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Esta norma pasa a denominarse "Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado y el asociacionismo", según establece la disposición final 4.1 de la Ley 11/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-446

[Bloque 2: #preambulo]

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 25/2015, de 30 de julio, del Voluntariado y de Fomento del Asociacionismo.

PREÁMBULO

Cataluña dispone de un tejido asociativo consolidado, sólido y de gran tradición, que ha constituido parte de su identidad. Las personas comprometidas en la acción colectiva a partir de la implicación en asociaciones de diversa índole, con su actuación voluntaria, libre y comprometida, han contribuido a la mejora constante de las condiciones de vida, entendida en todos sus ámbitos, y al desarrollo de la sociedad y cultura catalanas.

Muchas entidades han tenido un papel fundamental en la construcción de identidades colectivas, en la vertebración de los territorios y en la promoción del civismo y la cohesión social, y han permitido a los ciudadanos de Cataluña participar e implicarse en la construcción social, que es la base de una sociedad democrática, madura y solidaria, sumando esfuerzos con la voluntad de compartir libremente con otros miembros de la comunidad el fortalecimiento de vínculos y la construcción de realidades.

Las entidades también han promovido una acción voluntaria que ha contribuido a la promoción y praxis de valores y principios como la solidaridad, el compromiso, el esfuerzo y la sostenibilidad, la libertad, el altruismo, la gratuidad y la responsabilidad, el civismo, la participación, el aprendizaje, el respeto, la competencia y la independencia de los poderes públicos, como manifestaciones de la sociedad civil.

Las entidades, por consiguiente, identifican necesidades y elaboran respuestas, y las entidades y administraciones coinciden en la gestión de programas que a menudo también requieren de la intervención de los voluntarios y que deben poderse articular desde las entidades del tercer sector -el sector civil organizado- de la forma como este prevé la participación de las personas, respetando su capacidad e independencia.

Por ello, el papel de las administraciones públicas debe ser el dar apoyo al asociacionismo y al voluntariado, ofreciéndoles cooperación con el objetivo de promover la innovación, la colaboración con otros agentes sociales, el impulso y el desarrollo de políticas públicas que permitan y refuercen el ejercicio libre e independiente de entidades y voluntarios, así como el trabajo compartido con los voluntarios para el desarrollo de las herramientas y políticas de apoyo que a ellos se refieren. Este papel debe ejercerse desde la coordinación y la eficiencia procurando llevar a cabo acciones de fomento y apoyo al asociacionismo y el voluntariado desde una perspectiva nacional, poniendo al alcance de todos los recursos ya existentes y promoviendo la creación de herramientas y recursos de apoyo en función de las competencias.

Más allá de estas consideraciones, cabe dejar constancia de que en la sociedad actual, fruto de la herencia histórica y social, conviven de forma simultánea con el asociacionismo y el voluntariado varios tipos de acciones de participación y colaboración ciudadanas, todas ellas desarrolladas desde la gratuidad y la solidaridad. Dichas acciones se reconocen con un amplio abanico de denominaciones, desde el asociacionismo y el voluntariado hasta el activismo, el monitoreo o la militancia, por poner solo algunos ejemplos. Y, aunque se manifiestan prioritariamente de forma presencial, también lo hacen a través de los canales virtuales. Estas acciones son la natural expresión de una sociedad activa, con valores y con espíritu participativo. Justamente, uno de los propósitos de la Ley es reconocer e identificar, de entre las numerosas actuaciones que muchas personas han llevado a cabo por voluntad propia y de forma gratuita –que en el uso coloquial, por razones etimológicas, han sido denominadas acciones de voluntariado–, las acciones que son propiamente de voluntariado, no para desmerecer a las que no lo son, sino para potenciar, promover y proteger las que efectivamente responden al modelo catalán de voluntariado que la presente ley promueve. En este sentido, el hecho de reconocer y valorar el voluntariado como un elemento diferencial de entre las diversas formas de participación no implica dejar de reconocer la valía de otras acciones solidarias que muchas personas llevan a cabo movidas por el afán de colaborar, de aportar experiencia, de devolver a la sociedad lo que han recibido o, simplemente, de participar activamente en propuestas surgidas de la propia sociedad civil o de los poderes públicos. Todas estas acciones se seguirán llevando a cabo y todas merecen ser reconocidas y valoradas, aunque no respondan a la definición, finalidad y motivación de la acción voluntaria que la presente ley define como la acción llevada a cabo por una persona que, libre y solidariamente, por voluntad propia y sin compensación económica, decide dedicar parte de su tiempo a ejercer, de forma compartida con otras personas, un compromiso de transformación de la sociedad, en el marco de una actividad asociativa, en un programa específico de voluntariado de una entidad sin ánimo de lucro y en beneficio de terceros.

La importancia y el valor añadido del asociacionismo y el voluntariado y su gran incidencia en el entorno son un hecho que se constata a escala europea. Ya hace tiempo que algunos órganos de la Unión Europea realizan, mediante diversas normas, recomendaciones que ponen de relieve el impacto del asociacionismo y el voluntariado, velando por su promoción y fomento.

La Generalidad de Cataluña se comprometió a preservar el voluntariado, ya en el año 1991, con la promulgación de la Ley 25/1991, de 13 de diciembre, por la que se crea el Instituto Catalán del Voluntariado, una ley pionera en el Estado –derogada por la Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas, que estableció la adscripción de las funciones, el personal y el patrimonio de este instituto al Departamento de Bienestar y Familia–, y posteriormente con el reconocimiento de la Carta del voluntariado de Cataluña, reconocida por el Parlamento de Cataluña mediante la Resolución 98/V, del 29 de mayo de 1996. En 2002, representantes de las entidades y asociaciones de Cataluña se reunieron en Barcelona para celebrar el Segundo Congreso Catalán del Asociacionismo y el Voluntariado. En el manifiesto aprobado, se remarcaba que «la acción voluntaria, libre y comprometida de muchas personas para la mejora constante de las condiciones de vida y para la defensa y el acrecentamiento de la sociedad y la cultura catalanas ha constituido un elemento esencial en la configuración de Cataluña como país con una identidad propia» y se ponía énfasis en los retos más inmediatos, entre los que se encontraba la necesidad de «generar un marco legal y fiscal que favorezca de forma más determinante el papel del asociacionismo y el conjunto del tercer sector». Como complemento de este trabajo, en 2008 el Gobierno impulsó el primer Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado, fruto de un amplio proceso participativo, que representa, aún hoy, una innovadora y potente hoja de ruta en esta materia, tal como refleja el articulado de la presente ley. Transcurridos los años, se considera primordial actualizar los derechos y deberes de los voluntarios y de las organizaciones que los acogen, con el fin de velar por el correcto desarrollo de la tarea en que colaboran, así como por su garantía.

El artículo 166.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña otorga a la Generalidad «la competencia exclusiva en materia de voluntariado, que incluye, en todo caso, la definición de la actividad y la regulación y la promoción de las actuaciones destinadas a la solidaridad y a la acción voluntaria que se ejecuten individualmente o a través de instituciones públicas o privadas». En el ejercicio de esta competencia, la presente ley tiene por objeto, fundamentalmente, fomentar, reconocer, proteger y dar a conocer el asociacionismo y el voluntariado como agentes de transformación social, preservando al mismo tiempo el modelo catalán de voluntariado, así como reconocer institucionalmente las acciones solidarias que los ciudadanos de Cataluña llevan a cabo con el afán de participar y colaborar en muchas actividades que se llevan a cabo en Cataluña.

El Congreso Europeo del Voluntariado celebrado en noviembre de 2011 permitió debatir la importancia del trabajo entre los agentes que inciden en un territorio para conseguir su mejora, haciendo red; el papel clave del establecimiento de políticas en materia de asociacionismo y voluntariado acordadas con el sector; la importancia de la buena gestión de los equipos de voluntariado desde las entidades, y la diversidad creciente de los perfiles de voluntariado, entre otros aspectos. De este marco común de debate entre los distintos agentes, surgieron una serie de consideraciones que se han tenido en cuenta para elaborar la presente ley.

Por todo lo expuesto, la Ley refleja el compromiso de la Generalidad de promover el modelo catalán de voluntariado profundizando en el derecho de los ciudadanos a participar con transparencia en la mejora de la cohesión social, desde la libertad, su propia realidad e independencia civil.

La Ley consta de 26 artículos, divididos en cuatro capítulos, una disposición adicional, tres disposiciones transitorias y una disposición final.

Las disposiciones generales del capítulo I regulan el objeto y la finalidad de la Ley; el ámbito de aplicación; las definiciones de voluntariado y asociacionismo, entre otras, a fin de reconocerlos e identificarlos entre las numerosas actuaciones llevadas a cabo por voluntad propia y de forma gratuita. La Ley quiere reconocer el voluntariado como un elemento diferenciado entre las diversas formas de participación. El capítulo I también incide especialmente en los principios que inspiran la acción voluntaria, los ámbitos en los que se focaliza y se desarrolla la acción voluntaria, llevada a cabo por los voluntarios mediante los programas de voluntariado de las entidades, el régimen jurídico de la relación de voluntariado y la hoja de compromiso. En este sentido, la Ley deja patente que el voluntariado se da en el momento en que la persona se vincula a un programa llevado a cabo por una entidad privada sin ánimo de lucro porque desea cambiar una determinada realidad que percibe y valora como desajustada, con la voluntad de transformarla y mejorarla, por lo que debe entenderse el voluntariado como una actitud social que responde al sentimiento de sentirse solidario y a la vez beneficiario de la acción, llevada a cabo desde la sensibilidad para detectar situaciones y necesidades diversas que requieren actuaciones.

El capítulo II, sobre las relaciones entre los sujetos del voluntariado, se subdivide en dos secciones. La sección primera, relativa al régimen jurídico de la relación de voluntariado ejercida en el marco de un programa de voluntariado, establece los derechos y deberes de los voluntarios y entidades y su correspondiente naturaleza jurídica, que hacen posible las acciones voluntarias, y renueva y actualiza los derechos y deberes recogidos en la Carta del voluntariado de Cataluña. La sección segunda regula los derechos y deberes de los destinatarios de la acción voluntaria, que es como la Ley reconoce a las personas físicas para las que la acción voluntaria supone un beneficio. Estos derechos y deberes delimitan el marco de relación entre los sujetos del voluntariado, y deben poder garantizar su correcto ejercicio y óptimo encaje en respuesta a la misión compartida.

La importancia de delimitar los derechos y deberes de los voluntarios, de las organizaciones que los acogen, así como de los destinatarios o beneficiarios radica en el hecho de que de la relación y confluencia entre ellos se desprende una concepción del derecho que no es posible sin una referencia al deber, a fin de velar por el correcto desarrollo de la tarea en que colaboran juntos, así como por su garantía. Este capítulo recoge, por tanto, la voluntad de articular un sistema de derechos y deberes que garantice los principios básicos de la acción voluntaria y el respeto por el modelo catalán del voluntariado, que reconozca el voluntariado como una manifestación solidaria y transformadora que se canaliza mediante entidades sin ánimo de lucro y que reconozca también que todos los ciudadanos tienen derecho a organizarse y contribuir, de acuerdo con sus preferencias y capacidades, a la labor de los voluntarios; que el compromiso de actuación que conlleva el voluntariado se fundamenta en una decisión libre y personal de participación motivada por principios de solidaridad y altruismo; que el voluntariado contribuye a un desarrollo social del entorno y del mundo más justo, solidario, equilibrado, pacífico y respetuoso con el medio a través de la participación de los ciudadanos en la vida de las sociedades; que el voluntariado estimula la responsabilidad social de los ciudadanos y contribuye a la resolución de las necesidades sociales desde la sociedad civil y con independencia de los poderes públicos y las administraciones, y que el voluntariado fundamenta su acción en los principios de asociación y de participación democrática, y de respeto a la dignidad, igualdad y libertad de la persona.

El capítulo III se estructura en cuatro secciones. La sección primera establece las relaciones entre las administraciones públicas y las entidades a través de los principios rectores de dichas relaciones. Deben fundamentarse en los principios de colaboración, de complementariedad y de participación con el objetivo de buscar el acuerdo entre los actores participantes en el territorio. Las secciones segunda a cuarta regulan los instrumentos estructurales con que se dota el Gobierno, en este marco conceptual, para vertebrar y garantizar el modelo de relación de la Administración de la Generalidad con el sector: el Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña, un órgano consultivo y asesor en materia de asociacionismo y voluntariado; el Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado, que establece el diseño conjunto de las políticas públicas que afectan al sector, y el Registro del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña como registro público que se crea con el fin de simplificar los trámites para lograr la ventanilla única de entidades. La creación del Registro del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña debe permitir al Gobierno crear un catálogo virtual de entidades que recoja los datos necesarios de todas las entidades del país para fomentar el conocimiento e implicación de la ciudadanía en los programas que estas llevan a cabo.

El capítulo IV establece las políticas de las administraciones públicas de Cataluña para el fomento del asociacionismo y del voluntariado, con el objetivo de fortalecer los sectores y dotarlos de las herramientas necesarias para la promoción, consolidación y protección del modelo catalán del voluntariado. Estas acciones consisten en potenciar medidas para la implicación asociativa y la participación de los ciudadanos en programas de voluntariado; fomentar el trabajo en red y la puesta en común de los recursos existentes en un mismo territorio; potenciar medidas para sensibilizar a los ciudadanos e incorporarlos en programas de voluntariado en el seno de las entidades; impulsar campañas de información y sensibilización sobre el voluntariado, la difusión de sus valores y la aplicación de medidas para el reconocimiento público de la labor de voluntariado; facilitar espacios de encuentro y debate entre las entidades; promover la convocatoria de programas de apoyo y de líneas de ayudas y subvenciones para los proyectos y acciones de las entidades; apoyar las actividades formativas de las entidades; impulsar acciones de investigación, estudios y publicaciones sobre el asociacionismo y el voluntariado; promover el acceso a los servicios de información, documentación, asesoramiento y apoyo técnico a las entidades; impulsar la presencia de las acciones voluntarias en los medios de comunicación y la difusión de la labor realizada, promover la conexión y el trabajo en red de las entidades catalanas con otras entidades de fuera de Cataluña, y también impulsar una red catalana del voluntariado como espacio de relación entre el mundo asociativo y la ciudadanía.

Estas tareas, de acuerdo con lo dispuesto por el capítulo IV, deben ser llevadas a cabo por las distintas administraciones públicas de forma coordinada, y las administraciones locales deben procurar difundir y ofrecer a entidades y ciudadanos los recursos que el Gobierno pone a su disposición.

La disposición adicional contiene preceptos relativos al ámbito de aplicación de la Ley, así como la salvaguarda del régimen normativo aplicable a determinados ámbitos relacionados con el voluntariado.

Las disposiciones transitorias primera y segunda establecen los plazos y condiciones para que las entidades se adapten a las regulaciones de la Ley, y para que se adapten también a ella los programas de voluntariado vinculados a una administración pública. La transitoria tercera encomienda al Gobierno la elaboración de un proyecto de ley de fomento del asociacionismo.

La disposición final autoriza al Gobierno a realizar el desarrollo reglamentario de la Ley.

[Bloque 3: #ci]

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

[Bloque 4: #a1]

Artículo 1. Objeto y finalidad.

La presente ley tiene por objeto regular el modelo catalán de voluntariado, con el fin de divulgar, fomentar, reconocer y proteger el asociacionismo y el voluntariado y ofrecerles apoyo en tanto que agentes de transformación social, en el marco de lo establecido por el artículo 166.2 del Estatuto de autonomía, que reconoce a la Generalidad la competencia exclusiva en esta materia.

[Bloque 5: #a2]

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La presente ley se aplica a las entidades privadas sin ánimo de lucro con programas de voluntariado y a las personas físicas que realizan actividades de interés general, definidas como voluntariado por la Ley, que se llevan a cabo exclusivamente en el territorio de Cataluña, con independencia del lugar donde tenga su domicilio social la entidad.

2. A los efectos de la aplicación de la presente ley, debe considerarse lo establecido por los estatutos de la entidad en cuanto a su ámbito territorial y domicilio.

[Bloque 6: #a3]

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de la presente ley, se entiende por:

a) Voluntariado: el conjunto de acciones y actividades de interés general motivadas por el altruismo y la voluntad de transformación social que cumplen personas físicas, denominadas voluntarios, que participan en proyectos en el marco de una actividad asociativa o bien en programas específicos de voluntariado de una entidad sin ánimo de lucro, de acuerdo con lo establecido por la presente ley.

b) Voluntarios: las personas físicas que, de una forma libre, sin contraprestación económica y de acuerdo con la capacidad de obrar que les reconoce el ordenamiento jurídico, deciden dedicar parte de su tiempo al servicio de los demás o a intereses sociales y colectivos mediante la participación en programas de voluntariado que llevan a cabo entidades sin ánimo de lucro –con las que formalizan un compromiso que origina los derechos y deberes que regula la presente ley– o bien mediante el asociacionismo y la participación en los distintos proyectos que puedan llevarse a cabo en este marco.

c) Acción voluntaria: la acción llevada a cabo por una persona que, libre y solidariamente, por propia voluntad y sin compensación económica, decide dedicar parte de su tiempo a ejercer, de forma compartida con otras personas, un compromiso de transformación de la sociedad, en el marco de una actividad asociativa, en un programa específico de voluntariado de una entidad sin ánimo de lucro y en beneficio de terceros.

d) Entidad de base asociativa: la entidad privada sin ánimo de lucro, con forma jurídica de asociación, en la que las personas que forman parte de ella y participan activamente en ella tienen la condición de socios.

e) Entidad de voluntariado: la entidad privada sin ánimo de lucro que cumple actividades de interés general, que ha decidido que la participación voluntaria de los ciudadanos es un valor imprescindible en su misión para lograr sus fines y que ha elaborado un programa de voluntariado que define y enmarca el valor y los espacios de la acción voluntaria en la entidad. Dicho programa es potestativo para las entidades de base asociativa.

f) Destinatarios de la acción voluntaria: las personas físicas, consideradas individualmente o integradas en grupos, para las que la acción voluntaria supone un beneficio, la defensa de sus derechos, la mejora de las condiciones de vida o la satisfacción de sus necesidades.

g) Programa de voluntariado: el documento formal, aprobado por el órgano de gobierno de una entidad de voluntariado, que recoge sistematizada y justificadamente la voluntad de la entidad de organizar una o más actividades de interés general que complementen el cumplimiento de sus objetivos o coadyuven a ello, con la participación de voluntarios como valor añadido de la organización.

Se modifica la letra d) por la disposición final 4.2 de la Ley 11/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-446

[Bloque 7: #a4]

Artículo 4. Principios de la acción voluntaria.

1. Los principios que informan la acción voluntaria son la igualdad, libertad, solidaridad, transformación social, compromiso, servicio, altruismo, gratuidad, responsabilidad, civismo, cooperación, participación, sentido crítico, aprendizaje, generosidad, respeto de los valores inherentes al voluntariado, desempeño de la actividad con competencia y autonomía respecto a los poderes públicos. Igualmente, son inherentes a la acción voluntaria los principios de no discriminación, pluralismo, inclusión, integración y sostenibilidad y, en general, todos los que inspiren la convivencia y el avance social en una sociedad democrática, participativa y justa.

2. El Gobierno y demás poderes públicos deben cumplir las actuaciones administrativas respecto al voluntariado y el asociacionismo basándose en los valores y principios a que se refiere el apartado 1. En particular, deben incentivar la concienciación social sobre la importancia del voluntariado y del asociacionismo y de los principios y valores que los informan.

[Bloque 8: #a5]

Artículo 5. Actividades de interés general.

1. A los efectos de la presente ley, son actividades de interés general las que se cumplen en alguno de los siguientes ámbitos:

a) Los servicios sociales.

b) Los servicios sanitarios.

c) La atención y el apoyo a las familias.

d) El asociacionismo educativo.

e) El ocio y el tiempo libre.

f) La cultura.

g) El deporte.

h) La justicia global, la defensa de los derechos humanos, el fomento de la paz y la cooperación.

i) El voluntariado internacional.

j) La defensa del medio ambiente.

k) La igualdad de género y el respeto por la identidad y orientación sexuales.

l) La juventud.

m) La gente mayor.

n) La mejora de las condiciones socioeconómicas y la cohesión social.

o) Las actividades comunitarias y vecinales.

p) Los movimientos ateneístas.

q) La protección de los animales.

r) Las actividades basadas en los principios de la acción voluntaria que establece el artículo 4.

2. Pueden regularse por reglamento las condiciones en que se cumplen las actividades de interés general en algunos de los ámbitos a que se refiere el apartado 1, de requerirlo sus especificidades.

3. Los ámbitos a que se refiere el apartado 1 deben tomarse como referencia para la constitución del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña.

[Bloque 9: #a6]

Artículo 6. Régimen jurídico de la relación de voluntariado.

1. La relación de voluntariado une a los voluntarios con las entidades de voluntariado para llevar a cabo la acción voluntaria. En algunos casos esta relación puede tener destinatarios, en los términos que regula la sección segunda del capítulo II.

2. Si la entidad de voluntariado es asociativa, corresponde a cada entidad exigir o no la condición de socio para participar como voluntario en el desarrollo de sus programas.

3. El régimen jurídico de la relación de voluntariado ejercida al margen de un programa de voluntariado es el que establece en cada caso la normativa de aplicación.

4. El régimen jurídico de la relación de voluntariado ejercida en el marco de un programa de voluntariado es el establecido por la sección primera del capítulo II. Si los voluntarios son contratados por la entidad o mantienen con ella una relación sujeta a retribución económica no pueden ejercer en ningún caso una acción voluntaria que conlleve ejercer las mismas o similares funciones en la misma entidad.

[Bloque 10: #a7]

Artículo 7. Hoja de compromiso.

1. La incorporación de los voluntarios a los programas de voluntariado se formaliza por escrito, mediante la hoja de compromiso, que debe contener, como mínimo, el carácter voluntario y altruista de la relación, las funciones y tareas acordadas, el compromiso de resarcimiento de los gastos asumidos por el voluntario, la formación fijada como necesaria por la entidad y la existencia de un seguro para el voluntario de acuerdo con lo establecido por el artículo 8.j. La hoja de compromiso también debe tener en cuenta las condiciones de género y la conciliación de la vida laboral y familiar.

2. Corresponde a la Administración de la Generalidad, a través del órgano activo competente en materia de asociacionismo y voluntariado, facilitar un modelo de documento para la formalización del compromiso entre la entidad y el voluntario.

3. La hoja de compromiso no es obligatoria para los voluntarios que participan en algún programa de una entidad de la que son socios.

4. En el caso de los menores de edad, los padres o tutores legales deben firmar la hoja de compromiso, siempre que los programas de acción voluntaria se adapten a las características y edad de los menores, respetando en todo momento su voluntad.

[Bloque 11: #cii]

CAPÍTULO II

Sujetos del voluntariado: voluntarios y entidades, destinatarios de la acción voluntaria y administraciones públicas

[Bloque 12: #sprimera]

Sección primera. Régimen jurídico de la relación de voluntariado ejercida en el marco de un programa de voluntariado

[Bloque 13: #a8]

Artículo 8. Derechos de los voluntarios.

Las personas que participan en programas de voluntariado tienen los siguientes derechos:

a) Obtener de la entidad de voluntariado en la que colaboran información sobre la misión, finalidad y funcionamiento de la entidad, sobre el sentido y desarrollo de la acción voluntaria y sobre el papel e itinerario que tienen dentro de la entidad, así como disponer de información sobre las actividades y medios y el apoyo para su correcto cumplimiento.

b) Recibir la formación necesaria para la realización de la actividad, estar informados del diseño del itinerario formativo en el marco del proyecto que desarrollan y poder participar en el mismo.

c) Ser tratados sin ningún tipo de discriminación y con respeto por su condición y creencias.

d) Formalizar la vinculación con la entidad mediante la correspondiente hoja de compromiso, de acuerdo con el artículo 7.

e) Disponer de acreditación o identificación como voluntarios.

f) Obtener un certificado de su participación en los programas de las entidades de voluntariado, en el que deben hacerse constar, como mínimo, la naturaleza de la acción voluntaria y el período y total de horas en el que se ha desarrollado.

g) Tener el reconocimiento de la experiencia adquirida en tareas de asociacionismo y en programas de voluntariado mediante los procesos de acreditación de competencias adquiridas por vías no formales de acuerdo con la normativa vigente.

h) Participar en la elaboración, planificación, ejecución y evaluación de los programas y actividades en los que colaboren, de acuerdo con la naturaleza y dinámica interna de la entidad.

i) Recibir información sobre las condiciones de seguridad, higiene y salud adecuadas a la naturaleza y características de la actividad voluntaria, y cumplir su tarea en dichas condiciones.

j) Recibir cobertura de un seguro de riesgos derivados de la actividad que desempeñan como voluntarios y de los daños que, involuntariamente, podrían causar a terceros por razón de su actividad.

k) Resarcirse, si así lo acuerdan con la entidad de voluntariado en la que llevan a cabo la acción voluntaria, de los gastos que esta pueda ocasionarles.

l) Acordar libremente las condiciones y posibles cambios de su acción voluntaria, el compromiso de las tareas definidas conjuntamente, su duración y horario, así como sus responsabilidades.

m) Desvincularse de la labor voluntaria en el momento que lo consideren oportuno.

n) Los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

[Bloque 14: #a9]

Artículo 9. Deberes de los voluntarios.

Las personas que participan en programas de voluntariado tienen los siguientes deberes:

a) Cooperar en la consecución de los objetivos de la entidad o de los programas en los que participan para el cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro de la entidad, y participar activamente en los espacios y medios que la entidad haya previsto para hacer efectivo un trabajo coordinado en los programas.

b) Participar activamente en la formación acordada con la entidad de voluntariado para el cumplimiento de la tarea.

c) Llevar a cabo la actividad en la que participan con responsabilidad, diligencia y competencia, y respetar las normas internas de funcionamiento de la entidad de voluntariado y los principios y valores establecidos por el artículo 4.

d) Observar las medidas de seguridad y salud establecidas por las leyes.

e) Rechazar toda contraprestación económica o material ofrecida por los destinatarios o terceros por su actuación, salvo el dinero de bolsillo y demás conceptos similares en cuanto a los programas de voluntariado internacional.

f) Respetar los derechos y la dignidad de los destinatarios de la acción voluntaria y de los demás voluntarios con los que colaboren.

g) Mantener la confidencialidad de las informaciones recibidas y conocidas en el desarrollo de su actividad.

h) Notificar a la entidad de voluntariado su renuncia con suficiente antelación, para que puedan adoptarse las medidas necesarias para evitar perjuicios a la actividad en la que participan.

[Bloque 15: #a10]

Artículo 10. Derechos de las entidades.

Las entidades con programas de voluntariado tienen los siguientes derechos:

a) Elegir libremente al voluntario según la naturaleza y características de la tarea a realizar y de acuerdo con sus normas de funcionamiento interno y los programas a desarrollar.

b) Pedir al voluntario respeto por los valores y la misión de la entidad.

c) Reclamar al voluntario que lleve a cabo la formación acordada para poder cumplir adecuadamente su tarea.

d) Desvincular, justificadamente, al voluntario del programa de voluntariado en el que participa cuando incurra en el incumplimiento manifiesto de la hoja de compromiso.

[Bloque 16: #a11]

Artículo 11. Deberes de las entidades.

Las entidades con programas de voluntariado tienen los siguientes deberes:

a) Disponer de un plan de voluntariado o de participación que recoja los aspectos relativos a la gestión de los voluntarios dentro de la entidad.

b) Disponer de un plan de formación o de un itinerario formativo de los voluntarios de la entidad en los que pueda identificarse la formación que el voluntario necesita para poder llevar a cabo su labor en la entidad y participar en la misma.

c) Facilitar información sobre la misión y estilo de trabajo de la entidad de voluntariado a fin de garantizar el correcto encaje entre las aspiraciones de la entidad y las del voluntario.

d) Nombrar a una persona como responsable de la coordinación de los voluntarios de la entidad de voluntariado.

e) Formalizar la vinculación con el voluntario mediante la correspondiente hoja de compromiso, de acuerdo con lo establecido por el artículo 7, y cumplir los compromisos adquiridos.

f) Proveer al voluntario, de ser necesario, de un elemento identificador en el que conste, al menos, su condición de voluntario.

g) Mantener, en su caso, un registro en el que estén inscritos los voluntarios de la entidad de voluntariado, una descripción mínima de la actividad que llevan a cabo y cualquier dato que pueda facilitar la posterior certificación de su actividad, establecida por la letra h.

h) Certificar, a petición del voluntario, su participación y vinculación a los programas de la entidad de voluntariado, haciendo constar las actividades y funciones realizadas, el año de realización y el número de horas dedicadas, así como la formación llevada a cabo y su duración.

i) Asegurar los riesgos derivados de la actividad que lleva a cabo el voluntario y la responsabilidad civil de dichas acciones en todo momento, y asegurar asimismo las medidas de seguridad y salud de acuerdo con la normativa vigente.

j) Resarcir al voluntario, si así lo han acordado con él, de los gastos que pueda ocasionarle la acción voluntaria.

k) Garantizar el ejercicio del voluntariado de acuerdo con el contenido de la hoja de compromiso y los derechos reconocidos por la presente ley, y disponer de elementos facilitadores de la atención y seguimiento del voluntario.

l) Cumplir los deberes establecidos reglamentariamente en el correspondiente ámbito sectorial.

m) Adaptar las actuaciones a realizar por los voluntarios, atendiendo a su situación personal o a la de los demás actores del programa al que están vinculadas.

n) Facilitar la participación de los voluntarios en el diseño y ejecución de los programas de acción voluntaria que quieran desarrollarse.

o) Participar activamente en los protocolos y mecanismos establecidos para combatir los malos tratos y ponerlos en conocimiento de las autoridades policiales o judiciales en caso de detectarse indicios en las personas atendidas.

p) En el caso de las entidades con menos de cien voluntarios, los deberes a que se refieren las letras a, b y h pueden delegarse a las respectivas federaciones o a entidades de primer nivel, tras su aceptación, o pueden cumplirse, coordinadamente, con distintas entidades o mediante convenios con las administraciones públicas.

[Bloque 17: #ssegunda]

Sección segunda. Derechos y deberes de los destinatarios de la acción voluntaria

[Bloque 18: #a12]

Artículo 12. Derechos de los destinatarios de la acción voluntaria.

Los destinatarios de la acción voluntaria tienen los siguientes derechos:

a) Recibir una acción voluntaria que respete su dignidad e intimidad personal y familiar y sus convicciones políticas, religiosas o de cualquier tipo, evitando toda discriminación.

b) Disponer de información actualizada sobre los programas de las actuaciones que les afectan, previamente y en cualquier fase del proceso.

c) Conseguir la intervención de los responsables de las entidades de acción voluntaria de surgir conflictos con el voluntario.

d) Solicitar y obtener la sustitución del voluntario asignado si existen causas que lo justifiquen, o bien prescindir de la acción voluntaria bajo su responsabilidad.

e) Participar activamente en la evaluación de los programas de voluntariado de los que han sido beneficiarios.

[Bloque 19: #a13]

Artículo 13. Deberes de los destinatarios de la acción voluntaria.

Los destinatarios de la acción voluntaria tienen los siguientes deberes:

a) Colaborar, siempre que sea posible, con el voluntario, respetándolo y facilitándole el trabajo.

b) No ofrecer contraprestaciones, monetarias o en especie, a los voluntarios por la acción realizada.

c) Notificar con suficiente antelación a la entidad el deseo de prescindir del programa de acción voluntaria.

d) No exigir a los voluntarios actuaciones que no corresponden a la naturaleza de la acción voluntaria.

[Bloque 20: #ciii]

CAPÍTULO III

Las administraciones públicas, el asociacionismo y el voluntariado

[Bloque 21: #sprimera-2]

Sección primera. Principios

[Bloque 22: #a14]

Artículo 14. Principios rectores.

1. Las relaciones entre las administraciones públicas y las entidades de voluntariado deben inspirarse en los principios de colaboración, complementariedad y participación y deben tener como objetivo la cohesión social y vertebración territorial. En todo caso, la actuación administrativa debe salvaguardar la autonomía de la organización y la iniciativa del voluntariado y debe partir del principio de confianza mutua, evitar el exceso y reiteración de burocracia y promover la estabilidad de las entidades.

2. Las relaciones entre las administraciones públicas y las entidades con programas de voluntariado no pueden exonerar en ningún caso a los poderes públicos de su responsabilidad en cuanto a la garantía del disfrute efectivo de los derechos sociales de los ciudadanos reconocidos por el Estatuto de autonomía.

3. Las administraciones públicas deben llevar a cabo la evaluación periódica de las políticas, programas y medidas concretas de apoyo al asociacionismo y el voluntariado, debiendo hacer especial hincapié en el retorno social de las iniciativas impulsadas.

4. La acción voluntaria no sustituye en ningún caso las prestaciones de trabajos o servicios profesionales remunerados. Las administraciones públicas deben velar, mediante los oportunos mecanismos de inspección, para que dicha intromisión no se produzca.

[Bloque 23: #a15]

Artículo 15. La relación de la Administración de la Generalidad con las entidades.

1. Corresponde al Gobierno aplicar las políticas públicas necesarias para la promoción, reconocimiento y protección del asociacionismo y el voluntariado en los distintos ámbitos de interés general, y garantizar en todo momento la relación con las entidades, de acuerdo con los principios rectores establecidos por el artículo 14.

2. Corresponde al departamento competente en materia de asociacionismo y voluntariado velar por la coordinación de las actuaciones que, a partir de sus competencias, lleven a cabo los demás departamentos en dicha materia.

3. El Gobierno puede delegar en las administraciones locales la promoción, reconocimiento y protección del asociacionismo y el voluntariado en los distintos ámbitos de interés general mediante convenios, contratos u otras formas de colaboración establecidas por la legislación vigente.

4. El Gobierno, para cumplir las finalidades establecidas por los apartados 1, 2 y 3, debe dotarse de tres instrumentos que deben vertebrar y garantizar el modelo de relación de la Administración de la Generalidad con las entidades:

a) El Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña.

b) El Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado.

c) (Derogada).

5. El Gobierno, para cumplir las finalidades establecidas por los apartados 1, 2 y 3, debe elaborar:

a) El Plan de formación del asociacionismo y el voluntariado de Cataluña, como programa estable de apoyo permanente a la formación de los voluntarios y a la de los responsables de la dinámica asociativa, impartida por entidades sin ánimo de lucro.

b) El Informe del asociacionismo y el voluntariado en Cataluña, que, de forma periódica, debe ser el estudio de referencia que debe recoger y mostrar la situación del voluntariado y las entidades que lo acogen.

Se deroga el apartado 4.c) por la disposición final 4.3 de la Ley 11/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-446

[Bloque 24: #ssegunda-2]

Sección segunda. El Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña

[Bloque 25: #a16]

Artículo 16. Naturaleza.

1. El Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña se constituye como órgano consultivo y de asesoramiento del Gobierno en materia asociativa y de voluntariado y, concretamente, en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado, para llevar a cabo los programas necesarios para conseguir que el voluntariado y el mundo asociativo tengan capacidad de incidencia social y enfrenten positivamente el futuro y el proceso de crecimiento y consolidación.

2. El Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña se adscribe al departamento competente en materia de apoyo al asociacionismo y el voluntariado.

[Bloque 26: #a17]

Artículo 17. Funciones.

Son funciones del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña:

a) Elaborar y proponer informes, estudios y dictámenes respecto a las políticas, actuaciones y programas del Gobierno en materia de asociacionismo y voluntariado.

b) Proponer programas de interés especial para el tejido asociativo y el voluntariado.

c) Elaborar los planes, líneas estratégicas, objetivos y medidas relativas a las materias asociativas y de voluntariado, y realizar su seguimiento y evaluación.

d) Participar en el proceso de elaboración del Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado y realizar su seguimiento y evaluación.

e) Prestar apoyo a las entidades para que mejoren su gestión interna y coordinar su actuación con las administraciones.

f) Desarrollar procesos de participación abiertos a toda la sociedad civil cuando su objeto tenga relación con el asociacionismo y el voluntariado, y participar en los procesos de participación promovidos por otros órganos de la Generalidad, de forma coordinada con el departamento que impulsa la participación.

g) Comunicar posibles prácticas abusivas que conlleven una intromisión en el mercado laboral.

h) Velar por la representación equilibrada y el equilibrio territorial dentro del Consejo y establecer mecanismos de participación de las entidades más pequeñas o de las que no están adscritas a ninguna federación.

[Bloque 27: #a18]

Artículo 18. Composición.

1. El Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña está integrado por los siguientes órganos:

a) El Pleno.

b) La Comisión Permanente.

2. El Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña puede crear grupos de trabajo para debatir temas concretos o sectoriales.

3. La composición y funcionamiento de la Comisión Permanente y de los grupos de trabajo deben regularse reglamentariamente.

4. El Pleno del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña está integrado, como mínimo, por los siguientes miembros:

a) La presidencia.

b) La vicepresidencia primera.

c) La vicepresidencia segunda.

d) La vicepresidencia tercera.

e) Las vocalías.

f) La secretaría.

5. La presidencia es ejercida por el titular del departamento competente en materia de apoyo a las entidades y el voluntariado.

6. La vicepresidencia primera es ejercida por el titular del órgano activo competente en materia de asociacionismo y voluntariado con rango mínimo de director general, y ejerce la presidencia del Consejo en ausencia del titular de la presidencia.

7. Las vicepresidencias segunda y tercera son designadas por las vocalías del Consejo en representación de las entidades que estructuran y vertebran el sector asociativo y de voluntariado, en los ámbitos establecidos por el artículo 5, y cesan cuando se produce la renovación de las vocalías. Las entidades deben comunicar a la secretaría del Consejo la designación de las vicepresidencias segunda y tercera.

8. Las vocalías son nombradas por la presidencia del Consejo, debiendo ser ocupadas, como mínimo, por:

a) Una persona en representación del departamento competente en materia de apoyo a las entidades y el voluntariado, designada por el Gobierno.

b) Personas designadas por la presidencia del Consejo a propuesta de las organizaciones que estructuran y vertebran el sector asociativo y de voluntariado de Cataluña en el ámbito sectorial y en representación de los ámbitos determinados por el artículo 5.

c) Hasta un máximo de seis personas o entidades que destaquen por su trabajo significativo y su incidencia y experiencia en la vertebración territorial del sector, de acuerdo con el procedimiento establecido reglamentariamente.

d) Dos personas designadas en representación de las dos organizaciones sindicales que tengan la consideración de más representativas en Cataluña.

e) Dos personas designadas en representación de las dos organizaciones empresariales que tengan la consideración de más representativas en Cataluña en el ámbito de los servicios sociales, una en representación de las entidades de iniciativa social y otra en representación de las entidades de iniciativa mercantil que llevan a cabo acciones voluntarias desde la empresa.

f) Una persona en representación del Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña, designada por dicho organismo.

g) Dos personas en representación del ámbito local, designadas por las asociaciones de entes locales más representativas de Cataluña.

9. La secretaría, con voz y voto, es ejercida por una persona designada por la presidencia del Consejo entre el personal al servicio del departamento competente en materia de apoyo a las entidades y el voluntariado.

10. Los miembros del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña se renuevan cada tres años.

[Bloque 28: #a19]

Artículo 19. Funcionamiento.

1. El Pleno del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña debe reunirse en sesión ordinaria al menos tres veces al año.

2. El Pleno del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña puede crear comisiones de trabajo respecto a las políticas públicas de la Generalidad en materia asociativa y de voluntariado o del Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado, con la participación de los diferentes sectores asociativos, del voluntariado, de agentes relacionados que se estimen necesarios y de personas expertas en asociacionismo y voluntariado.

3. El Pleno del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña debe garantizar la publicidad de los acuerdos adoptados e impulsar mecanismos deliberativos y participativos para llegar a las entidades que no están representadas en el mismo.

[Bloque 29: #a20]

Artículo 20. Medios materiales.

1. El Gobierno debe poner al alcance del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña los instrumentos materiales y humanos necesarios para que este pueda llevar a cabo su tarea y, en este sentido, debe habilitar un espacio físico y virtual específico, para que pueda dar publicidad de los acuerdos o procesos en los que participe.

2. Los miembros del Pleno del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña que no sean personal al servicio de las administraciones públicas pueden percibir las indemnizaciones y los derechos de asistencia establecidos por la normativa vigente.

[Bloque 30: #stercera]

Sección tercera. El Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado

[Bloque 31: #a21]

Artículo 21. Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado.

El Gobierno lleva a cabo la planificación general de las actividades de la acción voluntaria mediante el Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado, que determina los ejes, líneas estratégicas, objetivos y medidas en cuanto al asociacionismo y el voluntariado.

[Bloque 32: #a22]

Artículo 22. Proceso de elaboración y evaluación del Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado.

El Gobierno debe elaborar el Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado con una periodicidad máxima de cuatro años, debiendo ser evaluado, como máximo, en el transcurso del año siguiente al de la finalización de su vigencia. Este plan debe elaborarse mediante un proceso de participación transparente, que debe constar como documento anexo al Plan, y con la participación del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña.

[Bloque 33: #a23]

Artículo 23. Contenido del Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado.

El Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado debe incluir, como mínimo, las siguientes medidas, con el presupuesto asignado, los plazos de cumplimiento y los parámetros evaluables:

a) Medidas de coordinación e intercambio de experiencias impulsadas por las administraciones y las iniciativas privadas.

b) Medidas de apoyo, mediante los recursos económicos, materiales y técnicos que se estimen adecuados, a fin de fortalecer el tejido asociativo y fomentar el voluntariado, preservando en todo momento su independencia respecto a los poderes públicos.

c) Acciones de sensibilización, orientadas a concienciar a la sociedad sobre los beneficios de la acción voluntaria como instrumento de participación social y forma de expresión de la solidaridad entre ciudadanos.

d) Actuaciones formativas y de investigación destinadas a mejorar la calidad de la acción voluntaria, ya sea de forma directa o mediante las entidades.

[Bloque 34: #a24]

Artículo 24. Instrumentos de planificación sectorial y local.

El Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado puede complementarse con planes sectoriales impulsados por los departamentos de la Generalidad en el ámbito de sus respectivas competencias, así como con planes de ámbito municipal o comarcal impulsados por los entes locales.

[Bloque 35: #scuaa]

Sección cuarta. El Registro del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña

Se deroga por la disposición final 4.4 de la Ley 11/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-446

[Bloque 36: #a25]

Artículo 25. Registro del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña.

(Derogado)

Se deroga por la disposición final 4.4 de la Ley 11/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-446

[Bloque 37: #civ]

CAPÍTULO IV

Fomento del asociacionismo y el voluntariado

[Bloque 38: #a26]

Artículo 26. Medidas de apoyo y fomento del asociacionismo y el voluntariado.

1. Las administraciones públicas de Cataluña, de acuerdo con sus respectivas competencias, con el fin de fomentar y facilitar el asociacionismo y el voluntariado, deben promover las siguientes actuaciones:

a) Potenciar medidas para la implicación asociativa y la participación de los ciudadanos en programas de voluntariado.

b) Organizar campañas de información y sensibilización sobre el asociacionismo y el voluntariado y difundir sus valores.

c) Aplicar medidas para el reconocimiento público de la labor de los voluntarios y de las entidades que los acogen.

d) Prestar asesoramiento y asistencia técnica al asociacionismo y a las entidades con programas de voluntariado para que puedan cumplir correctamente sus actividades.

e) Promover el trabajo en red, el acuerdo y la coordinación de las entidades con los agentes del territorio.

f) Impulsar la red catalana del voluntariado como espacio abierto de relación e interacción entre el mundo asociativo y la ciudadanía, promoviendo acuerdos para la unificación y simplificación de los trámites para el acceso a las ayudas, subvenciones o recursos que se ofrezcan.

g) Convocar regularmente programas de apoyo, ayudas y subvenciones, en coordinación con el resto de administraciones de conformidad con las prioridades que establece el Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado.

h) Impulsar beneficios fiscales y reducciones en los precios públicos para el uso de los servicios e infraestructuras dependientes de las administraciones públicas.

i) Promover las actividades formativas de voluntariado y apoyarlas, y potenciar el Plan de formación del asociacionismo y el voluntariado de Cataluña, haciéndolo accesible en la totalidad del territorio y en todos los niveles y ámbitos de actuación.

j) Impulsar acciones de investigación, estudios y publicaciones sobre el asociacionismo y el voluntariado.

k) Promover el acceso a los servicios de información, documentación, asesoramiento y apoyo técnico a las entidades.

l) Impulsar la promoción y reconocimiento de los voluntarios y de las actividades que llevan a cabo.

m) Facilitar espacios de encuentro, debate e intercambio de conocimiento de las entidades con programas de voluntariado.

n) Fomentar actuaciones innovadoras en el mundo del voluntariado e impulsar las nuevas formas de voluntariado.

o) Controlar y denunciar, mediante los instrumentos a su alcance, las prácticas abusivas que pueden representar una ocupación de puestos de trabajo ordinario.

2. El Gobierno debe velar por la ejecución de las acciones de fomento y apoyo del asociacionismo y el voluntariado de forma coordinada, estableciendo los instrumentos y recursos necesarios al efecto.

3. La Administración de la Generalidad ha de informar a los ciudadanos sobre las entidades, programas y actividades relacionados con la acción voluntaria que se lleven a cabo en Cataluña, debe asesorar a las entidades con programas de voluntariado que lo soliciten y debe ofrecerles soporte técnico.

[Bloque 39: #da]

Disposición adicional. Voluntariado excluido del ámbito de aplicación de la presente ley.

1. Las disposiciones de la presente ley no son de aplicación al voluntariado de protección civil ni al voluntariado en materia de prevención, extinción de incendios y salvamento, a los cuales se aplica su correspondiente normativa específica.

2. La presente ley no se aplica a las acciones solidarias que se llevan a cabo de un modo libre y sin compensación económica y al margen de entidades privadas sin ánimo de lucro, ni tampoco a las acciones solidarias que se llevan a cabo por parentesco, amistad o vecindad, o como consecuencia de una relación civil, académica, funcionarial, laboral o mercantil, o derivada de una obligación jurídica o de pertenencia, ni a las realizadas por interés propio de una persona o colectivo, ni a las actividades realizadas por colectivos no formales o movimientos sociales.

3. La presente ley no se aplica a los proyectos o campañas puntuales que impulsan entidades sin ánimo de lucro o administraciones que movilizan a los ciudadanos por una causa concreta.

4. En cuanto a las entidades y actividades reguladas por una normativa específica, las disposiciones de la presente ley únicamente son de aplicación supletoria.

5. Las disposiciones de la presente ley deben aplicarse sin perjuicio de la legislación sobre cooperación al desarrollo y solidaridad internacional.

[Bloque 40: #dtprimera]

Disposición transitoria primera. Adaptación de las entidades.

El Gobierno ha de fijar por reglamento los plazos, el grado de cumplimiento de los deberes y la observación de los derechos establecidos por la sección primera del capítulo II, teniendo en cuenta la tipología y dimensiones de las entidades. En cualquier caso, las entidades que tengan más de cien voluntarios en el momento de la entrada en vigor de la presente ley deben ajustarse a lo establecido por la misma en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor. Las entidades con un número inferior de voluntarios deben hacerlo en un plazo de dos años.

[Bloque 41: #dtsegunda]

Disposición transitoria segunda. Adaptación de los programas de voluntariado vinculados a una administración pública.

1. En el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, los programas de voluntariado vinculados a una administración pública deben pasar a ser llevados a cabo, preferentemente, en el marco de una entidad privada sin ánimo de lucro con dinámica asociativa o con programas de voluntariado, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1, sin perjuicio de la colaboración de una administración pública en los términos del capítulo III.

2. Las administraciones que deseen mantener o impulsar nuevos programas de voluntariado, por la inexistencia de entidades sectoriales o de cualquier tipo, deben comunicarlo al departamento competente en la materia, que, junto con el Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña, han de valorar la excepcionalidad de la propuesta.

[Bloque 42: #dttercera]

Disposición transitoria tercera. Proyecto de ley de fomento del asociacionismo.

El Gobierno, en el plazo de dieciocho meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, debe presentar un proyecto de ley para el fomento y apoyo del asociacionismo.

[Bloque 43: #df]

Disposición final. Desarrollo reglamentario.

1. Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley.

2. El Gobierno, a propuesta del departamento que tenga asignadas las competencias en materia de apoyo a las entidades y el voluntariado, debe aprobar, en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, el reglamento del Registro del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña.

[Bloque 44: #firma]

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 30 de julio de 2015.