En los recursos gubernativos acumulados interpuestos por la
Procuradora de los Tribunales doña Carmen Margarita Vaquero Gómez, en
representación del Presidente de la comunidad de propietarios del edificio
"Cristina", contra la cancelación de sendas anotaciones preventivas de demanda
practicadas por el Registrador de la Propiedad de Murcia, número 8, don
Juan José Bernal Quirós Casciero, en virtud de apelación de la recurrente.
Hechos
I
La comunidad de propietarios del edificio "Cristina" interpuso demanda
de juicio de cognición contra don A. E. M., tramitado bajo autos
número 408/1993, ante el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Murcia,
en reclamación de cantidades por gastos de comunidad, de la que, a
solicitud de la parte actora, se tomó anotación preventiva en el Registro de
la Propiedad de Murcia, número 8, respecto de la finca número 21.459
y bajo la letra A.
La misma comunidad interpuso nueva demanda contra el mismo
deudor, en reclamación de cantidad por gastos devengados con posterioridad
a los reclamados en la anterior, tramitada ante el mismo Juzgado bajo
autos 18/1995, de la que también se solicitó anotación preventiva que
se acordó y practicó en el Registro sobre la misma finca, anotación letra E.
Simultáneamente, y se seguía procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo los autos 48/94-A, ante el Juzgado
de igual clase número 5 de los de Murcia, en ejecución de una hipoteca
constituida sobre la referida finca, e inscrita antes de practicarse aquellas
anotaciones, a los que se aportó la certificación prevista en la regla 4. a
de aquella norma en la que se hizo constar la existencia, entre otras cargas,
de la primera de aquellas anotaciones preventivas de demanda, habiéndose
notificado la existencia del procedimiento a la comunidad a cuyo favor
se había tomado. En los reseñados autos de ejecución hipotecaria se dictó
auto el 26 de enero de 1996, aprobando el remate de la finca por precio
inferior al importe del crédito reclamado, declarando subsistentes las
cargas preferentes al crédito del actor, si las hubiere, y ordenando la
cancelación de las posteriores, con expresa referencia a la anotación
preventiva de demanda en favor de aquella comunidad de propietarios que
constaba en la certificación registral y genéricamente cualquier anotación
o inscripción producida con posterioridad a la expedición de la
certificación de cargas.
II
Presentado en el Registro el correspondiente mandamiento de
cancelación, con fecha 5 de marzo de 1996, se practicaron las cancelaciones
ordenadas, entre ellas las de las anotacionesAyE,comunicándose todo
ello al Juzgado que las había ordenado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1.453 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
III
Por la Procuradora doña Carmen Margarita Vaquero Gómez se
interpusieron sendos recursos gubernativos solicitando se declarase no haber
lugar a las cancelaciones de las anotaciones preventivas de las demandas
referidas, en base a los siguientes argumentos: La afección del piso al
pago de los gastos de comunidad y la preferencia de dicho crédito, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.5 de la Ley de Propiedad
Horizontal; la doctrina de esta Dirección General -con cita de las
Resoluciones de 9 de febrero y 18 de mayo de 1987y1dejunio de
1989conforme a la cual anotada preventivamente la demanda por la que se
reclaman aquellos gastos y constando ya por el propio reflejo registral
la existencia del régimen de la propiedad horizontal la afección real de
las fincas a dicha carga, quedan protegidos los créditos reclamados
cualquiera que fuera el propietario actual de la finca y su título de adquisición.
IV
El Registrador informó ambos recursos por separado, pese a entender
que procedería su acumulación, en el siguiente sentido: 1. o Que no se
acredita en forma auténtica la representación de la recurrente; 2. o Que
no se acompañaban los documentos calificados o testimonio bastante de
ellos como exige el artículo 113 del Reglamento Hipotecario; 3. o Que se
utiliza el recurso gubernativo para finalidad distinta a la de su regulación
legal, en concreto la prevista en el artículo 66 de la Ley Hipotecaria, sino
para que se declare que no había lugar a algunas de las cancelaciones
practicadas, pretensión que no puede examinarse en el cauce del recurso
gubernativo, con cita de las Resoluciones de 7 de febrero de 1986, 7 de
marzo de 1988 y otras; que de esa inadecuación resulta: a) que ninguno
de los recursos aparece formulado contra nota de calificación registral
ni precisan los extremos de la misma objeto de recurso; b) que el interés
de la recurrente no se ajusta a lo requerido por el artículo 112.1 del
Reglamento Hipotecario; 4. o que las cancelaciones se practicaron en virtud de
lo ordenado en una resolución judicial firme respecto de la que estaba
legalmente limitada su calificación, en los términos de los artículos 100
y 233 del mismo Reglamento; 5. o Y que son hechos relevantes: a) que
la comunidad recurrente estaba notificada judicialmente de la existencia
del procedimiento en el que se ordenaron las cancelaciones con la
consiguiente posibilidad de hacer valer en el mismo sus derechos; b) que
aunque la afección del artículo 9.5 de la Ley de Propiedad Horizontal
pueda hacerse valer frente a cualquier titular de derechos sobre la finca
afecta, una vez que se demanda tan sólo al propietario, únicamente frente
a él y quienes del mismo traigan causa producirá efectos la cosa juzgada;
c) que dada la finalidad de la anotación preventiva de demanda, evitar
que resulte inútil la sentencia que pueda dictarse en el procedimiento,
tan sólo despliega sus efectos frente a los asientos posteriores a la propia
anotación que traigan causa del demandado; d) y que la cancelación de
cargas posteriores a un gravamen ejecutado no compete dicidirlas al
Registrador en base a criterios distintos de la prioridad temporal de los asientos.
V
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia
dictó auto en el que, tras acordar la acumulación de ambos recursos y
rechazar las cuestiones de índole formal planteadas por el Registrador,
desestimó aquéllos en base al argumento aducido por el Registrador de
utilización para objeto distinto del que legalmente está previsto, a modo
de excepción de inadecuación de procedimiento.
VI
La recurrente apeló el anterior auto alegando interés legítimo en la
calificación que dio lugar a las cancelaciones, que lo fue de una resolución
en la que se ordenaba la subsistencia de las cargas anteriores o preferentes
al crédito del actor, preferencia que ostentaban los créditos objeto de las
anotaciones canceladas.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 40 y 66 de la Ley Hipotecaria y las Resoluciones
de 8 de marzo de 1988, 23 de abril de 1990, 7 de noviembre de 1991
y 25 de mayo de 1993.
1. Formulada apelación tan sólo por la recurrente, queda firme el
auto objeto de aquélla en lo que a las objeciones de tipo formal opuestas
por el Registrador se refiere, centrándose la cuestión a debatir tan sólo
en la viabilidad del procedimiento para lograr el fin perseguido, que se
declare en la resolución del recurso gubernativo como improcedentes las
cancelaciones ya practicadas de determinadas anotaciones preventivas de
demanda.
2. De propio tenor literal del artículo 66 de la Ley Hipotecaria resulta
que el recurso gubernativo es el cauce legalmente arbitrado, a salvo la
posibilidad de las partes de acudir a los Tribunales para ventilar y
contender entre sí acerca de la validez o nulidad de los títulos (cfr. artículos 131
y 132 de su Reglamento donde se desarrolla), para impugnar las
calificaciones de los Registradores cuando suspendan o denieguen el asiento
solicitado. Por el contrario, cuando dicha calificación, por ser positiva,
haya sido o no la misma acertada, desemboque en la práctica del asiento
interesado, queda éste bajo la salvaguardia de los Tribunales (cfr. artículo 1
de la misma Ley Hipotecaria) produciendo todos sus efectos mientras no
se declare su inexactitud en los términos establecidos en la propia Ley.
Ello conduce al examen de los mecanismos que para lograr la rectificación
del contenido del registro cuando es inexacto se recogen en el artículo 40
de aquella Ley, entre los que no se contempla el recurso gubernativo.
Con base a tales pronunciamientos legales, es reiterada la doctrina
de este centro directivo (vid. entre otras las Resoluciones citadas en los
vistos) rechazando la vía del recurso gubernativo como instrumento para
lograr la cancelación de asientos que se estimen indebidamente
practicados, que es lo que en este caso se interesa, por lo que ha de confirmarse
el auto apelado que declaró la inadecuación del procedimiento.
Esta Dirección General ha acordado confirmar el auto apelado.
Madrid, 19 de junio de 1999.-El Director general, Luis María Cabello
de los Cobos y Mancha.
Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de
Murcia.
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