Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se declara la vigencia con carácter reglamentario de los arts. 8 a 11 por la disposición derogatoria de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-737 hasta que entren en vigor las disposiciones reglamentarias que se dicten en desarrollo de la Ley 18/2009, de 22 de octubre.

Téngase en cuenta que esta norma se encuentra derogada, con excepción de los artículos 8 a 11 por la disposición derogatoria de la Ley 7/2003, de 25 de abril. Ref. BOE-A-2003-10531, y derogatoria 1.a) de la Ley 18/2009, de 22 de octubre. Ref. BOE-A-2009-18178.

[Bloque 2: #pr]

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUNYA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente

LEY

Exposición de motivos

El Estatuto de Autonomía de Cataluña otorga a la Generalidad de Cataluña la competencia exclusiva en materia de higiene, teniendo en cuenta, sin embargo, la legislación básica del Estado y el correspondiente ejercicio de la alta inspección. Asimismo, de acuerdo con las bases de la actividad económica general del Estado, corresponde a la Generalidad de Cataluña la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería, comercio interior y defensa del consumidor y del usuario, sin perjuicio de la política general de precios y de la legislación sobre defensa de la competencia.

Actualmente, las intoxicaciones e infecciones de origen alimentario adquieren una importancia creciente como determinantes de alteraciones de la salud de la población. Por otra parte, el control de calidad de los alimentos ofrece dificultades cada día más acentuadas, debido a su carácter multidisciplinario y a los complejos cambios y procesos que siguen y sufren los alimentos hasta que llegan al consumidor. La Generalidad, durante el reciente periodo preestatutario, puso ya una gran atención sobre estos problemas, aprobando la Orden de 19 de febrero de 1980 sobre control sanitario de la industria y los productos alimentarios, que fue la primera sistematización normativa de la Generalidad en materia de control e higiene alimentarios. Resulta pues conveniente que la Generalidad, de acuerdo con las competencias que le han sido otorgadas por el Estatuto de Autonomía, regule y profundice una materia tan compleja, y tome, en definitiva, las medidas necesarias para proteger y defender la salud pública.

La presente Ley, atendiendo a la Resolución 31/I del Parlamento de Cataluña, de 20 de octubre de 1981, tiene por objeto fijar las disposiciones legales que han de permitir una ordenación más eficaz de la higiene y el control alimentarios, desarrollando las medidas higiénico-sanitarias necesarias y estructurando de una manera precisa para cada fase del ciclo alimentario el control de la Administración. Es preciso destacar que el objetivo final que persigue no es otro que el de conseguir una actuación eficaz en el ejercicio de las funciones públicas de control, con la finalidad de que los alimentos y los productos alimentarios lleguen al consumidor con el máximo de garantías. Para conseguir esto, la Ley determina la distribución competencial de las funciones de control que el Consejo Ejecutivo ha de regular, establece unas relaciones de coordinación entre los órganos y los entes públicos competentes y propone la delegación de funciones a los entes locales como medio de colaboración y de participación en el proceso de control. También instrumenta los medios y los dispositivos tecnológicos básicos que la Administración ha de estructurar para poder afrontar la compleja tecnología que el infractor emplea de una forma creciente.

La presente Ley será de aplicación a todas las industrias y establecimientos alimentarios que ejercen su actividad en Cataluña, y a todos los alimentos, aguas, bebidas, productos alimentarios y sustancias relacionadas con los mismos, que en dicho territorio se transporten, almacenen, comercialicen, distribuyan o vendan. En la Ley, a su vez, se tipifican las infracciones y las sanciones que habrán de aplicarse a las personas físicas y jurídicas que incumplan la normativa vigente y se desarrolla el correspondiente procedimiento sancionador.

Por consiguiente, con esta Ley se trata básicamente de reforzar e impulsar los mecanismos de control de la Administración catalana en materia de higiene y sanidad alimentarias, sin detrimento de la normativa reguladora de la disciplina de mercado. La Ley habrá de contribuir a conseguir una óptima producción final agroalimentaria o alimentaria industrial y asegurar a los consumidores la intervención eficiente de la Administración, y, por encima de todo, a coadyuvar con la legislación vigente a la preservación de la salud pública.

[Bloque 3: #tp]

TÍTULO I

Disposiciones generales

[Bloque 4: #a1]

Artículo 1.

1. La presente Ley tiene por objeto establecer, en el marco de la legislación básica del Estado y para el ámbito territorial de Cataluña, las medidas legales que permitan una ordenación más eficaz de la higiene y control de las industrias y establecimientos alimentarios, de los alimentos y bebidas, aguas, productos alimentarios y todas las sustancias que pueden ser utilizadas en los mismos, con el fin de mejorar la efectividad de los servicios de control y obtener una mayor coordinación entre los Departamentos del Gobierno de la Generalidad competentes en esta materia.

2. El ámbito de aplicación de la presente Ley se extiende a las industrias y establecimientos alimentarios radicados en Cataluña y a los que no lo están en la medida en que ejerzan en Cataluña actividades de producción y elaboración, transformación, conservación, envase, almacenamiento, transporte y venta de alimentos y sustancias relacionadas con los mismos.

Los alimentos, aguas, bebidas, productos alimentarios y sustancias relacionadas con los mismos, no producidos por industrias o no comercializados por establecimientos que ejerzan su actividad en Cataluña, pero que se transporten, almacenen, distribuyan o vendan en el territorio de la Comunidad Autónoma quedaran sujetos a la inspección necesaria, cuyo resultado se comunicara al Estado.

[Bloque 5: #a2]

Artículo 2.

1. De acuerdo con las normas básicas contenidas en la normativa estatal vigente, serán objeto de control:

a) La calidad y las condiciones higiénicas y sanitarias de los alimentos y bebidas, aguas, productos alimentarios y todas las sustancias relacionadas con los mismos.

b) Las condiciones higiénicas y sanitarias de las industrias y establecimientos dedicados a actividades alimentarias y de sus instalaciones, así como las del personal manipulador.

c) Las condiciones higiénico-sanitarias en que se practique la venta.

2. Se excluyen del ámbito de aplicación de la presente Ley la rotulación, el etiquetaje y todo aquello que afecte a la publicidad de los alimentos y bebidas, aguas, productos alimentarios y todas las sustancias relacionadas con los mismos y, en general, todo lo que afecte a la reglamentación de la disciplina de mercado, excepto en lo que se refiere a los números de registro sanitario y fecha de caducidad.

[Bloque 6: #a3]

Artículo 3.

Previa autorización del Consejo Ejecutivo, los Departamentos afectados podrán delegar a las entidades locales que lo soliciten el ejercicio de sus funciones de inspección e investigación reguladas en esta Ley. El acuerdo de delegación habrá de incluir las dotaciones económicas necesarias para el correcto ejercicio de esta competencia, así como la especificación de los medios de control que el Gobierno de la Generalidad se reserva, todo ello sin perjuicio de las competencias que la normativa vigente otorga a las entidades locales sobre higiene y control alimentarios.

[Bloque 7: #a4]

Artículo 4.

Se entiende por «actividad alimentaria» la producción, transformación, elaboración, envasado y conservación, transporte, almacenamiento, distribución y venta de alimentos y productos alimentarios.

[Bloque 8: #ti]

TÍTULO II

Control

[Bloque 9: #cp]

CAPÍTULO I

Fases sujetas a control

[Bloque 10: #a5]

Artículo 5.

En la fase de producción de toda clase de alimentos no elaborados, agrarios y pesqueros, serán objeto de control:

a) La calidad y las condiciones higiénicas y sanitarias de los alimentos.

b) El uso de productos zoosanitarios y fitosanitarios.

c) Los contaminantes bióticos y abióticos.

d) Cualquier otro aspecto que pueda alterar su calidad.

[Bloque 11: #a6]

Artículo 6.

En la fase de elaboración de los alimentos y bebidas, aguas, productos alimentarios y sustancias relacionadas con los mismos, así como en la de transformación de alimentos no elaborados, agrarios y pesqueros, el control se efectuara de acuerdo con lo que determinen las reglamentaciones técnico-sanitarias, en las industrias y establecimientos alimentarios, y comprenderá fundamentalmente:

a) Las materias primas empleadas en la elaboración.

b) Las condiciones higiénicas y sanitarias de las instalaciones y del personal manipulador.

c) Los procesos seguidos en la elaboración, transformación y control.

d) El envasado y la conservación.

e) La calidad final de lo elaborado o transformado.

[Bloque 12: #a7]

Artículo 7.

1. En la fase de transporte, el control se dirigirá a verificar las condiciones, sanitarias y de temperatura en que aquel se efectué.

2. En las fases de almacenamiento, distribución y comercialización se controlaran las condiciones higiénicas, sanitarias y de conservación que han de cumplir las industrias y establecimientos comerciales que se dedican a dichas actividades.

3. El Consejo Ejecutivo, a propuesta de los Departamentos competentes, establecerá de una manera general y con carácter básico las condiciones higiénicas y sanitarias mínimas que habrán de cumplir los lugares de venta, que habrán de ser tenidas en cuenta por los Ayuntamientos en la elaboración de sus ordenanzas municipales. Dichas condiciones, que tendrán el carácter de subsidiarias, se aplicaran directamente en los municipios que no tengan una regulación específica en esta materia.

[Bloque 13: #ci]

CAPÍTULO II

Autorizaciones y registros

[Bloque 14: #a8]

Artículo 8.

1. A los efectos de lo que dispone esta Ley, en el Departamento de Sanidad y Seguridad Social funcionara el Registro Sanitario de Industrias y Productos Alimentarios de Cataluña, con el que se coordinaran, en materia alimentaria, los registros existentes en los Departamentos competentes en esta materia.

2. En este registro, de acuerdo con el artículo 1.03.08 del código alimentario español, se inscribirán obligatoriamente todas las industrias y establecimientos que se dediquen a actividades alimentarias. La inscripción será requisito previo y necesario para la autorización definitiva de funcionamiento y se otorgara una vez efectuada la inspección oportuna, cuyas condiciones se fijaran por Reglamento.

3. También se inscribirán todos los productos alimentarios para los que se haya otorgado autorización sanitaria. con esta finalidad las empresas a que se refiere el apartado anterior que deseen lanzar al mercado nuevos alimentos, bebidas, aguas, productos alimentarios o sustancias relacionadas con los mismos habrán de obtener del Departamento de Sanidad y Seguridad Social la autorización correspondiente, previo análisis, en su caso, y anotación del producto en el expediente del registro que le corresponda.

Se declara que los apartados 2 y 3 no son inconstitucionales interpretados en los términos que se contienen en los fundamentos jurídicos 5, 6 y 7 de la Sentencia del TC 707/1983, de 16 de julio. Ref. BOE-T-1985-17396

Se mantiene la suspensión por auto del TC de 22 de marzo de 1984. Ref. BOE-A-1984-7890

Se suspende la vigencia y aplicación de los apartados 2 y 3 desde el 21 de octubre de 1983 por providencia del TC de 25 de octubre que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 707/1983. Ref. BOE-A-1983-31181

[Bloque 15: #a9]

Artículo 9.

1. Las industrias y establecimientos alimentarios se identificaran por el correspondiente número registral, que habrá de figurar necesariamente en los envases, cubiertas, etiquetas, rótulos y precintos, según corresponda, de los alimentos y productos alimentarios que, debidamente anotados, se pongan a la venta.

2. No podrá comercializarse ningún alimento ni producto alimentario mientras la inscripción de la industria o establecimiento o la anotación del producto estén en trámite y la Administración no haya establecido el número de identificación registral, que no podrá ser sustituido por ninguna otra expresión.

Se declara que este artículo no es inconstitucional interpretado en los términos que se contienen en los fundamentos jurídicos 5, 6 y 7 de la Sentencia del TC 707/1983, de 16 de julio. Ref. BOE-T-1985-17396

Se mantiene la suspensión por auto del TC de 22 de marzo de 1984. Ref. BOE-A-1984-7890

Se suspende la vigencia y aplicación de este artículo desde el 21 de octubre de 1983 por providencia del TC de 25 de octubre que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 707/1983. Ref. BOE-A-1983-31181

[Bloque 16: #a1-2]

Artículo 10.

Será necesaria la autorización sanitaria y la inscripción en el Registro Especial de Productos de Cataluña, del Departamento de Sanidad y Seguridad Social, de los productos que, de acuerdo con la normativa básica del Estado, necesiten una vigilancia sanitaria especifica por sus características especiales.

Se declara que este artículo no es inconstitucional interpretado en los términos que se contienen en los fundamentos jurídicos 5, 6 y 7 de la Sentencia del TC 707/1983, de 16 de julio. Ref. BOE-T-1985-17396

Se mantiene la suspensión por auto del TC de 22 de marzo de 1984. Ref. BOE-A-1984-7890

Se suspende la vigencia y aplicación de este artículo desde el 21 de octubre de 1983 por providencia del TC de 25 de octubre que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 707/1983. Ref. BOE-A-1983-31181

[Bloque 17: #a1-3]

Artículo 11.

1. Las autorizaciones e inscripciones y anotaciones subsiguientes en los registros correspondientes habrán de revalidarse cada cinco años y cada vez que se introduzcan modificaciones en las instalaciones o en los procesos fundamentales.

Podrán ser suspendidas, previa incoación del correspondiente expediente, si, por haber sido modificadas las disposiciones sanitarias, las industrias y productos no se ajustan, en sus características, a la nueva normativa.

2. De las inscripciones o anotaciones que se efectúen en los registros mencionados en los artículos 8 y 10, se dará cuenta a la Administración del Estado, a efectos de la necesaria coordinación.

[Bloque 18: #ci-2]

CAPÍTULO III

Medios de control

[Bloque 19: #a1-4]

Artículo 12.

1. Las funciones de control que derivan de los preceptos de esta Ley serán ejercidas por los funcionarios y demás personal técnico que posea la cualificación necesaria. En las funciones de inspección e investigación, los primeros tendrán la consideración de agentes de la autoridad y estarán facultados para requerir y examinar todo aquello que pueda servir de información para un mejor cumplimiento de su misión.

2. El personal auxiliar necesario para colaborar en las funciones de inspección e investigación habrá de reunir las condiciones que determine el Consejo Ejecutivo y estar adscrito al servicio correspondiente.

[Bloque 20: #a1-5]

Artículo 13.

1. Las personas físicas y jurídicas que ejerzan actividades alimentarias tendrán la obligación de facilitar a los inspectores y a su personal auxiliar el acceso a sus industrias y establecimientos y permitirles también examinar todo lo relativo a la actividad alimentaria que practiquen.

2. Quedan también obligadas a facilitarles la toma de muestras que permita realizar un control adecuado de los alimentos y bebidas, aguas, productos alimentarios y todas las sustancias relacionadas con los mismos.

[Bloque 21: #a1-6]

Artículo 14.

1. En el ejercicio de la función de investigación que le corresponde, para llevar a cabo los controles analíticos a que se refiere esta Ley, el consejero ejecutivo estructurara el Laboratorio central para el Control Alimentario.

2. Asimismo, con el fin de cubrir las necesidades de todo el territorio de Cataluña, se estructurara una red de unidades de control analítico, teniendo en cuenta los laboratorios actualmente adscritos a los servicios territoriales de los Departamentos competentes y los que puedan existir en los municipios de instituciones públicas e instituciones privadas declaradas de utilidad pública.

3. Las mencionadas unidades de control analítico, en el ejercicio de sus funciones de investigación, se coordinaran permanentemente con el laboratorio central para el control alimentario en la forma que se determinara por reglamento.

4. El Laboratorio Central para el Control Alimentario cumplirá las siguientes funciones además de las anteriormente señaladas y de las complementarias que puedan establecerse por reglamento:

a) Preparar nuevas técnicas de análisis, fijar estándares y elaborar propuestas de normativas.

b) Efectuar análisis muy complejos y costosos.

c) Identificar y tipificar agentes aislados para otros laboratorios o unidades de control analítico.

d) Recoger y valorar todos los datos analíticos.

e) Facilitar información técnica de todas las cuestiones relativas al control alimentario.

f) Participar en las tareas de reciclaje y perfeccionamiento del personal.

[Bloque 22: #ti-2]

TÍTULO III

Infracciones y sanciones

[Bloque 23: #cp-2]

CAPÍTULO I

Infracciones

[Bloque 24: #a1-7]

Artículo 15.

1. sin perjuicio de lo previsto en la normativa vigente, de acuerdo con las prescripciones de los artículos anteriores, constituye infracción en la producción, elaboración, transformación, envase y conservación de alimentos, bebidas, aguas, productos alimentarios y sustancias relacionadas con los mismos:

a) Producir, distribuir y utilizar materias primas obtenidas mediante tecnologías o manipulaciones no autorizadas.

b) Utilizar productos zoosanitarios y fitosanitarios no autorizados, emplear los autorizados en cantidad superior a la permitida, o no suprimir dichos productos en los plazos obligatorios cuando se regule su uso con esta condición.

c) Emplear técnicas, materias primas o aditivos no autorizados para elaborar alimentos, o emplearlos en cantidad superior a la autorizada.

d) Incorporar a los alimentos materias primas y otros alimentos de calidad inadecuada, según las normas y las reglamentaciones técnico-sanitarias vigentes.

e) elaborar alimentos de calidad inferior a la señalada en las normas y reglamentaciones mencionadas.

f) Emplear materiales no autorizados para el envase y embalaje, y/o métodos de conservación inadecuados.

g) Incumplir las condiciones higiénicas y sanitarias establecidas.

2. Asimismo, constituyen infracción la vulneración o falta de las condiciones higiénicas y sanitarias y de temperatura en las fases de transporte y almacenamiento y el incumplimiento de las medidas que es preciso observar en los lugares de venta.

[Bloque 25: #a1-8]

Artículo 16.

Constituye infracción en relación con los artículos 8, 10 y 11.1 de la presente Ley:

a) El funcionamiento, sin la autorización sanitaria correspondiente, de industrias y establecimientos dedicados a actividades alimentarias.

b) El lanzamiento al mercado de nuevos alimentos, bebidas, aguas, productos alimentarios o sustancias relacionadas con los mismos, sin cumplir lo que establece el artículo 8.3 de esta Ley.

c) La falta de autorización sanitaria a que hace referencia el artículo 10.

d) La alteración de la composición declarada en los registros sanitarios de los alimentos, bebidas, aguas, productos alimentarios y sustancias relacionadas con los mismos.

e) La falta de revalidación en los supuestos a que se refiere el primer inciso del artículo 11.1.

f) La falta de consignación de los números de identificación registral, así como la fecha de caducidad, que han de figurar en el envase, etiqueta, rotulo, cierre o precinto, tal y como establece el artículo 9.

Se declara que este artículo no es inconstitucional interpretado en los términos que se contienen en los fundamentos jurídicos 5, 6 y 7 de la Sentencia del TC 707/1983, de 16 de julio. Ref. BOE-T-1985-17396

Se mantiene la suspensión por auto del TC de 22 de marzo de 1984. Ref. BOE-A-1984-7890

Se suspende la vigencia y aplicación de este artículo, en sus referencias a los artículos 8 y 10 y en los apartados b), c) y f), desde el 21 de octubre de 1983 por providencia del TC de 25 de octubre que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 707/1983. Ref. BOE-A-1983-31181

[Bloque 26: #a1-9]

Artículo 17.

Constituye infracción en relación con el artículo 13 de esta Ley:

a) La negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar la información requeridos por las autoridades competentes o por su personal, por lo que respecta al cumplimiento de las funciones de inspección establecidas en la presente Ley, así como la acción de suministrar información inexacta o documentación falsa.

b) La resistencia, coacción o su tentativa contra el personal facultado para ejercer la función de inspección.

[Bloque 27: #a1-10]

Artículo 18.

Las infracciones reguladas en los artículos anteriores podrán considerarse leves, graves o muy graves.

a) Se considerará infracción leve la simple inobservancia de los preceptos contenidos en los artículos 15 y 17 de esta Ley, siempre que no afecte a la salud pública y se cometa por primera vez. También se considerara como infracción leve el incumplimiento de la medida cautelar establecida de acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley.

b) Se consideraran infracciones graves:

1. Las infracciones a lo dispuesto en el artículo 16 de esta Ley.

2. El incumplimiento de la medida cautelar establecida de acuerdo con el artículo 22.2 de la presente Ley.

3. La reincidencia o reiteración en la comisión de infracciones consideradas leves.

4. La inobservancia de los preceptos contenidos en los artículos 15 y 17 de esta Ley cuando afecte a la salud pública.

c) Se consideraran infracciones muy graves:

1. Las acciones tipificadas en los artículos 15 y 16 de esta Ley cuando produzcan riesgos o daños efectivos en la salud pública.

2. La reincidencia o reiteración en una infracción considerada grave.

[Bloque 28: #a1-11]

Artículo 19.

En el supuesto de que la infracción se impute a una persona jurídica, sin perjuicio de la competencia reservada al Estado por el artículo 149.1.6 y 18 de la Constitución, también podrán considerarse subsidiariamente responsables las personas físicas que integren sus órganos rectores o de dirección si, por acción u omisión en el ejercicio de sus funciones, resulta la práctica que es objeto de infracción de acuerdo con esta Ley. En ningún caso podrá exigirse dicha responsabilidad a las personas físicas que hubiesen disentido de los acuerdos o no hubiesen participado en los mismos.

[Bloque 29: #ci-3]

CAPÍTULO II

Sanciones

[Bloque 30: #a2-2]

Artículo 20.

1. las infracciones a lo establecido en la presente Ley serán sancionadas con multa, de acuerdo con la siguiente graduación:

a) Infracciones leves: hasta quinientas mil pesetas.

b) Infracciones graves: hasta cinco millones de pesetas.

c) Infracciones muy graves: hasta cincuenta millones de pesetas.

2. También tendrá la consideración de sanción el comiso definitivo de los productos contaminados o nocivos cuando la resolución final del expediente así lo confirme.

3. La imposición de sanciones no eximirá al infractor de la indemnización por los daños y perjuicios que haya ocasionado.

Se levanta la suspensión al declarar la desestimación del recurso por Sentencia del TC 707/1983, de 16 de julio. Ref. BOE-T-1985-17396

Se mantiene la suspensión por auto del TC de 22 de marzo de 1984. Ref. BOE-A-1984-7890

Se suspende la vigencia y aplicación del apartado 1 desde el 21 de octubre de 1983 por providencia del TC de 25 de octubre que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 707/1983. Ref. BOE-A-1983-31181

[Bloque 31: #a2-3]

Artículo 21.

Para cada una de las clases de infracción la multa será proporcionada a la infracción cometida, y la cuantía se graduara de acuerdo con los siguientes criterios:

– La trascendencia social y el riesgo para la salud pública que tenga la actuación infractora.

– El comportamiento especulativo de la acción infractora.

– La situación de predominio de la empresa infractora en un sector de mercado.

– Las repercusiones en el resto del sector.

[Bloque 32: #a2-4]

Artículo 22.

1. Como medida cautelar, mientras se sustancia la investigación, la autoridad competente, cuando exista riesgo para la salud pública.

Podrá acordar la inmovilización de los alimentos, bebidas, aguas, productos alimentarios y sustancias relacionadas con los mismos.

2. También, una vez finalizada la investigación, en el caso de productos contaminados o nocivos, se procederá a la apertura de expediente para que sea posible su intervención, sin que sea preciso esperar a la solución final del procedimiento sancionador.

3. Teniendo en cuenta el riesgo de que el producto se altere, si, transcurridos cinco meses como máximo de la fecha en que se acordó la inmovilización o el comiso de los alimentos o productos, no se ha resuelto definitivamente el expediente sancionador por causas únicamente imputables a la Administración, la autoridad que impuso la medida cautelar procederá a levantarla, siempre que los productos afectados no puedan considerarse peligrosos para la salud pública.

[Bloque 33: #a2-5]

Artículo 23.

Como sanción complementaria, en el caso de infracciones consideradas muy graves, podrá acordarse:

1. La clausura temporal o definitiva de la empresa, establecimiento o industria infractores.

2. La publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad» del nombre o razón social de las personas físicas o jurídicas declaradas responsables, así como la naturaleza o alcance de la infracción, una vez la sanción sea firme.

3. La supresión, cancelación o suspensión total o parcial de cualquier clase de ayuda especial de carácter financiero que el particular o la empresa infractora hubiesen obtenido o solicitado de la Generalidad.

Se declara la inconstitucionalidad de la expresión destacada en el apartado 1 por Sentencia del TC 707/1983, de 16 de julio. Ref. BOE-T-1985-17396

Se mantiene la suspensión por auto del TC de 22 de marzo de 1984. Ref. BOE-A-1984-7890

Se suspende la vigencia y aplicación del apartado 1 desde el 21 de octubre de 1983 por providencia del TC de 25 de octubre que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 707/1983. Ref. BOE-A-1983-31181

[Bloque 34: #ci-4]

CAPÍTULO III

Procedimiento sancionador

[Bloque 35: #a2-6]

Artículo 24.

1. El procedimiento sancionador se regulara por lo que dispone la Ley de Procedimiento Administrativo y, atendida la especialización de la materia, por las disposiciones del presente Capítulo.

2. Contra los acuerdos definitivos de imposición de sanciones podrá recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con su Ley reguladora.

[Bloque 36: #a2-7]

Artículo 25.

Antes de incoar expediente sancionador, habrán de practicarse la inspección e investigación correspondientes, iniciado a instancia de parte o de oficio.

[Bloque 37: #a2-8]

Artículo 26.

Si a resultas de la inspección e investigación se considera que existe una práctica que constituye una de las infracciones tipificadas en esta Ley, los inspectores levantaran el acta correspondiente y se dirigirán a la autoridad competente para que incoe el oportuno expediente.

[Bloque 38: #a2-9]

Artículo 27.

(Derogado).

Se deroga por la disposición derogatoria 1.a) de la Ley 18/2009, de 22 de octubre. Ref. BOE-A-2009-18178

[Bloque 39: #a2-10]

Artículo 28.

(Derogado).

Se deroga por la disposición derogatoria 1.a) de la Ley 18/2009, de 22 de octubre. Ref. BOE-A-2009-18178

[Bloque 40: #a2-11]

Artículo 29.

(Derogado).

Se deroga por la disposición derogatoria 1.a) de la Ley 18/2009, de 22 de octubre. Ref. BOE-A-2009-18178

[Bloque 41: #a3-2]

Artículo 30.

(Derogado).

Se deroga por la disposición derogatoria 1.a) de la Ley 18/2009, de 22 de octubre. Ref. BOE-A-2009-18178

[Bloque 42: #a3-3]

Artículo 31.

(Derogado).

Se deroga por la disposición derogatoria 1.a) de la Ley 18/2009, de 22 de octubre. Ref. BOE-A-2009-18178

[Bloque 43: #a3-4]

Artículo 32.

(Derogado).

Se deroga por la disposición derogatoria 1.a) de la Ley 18/2009, de 22 de octubre. Ref. BOE-A-2009-18178

[Bloque 44: #a3-5]

Artículo 33.

1. Recibida el acta resultante de la inspección e investigación, la autoridad competente decidirá sobre la incoación del expediente sancionador y, a partir de dicho momento, podrá acordar la inmovilización provisional de los alimentos, bebidas, aguas, productos alimentarios o sustancias relacionadas con los mismos, o su comiso si son nocivos o peligrosos.

2. El interesado y la Administración no podrán proceder, en ningún caso, a la destrucción de los productos inmovilizados o sujetos a comiso, hasta que no se hayan agotado todas las instancias administrativas o hasta que, por prescripción de plazos, no sea posible interponer ningún otro recurso administrativo.

3. Cuando los productos objeto de comiso hayan podido causar daños a terceros y se investiguen las responsabilidades por vía judicial, no podrán ser destruidos hasta que no se hayan agotado todas las instancias procesales o, en su caso, hasta que por prescripción de plazos no sea posible interponer ningún otro recurso judicial.

[Bloque 45: #a3-6]

Artículo 34.

1. Los Ayuntamientos que, de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley, ejerzan por delegación funciones propias de investigación, habrán de comunicar su resultado a los órganos competentes de la Generalidad.

2. A efectos de coordinación con la Administración del Estado, esta recibirá la comunicación de los resultados de las investigaciones que comporten incoación del correspondiente expediente sancionador.

[Bloque 46: #ci-5]

CAPÍTULO IV

Órganos competentes en materia de sanciones

[Bloque 47: #a3-7]

Artículo 35.

1. Se establecerán por reglamento los órganos y las autoridades que serán competentes para incoar y tramitar el procedimiento sancionador, así como para imponer las correspondientes sanciones reguladas en esta Ley.

2. El Consejo Ejecutivo será el órgano competente para imponer las sanciones correspondientes a las faltas muy graves, para acordar el comiso definitivo y para imponer las otras sanciones complementarias reguladas en el artículo 23 de esta Ley.

[Bloque 48: #dt]

Disposición transitoria.

Las normas contenidas en la presente Ley no serán aplicables a los expedientes que estén en tramitación en el momento de su entrada en vigor.

[Bloque 49: #da]

Disposición adicional primera.

El Consejo Ejecutivo dictara las disposiciones reglamentarias oportunas para la creación de una comisión que, integrada paritariamente por representantes de la Administración de la Generalidad y de las Corporaciones Locales, tendrá por objeto proponer medidas de coordinación y colaboración y conocer los proyectos de las disposiciones que el Consejo Ejecutivo piense dictar en esta materia.

[Bloque 50: #da-2]

Disposición adicional segunda.

Los Departamentos competentes del Gobierno de la Generalidad mantendrán informadas, en relación con su programa de actuaciones en materia de control alimentario, a las corporaciones profesionales implicadas, a las entidades representativas del sector alimentario y a las asociaciones de consumidores.

[Bloque 51: #da-3]

Disposición adicional tercera.

Se autoriza al Consejo Ejecutivo para que modifique las cuantías mínimas y máximas fijadas en el artículo 20 de esta Ley cuando entienda que queden desfasadas en relación con la evolución socio-económica y no cumplen con eficacia su función sancionadora.

[Bloque 52: #da-4]

Disposición adicional cuarta.

Se aplicaran las definiciones contenidas en el Código Alimentario español a los conceptos utilizados en esta Ley.

[Bloque 53: #df]

Disposición final primera.

1. El Consejo Ejecutivo determinara y estructura, respectivamente, los Departamentos y servicios competentes en materia de higiene y control alimentarios.

2. En el plazo de cinco meses a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Consejo Ejecutivo, a propuesta de los Departamentos competentes, de acuerdo con el punto 1 de esta disposición y el artículo 13.1, aprobara la plantilla del personal necesario para cubrir las funciones establecidas en la presente Ley.

[Bloque 54: #df-2]

Disposición final segunda.

El Consejo Ejecutivo dictara las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

[Bloque 55: #df-3]

Disposición final tercera.

La presente Ley entrara en vigor a los quince días de su publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad».

[Bloque 56: #fi]

Barcelona, 14 de julio de 1983.

[Bloque 57: #ir]

Información relacionada

Téngase en cuenta la Resolución de 17 de diciembre de 2001, sobre conversión a euros, publicada en el DOGC núm. 3539, de 21 de diciembre de 2001.