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Vista la sentencia firme número 426/2016, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por la que se condena a don Julio González Díez, funcionario de la Escala Superior de Técnicos de Tráfico, con destino en la Jefatura Provincial de Lugo, como autor de un delito de prevaricación y de un delito de falsedad en documento público, a la pena, entre otras, respectivamente, de inhabilitación especial para el cargo de Jefe Provincial o funcionario de la Dirección General de Tráfico durante tres años e inhabilitación especial para el cargo de Jefe Provincial o funcionario de la Dirección General de Tráfico durante un año y seis meses.

Considerando lo dispuesto en los artículos 63.e) y 66 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en los que se establece que la pena principal o accesoria de inhabilitación especial que tuviera carácter firme, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos especificados en la sentencia.

Esta Subsecretaría, en uso de las facultades que tiene conferidas, acuerda:

Declarar la pérdida de la condición de funcionario de la Escala Superior de Técnicos de Trafico, de don Julio González Díez, con la anotación correspondiente en el Registro Central de Personal.

De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, puede el interesado interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante este Ministerio, o contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o el de la circunscripción del domicilio del interesado, a su elección, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en los artículos 10.i) y 46.1) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 3 de agosto de 2016.–El Subsecretario del Interior, Luis Aguilera Ruiz.