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Documento BOE-A-2015-471

Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificacin de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Cdigo de consumo de Catalua, para la mejora de la proteccin de las personas consumidoras en materia de crditos y prstamos hipotecarios, vulnerabilidad econmica y relaciones de consumo.

TEXTO

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Catalua ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artculo 65 del Estatuto de autonoma de Catalua, promulgo la siguiente Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificacin de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Cdigo de Consumo de Catalua, para la mejora de la proteccin de las personas consumidoras en materia de crditos y prstamos hipotecarios, vulnerabilidad econmica y relaciones de consumo.

PREMBULO

El aumento considerable en la tasa de ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis financiera mundial en 2007 hace conveniente impulsar una serie de medidas que mejoren la situacin de las personas consumidoras en el mbito de los crditos o prstamos hipotecarios, especialmente cuando se trata de la adquisicin de la vivienda habitual.

La reforma modifica la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Cdigo de consumo de Catalua, en uso de la competencia en materia de consumo que el artculo 123 del Estatuto de autonoma atribuye a la Generalidad y de acuerdo con lo establecido por los artculos 28, 34 y 49 del propio Estatuto, en el marco del artculo 51 de la Constitucin, con relacin a la actividad financiera de las cajas de ahorros y de las entidades de crdito a que se refieren los artculos 120.2 y 126.3 del Estatuto, respectivamente.

La presente ley sigue las orientaciones marcadas por varios proyectos comunitarios sobre esta materia, como por ejemplo la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero, sobre los contratos de crdito para los consumidores relativos a los bienes inmuebles de uso residencial.

Esta reforma, esencialmente, incrementa las garantas de la persona consumidora en la contratacin de crditos o prstamos hipotecarios, lo que implica la regulacin del contenido de la publicidad, la informacin precontractual, el deber de anlisis de la solvencia de la persona consumidora y el deber, tanto de las entidades financieras y de crdito como del notario que interviene, de hacer comprensibles a la persona consumidora las implicaciones econmicas y jurdicas de la transaccin concreta, especialmente las consecuencias en caso de impago.

De esta forma, quiere garantizarse la proteccin de los consumidores que son deudores hipotecarios a lo largo del iter contractual, desde la publicidad de los productos hipotecarios de activo, pasando por la fase precontractual y por la oferta, hasta la elevacin a escritura pblica del crdito o prstamo hipotecario. En este sentido, se orienta la actuacin notarial como garante de la legalidad de la operacin y del derecho a la informacin de la persona consumidora, se especifican el contenido mnimo en la fase publicitaria y de la informacin precontractual, la verificacin de la solvencia del deudor, y los dems aspectos documentales y de informacin que deben ayudar a la persona consumidora a hacer una eleccin racional y responsable con relacin a la contratacin o no del crdito o prstamo hipotecario.

La reforma tambin posibilita que el deudor pueda comparar siempre, incluso desde el momento de la publicidad, el crdito o prstamo hipotecario que se le ofrece con productos parecidos del mismo oferente o de un tercero, de modo que siempre pueda ser consciente del coste total y de los riesgos reales de la oferta.

Adems, se introduce, en la lnea de la tendencia europea, la obligacin del prestamista de evaluar la solvencia del deudor hipotecario consumidor hasta tal punto que, si no la llega a comprobar, no podr concederle el crdito o prstamo en las condiciones prefijadas.

La reforma tambin incorpora medidas para evitar clusulas abusivas en perjuicio de las personas consumidoras. En este sentido, puede destacarse la definicin como abusivos de los intereses de demora superiores a tres veces el inters legal del dinero vigente en el momento de la firma del contrato.

Cabe destacar, adems, que se refuerzan los mecanismos de resolucin extrajudicial de conflictos en materia de consumo con la finalidad de que lleguen a ser sistemas eficaces para solucionar los problemas que se susciten entre las partes y, de esta forma, evitar la judicializacin de procesos, que siempre supone costes de tiempo y dinero.

Aparte de eso, con esta modificacin del Cdigo de consumo se establecen varias medidas de proteccin de las personas que se hallan en situacin de pobreza energtica, de acuerdo con la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, y de acuerdo con la Directiva 2009/73/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, ambas de 13 de julio de 2009. La situacin econmica precaria en que se encuentran muchas familias en Catalua ha comportado que muchas de estas personas no puedan asumir el pago de los suministros bsicos. Por todo eso, teniendo en cuenta esta grave situacin de unos colectivos muy afectados por la crisis econmica, se considera que, de acuerdo con las mencionadas directivas, es preciso establecer una serie de medidas para que estas personas no sufran cortes de suministro durante determinados perodos crticos. A la vez, se crea un fondo de atencin solidaria en materia de suministros bsicos que debe nutrirse, entre otras aportaciones, con las que hagan las administraciones pblicas competentes en esta materia y las empresas suministradoras.

En ltimo lugar, la reforma del Cdigo de consumo incluye aspectos como la mejora de la proteccin de los empresarios que estn en el rgimen especial de los trabajadores autnomos, medidas en materia de informacin general a las personas consumidoras y de la documentacin que debe proporcionrseles, con una especial mencin a la informacin obligatoria que debe proporcionarse a los usuarios de la mquinas recreativas, medidas relativas al rgimen de infracciones y sanciones, y, con el objetivo de la simplificacin administrativa y la mejora de la eficacia de las administraciones pblicas, la supresin del Registro de servicios pblicos de consumo y su reconversin en un directorio de servicios y funciones, bajo la responsabilidad de la Agencia Catalana del Consumo, con un carcter menos formal y ms gil, pero que mantiene el objetivo originario de informar a los ciudadanos de los servicios que prestan los diversos servicios pblicos de consumo.

Finalmente, la parte final de la Ley contiene la disposicin adicional primera, de creacin del Fondo de atencin solidaria de suministros bsicos, de la que se ha hecho mencin anteriormente, y la disposicin adicional segunda, cuya finalidad es establecer un plazo razonable para que los servicios pblicos de consumo puedan cumplir con las obligaciones establecidas por la presente ley, as como la disposicin derogatoria y las disposiciones finales, mediante las que se modifica el texto refundido de la Ley de tasas y precios pblicos de la Generalidad de Catalua, aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, de 25 de junio, y se establece la entrada en vigor de la presente ley a los tres meses de su publicacin, excepto los artculos 3 y 17 y la disposicin adicional primera, que entran en vigor de forma inmediata con el objeto de que los preceptos relativos a las medidas para hacer frente a la pobreza energtica puedan aplicarse lo antes posible.

Artculo 1. Objeto.

La presente ley tiene por objeto la mejora de la proteccin e informacin de las personas consumidoras con relacin a la suscripcin de crditos o prstamos hipotecarios, el establecimiento de medidas para hacer frente a la vulnerabilidad econmica de los hogares, especialmente en cuanto a la pobreza energtica, y de otras medidas relacionadas con la proteccin de los derechos e intereses de las personas consumidoras en sus relaciones de consumo con las empresas, y la sustitucin del Registro de servicios pblicos de consumo por el Directorio de servicios pblicos de consumo.

Artculo 2. Adicin de un apartado al artculo 111-1 de la Ley 22/2010.

1. Se aade un apartado, el 2, al artculo 111-1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Cdigo de consumo de Catalua, con el siguiente texto:

2. Los derechos y las obligaciones establecidos por el presente cdigo son de aplicacin, en la medida en que sean compatibles, a:

a) Las relaciones de prestacin de servicios entre las personas fsicas empresarias que estn dentro del rgimen especial de trabajadores autnomos y las empresas prestadoras de servicios bsicos y servicios de trato continuado.

b) Las relaciones entre empresas prestadoras de servicios bsicos y servicios de trato continuado y los entes que tengan la consideracin de microempresas de acuerdo con la Recomendacin 2003/361/CE, de 6 de mayo.

2. El antiguo apartado nico del artculo 111-1 de la Ley 22/2010 pasa a ser el apartado 1.

Artculo 3. Adicin de dos letras al artculo 111-2 de la Ley 22/2010.

Se aaden dos letras, la v y la w, al artculo 111-2 de la Ley 22/2010, con el siguiente texto:

v) Pobreza energtica: incapacidad de un hogar para satisfacer el mnimo de servicios energticos y, de esta forma, garantizar las necesidades bsicas teniendo en cuenta los factores personales, geogrficos y materiales que concurren. Estos parmetros deben definirse por reglamento.

w) Personas en situacin de vulnerabilidad econmica: personas consumidoras que presentan una carencia de recursos econmicos, de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Que el total de ingresos de los miembros de la unidad familiar o convivencial no sea en ningn caso superior, por todos los conceptos, a 1,5 veces el indicador de renta de suficiencia, incrementado por los siguientes conceptos:

1.a) Un 30% por cada miembro de la unidad a partir del tercero.

1.b) Un 10% por cada miembro de la unidad en situacin de dependencia moderada.

1.c) Un 20% por cada miembro de la unidad en situacin de dependencia severa.

1.d) Un 30% por cada miembro de la unidad en situacin de gran dependencia.

1.e) Un 10% por cada miembro de la unidad de sesenta y cinco aos o ms.

Para determinar si se supera este lmite, deben aadirse los ingresos que los miembros de la unidad familiar reciban en concepto de percepciones o ayudas sociales.

2. Que se declare que no puede reducirse el gasto relativo al consumo de bienes o servicios porque se han agotado todas las medidas a tal fin.

3. Que se acredite que las tarifas que tienen contratadas para el servicio de suministro de agua, electricidad o gas responden a la modalidad de tarifa social establecida por la normativa aplicable.

Artculo 4. Adicin de tres letras al artculo 123-2 de la Ley 22/2010.

Se aaden tres letras, la f, la g y la h, al artculo 123-2 de la Ley 22/2010, con el siguiente texto:

f) Obtener una proteccin especial en cuanto a los contratos de prestacin de servicios bsicos o que afectan a derechos de las personas consumidoras.

g) Recibir, del organismo competente en materia de consumo, informacin sobre los mecanismos de garanta efectiva de los derechos reconocidos en el ordenamiento vigente aplicables en materia de relaciones de consumo.

h) Solicitar la eliminacin y el cese de las clusulas y prcticas abusivas o desleales. En el caso de los crditos o prstamos hipotecarios, puede preverse la opcin de la dacin en pago.

Artculo 5. Adicin de un artculo, el 123-10, a la Ley 22/2010.

Se aade un artculo, el 123-10, a la Ley 22/2010, con el siguiente texto:

Artculo 123-10. Crditos o prstamos hipotecarios sobre la vivienda.

1. Las personas consumidoras, los avalistas y los terceros hipotecantes tienen derecho a recibir informacin y proteccin efectiva de la Administracin de la Generalidad en los aspectos relacionados con los contratos de crdito o prstamo hipotecario sobre la vivienda.

2. Las personas consumidoras, los avalistas y los terceros hipotecantes relacionados con el negocio de crdito o de prstamo hipotecario tienen derecho a recibir de los notarios, con una antelacin de al menos cinco das hbiles y de modo que les sea comprensible, la siguiente informacin:

a) El contenido de la escritura pblica del contrato de crdito o prstamo hipotecario de la vivienda y sus consecuencias jurdicas y econmicas para la persona consumidora, los avalistas y los terceros hipotecantes.

b) Las consecuencias de una posible ejecucin por impago y de las fluctuaciones del precio de mercado de la vivienda, la posibilidad de que las entidades de crdito pidan ampliaciones de garanta en determinados supuestos y los dems derechos y obligaciones que comporta el contrato de crdito o prstamo hipotecario.

c) La informacin relativa al arbitraje de consumo y a los dems mecanismos extrajudiciales de resolucin de los conflictos que son consecuencia de no atender las obligaciones derivadas del contrato.

3. Los notarios, en el marco de sus obligaciones legales, adems de comprobar que, en las escrituras relativas a crditos o prstamos hipotecarios sobre la vivienda, no se incluyen clusulas que en otros casos hayan sido declaradas nulas judicialmente por haber estado consideradas abusivas, deben velar por el respeto de los derechos que la presente ley otorga a las personas consumidoras que son deudores hipotecarios.

4. Los notarios deben asegurarse de que las personas consumidoras y los avalistas comprenden correctamente toda la informacin obligatoria referida al contrato hipotecario antes de firmarlo.

Artculo 6. Modificacin del artculo 126-11 de la Ley 22/2010.

Se modifica el artculo 126-11 de la Ley 22/2010, que queda redactado del siguiente modo:

Artculo 126-11. Directorio de servicios pblicos de consumo de Catalua.

1. Los servicios pblicos de consumo que desarrollen sus actividades en el mbito territorial de Catalua deben formar parte del Directorio de servicios pblicos de consumo de Catalua, con finalidades informativas. Este directorio lo elabora y actualiza la Agencia Catalana del Consumo y tiene carcter pblico.

2. Los servicios pblicos de consumo deben facilitar a la Agencia Catalana del Consumo los datos necesarios sobre las funciones que ejercen entre las establecidas por las letras a, b, c, d y e del artculo 126-10.1, y los dems datos que les sean solicitados.

Artculo 7. Adicin de un artculo, el 131-3, a la Ley 22/2010.

Se aade un artculo, el 131-3, a la Ley 22/2010, con el siguiente texto:

Artculo 131-3. Sistemas extrajudiciales de resolucin de conflictos de consumo en materia de crdito o prstamo hipotecario.

1. En el marco de los procedimientos de resolucin extrajudicial de conflictos de consumo derivados de contratos de crdito o prstamo hipotecario que afecten a la vivienda habitual de la persona consumidora, el organismo competente puede solicitar un informe de evaluacin social que determine los riesgos sociales y econmicos derivados del proceso de lanzamiento. Para redactar este informe, debe pedirse informacin a los servicios sociales bsicos sobre la situacin de la persona o unidad familiar.

2. El informe de evaluacin social debe ir acompaado de propuestas de viabilidad o liquidacin ordenada de la deuda, que las partes pueden asumir como solucin pactada, con la inclusin de la dacin en pago, y que deben estar redactadas por los servicios pblicos de consumo de Catalua.

3. Si en el procedimiento extrajudicial no se alcanza una solucin pactada, el informe de evaluacin social y las propuestas de viabilidad pueden ser requeridos y considerados por la autoridad judicial en casos de procedimientos judiciales por impago de cuotas hipotecarias por situaciones de sobreendeudamiento sobrevenido, o bien pueden ser aportados por las partes en dicho procedimiento judicial.

Artculo 8. Adicin de un artculo, el 132-4, a la Ley 22/2010.

Se aade un artculo, el 132-4, a la Ley 22/2010, con el siguiente texto:

Artculo 132-4. Crditos o prstamos hipotecarios

1. Las administraciones pblicas catalanas y, especialmente, los servicios pblicos de consumo deben garantizar que, en los casos de ejecucin hipotecaria de la vivienda habitual como consecuencia del incumplimiento del deudor, pueda llevarse a cabo un procedimiento de mediacin destinado a la resolucin extrajudicial de conflictos previo a cualquier otro procedimiento judicial o a la intervencin notarial.

2. El procedimiento de mediacin debe tener por objeto buscar acuerdos entre las partes que hagan viable que la persona consumidora conserve la propiedad de la vivienda o, subsidiariamente, la posibilidad de mantener su uso y disfrute. En el marco de este procedimiento, las partes o el rgano de resolucin extrajudicial de conflictos pueden solicitar un informe de evaluacin social con un anlisis socioeconmico del deudor y las posibles vas de resolucin del conflicto en los trminos del artculo 133-6.

3. Las partes en conflicto, antes de interponer cualquier reclamacin administrativa o demanda judicial, deben acudir a la mediacin o pueden acordar someterse al arbitraje. Una vez transcurrido el plazo de tres meses a contar de la notificacin del acuerdo de inicio de la mediacin sin haber alcanzado un acuerdo satisfactorio, cualquiera de las partes puede acudir a la reclamacin administrativa o a la demanda judicial.

Artculo 9. Modificacin del artculo 133-1 de la Ley 22/2010.

Se modifica el artculo 133-1 de la Ley 22/2010, que queda redactado del siguiente modo:

Artculo 133-1. Procedencia del arbitraje.

1. El arbitraje procede si existe un convenio arbitral previo entre las partes. En caso contrario, la Administracin debe promover la formalizacin del convenio arbitral para resolver el conflicto mediante el arbitraje de consumo.

2. En materia de crditos y prstamos hipotecarios que tienen por objeto la vivienda habitual, se entiende que la empresa prestamista acepta el convenio arbitral siempre y cuando no haya manifestado expresamente al prestatario la voluntad en contra antes de la firma del contrato.

Artculo 10. Adicin de un apartado al artculo 133-4 de la Ley 22/2010.

Se aade un apartado, el 5, al artculo 133-4 de la Ley 22/2010, con el siguiente texto:

5. Las administraciones pblicas catalanas y, especialmente, los servicios pblicos de consumo deben fomentar y estimular que las empresas que otorgan crditos o prstamos hipotecarios sobre la vivienda incluyan en las condiciones generales o especficas su adhesin al arbitraje de consumo.

Artculo 11. Modificacin del artculo 211-3 de la Ley 22/2010.

Se modifica el apartado 4 del artculo 211-3 de la Ley 22/2010, que queda redactado del siguiente modo:

4. Los empresarios tienen la obligacin de documentar la informacin sustancial por escrito o en cualquier otro soporte que permita su almacenaje y que tenga una duracin equivalente al menos a la vida til o la conformidad del bien o servicio. A tales efectos, se entiende por informacin sustancial la que se refiere a las caractersticas principales, el origen comunitario o no, la utilizacin o el mantenimiento, la justificacin de la transaccin efectuada y la conformidad del bien o servicio. Esta informacin debe entregarse a las personas consumidoras de forma gratuita y debe estar disponible, al menos, en soporte papel.

Artculo 12. Modificacin del artculo 224-2 de la Ley 22/2010.

Se modifica el apartado 2 del artculo 224-2 de la Ley 22/2010, que queda redactado del siguiente modo:

2. La mquina debe tener un sistema que permita obtener un comprobante de la transaccin efectuada, de acuerdo con lo establecido por el artculo 212-2. En el comprobante deben constar la identificacin y la direccin del responsable o la responsable, el precio, la descripcin del bien o servicio y la fecha. Esta obligacin no es de aplicacin a las mquinas recreativas y de azar. Para las mquinas dispensadoras de bienes de alimentacin, se establece un plazo de adaptacin de cinco aos como perodo de obsolescencia y amortizacin de las mquinas.

Artculo 13. Adicin de un apartado al artculo 251-6 de la Ley 22/2010.

Se aade un apartado, el 4, al artculo 251-6 de la Ley 22/2010, con el siguiente texto:

4. En los contratos de crditos y prstamos hipotecarios se consideran abusivas las siguientes clusulas:

a) Las que incluyan un tipo de inters de demora superior a tres veces el inters legal del dinero vigente en el momento de la firma del contrato.

b) Las que fijen un lmite a la variacin a la baja del tipo de inters contratado y tengan al menos una de las siguientes caractersticas:

1. Que se haya fijado un lmite a la bajada del tipo de inters, pero no a su subida.

2. Que el lmite establecido a la bajada de los tipos de inters sea superior al50% del valor del ndice de referencia aplicable en el momento de la contratacin que figure en el contrato, con la nica excepcin de los lmites que se establezcan en el 1%, supuesto en que dicha limitacin porcentual del 50% no se aplica.

3. Que la diferencia entre el lmite fijado en el contrato para la subida y la bajada de los tipos de inters sea superior a 5 puntos.

Artculo 14. Adicin de un artculo, el 251-8, a la Ley 22/2010.

Se aade un artculo, el 251-8, a la Ley 22/2010, con el siguiente texto:

Artculo 251-8. Refinanciacin de crditos y deudas

En el caso de operaciones de refinanciacin de crditos o deudas, deben cumplirse los siguientes requisitos:

a) Se deben justificar y documentar los crditos anteriores o preferentes que son objeto de refinanciacin, y se debe documentar de modo fehaciente la cancelacin total o parcial de los crditos refinanciados con carcter previo o simultneo a la firma del contrato de refinanciacin.

b) El comprobante de la entrega o el pago real de las cantidades objeto de la operacin de refinanciacin debe constar en los documentos contractuales, pblicos y privados, relativos al crdito o prstamo.

Artculo 15. Modificacin del artculo 252-3 de la Ley 22/2010.

Se modifica el apartado 5 del artculo 252-3 de la Ley 22/2010, que queda redactado del siguiente modo:

5. Los establecimientos, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislacin civil y mercantil y las dems normas especficas que sean de aplicacin, deben mantener el depsito de los bienes durante un tiempo mnimo de seis meses desde que se comunica, de modo fehaciente, a la persona depositante la posibilidad de recoger el bien y el destino que se prev darle si no lo recoge. Si, una vez agotado el plazo, la persona consumidora no ha objetado nada, el prestamista puede disponer del bien de la forma establecida por las leyes.

Artculo 16. Modificacin del artculo 252-4 de la Ley 22/2010.

Se modifica el apartado 3 del artculo 252-4 de la Ley 22/2010, que queda redactado del siguiente modo:

3. En los contratos y las facturas debe informarse del lugar donde los usuarios pueden tramitar las quejas o reclamaciones ante el prestador del servicio bsico, del procedimiento para hacerlo y del nmero de telfono gratuito a que se refiere el apartado 2. Tambin debe informarse de si el prestador del servicio est adherido a una junta arbitral de consumo y de la posibilidad de la persona consumidora de dirigirse a estos organismos para resolver los conflictos.

Artculo 17. Adicin de cinco apartados al artculo 252-4 de la Ley 22/2010.

Se aaden cinco apartados, del 6 al 10, al artculo 252-4 de la Ley 22/2010, con el siguiente texto:

6. Las empresas prestadoras deben informar, en cualquier aviso o comunicacin referente a la falta de pago del servicio, de los derechos que afectan a la pobreza energtica y de los dems derechos que tienen las personas consumidoras en situacin de vulnerabilidad econmica de acuerdo con la normativa vigente. Esta informacin debe redactarse de forma clara, transparente y adecuada a las circunstancias, de acuerdo con las directrices que fije la Agencia Catalana del Consumo.

7. Las personas en situacin de vulnerabilidad econmica que cumplen los requisitos establecidos por la letra w del artculo 111-2, si reciben un aviso de interrupcin del suministro de agua, electricidad o gas, deben presentar, en el plazo de quince das hbiles desde la recepcin del aviso, un informe de los servicios sociales bsicos sobre su situacin personal o, si procede, una copia de la solicitud registrada en que solicitan su emisin. Si no se ha presentado el informe de los servicios sociales bsicos, sino nicamente la solicitud, la empresa suministradora debe suspender la interrupcin del suministro hasta que se aporte el informe o hayan transcurrido dos meses desde que se le comunic que se haba solicitado.

Las administraciones pblicas responsables deben emitir este informe en el plazo de quince das a contar de la fecha en que se solicita. El informe, que debe acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la letra w del artculo 111-2, tambin puede ser emitido de oficio por los servicios sociales bsicos y tiene una vigencia de seis meses a contar del da en que se emite, sin perjuicio del hecho de que pueda renovarse.

El informe tiene efectos vinculantes con relacin a la interrupcin de los cortes de suministro, de acuerdo con lo establecido por el apartado 8.

8. Las unidades familiares a que se refiere la letra v del artculo 111-2 estn protegidas de los cortes de suministro a que se refiere el apartado 7, especialmente durante los perodos crticos. Mediante una orden deben establecerse anualmente los meses comprendidos en estos perodos.

La deuda que se acumule con las empresas suministradoras debe aplazarse con las condiciones que ambas partes acuerden o bien mediante los mecanismos de mediacin y arbitraje que las partes acepten. Sin perjuicio de los acuerdos o del resultado de la mediacin o arbitraje, la persona consumidora tiene, en cualquier caso, el derecho a satisfacer la deuda pendiente de forma ntegra o fraccionada en los meses siguientes al perodo declarado crtico.

9. Las unidades familiares que no pueden cumplir los compromisos de pago de acuerdo con lo establecido por el presente artculo, una vez agotados los mecanismos de resolucin de conflictos, deben disponer de los instrumentos de apoyo econmico necesarios.

10. Las empresas suministradoras, de acuerdo con las administraciones pblicas, deben habilitar los mecanismos de informacin necesarios para poner en conocimiento de los servicios sociales bsicos y de las personas usuarias la informacin actualizada sobre las tarifas sociales y las dems ayudas y medidas previstas para hacer frente a la pobreza energtica. Esta informacin debe redactarse de forma clara, transparente y adecuada a las circunstancias, de acuerdo con las directrices que fije la Agencia Catalana del Consumo. Adems, deben habilitarse mecanismos de dilogo, prevencin e informacin entre las empresas suministradoras y los servicios sociales bsicos sobre los impagos del servicio por parte de las personas consumidoras.

Artculo 18. Modificacin del artculo 252-5 de la Ley 22/2010.

1. Se modifica el apartado 2 del artculo 252-5 de la Ley 22/2010, que queda redactado del siguiente modo:

2. En el momento de la contratacin de un servicio de trato continuado, debe informarse del procedimiento de baja y de las indemnizaciones, las penalizaciones o los pagos que debe efectuar la persona consumidora si se da de baja del servicio. Si el servicio tiene la consideracin de servicio bsico, debe informarse del nmero de telfono gratuito a que se refiere el artculo 252-4.2 en cada uno de los recibos o facturas emitidos.

2. Se modifica el apartado 6 del artculo 252-5 de la Ley 22/2010, que queda redactado del siguiente modo:

6. Para interrumpir el servicio de trato continuado, es preciso que existan, como mnimo, dos recibos o facturas impagados sobre los que no exista ninguna reclamacin pendiente de resolucin, siempre que no hayan sido objeto de reclamacin por la persona consumidora, que se le hayan comunicado de modo fehaciente las consecuencias de este impago y que se le haya dado un plazo no inferior a diez das hbiles para pagarlos.

3. Se aaden dos apartados, el 7 y el 8, al artculo 252-5 de la Ley 22/2010, con el siguiente texto:

7. Para incluir a las personas consumidoras en ficheros de impagados, es preciso que exista previamente una deuda cierta, vencida y exigible. Se cumplen estos requisitos si no existe ninguna reclamacin pendiente de resolucin.

8. Si alguna de las clusulas de un contrato de prestacin de servicios de trato continuado es declarada abusiva, la empresa prestadora debe informar de ello a los clientes con contratos vigentes que la incluyan y debe comunicarles que esta clusula dejar de aplicarse en los trminos establecidos por la resolucin o sentencia judicial. Esta comunicacin debe hacerse constar, al menos, en la factura o liquidacin inmediatamente posterior a la declaracin de abusividad.

Artculo 19. Adicin de un artculo, el 252-9, a la Ley 22/2010.

Se aade un artculo, el 252-9, a la Ley 22/2010, con el siguiente texto:

Artculo 252-9. Servicios financieros y de inversin de carcter minorista.

1. Se entiende por servicios de carcter minorista, los servicios financieros y los productos de inversin destinados a las personas consumidoras o que pueden ser adquiridos por las personas consumidoras. No son servicios de carcter minorista los productos o servicios destinados a profesionales de quienes se presume la experiencia, los conocimientos y las calificaciones necesarias para tomar decisiones de inversin y valorar correctamente los riesgos que asumen.

2. Las empresas, sin perjuicio de la proteccin que las normativas especficas en materia financiera y de inversin otorgan a las personas consumidoras de estos servicios, estn obligadas a:

a) Entregar la informacin y la documentacin de acuerdo con lo establecido por la presente ley.

b) Dejar constancia por escrito de la voluntad de las personas consumidoras de contratar. En ningn caso puede llevarse a cabo la contratacin si el test de idoneidad, conveniencia, solvencia o cualquier otro equivalente tienen un resultado negativo con relacin al perfil de la persona consumidora.

c) Informar a la persona consumidora de las condiciones generales y particulares que le afectan y poner a su disposicin el modelo de estas condiciones como mnimo cinco das hbiles antes de la formalizacin del contrato.

d) Entregar un documento informativo sobre los gastos, tanto fijos como variables, que pueden derivar de la relacin contractual y sobre los riesgos financieros que supone la operacin.

Artculo 20. Adicin de un ttulo al libro segundo de la Ley 22/2010.

Se aade un ttulo, el VI, al libro segundo de la Ley 22/2010, con el siguiente texto:

TTULO VI
Relaciones de consumo en materia de crditos o prstamos hipotecarios sobre viviendas
CAPTULO I
Disposiciones generales

Artculo 261-1. Definiciones.

A los efectos del presente ttulo, se entiende por:

a) Rehabilitacin: conjunto de obras de carcter general que mejora la calidad en cuanto a las condiciones de seguridad, funcionalidad, accesibilidad y eficiencia energtica.

b) Prestamista: cualquier persona fsica o jurdica que, de modo profesional, concede o se compromete a conceder crditos o prstamos hipotecarios, incluidas las entidades financieras y de crdito.

c) Intermediario de crdito: persona fsica o jurdica que no acta como prestamista ni como fedatario pblico, ni tampoco se limita a poner en contacto, directa o indirectamente, una persona consumidora con un prestamista o intermediario de crdito y que, en el decurso del ejercicio de su actividad comercial o profesional y a cambio de una remuneracin, que puede ser de carcter econmico o en forma de cualquier otra ventaja econmica convenida, lleva a cabo alguna de las siguientes actividades:

1. Presenta u ofrece contratos de crdito a las personas consumidoras.

2. Asiste a las personas consumidoras en los trmites previos o en cualquier otra gestin precontractual de contratos de crdito diferentes a los mencionados en la actividad 1.

3. Suscribe contratos de crdito con personas consumidoras en nombre del prestamista.

d) Servicio accesorio: servicio ofrecido a la persona consumidora por el prestamista o por el intermediario de crdito junto al contrato de crdito o prstamo.

e) Evaluacin de la solvencia: evaluacin de la capacidad de la persona consumidora para hacer frente a sus obligaciones de deuda.

f) Servicio de asesoramiento: prestacin de asesoramiento personalizado a una persona consumidora con relacin a una o ms operaciones de contratos de crdito, si se trata de una actividad diferente de la concesin del crdito y de las actividades de intermediacin a que se refiere la letra c.

g) Prcticas de venta vinculada: oferta o venta de un paquete constituido por un contrato de crdito y otros productos o servicios financieros diferenciados si el contrato de crdito no se ofrece a la persona consumidora por separado.

h) Prcticas de venta combinada: oferta o venta de un paquete constituido por un contrato de crdito y otros productos o servicios financieros diferenciados si el contrato de crdito se ofrece tambin a la persona consumidora por separado, pese a que no se haga necesariamente en los mismos trminos y condiciones que combinado con otros servicios auxiliares.

i) Intermediario de crdito vinculado: intermediario de crdito que acta en nombre y bajo la responsabilidad plena e incondicional de un solo prestamista, de un solo grupo o de un nmero de prestamistas o grupos que no representa la mayora del mercado.

Artculo 261-2. mbito de aplicacin.

1. Los preceptos del presente ttulo se aplican a las relaciones de consumo en materia de crditos y prstamos garantizados con una hipoteca sobre la vivienda, tanto si son destinados a su adquisicin como a su rehabilitacin o a la rehabilitacin del inmueble del que forma parte.

2. Los preceptos del presente ttulo relativos a las personas consumidoras en contratos de crdito o prstamo hipotecario se aplican tambin a los avalistas de la operacin de crdito o prstamo y, si procede, a los propietarios hipotecantes.

3. Los preceptos del presente ttulo se entienden sin perjuicio de las obligaciones establecidas por las dems normas que regulan esta materia, siempre y cuando sean ms beneficiosas para las personas consumidoras, y por la legislacin bsica del Estado.

CAPTULO II
Obligaciones de informacin previa

Artculo 262-1. Transparencia con relacin a los contratos.

1. Los prestamistas y los intermediarios de crdito deben actuar honestamente, profesionalmente y en el mejor inters de las personas consumidoras cuando les conceden crditos o prstamos hipotecarios o cuando les prestan servicios de intermediacin o asesoramiento y, si procede, servicios accesorios.

2. Los prestamistas que formalizan crditos o prstamos hipotecarios deben entregar a las personas consumidoras las condiciones generales de la contratacin en un formato que pueda ser consultado en ausencia del prestamista, en soporte papel o en cualquier otro soporte duradero que permita su almacenaje y reproduccin posteriores. Las personas consumidoras no deben afrontar ningn gasto ni asumir ningn compromiso para recibirlas. Esta informacin debe ser accesible desde la web de los prestamistas, si tienen, y en los establecimientos abiertos al pblico o las oficinas donde prestan sus servicios, y debe adaptarse a los requerimientos de los contenidos de la ficha europea de informacin normalizada (FEIN).

3. La Agencia Catalana del Consumo debe velar por que en la documentacin contractual no se incluyan clusulas declaradas abusivas judicialmente, por lo que debe realizar controles peridicos de la documentacin contractual. Si detecta clusulas o prcticas abusivas o desleales, la Agencia Catalana del Consumo, de oficio, puede iniciar un expediente sancionador a la entidad financiera.

4. La Agencia Catalana del Consumo debe proporcionar informacin a las personas consumidoras y proteccin durante la vigencia del contrato.

Artculo 262-2. Transparencia con relacin a los precios.

1. Los prestamistas y los intermediarios de crdito deben informar de las tarifas de comisiones o compensaciones y de los gastos repercutibles y, si procede, de la periodicidad con la que son aplicables. Esta informacin debe recogerse en un documento, que debe entregarse antes de formalizar el contrato y que debe redactarse de forma clara, concreta y fcilmente comprensible para las personas consumidoras. Los prestamistas y los intermediarios de crdito vinculado no pueden incluir en ningn caso el concepto de asesoramiento.

2. La informacin a que se refiere el apartado 1 debe estar disponible de forma gratuita para la persona consumidora en los tablones de anuncios de los establecimientos de los prestamistas y los intermediarios de crdito, en sus webs y en un documento que ha de ser entregado a la persona consumidora en cualquier caso y siempre con cinco das hbiles de antelacin a la formalizacin de cualquier contrato, documento de compromiso, de opcin o similar que suponga el establecimiento de relaciones obligacionales o reales de cualquier tipo que afecten a la persona consumidora.

3. Las comisiones o compensaciones y los gastos repercutidos deben responder a servicios efectivamente prestados o a gastos que se hayan soportado. En ningn caso pueden cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados en firme y de forma expresa por la persona consumidora.

Artculo 262-3. Comunicaciones comerciales y publicidad.

1. Las comunicaciones comerciales y publicitarias de los crditos y prstamos hipotecarios deben ser claras, no engaosas, legibles y, si procede, audibles. En ningn caso pueden generar en la persona consumidora falsas expectativas sobre la disponibilidad o el coste de un crdito o prstamo, y deben serle suministradas de una forma comprensible y transparente, de modo que pueda conocer los elementos esenciales para poder comparar las diferentes ofertas.

2. En la publicidad y las comunicaciones comerciales de las empresas y en los anuncios y ofertas exhibidos en sus establecimientos abiertos al pblico en que se ofrezcan crditos o prstamos hipotecarios, debe informarse al menos, de forma clara, concisa y destacada, de los siguientes aspectos:

a) La identidad del prestamista o el intermediario de crdito.

b) El hecho de que el producto publicitado es un crdito o prstamo garantizado por una hipoteca sobre una vivienda.

c) El tipo de inters, el carcter fijo, variable o referenciado de este, la existencia de clusulas suelo o techo, cualquier cifra relacionada con el coste del crdito o prstamo, y la tasa anual equivalente, mediante un ejemplo representativo que contenga el importe total del crdito, la duracin del contrato, el importe de las cuotas y el importe total que deber pagar la persona consumidora.

d) El hecho de que la perfeccin de un contrato relativo a servicios accesorios sea obligatoria para obtener el crdito o prstamo o para obtenerlo en las condiciones ofrecidas, si el coste de este servicio no puede determinarse antes. Esta obligacin debe mencionarse clara y destacadamente, junto a la tasa anual equivalente. En todo caso, debe informarse claramente de cules de estos productos son voluntarios y cules obligatorios para la persona consumidora, del coste total y de la tasa anual equivalente del crdito o prstamo sin ningn producto accesorio o voluntario.

e) El riesgo de perder la vivienda y, si procede, otros bienes del patrimonio en caso de incumplimiento de los compromisos derivados del contrato de crdito. Debe informarse de ello con advertencias claras, que deben referirse a los riesgos para las personas consumidoras y, si procede, para los avalistas o los terceros hipotecantes.

Artculo 262-4. Informacin previa al contrato de crdito o prstamo hipotecario.

1. El prestamista o el intermediario de crdito, con una antelacin mnima de catorce das naturales a la formalizacin del contrato y antes de que la persona consumidora asuma cualquiera obligacin derivada de la oferta o del contrato de crdito o prstamo hipotecario, debe suministrarle, de forma gratuita, clara, completa y comprensible, como mnimo la siguiente informacin:

a) La identidad y el domicilio del prestamista y la identificacin de la persona responsable del prstamo.

b) La finalidad para la que podr utilizarse el crdito o prstamo.

c) El derecho de la persona consumidora a escoger notario, que solo puede ser escogido por el prestamista si la persona consumidora no lo hace.

d) El derecho de la persona consumidora a aportar una tasacin del bien inmueble, que debe ser aceptada e incluida en el registro de la entidad de crdito, de acuerdo con la legislacin vigente.

e) Una descripcin de las principales caractersticas del contrato de crdito o prstamo, que debe incluir la duracin; la descripcin comparativa de los tipos de crdito disponibles con una breve exposicin de las caractersticas de los productos a tipo fijo, referenciado y variable; las implicaciones para la persona consumidora; las opciones para reembolsar el crdito al prestamista, con la indicacin del nmero, la periodicidad y el importe de las cuotas; la posibilidad, si procede, de reembolso anticipado, su repercusin en el precio del crdito o prstamo hipotecario y, si procede, las condiciones a que est sujeto dicho reembolso. En todo caso, debe entregarse a la persona consumidora un cuadro que refleje la evolucin, durante los doce meses anteriores, de los diversos tipos de referencia oficiales.

f) El precio total que debe pagar la persona consumidora, incluido el desglose de todas las comisiones, cargas y gastos que sean precisas para la formalizacin del prstamo, as como todos los impuestos y la tasa anual equivalente, expresada con un ejemplo representativo, que debe incluir, al menos, los gastos desglosados de impuestos y tasas, los gastos de tramitacin, tasacin de la finca, comisin por cancelacin de hipotecas por amortizaciones anticipadas parciales o totales y los dems que puedan presentarse por la contratacin del prstamo hipotecario. Tambin deben hacerse constar, si existen, los gastos en caso de impago. Los prestamistas y los intermediarios de crdito vinculado no pueden incluir en ningn caso el concepto de asesoramiento.

g) Las siguientes advertencias:

1. Una advertencia que indique que el crdito o prstamo ofrecido est relacionado con incrementos del tipo de inters o del precio del crdito o prstamo hipotecario o con otros instrumentos u operaciones que implican riesgos especiales para la persona consumidora.

2. Una advertencia sobre el riesgo que asume la persona consumidora de perder la vivienda en caso de incumplimiento de los compromisos derivados del contrato de crdito y del hecho de que la responsabilidad no est limitada a la finca, y la advertencia de que tambin podra perder otros bienes de su patrimonio hasta el importe debido. En todo caso, la persona consumidora, con esta advertencia, debe obtener un conocimiento adecuado de los riesgos asociados a la financiacin de estas operaciones, con una referencia especial al riesgo de tipo de inters asumido.

3. Una advertencia sobre los contratos de seguros o de apertura de cuentas corrientes y los dems servicios accesorios, con la indicacin de si son obligatorios u opcionales para la persona consumidora, del coste real para esta y de las implicaciones que para ella puedan tener, incluidas las derivadas de no cumplir los compromisos. Tambin debe aadirse la informacin sobre la posibilidad que tiene el consumidor de contratarlos a un proveedor acreditado distinto al prestamista.

4. Una advertencia sobre las clusulas contractuales que generen ms riesgo para la persona consumidora.

5. Una advertencia sobre el derecho de la empresa prestamista a declarar vencida toda la deuda por impago de tres cuotas mensuales o un nmero de estas equivalente a tres meses.

h) Las modalidades de pago y de ejecucin.

i) La divisa en la que pueden contratarse los crditos o prstamos, con la explicacin de las implicaciones para la persona consumidora de hacerlo en una moneda que no es de curso legal en Catalua.

j) La naturaleza y el alcance de la garanta o garantas del crdito o prstamo.

k) El derecho a obtener una oferta vinculante, la duracin y las condiciones.

l) La informacin relativa a cualquier derecho que tengan las partes para resolver el contrato anticipadamente, de acuerdo con la legislacin aplicable y las condiciones del contrato, incluidas las compensaciones que incluya el contrato.

m) El tipo deudor y las condiciones de aplicacin de dicho tipo, los ndices de referencia aplicables al tipo deudor inicial, los recargos aplicables y las condiciones en que pueden modificarse. Tambin debe especificarse el tipo de inters de demora.

n) Un estudio de sensibilidad de las oscilaciones en el importe total del prstamo para la persona consumidora en los crditos o prstamos hipotecarios a tipos de referencia, con la comunicacin del importe ms alto y ms bajo que puede tener la cuota mensual a lo largo del perodo de amortizacin previsto, en base a la fluctuacin que ha sufrido el ndice de referencia, al menos, en los ltimos veinte aos.

o) Las clusulas suelo y techo y dems clusulas o contratos accesorios que pueden alterar el tipo de inters o el precio del crdito o prstamo hipotecario, las implicaciones de estas clusulas o estos contratos accesorios para la persona consumidora, y la comparativa de la onerosidad del crdito o prstamo con estas clusulas o estos contratos y sin ellos.

p) Indicaciones sobre como puede afectar el prstamo hipotecario a las obligaciones fiscales y sobre las ayudas pblicas, teniendo en cuenta las cualidades del prestatario consumidor.

q) Los medios de reclamacin y los sistemas de resolucin extrajudicial de conflictos a los que tiene derecho a acceder la persona consumidora.

r) El sistema de fijacin de la deuda o de la determinacin de las cantidades debidas.

s) El derecho de la persona consumidora a negociar individualmente las clusulas del contrato.

t) La obligacin que, en los supuestos establecidos legalmente por la escritura de los prstamos hipotecarios, debe aadirse, adems de la firma del cliente, una expresin manuscrita en que el prestatario manifieste que ha sido adecuadamente advertido de los posibles riesgos derivados del contrato.

u) La posibilidad de consultar la Gua de acceso al prstamo hipotecario, del Banco de Espaa, y la indicacin de dnde puede consultarse.

2. La informacin a que se refiere el presente artculo debe entregarse por escrito o en cualquier soporte de naturaleza duradera que permita a la persona consumidora comparar fcilmente el producto ofrecido con otros y que recoja la constancia de la fecha de la recepcin por el destinatario, a la vez que haga posibles una conservacin, una reproduccin y un acceso a la informacin adecuados.

3. Se entiende que el prestamista o el intermediario de crdito cumple las obligaciones de informacin a que se refiere el apartado 1 si entrega a la persona consumidora debidamente rellenado un modelo de informacin que se haya establecido legal o reglamentariamente a tal efecto.

Artculo 262-5. Tasacin del bien y otros servicios accesorios.

1. El prestamista, si concierta o efecta directamente la prestacin de los servicios preparatorios de la operacin y el gasto corre a cargo de la persona consumidora, debe indicarle la identidad de los profesionales o entidades seleccionados a tal efecto y las tarifas de los honorarios aplicables, y debe entregarle el servicio contratado por la empresa o prestado por esta, si el crdito o prstamo hipotecario no llega a formalizarse, o una copia en caso contrario.

2. El prestamista debe entregar a la persona consumidora una copia del informe de tasacin si la operacin llega a formalizarse, o el original del informe en caso contrario.

Artculo 262-6. Oferta vinculante.

1. Una vez obtenida la tasacin del inmueble, efectuadas, si procede, las comprobaciones pertinentes sobre la situacin registral de la finca y evaluada la solvencia del prestatario, los prestamistas deben entregar por escrito una oferta vinculante de crdito o prstamo a la persona consumidora con la informacin a que se refiere el artculo 262-4 y cualquier otra informacin que consideren relevante, o bien deben notificarle la denegacin del crdito o prstamo. Se entiende cumplida la obligacin establecida por el presente apartado si el prestamista entrega a la persona consumidora, debidamente rellenado, un formulario normalizado aprobado mediante una disposicin legal o reglamentaria.

2. La oferta debe ser firmada por un representante del prestamista y, salvo que existan circunstancias extraordinarias o no imputables a este ltimo, tiene un plazo de validez no inferior a catorce das naturales desde la fecha de entrega.

3. El documento que contiene la oferta vinculante debe ir acompaado del proyecto de documento contractual. En este documento debe constar el derecho de la persona consumidora a examinar la escritura pblica en el despacho del notario autorizante con una antelacin mnima a la fecha de la firma de cinco das hbiles.

Artculo 262-7. Accesibilidad a la informacin y a los documentos preceptivos.

La informacin y los documentos que el prestamista debe dar a la persona consumidora para llevar a cabo el proceso de contratacin deben ser accesibles para las personas con discapacidad mediante el sistema o medio de soporte ms adecuado a tal efecto.

Artculo 262-8. Servicios de asesoramiento.

1. Los prestamistas, los intermediarios de crdito o sus representantes deben informar, de forma expresa, a las personas consumidoras de si estn prestndose o pueden prestarse servicios de asesoramiento con relacin a una determinada operacin.

2. Si se prestan servicios de asesoramiento, antes de que sean contratados debe entregarse a la persona consumidora, en papel o en otro soporte duradero, la siguiente informacin:

a) El conjunto de productos que se tomarn en consideracin, de modo que la persona consumidora pueda entender si las recomendaciones que se le hacen se fundamentan solo en los productos propios del prestamista o el intermediario o bien en un conjunto ms amplio.

b) Los gastos que se cobran a la persona consumidora por este servicio de asesoramiento o el mtodo que se utiliza para su clculo.

3. Los prestamistas, los intermediarios de crdito vinculados o sus representantes no pueden usar en ningn caso los trminos asesoramiento, asesor u otros parecidos en sus comunicaciones comerciales y en la publicidad.

4. Los empresarios que acten como asesores deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Solicitar la informacin necesaria sobre la situacin personal y financiera de la persona consumidora, sus preferencias y sus objetivos, de modo que el asesor pueda recomendar a la persona consumidora contratos de crdito adecuados.

b) Tener en cuenta las hiptesis razonables sobre los riesgos existentes durante la vigencia del contrato de crdito propuesto.

c) Tomar en consideracin un nmero suficientemente grande de contratos disponibles en el mercado y recomendar a la persona consumidora aquellos que se adecuen a sus necesidades, situacin financiera y circunstancias personales.

d) Actuar en el mejor inters de la persona consumidora y recomendarle el contrato que ms se adecue a sus caractersticas.

e) Facilitar a la persona consumidora una copia de las recomendaciones en papel o en otro soporte duradero.

Artculo 262-9. Prcticas vinculadas y combinadas.

1. Se autorizan las prcticas combinadas, pero no las prcticas vinculadas, excepto en los siguientes supuestos:

a) Que se abra o se mantenga una cuenta de pago o de ahorro, siempre y cuando esta cuenta tenga como nica finalidad acumular capital para efectuar reembolsos de crdito, pagar sus intereses o agrupar recursos para obtener el crdito, o bien ofrecer una seguridad adicional para el prestamista en caso de impago.

b) Que se abra o se mantenga un producto de inversin o un producto de pensin privada, si estos productos, que ofrecen fundamentalmente al inversor unos ingresos despus de jubilarse, sirven tambin para ofrecer una seguridad adicional al prestamista en caso de impago o para acumular capital para efectuar reembolsos de crdito, pagar sus intereses o agrupar recursos para obtener el crdito.

c) Que los prestamistas puedan demostrar que las prcticas vinculadas presentan beneficios claros a las personas consumidoras, teniendo en cuenta la disponibilidad y los precios de los productos similares ofrecidos en el mercado.

2. Puede exigirse a la persona consumidora la suscripcin de una pliza de seguros con relacin al contrato de crdito. Sin embargo, deben aceptarse las plizas de seguros con garantas equivalentes suscritas directamente por la persona consumidora con proveedores distintos al prestamista.

Artculo 262-10. Proteccin adicional de determinados colectivos.

1. Los colectivos especialmente protegidos definidos por la letra c del artculo 111-2 gozan de una mayor proteccin, con las caractersticas y los requisitos que se determinen por reglamento.

2. Los servicios de atencin deben ser diseados utilizando medios y soportes que sigan los principios de accesibilidad universal.

CAPTULO III
Otras obligaciones

Artculo 263-1. Explicaciones adecuadas.

1. Los prestamistas y, si procede, los intermediarios de crdito deben facilitar a la persona consumidora, antes de formular la oferta vinculante, explicaciones adecuadas y comprensibles sobre los crditos o prstamos, los posibles servicios accesorios que se ofrezcan, los importes desglosados de los servicios y sus condicionantes al efecto del otorgamiento de la operacin de crdito, as como sobre si son obligatorios, opcionales o complementarios, con la finalidad de que la persona consumidora pueda valorar si dichos crditos o prstamos se adaptan a sus necesidades y a su situacin financiera, comparar los crditos disponibles en el mercado, tomar una decisin fundamentada sobre la conveniencia o no de suscribir el contrato de crdito, y decidir de forma suficientemente informada si acepta o no la prestacin de los servicios complementarios y sobre el importe que debe pagar. La aceptacin expresa de los servicios complementarios por parte de la persona consumidora debe constar en un escrito en que deben desglosarse los conceptos, los importes, los plazos y las condiciones de pago.

2. Las explicaciones deben incluir informacin personalizada sobre las caractersticas de los crditos ofrecidos y los trminos de la informacin precontractual que deben facilitarse de acuerdo con lo establecido por el presente ttulo, as como de las consecuencias que la suscripcin del contrato puede tener para la persona consumidora, sin formular recomendacin alguna. Esta informacin debe entregarse sin retrasos injustificados desde el momento en que el consumidor ha entregado la informacin necesaria y con suficiente antelacin respecto a la entrega de la oferta vinculante.

Artculo 263-2. Evaluacin de la solvencia de la persona consumidora.

1. El prestamista o el intermediario de crdito, antes de conceder el crdito o prstamo hipotecario, debe evaluar la solvencia de la persona consumidora teniendo en cuenta, entre otros criterios, los ingresos presentes y futuros, los ahorros, las deudas y los compromisos financieros de la persona consumidora, de acuerdo con la informacin suministrada por esta. Esta evaluacin no puede fundamentarse, de forma exclusiva, en el valor del bien inmueble sujeto a la hipoteca.

2. Si, despus de la celebracin del contrato de crdito o prstamo hipotecario, se prev un aumento significativo del importe total del crdito otorgado, debe actualizarse la informacin financiera sobre la persona consumidora y debe volverse a realizar la evaluacin de su solvencia, de la forma establecida por el apartado 1.

3. El prestamista debe comunicar a la persona consumidora el resultado de la evaluacin de forma inmediata y sin coste para esta.

4. El prestamista no puede conceder el crdito o prstamo hipotecario si el resultado de la evaluacin de solvencia de la persona consumidora es negativo. En este caso, el prestamista debe advertir por escrito a la persona consumidora de la imposibilidad de concederle el crdito.

Artculo 21. Modificacin del artculo 321-1 de la Ley 22/2010.

Se modifica el apartado 1 del artculo 321-1 de la Ley 22/2010, que queda redactado del siguiente modo:

1. La Administracin de la Generalidad y las administraciones locales, en el mbito de sus competencias respectivas y de acuerdo con las funciones que recoge el Directorio de servicios pblicos de consumo de Catalua, deben llevar a cabo las actuaciones de inspeccin y control necesarias para garantizar que las empresas y los establecimientos que producen, distribuyen o comercializan bienes o servicios, incluso los servicios de la sociedad de la informacin, cumplan los deberes, prohibiciones y limitaciones establecidos por la normativa de los distintos sectores de actividad econmica, cuyo incumplimiento puede lesionar los intereses generales de la persona consumidora protegidos por la presente ley.

Artculo 22. Adicin de tres letras al artculo 331-4 de la Ley 22/2010.

Se aaden tres letras, la r, la s y la t, al artculo 331-4 de la Ley 22/2010, con el siguiente texto:

r) Incumplir las obligaciones respecto a las explicaciones adecuadas en materia de crditos o prstamos establecidas por el artculo 263-1.

s) Incumplir las obligaciones de evaluar la solvencia de la persona consumidora en materia de crditos o prstamos establecidas por el artculo 263-2.

t) Imponer a las personas consumidoras la contratacin de seguros y otros servicios accesorios con determinadas empresas o entidades.

Artculo 23. Modificacin del artculo 332-3 de la Ley 22/2010.

Se modifica la letra c del apartado 1 del artculo 332-3 de la Ley 22/2010, que queda redactado del siguiente modo:

c) Los apartados a y s del artculo 331-4.

Artculo 24. Adicin de un artculo, el 333-10, a la Ley 22/2010.

Se aade un artculo, el 333-10, a la Ley 22/2010, con el siguiente texto:

Artculo 333-10. Medidas complementarias en clusulas y prcticas abusivas y desleales.

1. El rgano al que corresponde resolver el expediente puede, como medida complementaria, requerir al infractor la eliminacin y el cese de la incorporacin de clusulas o de prcticas que sean consideradas abusivas o desleales.

2. En el supuesto de crditos y prstamos hipotecarios, el rgano al que corresponde resolver el expediente puede acordar la dacin en pago u otras medidas complementarias, siempre y cuando exista una relacin directa entre la clusula o la prctica abusiva o desleal y la medida adoptada.

Artculo 25. Modificacin del artculo 335-1 de la Ley 22/2010.

Se modifica el apartado 3 del artculo 335-1 de la Ley 22/2010, que queda redactado del siguiente modo:

3. Las actuaciones judiciales penales, los procedimientos de mediacin y arbitraje y la tramitacin de otros procedimientos administrativos interrumpen el plazo de prescripcin de las infracciones. El plazo se reanuda en el momento en que la Agencia Catalana del Consumo tiene conocimiento, mediante la recepcin de la comunicacin correspondiente, de la finalizacin del procedimiento que haba provocado la interrupcin.

Disposicin adicional primera. Creacin del Fondo de atencin solidaria de suministros bsicos.

1. Se crea el Fondo de atencin solidaria de suministros bsicos para que las unidades familiares que no pueden cumplir los compromisos de pago de los servicios de suministro de agua, electricidad o gas a que se refiere el artculo 252-4.9 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Cdigo de consumo de Catalua, tengan los instrumentos de apoyo econmico necesarios.

2. El Fondo de atencin solidaria de suministros bsicos debe desarrollarse por reglamento y debe nutrirse, entre otras aportaciones, de las que efecten las empresas suministradoras y las administraciones pblicas competentes en esta materia.

Disposicin adicional segunda. Comunicacin de las funciones de los servicios pblicos de consumo a la Agencia Catalana del Consumo.

A los efectos de lo establecido por el artculo 126-11 de la Ley 22/2010, los servicios pblicos de consumo deben facilitar a la Agencia Catalana del Consumo, en el plazo de seis meses a contar de la entrada en vigor de la presente ley, todos los datos sobre las funciones que ejercen.

Disposicin derogatoria.

1. Se derogan las siguientes disposiciones:

a) La letra d de la disposicin final segunda de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Cdigo de consumo de Catalua.

b) El Decreto ley 6/2013, de 23 de diciembre, por el que se modifica la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Cdigo de consumo de Catalua.

2. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido por la presente ley o que la contradigan.

Disposicin final primera. Adicin de un captulo al ttulo VII bis del texto refundido de la Ley de tasas y precios pblicos de la Generalidad de Catalua.

Se aade un captulo, el II, al ttulo VII bis del texto refundido de la Ley de tasas y precios pblicos de la Generalidad de Catalua, aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, de 25 de junio, con el siguiente texto:

CAPTULO II
Tasa por la prestacin de servicios y la realizacin de actividades administrativas de inspeccin de consumo a las empresas prestadoras de servicios bsicos

Artculo 7.bis.2-1 Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestacin de servicios y la realizacin de actuaciones administrativas de inspeccin a las empresas prestadoras de servicios bsicos, de acuerdo con la definicin dada por el artculo 251-2 de la Ley 22/2010, del 20 de julio, del Cdigo de consumo de Catalua, con relacin a las reclamaciones recibidas en la Agencia Catalana del Consumo. Se excluyen las reclamaciones que no hayan sido presentadas previamente por la persona consumidora ante la empresa prestadora de servicios bsicos.

2. La actividad inspectora consiste en la verificacin, el control y la supervisin de la actividad realizada por la empresa prestadora de servicios bsicos en la gestin de las reclamaciones formuladas por las personas consumidoras con relacin a la observancia de las obligaciones de atencin establecidas por la normativa vigente en materia de consumo. Cuando la Agencia Catalana del Consumo haya recibido al menos cien reclamaciones de una misma empresa de servicios, debe hacerle una inspeccin.

Artculo 7.bis.2-2 Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa por la prestacin de servicios y la realizacin de actividades administrativas de inspeccin de consumo a las empresas prestadoras de servicios bsicos las personas jurdicas prestadoras de servicios bsicos, de acuerdo con la definicin dada por el artculo 251-2 de la Ley 22/2010, respecto a las que las personas consumidoras han formulado reclamaciones ante la Agencia Catalana del Consumo.

Artculo 7.bis.2-3 Justificacin.

La tasa por la prestacin de servicios y la realizacin de actividades administrativas de inspeccin de consumo a las empresas prestadoras de servicios bsicos se justifica con la prestacin del servicio constitutivo del hecho imponible.

Artculo 7.bis.2-4 Cuota.

La cuota de la tasa por la prestacin de servicios y la realizacin de actividades administrativas de inspeccin de consumo a las empresas prestadoras de servicios bsicos es de 50 euros por cada reclamacin que haya dado pie a la inspeccin.

Artculo 7.bis.2-5 Afectacin.

Los ingresos que se obtienen como consecuencia de la aplicacin de la tasa por la prestacin de servicios y la realizacin de actividades administrativas de inspeccin de consumo a las empresas prestadoras de servicios bsicos tienen la consideracin de recursos econmicos de la Agencia Catalana del Consumo, en los trminos del artculo 15 de la Ley 9/2004, de 24 de diciembre, de creacin de la Agencia Catalana del Consumo. Los importes obtenidos deben destinarse ntegramente a actuaciones en materia de defensa de las personas consumidoras.

Disposicin adicional segunda. Entrada en vigor.

La presente ley entra en vigor a los tres meses de su publicacin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, excepto los artculos 3 y 17 y la disposicin adicional primera, que entran en vigor al da siguiente a dicha publicacin.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicacin esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 29 de diciembre de 2014.–El Presidente de la Generalidad de Catalua, Artur Mas i Gavarr.–El Consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig i Godes.

(Publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Catalua nmero 6780, de 31 de diciembre de 2014)

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 29/12/2014
  • Fecha de publicación: 21/01/2015
  • Entrada en vigor: 31 de marzo de 2015, excepto los arts. 3 y 17 y la disposicin adicional 1 que lo harn el da 1 de enero de 2015.
  • Publicada en el DOGC nm. 6780, de 31 de diciembre de 2014.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DECLARA:
    • en el Recurso 5459/2015, la inconstitucionalidad y nulidad de lo indicado de los arts. 8, 13, 17, 18.2 y 20 y la desestimacin en todo lo dems, por Sentencia 54/2018, de 24 de mayo (Ref. BOE-A-2018-8573).
    • en el recurso 5459/2015, el mantenimiento de la suspensin de vigencia del art. 18.2 y lo indicado de los arts. 17 y 20 y el levantamiento de la misma respecto al resto de los preceptos impugnados, por Auto de 12 de abril de 2016 (Ref. BOE-A-2016-3826).
  • Recurso 5459/2015 planteado en relacin con determinados preceptos, con suspensin , desde el 9 de octubre de 2015, de vigencia y aplicacin de los mismos y, desde el 30 de septiembre de 2015, para las partes legitimadas (Ref. BOE-A-2015-10865).
Referencias anteriores
  • DEROGA:
    • Decreto-ley 6/2013, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-3001).
    • Letra d) de la disposicin final 2, MODIFICA determinados preceptos y AADE los arts. 123-10, 131-3, 132-4, 251-8, 252-9, el ttulo VI al libro II de la Ley 22/2010, de 20 de julio (Ref. BOE-A-2010-13115).
  • AADE el captulo II al ttulo VII bis a la Ley de tasas y precios pblicos de la Generalidad de Catalua, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 3/2008, de 25 de junio (Ref. DOGC-f-2008-90017).
  • DE CONFORMIDAD con los arts. 120.2 y 126.3 del Estatuto aprobado por Ley Orgnica 6/2006, de 19 de julio (Ref. BOE-A-2006-13087).
Materias
  • Abastecimiento de aguas
  • Arbitraje
  • Asistencia social
  • Ayudas
  • Catalua
  • Consumidores y usuarios
  • Consumo
  • Consumo de energa
  • Contratos
  • Crditos
  • Hipoteca
  • Tasas
  • Viviendas

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