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Decreto de 28 de mayo de 1954 por el que se dispone que la Comisión Central de Cuentas se el órgano al que con jurisdicción especial y privativa esté encomendada la fiscalización de la gestión económica de las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de capital y de 20.000 ó más habitantes, dependiendo, a todos los efectos, del Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones locales.