sea objeto de controversia.

 En lo relativo al incumplimiento, por parte de un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso, de su obligación de remisión prejudicial, constituye un elemento cuya importancia varía en función de las circunstancias propias del caso. Así, aunque el incumplimiento de esta obligación puede contribuir a que se declare que la violación del Derecho de la Unión cometida por tal órgano jurisdiccional tiene carácter manifiesto, no basta, por sí solo, para declarar la existencia de una infracción suficientemente caracterizada de una norma del Derecho de la Unión que tiene por objeto conferir derechos a los particulares y, por tanto, para generar la responsabilidad de un Estado miembro. Esa declaración generadora de responsabilidad presente de la concurrente de ciertos elementos concurrentes:

1.º Como premisa el TJUE observa que dicha obligación de remisión se inserta en el marco de la cooperación judicial instituida entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, mediante un diálogo de juez a juez, con el fin de garantizar, por una parte, la coherencia, la plena eficacia y el carácter propio del Derecho de la Unión, así como la autonomía del sistema jurídico de la Unión cuya observancia garantiza el Tribunal de Justicia, y, por otra parte, la correcta aplicación y la interpretación uniforme del Derecho de la Unión. Esta cooperación permite, en particular, evitar que se consolide en un Estado miembro una jurisprudencia nacional que no se atenga a las normas del Derecho de la Unión^[43]. De este modo, implica una responsabilidad común de los órganos jurisdiccionales nacionales, en particular de aquellos cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso, y del Tribunal de Justicia para garantizar la interpretación uniforme y coherente del Derecho de la Unión. Esa aplicación uniforme y coherente es el objetivo a perseguir con ese diálogo multinivel entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el TJUE. Por lo demás, esa interacción comunicativa favorece, asimismo, la garantía uniforme y coherente de los derechos laborales cuando se aplica de la Derecho Social de la Unión. Lo que aquí es el caso.

 

2.º Este sistema de cooperación directa entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales instaurado por el artículo 267 TFUE no constituye una vía de recurso abierta a las partes en un litigio pendiente ante un juez nacional. Por ello no es suficiente con que una parte mantenga que el litigio suscita una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión para que el órgano jurisdiccional nacional de que se trate esté obligado a concluir que se plantea tal cuestión en el sentido del artículo 267 TFUE^[44]. De ello se deduce que, para que se declare la existencia de una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión que genere la responsabilidad de un Estado miembro, el incumplimiento de la obligación de remisión prejudicial establecida en el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, debe ir acompañado de la infracción de otra norma del Derecho de la Unión que confiera derechos a los particulares.

Atendiendo a ello, hace notar el TJUE, en el asunto objetivo de controversia, como se desprende de los puntos 1 y 2 del fallo de la sentencia Ferreira da Silva e Brito I, la sentencia de 25 de febrero de 2009 infringió el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23 e incumplió la obligación de remisión prejudicial establecida en el artículo 267 TFUE, párrafo tercero. En estas circunstancias, debe examinarse si la interpretación del Derecho de la Unión adoptada por el órgano jurisdiccional remitente en esta última sentencia puede calificarse de violación suficientemente caracterizada de ese Derecho. A este respecto, ha de recordarse que, en cualquier caso, una violación del Derecho de la Unión puede calificarse de suficientemente caracterizada cuando la resolución de que se trate se haya dictado con un desconocimiento manifiesto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia^[45]. Ahora bien, la aplicación de los criterios que permiten determinar la responsabilidad de los Estados miembros por daños causados a los particulares por violaciones del Derecho de la Unión corresponde, en principio, a los órganos jurisdiccionales nacionales, conforme a las orientaciones suministradas por el Tribunal de Justicia para dicha aplicación^[46].

3.º Para proporcionar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia puede, en aras de la cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales, facilitarle todas las indicaciones que considere necesarias (véanse las sentencias de 21 de marzo de 1985, Celestri & C., 172/84, EU:C:1985:137, apartado 12; de 1 de julio de 2008, MOTOE, C‑49/07, EU:C:2008:376, apartado 30, y de 19 de marzo de 2026, Oblastní nemocnice Kolín, C‑513/24, EU:C:2026:214, apartado 26). A este respecto, tres elementos que caracterizaron la adopción por el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo) de la sentencia de 25 de febrero de 2009 son determinantes para apreciar si dicha sentencia supone una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión.

El Tribunal de Justicia considera que se han producido graves errores de interpretación del Derecho de la Unión a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo) debía tener en cuenta al dictar la sentencia de 25 de febrero de 2009: en primer lugar, al ignorar que se estaba ante una supuesto de «transmisión de un centro de actividad». En el momento en que se dictó la sentencia nacional de 25 de febrero de 2009, el Tribunal de Justicia ya había elaborado, en su jurisprudencia, un método de examen común para los diferentes supuestos de transmisión de empresa o de centro de actividad. En efecto, desde la sentencia de 18 de marzo de 1986, Spijkers (24/85, EU:C:1986:127), el Tribunal de Justicia ha explicado las circunstancias de hecho que deben caracterizar la operación en cuestión para que pueda calificarse de «transmisión de empresa o de centro de actividad», circunstancias que posteriormente fueron sistematizadas, especialmente en las sentencias de 19 de mayo de 1992, Redmond Stichting (C‑29/91, EU:C:1992:220), y de 11 de marzo de 1997, Süzen (C‑13/95, EU:C:1997:141)^[47]. Para el TJUE la entidad económica afectada tras cambiar la persona responsable de la explotación de la empresa o del centro de actividad remite a un conjunto organizado de personas y de elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio^[48]. Por otra parte, el criterio decisivo para determinar la existencia de una transmisión a los efectos de la Directiva 77/187 y de la Directiva 2001/23 es si la entidad de que se trata mantiene su identidad, lo que resulta, en particular, de que continúe efectivamente la explotación o de que esta se reanude^[49]. El ámbito de aplicación de la Directiva 2001/23 abarca todos los supuestos de cambio, en el marco de relaciones contractuales, de la persona física o jurídica responsable de la explotación de la empresa o del centro de actividad y que, por ello, contrae las obligaciones del empresario frente a los empleados de la empresa, no importa si se ha transmitido la propiedad de los elementos materiales^[50]. Para determinar si se reúnen los requisitos que permiten declarar que se mantiene la identidad de la entidad de que se trate, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho que caracterizan a la operación en cuestión, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el hecho de que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios y bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades. Sin embargo, estos elementos son únicamente aspectos parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, por tanto, apreciarse aisladamente^[51]. Esa apreciación debe tener en cuenta, en particular, el tipo de empresa o de «centro de actividad» de que se trate. En efecto, la importancia respectiva que debe atribuirse a los distintos criterios para identificar la existencia de una «transmisión de empresa o de centro de actividad» en el sentido de las Directivas 77/187 y 2001/23 varía necesariamente en función de la actividad ejercida o, incluso, de los métodos de producción o de explotación utilizados en la empresa, en el centro de actividad o en la parte de centro de actividad de que se trate^[52].  Así, en los sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra y en los que un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común puede constituir una entidad económica, debe hacerse hincapié en el hecho de hacerse cargo del personal. En efecto, tal entidad puede mantener su identidad aun después de su transmisión cuando el nuevo empresario no se limita a continuar con la actividad de que se trate, sino que, además, se hace cargo de una parte esencial, en términos de número y de competencias, del personal que su antecesor destinaba especialmente a dicha tarea. En este supuesto, el nuevo empresario adquiere el conjunto organizado de elementos que le permitirá continuar las actividades o algunas actividades de la empresa cedente de forma estable^[53].

Ahora bien, a «contrario sensu», es necesario precisar que, en un sector de actividad de este tipo, el hecho de que el nuevo empresario no se haga cargo de una parte esencial, en términos de número y de competencias, del personal que su antecesor dedicaba al desarrollo de esta actividad no basta para excluir la existencia de una transmisión de una entidad que mantenga su identidad en el sentido de las Directivas 77/187 y 2001/23. Un razonamiento distinto iría en contra del objetivo principal de estas Directivas, que es mantener los contratos de trabajo de los trabajadores del cedente, aun en contra de la voluntad del cesionario (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2003, Abler y otros, C‑340/01, EU:C:2003:629, apartado 37).

Es así que se desprende que, mucho antes de que se dictara la sentencia de 25 de febrero de 2009, el Tribunal de Justicia había desarrollado una metodología de análisis del concepto de «transmisión de empresa o de centro de actividad» que implicaba distinguir según que, en el sector de que se tratase, la actividad se basara esencialmente en la mano de obra o, a la inversa, en equipos importantes. Pues bien, dicha sentencia del tribunal nacional no contiene ninguna referencia explícita a esta metodología ni elementos que permitan considerar que el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo) la aplicó implícitamente en la referida sentencia. Dado que el sector del transporte aéreo civil, al que se refiere el litigio principal, se incluye manifiestamente entre los sectores que no se basan principalmente en la mano de obra, en la medida en que exigen equipos importantes, ello supone una vulneración de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada, en particular, en los apartados 75 a 77 de la presente sentencia. Se ignoró que la Directiva 77/187, codificada por la Directiva 2001/23, es aplicable a todos los supuestos de cambio, en el marco de relaciones contractuales, de la persona física o jurídica responsable de la explotación de la empresa, que asume las obligaciones de empresario frente a los empleados de la empresa^[54]. Señaladamente, desconoció la jurisprudencia según la cual el criterio decisivo para determinar la existencia de una transmisión a los efectos de la Directiva 2001/23 consiste en determinar si la entidad de que se trata mantiene su identidad, lo que se desprende, en particular, de la circunstancia de que continúe efectivamente su explotación o de que esta se reanude. Criterio que ya estaba presente, en gran medida, en los apartados 11 y 12 de la sentencia de 18 de marzo de 1986, Spijkers (24/85, EU:C:1986:127), que también se citan en el apartado 25 de la sentencia Ferreira da Silva e Brito I.  Por otra parte, en el apartado 44 de la sentencia de 12 de febrero de 2009, Klarenberg (C‑466/07, EU:C:2009:85), el Tribunal de Justicia, refiriéndose a sentencias anteriores, indicó que, si bien había declarado con anterioridad que el factor relativo a la organización del trabajo contribuye a definir la identidad de una entidad económica^[55], también había estimado que una modificación de la estructura organizativa de la entidad cedida no puede impedir la aplicación de la Directiva 2001/23.

Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente no tuvo en cuenta la interpretación amplia del concepto de «transmisión de empresa o de centro de actividad», tal como se desprendía de esta jurisprudencia anterior a la sentencia de 12 de febrero de 2009, Klarenberg (C‑466/07, EU:C:2009:85), al considerar, en la sentencia de 25 de febrero de 2009, que era necesario comprobar si la actividad «chárter» de AIA se había desarrollado de manera autónoma en el seno de TAP para apreciar si la cesión de la entidad transmitida a esta última compañía aérea debía considerarse una «transmisión de empresa o de centro de actividad» en el sentido de la Directiva 77/187.  En efecto, al supeditar la apreciación de tal transmisión al requisito, que el Tribunal de Justicia nunca había recogido en su jurisprudencia, de que la entidad transmitida conserve su autonomía organizativa en el seno de la entidad que la absorbe, el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo) estableció una exigencia que no encuentra fundamento en esas Directivas y que se aparta de la metodología adoptada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se refiere a ellas y que cabía esperar razonablemente que el órgano jurisdiccional remitente tuviera en cuenta al dictar la sentencia de 25 de febrero de 2009. Es lo cierto, que al proceder de este modo para justificar su interpretación del concepto de «transmisión de empresa o de centro de actividad», el órgano jurisdiccional remitente adoptó un enfoque subjetivo de tal operación, situándola sistemáticamente en el contexto de la liquidación de AIA y del objetivo de TAP de reducir las pérdidas generadas por dicha liquidación. Al contrario, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia cuya toma en consideración cabía esperar razonablemente del Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo) cuando dictó la sentencia de 25 de febrero de 2009 se desprendía claramente que este concepto «transmisión de empresa o de centro de actividad» se basa en criterios objetivos. Como se ha señalado en el apartado 69 de la presente sentencia, el criterio decisivo para determinar la existencia de una transmisión a los efectos de las Directivas 77/187 y 2001/23 consiste en determinar si la entidad de que se trata mantiene su identidad, lo que se desprende, en particular, de la circunstancia de que continúe efectivamente su explotación o de que esta se reanude.

 

La consecuencia de ello es la violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión Europea: A la luz de la jurisprudencia que el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo) debería haber tenido en cuenta, la conjunción de los errores de interpretación del Derecho de la Unión que cometió en la sentencia de 25 de febrero de 2009, identificados en los apartados 79, 87, 88 y 90 de la presente sentencia, parece viciar dicha sentencia de una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión (apartado 92).

2.º) Respecto al incumplimiento por el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo) de la obligación de remisión prejudicial establecida en el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, cabe señalar que, según el TJUE, constituye también un indicio en este sentido el incumplimiento por parte del órgano jurisdiccional remitente de su obligación de remisión prejudicial, infringiendo el artículo 267 TFUE, párrafo tercero. En efecto, como resulta del punto 2 del fallo de la sentencia Ferreira da Silva e Brito I, el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo) incumplió esta obligación en su sentencia de 25 de febrero de 2009. En tal sentido objeta el TJUE que a fortiori cuando no existe ningún ulterior recurso judicial de Derecho interno contra la resolución de un órgano jurisdiccional, este tiene, en principio, la obligación, en el caso de que se suscite ante él una cuestión relativa a la interpretación del Derecho de la Unión o a la validez de un acto de Derecho derivado, de someter esa cuestión al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 267 TFUE, párrafo tercero^[56] (apartado 96). Y cabe señalar que tal órgano jurisdiccional nacional solo puede quedar exento de esta obligación si se encuentra en una de las tres situaciones contempladas por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 6 de octubre de 1982, Cilfit (283/81, EU:C:1982:335), apartado 21, es decir, si la cuestión de Derecho de la Unión que se plantea ante él no es pertinente, si la disposición del Derecho de la Unión de que se trata ya ha sido objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justicia o si la interpretación correcta del Derecho de la Unión se impone con tal evidencia que no deja lugar a ninguna duda razonable. En no hacer la remisión supone poner en cuestión el carácter vinculante que revisten las sentencias prejudiciales para los órganos jurisdiccionales nacionales en lo que respecta a la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión a las que se refieren [véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de febrero de 1977, Benedetti, 52/76, EU:C:1977:16, apartado 26; de 11 de junio de 1987, X, 14/86, EU:C:1987:275, apartado 12, y de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartado 74], como la lógica de cooperación judicial inherente al procedimiento prejudicial, un órgano jurisdiccional nacional no puede, sin remitir al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial, apartarse por iniciativa propia de una interpretación que el Tribunal de Justicia haya desarrollado previamente de una disposición de Derecho de la Unión aplicable al litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional nacional. En circunstancias como las del litigio principal, en las que el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo) ha interpretado el concepto de «transmisión de empresa o de centro de actividad» apartándose de la metodología seguida en la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia en la materia, la decisión adoptada de manera unilateral por dicho órgano jurisdiccional nacional incide así significativamente en la apreciación de la existencia de una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión.  (apartados 100-101)

3.º)  En relación al carácter excusable o inexcusable de la violación del Derecho de la Unión cometida por el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo). El TJUE indicó, en el apartado 55 de la sentencia de 30 de septiembre de 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513), que el carácter excusable o inexcusable de un posible error de Derecho forma parte de los elementos pertinentes que caracterizan la situación planteada al juez nacional que conoce de una demanda de indemnización por daños y perjuicios a los efectos de apreciar la existencia de una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión.

En el caso de autos, como se ha señalado en el apartado 88 de la presente sentencia, la sentencia de 25 de febrero de 2009 se basaba en la premisa de que la declaración de la existencia de una transmisión de empresa o de centro de actividad en el sentido de las Directivas 77/187 y 2001/23 está supeditada al requisito de que la entidad transmitida mantenga su autonomía organizativa dentro de la entidad que la ha absorbido. Pues bien, es preciso señalar que el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo) no podía ignorar, en aquel momento, que la conformidad de tal premisa con el concepto de «transmisión de empresa o de centro de actividad» en el sentido de dichas Directivas era precisamente objeto de un procedimiento de remisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, en el marco del cual se habían presentado, el 6 de noviembre de 2008, las conclusiones del Abogado General Mengozzi en el asunto Klarenberg (C‑466/07, EU:C:2008:614). En relación a ello se ha de recordar que, cuando la solución del litigio pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional depende de la interpretación del Derecho de la Unión, que es objeto de un procedimiento de remisión prejudicial simultáneo ante el Tribunal de Justicia relativo a los mismos aspectos de ese Derecho, de la obligación de cooperación leal consagrada en el artículo 4 TUE, apartado 3, párrafo primero, se desprende que el órgano jurisdiccional nacional, para evitar adoptar una decisión que, en su caso, sea contraria a la del Tribunal de Justicia, debe realizar los trámites necesarios que garanticen que se tome en consideración la sentencia dictada en dicho procedimiento de remisión prejudicial, en el marco del cual las conclusiones de un Abogado General del Tribunal de Justicia estaban disponibles varios meses antes de que se dictara tal sentencia.

En una interpretación de conjunto el Tribunal de Justicia alcanza una conclusión sobre las tres primeras cuestiones prejudiciales. Teniendo debidamente en cuenta las apreciaciones recogidas en los apartados 65 a 106 de la presente sentencia, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente comprobar, en el marco de un análisis de todos los elementos que caracterizan la situación de la que conoce, en el sentido de los apartados 54 y 55 de la sentencia de 30 de septiembre de 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513), si, en su sentencia de 25 de febrero de 2009, el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo) violó el Derecho de la Unión de manera suficientemente caracterizada. Corresponderá, asimismo, al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, como parece desprenderse de los autos remitidos al Tribunal de Justicia, existe una relación de causalidad directa entre la infracción del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 77/187 y la totalidad o parte de los daños y perjuicios sufridos por los demandantes en el litigio principal a raíz del procedimiento de despido colectivo del que fueron objeto (véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de noviembre de 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, apartado 59, y de 4 de octubre de 2018, Kantarev, C‑571/16, EU:C:2018:807, apartado 116).

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia responde a las cuestiones prejudiciales primera a tercera. Ellas contribuyen a demostrar que el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo), en su sentencia de 25 de febrero de 2009, infringió de manera suficientemente caracterizada el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 77/187, en primer lugar, el hecho de que dicha sentencia adolezca de una conjunción de errores de interpretación del Derecho de la Unión, apreciados a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuya toma en consideración por parte de aquel órgano jurisdiccional cabía razonablemente esperar cuando dictó la referida sentencia; en segundo lugar, el hecho de que la citada sentencia de 25 de febrero de 2009 se dictara incumpliendo la obligación de remisión prejudicial que incumbía al mismo órgano jurisdiccional en virtud del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, y, en tercer lugar, la circunstancia de que el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo) no podía ignorar que la conformidad con el Derecho de la Unión del enfoque metodológico adoptado en dicha sentencia era específicamente objeto de una petición de decisión prejudicial pendiente ante el Tribunal de Justicia.

II. Cuarta cuestión prejudicial. El órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 77/187 y el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/23 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece que el cobro por un trabajador de la indemnización legal debida a raíz de un despido colectivo equivale a la aceptación por este de su despido, de modo que pierde la posibilidad de impugnarlo y de reclamar el mantenimiento de sus derechos en virtud de las citadas Directivas. Hay que tener en cuenta que la protección que las Directivas 77/187 y 2001/23 pretenden garantizar a los trabajadores afectados por una transmisión de empresa o de centro de actividades de orden público y, por tanto, no está sujeta a la voluntad de las partes en el contrato de trabajo. Así pues, las normas de estas Directivas, especialmente las relativas a la protección de los trabajadores contra el despido por causa de transmisión de empresa, deben considerarse imperativas, en el sentido de que no pueden admitirse excepciones a lo establecido en ellas que redunden en perjuicio de los trabajadores. De lo dicho se desprende que los trabajadores afectados no pueden renunciar a los derechos que les reconocen las citadas Directivas y que no cabe admitir una disminución de estos derechos, ni siquiera con el propio consentimiento de los trabajadores^[57]. Por tanto, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 77/187 y el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/23 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece que el cobro por un trabajador de la indemnización legal debida a raíz de un despido colectivo equivale a la aceptación por este de su despido, de modo que pierde la posibilidad de impugnarlo y de reclamar el mantenimiento de sus derechos en virtud de las citadas Directivas. (apartado 112).

X. Apunte final

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 8 de septiembre de 2026 en el asunto C-293/24 (Ferreira da Silva e Brito y otros contra Estado português) es una resolución históricamente relevante sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial cometido por un tribunal de última instancia, aunque ya tiene precedentes muy significativos, pues este ámbito de responsabilidad de los Estados miembros por violación del Derecho comunitario es inherente al principio de primacía y de obligado cumplimiento de las normas de Derecho de la Unión Europea. Es una sentencia de gran importancia para todo el Derecho de la Unión Europea, porque, entre otras cuestiones, una vez probada la vulneración del Derecho de la Unión (en nuestro caso la Directiva 2001/23 en su interpretación auténtica por el Tribunal de Justicia comunitario), abre con plena nitidez un cauce procedimental para que los ciudadanos y trabajadores (por ejemplo, trabajadores en abuso de temporalidad o interinos que hayan visto desestimadas sus pretensiones con fuerza de cosa juzgada en sus respectivos Tribunales Supremos) puedan reclamar indemnizaciones directamente al Estado si se demuestra que los tribunales nacionales  de última instancia (autoridad pública actuante a la que se imputa el incumplimiento por acción u omisión) ignoraron o aplicaron incorrectamente la jurisprudencia comunitaria de forma manifiesta.

La responsabilidad de los Estados miembros por violación del Derecho de la Unión es un principio fundamental del ordenamiento jurídico europeo que garantiza la plena eficacia de las normas comunitarias y protege los derechos de los ciudadanos. Aunque este principio no estaba recogido expresamente en los tratados originarios, el Tribunal de Justicia lo estableció de forma definitiva como algo inherente al sistema de la Unión a través de su jurisprudencia histórica. El TJUE determinó en el conocido caso Francovich y Bonifaci (TJCE 19 de noviembre de 1991)^[58] que el principio de responsabilidad del Estado es inherente al sistema de los Tratados fundacionales. Es más, «el derecho a reparación constituye el corolario necesario del efecto directo reconocido a las disposiciones comunitarias, cuya infracción ha dado lugar al daño causado» (apartado 22). El Estado está obligado a reparar y compensar económicamente los daños sufridos por los particulares. El Tribunal argumentó que la plena eficacia de las normas comunitarias se vería cuestionada y la protección de los derechos que reconocen se debilitaría si los particulares no pudieran obtener una reparación cuando sus derechos son lesionados por una violación del Derecho comunitario imputable a un Estado miembro. Posteriormente, en los asuntos acumulados Brasserie du Pêcheur y Factortame (1996)^[59], el Tribunal amplió este concepto, aclarando que la responsabilidad se aplica independientemente de cuál sea el órgano del Estado cuya acción u omisión haya ocasionado el incumplimiento (ya sea el poder legislativo, el ejecutivo o el judicial)^[60]. De este modo, la responsabilidad patrimonial del Estado miembro asegura la efectividad de los compromisos jurídicos de los Estados miembros en el marco de la Unión Europea, de manera que los Estados asuman el coste de los daños ocasionados a los particulares. El principio de responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares como consecuencia de violaciones del Derecho de la Unión que le son imputables es inherente al sistema de los Tratados en los que esta se funda (sentencia de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros, C‑6/90 y C‑9/90, EU:C:1991:428, apartado 35). Dicho principio rige en cualquier supuesto de violación del Derecho de la Unión por parte de un Estado miembro, independientemente de cuál sea la autoridad pública responsable de esta violación [véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, C‑46/93 y C‑48/93, EU:C:1996:79, apartados 31 y 32, y de 22 de diciembre de 2022, Ministre de la Transition écologique y Premier ministre (Responsabilidad del Estado por la contaminación del aire), C‑61/21, EU:C:2022:1015, apartado 43]^[61].

Respecto a los requisitos para que se genere esta responsabilidad del Estado, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que los particulares perjudicados tienen derecho a obtener una reparación cuando se cumplan tres requisitos cumulativos: que la norma de Derecho de la Unión infringida tenga por objeto conferirles derechos, que la infracción de esta norma pueda calificarse de suficientemente caracterizada y que exista una relación de causalidad directa entre tal infracción y el daño sufrido por estos particulares [véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, C‑46/93 y C‑48/93, EU:C:1996:79, apartado 51; de 22 de diciembre de 2022, Ministre de la Transition écologique y Premier ministre (Responsabilidad del Estado por la contaminación del aire), C‑61/21, EU:C:2022:1015, apartado 44, y de 18 de diciembre de 2025, Hamoudi/Frontex, C‑136/24 P, EU:C:2025:977, apartado 68].

Al respecto no debe pasar desapercibido al jurista atento que el requisito de la violación suficientemente caracterizada –como típica creación jurisprudencial del Tribunal de Justicia comunitario– tiene como finalidad (1.º) aplicar el principio de indemnización por incumplimiento de los Estados (e incluso de las instituciones europeas^[62]) como punto de partida, (2.º) pero también, al mismo tiempo, la finalidad de restringir o limitar los supuestos indemnizatorios, apreciando, de manera ponderada, las circunstancias concurrentes, de manera que si no concurre ese elemento agravante calificador (en que se resuelve la denominada «violación suficientemente caracterizada») no serán resarcibles algunas actuaciones u omisiones incumplidoras (de los Estados o de las Instituciones de la Unión Europea) que sean dañosas para a los particulares afectados por ellas.

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Referencias:

1. ^ Véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, C‑46/93 y C‑48/93, EU:C:1996:79, apartado 66; de 13 de marzo de 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C‑524/04, EU:C:2007:161, apartado 115, y de 25 de noviembre de 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, apartados 65 y 66). (apartados 43 a 46)
2. ^ STJUE de 27 de febrero de 2020, [TJCE 2020\24] asunto R.G. y Otros contra Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, y las citadas en ella como: STJUE 11 de marzo de 1997 [TJCE 1997\45], asunto Süzen, fundamento 14; STJUE 10 de diciembre de 1998 [TJCE 1998\308], asunto Hernández Vidal, fundamento 29; STJUE 10 de diciembre de 1998 [TJCE 1998\309], asunto Sánchez Hidalgo, fundamento 29, STJUE 2 de diciembre de 1999 [TJCE 1999\283], asunto Allen, fundamento 26; SJTUE 25 de enero del 2001 [TJCE 2001\22], asunto Liikenne, fundamento 33; STJUE 24 de enero del 2002 [TJCE 2002\29], asunto Temco, fundamento 24; y STJUE 2 de noviembre del 2003 [TJCE 2003\386], asutno Carlito Abler, fundamento 33.
3. ^ Esta doctrina democrático-institucional de la empresa viene de lejos. Así, STJCE de 13 de julio de 1962 (Asunto 19/1961 Mannesman A.G./Haute Autorité), entendió que la empresa como organización de actividades está constituida por «una organización de elementos personales, materiales e inmateriales, unidos a un sujeto jurídico autónomo y pretendiendo de forma durable un objetivo económico determinado».En el bien entendido de que lo que puede ser objeto de transmisión es ese conjunto organizado de actividades excluyendo, evidentemente, las personas, las cuales no pueden ser objeto de comercio.
4. ^ STCE 15 de diciembre de 2005 [TJCE 2005\406], asunto Güney-Görres; STCE 20 de enero de 2011 [TJCE 2011\4], asunto CLECE, SA; STS 12 de diciembre de 2002 [RJ 2003\1962], STS 14 de abril de 2016 [RJ 2016\2225], STS 8 de junio de 2016 [RJ 2016\4407], STS 12 de julio de 2016 [RJ 2016\3391] y STS 10 de noviembre de 2016 [RJ 2016\5879].
5. ^ STCE 12 de febrero de 2009 [TJCE 2009\29)], asunto Dietmar.
6. ^ STJCE 24 de enero de 2002 [TJCE 2002\29], asunto Temco.
7. ^ STJCE 11 de marzo de 1997 [TJCE 1997\45], asunto Süzen, fundamento 13.
8. ^ STJCE 15 de diciembre de 2005 [TJCE 2005\406], asunto Güney-Görres.
9. ^ STJCE 11 de marzo de 1997 [TJCE 1997\45], asunto Süzen, fundamento 18.
10. ^ STJCE 24 de enero de 2002 [TJCE 2002\29], asunto Temco.
11. ^ STJUE 11 de marzo de 1997 [TJCE 1997\45], asunto Süzen, fundamento 15; STJUE 10 de diciembre de 1998 [TJCE 1998\308], asunto Hernández Vidal, fundamento 30; STJUE 10 de diciembre de 1998 [TJCE 1998\309], asunto Sánchez Hidalgo, fundamento 30; STJUE 2 de diciembre de 1999 [TJCE 1999\283], asunto Allen, fundamento 27; SJTUE 25 de enero del 2001 [TJCE 200122], asunto Liikenne.
12. ^ STJUE 10 de diciembre de 1998 [TJCE 1998\308], asunto Hernández Vidal.
13. ^ STCE 20 de enero de 2011 [TJCE 2011\4], asunto CLECE, SA.
14. ^ STJCE 12 de noviembre 1992 [TJCE 1992\184], asunto Rask y Christensen.
15. ^ STJUE 24 de enero del 2002 [TJCE 2002\29], asunto Temco, fundamento 33.
16. ^ STJCE 15 de diciembre de 2005 [TJCE 2005\406], asunto Güney-Görres.
17. ^ Así, para el caso de transferencia de competencias y funciones a las Administraciones de las Comunidades Autónomas, STS 19 de junio de 1989 [RJ 1989\4814] y STS 22 de octubre de 1987 [RJ 1987\7185]; o de integración de cuerpos de notarios y corredores de comercio en un cuerpo único, STS 15 de diciembre de 1998 [RJ 1998\10508] y STS 29 de septiembre de 1999 [RJ 1999\7541].
18. ^ STJCE 12 de febrero de 2009 [TJCE 2009\29)], asunto Dietmar.
19. ^ STJCE 16 de octubre de 2008, asunto Elisa Vigano y otros [TJCE 2008\242]. Por cierto, esta sentencia declara que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE «no exige, en caso de transmisión de empresa, el mantenimiento del contrato de arrendamiento de un local de negocio celebrado por el cedente de la empresa con un tercero, aun cuando la resolución de dicho contrato pueda implicar la extinción de los contratos laborales transmitidos al cesionario». Se entiende que «en circunstancias como las del procedimiento principal, la eventual extinción de los contratos de trabajo no se debería exclusivamente a la transmisión de la empresa. Sería originada por circunstancias adicionales, como la falta de acuerdo entre el cesionario y los arrendamientos respecto a un nuevo contrato de arrendamiento, la imposibilidad de encontrar otro local de negocio o la imposibilidad de trasladar al personal a otros centros. Tales circunstancias pueden calificarse como razones económicas, técnicas o de organización en el sentido del referido artículo 4, apartado 1».
20. ^ STJUE 12 de marzo de 1998 [TJCE 1998\45], asunto Dethier Équipement.
21. ^ STJCE 24 de enero de 2002 [TJCE 2002\29], asunto Temco.
22. ^ STJUE 12 de marzo de 1998 [TJCE 1998\45], asunto Dethier Équipement.
23. ^ STJCE 24 de enero de 2002 [TJCE 2002\29], asunto Temco, insiste en la facultad del trabajador para negarse a que su contrato de trabajo sea transferido al cesionario.
24. ^ STJUE 25 de julio de 1991 [TJCE 1991\250], asunto d'Urso.
25. ^ STJUE 25 de julio de 1991 [TJCE 1991\250], asunto d'Urso.
26. ^ STJCE 12 de noviembre de 1998 [TJCE 1998\271], asunto Sanders Adour SNC y otros.
27. ^ STJCE 27 de noviembre de 2008, caso Mirja Juuri contra Fazer Amica Oy [TJCE 2008\280].
28. ^ STJCE 15 de abril de 2008, caso Impact contra Minister for Agricultura and Foody otros [TJCE 2008\82].
29. ^ STJCE 24 de enero de 2002 [TJCE 2002\29], asunto Temco.
30. ^ Sentencia de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros, C‑6/90 y C‑9/90, EU:C:1991:428, apartado 35).
31. ^ Véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, C‑46/93 y C‑48/93, EU:C:1996:79, apartados 31 y 32, y de 22 de diciembre de 2022, Ministre de la Transition écologique y Premier ministre (Responsabilidad del Estado por la contaminación del aire), C‑61/21, EU:C:2022:1015, apartado 43].
32. ^ Véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, apartados 32 a 36 y 59; de 13 de junio de 2006, Traghetti del Mediterraneo, C‑173/03, EU:C:2006:391, apartado 31, y de 28 de julio de 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, apartado 20).
33. ^ Véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, C‑46/93 y C‑48/93, EU:C:1996:79, apartado 51; de 22 de diciembre de 2022, Ministre de la Transition écologique y Premier ministre (Responsabilidad del Estado por la contaminación del aire), C‑61/21, EU:C:2022:1015, apartado 44, y de 18 de diciembre de 2025, Hamoudi/Frontex, C‑136/24 P, EU:C:2025:977, apartado 68.
34. ^ Véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, C‑46/93 y C‑48/93, EU:C:1996:79, apartado 66, y de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, apartado 57).
35. ^ Véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, C‑46/93 y C‑48/93, EU:C:1996:79, apartado 66; de 13 de marzo de 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C‑524/04, EU:C:2007:161, apartado 115, y de 25 de noviembre de 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, apartados 65 y 66.
36. ^ Véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, apartado 52, y de 28 de julio de 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, apartado 23.
37. ^ Véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de mayo de 1992, Redmond Stichting, C‑29/91, EU:C:1992:220, apartado 11; de 12 de noviembre de 1992, Watson Rask y Christensen, C‑209/91, EU:C:1992:436, apartado 26; de 14 de abril de 1994, Schmidt, C‑392/92, EU:C:1994:134, apartado 15, y de 15 de diciembre de 2005, Güney-Görres y Demir, C‑232/04 y C‑233/04, EU:C:2005:778, apartado 40.
38. ^ Véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de febrero de 1985, Wendelboe y otros, 19/83, EU:C:1985:54, apartado 15; de 11 de julio de 1985, Foreningen af Arbejdsledere i Danmark, 105/84, EU:C:1985:331, apartado 15; de 25 de julio de 1991, d’Urso y otros, C‑362/89, EU:C:1991:326, apartado 9, y de 27 de noviembre de 2008, Juuri, C‑396/07, EU:C:2008:656, apartado 28).
39. ^ MONEREO PÉREZ, J.L.: Las relaciones de trabajo en la transmisión de la empresa, Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987, Capítulo II, pp. 171 y ss. («El mecanismo “subrogatorio” como fenómeno de sucesión unitaria ope legis), pp. 284 y ss., y 339 y ss. («Conexión dinámica de la modificación subjetiva con la vicisitud extintiva de la relación de trabajo»).
40. ^ Sentencia de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, apartado 53).
41. ^ Véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, apartados 54 y 55, y de 28 de julio de 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, apartados 25 y 26. Consúltese, MONEREO PÉREZ, J.L.: La noción de empresa en el Derecho del Trabajo y su cambio de titularidad, Madrid, Ibidem ediciones, 1999, Capítulo II («El paradigma laboral de empresa transmisible en el Derecho interno y comunitario»), pp. 17-122, en particular pp. 19 y ss., y 106 y ss.
42. ^ Véase, por analogía, la sentencia de 10 de septiembre de 2019, HTTS/Consejo, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, apartados 39 y 55.
43. ^ Véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de diciembre de 1965, Schwarze, 16/65, EU:C:1965:117, p. 1094; de 24 de mayo de 1977, Hoffmann-La Roche, 107/76, EU:C:1977:89, apartado 5; de 15 de octubre de 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, apartados 33 y 35, y de 24 de marzo de 2026, Remling, C‑767/23, EU:C:2026:243, apartados 19 y 21 y jurisprudencia citada.
44. ^ Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2021, Consorzio Italian Management y Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, apartados 53 y 54 y jurisprudencia citada.
45. ^ Sentencias de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, apartado 56, y de 28 de julio de 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, apartado 26.
46. ^ Sentencias de 1 de junio de 1999, Konle, C‑302/97, EU:C:1999:271, apartado 59, y de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, apartado 100; véanse también, en este sentido, las sentencias de 28 de julio de 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, apartado 21, y de 10 de diciembre de 2020, Euromin Holdings (Cyprus), C‑735/19, EU:C:2020:1014, apartado 70.
47. ^ Para el origen de la construcción relativa de considerar transmisión de empresa en las «empresas desmaterializadas», ya en congruencia con la incipiente interpretación finalista del TJUE (hoy TJUE) de la normativa subrogatoria o sucesoria laboral establecida en la Directiva 77/1977, véase MONEREO PÉREZ, J.L.: Las relaciones de trabajo en la transmisión de la empresa, Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987, pp. 401-405 («La gestión indirecta de servicios y actividades productivas públicas y privadas»), advirtiendo de que en caso de cambio de titularidad de empresa desmaterializadas «ha de tenerse presente el hecho mismo de la cesión de actividad y no tanto la transmisión de bienes afectos a la misma, a no ser que se parta de una concepción excesivamente reduccionista de la realidad de la empresa identificándola con los elementos materiales de la misma. Lo cual supondría ignorar que en los casos examinados lo que califica a la empresa es más la actividad desplegada que los bienes afectos a ella […]» (Ibid., p. 404); MONEREO PÉREZ, J. L.: «El objeto de la transmisión a efectos de la Directiva y Propuesta de Directiva sobre transmisión de empresa», en Gaceta Jurídica de la C.E. (GJCE), núm. 124, 1997; MONEREO PÉREZ, J. L.: La responsabilidad empresarial en los procesos de subcontratación: puntos críticos, Madrid, Ibidem, 1994, especialmente, Capítulo V («Garantías laborales en el cambio de titularidad en contratas y concesiones administrativas»), pp. 163-175; Ibid., «Continuidad de las relaciones de trabajo en la gestión indirecta de servicios y actividades. El cambio de titularidad en las contratas y en las concesiones administrativas», en Relaciones Laborales, núm. 7, 1986, pp. 27 y ss.; MONEREO PÉREZ, J. L.: «El concepto comunitario de empresa a efectos de la Directiva Social sobre transmisión de empresa», Tribuna Social, núm. 80, 1997; MONEREO PÉREZ, J.L.: «La transmisión de empresa: El problema de la identificación jurídica del concepto de empresa a efectos de la normativa laboral reguladora de la transmisión de empresas», en MARTÍNEZ ABASCAL, V. (Coord.): La modificación del contrato de trabajo, Madrid, Ibidem ediciones, 1997, pp. 205-243; Ibid., La noción de empresa en el Derecho del Trabajo y su cambio de titularidad, Madrid, Ibidem ediciones, 1999, Capítulo II («El paradigma laboral de empresa transmisible en el Derecho interno y comunitario»), pp. 17-122.
48. ^ Véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de septiembre de 1995, Rygaard, C‑48/94, EU:C:1995:290, apartado 20, y de 11 de marzo de 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, apartado 13).
49. ^ Sentencias de 18 de marzo de 1986, Spijkers, 24/85, EU: C:1986:127, apartado 11; de 19 de mayo de 1992, Redmond Stichting, C‑29/91, EU:C:1992:220, apartado 23, y de 11 de marzo de 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, apartado 10.
50. ^ (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de diciembre de 1987, Ny Mølle Kro, 287/86, EU:C:1987:573, apartado 12; de 12 de noviembre de 1992, Watson Rask y Christensen, C‑209/91, EU:C:1992:436, apartado 15; de 20 de noviembre de 2003, Abler y otros, C‑340/01, EU:C:2003:629, apartado 41, y de 15 de diciembre de 2005, Güney-Görres y Demir, C‑232/04 y C‑233/04, EU:C:2005:778, apartado 37).
51. ^ Véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de marzo de 1986, Spijkers, 24/85, EU:C:1986:127, apartado 13; de 19 de mayo de 1992, Redmond Stichting, C‑29/91, EU:C:1992:220, apartado 24, y de 11 de marzo de 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, apartado 14).
52. ^ Véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de marzo de 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, apartado 18; de 10 de diciembre de 1998, Hidalgo y otros, C‑173/96 y C‑247/96, EU:C:1998:595, apartado 31; de 2 de diciembre de 1999, Allen y otros, C‑234/98, EU:C:1999:594, apartado 28, y de 15 de diciembre de 2005, Güney-Görres y Demir, C‑232/04 y C‑233/04, EU:C:2005:778, apartado 35). En este sentido, véase ampliamente MONEREO PÉREZ, J.L.: «La transmisión de empresa. El problema de la identificación jurídica del concepto de empresa a efectos de la normativa laboral reguladora de la transmisión de empresa, en MARTÍNEZ ABASCAL, V. (Coord.): La modificación del contrato de trabajo, Madrid, Ibidem ediciones, 1997, pp. 205 y sigs., en particular Capítulo I («El cambio de titularidad de la empresa y los “Modelos de Empresa” en la Directiva comunitaria 77/187/CEEE y la Nueva Propuesta de Directiva»), pp. 209 y ss., subrayando que en la Directiva comunitaria «la delimitación normativa del objeto de la transmisión adquiere una textura abierta, en cuanto capaz de comprender diversos ámbitos de realidad empresarial bien diferentes, pero igualmente relevantes para los objetivos específicos de la Directiva» (Ibid., p. 213); y Capítulo II.2 («La problemática diferenciación entre la típica “empresa-organización” y la “empresa-actividad” en el sector terciario»), Ibid., pp. 229-243; MONEREO PÉREZ, J.L.: La noción de empresa en el Derecho del Trabajo y su cambio de titularidad, Madrid, Ibidem ediciones, 1999, Capítulo II («El paradigma laboral de empresa transmisible en el Derecho interno y comunitario»), pp. 17-122.
53. ^ Sentencias de 11 de marzo de 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, apartado 21; de 10 de diciembre de 1998, Hidalgo y otros, C‑173/96 y C‑247/96, EU:C:1998:595, apartado 32, y de 2 de diciembre de 1999, Allen y otros, C‑234/98, EU:C:1999:594, apartado 29).
54. ^ Véanse las sentencias [de 7 de marzo de 1996,] Merckx y Neuhuys, C‑171/94 y C‑172/94, EU:C:1996:87, apartado 28; [de 10 de diciembre de 1998,] Hernández Vidal y otros, C‑127/96, C‑229/96 y C‑74/97, EU:C:1998:594, apartado 23, y [de 6 de marzo de 2014,] Amatori y otros, C‑458/12, EU:C:2014:124, apartado 29 y jurisprudencia citada)». Pues bien, el apartado 29 de la sentencia de 6 de marzo de 2014, Amatori y otros (C‑458/12, EU:C:2014:124), reproduce literalmente el apartado 28 de la sentencia de 7 de marzo de 1996, Merckx y Neuhuys (C‑171/94 y C‑172/94, EU:C:1996:87).
55. ^ Apartados 33 y 34 de la sentencia Ferreira da Silva e Brito I, el Tribunal de Justicia indicó que de los apartados 46 a 48 de la sentencia de 12 de febrero de 2009, Klarenberg (C‑466/07, EU:C:2009:85).
56. ^ Véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 1982, Cilfit, 283/81, EU:C:1982:335, apartado 11; de 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior, C‑337/95, EU:C:1997:517, apartado 26; de 18 de julio de 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, apartado 25, y de 24 de marzo de 2026, Remling, C‑767/23, EU:C:2026:243, apartado 20.
57. ^ Sentencia de 10 de febrero de 1988, Foreningen af Arbejdsledere i Danmark, 324/86, EU:C:1988:72, apartados 14 y 15.
58. ^ S. Francovich y Bonifaci, de 19 de noviembre de 1991, C-6/90 y 9/90.
59. ^ S. Brasserie du Pêcheur y Factortame, de 5 de marzo de 1996, C-45/93 y C-48/93. Para desarrollos posteriores abundando en el mismo criterio hermenéutico, véase S. Köbler, de 30 de septiembre de 2003, C-224/01; S. Combinatie Spijker Infrabouw, de 9 de diciembre de 2010, C-568/08; S. Artegodan c. Comisión, de 19 de abril de 2012, C-221/10P; S. Ferreira, de 9 de septiembre de 2015, C-160/14; S. Comisión c. Francia, de 4 de octubre de 2018, C-416/17; S. Călin, de 11 de septiembre de 2019, C-676/17; S. Hochtief Solutions, de 29 de julio de 2019, C-620/17; S. Land Sachsen-Anhalt, de 27 de febrero de 2020, C-773/18 a 775/18; S. Telecom Italia, de 4 de marzo de 2020, C-34/19, entre otras.
60. ^ Puede consultarse COBREROS MENDAZONA, E.: La obligación de los estados miembros de indemnizar por su incumplimiento del derecho de la unión europea, Madrid, Agencia Boletín Oficial del Estado, 2020, pp. 19 y ss., y sobre el requisito de que el incumplimiento del Derecho de la Unión constituya una «violación suficientemente caracterizada», Ibid., pp. 36 y ss.
61. ^ STJUE (Gran Sala) de 8 de septiembre de 2026 (Asunto C-293/24), apartado 42.
62. ^ Cfr. Artículo 340 TFUE (antiguo artículo 238 TCE), el cual prevé la responsabilidad extracontractual de las Instituciones de la Unión Europea.