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Documento BOE-A-2005-3724

Orden APU/516/2005, de 3 de marzo, por la que se dispone la publicacin del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que se aprueba el Cdigo de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administracin General del Estado.

TEXTO

El Consejo de Ministros, en su reunin de 18 de febrero de 2005, adopt un Acuerdo por el que se aprueba el Cdigo de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administracin General del Estado.

Considerando necesario el conocimiento general del mencionado Acuerdo, que se inserta a continuacin, dispongo su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Madrid, 3 de marzo de 2005.

SEVILLA SEGURA

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL CDIGO DE BUEN GOBIERNO DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIN GENERAL DEL ESTADO

Desde la entrada en vigor de la Constitucin Espaola, el ordenamiento jurdico espaol se ha enriquecido con diversas normas que conforman el marco en el que han de actuar los altos cargos, los funcionarios pblicos y el resto del personal de las Administraciones pblicas para ejercer sus funciones de acuerdo al bloque de la legalidad, que garantiza la transparencia, eficacia y dedicacin plena a sus funciones pblicas y evita toda aquella actividad o inters que pudiera comprometer su independencia e imparcialidad o menoscabar el desempeo de sus deberes pblicos.

No obstante, en el momento actual, se hace necesario que los poderes pblicos ofrezcan a los ciudadanos el compromiso de que todos los altos cargos en el ejercicio de sus funciones han de cumplir no slo las obligaciones previstas en las leyes, sino que, adems, su actuacin ha de inspirarse y guiarse por principios ticos y de conducta que hasta ahora no han sido plasmados expresamente en las normas, aunque s se inducan de ellas y que conforman un cdigo de buen gobierno.

Se trata, pues, de establecer en dicho cdigo el respeto a una amplia gama de exigencias entre las que se encuentran no slo el cumplimiento de las normas legales o reglamentarias, sino tambin de otras garantas adicionales, que configuran un pacto de los poderes pblicos con los ciudadanos, en torno a los principios de funcionamiento de las instituciones en el seno de la democracia espaola.

La elaboracin de este cdigo responde fielmente a las lneas directrices de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE) y otras organizaciones internacionales, por lo que supone una eficaz poltica de prevencin y gestin de estos conflictos, acorde con experiencias similares adoptadas por otros pases de tradicin y raigambre democrtica.

En tal sentido, y por lo que respecta a la Administracin General del Estado, se trata de ofrecer a los ciudadanos un cdigo de buen gobierno, donde se definan y expongan los valores de referencia que han de regir la actuacin de los miembros del Gobierno y de sus altos cargos para responder a las demandas y exigencias de los ciudadanos en cuanto integrantes de la comunidad poltica en la que viven y ofrecer un compromiso slido de respeto, proteccin y fomento de todas las aspiraciones de los individuos en un marco de solidaridad, libertad y justicia.

Los valores de referencia no suponen un repertorio de principios ticos sin trascendencia jurdica alguna. Se trata, por el contrario, de principios inducidos de las normas vigentes en el ordenamiento jurdico espaol, de forma que cada uno de ellos tiene su manifestacin concreta en una norma que prev la consecuencia jurdica de su incumplimiento o cumplimiento defectuoso. Su exigencia, en todo caso, se producir en los trminos previstos en el ordenamiento jurdico, principalmente en la Constitucin y en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, para los miembros de este.

En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Administraciones Pblicas, en su reunin del da 18 de febrero de 2005, aprueba el siguiente Acuerdo:

Primero.

Se aprueba el Cdigo de Buen Gobierno aplicable a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administracin General del Estado y de las entidades del sector pblico estatal, de derecho pblico o privado, vinculadas o dependientes de aquella.

Segundo.

A tal fin, tendrn la consideracin de alto cargo los que la tengan a los efectos de la normativa sobre incompatibilidades.

ANEXO
Cdigo de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administracin General del Estado
Primero. Principios bsicos.

Los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administracin General del Estado actuarn, en el desempeo de sus funciones, de acuerdo con la Constitucin y el resto del ordenamiento jurdico, y ajustarn sus actuaciones a los siguientes principios ticos y de conducta que se desarrollan en este Cdigo: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicacin al servicio pblico, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, y promocin del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres.

Segundo. Principios ticos.

1. Los altos cargos promovern los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos, y evitarn toda actuacin que pueda producir discriminacin alguna por razn de nacimiento, raza, sexo, religin, opinin o cualquier otra condicin o circunstancia personal o social.

2. La adopcin de decisiones perseguir siempre la satisfaccin de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentar en consideraciones objetivas orientadas hacia el inters comn, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

3. Se abstendrn de toda actividad privada o inters que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto pblico. Se entiende que existe conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la vez intereses de su puesto pblico e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas.

4. Velarn por promover el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, y removern los obstculos que puedan dificultarla.

5. Se sometern a las mismas condiciones y exigencias previstas para el resto de los ciudadanos en las operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurdicos que realicen.

6. No aceptarn ningn trato de favor o situacin que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas fsicas o entidades privadas.

7. No influirn en la agilizacin o resolucin de trmite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningn caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de estos cargos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

8. Actuarn de acuerdo con los principios de eficacia, economa y eficiencia, y vigilarn siempre la consecucin del inters general y el cumplimiento de los objetivos de la organizacin.

9. Se abstendrn de todo tipo de negocios y actividades financieras que puedan comprometer la objetividad de la Administracin en el servicio a los intereses generales.

10. Sus actividades pblicas relevantes sern transparentes y accesibles para los ciudadanos con las nicas excepciones previstas en las leyes.

11. Asumirn la responsabilidad en todo momento de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.

12. Asumirn la responsabilidad de sus actuaciones ante los superiores y no las derivarn hacia los subordinados sin causa objetiva.

13. Ejercern sus atribuciones segn los principios de buena fe y dedicacin al servicio pblico y se abstendrn no solo de conductas contrarias a aquellos, sino tambin de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios pblicos que tuvieran encomendados.

14. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes sobre la difusin de informacin de inters pblico, se mantendrn el sigilo, la reserva y la discrecin en relacin con los datos e informes que se conocieran por razn del cargo.

Tercero. Principios de conducta.

1. El desempeo de los altos cargos exige la plena dedicacin.

2. El desempeo de cargos en rganos ejecutivos de direccin de partidos polticos, en ningn caso menoscabar o comprometer el ejercicio de sus funciones.

3. Garantizarn el ejercicio del derecho de los ciudadanos a la informacin sobre el funcionamiento de los servicios pblicos que tengan encomendados, con las limitaciones que establezcan normas especficas.

4. En el ejercicio de sus funciones extremarn el celo de modo que el desempeo de las obligaciones contradas sea una efectiva referencia de ejemplaridad en la actuacin de los empleados pblicos. Esta ejemplaridad habr de predicarse, igualmente, en el cumplimiento de las obligaciones que, como ciudadanos, les exigen las leyes.

5. Administrarn los recursos pblicos con austeridad y evitarn actuaciones que puedan menoscabar la dignidad con que ha de ejercerse el cargo pblico.

6. Se rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya ms all de los usos habituales, sociales y de cortesa o prstamos u otras prestaciones econmicas que puedan condicionar el desempeo de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Cdigo Penal. En el caso de obsequios de mayor significacin de carcter institucional se incorporarn al patrimonio del Estado, en los trminos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pblicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente.

7. En el desempeo de sus funciones sern accesibles a todos los ciudadanos y extremarn la diligencia en contestar todos los escritos, solicitudes y reclamaciones que estos realicen.

8. El tratamiento oficial de carcter protocolario de los miembros del Gobierno y de los altos cargos ser el de seor/seora, seguido de la denominacin del cargo, empleo o rango correspondiente. En misiones oficiales en el extranjero les corresponder el tratamiento que establezca la normativa del pas u organizacin internacional correspondiente.

9. Se abstendrn de realizar un uso impropio de los bienes y servicios que la Administracin General del Estado pone a su disposicin por razn del cargo.

10. La proteccin del entorno cultural y de la diversidad lingstica inspirar las actuaciones de los altos cargos en el ejercicio de sus competencias, as como la proteccin y mejora de la calidad del medio ambiente.

11. Garantizarn la constancia y permanencia de los documentos para su transmisin y entrega a sus posteriores responsables.

Cuarto. Cumplimiento del Cdigo de Buen Gobierno.

1. Anualmente el Consejo de Ministros conocer un informe elevado por el Ministro de Administraciones Pblicas, sobre los eventuales incumplimientos de los principios ticos y de conducta con el fin de analizar los procedimientos y actuaciones que pueden posibilitar su trasgresin y proponer las medidas que se estimen convenientes para asegurar la objetividad de las decisiones de la Administracin y de las instituciones pblicas.

2. El Consejo de Ministros, en el supuesto de que hubiera incumplimientos de los principios del cdigo, adoptar las medidas oportunas.

Análisis

  • Rango: Orden
  • Fecha de disposición: 03/03/2005
  • Fecha de publicación: 07/03/2005
  • Fecha de derogación: 20/04/2015
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DEROGA el Acuerdo, por Ley 3/2015, de 30 de marzo (Ref. BOE-A-2015-3444).
Referencias anteriores
  • DE CONFORMIDAD con la Ley 50/1997, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-1997-25336).
Materias
  • Administracin General del Estado
  • Altos cargos
  • Funcin Pblica
  • Gobierno

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