Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La Ley número 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en el párrafo segundo de su artículo 80, medidas de modificación y adaptación del régimen jurídico de los consorcios de la zona franca constituidos con arreglo al Real Decreto-ley de 11 de junio de 1929, de bases de puertos, zonas y depósitos francos, autoriza al Gobierno para que, mediante Real Decreto legislativo, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, proceda en el plazo de un año a adecuar la normativa del recurso previsto en el párrafo tercero de la base 9.a del Real Decreto-ley de 11 de junio de 1929, de bases de puertos, zonas y depósitos francos, y en el artículo 131 del Reglamento en que se desarrollan las bases del Real Decreto-ley citado, aprobado por el Real Decreto de 22 de julio de 1930, al sistema tributario vigente, adaptándola a las necesidades de financiación de los consorcios de las zonas francas, refundiendo la citada normativa, reguladora de dicho recursos, con los preceptos tributarios relacionados con la misma, contenidos en la Ley 230/1963, General Tributaria, de 28 de diciembre ; Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, y Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. La delegación legislativa incluye la autorización para regularizar, aclarar y armonizar los textos legales a refundir, para que la normativa en esta materia quede adecuada y adaptada al sistema normativo de la Hacienda Pública actual.
El cumplimiento de la autorización legislativa se ha desarrollado de la siguiente forma:
1.º Adecuación de la normativa del recurso al sistema tributario vigente que implica la delimitación del recurso cuya recaudación se cede ; delimitación del recurso en el caso de entidades y grupos de sociedades a los que sea aplicable el régimen del capítulo VII, del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que actúan dentro y fuera de la zona franca ; previsión de los supuestos de devolución que puedan afectar al recurso ; atribución a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de todas las funciones de gestión tributaria en sentido amplio, sin perjuicio de regular la transferencia del recurso al consorcio por la Agencia Estatal de Administración Tributaria ; procedimiento de liquidación del recurso al consorcio y procedimiento de cálculo del recurso en los supuestos de realización de actividades dentro y fuera de la zona franca.
2.º Adaptación del recurso a las necesidades de financiación de los consorcios de las zonas francas por la que se mantiene la distinción entre gastos de funcionamiento y gastos de inversión ; se establece la regulación de la implantación del recurso cuando hasta la fecha no ha sido hecho efectivo ; la Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá establecer el límite máximo que por el mismo, se atribuirá al consorcio y el exceso de recaudación sobre dicho límite corresponderá al Tesoro.
La Ley Orgánica número 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, en su artículo 21.1 establece que el Consejo de Estado en Pleno deberá ser consultado en los proyectos de Decretos legislativos.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Dictamen del Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre de 1999,
La presente disposición regula la atribución a los consorcios de las zonas francas de los recursos suficientes para la financiación de sus actividades, adaptando y actualizando su regulación a la normativa vigente.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá implantar el recurso regulado en esta disposición, en los consorcios que hasta ahora no lo han hecho efectivo.
El establecimiento de empresas en las zonas francas se efectuará de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes.
Constituye un recurso financiero de los consorcios de las zonas francas a los que se refiere el artículo 80, de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales administrativas y de orden social, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades, correspondiente a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades establecidos en las zonas francas con exclusión de las retenciones e ingresos a cuenta, determinada con arreglo a lo dispuesto en este Real Decreto legislativo. Según la normativa vigente dicho recurso comprende los ingresos derivados de la declaración-liquidación anual y los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades correspondientes a dichos sujetos pasivos.
Cuando se trate de entidades que operen dentro y fuera de la zona franca, el recurso comprenderá únicamente la parte de la deuda del Impuesto sobre Sociedades que corresponda a las operaciones realizadas dentro de la zona franca.
Cuando se trate de grupos de sociedades a los que sea aplicable el régimen del capítulo VII, del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades que operen dentro y fuera de la zona franca, el recurso comprenderá únicamente la parte de la deuda del Impuesto sobre Sociedades que corresponda a las operaciones realizadas dentro de la zona franca.
Los criterios de aplicación de los dos párrafos anteriores podrán ser especificados por Orden del Ministro de Economía y Hacienda.
La gestión, inspección y recaudación del Impuesto sobre Sociedades de las entidades establecidas en la zona franca se realizará por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Para facilitar estas funciones, la Agencia Estatal de Administración Tributaria dispondrá, cuando sea necesario, de oficinas en la zona cuyos locales serán a cargo del consorcio.
El órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, tan pronto tenga conocimiento del ingreso en el Tesoro Público de liquidaciones de la Administración o autoliquidaciones correspondientes a las entidades establecidas en la zona franca, efectuará las oportunas liquidaciones del recurso con cargo al Presupuesto de Ingresos y expedirá el consiguiente libramiento a favor del mismo, en el que se incluirán los correspondientes intereses de demora ingresados por los sujetos pasivos, pero no las sanciones o recargos.
En los supuestos en que la declaración-liquidación anual resulte a devolver, la devolución del Impuesto sobre Sociedades por cada sujeto y ejercicio se realizará, en primer término, con cargo a los pagos fraccionados efectuados por dicho sujeto pasivo y en la proporción en que el consorcio y el Tesoro Público hubieran participado en los mismos.
El importe de los pagos al consorcio por el recurso no superará anualmente el importe máximo que, en su caso, se hubiera fijado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. En este supuesto, el exceso de recaudación del recurso sobre el importe máximo corresponderá al Tesoro.
En los casos de realización de actividades dentro y fuera de la zona franca, por entidades y grupos de sociedades a los que sea aplicable en el régimen del capítulo VII, del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, el órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previo informe del órgano de inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria competente en relación con el sujeto pasivo y del consorcio de la zona franca, sobre la actividad desarrollada en la zona franca por entidades y grupos, determinará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, sobre delimitación del recurso para estas entidades y grupos el importe del recurso que corresponde al consorcio en los ingresos por autoliquidaciones y liquidaciones efectuadas por la Administración en concepto de pagos fraccionados y de la declaración-liquidación anual del Impuesto sobre Sociedades.
A efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 4, la Agencia Estatal de Administración Tributaria determinará provisionalmente la participación del consorcio en la misma proporción que hubiera resultado de la última declaración anual para la que se hubiera fijado.
Una vez que se presente la declaración-liquidación anual del Impuesto sobre Sociedades el órgano competente de inspección emitirá informe sobre el porcentaje de recaudación atribuible al consorcio. Este informe se trasladará al consorcio de la zona franca, para que pueda hacer las alegaciones que estime oportunas. El órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en consecuencia practicará las liquidaciones que procedan a favor o con cargo al presupuesto de ingresos, sin incluir en ningún caso intereses de demora.
El importe de los pagos al consorcio por el recurso no superará anualmente el importe máximo que, en su caso, se hubiera fijado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. En este supuesto, el exceso de recaudación del recurso sobre el importe máximo corresponderá al Tesoro.
Del importe total del recurso correspondiente al consorcio de la zona franca se empleará como máximo el 25 por 100 para los gastos de funcionamiento del mismo. El resto se destinará a inversiones en la zona franca y a las actividades de fomento propias de las Administraciones territoriales que integran los consorcios de las zonas francas.
Los consorcios de la zona franca podrán aplicar el remanente de recaudación no empleado en un ejercicio a idéntica finalidad en ejercicios sucesivos.
Los consorcios que perciban el recurso regulado en esta disposición quedarán sometidos a control financiero ejercido de forma centralizada por la Intervención General de la Administración del Estado, ajustarán su contabilidad a las normas establecidas para las entidades públicas empresariales de carácter estatal y rendirán sus cuentas al Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado.
Quedan derogados la base 9.a del Real Decreto-ley de 11 de junio de 1929, de bases de puertos, zonas y depósitos francos ; y los artículos 128 a 140 del Real Decreto de 22 de julio de 1930, aprobando el Reglamento en que se desarrollan las bases del Real Decreto-ley citado.
Se habilita al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.
Del presente Real Decreto legislativo se dará cuenta al Congreso de los Diputados y al Senado.
Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1999.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda,
RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO
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