Resolución de la Dirección General de Agricultura por la que se dispone que la facultad de imponer multas, al amparo del Decreto de 27 de marzo de 1953, que corresponde al Servicio de Defensa contra Fraudes y Ensayos y Análisis Agrícolas, queda delegada en las Jefaturas Agronómicas provinciales, hasta la cuantía máxima de 4.000 pesetas.
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«BOE» núm. 118, de 17 de mayo de 1960, páginas 6536 a 6536 (1 pág.)