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Decreto regulando la organización local y provincial de tenedores de trigo, estableciendo un mecanismo capaz de garantir en las operaciones de compraventa el cumplimiento de las tasas máxima y mínima que han sido fijadas en los mismos precios que venían rigiendo hasta el día, e iniciando la organización del sistema de silos reguladores y del crédito agrícola, cuyo desarrollo será objeto de ulteriores disposiciones.