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Legislación consolidada

Ley Foral 11/1998, de 3 de julio, por la que se regula la financiacin pblica de los centros de iniciativa social que impartan las enseanzas de bachillerato, ciclos formativos de grado medio y programas de garanta social.

Publicado en: BON núm. 85, de 17/07/1998, BOE núm. 221, de 15/09/1998.
Entrada en vigor: 18/07/1998
Departamento: Comunidad Foral de Navarra
Referencia: BOE-A-1998-21620
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es-nc/lf/1998/07/03/11/con

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 30/10/2012


[Bloque 1: #preambulo]

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral por la que se regula la financiacin pblica de los centros de iniciativa social que impartan las enseanzas de Bachillerato, ciclos formativos de Grado Medio y programas de garanta social.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

Como parte del contenido esencial del derecho a la educacin puede invocarse el derecho a la ayuda financiera pblica en los niveles educativos no obligatorios, pues existe un deber genrico de los poderes pblicos de financiar la educacin y la enseanza que deriva del artculo 9.2 de la Constitucin Espaola (CE).

En el mbito de la educacin, el derecho aludido est recogido en el artculo 27.1 de la CE, cuya lectura debe hacerse al amparo de lo establecido en el artculo 10, que alude a la Declaracin Universal de los Derechos Humanos y dems tratados internacionales suscritos por Espaa.

En este sentido, en una interpretacin del derecho fundamental a la educacin, proclamado por la CE de acuerdo con la Convencin de la UNESCO de 1960 y el Pacto Internacional de derechos econmicos, sociales y culturales y, en definitiva, la Declaracin Universal de 1948, forma parte tambin de su contenido esencial el derecho a que el Estado haga progresivamente accesibles de hecho, a quienes renan las debidas condiciones de capacidad, los niveles no obligatorios de la enseanza, empleando para ello los recursos pblicos disponibles, al objeto de remediar las carencias econmicas que signifiquen una disparidad prctica en las posibilidades de acceso y permanencia en esos niveles.

Asimismo, el artculo 14 de la Convencin Europea de 1950 exige que la financiacin pblica de niveles educativos no obligatorios sea dispensada respetando el principio de igualdad, tanto en su previsin como en su otorgamiento. Dicha igualdad de trato puede exigirse tambin por aplicacin del artculo 14 de la CE en relacin con el 27.1.

Es cierto que la financiacin pblica de los niveles educativos no obligatorios no forma parte del contenido esencial del derecho a la educacin. Sin embargo, su reconocimiento equivale, ms bien, a un principio rector de la poltica econmica y social semejante a los del Captulo Tercero del Ttulo I de la CE.

El precepto constitucional que da pie a una fundamentacin legal de la ayuda financiera a la educacin no obligatoria es el artculo 27.9, relativo a la ayuda pblica a los centros que renan los requisitos que la Ley establezca. Este artculo puede entenderse como parte del contenido esencial de la libertad de enseanza, siempre en los trminos que establezca la Ley. Esto no significa vaciar de contenido este precepto, ms bien se trata de un mandato al legislador para que dentro de los lmites constitucionales establezca un rgimen de ayudas a los centros privados.

Es preciso sealar que nada impide que las ayudas se hagan directamente en favor de los alumnos, mediante el procedimiento de becas, o mediante la ayuda indirecta a travs de los centros. En cualquier caso se trata de una previsin constitucional que, si bien est limitada a las disponibilidades presupuestarias, sin embargo el Tribunal Constitucional establece como deber del legislador: No puede interpretarse como una afirmacin retrica, de manera que quede absolutamente en manos del legislador la posibilidad de conceder o no esa ayuda, ya que como seala el artculo 9 de la CE, los poderes pblicos estn sujetos a la Constitucin y, por ello, los preceptos de sta –expuestos o no, como en este caso, en forma imperativa– tiene fuerza vinculante para ellos.

De lo expuesto por el Tribunal Constitucional, parece desprenderse una gradacin en las prioridades del gasto pblico, por lo que se refiere al mbito educativo. Esas prioridades se concretan, en primer lugar, en la satisfaccin del deber constitucional de garantizar las condiciones de gratuidad de la educacin bsica; las cuales vendran a ser uno de los mencionados lmites del legislador. Pero tambin hay otros valores a los que se refiri el Tribunal Constitucional, citando entre ellos, el artculo 40.1, la distribucin ms equitativa de la renta regional y personal.

La financiacin directa en favor del educando en niveles no obligatorios deriva de lo dispuesto en el artculo 1.2 de la LODE y del artculo 66 de la LOGSE. En ellos se establece el derecho a acceder a los niveles educativos superiores en funcin de las aptitudes y vocacin, sin que el ejercicio del derecho pueda estar sujeto a discriminaciones debidas a la capacidad econmica, nivel social o lugar de residencia del alumno; establecindose que las becas debern dirigirse a compensar las condiciones socioeconmicas desfavorables.

En tal sentido, existen ayudas directas al estudio para los niveles no obligatorios o becas de carcter personalizado, en virtud de las normas que regulan los requisitos acadmicos y econmicos para su obtencin, y con la consignacin presupuestaria para sufragar la gratuidad de la enseanza en los niveles educativos no obligatorios.

La Ley 12/1987, de 2 de julio, estableci la gratuidad de la enseanza de los niveles de bachillerato y formacin profesional de centros pblicos del territorio MEC (entonces Navarra lo era). Este hecho supuso, en realidad, una sustitucin de la financiacin pblica de la gratuidad por la prestacin pblica de la educacin, en rgimen de gratuidad. Ello significa sustituir una actividad de ayuda pblica por una actividad de servicio pblico, entendiendo como actividad prestacional pblica concurrente con la privada.

Supone violar el contenido esencial del derecho a la educacin el que los poderes pblicos se desentiendan de proporcionar la ayuda econmica necesaria a sus titulares, con capacidad para continuar sus estudios, en los niveles de enseanza distintos del bsico, sustituyendo dicha ayuda pblica por centros pblicos y gratuitos. Pues ello impide, de hecho, a los que carecen de medios econmicos acceder a una enseanza distinta de la pblica y, adems, desconocen el contenido primario del derecho a la educacin como derecho de libertad, que lleva consigo la posibilidad de elegir el tipo de enseanza.

Adems no tiene justificacin que la enseanza del bachiller en los centros pblicos sea gratuita y que, sin embargo, nicamente se destine en concepto de ayuda a los titulares del derecho a la educacin poco ms de la cuarta parte de lo que cuesta al Estado la gratuidad de la enseanza media en los centros pblicos, con el agravante de que esta cuarta parte no se dirige a los estudiantes que cursen las enseanzas medias en los centros privados, sino que se prev presupuestariamente, de modo genrico, para todos los niveles educativos.

Todo ello conduce a la consideracin de la igualdad en el ejercicio del derecho a la educacin, sin olvidar que la sustitucin de la ayuda pblica por el llamado servicio pblico y gratuito de la educacin provoca una limitacin del mbito propio de la libertad de enseanza, en perjuicio tambin del derecho a la educacin. Esto es contrario al principio de paridad de trato que debe reconocerse tambin entre los establecimientos pblicos y privados de enseanza.

Por otro lado, la igualdad en las condiciones del ejercicio del derecho no debe verse afectada por el hecho de que los interesados opten por un tipo de centro. Esto no quiere decir que el legislador no pueda establecer diferencias en orden al otorgamiento de las ayudas pblicas a los educandos, dirigidas a paliar las circunstancias socioeconmicas desfavorables de los titulares del derecho a la educacin. En tal sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, al considerar legtimas tales diferencias y, por tanto, que no seran contrarias al derecho a la igualdad.

Supondra una clara discriminacin la presuncin de determinadas condiciones econmicas en los educandos por el hecho de optar por un centro pblico o por uno privado. La eleccin del tipo de educacin no responde necesariamente a planteamientos puramente econmicos, de lo contrario se produciran situaciones injustas: La de quienes, por su posicin econmica, podran costearse la enseanza y se vean exonerados de hacerlo en un centro pblico; y la de quienes, con mprobos sacrificios por su modesta economa personal o familiar, se vean obligados a pagar una enseanza en un centro privado.

Se puede afirmar que es inconstitucional penalizar la opcin por la enseanza de iniciativa social hacindola objeto de una discriminacin en la percepcin de ayuda financiera pblica. Enseanza privada y enseanza pblica han de tener bsicamente un tratamiento financiero similar. De no ser as, ello atentara claramente a esa igualdad de trato que los poderes pblicos deben dispensar en el cumplimiento de su deber de hacer progresivamente accesible a todos esos niveles educativos.

Por todo ello, lesionar la igualdad es lesionar tambin la libertad. Si se penaliza de algn modo desde el poder pblico a los que ejercen su libertad o sus derechos fundamentales, en una determinada direccin, plenamente legtima, es evidente que no slo se quebranta la igualdad sino que, al mismo tiempo, se obstaculiza y dificulta el ejercicio de una libertad especfica o de un derecho fundamental determinado: Se los constrie en una u otra medida; justamente lo contrario de lo que los poderes pblicos deben hacer en un Estado social de Derecho, conforme a lo dispuesto en el artculo 9.2 de la CE.


[Bloque 2: #a1]

Artculo 1.

Los niveles educativos postobligatorios establecidos en la LOGSE como bachillerato y formacin profesional de grado medio, impartidos en los centros de iniciativa social de la Comunidad Foral de Navarra, sern objeto de los oportunos conciertos educativos singulares en la forma establecida por el Decreto Foral 416/1992, de 14 de diciembre.


[Bloque 3: #a2]

Artculo 2.

Tendrn la condicin de centros susceptibles de ser concertados todos los centros de iniciativa social ubicados en la Comunidad Foral de Navarra y que estn autorizados para impartir enseanzas de primer curso de bachillerato (LOGSE), COU, ciclos formativos de grado medio y programas de garanta social.


[Bloque 4: #a3]

Artculo 3.

Los centros aludidos en el artculo anterior establecern el oportuno concierto con el Gobierno de Navarra, que ser efectivo desde el inicio del curso escolar 1998-1999.


[Bloque 5: #a4]

Artculo 4.

El importe anual y el desglose del mdulo econmico por unidad escolar para la enseanza de primer curso de bachillerato (LOGSE) ser el establecido para el tercer curso de bachillerato unificado polivalente por la disposicin adicional decimocuarta de la Ley Foral 21/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para 1998.


[Bloque 6: #a5]

Artculo 5.

La financiacin de los ciclos formativos de grado medio as como los programas de garanta social se determinar con arreglo a lo dispuesto en el artculo 35, apartado 2, de la Ley Foral 21/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para 1998.


[Bloque 7: #da]

Disposicin adicional.

1. No podrn ser objeto de los conciertos regulados en el artculo 1 de esta Ley Foral los centros educativos que nicamente admitan a alumnos de un solo sexo, o que impartan las enseanzas en grupos separados por razn de sexo, o que de cualquier otro modo no apliquen el principio de coeducacin.

2. Tampoco podrn ser objeto de concierto por parte de la Administracin de la Comunidad Foral los centros de educacin infantil, primaria o secundaria obligatoria que nicamente admitan a alumnos de un solo sexo, o que impartan las enseanzas en grupos separados por razn de sexo, o que de cualquier otro modo no apliquen el principio de coeducacin.

3. No obstante lo anterior, los conciertos a los que se refieren los apartados precedentes podrn ser prorrogados por acuerdo motivado del Gobierno de Navarra, a los solos efectos de garantizar la continuidad del alumnado actualmente matriculado en estos centros hasta la finalizacin de las etapas educativas obligatorias que estn cursando.

4. Sern nulos de pleno derecho todos los actos que se dicten en infraccin de lo dispuesto en esta disposicin.

Se aade por el art. nico de la Ley Foral 17/2012, de 19 de octubre. Ref. BOE-A-2012-14018.

Texto aadido, publicado el 30/10/2012, en vigor a partir del 31/10/2012.


[Bloque 8: #df]

Disposicin final.

La presente Ley Foral entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial de Navarra.


[Bloque 9: #firma]

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 22 de la Ley Orgnica de Reintegracin y Amejoramiento del Rgimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de S. M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicacin en el Boletn Oficial de Navarra y su remisin al Boletn Oficial del Estado y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.

Pamplona, 3 de julio de 1998.

MIGUEL SANZ SESMA,
Presidente.

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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