DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la presente Ley:
Uno. Es finalidad de esta Ley el establecimiento de un régimen jurídico especial para el Parque Nacional de Timanfaya (isla de Lanzarote), y su reclasificación como tal en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley quince/mil novecientos setenta y cinco, de dos de mayo, de Espacios Naturales Protegidos.
Dos. Dicho régimen jurídico especial tiene por finalidad proteger la integridad de la gea, fauna, flora, vegetación, aguas y atmósfera, así como sus valores arqueológicos y, en definitiva del conjunto de los ecosistemas del parque nacional en razón de su interés educativo, científico, cultural, recreativo, turístico y socioeconómico. Las medidas de conservación se extienden al mar litoral, salvaguardando las competencias del Ministerio de Defensa, especialmente las que se contemplan en la Ley de Costas de veintiséis de abril de mil novecientos sesenta y nueve.
Uno. El Parque Nacional de Timanfaya, con una superficie total de cinco mil ciento siete coma cinco hetáreas, afecta a los términos municipales de Tinajo y Yaiza, de la Isla de Lanzarote, en la provincia de Las Palmas. Sus límites geográficos son los que se especifican en el anexo de la presente Ley.
Dos. No obstante, el Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros, podrá incorporar a este parque otros terrenos colindantes con el mismo que reúnan características adecuadas para ello, en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Que sean propiedad del Estado o de alguno de sus Organismos.
b) Que sean expropiados con esta finalidad.
c) Que sean aportados por sus propietarios a tales efectos.
Tres. El Gobierno deberá adoptar las medidas y habilitar los medios necesarios para que los terrenos incluidos en este parque nacional, cuyos propietarios no suscriban los correspondientes acuerdos respecto a las limitaciones que sean indemnizables, pasen a ser propiedad del Estado.
Uno. Queda prohibida toda actividad que pueda alterar los elementos y la dinámica de los ecosistemas del parque nacional.
Dos. El ejercicio de los usos tradicionales, en cada caso, de la actividad agraria y del agua; las actividades de regeneración, así como el uso a que deban destinarse las instalaciones existentes, serán reguladas por el Plan Rector de Uso y Gestión.
Tres. Los terrenos incluidos en este parque nacional quedan clasificados, a todos los efectos, como suelo no urbanizable objeto de protección especial.
Uno. Asimismo, como medida de protección especial de los recursos del parque, incluidos los valores paisajísticos, cualquier obra o actividad que se pretenda realizar en su zona periférica, precisa para su autorización de un informe favorable del Patronato del Parque Nacional.
Dos. Se establecerán medidas para la conservación de los sistemas agrarios tradicionales de la zona de La Geria. A tal fin, el Patronato propondrá las ayudas, subvenciones y desgravaciones fiscales que estime oportunas, que tendrá el carácter preferente a efectos de créditos.
Uno. En el plazo máximo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, el Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, confeccionará un Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Timanfaya, que, previa autorización inicial por el Patronato será sometida a información pública y una vez aprobada provisionalmente por dicho Patronato, lo remitirá al Gobierno para su aprobación definitiva.
Dos. Dicho Plan Rector, que tendrá una vigencia de cuatro años, debiendo ser revisado al finalizar este plazo o antes si fuera necesario, incluirá:
a) Las directrices generales de ordenación y uso de este parque nacional.
b) Las normas de gestión y actuación necesarias para la conservación y protección de sus valores naturales y para garantizar el cumplimiento de las finalidades de investigación, interpretación del fenómeno de la Naturaleza, educación ambiental y de uso y disfrute por los visitantes.
c) La zonificación del parque nacional, delimitando áreas de diferente utilización y destino, entre las que se incluirán las destinadas a los servicios, especificándose sus limitaciones urbanísticas y las zonas de reserva integrales o dirigidas.
Tres. Todo proyecto de obra, trabajos o aprovechamientos que no figure en el Plan Rector de Uso y Gestión o en sus revisiones y que se considere necesario llevar a cabo, deberá ser justificado debidamente, teniendo en cuenta las directrices de aquél y autorizado por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, previo informe favorable del Patronato del Parque.
Se redactarán por el ICONA Planes específicos que desarrollen la normativa del Plan Rector de Uso y Gestión y que serán aprobados por el Patronato y cuya vigencia vendrá limitada por la del propio Plan Rector. Al menos habrán de redactarse planes especiales para:
a) Las medidas tendentes a la eliminación de la explotación de los recursos naturales de parque nacional, con excepción de aquellas actividades a que se refiere el artículo tercero, apartado dos.
b) Las actividades de gestión necesarias para el mantenimiento de los equilibrios biológicos existentes y la investigación aplicada que le sirve de fundamento.
c) La organización de la interpretación e información del parque nacional para un mejor disfrute de los visitantes y la promoción de su educación ambiental.
Uno. El ICONA gestionará la colaboración de otros organismos públicos nacionales y, en la medida en que sea posible, de las personas físicas y organismos privados nacionales o internacionales, ya sean gubernamentales o no, para el mejor cumplimiento de los fines del parque nacional.
Dos. Los Organismos públicos, y en particular el Cabildo Insular, deberán prestar la colaboración técnica que de ellos sea solicitada, conforme a lo dispuesto en este artículo.
Uno. La reclasificación del Parque Nacional de Timanfaya lleva aneja la calificación de utilidad pública para todos los terrenos que lo constituyen, a efectos de expropiación de los bienes y derechos afectados.
Dos. En relación a las previsiones del apartado dos del artículo tercero de la Ley quince/mil novecientos setenta y cinco, de dos de mayo, y dada la importancia de los paisajes fundamentales para la declaración de este parque nacional, no se permitirá ningún tipo de trabajo de búsqueda y explotación de sustancias minerales ni la corta o extracción de especies vegetales no introducidas por el hombre, dentro de los límites señalados en el anexo de la presente Ley.
Tres. Serán indemnizables las limitaciones a la propiedad que se establezcan en relación con los usos permitidos en el suelo no urbanizable.
Uno. El Patronato del Parque Nacional de Timanfaya, a que se refiere la Ley de Espacios Naturales Protegidos, estará adscrito a efectos administrativos al Ministerio de Agricultura y compuesto por los siguientes miembros:
– Un representante de cada uno de los Departamentos de Presidencia del Gobierno, Obras Públicas y Urbanismo, Educación, Agricultura y Cultura.
– Un representante del Ente Preautonómico o Autonómico de Canarias.
– Dos representantes del Cabildo Insular.
– Dos representantes de los Ayuntamientos en cuyos términos municipales se encuentre el parque, designados entre ellos.
– Un representante de Asociaciones Canarias elegido por ellas mismas, de entre las que por sus Estatutos se dediquen a la conservación de la naturaleza.
– Un representante de la Universidad de La Laguna.
– Un representante del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
– Un representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
– El Director-Conservador del parque nacional.
El Presidente será designado por el Gobierno, de entre los miembros del Patronato.
Dos. Son cometidos y funciones del Patronato:
a) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas, promover posibles ampliaciones del parque nacional, promover la construcción y acondicionamiento de los accesos precisos, administrar los fondos procedentes de la utilización de los servicios del parque o de las ayudas que al Patronato otorguen cualquier clase de Entidades o particulares, proponer normas para la más eficaz defensa de los valores y singularidades del parque nacional, elevar propuestas y realizar cuantas gestiones estime beneficiosas para el mismo.
b) Aprobar provisionalmente el Plan Rector de Uso y Gestión y sus revisiones, velando por su cumplimiento, y la memoria anual de actividades y resultados que el Director-Conservador del parque habrá de elevar al Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
c) Aprobar los planes específicos a que se refiere el artículo sexto de la presente Ley.
d) Informar los proyectos que desarrollan los anteriores planes y de los de investigación que pretenda realizar en las reservas.
Si al evacuar el Patronato los informes preceptivos a que se alude en este apartado d), las dos terceras partes de sus componentes mostrasen su disconformidad con alguna de las propuestas, el Presidente devolverá a su origen la citada propuesta para su reconsideración.
e) Informar sobre cualquier clase de trabajos, obras, aprovechamientos y planes de investigación que se pretendan realizar, incluidos o no en el Plan Rector de Uso y Gestión.
Si al evacuar el Patronato los informes preceptivos a que se alude en este apartado e), las dos terceras partes de sus componentes mostrasen su disconformidad con alguna de las propuestas, el Presidente devolverá a su origen la citada propuesta para su reconsideración.
f) Delegar cuantas funciones estime conveniente en la Comisión Permanente, que deberá dar cuenta de su gestión al Pleno.
g) Elaborar, aprobar y modificar su propio reglamento de régimen interior, en el que se determinará la estructura funcional de la administración del parque.
Cuando se produzcan cambios administrativos o modificaciones en las Entidades representadas, el Gobierno, por acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, adecuará la composición del Patronato y, en su caso, de su Comisión Permanente a dichos cambios o modificaciones.
En el seno del patronato se constituirá una Comisión Permanente cuyo Presidente será el de aquél, y estará compuesta, además, por los siguientes miembros:
– Un representante del Cabildo.
– Un representante de los Ayuntamientos afectados territorialmente.
– El representante del Ente Preautonómico o Autonómico de Canarias.
– El representante del Ministerio de Agricultura.
– El Director-Conservador del parque.
Uno. La responsabilidad de la administración del parque nacional corresponderá a un Director-Conservador, designado por el Director de ICONA, previa conformidad del Patronato, recaerá en un funcionario con titulación universitaria superior.
Dos. El Patronato fijará su régimen de dedicación e incompatibilidades.
La Administración del Estado, a través del ICONA, podrá ejercitar derechos de tanteo y retracto en todas las transmisiones onerosas de bienes y derechos ínter vivos de terrenos situados en el interior del parque nacional, en la forma que reglamentariamente se determine.
El derecho de tanteo se ejercitará dentro de los tres meses siguientes a la notificación del proyecto de transmisión hecho por cualquiera de las partes. Los Notarios y Registradores no autorizarán ni inscribirán, respectivamente, las correspondientes escrituras sin que se le acredite previamente la práctica de dicha notificación.
En defecto de notificación, o cuando las condiciones expresadas en la misma no coincidan con las de transmisión efectiva, el Estado podrá ejercitar el derecho de retracto dentro de los seis meses a contar desde que ICONA o el Patronato del parque nacional tengan conocimiento de las condiciones reales de la transmisión. El derecho de retracto caducará a los diez años a contar desde el momento en que se formalice la transmisión en documento de fecha fehaciente.
El ICONA, con cargo a sus presupuestos, atenderá los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades, trabajos y obras de conservación, mejora e investigación y, en general, para la correcta gestión de este parque.
A estos efectos, figurarán como ingresos provenientes:
a) De aquellas partidas que para tales fines se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado.
b) De las tasas que puedan establecerse por acceso al parque y utilización de servicios.
c) De toda clase de aportaciones y subvenciones de Entidades públicas y privadas, así como de los particulares.
d) De todos aquellos que puedan obtenerse como consecuencia de concesiones y autorizaciones por utilización de servicios en el parque nacional, en la forma que se determine en el Plan Rector de Uso y Gestión o en los planes especiales.
Uno. Los Ayuntamientos de los municipios incluidos en la demarcación del parque nacional tendrán derecho preferente para la obtención de concesiones y autorizaciones de establecimientos y prestación de los servicios de utilización pública previstos en el Plan Rector de Uso y Gestión o en los Planes Especiales, sin perjuicio de los derechos que actualmente tiene el Cabildo Insular de Lanzarote respecto de la prestación de servicios en el parque.
Dos. Las normas de desarrollo de esta Ley fijarán la participación que corresponda a dichos Ayuntamientos en las tasas que se establezcan por acceso del público a las instalaciones de este parque u otras finalidades.
La inobservancia o infracción de la normativa aplicable a este parque nacional será sancionada con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Espacios Naturales Protegidos y en el Real Decreto dos mil seiscientos setenta y seis/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para su aplicación y de conformidad con la legislación específica que, a tenor de la naturaleza de la infracción, resulte aplicable.
Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos la estricta observancia de las normas de protección de este parque nacional.
A efectos de conseguir la protección de la integridad de las aguas que establece el artículo primero de la presente Ley, no podrán tramitarse expedientes de concesión y explotación de aguas superficiales o subterráneas dentro del recinto del parque sin el informe favorable del Patronato del mismo.
Uno. En el plazo máximo de nueve meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno, previo informe del Patronato, dictará las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Dos. El Patronato del parque nacional quedará constituido en el plazo de dos meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
En el plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Patronato del Parque, los Ayuntamientos afectados y el Cabildo Insular fijarán de común acuerdo la zona periférica a que se refiere el artículo cuatro, uno.
Límites del Parque Nacional de Timanfaya:
Norte.–Del lugar denominado Piedra Alta en la costa de Tinajo, conocido por «Mar del Cochino», al pico de Caldera Bermeja, al pico de Caldera Roja, al pico de la Montaña de los Miraderos y Pico Partido.
Este.–Del anterior a la parte inferior del lado sur de la falda de Caldera del Corazoncillo, donde confluye el lindero de los términos municipales de Tinajo y Yaiza.
Sur.–De dicho punto al pico de la Montaña de Tremesana, al pico de la Montaña de María Hernández, al pico de la Montaña de Pedro Perico, y de aquí a la costa de Yaiza, en el lugar conocido como «El Paso de Abajo», al sur de la playa del Paso en el Mojón.
Oeste.–El Océano Atlántico.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio Real, de Madrid, a veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO
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