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Legislación consolidada

Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones pblicas en materia de responsabilidad patrimonial.

[Disposición derogada]

Publicado en: BOE núm. 106, de 04/05/1993.
Entrada en vigor: 05/05/1993
Departamento: Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretara del Gobierno
Referencia: BOE-A-1993-11253
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/rd/1993/03/26/429

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 02/10/2015

Norma derogada, con efectos de 2 de octubre de 2016, por la disposicin derogatoria nica.2.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ref. BOE-A-2015-10565.


[Bloque 2: #pr]

Prembulo

La Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn (LRJ-PAC), en su disposicin final autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas disposiciones de aplicacin y desarrollo de dicha Ley sean necesarias. Especficamente los artculos 142.3 y 145.2 prevn el establecimiento por va reglamentaria de los procedimientos que permitan hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de las Administraciones pblicas y de las autoridades y dems personal a su servicio.

El procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administracin del Estado ha estado regulado por el Decreto de 26 de abril de 1957, en su captulo II del Ttulo IV, Indemnizacin por otros daos, que desarrollaba la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiacin Forzosa, donde se establece en nuestro Derecho el principio de responsabilidad patrimonial, extracontractual, de la Administracin del Estado. La regulacin posterior que efectu la Ley de Rgimen Jurdico de la Administracin del Estado de la responsabilidad patrimonial de la Administracin y de sus autoridades y funcionarios no supuso la modificacin de las normas procedimentales del Reglamento de desarrollo de la Ley de Expropiacin Forzosa de 1954 que se ha venido aplicando hasta esta fecha.

El artculo 106 de la Constitucin consagra definitivamente el principio de la responsabilidad patrimonial extracontractual de las Administraciones pblicas por las lesiones que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesin sea consecuencia del funcionamiento de los servicios pblicos, precepto constitucional que desarrolla la LRJ-PAC en el Ttulo X introduciendo importantes novedades en la regulacin de la exigencia de esta responsabilidad que obligan a establecer ex novo las normas procedimentales que la propia Ley prev y autoriza a desarrollar reglamentariamente.

Las modificaciones que la nueva Ley enuncia expresamente para la exigencia de la responsabilidad patrimonial y que son el elemento nuclear de desarrollo de aqulla en este Reglamento son:

– El establecimiento del principio de exigencia directa de responsabilidad a las Administraciones pblicas, que responden en todo caso de los daos causados por ellas mismas o por sus agentes.

– La posibilidad de iniciacin de oficio de los procedimientos.

– La sumisin al nuevo procedimiento de la responsabilidad derivada de la actividad de las Administraciones pblicas tanto en relaciones de Derecho pblico como privado.

– La introduccin de la posibilidad de la restitutio in natura permitiendo la indemnizacin en especie.

– La declaracin de que las resoluciones de los procedimientos ponen fin a la va administrativa y, por tanto, la improcedencia del recurso administrativo ordinario, quedando expedita la va jurisdiccional contencioso-administrativa, que pasa a ser, en el sistema de la nueva Ley, la nica procedente en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones pblicas, tanto en relaciones de Derecho pblico como privado.

Pero sobre todo, la Ley prev el establecimiento de un procedimiento abreviado de reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones pblicas, cuando se den los supuestos de inequvoca relacin de causalidad entre la lesin y el funcionamiento del servicio pblico, que la valoracin del dao y clculo de la cuanta de la indemnizacin sean, asimismo, inequvocos.

Adems de estas especficas innovaciones legales, la LRJ-PAC tiene otros preceptos en materia de procedimiento administrativo como son la terminacin convencional y el carcter no suspensivo de los informes no determinantes de los procedimientos, cuya incorporacin a este Reglamento se ha adoptado decididamente. Obviamente, el acuerdo de terminacin convencional no puede incluir, como tal acuerdo con un particular, ningn tipo de transaccin sobre la existencia o no de relacin de causalidad o de reconocimiento pactado de la responsabilidad de las Administraciones pblicas, sino limitarse a la determinacin de la cuanta y el modo.

La LRJ-PAC recoge en la regulacin sustantiva de la responsabilidad patrimonial extracontractual de las Administraciones pblicas los elementos tradicionales de nuestro Derecho, como son la exclusin de los supuestos de fuerza mayor y la no existencia de responsabilidad cuando exista un deber jurdico de soportar el dao causado y respecto al reconocimiento de esa responsabilidad, la concurrencia inequvoca de los presupuestos de imputacin a la Administracin, relacin de causa a efecto entre el hecho causante y el dao producido, lesin resarcible y efectividad y cuanta del dao, tambin indiscutible. A estos presupuestos legales del reconocimiento de la responsabilidad da respuesta el Reglamento, especialmente en la formulacin del procedimiento abreviado.

Por fin la remisin del artculo 139.4 de la LRJ-PAC a la Ley Orgnica del Poder Judicial en lo relativo a la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administracin de Justicia, hace conveniente incluir la emisin del informe del Consejo General del Poder Judicial en los procedimientos que se tramiten en los supuestos de funcionamiento anormal de la Administracin de Justicia. Igualmente, de la consideracin conjunta del artculo 2.2 y del Ttulo X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se desprende la inclusin en el sistema de responsabilidad patrimonial de los daos y perjuicios causados por o con ocasin de la asistencia sanitaria, superando con ello un largo debate jurisprudencial y doctrinal. En este sentido, ha informado el Consejo General del Poder Judicial a quien se ha sometido el proyecto de Reglamento a dictamen.

En cuanto al rgimen de responsabilidad de las autoridades y dems personal al servicio de la Administracin, se da cumplimiento a la habilitacin para su desarrollo reglamentario contenida en el artculo 145.2 de la LRJ-PAC. Con su inclusin en el presente Reglamento se consigue una regulacin completa de todos los supuestos que afectan a las Administraciones pblicas en materia de responsabilidad patrimonial.

En su virtud y a propuesta conjunta de los Ministros de Economa y Hacienda y para las Administraciones Pblicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin de fecha 26 de marzo de 1993,

D I S P O N G O:


[Bloque 3: #aunico]

Artculo nico.

Se aprueba, en desarrollo de los artculos 140, 142, 143, 144 y 145 de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones pblicas en materia de responsabilidad patrimonial.


[Bloque 4: #dtunica]

Disposicin transitoria nica.

Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones pblicas ya iniciados antes de la entrada en vigor del Reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto se regirn por la normativa anterior.

Contra las resoluciones que recaigan con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento aprobado por el presente Real Decreto en los procedimientos a que se refiere el prrafo anterior, no proceder la interposicin de los recursos administrativos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, ni el recurso ordinario regulado en la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, siendo susceptibles nicamente de recurso contencioso-administrativo, cualquiera que fuese el tipo de relacin, pblica o privada, de que deriven.


[Bloque 5: #ddunica]

Disposicin derogatoria nica.

1. Queda derogado el captulo II del Ttulo IV del Reglamento de la Ley de Expropiacin Forzosa aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.

2. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto en el Reglamento que se aprueba por este Real Decreto.


[Bloque 6: #dfunica]

Disposicin final nica.

El Reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.


[Bloque 7: #firma]

Dado en Madrid a 26 de marzo de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretara del Gobierno,

VIRGILIO ZAPATERO GMEZ


[Bloque 8: #reglamento]

REGLAMENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PBLICAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL


[Bloque 9: #ci]

Captulo I

Disposiciones generales


[Bloque 10: #a1]

Artculo 1. Ambito de aplicacin.

1. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones pblicas y la de sus autoridades y dems personal a su servicio se har efectiva de acuerdo con las previsiones de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn y con los procedimientos establecidos en este Reglamento.

2. Las disposiciones de este Reglamento son de aplicacin a los procedimientos que inicien, instruyan y resuelvan todas las Administraciones pblicas en materia de responsabilidad patrimonial por su actuacin en relaciones de derecho pblico o de derecho privado. Ello sin perjuicio de las especialidades procedimentales que, con respeto a la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn y a este Reglamento, establezcan las Comunidades Autnomas que tengan asumidas competencias normativas en materia de responsabilidad patrimonial.

3. Se seguirn los procedimientos previstos en los captulos II y III de este Reglamento para determinar la responsabilidad de las Administraciones pblicas por los daos y perjuicios causados a terceros durante la ejecucin de contratos, cuando sean consecuencia de una orden directa e inmediata de la Administracin o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, con arreglo a la legislacin de contratos de las Administraciones pblicas, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso, dicha legislacin establece. En todo caso se dar audiencia al contratista, notificndole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios.

Redactado el apartado 2 conforme a la correccin de erratas publicada en BOE nm. 136, de 8 de junio de 1993. Ref. BOE-A-1993-14660


[Bloque 11: #a2]

Artculo 2. Objeto.

1. Mediante los procedimientos previstos en este Reglamento las Administraciones pblicas reconocern el derecho a indemnizacin de los particulares en los trminos previstos en el captulo I del Ttulo X de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, por las lesiones que aqullos sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que la lesin sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios pblicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daos que el particular tenga el deber jurdico de soportar de acuerdo con la Ley.

Tambin sern de aplicacin los procedimientos previstos en este Reglamento para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial en que incurran las Administraciones pblicas cuando acten en relaciones de Derecho privado.

2. La resolucin del procedimiento o, en su caso, el acuerdo de terminacin convencional fijar la cuanta y el modo de la indemnizacin, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artculo 141 de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

La compensacin en especie sustituir a la indemnizacin procedente cuando resulte ms adecuado para lograr la reparacin debida y convenga al inters pblico, formalizndose, en todo caso, mediante acuerdo entre la Administracin pblica y el interesado.

3. Las resoluciones y los acuerdos de terminacin convencional que recaigan en los procedimientos regulados en este Reglamento ponen fin a la va administrativa.


[Bloque 12: #a3]

Artculo 3. rganos competentes.

1. En cada Administracin pblica son rganos competentes para iniciar e instruir los procedimientos previstos en este Reglamento los que resulten de las normas que sobre atribucin y ejercicio de competencias estn establecidas en el captulo I del Ttulo II de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

En las entidades de Derecho pblico con personalidad jurdica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones pblicas, sern rganos competentes para iniciar e instruir los procedimientos los que cada entidad determine en aplicacin de las normas de atribucin de competencias previstas en su norma de creacin.

2. Son rganos competentes para resolver los procedimientos administrativos previstos en este Reglamento los que se establecen en el artculo 142.2 de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.


[Bloque 13: #cii]

Captulo II

Procedimiento general


[Bloque 14: #a4]

Artculo 4. Iniciacin.

1. El procedimiento de responsabilidad patrimonial se iniciar de oficio o por reclamacin de los interesados.

2. La anulacin en va administrativa o por el orden jurisdiccional administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnizacin, pero si la resolucin o disposicin impugnada lo fuese por razn de su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribir en el plazo de un ao desde la fecha en que la sentencia de anulacin hubiera devenido firme, no siendo de aplicacin lo dispuesto en el apartado siguiente.

En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al ao de producido el hecho o el acto que motive la indemnizacin o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daos, de caracter fsico o psquico a las personas, el plazo empezar a computarse desde la curacin o la determinacin del alcance de las secuelas.

El procedimiento se podr iniciar de oficio mientras no haya prescrito el derecho a la reclamacin del interesado.


[Bloque 15: #a5]

Artculo 5. Iniciacin de oficio.

1. Cuando el rgano competente para iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial entienda que se han producido lesiones en los bienes y derechos de los particulares en los trminos previstos en el artculo 2 de este Reglamento iniciar el procedimiento regulado en este captulo.

2. La iniciacin de oficio del procedimiento se efectuar siempre por acuerdo del rgano competente, adoptado bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, peticin razonada de otros rganos o por denuncia.

La peticin razonada de otros rganos para la iniciacin de oficio del procedimiento deber individualizar la lesin producida en una persona o grupo de personas, su relacin de causalidad con el funcionamiento del servicio pblico, su evaluacin econmica si fuera posible, y el momento en que la lesin efectivamente se produjo.

3. El acuerdo de iniciacin del procedimiento se notificar a los particulares presuntamente lesionados, concedindoles un plazo de siete das para que aporten cuantas alegaciones, documentos o informacin estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo.

El procedimiento iniciado se instruir aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.


[Bloque 16: #a6]

Artculo 6. Iniciacin por reclamacin del interesado.

1. Cuando el procedimiento se inicie a instancia del interesado, la reclamacin se dirigir al rgano competente y deber ajustarse a lo previsto en el artculo 70 de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

En la reclamacin se debern especificar las lesiones producidas, la presunta relacin de causalidad entre stas y el funcionamiento del servicio pblico, la evaluacin econmica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesin efectivamente se produjo, e ir acompaada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposicin de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.

2. Si se admite la reclamacin por el rgano competente, el procedimiento se impulsar de oficio en todos sus trmites y se podr acordar la acumulacin de la reclamacin a otro procedimiento con el que guarde identidad sustancial o ntima conexin. Contra el acuerdo de acumulacin no procede recurso alguno.


[Bloque 17: #a7]

Artculo 7. Actos de instruccin.

Los actos de instruccin necesarios para la determinacin, conocimiento y comprobacin de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolucin, se realizarn por el rgano que tramite el procedimiento, de conformidad con el captulo III del Ttulo VI de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.


[Bloque 18: #a8]

Artculo 8. Acuerdo indemnizatorio.

En cualquier momento del procedimiento anterior al trmite de audiencia, el rgano competente, a propuesta del instructor, podr acordar con el interesado la terminacin convencional del procedimiento mediante acuerdo indemnizatorio. Si el interesado manifiesta su conformidad con los trminos de la propuesta de acuerdo, se seguirn los trmites previstos en los artculos 12 y 13 de este Reglamento.


[Bloque 19: #a9]

Artculo 9. Prctica de pruebas.

En el plazo de treinta das se practicarn cuantas pruebas hubieran sido declaradas pertinentes. El rgano instructor slo podr rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolucin motivada.

Cuando sea necesario, el instructor, a peticin de los interesados, podr decidir la apertura de un perodo extraordinario de prueba.


[Bloque 20: #a10]

Artculo 10. Informes.

1. El rgano competente para la instruccin del procedimiento podr solicitar cuantos informes estime necesarios para resolver.

En todo caso, se solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesin indemnizable.

2. Los informes sern emitidos en el plazo de diez das, salvo que el rgano instructor, atendiendo a las caractersticas del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisin en un plazo menor o mayor, sin que en este ltimo caso pueda exceder de un mes.


[Bloque 21: #a11]

Artculo 11. Audiencia.

1. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolucin, se pondr aqul de manifiesto al interesado, salvo en lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el artculo 37.5 de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Al notificar a los interesados la iniciacin del trmite se les facilitar una relacin de los documentos obrantes en el procedimiento, a fin de que puedan obtener copia de los que estimen convenientes, y concedindoles un plazo no inferior a diez das ni superior a quince para formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

2. Durante el plazo del trmite de audiencia, lo haya hecho o no con anterioridad, el interesado podr proponer al rgano instructor la terminacin convencional del procedimiento fijando los trminos definitivos del acuerdo indemnizatorio que estara dispuesto a suscribir con la Administracin pblica correspondiente.

3. En los procedimientos iniciados de oficio, cuando el interesado no se persone en trmite alguno del procedimiento, y no lo hiciese en el de audiencia, el instructor propondr que se dicte resolucin declarando el archivo provisional de las actuaciones, sin entrar en el fondo del asunto. Tal archivo se convertir en definitivo cuando haya transcurrido el plazo de prescripcin de la reclamacin, salvo que el interesado se persone en el procedimiento dentro de dicho plazo.


[Bloque 22: #a12]

Artculo 12. Dictamen.

1. Concluido el trmite de audiencia, en el plazo de diez das, el rgano instructor propondr que se recabe, cuando sea preceptivo a tenor de lo establecido en la Ley Orgnica del Consejo de Estado, el dictamen de este rgano consultivo o, en su caso, del rgano consultivo de la Comunidad Autnoma. A este efecto, remitir al rgano competente para recabarlo todo lo actuado en el procedimiento, as como una propuesta de resolucin que se ajustar a lo dispuesto en el artculo 13 de este Reglamento o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podra terminar convencionalmente el procedimiento.

2. Se solicitar que el dictamen se pronuncie sobre la existencia o no de relacin de causalidad entre el funcionamiento del servicio pblico y la lesin producida y, en su caso, sobre la valoracin del dao causado y la cuanta y modo de la indemnizacin, considerando los criterios previstos en la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

El dictamen se emitir en un plazo mximo de dos meses.


[Bloque 23: #a13]

Artculo 13. Terminacin.

1. En el plazo de veinte das desde la recepcin, en su caso, del dictamen o, cuando ste no sea preceptivo, desde la conclusin del trmite de audiencia, el rgano competente resolver o someter la propuesta de acuerdo para su formalizacin por el interesado y por el rgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de terminacin convencional, el rgano competente resolver en los trminos previstos en el apartado siguiente.

2. La resolucin se pronunciar, necesariamente, sobre la existencia o no de la relacin de causalidad entre el funcionamiento del servicio pblico y la lesin producida y, en su caso, sobre la valoracin del dao causado y la cuanta de la indemnizacin, explicitando los criterios utilizados para su clculo. La resolucin se ajustar, en todo caso, a lo previsto en el artculo 89 de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

3. Transcurridos seis meses desde que se inici el procedimiento, o el plazo que resulte de aadirles un perodo extraordinario de prueba, de conformidad con el artculo 9 de este Reglamento, sin que haya recado resolucin expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podr entenderse que la resolucin es contraria a la indemnizacin del particular.


[Bloque 24: #ciii]

Captulo III

Procedimiento abreviado


[Bloque 25: #a14]

Artculo 14. Iniciacin del procedimiento abreviado.

1. Cuando a la vista de las actuaciones, documentos e informaciones del procedimiento general, el rgano instructor entienda que son inequvocas la relacin de causalidad entre la lesin y el funcionamiento del servicio pblico, la valoracin del dao y el clculo de la cuanta de la indemnizacin, podr acordar de oficio la suspensin del procedimiento general y la iniacin de un procedimiento abreviado que se tramitar de acuerdo con lo previsto en este captulo.

2. Slo podr iniciarse procedimiento abreviado antes del trmite de audiencia.


[Bloque 26: #a15]

Artculo 15. Audiencia.

1. Al notificarse a los interesados el acuerdo de iniciacin del procedimiento abreviado se les facilitar una relacin de los documentos obrantes en el procedimiento, a fin de que puedan obtener copia de los que estimen convenientes, y se les conceder un plazo mximo de cinco das para formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

2. Durante el indicado plazo, tanto el rgano instructor como el lesionado podr acordar proponer la terminacin convencional del procedimiento fijando los trminos de una propuesta de acuerdo indemnizatorio.


[Bloque 27: #a16]

Artculo 16. Dictamen.

Concluido el trmite de audiencia, en el plazo de cinco das el rgano instructor propondr, cuando proceda, que se solicite dictamen preceptivo en los trminos previstos en el artculo 12 de este Reglamento. El dictamen deber ser emitido en el plazo de diez das.


[Bloque 28: #a17]

Artculo 17. Terminacin.

1. Recibido, en su caso, el dictamen o transcurrido el plazo para su emisin, el rgano competente resolver el procedimiento o someter la propuesta de acuerdo para su formalizacin por el interesado y por el rgano administrativo competente para suscribirlo. Si el dictamen a que se refiere el artculo anterior discrepa de la propuesta de resolucin o de la propuesta de terminacin convencional, el rgano competente para resolver acordar el levantamiento de la suspensin del procedimiento general y la remisin de todo lo actuado al rgano competente para su instruccin, notificndolo al interesado.

2. Transcurridos treinta das desde la iniciacin del procedimiento sin que haya recado resolucin, se haya formalizado acuerdo o se haya levantado la suspensin del procedimiento general podr entenderse que la resolucin es contraria a la indemnizacin del particular.


[Bloque 29: #civ]

Captulo IV

De la responsabilidad concurrente de las Administraciones pblicas


[Bloque 30: #a18]

Artculo 18. Concurrencia de responsabilidad.

1. Cuando de la gestin dimanante de frmulas colegiadas de actuacin entre varias Administraciones pblicas se derive responsabilidad, la Administracin competente para la iniciacin, instruccin y decisin del procedimiento ser la fijada en los Estatutos o Reglas de la organizacin colegiada. En su defecto, la competencia vendr atribuida a la Administracin pblica con mayor participacin en la financiacin del servicio.

2. Los procedimientos para exigir la responsabilidad en estos supuestos de concurrencia sern los establecidos en los captulos II y III del presente Reglamento, si bien en ellos preceptivamente deber consultarse a las Administraciones pblicas implicadas en la frmula colegiada para que, en el plazo que la Administracin pblica competente a que se refiere el apartado anterior determine, aqullas puedan exponer cuanto consideren procedente.

3. La responsabilidad entre las Administraciones implicadas es solidaria.

En el orden interno, la distribucin de responsabilidad entre las distintas Administraciones pblicas se regir por los criterios que establezcan las frmulas colegiadas.


[Bloque 31: #cv]

Captulo V

Responsabilidad patrimonial de autoridades y personal al servicio de las Administraciones pblicas


[Bloque 32: #a19]

Artculo 19. Responsabilidad por daos y perjuicios causados a los particulares.

Los particulares exigirn directamente a la Administracin pblica correspondiente las indemnizaciones por los daos y perjuicios causados por las autoridades y el personal a su servicio, de conformidad con lo previsto en el artculo 145 de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Satisfecha la indemnizacin, la Administracin correspondiente podr exigir de sus autoridades y dems personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave, previa la instruccin del procedimiento regulado en el artculo 21 de este Reglamento.


[Bloque 33: #a20]

Artculo 20. Responsabilidad por daos y perjuicios causados a las Administraciones pblicas.

1. La Administracin pblica correspondiente podr exigir de oficio de sus autoridades y dems personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por los daos y perjuicios causados a la misma mediando dolo, culpa o negligencia grave, de conformidad con lo previsto en los artculos 145 y 146 de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, siguiendo el procedimiento previsto en el artculo 21 de este Reglamento.

2. Cuando los daos o perjuicios a que se refiere el anterior apartado fueran originados por acciones u omisiones de las autoridades o funcionarios al servicio de las Administraciones pblicas constitutivos de responsabilidad contable, ser de aplicacin lo previsto en los artculos 140 y siguientes del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, o las normas sobre la materia que resulten de respectiva aplicacin al resto de las Administraciones pblicas, as como las previsiones contenidas en la Ley Orgnica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento de dicho Tribunal.

En el mbito de la Administracin General del Estado se aplicar, en su caso, el procedimiento regulado en el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio.


[Bloque 34: #a21]

Artculo 21. Procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones pblicas.

1. Para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones pblicas, el rgano competente acordar la iniciacin del procedimiento, notificando dicho acuerdo a los interesados, con indicacin de los motivos del mismo, y concedindoles un plazo de quince das para que aporten cuantos documentos, informaciones y pruebas estimen convenientes.

2. En todo caso, se solicitar informe al servicio en cuyo funcionamiento se haya ocasionado la presunta lesin indemnizable.

3. En el plazo de quince das se practicarn cuantas pruebas hayan sido admitidas y cualesquiera otras que el rgano competente estime oportunas.

4. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolucin, se pondr aqul de manifiesto al interesado, concedindole un plazo de diez das para que formule las alegaciones que estime convenientes.

5. Concluido el trmite de audiencia, la propuesta de resolucin ser formulada en un plazo mximo de cinco das.

6. El rgano competente resolver en el plazo mximo de cinco das.


[Bloque 35: #daprimera]

Disposicin adicional primera.

De conformidad con lo establecido en los artculos 2.2 y 139 a 144 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, la responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonmicas, as como de las dems entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud, por los daos y perjuicios causados por o con ocasin de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, seguirn la tramitacin administrativa y contencioso-administrativa prevista en dicha Ley y en el presente Reglamento.


[Bloque 36: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda.

En las reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administracin de Justicia, ser preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial.

El plazo para dictar resolucin quedar suspendido durante dos meses desde la solicitud del informe a dicho Consejo.

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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