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Por Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional (Boletín Oficial del Estado de 2 de marzo), se convocan ayudas económicas individuales para la participación en actividades de formación del profesorado, determinándose en la misma que su percepción quedará condicionada a que el beneficiario de la ayuda justifique debidamente su participación en la actividad.

De conformidad con la citada convocatoria, por Resoluciones de esta Secretaría de Estado de 28 de julio (Boletín Oficial del Estado de 10 de agosto) y de 10 de diciembre de 2010 (Boletín Oficial del Estado del 18), se resuelve la concesión de ayudas económicas individuales para la asistencia a actividades de formación del profesorado, expresando la cuantía de la ayuda concedida en cada caso de acuerdo a los datos aportados en la correspondiente solicitud.

Finalizada la actividad de formación para la que se concedió la ayuda, y una vez examinada la documentación justificativa remitida por los beneficiarios de la misma, se ha observado en determinados casos alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, procediendo en consecuencia la modificación de la concesión.

En base a lo anterior, esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Primero.–Modificar el importe de la ayuda concedida al personal docente que se relaciona en el Anexo I de esta Resolución, según las cantidades que en el mismo se indican, de acuerdo a los datos aportados en la documentación justificativa de realización de la actividad y a lo dispuesto al respecto en la convocatoria de 17 de febrero de 2010.

Segundo.–Aceptar las renuncias presentadas por los profesores relacionados en el Anexo II de la presente Resolución, dejando sin efecto en estos casos la Resolución por la que se concedían ayudas económicas por el importe íntegro que se indica.

Tercero.–Anular las ayudas económicas concedidas al profesorado relacionado en el Anexo III de la presente Resolución, debido a que no se ha acreditado la realización y finalización de la actividad en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2009 y el 30 de septiembre de 2010, requisito establecido en los apartados segundo y décimo.3 de la convocatoria de 17 de febrero de 2010.

Cuarto.–Esta Resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo, la presente Resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, ante este Ministerio en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 22 de diciembre de 2010.–El Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, P.D. (Orden EDU/2164/2009, de 29 de julio), el Director General de Formación Profesional, Miguel Soler Gracia.

ANEXO I.A

Beneficiarios de ayuda a quienes se modifica el importe concedido por Resolución de 28 de julio de 2010 (BOE del 10 de agosto), de acuerdo a los datos aportados en la documentación justificativa de realización de la actividad

ANEXO I.B

Beneficiarios de ayuda a quienes se modifica el importe concedido por Resolución de 10 de diciembre de 2010 (BOE del 18), de acuerdo a los datos aportados en la documentación justificativa de realización de la actividad

ANEXO II

Ayudas aprobadas por Resolución de 28 de julio de 2010 (BOE de 10 de agosto), cuyos beneficiarios han renunciado a su importe

ANEXO III

Ayudas concedidas por Resoluciones de 28 de julio de 2010 (BOE de 10 de agosto) y de 10 de diciembre de 2010 (BOE del 18), cuya concesión queda anulada