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Documento BOE-A-1993-21772

Real Decreto-ley 14/1993, de 4 de agosto, por el que se modifica la disposicin adicional tercera y la disposicin transitoria segunda de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

TEXTO

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, fue publicada el 27 de noviembre de 1992. Su disposicin final establece que la entrada en vigor de la Ley se producir tres meses despus de su publicacin en el <Boletn Oficial del Estado>. De otra parte, la disposicin adicional tercera de la misma Ley prev que, reglamentariamente, en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor se lleve a efecto la adecuacin a la misma de las normas reguladoras de los procedimientos administrativos, cualquiera que sea su rango, con especfica mencin de los efectos estimatorios o desestimatorios que la falta de resolucin expresa produzca. En consecuencia, el plazo legalmente establecido para realizar la adecuacin de procedimientos finaliza el 27 de agosto de 1993.

El 15 de enero de 1993, el Consejo de Ministros aprob un Acuerdo para el desarrollo de la adecuacin de procedimientos administrativos a la Ley 30/1992. El Acuerdo fija los criterios de la adecuacin especificando que su resultado debera ser la reduccin del nmero de disposiciones reguladoras de los procedimientos administrativos, la aplicacin estricta del cumplimiento de la obligacin de resolverlos expresamente, fijando el plazo mximo de resolucin de los procedimientos y los efectos de los actos presuntos, y la simplificacin y agilizacin de los trmites internos de los procedimientos, determinando adems las resoluciones que ponen fin a la va administrativa.

Siguiendo estas directrices, la Administracin General del Estado inici el proceso de adecuacin de procedimientos. En una primera fase, se alleg informacin sobre los tramitados en el mbito de la Administracin General del Estado, lo que permiti identificar la existencia de 1.893 normas que contienen reglas procedimentales y que, por tanto, precisan de la correspondiente adecuacin. Esta ha de tener en cuenta, a la vez, las exigencias derivadas de las reformas introducidas por la Ley 30/1992 y las peculiaridades de cada procedimiento en funcin de su finalidad especfica, contenida en su legislacin substantiva.

La profundizacin en la prolijidad normativa a que se ha hecho referencia ha revelado una casustica heterognea, en particular en las reas subvencionales y de autorizaciones administrativas. Adems, en todos los supuestos, se ha puesto de manifiesto la necesidad de apreciar no slo las peculiaridades derivadas de la adecuacin procedimental, sino tambin de realizarla en sintona con el rgimen de distribucin de competencias previsto en el bloque de la constitucionalidad, lo que ha aadido un importante factor de complejidad a todo el proceso, en razn al considerable nmero de normas preconstitucionales afectadas.

Por otra parte, la Ley 30/1992 se tramit y aprob simultneamente con la Ley Orgnica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a Comunidades Autnomas que accedieron a la autonoma por la va del artculo 143 de la Constitucin. Si bien estas dos Leyes regulan mbitos materiales distintos, la coincidencia de su puesta en prctica va a producir unos efectos que necesariamente han de ser tenidos en cuenta. En particular, la confluencia est dificultando la posibilidad de apreciar la incidencia en la adecuacin de procedimientos de la nueva distribucin de competencias, que determina que buena parte de los procedimientos que actualmente son de competencia estatal hayan de pasar a ser aplicados por las Comunidades Autnomas, e incluso, en ciertos casos, a ser regulados por las mismas. Estas circunstancias exigen tambin, por razones de seguridad y eficacia, tener en cuenta las consecuencias del proceso de traspasos, en la medida en que, de no ser previstas, se requerira un nuevo proceso de adecuacin de los procedimientos.

A pesar del avanzado grado de desarrollo alcanzado en los trabajos de elaboracin de las normas de adecuacin, todos estos factores han hecho imposible la culminacin del proceso de adecuacin en el plazo previsto por la Ley. Y, en ausencia de tal adecuacin, la aplicacin directa de la Ley 30/1992 planteara una serie de problemas que constituiran un serio obstculo para el logro de los objetivos de la propia Ley, perturbando con ello el ordinario desenvolvimiento de la actividad administrativa. Entre estos efectos, podran destacarse el plazo nico para resolver cualquier solicitud administrativa, que la propia Ley regula con carcter subsidiario; el rgimen de actos presuntos, cuya concrecin se difiere por la propia Ley a las normas reglamentarias de adecuacin; o la inaplicabilidad de la terminacin convencional, a falta de regulacin reglamentaria.

Ante la imposibilidad de recurrir al procedimiento legal ordinario, debida a la celebracin de las recientes elecciones generales, unida a lo que antecede, se justifica la extraordinaria y urgente necesidad de ampliar mediante Real Decreto-ley los plazos establecidos en la Ley 30/1992, para, de este modo, culminar el proceso de adecuacin con todas las garantas necesarias, teniendo en cuenta adems la reciente reestructuracin de Departamentos ministeriales aprobada mediante Real Decreto 1173/1993, de 13 de julio. Como ha reconocido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es posible hacer uso del Real Decreto-ley para dar respuesta a aquellas necesidades relativas que se originan en el ordinario desenvolvimiento del quehacer gubernamental, cuando no pueda acudirse a la medida legislativa ordinaria sin hacer quebrar la efectividad de la accin requerida, bien por el tiempo a invertir en el procedimiento legislativo o por la necesidad de la inmediatividad de la medida.

En su virtud, en uso de la autorizacin concedida en el artculo 86 de la Constitucin espaola, y previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da 4 de agosto de 1993,

DISPONGO:

Artculo nico.

1. La disposicin adicional tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, queda redactada como sigue:

<Reglamentariamente, en el plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se llevar a efecto la adecuacin a la misma de las normas reguladoras de los distintos procedimientos administrativos, cualquiera que sea su rango, con especfica mencin de los efectos estimatorios o desestimatorios que la falta de resolucin expresa produzca.>

2. El apartado 3 de la disposicin transitoria segunda de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, queda redactado como sigue:

<A los procedimientos iniciados con posterioridad al trmino del plazo a que se refiere la disposicin adicional tercera les ser de aplicacin, en todo caso, lo dispuesto en la presente Ley.>

Disposicin final nica.

El presente Real Decreto-ley entrar en vigor el mismo da de su publicacin en el <Boletn Oficial del Estado>.

Dado en Palma de Mallorca a 4 de agosto de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

Análisis

  • Rango: Real Decreto-ley
  • Fecha de disposición: 04/08/1993
  • Fecha de publicación: 20/08/1993
  • Entrada en vigor: 20 de agosto de 1993.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE PUBLICA Acuerdo de convalidacin, por la Resolucin de 9 de septiembre de 1993 (Ref. BOE-A-1993-23028).
Referencias anteriores
  • MODIFICA las disposiciones adicional 3 y transitoria 2.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Ref. BOE-A-1992-26318).
Materias
  • Procedimiento administrativo

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