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Documento BOE-A-1999-846

Ley Orgnica 5/1999, de 13 de enero, de modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la accin investigadora relacionada con el trfico ilegal de drogas y otras actividades ilcitas graves.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgnica.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

La criminalidad organizada ha adquirido en nuestro tiempo una alarmante dimensin, tanto por su importancia, como por el modus operandi con que acta.

Ante este nuevo reto, los sucesivos Gobiernos han ido poniendo instrumentos de todo orden en manos de quienes tienen la misin de perseguir y reprimir dichas conductas, si bien existen todava algunos de los que puede dotarse legtimamente un Estado en su lucha contra esas formas de criminalidad que no han tenido acogida en nuestro sistema jurdico.

Asimismo, la persecucin de los fenmenos relacionados con la delincuencia organizada y su vinculacin al trfico ilegal de drogas, comn motivo de preocupacin para todas las naciones, ha sido en los ltimos aos materia de urgente atencin y absoluta prioridad, como viene a demostrar la elaboracin de distintos instrumentos jurdicos internacionales. En esta lnea, destaca la aprobacin en el marco de las Naciones Unidas de la Convencin contra el trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, en donde se insta a las Partes firmantes de la misma, entre ellas Espaa, a adoptar las medidas necesarias, incluidas las de orden legislativo y administrativo, que, de conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurdicos internos, sean necesarias para hacer frente con la mayor eficacia a los diversos aspectos de trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas que tengan una proyeccin internacional.

Las reformas que se incorporan en la presente Ley parten de la insuficiencia de las tcnicas de investigacin tradicionales en la lucha contra este tipo de criminalidad organizada, que generalmente acta en mbitos transnacionales y con abundancia de medios conducentes a la perpetracin de los delitos. De esta forma, se introducen en el ordenamiento jurdico medidas legales especiales que permitan a los miembros de la Polica Judicial participar del entramado organizativo, detectar la comisin de delitos e informar sobre sus actividades, con el fin de obtener pruebas inculpatorias y proceder a la detencin de sus autores. Todas estas modificaciones deben introducirse respetando el fin del proceso penal que no es otro que el descubrimiento de la verdad real y la aplicacin de la ley penal al caso concreto, teniendo siempre en cuenta que los lmites de las tcnicas propuestas de investigacin se encuentran en el sistema de derechos y garantas que la Constitucin reconoce a todo imputado, ya que por ms abyectas que sean las formas de delincuencia que se tratan de combatir, ello no justifica la utilizacin de medios investigadores que puedan violentar garantas constitucionales. Por tanto, la bsqueda de medios jurdicos eficaces para luchar contra la criminalidad organizada no debe comportar un detrimento de la plena vigencia de los principios, derechos y garantas constitucionales, y la preservacin de los aludidos principios, derechos y garantas exige, siempre que exista conflicto, que el mismo se resuelva en favor de estos ltimos, porque ellos constituyen el verdadero fundamento de nuestro sistema democrtico.

Por todo ello, en el presente texto se contempla en primer lugar la regulacin de la entrega vigilada contenida en el artculo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluido en sta por la Ley Orgnica 8/1992, de 23 de diciembre, de modificacin del Cdigo Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que hasta este momento estaba referida exclusivamente al delito de trfico de drogas, para extenderla tambin a otras formas de criminalidad organizada. La extensin que ahora se opera est en concordancia con la obligacin impuesta a los Estados Parte en el artculo 11 de la citada Convencin de las Naciones Unidas contra el trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas y con la necesidad de combatir otras formas de criminalidad organizada, no relacionadas con el trfico de drogas, con la mayor eficacia posible.

Por otra parte, se aade a la Ley de Enjuiciamiento Criminal un nuevo artculo 282 bis, que proporciona habilitacin legal a la figura del agente encubierto en el marco de las investigaciones relacionadas con la denominada delincuencia organizada. De esta forma, se posibilita el otorgamiento y la utilizacin de una identidad supuesta a funcionarios de la Polica Judicial, que puede mantenerse en el eventual proceso judicial posterior, con lo que se completa el rgimen de proteccin que prevea la Ley Orgnica 19/1994, de 23 de diciembre, respecto a peritos y testigos de causas criminales. Asimismo, se delimita a estos efectos el concepto de delincuencia organizada, determinando las figuras delictivas que comprende. Finalmente, se faculta al agente encubierto para utilizar, bajo estricto control judicial y fiscal, medios complementarios de investigacin.

Artculo primero.

Se modifica, en el Ttulo I del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el artculo 263 bis, que tendr la siguiente redaccin:

1. El Juez de Instruccin competente y el Ministerio Fiscal, as como los Jefes de las Unidades Orgnicas de Polica Judicial, centrales o de mbito provincial, y sus mandos superiores podrn autorizar la circulacin o entrega vigilada de drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas, as como de otras sustancias prohibidas. Esta medida deber acordarse por resolucin fundada, en la que se determine explcitamente, en cuanto sea posible, el objeto de autorizacin o entrega vigilada, as como el tipo y cantidad de la sustancia de que se trate. Para adoptar estas medidas se tendr en cuenta su necesidad a los fines de investigacin en relacin con la importancia del delito y con las posibilidades de vigilancia. El Juez que dicte la resolucin dar traslado de copia de la misma al Juzgado Decano de su jurisdiccin, el cual tendr custodiado un registro de dichas resoluciones.

Tambin podr ser autorizada la circulacin o entrega vigilada de los equipos, materiales y sustancias a los que se refiere el artculo 371 del Cdigo Penal, de los bienes y ganancias a que se hace referencia en el artculo 301 de dicho Cdigo en todos los supuestos previstos en el mismo, as como de los bienes, materiales, objetos y especies animales y vegetales a los que se refieren los artculos 332, 334, 386, 566, 568 y 569, tambin del Cdigo Penal.

2. Se entender por circulacin o entrega vigilada la tcnica consistente en permitir que remesas ilcitas o sospechosas de drogas txicas, sustancias psicotrpicas u otras sustancias prohibidas, los equipos, materiales y sustancias a que se refiere el apartado anterior, las sustancias por las que se haya sustituido las anteriormente mencionadas, as como los bienes y ganancias procedentes de las actividades delictivas tipificadas en los artculos 301 a 304 y 368 a 373 del Cdigo Penal, circulen por territorio espaol o salgan o entren en l sin interferencia obstativa de la autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisin de algn delito relativo a dichas drogas, sustancias, equipos, materiales, bienes y ganancias, as como tambin prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines.

3. El recurso a la entrega vigilada se har caso por caso y, en el plano internacional, se adecuar a lo dispuesto en los tratados internacionales.

Los Jefes de las Unidades Orgnicas de la Polica Judicial centrales o de mbito provincial o sus mandos superiores darn cuenta inmediata al Ministerio Fiscal sobre las autorizaciones que hubiesen otorgado de conformidad con el apartado 1 de este artculo y, si existiese procedimiento judicial abierto, al Juez de Instruccin competente.

4. La interceptacin y apertura de envos postales sospechosos de contener estupefacientes y, en su caso, la posterior sustitucin de la droga que hubiese en su interior se llevarn a cabo respetando en todo momento las garantas judiciales establecidas en el ordenamiento jurdico, con excepcin de lo previsto en el artculo 584 de la presente Ley. Artculo segundo.

Se aade en el Ttulo III del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal un artculo 282 bis con la siguiente redaccin:

1. A los fines previstos en el artculo anterior y cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada, el Juez de Instruccin competente o el Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al Juez, podrn autorizar a funcionarios de la Polica Judicial, mediante resolucin fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigacin, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautacin de los mismos. La identidad supuesta ser otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por perodos de igual duracin, quedando legtimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigacin concreta y a participar en el trfico jurdico y social bajo tal identidad.

La resolucin por la que se acuerde deber consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuar en el caso concreto.

La resolucin ser reservada y deber conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad.

La informacin que vaya obteniendo el agente encubierto deber ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autoriz la investigacin. Asimismo, dicha informacin deber aportarse al proceso en su integridad y se valorar en conciencia por el rgano judicial competente.

2. Los funcionarios de la Polica Judicial que hubieran actuado en una investigacin con identidad falsa de conformidad a lo previsto en el apartado 1, podrn mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que as se acuerde mediante resolucin judicial motivada, sindole tambin de aplicacin lo previsto en la Ley Orgnica 19/1994, de 23 de diciembre.

Ningn funcionario de la Polica Judicial podr ser obligado a actuar como agente encubierto.

3. Cuando las actuaciones de investigacin puedan afectar a los derechos fundamentales, el agente encubierto deber solicitar del rgano judicial competente las autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitucin y la Ley, as como cumplir las dems previsiones legales aplicables.

4. A los efectos sealados en el apartado 1 de este artculo, se considerar como delincuencia organizada la asociacin de tres o ms personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes:

a) Delito de secuestro de personas previsto en los artculos 164 a 166 del Cdigo Penal.

b) Delitos relativos a la prostitucin previstos en los artculos 187 a 189 del Cdigo Penal.

c) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconmico previstos en los artculos 237, 243, 244, 248 y 301 del Cdigo Penal.

d) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los artculos 312 y 313 del Cdigo Penal.

e) Delitos de trfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los artculos 332 y 334 del Cdigo Penal.

f) Delito de trfico de material nuclear y radiactivo previsto en el artculo 345 del Cdigo Penal.

g) Delitos contra la salud pblica previstos en los artculos 368 a 373 del Cdigo Penal.

h) Delito de falsificacin de moneda previsto en el artculo 386 del Cdigo Penal.

i) Delito de trfico y depsito de armas, municiones o explosivos previsto en los artculos 566 a 568 del Cdigo Penal.

j) Delitos de terrorismo previstos en los artculos 571 a 578 del Cdigo Penal.

k) Delitos contra el Patrimonio Histrico previstos en el artculo 2.1.e) de la Ley Orgnica 12/1995, de 12 de diciembre, de represin del contrabando.

5. El agente encubierto estar exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacin, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocacin al delito.

Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la investigacin, el Juez competente para conocer la causa deber, tan pronto tenga conocimiento de la actuacin de algn agente encubierto en la misma, requerir informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atencin al cual resolver lo que a su criterio proceda. Disposicin derogatoria nica.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposicin final nica. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto, Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgnica.

Madrid, 13 de enero de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS MARA AZNAR LPEZ

Análisis

  • Rango: Ley Orgnica
  • Fecha de disposición: 13/01/1999
  • Fecha de publicación: 14/01/1999
  • Entrada en vigor: 15 de enero de 1999.
Referencias anteriores
  • MODIFICA el art. 263 bis en el ttulo I del libro II y AADE un art. 282 bis al ttulo III del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1882-6036).
  • CITA:
Materias
  • Delincuencia organizada
  • Delitos cometidos por grupos o bandas armados
  • Delitos contra la salud pblica
  • Enjuiciamiento Criminal
  • Polica Judicial

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