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Documento BOE-A-2006-9959

Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unin Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

La creacin del espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unin Europea encuentra en la cooperacin judicial internacional una de sus piezas esenciales. Una importancia que contrasta con las dificultades que han de superarse para su consecucin, y que se derivan de sus implicaciones con la soberana de los Estados, de las diferencias entre los sistemas penales y procesales de los distintos Estados, las barreras lingsticas y la lentitud de los instrumentos tradicionales de cooperacin.

Para la superacin de estos obstculos la Unin Europea propone un avance definitivo que supere las formas clsicas de cooperacin judicial internacional a travs, entre otros, de la recuperacin del concepto de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, que se consagr en la Cumbre de Tampere como piedra angular de la cooperacin judicial en materia civil y penal en la Unin.

La primera plasmacin de este principio se concret en la Decisin Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detencin europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros que dio lugar a la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detencin y entrega, y a la Ley Orgnica 2/2003, de14 de marzo, complementaria de la anterior.

El siguiente paso en esta direccin se ha dado con la aprobacin en la Unin Europea de la Decisin Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecucin en la Unin Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas, que se incorpora al derecho espaol con esta Ley. Un paso al que seguirn otros en un plazo previsiblemente breve, que darn forma a una nueva cooperacin judicial en materia penal.

II

El objeto de esta norma es establecer el mecanismo a travs del cual se van a transmitir por parte de las autoridades judiciales espaolas las medidas de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas acordadas en procedimientos penales cuando los objetos, datos o documentos objeto de la medida se encuentren en otro Estado miembro de la Unin Europea. E, igualmente, de qu forma las autoridades judiciales espaolas van a reconocer y cumplir tales resoluciones cuando provengan de una autoridad judicial de otro Estado miembro.

Nuevamente, siguiendo las pautas acordadas para la orden europea de detencin y entrega, una de las principales novedades de la Ley es la renuncia a la exigencia del control de la doble incriminacin para una serie de infracciones que se establecen en la decisin marco, siempre que la pena prevista para ellos en el Estado de emisin supere el umbral sealado, y que comprende las penas privativas de libertad cuya duracin mxima sea de al menos tres aos. Para el resto de los casos se prev el mantenimiento de la exigencia de la doble tipicidad.

Como consecuencia de la actuacin del principio de reconocimiento mutuo, la decisin de la autoridad judicial de reconocer y ejecutar la orden acordada por la autoridad judicial extranjera es casi automtica sin necesidad de verificar su conformidad con su ordenamiento jurdico interno, y se limitan los supuestos de denegacin de la ejecucin de la decisin transmitida a causas tasadas y estrictamente previstas en esta Ley.

En este caso, a diferencia de la decisin marco que crea la orden europea de detencin y entrega, la norma europea no crea un ttulo ad hoc, sino que se limita a especificar que junto a la decisin original que adopte la medida de embargo o aseguramiento de pruebas se enviar un certificado conforme al modelo que se establece en el anexo de esta Ley, traducido a la lengua que en cada caso resulte oportuno.

III

De conformidad con la Decisin Marco 2003/577/JAI, el mbito de esta norma no comprende cualquier medida de embargo que pueda adoptarse en el curso de un proceso penal. Por lo pronto, no se incluyen en su mbito de aplicacin ni las medidas cautelares personales, como sera la entrega de detenidos, ni las medidas cautelares reales propias del proceso civil, incluso aunque se ejerciten –como de ordinario ocurre en el proceso espaol– acumuladas al proceso penal, cuyo objeto ser la restitucin de cosas determinadas, la reparacin del dao y la indemnizacin de daos y perjuicios. Tampoco se comprenden cualesquiera medidas cautelares reales propias del proceso penal, como seran aquellas que pretendieran asegurar la efectividad de la imposicin de una pena de multa o el pago de las costas procesales.

Es preciso aclarar que el empleo del trmino embargo en esta ley se separa del concepto que hoy recoge la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, como medida que afecta a aquellos bienes del procesado que sean suficientes para cubrir su responsabilidad civil. Frente a ello, esta Ley se enmarca en el mbito de la cooperacin judicial internacional, lo que ha llevado a asimilar el trmino embargo con el significado que esta expresin tiene en el ordenamiento de los pases de nuestro entorno, por lo que con ello se comprendern una amplia gama de diligencias aseguratorias del cuerpo del delito, tales como su recogida, bloqueo, conservacin, intervencin, incautacin o puesta en depsito judicial.

Es as como las medidas que se adoptarn y tramitarn conforme a esta Ley, bien cuando sean solicitadas por una autoridad judicial de otro Estado miembro de la Unin Europea, bien cuando su cumplimiento sea pedido por una autoridad judicial espaola, sern las que tengan por objeto asegurar la efectividad de un futuro decomiso o el aseguramiento de los elementos de prueba que hayan de utilizarse posteriormente en el proceso. Se trata, por tanto, de dar agilidad a aquellas actuaciones que se llevan a cabo con el propsito de permitir a las autoridades judiciales competentes actuar rpidamente para asegurar las pruebas y proceder al embargo de bienes que sean fcilmente transferibles.

Tratndose de una ley relativa a la cooperacin judicial internacional, conviene recordar que el concepto de autoridad judicial no se limita a los rganos judiciales sino que incluye al Ministerio Fiscal, de conformidad con lo que ya disponen los convenios internacionales en esta materia y la Ley 50/1981, de 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgnico del Ministerio Fiscal.

IV

La Ley se estructura en tres captulos. El primero de ellos contiene las disposiciones generales de la Ley, que comprenden la determinacin de su objeto, las medidas a las que se refiere y los reembolsos a que este auxilio judicial podr dar lugar entre Espaa y el Estado miembro del tribunal que solicita o al que se pide la adopcin de estas medidas.

El captulo II regula la solicitud activa de las autoridades judiciales espaolas para la ejecucin en otro Estado de decisiones de embargo de bienes o aseguramiento de pruebas que se encuentren en el territorio de otro Estado miembro. Y el captulo III contiene las normas aplicables desde el punto de vista pasivo, es decir las normas reguladoras de la actividad de las autoridades judiciales espaolas cuando presten auxilio judicial para la ejecucin de las medidas a las que se refiere la Ley y que sean transmitidas por las autoridades judiciales de otros Estados miembros de la Unin Europea. Unas normas que comienzan por la declaracin del principio de no control de doble incriminacin de determinados delitos, en la lnea que siguen las Decisiones Marco de la Unin Europea, y que no excluyen supuestos en los que s se exige tal control.

V

Toda esta regulacin se basa en el principio de reconocimiento mutuo y ejecucin inmediata de las resoluciones judiciales, de tal forma que la cooperacin entre Estados miembros se entiende en la confianza de que las resoluciones que se han de reconocer y ejecutar se dictarn siempre de acuerdo con los principios de legalidad, subsidiariedad y proporcionalidad.

Una novedad importante de la Ley viene constituida por la recepcin en nuestro Derecho de la regla forum regit actum, que significa el respeto a los procedimientos exigidos por la ley del Estado requirente en la prestacin del auxilio judicial, aun cuando no sean los acostumbrados en el Estado requerido o de ejecucin y siempre que no sean contrarios a los principios generales de su derecho. Y es que, en este mbito de la cooperacin judicial internacional, las leyes de cada Estado no pueden determinar todos los aspectos que habrn de observarse por sus autoridades judiciales en el desarrollo de esta actividad, por cuanto en muchas ocasiones tambin tendrn que cumplir las previsiones que exija la legislacin del Estado con el que se lleva a cabo esta cooperacin. Este es el caso de las previsiones de la Ley relativas a las comunicaciones entre las autoridades judiciales, en las que las autoridades espaolas debern realizarlas en la forma que exija la legislacin del Estado al que se dirigen para asegurarse de su autenticidad, mientras que los dems Estados miembros de la Unin Europea tendrn que ajustarse en sus comunicaciones a las autoridades espaolas a los requisitos que establece nuestro ordenamiento.

La Ley se ocupa de preservar los derechos que asisten a las partes y a los terceros interesados de buena fe. Se prevn los limitados supuestos de denegacin del reconocimiento y la ejecucin de la medida, as como las posibilidades de suspensin de la ejecucin. Por ltimo, como garanta para los ciudadanos afectados, se prevn los recursos que los posibles interesados podrn utilizar.

Finalmente, como complemento de esta Ley, se modifica el artculo 338 y se introduce un nuevo captulo en el ttulo V del libroII de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el cual se regula la destruccin y realizacin anticipada de los efectos judiciales. Unas medidas que han de servir, con carcter general, para agilizar la gestin de los bienes embargados en los procesos penales, y que tambin se van a aplicar cuando se trate de bienes embargados a peticin de autoridades judiciales extranjeras.

CAPTULO I
Disposiciones generales
Artculo 1. Objeto y definiciones.

1. Esta Ley tiene por objeto regular el procedimiento que deben seguir las autoridades judiciales espaolas para transmitir, a las autoridades correspondientes de los dems Estados miembros de la Unin Europea, una resolucin en la que se acuerde el embargo de bienes o una medida de aseguramiento de pruebas, adoptada en el curso de un procedimiento penal, cuando los bienes de que se trate se encuentren en el territorio de aqullos.

2. Se regula, asimismo, la actuacin que habr de desarrollarse por parte de las autoridades judiciales espaolas cuando reciban una resolucin de embargo o de aseguramiento de pruebas emitida por una autoridad judicial de otro Estado miembro de la Unin Europea, en el curso de un procedimiento penal, para su reconocimiento y ejecucin sobre bienes que se encuentren en territorio espaol.

3. A los efectos de esta Ley, se entender por autoridad judicial de emisin la autoridad judicial del Estado miembro que sea competente para acordar las medidas a las que se refiere esta Ley en virtud del derecho de ese Estado.

Asimismo, se entender por autoridad judicial de ejecucin la autoridad judicial del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el bien o documento que sea competente para ejecutar las medidas a las que se refiere esta Ley en virtud del derecho de ese Estado.

Artculo 2. Resoluciones de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas.

Las resoluciones de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas a las que se refiere esta Ley se dirigen a impedir provisionalmente la destruccin, transformacin, desplazamiento, transferencia o enajenacin de bienes que pudieran ser sometidos a decomiso o utilizarse como medios de prueba.

Las resoluciones de embargo podrn adoptarse en relacin a cualquier tipo de bien, sea material o inmaterial, mueble o inmueble, as como a los documentos acreditativos de un ttulo o derecho.

El aseguramiento de pruebas podr adoptarse en relacin a los objetos, documentos o datos que posteriormente puedan utilizarse como medio de prueba en un procedimiento penal.

Artculo 3. Autoridades judiciales espaolas competentes.

1. En Espaa, son autoridades judiciales competentes para emitir una resolucin de embargo y aseguramiento de pruebas el juez o tribunal que conozca de la causa en la que se deba adoptar la medida, as como los fiscales que dirijan las diligencias de investigacin en las que se deba adoptar una medida de aseguramiento de pruebas que no sea limitativa de derechos fundamentales.

2. En Espaa, son autoridades judiciales competentes para ejecutar una resolucin de embargo y aseguramiento de pruebas los jueces de instruccin del lugar donde se encuentren los bienes objeto de embargo o las pruebas que deban ser aseguradas, as como los fiscales para la ejecucin de aquellas medidas de aseguramiento de pruebas que pueden realizar dentro de sus competencias.

3. Los fiscales remitirn trimestralmente al Fiscal General del Estado un listado de las resoluciones emitidas o recibidas en Espaa, que se transmitirn al Ministerio de Justicia, a efectos estadsticos.

Artculo 4. Indemnizaciones y reembolsos.

1. El Estado espaol reembolsar al Estado al que se haya transmitido la resolucin las cantidades abonadas en concepto de reparacin de daos y perjuicios causados a los titulares de derechos e intereses legtimos, siempre y cuando stos no se debieran exclusivamente a la actividad de dicho Estado.

2. El Estado espaol reclamar al Estado de la autoridad judicial de emisin el reembolso de las cantidades abonadas en concepto de reparacin de daos y perjuicios causados a los titulares de derechos e intereses legtimos, siempre y cuando stos no sean consecuencia exclusivamente del funcionamiento anormal de la Administracin de Justicia o de error judicial.

CAPTULO II
Transmisin por las autoridades espaolas de una resolucin de embargo o aseguramiento de pruebas para su ejecucin en otro Estado miembro de la Unin Europea
Artculo 5. Transmisin de las resoluciones de embargo de bienes y de aseguramiento de pruebas.

1. Cuando una autoridad judicial espaola considere necesaria una medida de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas que se encuentren en el territorio de otro Estado miembro de la Unin Europea, enviar su resolucin a la autoridad judicial competente para que proceda a su ejecucin.

2. Cuando no se conozca la autoridad judicial de ejecucin competente, se solicitar la informacin correspondiente por todos los medios necesarios, incluidos los puntos de contacto espaoles de la Red Judicial Europea (RJE).

Artculo 6. Documentacin.

1. La medida de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas que se dirija a una autoridad judicial de otro Estado miembro de la Unin Europea se adoptar mediante auto o resolucin motivada. Ir acompaada del certificado previsto en el anexo de esta Ley y se transmitir directamente a la autoridad judicial de ejecucin competente, por cualquier medio que deje constancia escrita en condiciones que permitan a la autoridad judicial a la que se dirige establecer su autenticidad.

2. En la resolucin se expresar con claridad si la cooperacin judicial que se requiere consiste en la transferencia a la autoridad judicial espaola de los elementos de prueba o de los bienes objeto de embargo, o su permanencia en ese Estado.

3. El certificado, que ir firmado por la autoridad judicial espaola que lo expida, se traducir a la lengua oficial, o a una de las lenguas oficiales, del Estado miembro al que pertenece la autoridad judicial al que se dirige o, en su caso, a una lengua oficial de las instituciones comunitarias que hubiera aceptado dicho Estado.

Artculo 7. Derecho aplicable a la medida acordada.

La medida acordada se ejecutar con arreglo al ordenamiento jurdico del Estado en el que haya de tener lugar.

Cuando sea necesario para garantizar la validez de los medios de prueba, la autoridad judicial espaola solicitar a la autoridad judicial requerida que observe para la ejecucin de la medida las formalidades y los procedimientos que expresamente se indiquen.

Artculo 8. Cese de las medidas.

El cese de las medidas se comunicar inmediatamente a la autoridad judicial a la que se transmiti la resolucin.

Artculo 9. Recursos.

Contra las resoluciones de una autoridad judicial espaola que acuerden la adopcin de alguna de las medidas contempladas en este captulo, se podrn interponer los recursos previstos en el ordenamiento jurdico espaol.

CAPTULO III
Ejecucin en Espaa de las resoluciones de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas emitidas por las autoridades judiciales de otro Estado miembro de la Unin Europea
Artculo 10. Doble tipificacin de los delitos.

1. Las resoluciones sobre aseguramiento de prueba o posterior decomiso de bienes acordada por el Estado de emisin para su ejecucin en Espaa no estarn sujetas a control de la doble tipificacin cuando se refieran a hechos enjuiciados como algunos de los delitos que se enuncian a continuacin, siempre que estn castigados en dicho Estado con penas privativas de libertad cuya duracin mxima sea de al menos tres aos. Estos delitos son los siguientes:

Pertenencia a una organizacin delictiva.

Terrorismo.

Trata de seres humanos.

Explotacin sexual de menores y pornografa infantil.

Trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas.

Trfico ilcito de armas, municiones y explosivos.

Corrupcin.

Fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas.

Blanqueo del producto del delito.

Falsificacin de moneda, incluida la falsificacin del euro.

Delitos de alta tecnologa, en particular, el delito informtico.

Delitos contra el medio ambiente, incluido el trfico ilcito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas.

Ayuda a la entrada y residencia en situacin ilegal.

Homicidio voluntario, agresin con lesiones graves.

Trfico ilcito de rganos y tejidos humanos.

Secuestro, detencin ilegal y toma de rehenes.

Racismo y xenofobia.

Robos organizados o a mano armada.

Trfico ilcito de bienes culturales, incluidas las antigedades y las obras de arte.

Estafa.

Chantaje y extorsin de fondos.

Violacin de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificacin de mercancas.

Falsificacin de documentos administrativos y trfico de documentos falsos.

Falsificacin de medios de pago.

Trfico ilcito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento.

Trfico ilcito de materiales radiactivos o sustancias nucleares.

Trfico de vehculos robados.

Violacin.

Incendio voluntario.

Delitos incluidos en la jurisdiccin de la Corte Penal Internacional.

Secuestro de aeronaves y buques.

Sabotaje.

2. Cuando una autoridad judicial espaola reciba la resolucin de una autoridad judicial de otro Estado miembro de la Unin Europea para que ejecute una medida de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas, que se refiera a un supuesto no previsto en el apartado anterior, supeditar su reconocimiento y ejecucin a la condicin de que los hechos por los cuales se haya dictado la resolucin sean constitutivos de delito con arreglo a la ley espaola, con independencia de cules sean los elementos constitutivos o la descripcin del delito en la legislacin del Estado de emisin.

3. En materia de impuestos o de derechos de aduana y de cambio, no podr denegarse la ejecucin de la medida aduciendo que la legislacin espaola no impone el mismo tipo de impuestos o derechos o no contiene la misma regulacin que el Estado de emisin.

Artculo 11. Reconocimiento y ejecucin inmediata.

1. Las autoridades judiciales espaolas competentes reconocern sin ms trmite y ejecutarn de inmediato la resolucin de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas transmitida por una autoridad judicial de otro Estado miembro de la Unin Europea cuando se trate de alguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del artculo 10.

Cuando el certificado que acompae a la resolucin de ejecucin de una medida no venga traducido al espaol, se remitir inmediatamente a la autoridad judicial que lo hubiera firmado para que lleve a cabo la traduccin correspondiente.

Las autoridades judiciales espaolas admitirn las resoluciones de ejecucin de las medidas que regula esta Ley que se efecten mediante correo certificado, fax o medios informticos o telemticos cuando en estos dos ltimos casos se trate de documentos firmados electrnicamente, que permitan verificar su autenticidad.

2. Cuando la autoridad judicial que reciba la resolucin no sea competente para reconocerla y adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento, deber transmitir dicha resolucin, de oficio, a la autoridad que resulte competente para su ejecucin y notificarlo a la autoridad judicial de emisin.

3. La decisin de ejecucin de la resolucin deber ser adoptada inmediatamente y comunicada sin dilacin a la autoridad judicial de emisin y al Ministerio Fiscal, por cualquier medio que deje constancia escrita. Las autoridades judiciales espaolas resolvern lo procedente y lo comunicarn dentro de las 24 horas siguientes a la recepcin de la resolucin.

4. La medida de embargo o de aseguramiento de la prueba se ajustar a la solicitud, sin que pueda extenderse a bienes o documentos no solicitados.

Artculo 12. Normas aplicables para la ejecucin de la resolucin.

1. Las medidas que hayan de ser adoptadas en ejecucin de la resolucin de embargo o aseguramiento de pruebas se regirn por el ordenamiento jurdico espaol.

No obstante lo anterior, la autoridad judicial espaola observar las formalidades y los procedimientos expresamente indicados por la autoridad judicial de emisin para garantizar la validez de las pruebas admitidas, siempre que esas formalidades y procedimientos no sean contrarios a los principios fundamentales del derecho espaol.

2. Cuando la autoridad judicial de emisin haya solicitado la transferencia de los bienes o elementos de prueba, la autoridad judicial espaola resolver conforme a las normas de asistencia judicial penal aplicables al caso. No se podr denegar la transferencia de los elementos de prueba por ausencia de doble tipificacin cuando la peticin se refiera a alguno de los supuestos del apartado 1 del artculo 10.

3. Las medidas coercitivas complementarias que pueda requerir la ejecucin de la resolucin de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas se adoptarn segn las normas procesales aplicables en Espaa.

Artculo 13. Duracin de la medida.

1. La medida se mantendr durante el tiempo que se requiera y, en su caso, hasta que se resuelva definitivamente la solicitud de transferencia o decomiso cursada por la autoridad judicial de emisin.

2. Sin embargo, previa consulta a la autoridad judicial de emisin, la autoridad judicial espaola, de conformidad con las normas procesales nacionales, podr imponer condiciones, adecuadas a las circunstancias del caso, para limitar la duracin o modificar la medida de que se trate, incluyendo la destruccin y la realizacin anticipada de los efectos judiciales. Si, de conformidad con esas condiciones, se propusiera dejar sin efecto o modificar la medida, lo comunicar inmediatamente a la autoridad judicial de emisin, para que exponga lo que estime oportuno.

3. Cuando la autoridad judicial de emisin comunique que la medida que solicit ha sido dejada sin efecto, sta se alzar sin dilacin.

Artculo 14. Motivos de no reconocimiento o no ejecucin de las medidas solicitadas.

1. Las autoridades judiciales espaolas no reconocern ni ejecutarn las medidas de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas en los siguientes casos:

a) Cuando falte el certificado que ha de acompaar a la solicitud de adopcin de las medidas o bien sea incompleto o no corresponda manifiestamente a la medida, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3.

b) Cuando en Espaa la medida solicitada est prohibida por la ley.

c) Cuando resulte manifiestamente de la informacin facilitada en el certificado que la prestacin de asistencia judicial para la infraccin que motiv la medida vulnerara el principio de cosa juzgada, en los trminos previstos en las leyes y en los convenios o tratados internacionales ratificados por Espaa.

2. En los casos de insuficiencia del certificado, la autoridad judicial podr adoptar alguna de las siguientes decisiones:

a) Fijar un plazo para que el certificado sea presentado, completado o modificado.

b) Aceptar un documento equivalente.

c) Dispensar a la autoridad judicial de emisin de presentarlo si considera suficiente la informacin suministrada.

3. Las decisiones de denegacin de reconocimiento o de ejecucin de las medidas debern adoptarse sin dilacin y de forma motivada, y se notificarn inmediatamente a las autoridades judiciales de emisin por cualquier medio que deje constancia escrita.

4. En el caso de que sea imposible en la prctica ejecutar la medida, debido a que los bienes o las pruebas hayan desaparecido, hayan sido destruidos, no se hayan encontrado en el lugar indicado en el certificado o no se haya indicado con la suficiente precisin dnde se encuentra el bien o el elemento de prueba, incluso tras consultar a la autoridad judicial de emisin, le ser comunicada esta circunstancia inmediatamente.

Artculo 15. Motivos de suspensin de la ejecucin.

1. Se podr suspender la ejecucin de una resolucin de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas transmitida por la autoridad judicial de otro Estado miembro de la Unin Europea en los casos siguientes:

a) Cuando la ejecucin pueda impedir el buen desarrollo de una investigacin penal en curso en Espaa, durante el tiempo necesario.

b) Cuando sobre los bienes o pruebas de que se trate se haya dictado una medida anterior en un procedimiento judicial o administrativo, hasta que se deje sin efecto sta, siempre que dicha medida tenga prioridad sobre posteriores resoluciones de intervencin de efectos e instrumentos dictadas en causas penales con arreglo al derecho nacional.

2. La suspensin de la ejecucin de la resolucin, as como los motivos de la suspensin y, si es posible, su duracin prevista, se comunicarn inmediatamente a la autoridad judicial de emisin por cualquier medio que deje constancia escrita.

3. Tan pronto como desaparezcan los motivos de suspensin, la autoridad judicial espaola tomar de inmediato las medidas oportunas para ejecutar la resolucin e informar de ello a la autoridad judicial de emisin por cualquier medio que deje constancia escrita.

4. La autoridad judicial espaola competente comunicar a la autoridad judicial de emisin cualesquiera otras medidas restrictivas que hayan recado sobre el bien de que se trate.

Artculo 16. Recursos.

1. Contra los autos dictados por el Juez de Instruccin que resuelvan acerca del reconocimiento y ejecucin de las resoluciones de embargo, incautacin de bienes o de aseguramiento de pruebas emitidas por la autoridad judicial de otro Estado miembro de la Unin Europea, el Ministerio Fiscal, el sujeto pasivo del proceso penal de que trae causa la resolucin o los titulares de derechos e intereses legtimos que puedan verse afectados podrn interponer el recurso de reforma y el de apelacin, que no suspendern la ejecucin.

El recurso de apelacin podr interponerse subsidiariamente con el de reforma o por separado. En ningn caso ser necesario interponer previamente el de reforma para presentar la apelacin. Todos estos recursos se tramitarn de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la recurribilidad de los autos de los jueces de instruccin en el procedimiento abreviado.

2. Tan pronto como se interpongan los recursos de reforma o de apelacin, el Juez de Instruccin comunicar esta circunstancia al rgano judicial del Estado emisor, por cualquier medio que deje constancia escrita, en condiciones que permitan a la autoridad judicial a la que se dirige establecer su autenticidad, para que exponga, en su caso, las consideraciones que estime oportunas en el plazo de cinco das desde la recepcin del certificado.

3. El Juez de Instruccin informar a la autoridad judicial de emisin del resultado del recurso de reforma o apelacin.

4. Los motivos de fondo por los que se haya adoptado la resolucin slo podrn ser impugnados mediante un recurso interpuesto en el Estado miembro de la autoridad judicial de emisin.

Disposicion adicional nica. Transmisin de medidas con el Reino Unido y la Repblica de Irlanda.

La transmisin de las medidas con el Reino Unido y la Repblica de Irlanda se efectuar con arreglo a lo dispuesto en esta ley, a menos que estos Estados manifiesten mediante declaracin depositada ante la Secretara General del Consejo y notificada a la Comisin que optan por la transmisin de sus resoluciones y del certificado correspondiente por conducto de una autoridad central o de las autoridades especificadas en la declaracin.

Disposicion transitoria nica. Resoluciones en curso.

1. Esta Ley ser aplicable a las resoluciones de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas que se emitan con posterioridad a su entrada en vigor, aun cuando se refieran a hechos anteriores a la misma.

2. Las resoluciones de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas que se encuentren en curso en el momento de la entrada en vigor de esta Ley seguirn tramitndose conforme a las normas vigentes en aquel momento hasta su conclusin.

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se modifica el artculo 338 y se adiciona un captulo II bis en el ttulo V del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la siguiente redaccin:

Uno. El artculo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal queda redactado de la siguiente forma:

Artculo 338.

Sin perjuicio de lo establecido en el captulo II bis del presente ttulo, los instrumentos, armas y efectos a que se refiere el artculo 334 se recogern de tal forma que se garantice su integridad y se acordar su retencin, conservacin o envo al organismo adecuado para su depsito.

Dos. Se introduce un captulo II bis en el ttulo V del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el siguiente contenido:

CAPTULO II BIS
De la destruccin y la realizacin anticipada de los efectos judiciales

Artculo 367 bis.

Tendrn la consideracin de efectos judiciales, en el orden penal, todos aquellos bienes puestos a disposicin judicial, embargados, incautados o aprehendidos en el curso de un procedimiento penal.

Artculo 367 ter.

1. Podr decretarse la destruccin de los efectos judiciales, dejando muestras suficientes, cuando resultare necesaria o conveniente por la propia naturaleza de los efectos intervenidos o por el peligro real o potencial que comporte su almacenamiento o custodia, previa audiencia al Ministerio Fiscal y al propietario, si fuere conocido, o a la persona en cuyo poder fueron hallados los efectos cuya destruccin se pretende. Cuando se trate de drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas, el Juez instructor, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes, ordenar su inmediata destruccin conservando muestras suficientes de dichas sustancias para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones, todo ello sin perjuicio de que, de forma motivada, el rgano judicial considere necesario la conservacin de la totalidad. Lo conservado estar siempre bajo la custodia del rgano judicial competente.

2. En todo caso, se extender la oportuna diligencia y, si se hubiera acordado la destruccin, deber quedar constancia en los autos de la naturaleza, calidad, cantidad, peso y medida de los efectos destruidos. Si no hubiese tasacin anterior, tambin se dejar constancia de su valor cuando su fijacin fuere imposible despus de la destruccin.

3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores ser tambin aplicable a los efectos intervenidos en relacin con la comisin de delitos contra la propiedad intelectual e industrial, una vez que tales efectos hayan sido examinados pericialmente.

4. Si los objetos no pudieren, por su naturaleza, conservarse en su forma primitiva, el Juez resolver lo que estime conveniente para conservarlos del mejor modo posible.

Artculo 367 quter.

1. Podrn realizarse los efectos judiciales de lcito comercio, sin esperar al pronunciamiento o firmeza del fallo, y siempre que no se trate de piezas de conviccin o que deban quedar a expensas del procedimiento, en cualquiera de los casos siguientes:

a) Cuando sean perecederos.

b) Cuando su propietario haga expreso abandono de ellos.

c) Cuando los gastos de conservacin y depsito sean superiores al valor del objeto en s.

d) Cuando su conservacin pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pblica, o pueda dar lugar a una disminucin importante de su valor, o pueda afectar gravemente a su uso y funcionamiento habituales.

e) Cuando se trate de efectos que, sin sufrir deterioro material, se deprecien sustancialmente por el transcurso del tiempo.

f) Cuando, debidamente requerido el propietario sobre el destino del efecto judicial, no haga manifestacin alguna.

2. Cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de las partes, y previa audiencia del interesado, podr acordar la realizacin de los efectos judiciales. Cuando se solicite la realizacin a instancia del Ministerio Fiscal o del Abogado del Estado, el Juez deber acordarla, salvo que aprecie motivadamente que la peticin es infundada o que, de acceder a ella, se causarn perjuicios irreparables.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando el bien de que se trate est embargado en ejecucin de un acuerdo adoptado por una autoridad judicial extranjera en aplicacin de la Ley para la eficacia en la Unin Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales, su realizacin no podr llevarse a cabo sin obtener previamente la autorizacin de la autoridad judicial extranjera.

Artculo 367 quinquies.

1. La realizacin de los efectos judiciales podr consistir en:

a) La entrega a entidades sin nimo de lucro o a las Administraciones pblicas.

b) La realizacin por medio de persona o entidad especializada.

c) La subasta pblica.

2. Podr entregarse el efecto judicial a entidades sin nimo de lucro o a las Administraciones pblicas cuando sea de nfimo valor o se prevea que la realizacin por medio de persona o entidad especializada o por medio de subasta pblica ser antieconmica.

3. La realizacin por medio de entidad o persona especializada o mediante subasta pblica se podr llevar a cabo en todos los dems supuestos y se efectuar conforme a las normas que sobre esta materia se contienen en la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante lo anterior, previamente a acordarla se recabar el informe del Ministerio Fiscal y de los interesados.

El producto de la venta se ingresar en la cuenta de consignaciones del Juzgado o Tribunal y quedar afecto al pago de las responsabilidades civiles y costas que se declaren, en su caso, en el procedimiento, una vez deducidos los gastos de cualquier naturaleza que se hayan producido.

En el caso de venta de un bien embargado por orden de una autoridad judicial extranjera, el producto, una vez deducidos los gastos de cualquier naturaleza que se hayan producido, se ingresar igualmente en la cuenta de consignaciones del Juzgado y quedar a su disposicin, circunstancia que le ser comunicada sin dilacin.

Artculo 367 sexies.

Lo expresado en el artculo 338 y en este captulo se entiende sin perjuicio de lo que se establezca en normas especiales, particularmente en lo previsto por el artculo 374 del Cdigo Penal y por la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por trfico ilcito de drogas y otros delitos relacionados y en su normativa de desarrollo.

Disposicin final segunda. Competencia estatal.

Esta Ley se dicta en ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en materia de legislacin procesal por el artculo 149.1.6. de la Constitucin.

Disposicin final tercera. Incorporacin de derecho de la Unin Europea.

En esta Ley se incorpora al derecho espaol la Decisin Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecucin en la Unin Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.

Disposicin final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 5 de junio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS LUIS RODRGUEZ ZAPATERO

ANEXO

Certificado para la ejecucin de medidas de embargo y de aseguramiento de pruebas en otro Estado miembro de la Unin Europea

a) Autoridad judicial emisora de esta resolucin:

Denominacin oficial:

Nombre de su representante:

Funcin (cargo/grado):

Referencia del expediente:

Direccin:

N. de telfono: (prefijo de pas) (prefijo de ciudad) (...);

N. de fax: (prefijo de pas) (prefijo de ciudad) (...);

Correo electrnico:

Lenguas en que se puede comunicar con la autoridad judicial emisora:

Datos de las personas de contacto (incluidas las lenguas en las que se puede comunicar con las personas) para solicitar informacin adicional sobre la ejecucin de la resolucin, si resulta necesario, o para concertar los aspectos prcticos del traslado de pruebas (si procede):

b) Autoridad competente para la ejecucin de la orden de embargo en el Estado de emisin ([si la autoridad es distinta de la autoridad indicada en el apartado a)]:

Denominacin oficial:

Nombre de su representante:

Funcin (cargo/grado):

Referencia del expediente:

Direccin:

N. de telfono: (prefijo de pas) (prefijo de ciudad) (...):

N. de fax: (prefijo de pas) (prefijo de ciudad) (...):

Correo electrnico:

Lenguas en que se puede comunicar con la autoridad judicial emisora:

Datos de las personas de contacto (incluidas las lenguas en las que se puede comunicar con las personas) para solicitar informacin adicional sobre la ejecucin de la resolucin, si resulta necesario, o para concertar los aspectos prcticos del traslado de pruebas (si procede):

c) Si procede el apartado a) y el apartado b), se deber completar este apartado para indicar con cul de esas dos autoridades se tiene que entrar en contacto o si ha de hacerse con ambas:

❑ Autoridad mencionada en el apartado a).

❑ Autoridad mencionada en el apartado b).

d) En el caso de designarse una autoridad central para la transmisin y recepcin administrativas de resoluciones (slo aplicable para Irlanda y el Reino Unido):

Nombre de la autoridad central:

Persona de contacto, en su caso (cargo/grado y nombre y apellidos):

Direccin:

Referencia del expediente:

N. de telfono: (prefijo de pas) (prefijo de ciudad) (...):

N. de fax: (prefijo de pas) (prefijo de ciudad) (...):

Correo electrnico:

e) Resolucin de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas:

1. Fecha y, si procede, nmero de referencia.

2. Objeto de la resolucin.

2.1 Decomiso posterior.

2.2 Aseguramiento de pruebas.

3. Descripcin de las formalidades que deben observarse para ejecutar una resolucin de embargo preventivo relativa a prueba (si existieran).

f) Informacin sobre los bienes y las pruebas, en el Estado de ejecucin, a que se refiere la resolucin de embargo.

Descripcin de los bienes o de las pruebas y localizacin:

1. a) Descripcin de los bienes y, si procede, cantidad mxima que se intenta recuperar de esos bienes (si dicha cantidad mxima se indica en la medida de embargo por el valor de los productos del delito).

b) Descripcin precisa de las pruebas.

2. Localizacin precisa de los bienes o pruebas (si no se conoce, indicar la ltima conocida).

3. Parte que tiene la custodia de los bienes o pruebas o beneficiario efectivo conocido de los bienes o pruebas, si se trata de una persona distinta de la persona sospechosa de la infraccin o condenada (en el caso de que sea aplicable con arreglo al derecho nacional del Estado de emisin).

g) Informacin (si se dispone de ella) relativa a la identidad de las personas fsicas (1) o jurdicas (2) sospechosas de haber cometido la infraccin o condenadas (en el caso de que sea aplicable con arreglo al derecho nacional del Estado de emisin) o de las personas a que se refiere la resolucin de embargos preventivos.

1. Personas fsicas:

Apellido o apellidos:

Nombre o nombres:

Apellido o apellidos de soltera (en su caso):

Sexo:

Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Residencia y/o domicilio conocido; de no conocerse, indquese el ltimo domicilio conocido:

En caso de conocerse, idioma o idiomas que entiende la persona buscada:

2. Personas jurdicas:

Nombre:

Tipo de persona jurdica:

Sede registral:

h) Medida que debe adoptar el Estado una vez ejecutada la resolucin:

Decomiso:

1.1 Los bienes permanecern en el Estado de ejecucin a los efectos de decomiso posterior.

1.1.1 Vase la solicitud adjunta relativa a la ejecucin de una resolucin de decomiso dictada en el Estado de emisin el .......... (fecha).

1.1.2 Vase la solicitud adjunta relativa al decomiso en el Estado de ejecucin y subsiguiente ejecucin de la resolucin.

1.1.3 Fecha estimada de presentacin de la solicitud mencionada en 1.1.1 1.1.2:

o bien

Aseguramiento de las pruebas:

2.1 Los bienes se trasladarn al Estado de emisin a los efectos de prueba.

2.1.1 Vase la solicitud adjunta a los efectos de traslado.

o bien

2.2 Los bienes permanecern en el Estado de ejecucin para que sirvan ulteriormente como prueba en el Estado de emisin.

2.2.2 Fecha estimada de presentacin de la solicitud mencionada en 2.1.1:

i) Infraccin o infracciones:

Descripcin de las razones pertinentes que han motivado la resolucin de embargo y un resumen de los hechos conocidos por la autoridad judicial que ha emitido la resolucin de embargo y el certificado:

Naturaleza y tipificacin legal de la infraccin o infracciones y disposicin legal o cdigo aplicable en que se basa la resolucin de embargo preventivo:

1. Si procede, mrquense la infraccin o las infracciones de la siguiente lista, en el caso de que las infracciones sean castigadas en el Estado de emisin con penas mximas de libertad de al menos tres aos:

❑ Pertenencia a organizacin delictiva.

❑ Terrorismo.

❑ Explotacin sexual de los nios y pornografa infantil.

❑ Trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas.

❑ Trfico ilcito de armas, municiones y explosivos.

❑ Corrupcin.

❑ Fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas con arreglo al Convenio, de 26 de julio de 1995, relativo a la proteccin de los intereses financieros de las Comunidades Europeas.

❑ Blanqueo de producto del delito.

❑ Falsificacin de moneda, incluida la falsificacin del euro.

❑ Delitos de alta tecnologa, en particular, el delito informtico.

❑ Delitos contra el medio ambiente, incluido el trfico ilcito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas.

❑ Ayuda a la entrada y residencia en situacin ilegal.

❑ Homicidio voluntario, agresin con lesiones graves.

❑ Trfico ilcito de rganos y tejidos humanos.

❑ Secuestro, detencin ilegal y toma de rehenes.

❑ Racismo y xenofobia.

❑ Robos organizados o a mano armada.

❑ Trfico ilcito de bienes culturales, incluidas las antiedades y las obras de arte.

❑ Estafa.

❑ Chantaje y extorsin de fondos.

❑ Violacin de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificacin de mercancas.

❑ Falsificacin de documentos administrativos y trfico de documentos falsos.

❑ Falsificacin de medios de pago.

❑ Trfico ilcito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento.

❑ Trfico ilcito de materiales radiactivos o sustancias nucleares.

❑ Trfico de vehculos robados.

❑ Violacin.

❑ Incendio voluntario.

❑ Delitos incluidos en la jurisdiccin de la Corte Penal Internacional.

❑ Secuestro de aeronaves y buques.

❑ Sabotaje.

2. Descripcin detallada de la infraccin o infracciones distintas de las enumeradas en el punto 1:

j) Vas de recurso contra la resolucin de embargo para las partes interesadas, inclusive para terceros de buena fe en el Estado de emisin:

Descripcin de las vas de recurso legales disponibles, incluidos los trmites necesarios que han de realizarse:

Tribunal ante el cual puede recurrirse:

Informacin relativa a las personas legitimadas para su interposicin:

Plazo lmite para la presentacin de la demanda:

Autoridad del Estado de emisin que puede facilitar mayor informacin sobre los procedimientos de presentacin de recursos en el Estado de emisin y sobre la posibilidad de asistencia jurdica y traduccin:

Apellido o apellidos:

Persona de contacto (...) (en su caso):

Direccin:

N. de telfono: (prefijo de pas) (prefijo de ciudad) (...):

N. de fax: (prefijo de pas) (prefijo de ciudad) (...):

Correo electrnico:

k) Otras circunstancias relacionadas con el caso (informacin facultativa):

l) El texto de la resolucin de embargo se adjunta al certificado.

Firma de la autoridad judicial emisora y/o de su representante que den fe de la validez del contenido del certificado:

Nombre:

Funcin (cargo/grado):

Fecha:

Sello oficial (si lo hubiera).

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 05/06/2006
  • Fecha de publicación: 06/06/2006
  • Entrada en vigor: 7 de junio de 2006.
  • Fecha de derogación: 11/12/2014
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

Referencias anteriores
  • MODIFICA el art. 338 y AADE el captulo II bis al ttulo V del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1882-6036).
  • DE CONFORMIDAD con la Decisin 2003/577/JAI, de 22 de julio (Ref. DOUE-L-2003-81319).
  • EN RELACIN con la Ley 3/2003, de 14 de marzo (Ref. BOE-A-2003-5451).
Materias
  • Administracin de Justicia
  • Cooperacin judicial internacional
  • Embargos
  • Enjuiciamiento Criminal
  • Formularios administrativos
  • Juzgados de Instruccin
  • Ministerio Fiscal
  • Reino Unido de Gran Bretaa e Irlanda del Norte
  • Unin Europea

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