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Este texto consolidado es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La Constitución española, en el artículo 14, proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación al establecer que las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que, aunque el artículo 14 no contiene una referencia explícita a la discriminación derivada de la orientación sexual del individuo, esta es, indudablemente, una circunstancia incluida en la cláusula «cualquier otra condición o circunstancia personal o social», a la que debe ser referida la interdicción de la discriminación.
El Estatuto de autonomía de Galicia, en su artículo 4.2, de la misma forma que la Constitución española en su artículo 9.2, sientan las bases para promover una igualdad efectiva entre individuos, al recoger la obligación que corresponde a los poderes públicos de «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los gallegos en la vida política, económica, cultural y social».
La legislación internacional sobre derechos humanos y múltiples tratados internacionales consagran la igualdad como un principio jurídico fundamental y universal. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que «toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición», numerosos textos legislativos internacionales sobre derechos humanos y múltiples tratados internacionales consagran la igualdad de las personas como un principio jurídico fundamental y universal.
Este reconocimiento implícito de la Declaración Universal se hace explicíto con respeto a las personas homosexuales, bisexuales, transexuales y transgénero en numerosos textos y tratados internacionales, y existen declaraciones específicas a este respeto que deben ser tomadas en consideración, como los Principios de Yogyakarta. La ONU y la UE han establecido principios internacionales con respeto a la homosexualidad, vinculantes para sus Estados Miembros. En el año 1994, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó que la prohibición y consecuente penalización de los comportamientos homosexuales vulneraban los derechos a la privacidad y a la no discriminación.
En el año 2000, la UE, en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, censura legalmente la discriminación por motivos de orientación sexual: «Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual».
La Resolución de 8 de febrero de 1994 del Parlamento Europeo, sobre la igualdad de derechos de los homosexuales y de las lesbianas de la Comunidad Europea y sobre la igualdad jurídica y contra la discriminación de lesbianas y gays, insta a todos los Estados Miembros a velar por la aplicación del principio de igualdad de trato, con independencia de la orientación sexual de las personas interesadas, en todas las disposiciones jurídicas y administrativas. En este sentido, también se ha pronunciado la Resolución del Parlamento Europeo sobre la homofobia en Europa, aprobada el 18 de enero de 2006, que pide a los Estados Miembros que tomen cualquier medida que consideren adecuada para luchar contra la discriminación por razón de orientación sexual. Existe, como se acaba de señalar, abundante legislación internacional que consagra la igualdad como principio fundamental, y particularmente la igualdad independientemente de la orientación sexual de los individuos.
En el año 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la primera resolución en la que se reconocen los derechos del colectivo LGTB y una declaración formal de condena de los actos de violencia y discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de la orientación sexual e identidad de género. En esa resolución, el Consejo le hacía además una petición expresa a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con el fin de documentar las leyes discriminatorias y los actos de violencia por razón de orientación sexual e identidad de género en todo el mundo y de proponer las medidas que se deben adoptar.
De ese informe resultó que los gobiernos y los órganos intergubernamentales habían descuidado a menudo la violencia y la discriminación por razón de la orientación sexual e identidad de género, y concluyeron que el Consejo debía promover «el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo, y de una manera justa y equitativa» y establecer una serie de recomendaciones a los Estados Miembros, entre otras, que «promulguen legislación amplia de lucha contra la discriminación que incluya la discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad de género entre los motivos prohibidos y reconozca las formas de discriminación concomitantes y que velen por que la lucha contra la discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad de género se incluya en los mandatos de las instituciones nacionales de derechos humanos».
En los últimos años se han producido avances importantes en lo que atañe a la protección y al reconocimiento de los derechos de las personas LGTB, de manera que son muchos los países que reconocen el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo o que están considerando medidas semejantes en sus cámaras legislativas.
España incorporó a su normativa directivas europeas y ratificó tratados y protocolos internacionales que prohíben toda discriminación por causa de la orientación sexual. En la legislación nacional cabe destacar la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que adecua la legislación nacional a la Directiva 2000/43/CE y a la Directiva 2000/78/CE, y procede su transposición a nuestro derecho. Esta ley busca la aplicación real y efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación y hace mención expresa a la realizada por razón de orientación sexual. Mediante las medidas incluidas en esa ley se estableció un marco legal general para combatir la discriminación en todos los ámbitos, se abordó la definición legal de la discriminación, directa e indirecta, y se modernizó la regulación de la igualdad de trato y de la no discriminación en el trabajo; así, la Ley 13/2005, de 1 de junio, por la que se modifica el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio, o la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.
En Galicia, los principios de libertad e igualdad del individuo aparecen recogidos en el Estatuto de autonomía de Galicia, y son muchas las normas que consagran la igualdad, independientemente del estado civil o de la orientación sexual; por citar alguna, la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia.
En los informes de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea elaborados en los años 2008 y 2009 se destacan los importantes avances de los últimos años, y otro informe más reciente revela que el 88 % de los españoles considera que la homosexualidad debe ser aceptada por la sociedad, de manera que las distintas formas de orientación sexual cuentan con un alto grado de aceptación, incluso por encima de muchos países de nuestro entorno. Sin embargo, y aunque este nivel de aceptación se incrementó de forma apreciable en los últimos años, aún nos encontramos actitudes discriminatorias que nos obligan a seguir trabajando en la búsqueda de una sociedad cada vez más igualitaria.
La sociedad gallega ofrece un grado de aceptación muy elevado a las distintas formas de orientación sexual y de identidad sexual, y es mayoritariamente consciente de la necesidad de erradicar cualquier forma de discriminación por esta causa. Esta ley persigue garantizar la igualdad de trato y combatir la discriminación por razones de orientación sexual e identidad sexual; se trata de eliminar cualquier indicio de discriminación que podamos apreciar en el campo de la enseñanza, de las relaciones laborales, de la cultura, de la salud, del deporte y, en general, en el acceso a cualquiera bien o servicio.
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Esta ley se estructura en dos títulos, nueve capítulos, una disposición adicional y tres disposiciones finales.
El título I establece las disposiciones generales para la actuación de los poderes públicos en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y en la promoción de su visibilidad.
El título II recoge las medidas que se deben adoptar en los ámbitos policial y de la justicia, laboral, familiar, de la salud, de la educación, de la cultura y del ocio, de la juventud y de la comunicación para la promoción de la igualdad, visibilidad y no discriminación del colectivo LGTBI.
Finalmente, la disposición adicional contiene la remisión de información al Parlamento de Galicia. La disposición final primera faculta a la Xunta de Galicia para el desarrollo reglamentario de la presente ley. La disposición final segunda faculta al Valedor del Pueblo para constituirse en la autoridad independiente que vele por la defensa de los derechos establecidos en esta ley. Y la disposición final tercera establece el plazo para su entrada en vigor.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre del Rey, la Ley por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia.
1. El objeto de esta ley es garantizar el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.
2. Esta ley establece principios y medidas destinados a la prevención, corrección y eliminación de toda discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, en los sectores público y privado, y dentro del ámbito de aplicación contenido en el artículo 2.
1. El ámbito subjetivo de aplicación de esta ley engloba a todas las personas físicas o jurídicas, tanto en el sector público como en el privado, e incluye entidades y organismos públicos autonómicos y locales que se encuentren, actúen o residan en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, con independencia de su nacionalidad, residencia, domicilio o vecindad civil, y en consonancia con el conjunto del ordenamiento jurídico.
2. El ámbito objetivo, dentro de las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia, comprenderá todos los ámbitos de la vida política, social, económica, cultural y familiar, particularmente en las siguientes áreas:
a) Policial y de la justicia,
b) Laboral,
c) Familiar,
d) De la salud,
e) De la educación,
f) De la cultura y del ocio,
g) Del deporte,
h) De la juventud,
i) De la comunicación.
1. A los efectos de esta ley, se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de orientación sexual e identidad de género.
2. Existirá discriminación directa cuando una persona sea, hubiese sido o pudiere ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga o comparable por razón de su orientación sexual o identidad de género.
3. Existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja particular a personas por razón de su orientación sexual o identidad de género.
4. Existirá discriminación múltiple cuando una persona sea discriminada por razón de su orientación sexual y/o identidad de género conjuntamente con otra causa o causas de discriminación, como edad, religión o creencias, convicción u opinión, sexo, origen racial o étnico, incapacidad, enfermedad, lengua, situación económica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, creando una forma específica de discriminación. La discriminación múltiple, por su propia naturaleza, será objeto de especial atención, y, en particular, aquella en la que concurre la causa de sexo conjuntamente con la de orientación sexual y/o identidad de género, de conformidad con la legislación internacional, europea, estatal y autonómica al efecto.
5. Existirá acoso discriminatorio cuando se produzca una conducta que, en función de la orientación sexual o identidad de género de una persona, persiga atentar contra su dignidad y/o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o segregador.
1. Se entenderá por represalia el trato adverso o la consecuencia negativa que pueda sufrir una persona por intervenir, participar o colaborar en un procedimiento administrativo o proceso judicial destinado a impedir, corregir o hacer cesar una situación discriminatoria, o por presentar una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo con el mismo objeto.
2. A tal efecto, corresponde a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia adoptar las medidas necesarias para la protección de las personas que se encuentren en la situación descrita en el apartado 1.
Para garantizar en la práctica la plena igualdad por razón de orientación sexual e identidad de género, el principio de igualdad de trato no impedirá que se mantengan o que se adopten medidas específicas a favor de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales destinadas a prevenir o a compensar las desventajas que les afecten relativas a las materias incluidas en el ámbito de aplicación de este título.
Corresponde a la Xunta de Galicia velar por que las disposiciones adoptadas en virtud de esta ley sean puestas en conocimiento de las personas a las que sea aplicable, así como de asociaciones, organizaciones y colectivos LGTBI, por todos los medios adecuados, y en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, junto con otras disposiciones vigentes en la materia.
1. Se entenderán por asociaciones, organizaciones y colectivos LGTBI aquellos legalmente constituidos que tengan entre sus fines estatutarios la defensa y promoción de la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual y/o identidad de género y que desarrollen su actividad en todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
2. Los poderes públicos de Galicia establecerán un diálogo fluido y colaborarán con las asociaciones, organizaciones y colectivos LGTBI que tengan un interés legítimo en la lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.
3. Las instituciones gallegas garantizarán el acceso de las asociaciones, organizaciones y colectivos LGTBI a las convocatorias de subvenciones y ayudas coincidentes con sus fines.
4. Como fomento de la participación y del asociacionismo, las administraciones públicas gallegas desarrollarán campañas de divulgación de las acciones y de impulso del asociacionismo LGTBI al objeto de fomentar la participación directa e indirecta por parte de toda la sociedad en los programas de actuación que desarrollen aquellas, para lo que se establecerán medidas específicas con el fin de favorecer la participación, la concienciación y la sensibilización de toda la sociedad en conceptos como igualdad, dignidad y respeto del colectivo LGTBI.
Se apoyará un servicio de información, atención y asesoramiento a lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales y a sus familias y personas allegadas, en colaboración con los gobiernos locales.
En el acceso y promoción a los cuerpos y fuerzas de seguridad se tendrán en cuenta las previsiones contenidas tanto en el artículo 32 de la Ley 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de policías locales, como en el artículo 27 de la Ley 8/2007, de 13 de junio, de la Policía de Galicia, o en aquella otra normativa de referencia en la que se incluya el respeto al derecho constitucional a la igualdad.
1. Los planes de formación de la Academia Gallega de Seguridad Pública incluirán acciones formativas en las que específicamente se recoja el tratamiento del derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas LGTBI.
2. En estas actividades podrán participar todos los colectivos relacionados con la seguridad pública o con las emergencias a los que se dirija la acción de la Agasp.
La Xunta de Galicia establecerá medidas de apoyo, de conformidad con la legislación vigente, a las víctimas de violencia homofóbica, bifóbica o transfóbica, a los efectos de corregir la situación de discriminación y de minimizar o eliminar las consecuencias en la persona discriminada, a través de asistencia social, psicológica y/o médica y jurídica.
1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de trabajo establecerá un programa de información y divulgación de la normativa aplicable relativa a la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, así como programas de lucha contra la discriminación, particularmente en el ámbito laboral, dirigidos a empresarios y empresarias, sindicatos, autónomos, responsables de la inspección laboral, del servicio público de empleo y de cualquier centro de trabajo.
2. La consejería competente en materia de trabajo promoverá la incorporación, en sus planes de formación en materia de igualdad, de oportunidades, independientemente de la orientación sexual o de la identidad de género de las personas.
3. La Administración autonómica promoverá la elaboración de un estudio en el que se visibilice la situación de las personas LGTBI y en el que se garanticen la confidencialidad y la privacidad de los datos de las personas, a los efectos de conocer su situación laboral y las medidas que se deben adoptar para luchar contra su posible discriminación en el ámbito de las empresas públicas y privadas.
4. La Xunta de Galicia podrá establecer mecanismos de información y evaluación periódicos para prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación en el ámbito del empleo.
5. Los servicios públicos de empleo, sus entidades colaboradoras y las agencias de colocación autorizadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma deberán velar específicamente por el respeto del derecho de igualdad de trato y no discriminación en el acceso al empleo, de conformidad con la legislación estatal competente en esta materia.
6. La inspección de trabajo, en los términos previstos en la normativa de aplicación, deberá garantizar el respeto del derecho de igualdad de trato y no discriminación en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo.
7. En el marco del diálogo social, en colaboración con las organizaciones sindicales y empresariales, la consejería competente en materia laboral promoverá la elaboración de un protocolo de igualdad y buenas prácticas en el ámbito empresarial y de las relaciones laborales en materia de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género.
8. En las bases reguladoras de las subvenciones públicas y en los pliegos de las contrataciones se podrá imponer como condición especial de ejecución el respeto del protocolo establecido en el apartado anterior, de tal modo que su incumplimiento podrá llevar consigo el reintegro de la subvención o la resolución del contrato, de acuerdo con lo establecido en las citadas bases reguladoras y en los pliegos.
La Xunta de Galicia instará a las organizaciones sindicales y empresariales presentes en el diálogo social a que actúen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia y, en su caso, en colaboración con las asociaciones, organizaciones y colectivos LGTBI, a:
1. Impulsar medidas inclusivas para personas LGTBI en los convenios colectivos de todos los sectores laborales.
2. Informar sobre la normativa en materia de discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género.
3. Promover los derechos y la visibilidad de las personas LGTBI en los lugares de trabajo.
4. Tratar de manera específica la discriminación múltiple, en la que la causa de orientación sexual e identidad de género se combine con la de sexo o enfermedad, discapacidad física o intelectual o pertenencia a cualquier etnia o religión, así como la discriminación de personas transexuales y transgénero, e incentivar su contratación.
5. La representación legal de las personas trabajadoras velará por la promoción del derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la empresa por razón de las causas previstas en esta ley y, en particular, en materia de medidas de acción positiva, y por la consecución de sus objetivos.
1. No podrán establecerse limitaciones, segregaciones o exclusiones por las causas previstas en esta ley en el acceso al ejercicio y al desarrollo de una actividad por cuenta propia.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será igualmente de aplicación, conforme se recoge en la normativa estatal competente, a los pactos establecidos individualmente entre el trabajador autónomo y el cliente para el que desarrolla su actividad profesional, así como a los acuerdos de interés profesional concertados entre las asociaciones o sindicatos que representan a los trabajadores autónomos y a las empresas para las que desarrollan su actividad.
3. Los acuerdos de interés profesional regulados por la legislación estatal a los que se refiere el apartado anterior podrán establecer, en la forma que en ella se determine, medidas de acción positiva para prevenir, eliminar o corregir toda forma de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley en el ámbito del trabajo por cuenta propia.
Se entiende por familia la derivada del matrimonio, de la unión entre dos personas del mismo o distinto sexo, en relación de afectividad análoga a la conyugal, registrada o no, del parentesco, de la filiación o de la afinidad, y también las unidades monoparentales, formadas por mujeres o hombres, con hijos e hijas a su cargo, de conformidad con el dispuesto en la Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia.
En aplicación de la normativa estatal y autonómica vigente, se garantizará que en la valoración de la idoneidad en los procesos de adopción no exista ninguna discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.
1. Los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de familia e igualdad, así como los gobiernos locales de la Comunidad Autónoma de Galicia, podrán establecer programas de información dirigidos a las familias al objeto de divulgar las distintas realidades afectivo-sexuales y de género y los distintos modelos familiares y de combatir la discriminación por razón de orientación sexual y de identidad de género en el ámbito familiar.
2. En particular, se incidirá en la información y promoción de la igualdad de trato de aquellas personas LGTBI más vulnerables por razón de edad (las y los adolescentes, las y los jóvenes y tercera edad) y género (mujeres), a los efectos de garantizar el pleno disfrute de sus derechos y el libre desarrollo de su personalidad en el ámbito familiar.
Los servicios de apoyo, asesoramiento y mediación familiar dependientes de la Xunta de Galicia, en coordinación con los servicios de LGTBI municipales, allí donde existan, atenderán y darán apoyo a las víctimas de discriminación en el ámbito familiar, y tendrán especial consideración con los casos de violencia doméstica o con aquellos en que se encuentren implicados los grupos de personas LGTBI más vulnerables referidos en el apartado 2 del artículo 17.
1. La consejería competente en materia de sanidad garantizará la información sobre homosexualidad, bisexualidad y transexualidad que recoge la OMS a todas las personas que trabajan en el ámbito de la salud, tanto en el público como en el privado o concertado, de modo que se garantice que los profesionales del ámbito sanitario conozcan dicha información.
2. A los efectos del apartado anterior, la consejería promoverá campañas y cursos de formación sobre los aspectos, problemas y necesidades específicas de las personas LGTBI en el ámbito sanitario.
3. Asimismo, garantizará la inclusión en la formación continua y obligatoria de todo el personal sanitario y, de forma transversal, en materia de diversidad afectivo-sexual, tanto en el ámbito público como en el privado o concertado, normalizando el libre desarrollo de la sexualidad y de las relaciones sexuales.
Se garantizará la atención sanitaria, según la necesidad y el criterio clínico, de las prácticas y para las terapias relacionadas con la transexualidad.
La consejería competente en materia de salud tratará de manera específica la realidad LGTBI en las campañas de educación sexual y de prevención de enfermedades de transmisión sexual, en concreto:
1. Garantizará la realización de campañas efectivas de concienciación respetuosas e inclusivas que contemplen todo el abanico de infecciones de transmisión sexual y que tendrán como destinatarios específicos las y los adolescentes y las y los jóvenes LGTBI, con especial consideración al aumento de las infecciones de VIH en relaciones sexuales HSH.
2. Será la responsable de la realización de campañas de visibilización e información del tratamiento de profilaxis postexposición, como segunda y última oportunidad para evitar la aparición del VIH, garantizando su acceso en la sanidad pública y formando al personal sanitario en dicho tratamiento.
3. Igualmente, se elaborarán campañas destinadas a las mujeres que tienen relaciones sexuales con otras mujeres, en las que se les recomendará que acudan al personal de medicina de familia, o a los especialistas que se les indiquen, con regularidad.
La consejería competente en materia de educación incorporará la realidad homosexual, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado de Galicia en aquellas materias en que sea procedente, dará audiencia al Consejo y, en su caso, escuchará a las asociaciones, organizaciones y colectivos LGTBI. Asimismo, se visibilizarán en la educación los diferentes modelos de familia establecidos en esta ley.
Además, revisará los contenidos de información, divulgación y formación que ya existan en los distintos niveles de enseñanza y en otros ámbitos formativos.
La Administración educativa gallega, en colaboración con el departamento competente en materia de igualdad, fomentará la realización de actividades dirigidas a la comunidad escolar para la prevención de actitudes y comportamientos discriminatorios por la orientación sexual o la identidad de género.
Se establecerán actividades de formación para el personal docente existente. Asimismo, se incorporará la realidad LGTBI y los diferentes modelos de familia a los cursos y másters de formación del futuro personal docente y a los planes de estudios de las titulaciones de Educación Social, Magisterio, Pedagogía, Psicología y Derecho.
La consejería competente en materia de educación, en colaboración con las ANPA, diseñará contenidos para las escuelas de padres y madres relativos a la realidad LGTBI y a los diferentes modelos de familia.
1. Se establecerán actuaciones para combatir el acoso escolar por razón de orientación sexual o identidad de género, favoreciendo la visibilidad del alumnado LGTBI y la plena normalidad de las distintas orientaciones sexuales e identidades de género. Asimismo, se informará sobre los mecanismos de denuncia de los casos de acoso.
2. A los efectos de favorecer la visibilidad y de integrar de forma transversal la diversidad afectivo-sexual en los centros escolares, la consejería competente en materia de educación favorecerá en los centros sostenidos con fondos públicos la realización de actividades específicas próximas a fechas de celebraciones internacionales relacionadas con el reconocimiento efectivo de derechos a personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.
El órgano competente de la Comunidad Autónoma en este ámbito favorecerá la creación de una sección específica en la Biblioteca de Galicia sobre el hecho LGTBI y en materia de orientación sexual e identidad de género.
1. La consejería competente en materia de cultura impulsará y apoyará las producciones culturales que contemplen la realidad LGTBI y potenciará referentes positivos de la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad e intersexualidad.
2. La Xunta de Galicia promoverá y apoyará la realización, por parte de los gobiernos locales, de actividades culturales para la concienciación y la normalización del hecho LGTBI, principalmente en los municipios rurales.
La práctica deportiva y de actividad física en Galicia se desarrollará en términos de igualdad y sin discriminación alguna por razón de orientación sexual e identidad de género. A tal efecto, los poderes públicos colaborarán entre sí y con las asociaciones, organizaciones, colectivos y entidades, públicas y privadas.
1. La consejería competente en materia de juventud continuará desarrollando programas destinados a la información y al asesoramiento de la juventud en materia de orientación sexual e identidad de género.
2. Se garantizará, desde una óptica transversal, la continuación de la labor formativa en contextos formales y no formales, en los que se trabaje el valor de la diversidad y el respeto hacia ella.
3. En estas acciones se visibilizará la realidad LGTBI en la juventud y se trabajarán aspectos relacionados con la convivencia y la no discriminación, en función de aspectos relacionados con la identidad o con la orientación sexual.
La Xunta de Galicia, a través de los medios de comunicación de titularidad autonómica y a través de aquellos en los que participe o a los que subvencione, garantizará, condicionando la efectividad de esta subvención y sin vulnerar la libertad de expresión e información, la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de todas las personas en la sociedad. A estos efectos, se promoverá:
– La programación de campañas en los medios de comunicación destinadas a toda la sociedad sobre la importancia y la necesidad de la participación social y política de todas las personas.
– La adopción, mediante la autorregulación, de códigos de buenas prácticas tendentes a transmitir el contenido de los valores constitucionales sobre la igualdad de todos, sin discriminación.
– La utilización no sexista del lenguaje y/o de las imágenes no discriminatorias, especialmente en el ámbito de la publicidad.
La Xunta de Galicia, a través de los medios de comunicación de titularidad autonómica, garantizará y promoverá, por medio de aquellos en los que participe o a los que subvencione, condicionando la efectividad de la subvención, la emisión de programas tendentes a erradicar todas las formas de discriminación y, en concreto, por razones de orientación sexual e identidad de género.
La Xunta de Galicia velará por garantizar, en todas las campañas institucionales de publicidad, el respeto por la orientación sexual y por la identidad de género de todas las personas.
La Xunta de Galicia promoverá el acceso de todas las personas a las nuevas tecnologías en condiciones de igualdad de oportunidades. Igualmente, garantizará la transmisión, a través de los contenidos de esas nuevas tecnologías, de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de la sociedad.
La Xunta de Galicia remitirá al Parlamento de Galicia, con carácter trianual, un informe sobre la aplicación de la presente ley.
Se autoriza a la Xunta de Galicia para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo y la ejecución de esta ley.
Se faculta a la institución del Valedor del Pueblo como autoridad independiente para velar por la igualdad de trato y no discriminación por razón de las causas previstas en esta ley, tanto en el sector público como en el privado, mediante el ejercicio de las siguientes funciones:
1. Prestar apoyo a las personas que pudiesen haber sufrido discriminación para la tramitación de sus quejas o reclamaciones.
2. Constituirse, con el consentimiento expreso de las partes, en órgano de mediación o conciliación entre ellas, en relación con violaciones del derecho de igualdad de trato y no discriminación, excepto con las que tengan contenido penal o laboral.
3. Iniciar de oficio, o a instancia de terceros, investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación que revistan una especial gravedad o relevancia, excepto las que revistan carácter de infracción penal, en cuyo caso deberá remitir lo investigado a la Fiscalía o a la autoridad judicial.
4. Instar la actuación de las administraciones públicas que correspondan para sancionar las acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción administrativa en materia de igualdad de trato y no discriminación.
5. Colaborar con el Defensor del Pueblo y con las instituciones y organismos públicos equivalentes de otras comunidades autónomas e internacionales.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial de Galicia».
Santiago de Compostela, 14 de abril de 2014.–El Presidente, Alberto Núñez Feijóo.
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