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Este texto consolidado es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.[Disposición derogada]
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cada cinco días muere en España una mujer como consecuencia de malos tratos producidos por su esposo o compañero. Cada año se producen en nuestro país más de medio millón de agresiones delictivas a mujeres en el ámbito familiar, sin que muchas de estas conductas puedan ser juzgadas en los Tribunales debido al miedo o la vergüenza que impide la correspondiente denuncia de la víctima.
En Castilla-La Mancha se producen 15.000 casos de malos tratos cada año y durante los dos últimos años han fallecido, como consecuencia de los mismos, cinco mujeres. El número de denuncias anuales presentadas por este tipo de delitos se aproxima al millar.
Este grave problema, que convulsiona la conciencia de cualquier ciudadano sensible, no provoca, sin embargo, el rechazo social que acompaña a otras formas de violencia. A la vez, produce verdadera alarma, debido a que los poderes públicos no han hecho todo lo que es obligado para combatir esta lacra social que, a veces, se trata de esconder bajo un manto de silencio cómplice.
Ningún Gobierno puede desentenderse de este problema, pensando que son solamente los Jueces quienes han de hacerse cargo de él. La violencia contra las mujeres ha de ocupar a los Jueces como delito grave que es, pero, además, es un asunto de Gobierno que exige políticas activas e iniciativas concretas.
La lucha efectiva contra la violencia que padecen las mujeres debe desarrollarse en el espacio de la vida pública, porque se trata de una flagrante violación de los derechos humanos que hay que combatir con toda la fuerza y todos los instrumentos del sistema democrático, para impedir que día a día se siga practicando esa especie de terror de puertas adentro del hogar por quienes de puertas afuera pretenden aparecer como ciudadanos de intachable conducta.
Garantizar la publicidad de la justicia y el conocimiento de las sentencias firmes en este tipo de delitos persigue conseguir que la acción de la justicia contribuya, como debe, a crear un clima social de rechazo al delito que se combate. La pena que el Juez imponga en cada caso debe ser respetada en sus estrictos términos, pero además los poderes públicos son responsables de que no se arroje un manto de silencio sobre el crimen para que no se juzgue o sobre la propia condena para que no se conozca.
A este respecto, la presente Ley prevé un programa de actuaciones que favorezca la readaptación voluntaria del agresor.
La Administración regional ha creado una amplia red de recursos de protección a las mujeres maltratadas: Casas de acogida, centros de urgencias, centros de atención a mujeres jóvenes, teléfono gratuito de atención veinticuatro horas y programas de asistencia jurídico-procesal y psicológica. Quizá, por ello, Castilla-La Mancha sea la región española donde menos denuncias por malos tratos se retiran una vez presentadas por las víctimas. Sin embargo, es necesario ordenar y ampliar los instrumentos legales que garanticen la sensibilización, prevención y asistencia a mujeres víctimas de violencia.
La presente Ley quiere ser un paso eficaz para combatir la violencia doméstica, así como un instrumento para garantizar las medidas de asistencia jurídica a mujeres víctimas de violencia y para hacer efectivo el asesoramiento y la asistencia letrada en juicio.
También contempla la Ley el ejercicio de la acción popular, por parte de la Administración Pública, en los procedimientos penales, cuando su intervención contribuya a defender los derechos de la víctima o a proteger los intereses públicos presentes en el caso.
Por otra parte, recoge de forma novedosa un sistema de ayudas públicas para el acceso a la vivienda y al empleo en beneficio de las mujeres víctimas o de sus hijos o ascendientes cuando éstos dependan de aquélla. Igualmente, se ordena un marco de ayudas económicas para paliar las consecuencias de las agresiones sobre la mujer o sus hijos.
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en su artículo 31, apartado primero, párrafos 1 y 20, reconoce la competencia exclusiva de la Administración autonómica para la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno y la protección y tutela de los grupos sociales necesitados de especial atención, entre los que, indudablemente, está incluida la mujer víctima de malos tratos.
La presente Ley tiene por objeto prevenir la violencia contra las mujeres, así como proteger y asistir a las víctimas.
Las medidas contempladas en la presente Ley serán de aplicación a quienes tengan la condición de ciudadanos y ciudadanas castellano-manchegos en los términos establecidos en el Estatuto de Autonomía, y a las mujeres que dentro del territorio de la Comunidad Autónoma estén sometidas a trata con fines de explotación sexual, prostitución o comercio sexual.
1. La Administración regional promoverá la investigación sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos.
2. Los resultados de la investigación se darán a conocer públicamente para fomentar el debate social y valorar las medidas destinadas a erradicar este tipo de violencia.
3. Se presentará al Consejo Regional de la Mujer un plan plurianual que recoja los objetivos específicos de la investigación en materia de violencia contra las mujeres.
Con el objetivo de garantizar en el ámbito educativo la efectiva igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el Gobierno regional, en el plazo de un año, llevará a cabo la adaptación de los contenidos, procedimientos, actitudes y valores que conforman el currículum educativo.
La Administración regional pondrá en marcha un programa de formación, al que podrán tener acceso gratuito todos los profesionales relacionados con el objeto de la presente Ley. Entre otros, y especialmente, a los docentes, sanitarios, trabajadores sociales, empleados de la Administración Local, de la Administración regional, de la Administración de Justicia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Local.
El Gobierno regional establecerá un plan de ayudas económicas para las asociaciones que lleven a cabo actividades para erradicar la violencia contra las mujeres.
1. La Administración regional realizará campañas de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres en el ámbito de Castilla-La Mancha.
2. Asimismo, se dará a conocer públicamente el informe anual regulado en el artículo 11 de esta Ley, con las actuaciones realizadas por el Gobierno regional en materia de prevención de malos tratos y de protección a las mujeres maltratadas.
3. La Administración regional impulsará todo tipo de manifestaciones culturales y artísticas que caminen en la dirección y el objeto de esta Ley, en los que sus promotores propongan estrategias o espacios realmente eficaces para sensibilizar a la sociedad en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
4. La programación del ente público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha tendrá entre sus objetivos fundamentales promover la sensibilización de la sociedad castellano-manchega en materia de género.
Todos los municipios o mancomunidades de más de 5.000 habitantes contarán con un centro de la mujer, que se crearán en colaboración con las demás Administraciones Públicas o con entidades privadas sin fin de lucro, garantizando la asistencia jurídica y psicológica a todas las mujeres maltratadas de Castilla-La Mancha que lo soliciten. En todo caso, se asegurará la cobertura de este servicio en todo el territorio regional.
1. Con ámbito regional se establecerá un servicio permanente de información, asistencia y asesoramiento para mujeres con dispositivos de alarma de localización inmediata.
2. El Centro de Atención de Urgencias 112 de Castilla-La Mancha desviará las llamadas de los teléfonos específicos de atención a las mujeres que sufren violencia doméstica.
La Administración regional, cuando exista una situación de deterioro de la convivencia familiar, ofrecerá gratuitamente programas de mediación familiar dirigidos a todos los miembros de la familia, de forma individual y en su conjunto.
El Gobierno remitirá a las Cortes, al menos con carácter anual, un informe, en el que preceptivamente se contengan:
a) Los recursos humanos, asistenciales y económicos destinados por la Administración regional a la prevención de los malos tratos y a la protección de las mujeres víctimas de ellos.
b) Información sobre el número de denuncias presentadas por malos tratos a mujeres.
c) Las actuaciones desarrolladas por la Administración regional para dar asistencia a las mujeres maltratadas.
d) Los procedimientos penales iniciados sobre violencia doméstica, con indicación de su número, la clase de procedimiento penal, el delito o falta imputado y la intervención de la Administración regional en dichos procedimientos.
La reproducción de las sentencias firmes condenatorias sobre violencia doméstica, cuando se cuente con el consentimiento de la víctima o, cuando ésta no pudiere prestarlo, con el consentimiento de las personas perjudicadas.
En todo caso, se respetará la intimidad de la víctima, su entorno familiar y fundamentalmente la intimidad de los menores afectados.
e) Las actuaciones llevadas a cabo para la readaptación de los agresores.
f) Las actividades llevadas a cabo por el Gobierno regional en materia de prevención y sensibilización contra la violencia hacia las mujeres.
Todas las capitales de provincia y los municipios con población superior a 25.000 habitantes contarán con centros de urgencia o casas de acogida, que proporcionarán apoyo inmediato y protección a las mujeres víctimas de la violencia y a sus hijos.
1. Se reconoce un derecho preferente para la adjudicación de viviendas de promoción pública y para las ayudas regionales de acceso a viviendas de protección oficial a las mujeres víctimas de malos tratos, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
2. Las mujeres maltratadas que hayan dejado la casa de acogida tendrán derecho a un alojamiento provisional gratuito cuando lo precisen por su situación socio-laboral.
1. El Gobierno regional subvencionará a las empresas o entidades que contraten a mujeres víctimas de violencia familiar y a ellas mismas cuando se constituyan en trabajadoras autónomas, en las condiciones que se determinen reglamentariamente, siempre garantizando la intimidad de la víctima.
2. Dentro de los planes de formación para el empleo que contemplan programas específicos para las mujeres, se incluirán acciones formativas destinadas a mujeres víctimas de violencia, durante su estancia en las casa de acogida y dentro del primer año posterior a su salida de las mismas.
1. El Gobierno regional ofrecerá asistencia jurídica gratuita a todas las mujeres que hayan sido víctimas de violencia doméstica y, en su caso, a sus herederos o persona que legalmente la represente, cuando concurran situaciones especiales.
2. La Administración regional podrá convenir la prestación de este servicio con entidades y asociaciones.
La Administración regional ejercitará la acción popular en los procedimientos penales por malos tratos, siempre que la víctima lo solicite o cuando las especiales circunstancias lo aconsejen, en la forma que establezca la legislación procesal del Estado.
Las mujeres víctimas de violencia que sufran lesiones, tengan secuelas o daños psíquicos graves tendrán derecho a percibir una subvención económica del Gobierno regional en las condiciones y cuantía que se determinen por Decreto.
Las mujeres víctimas de violencia doméstica tendrán derecho a asistencia psicológica gratuita.
Cuando una mujer, con menores a su cargo, denuncie una situación de violencia, la Administración regional, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Menor de Castilla-La Mancha, intervendrá para realizar un seguimiento de la situación en el propio entorno familiar y, en su caso, podrá adoptar las siguientes medidas:
a) Apreciar la situación de riesgo o declarar la situación de desamparo de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil.
b) Ofrecer a la mujer víctima y a sus hijos menores un programa de intervención o de acogimiento familiar.
En coordinación con las demás Administraciones, el Gobierno regional facilitará gratuitamente programas orientados a la readaptación de los agresores ofreciendo asistencia psicológica y tratamiento específico para aquellos que lo deseen.
Los datos personales de todo tipo que figuren en el informe al que se refiere el artículo 11 de esta Ley no podrán ser incluidos en fichero, ni ser tratados ni cedidos, en los términos que para estos conceptos establece el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cuyos preceptos deberán ser siempre respetados en aplicación de esta Ley.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».
El Consejo de Gobierno dictará, en el plazo de seis meses, las disposiciones necesarias para la aplicación de la presente Ley.
Toledo, 17 de mayo de 2001.
JOSÉ BONO MARTÍNEZ,
Presidente
Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.
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