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La Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, establece el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados a partir del 1 de enero de 2016 y obliga a los titulares de concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos a efectuar pagos a los propietarios de los terrenos suprayacentes, todo ello con la finalidad de conseguir que parte de la «riqueza derivada del aprovechamiento de los bienes de dominio público» revierta a la sociedad.

Tanto la base imponible del Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados como el importe de los pagos a realizar a los propietarios de los terrenos suprayacentes se determinan tomando como base el valor de la extracción de los hidrocarburos que, a su vez, se calcula como producto del volumen de los hidrocarburos extraídos del subsuelo, una vez realizado el primer tratamiento de depuración y separación de las sustancias ajenas a los mismos, multiplicado por el precio de referencia.

Por otra parte, el artículo 13 de la Orden ETU/78/2017, de 31 de enero, por la que se regulan determinados aspectos relacionados con el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados y con los perímetros de referencia para la determinación de los pagos a propietarios de terrenos suprayacentes a concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos, establece los precios de referencia de los hidrocarburos producidos en las concesiones de explotación de yacimientos sujetas al Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados y, en su caso, a la obligación de realizar pago a los propietarios de terrenos suprayacentes. Así, se determinan como precios de referencia por defecto la cotización del Brent en lo que se refiere al crudo, la referencia del Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS) en cuanto al gas natural y finalmente la cotización de butano, propano, nafta, queroseno y gasóleo, en las proporciones correspondientes, para la valoración de los condensados.

A estos efectos, se establece el mandato a la Dirección General de Política Energética y Minas de determinar, mediante resolución, el valor concreto de los precios de referencia correspondientes a los seis primeros meses y al año completo, ambos referidos al año natural. Dicha resolución, habrá de aprobarse antes del último día hábil del mes siguiente al de finalización del periodo que corresponda y será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

De acuerdo con lo anterior y en uso de la competencia que le atribuye el artículo 13 de la referida Orden ETU/78/2017, de 31 de enero,

Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto:

Primero. Precios de referencia para el primer semestre del año 2021.

Los precios de referencia para los hidrocarburos producidos durante el primer semestre de 2021 en concesiones de explotación de yacimientos sujetas al Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados y, en su caso, a la obligación de realizar pago a los propietarios de terrenos suprayacentes serán los siguientes:

a) Petróleo crudo: 50,1771 €/barril.

b) Condensados:

1.º Nafta: 425,4557 €/t.

2.º Queroseno: 409,5652 €/t.

3.º Gasóleo 0,1 %: 397,4157 €/t.

4.º Propano: 396,3325 €/t.

5.º Butano: 404,5978 €/t.

c) Gas natural: 23,0285 €/MWh.

Segundo. Eficacia.

Esta resolución surtirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 de julio de 2021.–El Director General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.