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Documento BOE-A-2018-11135

Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de gnero.

TEXTO

I

La Exposicin de Motivos de la Ley Orgnica1/2004, de28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero, sealaba que la violencia de gnero no es un problema que afecte al mbito privado. Al contrario, se manifiesta como el smbolo ms brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mnimos de libertad, respeto y capacidad de decisin.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevencin y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia domstica, hecho en Estambul el11 de mayo de2011, en su artculo5.2, exige a las partes del convenio que tomen las medidas legislativas y dems necesarias para actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnizacin por los actos de violencia incluidos en el mbito de aplicacin del mismo.

El15 de noviembre de2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprob, por unanimidad, una Proposicin no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripcin de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Gnero, por el Gobierno de la Nacin, las Comunidades Autnomas y Ciudades con Estatuto de Autonoma y la Federacin Espaola de Municipios y Provincias, que siga impulsando polticas para la erradicacin de la violencia sobre la mujer como una verdadera poltica de Estado. La Proposicin no de ley estableca la creacin, en el seno de la Comisin de Igualdad del Congreso, de una Subcomisin que tena como objetivo elaborar un informe en el que se identificaran y analizaran los problemas que impiden avanzar en la erradicacin de las diferentes formas de violencia de gnero, y en el que se incluyeran un conjunto de propuestas de actuacin, entre ellas las principales reformas que deben acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, as como a las recomendaciones de los organismos internacionales. El Congreso, en su sesin plenaria del28 de septiembre de2017, aprob, sin ningn voto en contra, el Informe de la Subcomisin para un Pacto de Estado en materia de violencia de gnero.

Por su parte, la Comisin de Igualdad del Senado decidi, el21 de diciembre de2016, la creacin de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de Violencia de Gnero, los aspectos de prevencin, proteccin y reparacin de las vctimas, analizase la estrategia para alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Gnero y examinase la Ley Orgnica1/2004, de28 de diciembre. El13 de septiembre de2017, el Pleno del Senado aprob, por unanimidad, el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboracin de estrategias contra la violencia de gnero.

Ambos informes contienen un conjunto de propuestas para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia domstica, y para mejorar en la respuesta que, desde las Instituciones, se proporciona a las mujeres vctimas y a sus hijas e hijos menores o a los menores bajo su guarda, tutela o acogimiento.

Segn la Proposicin no de ley aprobada el15 de noviembre de2016, las medidas contenidas en el informe que supusieran la modificacin de textos legales vigentes deban ser remitidas a las Cortes Generales en un plazo no superior a seis meses para su tramitacin.

Transcurrido dicho plazo se hace urgente adoptar algunas medidas necesarias para avanzar en la erradicacin de la violencia de gnero y en el logro de una sociedad libre de violencia sobre las mujeres.

La entidad de los derechos a proteger, que exigen una respuesta inmediata y contundente, que proteja la vida y la integridad fsica, psicolgica y moral de las vctimas de esta violacin de derechos fundamentales, no slo justifican la necesidad y urgencia de la medida, sino que son una exigencia de todo Estado de Derecho.

II

La violencia contra las mujeres es la manifestacin ms cruel de la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Se trata de una violencia de naturaleza estructural que se dirige contra la mujer por el mismo hecho de serlo. Esta violencia menoscaba el disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales y es un obstculo para la plena realizacin de la igualdad entre mujeres y hombres.

As lo reconocen los organismos internacionales como la Organizacin de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unin Europea, en distintos instrumentos jurdicos ratificados por Espaa. La Declaracin sobre la eliminacin de la violencia contra la mujer (Resolucin48/104, de20 de diciembre de1993) adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un dao o sufrimiento fsico, sexual o psicolgico para la mujer, as como las amenazas de tales actos, la coaccin o la privacin arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pblica como en la vida privada.

La Constitucin Espaola reconoce en su artculo14 la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminacin alguna por razn de nacimiento, raza, sexo, religin, opinin o cualquier otra condicin o circunstancia personal o social. Y el artculo15 reconoce el derecho a la vida y a la integridad fsica y moral, sin que, en ningn caso, nadie pueda ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Por su parte el artculo9.2 establece la obligacin de los poderes pblicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; y remover los obstculos que impidan o dificulten su plenitud.

III

En Espaa en los ltimos aos se han producido avances legislativos muy significativos en materia de lucha contra la violencia sobre la mujer. Por su especial relevancia, destacan la Ley27/2003, de31 de julio, reguladora de la Orden de proteccin de las vctimas de la violencia domstica y, sobre todo, la Ley Orgnica, 1/2004, de28 de diciembre, de medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero.

La Ley Orgnica1/2004, de28 de diciembre, tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestacin de la discriminacin, la situacin de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre stas por parte de quienes sean o hayan sido sus cnyuges o de quienes estn o hayan estado ligados a ellas por relaciones anlogas, aun sin convivencia.

En sus trece aos de vigencia, la Ley Orgnica1/2004, de28 de diciembre, ha incorporado tres modificaciones operadas, respectivamente, por la Ley40/2007, de4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, relativa a la disposicin adicional primera sobre pensiones de orfandad; por la Ley42/2015, de5 de octubre, de reforma de la Ley1/2000, de7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, relativa al artculo20.1 sobre asistencia jurdica gratuita, y por la Ley Orgnica8/2015, de22 de julio, de modificacin del sistema de proteccin a la infancia y a la adolescencia relativa a los artculos1.2, 61.2, 65 y66, en relacin con hijos e hijas menores de edad y menores sujetos a tutela o guarda y custodia de las vctimas de violencia de gnero.

En2014, Espaa ratific el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia domstica, hecho en Estambul el11 de mayo de2011, que entr en vigor el1 de agosto de2014. El mbito de aplicacin del Convenio, que abarca todas las formas de violencia que afectan a las mujeres por el hecho de ser mujer o que les afectan de manera desproporcionada, define la violencia contra las mujeres como una violacin de los derechos humanos y una forma de discriminacin contra las mujeres, y designa todos los actos de violencia basados en el gnero que implican o pueden implicar para las mujeres daos o sufrimientos de naturaleza fsica, sexual, psicolgica o econmica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coaccin o la privacin arbitraria de libertad, en la vida pblica o privada.

IV

El artculo129 de la Ley39/2015, de1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, establece que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa, las Administraciones Pblicas actuarn de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurdica, transparencia, y eficiencia.

En cuanto a los principios de necesidad y eficiencia, se ven plenamente respaldados dado el inters general en el que se funda, siendo el real derecho ley el instrumento ms adecuado para garantizar su consecucin.

Por lo que respecta a la proporcionalidad, se ha buscado establecer las medidas imprescindibles para atender la necesidad de proteccin mejorando la asistencia y atencin de las vctimas de la violencia de gnero, no pudiendo plantearse otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

Asimismo, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurdico, supone un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensin y, en consecuencia, la actuacin y toma de decisiones de las personas, por lo que se entiende que la propuesta se adeca al principio de seguridad jurdica.

En cumplimiento del principio de transparencia la norma identifica claramente su propsito y ofrece una explicacin completa de su contenido en esta exposicin de motivos.

Finalmente, dado que la norma no impone cargas administrativas, y que supone una clara mejora en la proteccin de las vctimas de la violencia de gnero y de sus hijas e hijos, se entiende plenamente cumplida la adecuacin al principio de eficiencia.

V

En el marco de las propuestas formuladas en el Informe de la Subcomisin del Congreso para un Pacto de Estado en materia de violencia de gnero y en el Informe de la Ponencia del Senado de Estudio para la elaboracin de estrategias contra la violencia de gnero, el presente real decreto-ley modifica algunos preceptos de la Ley Orgnica1/2004, de28 de diciembre, que no tienen dicho rango de ley orgnica, as como otros textos normativos, cuya reforma es urgente a los efectos de dar una respuesta efectiva en relacin a la asistencia a las vctimas y a sus hijos e hijas menores.

La violencia de gnero, como manifestacin ms cruel de la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ha cobrado la vida de947 mujeres en Espaa desde2003, ao en que en nuestro pas empezaron a contabilizarse las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. 11 de ellas lo han sido en los ltimos dos meses de junio y julio de2018. En la mayora de los casos las vctimas no haban denunciado con anterioridad la violencia y el maltrato que venan sufriendo. Estos indicadores explican la situacin de emergencia en la que nos encontramos y justifican suficientemente el recurso a un real decreto-ley. De esta manera, la presente reforma que tiene como objeto fortalecer la tutela judicial y el acceso a la justicia, y a los recursos de asistencia de las vctimas de violencia de gnero, a travs de la modificacin de los artculos20 y23. El artculo20 contiene tres tipos de medidas destinadas a mejorar la participacin de la vctima en el proceso penal. Por un lado, se reforma su apartado4 y se aade un apartado5 para reforzar la asistencia jurdica de las vctimas, tal y como exige el Pacto de Estado, contemplando no solamente que los Colegios de Abogados, sino tambin los de Procuradores, adopten las medidas necesarias para la designacin urgente de letrados y procuradores de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de gnero, que aseguren su inmediata presencia para la defensa y representacin de las vctimas. Por otro lado, se aade un nuevo apartado6 para implementar una medida del Pacto de Estado referente a la habilitacin legal del Letrado de la vctima a fin de que pueda ostentar su representacin procesal hasta la personacin de la vctima en el procedimiento, si bien esto debe armonizarse con la tercera medida consistente en la adicin de un nuevo apartado7 con el objeto de permitir a la vctima personarse como acusacin particular en cualquier fase del procedimiento.

El artculo23 de la Ley Orgnica es tambin objeto de modificacin con una doble finalidad. Por una parte, para concretar y ampliar los ttulos judiciales habilitantes para acreditar la condicin de vctima de violencia de gnero; y, por otra parte, para establecer otros ttulos no judiciales habilitantes para los casos en los que no hay denuncia y, en consecuencia, tampoco existe procedimiento judicial abierto. Como se ha sealado, un porcentaje elevado de las vctimas de violencia de gnero asesinadas no haba de denunciado previamente la situacin de maltrato que estaban sufriendo. En2017, el76.5% de las mujeres asesinadas no haba denunciado previamente a su agresor, de ah la urgencia y la necesidad de proceder a ampliar los mecanismos de acreditacin de las situaciones de violencia de gnero. Cabe recordar que el artculo18.3 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevencin y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia domstica, exige no supeditar la proteccin de las vctimas de violencia de gnero al ejercicio por parte de aqullas de acciones legales ni a la declaracin contra el autor.

Entre las mltiples razones por las que las vctimas no denuncian la situacin de violencia que estn sufriendo, se encuentra la falta de recursos econmicos, uno de los factores que les impide romper el crculo de la violencia. Por ello, en relacin a las ayudas reguladas en el artculo27, el presente real decreto-ley, con el fin de ampliar las posibilidades de acceso a las mismas y en consonancia con las propuestas formuladas en la Ponencia del Senado de Estudio para la elaboracin de estrategias contra la violencia de gnero, se ha previsto la compatibilidad de estas ayudas con otras de carcter autonmico o local que las vctimas puedan percibir.

VI

Una de las medidas ms urgentes de llevar a cabo en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de gnero, es la que plantea la necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administracin local pueda llevar a cabo actuaciones en la promocin de la igualdad entre hombres y mujeres, as como contra la violencia de gnero, ya que se trata de la administracin ms cercana a la ciudadana y, por ende, a las vctimas. En este sentido, se plantea que estas cuestiones debern formar parte del catlogo de materias recogido como de competencia propia de los municipios en el artculo25.2 de la Ley7/1985, de2 de abril, Reguladora de las Bases del Rgimen Local. Por otra parte, la Ley6/2018, de3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el ao2018, establece cuantas especficas destinadas a las entidades locales dirigidas a implementar el Pacto de Estado contra la Violencia de Gnero.

Todo ello hace imprescindible la modificacin de la Ley7/1985, de2 de abril, para poder permitir el desarrollo de polticas contra la violencia de gnero, y que dicha modificacin se realice con toda celeridad, para evitar que las posibles actuaciones previstas por las entidades locales no puedan ser desarrolladas por la falta de adaptacin de las disposiciones vigentes, algo que redundara en un enorme perjuicio para las mujeres vctimas de la violencia de gnero, as como sus hijos e hijas.

VII

La proteccin de los menores, hijas e hijos de las mujeres vctimas de violencia de gnero constituye uno de los ejes del Pacto de Estado que exige una respuesta ms urgente. Segn la Macroencuesta de violencia contra la mujer realizada en2015, del total de mujeres que sufren o han sufrido violencia fsica, sexual o miedo de sus parejas o exparejas y que tenan hijos/as en el momento en el que se produjeron los episodios de violencia, el63,6% afirm que los hijos e hijas presenciaron o escucharon alguna de las situaciones de violencia. De las mujeres que contestaron que sus hijos o hijas presenciaron o escucharon los episodios de violencia, el92,5% afirmaron que los mismos eran menores de18 aos cuando sucedieron los hechos. Por ello el presente real decreto-ley incluye una modificacin en el artculo156 del Cdigo Civil para dar cumplimiento a la medida148, del Informe de la Subcomisin del Congreso que propone, desvincular la intervencin psicolgica con menores expuestos a violencia de gnero del ejercicio de la patria potestad. En concreto la reforma que afecta al artculo156 del Cdigo Civil tiene como objetivo que la atencin y asistencia psicolgica quede fuera del catlogo de actos que requieren una decisin comn en el ejercicio de la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores est incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad fsica, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.

VIII

Lo avanzado de las fechas en las que se adoptan las medidas contenidas en el presente real decreto-ley impide que puedan ser llevadas a efecto en su totalidad en el ejercicio2018.

El rgimen contenido en el artculo86 de la Ley47/2003, de26 de noviembre, General Presupuestaria, supone que por estas solas circunstancias se produce un perjuicio en2019 en las polticas impulsadas en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de gnero.

El corto periodo de tiempo para la ejecucin de las medidas y el carcter absolutamente prioritario de la lucha contra la violencia de gnero aconsejan que, de forma absolutamente excepcional y singular, se excepcione el rgimen contenido en la regla Sexta del artculo86.2 de la Ley47/2003, de26 de noviembre, General Presupuestaria, exclusivamente para el ejercicio2018.

IX

Por otra parte, se respetan los lmites constitucionalmente establecidos para el uso de este instrumento normativo, pues este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones bsicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Ttulo I de la Constitucin, al rgimen de las comunidades autnomas ni al derecho electoral general; de hecho, nicamente se modifican algunas disposiciones de la Ley Orgnica1/2004, de28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero, y de otras leyes en aquellos aspectos, propuestos en el Pacto de Estado, que carecen de la condicin de materia reservada a ley orgnica.

Adems el real decreto-ley representa un instrumento constitucionalmente lcito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecucin del fin que justifica la legislacin de urgencia, que no es otro, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional, que subvenir a un situacin concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difciles de prever requiere una accin normativa inmediata en un plazo ms breve que el requerido por la va normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitacin parlamentaria de las leyes.

Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artculo86 de la Constitucin Espaola como presupuestos habilitantes para la aprobacin de un real decreto-ley.

En su virtud, en uso de la autorizacin contenida en el artculo86 de la Constitucin, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da3 de agosto de2018,

DISPONGO:

Artculo nico. Modificacin de la Ley Orgnica1/2004, de28 de diciembre, de Medidas de Proteccin integral contra la Violencia de Gnero.

La Ley Orgnica1/2004, de28 de diciembre, de Medidas de Proteccin integral contra la Violencia de Gnero, queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. Se modifica el apartado4 y se aaden tres nuevos apartados5, 6 y7 en el artculo20, que queda redactado como sigue:

4. Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarn las medidas necesarias para la designacin urgente de letrado o letrada de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de gnero y para asegurar su inmediata presencia y asistencia a las vctimas.

5. Los Colegios de Procuradores adoptarn las medidas necesarias para la designacin urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por violencia de gnero cuando la vctima desee personarse como acusacin particular.

6. El abogado o abogada designado para la vctima tendr tambin habilitacin legal para la representacin procesal de aquella hasta la designacin del procurador o procuradora, en tanto la vctima no se haya personado como acusacin conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente. Hasta entonces cumplir el abogado o abogada el deber de sealamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos.

7. Las vctimas de violencia de gnero podrn personarse como acusacin particular en cualquier momento del procedimiento si bien ello no permitir retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personacin, ni podr suponer una merma del derecho de defensa del acusado.

Dos. Se modifica el artculo23, que queda redactado como sigue:

Artculo23. Acreditacin de las situaciones de violencia de gnero.

Las situaciones de violencia de gnero que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este captulo se acreditarn mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de gnero, una orden de proteccin o cualquier otra resolucin judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la vctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es vctima de violencia de gnero. Tambin podrn acreditarse las situaciones de violencia de gnero mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a vctimas de violencia de gnero de la Administracin Pblica competente; o por cualquier otro ttulo, siempre que ello est previsto en las disposiciones normativas de carcter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos.

El Gobierno y las Comunidades Autnomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, disearan, de comn acuerdo, los procedimientos bsicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditacin de las situaciones de violencia de gnero.

Tres. Se modifican los apartados2 y5 del artculo27 que quedan redactados como sigue:

2. El importe de esta ayuda ser equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo. Cuando la vctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al33 por100, el importe ser equivalente a doce meses de subsidio por desempleo.

(…)

5. Estas ayudas sern compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley35/1995, de11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Vctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, as como con cualquier otra ayuda econmica de carcter autonmico o local concedida por la situacin de violencia de gnero.

Disposicin adicional nica. Rgimen excepcional aplicable a los remanentes no comprometidos.

Con carcter excepcional, limitado exclusivamente a las subvenciones contempladas en los crditos26.15.231F.450, correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado para2018, no resultar de aplicacin lo dispuesto en la regla Sexta del artculo86.2 de la Ley47/2003, de26 de noviembre, General Presupuestaria, a los remanentes no comprometidos resultantes al final del ejercicio.

Disposicin transitoria primera. Aplicabilidad de los medios de acreditacin de las situaciones de violencia de gnero ejercida sobre las trabajadoras previstos en el artculo23 de la Ley Orgnica1/2004, de28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero.

Los nuevos medios de acreditacin de las situaciones de violencia de gnero previstos en la nueva redaccin que se da al artculo23 de la Ley Orgnica1/2004, de28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero, por el apartado dos del artculo nico del presente real decreto-ley, sern aplicables solo respecto de solicitudes de reconocimiento de derechos motivadas por situaciones de violencia de gnero que hayan tenido lugar con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, incluidas aquellas que, iniciadas con anterioridad al mismo, se mantengan tras este y sean acreditadas por alguno de los medios previstos en el mencionado artculo23.

Disposicin transitoria segunda. Normativa aplicable a los procedimientos judiciales ya iniciados.

Los procedimientos judiciales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se regirn por la normativa vigente en el momento de su inicio.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto-ley.

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley7/1985, de2 de abril, Reguladora de las Bases del Rgimen Local.

Se aade un prrafo o) al apartado2 del artculo25 de la Ley7/1985, de2 de abril, Reguladora de las Bases del Rgimen Local, con la siguiente redaccin:

o) Actuaciones en la promocin de la igualdad entre hombres y mujeres as como contra la violencia de gnero.

Disposicin final segunda. Modificacin del artculo156 del Cdigo Civil.

Se aade un nuevo prrafo segundo en el artculo156 del Cdigo Civil con la siguiente redaccin:

Dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad fsica, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastar el consentimiento de ste para la atencin y asistencia psicolgica de los hijos e hijas menores de edad, debiendo el primero ser informado previamente. Si la asistencia hubiera de prestarse a los hijos e hijas mayores de diecisis aos se precisar en todo caso el consentimiento expreso de stos.

Disposicin final tercera. Distribucin de los fondos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de gnero, asignados a los ayuntamientos para programas dirigidos a la erradicacin de la violencia de gnero.

1. Los fondos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de gnero, asignados, va transferencia finalista y directa, o travs de otras Entidades Locales, a los ayuntamientos para programas dirigidos a la erradicacin de la violencia de gnero, previstos en la disposicin final sexta de la Ley6/2018, de3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el ao2018, as como los fondos asignados en posteriores leyes de presupuestos, se distribuirn segn los siguientes criterios:

a) Una cantidad fija por municipio.

La cuanta para el ao2018 ser de689 euros.

b) Una cantidad fija, en funcin del nmero de habitantes de derecho del municipio. La cifra de habitantes de derecho ser la de poblacin del Padrn municipal vigente a1 de enero de2017 y oficialmente aprobado por el Gobierno.

La cuanta para el ao2018 ser de0,18 euros por habitante.

c) El importe de la transferencia vendr dado por la suma de las cuantas anteriormente sealadas.

El remanente que exista despus del anterior reparto se distribuir proporcionalmente entre todos los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Gnero a fecha1 de julio del ao al que corresponda la asignacin del fondo.

2. Los fondos debern destinarse a programas dirigidos a la erradicacin de la violencia de gnero.

3. Se habilita al Gobierno para que, por real decreto del Consejo de Ministros, modifique las cuantas a distribuir, los criterios y el procedimiento de distribucin.

Disposicin final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto-ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Lo establecido en el apartado tres del artculo nico, por el que se modifica el apartado5 del artculo27, en relacin con la compatibilidad de las ayudas econmicas establecidas en el artculo27 de la Ley Orgnica1/2004, de28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero, con cualquier otra ayuda econmica de carcter autonmico o local, tendr efectos y ser aplicable a partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.

Dado en Palma, el3 de agosto de2018.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

PEDRO SNCHEZ PREZ-CASTEJN

Análisis

  • Rango: Real Decreto-ley
  • Fecha de disposición: 03/08/2018
  • Fecha de publicación: 04/08/2018
  • Entrada en vigor: 5 de agosto de 2018.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE PUBLICA Acuerdo de convalidacin, por Resolucin de 13 de septiembre de 2018 (Ref. BOE-A-2018-12740).
Referencias anteriores
  • MODIFICA:
    • los arts. 20, 23 y 27 de la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2004-21760).
    • el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (Ref. BOE-A-1985-5392).
    • el art. 156 del Cdigo Civil de 24 de julio de 1889 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1889-4763).
Materias
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